Tema 30. Empleados Públicos: Jornada de Trabajo, permisos y vacaciones. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. La responsabilidad del empleado público.
Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, regula en su Título III las condiciones de trabajo relativas a jornada, permisos y vacaciones, y en su Título VII el régimen disciplinario aplicable a los funcionarios públicos, completándose este marco con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que desarrolla el mandato del artículo 103.3 de la Constitución sobre el sistema de incompatibilidades de los funcionarios públicos. A ello se añade el régimen de responsabilidad del empleado público, tanto en su vertiente disciplinaria como civil y penal, y la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños causados por sus autoridades y personal, con la correspondiente acción de repetición.
Se trata de un bloque normativo de aplicación diaria en la gestión de cualquier relación de empleo público, incluida la del propio Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y cuyo conocimiento resulta además directamente instrumental para el ejercicio de la función inspectora, en la medida en que buena parte de esta normativa (permisos, jornada, régimen disciplinario) tiene su equivalente o su origen histórico común con las instituciones laborales que la Inspección debe vigilar en el sector privado.
La jornada de trabajo de los empleados públicos: regulación general
El artículo 47 del TREBEP dispone que las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos, remitiendo así a la normativa de desarrollo de cada Administración la concreción del régimen de jornada aplicable a su personal, dentro del marco básico estatal. La jornada de trabajo en el ámbito de la Administración General del Estado se fija habitualmente por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, estableciendo la jornada general en treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalentes a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales, sin perjuicio de las jornadas especiales que puedan establecerse para determinados colectivos por razón de las peculiaridades de su actividad (turnos, disponibilidad horaria, trabajo nocturno). Junto a la jornada general, se contemplan fórmulas de flexibilidad horaria y de conciliación, como el horario flexible en la parte no fija de la jornada, la jornada continuada, la jornada reducida por motivos de conciliación (con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones quedando a salvo las reducciones legalmente garantizadas sin merma retributiva, como en los supuestos de lactancia o de cuidado de menores con discapacidad), y el teletrabajo, cuya regulación se ha generalizado y reforzado normativamente en los últimos años como modalidad de prestación de servicios a distancia mediante el uso de tecnologías de la información.
Las vacaciones anuales retribuidas
El artículo 50 del TREBEP reconoce a los funcionarios públicos el derecho a disfrutar, durante cada año natural completo de servicio activo, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor, entendiéndose los sábados como días inhábiles a estos exclusivos efectos, salvo previsión distinta en cómputo de días naturales establecida mediante negociación colectiva. El propio precepto reconoce un incremento del periodo de vacaciones en función de la antigüedad del funcionario en la Administración, en los términos que se establezcan mediante negociación colectiva o, en su defecto, conforme a las escalas que tradicionalmente han venido reconociendo días adicionales de vacaciones a partir de determinados quinquenios de servicios prestados. Las vacaciones deben disfrutarse, con carácter general, dentro del año natural correspondiente, si bien se admite su disfrute fuera de dicho periodo cuando el funcionario se encuentre en situación de incapacidad temporal, permiso por nacimiento u otras situaciones legalmente asimiladas que le hayan impedido disfrutarlas en su momento, permitiendo su disfrute con posterioridad a la finalización de dicha situación, incluso una vez terminado el año natural al que correspondan, en garantía de la efectividad real de este derecho fundamental del trabajador consagrado también en el ámbito laboral por el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.
Los permisos de los funcionarios: asuntos particulares, matrimonio, fallecimiento de familiares
El artículo 48 del TREBEP regula el catálogo de permisos de los funcionarios públicos, distinto y complementario de las vacaciones. Entre ellos se encuentra el permiso por asuntos particulares, consistente en un número de días al año (con carácter básico, seis días, ampliables en función de la antigüedad conforme a la normativa de desarrollo o la negociación colectiva de cada Administración) que el funcionario puede disfrutar según sus necesidades, sin necesidad de justificar causa alguna, si bien sujeto a las necesidades del servicio. El permiso por matrimonio o por inicio de convivencia de pareja de hecho tiene una duración de quince días naturales, disfrutables con inmediatez a dicho hecho causante. El permiso por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o de un familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad (o de otra persona conviviente que requiera cuidado efectivo) tiene una duración de cinco días hábiles, reducida a cuatro días hábiles si el parentesco es de segundo grado, con independencia de la localidad. El permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o de un familiar de primer grado tiene una duración de tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y de cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad; si el parentesco es de segundo grado, estos plazos se reducen a dos y cuatro días hábiles, respectivamente. Estos permisos, de contenido similar a los reconocidos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores para el ámbito laboral privado, responden a la común finalidad de atender situaciones familiares excepcionales sin merma retributiva para el empleado.
El permiso por nacimiento, adopción o guarda para el cuidado de menores
El artículo 49 del TREBEP, reformado en profundidad para equiparar los permisos de ambos progenitores en aplicación del principio de corresponsabilidad, reconoce el permiso por nacimiento para la madre biológica, de diecinueve semanas tras el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, y de treinta y dos semanas en los supuestos de monoparentalidad, de las cuales las seis primeras semanas posteriores al parto son de descanso obligatorio, ininterrumpidas, ampliables en los supuestos de parto múltiple a razón de una semana más para cada progenitor por cada hijo o hija a partir del segundo, y en dos semanas más para ambos progenitores en el supuesto de discapacidad del hijo o hija. En idénticos términos, el otro progenitor disfruta también de un permiso por nacimiento de diecinueve semanas, de las cuales las seis primeras son igualmente obligatorias e ininterrumpidas, disfrutándose de forma simultánea al de la madre biológica, con la finalidad de garantizar la corresponsabilidad efectiva en el cuidado del hijo o hija desde el mismo momento del nacimiento. En los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, tanto temporal como permanente, cada uno de los progenitores dispone igualmente de un permiso de diecinueve semanas, de las cuales las seis primeras son obligatorias e ininterrumpidas inmediatamente posteriores a la resolución judicial o administrativa. Estos permisos, que se disfrutan a jornada completa o, si así se solicita y las necesidades del servicio lo permiten, a tiempo parcial, son retribuidos al cien por cien de las retribuciones, equiparando en este punto la protección del empleado público a la de las prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social por nacimiento y cuidado de menor.
Los permisos de conciliación de la vida familiar y laboral
Además del permiso por nacimiento, el artículo 49 del TREBEP reconoce un amplio catálogo de permisos orientados a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral: el permiso de lactancia de un hijo menor de doce meses, que da derecho a una hora de ausencia del trabajo, divisible en dos fracciones, pudiendo sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o acumularse en jornadas completas conforme a lo previsto en la negociación colectiva; el permiso por razón de violencia de género, que otorga a la funcionaria víctima el derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, y a las faltas de asistencia motivadas por dicha situación; el permiso de paternidad adicional o el permiso para el cuidado del lactante prematuro que precise hospitalización; y las reducciones de jornada por guarda legal de un menor de doce años, de una persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad, con la correspondiente disminución proporcional de retribuciones. Estos permisos, cuya finalidad última es facilitar la compatibilidad entre las responsabilidades familiares y el desempeño profesional del empleado público, se completan con las excedencias por cuidado de familiares (art. 89 TREBEP), que aunque no son permisos en sentido estricto sino situaciones administrativas, comparten idéntica finalidad conciliadora.
Las licencias: por asuntos propios y por estudios
Junto a los permisos regulados directamente en el TREBEP, la normativa de función pública de desarrollo de cada Administración contempla tradicionalmente la figura de las licencias, entendidas como autorizaciones de ausencia del puesto de trabajo de mayor duración que los permisos, y que en algunos casos comportan la suspensión de la percepción de retribuciones. La licencia por asuntos propios permite al funcionario ausentarse del servicio por un periodo acumulado que no podrá exceder de tres meses cada dos años, concedida discrecionalmente por la Administración en atención a las necesidades del servicio, y durante su disfrute el funcionario no percibe retribución alguna, aunque el tiempo de duración de la misma se computa a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos, aunque no a efectos de vacaciones. La licencia por estudios, por su parte, permite al funcionario ausentarse del puesto de trabajo para cursar estudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, previa autorización, con o sin retribución según los casos y la normativa aplicable, orientada a favorecer la formación y perfeccionamiento profesional del personal. Ambas licencias se configuran como derechos de ejercicio condicionado a la autorización administrativa expresa y a la compatibilidad con las necesidades organizativas del servicio, a diferencia de los permisos reconocidos como derechos subjetivos automáticos ante la concurrencia del supuesto de hecho previsto legalmente.
El régimen disciplinario de los funcionarios públicos (Título VII TREBEP)
El Título VII del TREBEP (arts. 93 a 98) regula el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, definiendo en su artículo 93.1 que estos quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el propio Estatuto Básico y en las normas que las leyes de función pública dicten en su desarrollo. El artículo 93.2 remite, respecto de la responsabilidad civil y penal del personal al servicio de las Administraciones públicas, a la legislación general aplicable a estos ámbitos, sin perjuicio de las especialidades previstas en el propio Estatuto. La potestad disciplinaria tiene naturaleza distinta de la potestad sancionadora general de la Administración frente a los ciudadanos, en la medida en que se ejerce dentro de una relación de sujeción especial (la relación de servicio entre la Administración y su propio personal), lo que justifica ciertas peculiaridades en su régimen jurídico respecto del Derecho Administrativo Sancionador general, aunque comparte con este los principios esenciales de legalidad, tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad. El régimen disciplinario del TREBEP tiene carácter básico, por lo que las Administraciones públicas, al desarrollarlo mediante su propia normativa de función pública, deben respetar como mínimo la tipificación de las faltas muy graves recogida en el artículo 95.2 y las sanciones enumeradas en el artículo 96.1, pudiendo ampliar el catálogo de faltas graves y leves conforme a sus propias necesidades organizativas.
Los principios de la potestad disciplinaria
El régimen disciplinario funcionarial se rige por los mismos principios que informan la potestad sancionadora administrativa general (legalidad, tipicidad, irretroactividad de lo desfavorable y retroactividad de lo favorable, responsabilidad culpabilística, proporcionalidad, prescripción y non bis in idem), matizados por las peculiaridades propias de la relación de sujeción especial entre la Administración y su personal. El artículo 94.1 del TREBEP consagra expresamente el principio de tipicidad, exigiendo que los funcionarios públicos solo puedan ser sancionados por hechos constitutivos de falta disciplinaria, en virtud de expediente instruido al efecto, de acuerdo con el procedimiento establecido y respetando en todo caso los principios de igualdad de trato y la garantía de un procedimiento contradictorio. El artículo 94.2 recoge el principio de proporcionalidad, exigiendo la adecuación entre gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando la existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia. Se exige, además, la observancia del principio de audiencia al interesado, con posibilidad de formular alegaciones y proponer prueba en el correspondiente expediente disciplinario, así como la separación entre el instructor del expediente y el órgano competente para resolver, en aplicación analógica de las garantías del procedimiento sancionador general, garantías todas ellas cuya inobservancia puede determinar la anulabilidad o la nulidad de la sanción disciplinaria impuesta.
Las faltas disciplinarias: muy graves, graves y leves
El artículo 95 del TREBEP clasifica las faltas disciplinarias en muy graves, graves y leves, si bien únicamente tipifica directamente, con rango básico, las faltas muy graves en su apartado 2, remitiendo la tipificación de las faltas graves a la legislación de función pública que se dicte en desarrollo del Estatuto, atendiendo a determinadas circunstancias que el propio precepto enumera (grado en que se haya vulnerado la legalidad, gravedad de los daños al interés público, servicios o ciudadanos, descrédito para la imagen pública de la Administración, entre otros criterios). Entre las faltas muy graves tipificadas en el artículo 95.2 se encuentran: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo; el abandono del servicio; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; la publicación o utilización indebida de secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas; y el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, entre otras conductas de análoga gravedad.
Las sanciones disciplinarias: separación del servicio, suspensión de funciones, traslado con cambio de residencia y apercibimiento
El artículo 96.1 del TREBEP enumera, con rango básico, las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas disciplinarias: la separación del servicio, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves, produciendo la pérdida de la condición de funcionario; la suspensión firme de funciones, con una duración máxima de seis años, que conlleva la pérdida temporal del puesto de trabajo y de las retribuciones correspondientes; el traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en cada caso se establezca; la demérito, consistente en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; y el apercibimiento, sanción de menor entidad reservada a las faltas leves. A estas sanciones básicas, las leyes de función pública de desarrollo pueden añadir otras adicionales, siempre dentro del marco de proporcionalidad y tipicidad exigido. La sanción de separación del servicio y la de suspensión firme de funciones por falta muy grave llevan aparejada, además, la imposibilidad de obtener otro puesto de trabajo en el sector público durante el tiempo en que se determine, en su caso, por resolución judicial firme, en los supuestos en que dicha sanción venga acompañada de una condena penal por delito relacionado con el desempeño de las funciones públicas.
El procedimiento disciplinario: garantías del expedientado
El artículo 98 del TREBEP dispone que no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido, cuya regulación se remite a las Administraciones públicas dentro del marco básico general, si bien exige que dicho procedimiento se ajuste, en todo caso, a determinados principios y garantías: la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos; la audiencia del interesado, que deberá ser informado de los hechos que se le imputan, de los derechos que le asisten, en particular el de formular alegaciones y proponer los medios de prueba que estime pertinentes, y en su caso de la propuesta de resolución, con carácter previo a esta; y la resolución motivada del procedimiento, que exprese los hechos probados, su calificación jurídica y la sanción impuesta. El artículo 98.2 permite la adopción de medidas de carácter provisional, entre ellas la suspensión provisional de funciones, cuando se considere necesario para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Las faltas leves pueden sancionarse mediante un procedimiento simplificado, sin las mismas exigencias formales que el procedimiento ordinario, aunque respetando en todo caso el trámite de audiencia al interesado, garantía mínima irrenunciable en cualquier expediente de naturaleza disciplinaria.
La prescripción de las faltas y sanciones disciplinarias
El artículo 97 del TREBEP regula la prescripción de las faltas y sanciones disciplinarias, estableciendo plazos diferenciados según la gravedad de la conducta. Las faltas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; estos plazos comienzan a contarse desde que la falta se hubiera cometido y, en su caso, desde el cese de su comisión cuando se trate de una conducta continuada. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año, contándose el plazo desde la firmeza de la resolución sancionadora. La prescripción se interrumpe por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento disciplinario, reanudándose el cómputo si el expediente permaneciera paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al funcionario sujeto al procedimiento, plazo de paralización más amplio que el previsto con carácter general en la Ley 40/2015 para los procedimientos sancionadores ordinarios (un mes), lo que refleja cierta especialidad del régimen disciplinario funcionarial en materia de interrupción de la prescripción. Estas reglas de prescripción constituyen una garantía esencial de seguridad jurídica para el funcionario, evitando la pendencia indefinida de una eventual responsabilidad disciplinaria por hechos remotos en el tiempo.
La Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, desarrolla el mandato del artículo 103.3 de la Constitución, que remite a la ley la regulación del sistema de incompatibilidades de los funcionarios públicos, y se dicta con la finalidad declarada de garantizar el estricto cumplimiento de los deberes y funciones inherentes al ejercicio del cargo o puesto público, así como de salvaguardar la imparcialidad y objetividad en la actuación administrativa, evitando situaciones de conflicto de intereses entre la actividad pública y otras actividades públicas o privadas que puedan comprometer aquella imparcialidad o mermar la dedicación al servicio público. El ámbito subjetivo de aplicación de la ley se extiende, con carácter general, a todo el personal al servicio de la Administración del Estado y de sus organismos públicos, de la Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como al personal al servicio de sociedades públicas, entidades y empresas del sector público, con independencia de su vínculo funcionarial o laboral. La ley establece un régimen general de incompatibilidad como regla, admitiendo únicamente el reconocimiento de compatibilidad en los supuestos y con los requisitos tasados que ella misma establece, requiriendo siempre autorización expresa e individualizada de la Administración.
El régimen general de incompatibilidades entre actividad pública y actividad privada
El artículo 1.3 de la Ley 53/1984 formula el principio general de incompatibilidad: el personal comprendido en su ámbito de aplicación solo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público, así como el ejercicio de actividades privadas, en los supuestos previstos en la propia ley. El artículo 3 establece que dicho personal no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la propia ley (fundamentalmente actividades docentes o sanitarias en determinadas condiciones y con dedicación no superior a la de tiempo parcial). Respecto de las actividades privadas, el artículo 1.3 exige que sean compatibles con el estricto cumplimiento de sus deberes y no comprometan su imparcialidad o independencia; el artículo 11 y siguientes establecen, además, que en ningún caso podrán autorizarse o reconocerse compatibilidades para actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde el interesado preste sus servicios, ni el desempeño de actividades privadas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 12/1995, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, ni de actividades de asesoramiento a personas para las que estén tramitando o hayan tramitado, en los dos últimos años, algún asunto en el que hubieran intervenido por razón de su cargo.
Excepciones al régimen de incompatibilidades: actividades docentes, literarias y artísticas
La Ley 53/1984 contempla determinadas actividades que quedan expresamente exceptuadas del régimen general de incompatibilidad, bien por su escasa incidencia sobre la dedicación al puesto público principal, bien por su interés social o cultural. El artículo 19 excluye del régimen de incompatibilidades a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como a las publicaciones derivadas de aquellas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios; la participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones públicas; la participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida; la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional; y el ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de funcionarios, siempre que no sea retribuido. El artículo 4 permite además el reconocimiento de compatibilidad con actividades docentes en determinados supuestos y con determinados límites horarios, en atención al interés general de la enseñanza. Estas excepciones no operan de forma automática, sino que, en su mayoría, deben ejercerse con respeto al horario de la jornada de trabajo del puesto principal y sin merma del rendimiento en este.
El reconocimiento de compatibilidad para un segundo puesto de trabajo
El reconocimiento de compatibilidad, cuando la ley lo permite, no opera de forma automática, sino que exige en todo caso resolución expresa y motivada de la Administración competente, previa solicitud del interesado, no pudiendo el funcionario iniciar el ejercicio de la actividad compatible hasta haber obtenido dicha autorización. El artículo 4 exige que el complemento específico o concepto equivalente percibido en el primer puesto de trabajo público no supere un determinado umbral (o que se perciban solo retribuciones básicas más el complemento de destino) para poder autorizar la compatibilidad con un segundo puesto en el sector público; y el artículo 16 exige, para la compatibilidad con actividades privadas, que la suma de jornadas de ambas actividades no supere la jornada ordinaria más un cincuenta por ciento adicional de esta, y que la actividad privada no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del puesto público, ni pueda comprometer su imparcialidad o independencia. La compatibilidad, una vez reconocida, es siempre revocable cuando concurran circunstancias sobrevenidas que la incompatibilicen sobrevenidamente, y en todo caso debe solicitarse una nueva autorización cuando el funcionario cambie de puesto de trabajo, dado que el reconocimiento de compatibilidad se otorga en relación con un puesto público concreto y no con carácter general para toda la vida profesional del funcionario.
La responsabilidad civil, penal y disciplinaria del empleado público
El artículo 93.2 del TREBEP dispone que la responsabilidad civil y penal del personal al servicio de las Administraciones públicas se exigirá de acuerdo con la legislación general sobre la materia, sin perjuicio de sus especialidades. La responsabilidad disciplinaria, ya examinada, se hace efectiva a través del correspondiente expediente sancionador interno, previa la instrucción del procedimiento con las garantías del artículo 98. La responsabilidad penal del empleado público se exige conforme a las reglas generales del Código Penal, con particular incidencia de los delitos contra la Administración pública (prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, entre otros), que precisamente sancionan penalmente conductas gravemente contrarias a los deberes del cargo público. La responsabilidad civil, por su parte, puede exigirse directamente al empleado público cuando los daños causados a terceros deriven de una actuación al margen de sus funciones públicas, mientras que cuando el daño se produce en el ejercicio de funciones públicas, rige el sistema de responsabilidad patrimonial directa de la Administración frente al perjudicado, sin perjuicio de la acción de repetición de la Administración contra el empleado causante del daño cuando hubiera incurrido en dolo, culpa o negligencia grave. Estas tres vías de responsabilidad (disciplinaria, penal y civil) son compatibles y acumulables entre sí, dado que protegen bienes jurídicos y persiguen finalidades distintas, sin que su concurrencia vulnere el principio non bis in idem.
La responsabilidad patrimonial de la Administración por actos de sus empleados y la acción de repetición
Los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015 regulan la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, configurada como un sistema de responsabilidad objetiva y directa: el particular perjudicado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos tiene derecho a ser indemnizado directamente por la Administración a la que pertenezca el empleado causante del daño, sin necesidad de dirigirse previamente contra este último, siempre que concurra una lesión antijurídica, efectiva, evaluable económicamente e individualizada, y relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido. Reconocida y satisfecha la indemnización al perjudicado, el artículo 36.2 de la Ley 40/2015 habilita a la Administración para exigir de oficio del empleado público causante del daño, mediante el correspondiente procedimiento, la responsabilidad en que hubiera incurrido, mediante la llamada acción de repetición, siempre que concurra dolo, culpa o negligencia grave en su actuación, ponderando entre otros criterios el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. Esta acción de repetición constituye un mecanismo de responsabilidad interna, distinto de la responsabilidad frente al tercero perjudicado, y persigue evitar que la responsabilidad objetiva y directa de la Administración exonere completamente de consecuencias jurídicas al empleado público que actuó con dolo o negligencia grave.
El deber de abstención y las causas de abstención y recusación
Los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 regulan el deber de abstención de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones públicas, exigiendo que se abstengan de intervenir en el procedimiento cuando concurra alguna de las causas tasadas legalmente: tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir en la de aquel; tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados; tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas; haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate; o tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado servicios profesionales de cualquier tipo en los dos últimos años. La inobservancia del deber de abstención no determina, por sí sola, la invalidez de los actos en que hubiera intervenido la autoridad o el personal afectado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que pudiera incurrir por dicha inobservancia. Frente a la abstención, que es un deber que la propia autoridad o funcionario debe apreciar de oficio, la recusación es el derecho que asiste a los interesados en el procedimiento para promover, en cualquier momento de la tramitación, que se aparte del conocimiento del asunto a la autoridad o funcionario en quien concurra alguna de las causas legalmente previstas, resolviéndose el incidente por el superior jerárquico inmediato de la persona recusada.
La suspensión de funciones: provisional y firme
La suspensión de funciones de los funcionarios públicos puede tener una doble naturaleza jurídica. Como sanción disciplinaria firme, la suspensión firme de funciones (art. 96.1.b TREBEP) es la consecuencia jurídica de la comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave, con una duración máxima de seis años, que comporta la pérdida temporal del puesto de trabajo, de las funciones y de las retribuciones correspondientes durante el tiempo de su duración, reincorporándose el funcionario a su puesto una vez cumplida la sanción. Como medida cautelar o provisional, la suspensión provisional de funciones puede acordarse durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario, cuando se considere necesario para el buen fin de las actuaciones o para evitar la continuidad de los efectos de la falta que se investiga, sin que en este caso implique todavía la declaración de responsabilidad del funcionario, que se presume inocente mientras no recaiga resolución sancionadora o sentencia condenatoria firme. La suspensión provisional en el ámbito del procedimiento disciplinario suele tener una duración máxima predeterminada (con abono, en todo o en parte, de las retribuciones básicas durante su vigencia), mientras que la suspensión derivada de la tramitación de una causa penal por delito doloso, cuando se hubiera decretado prisión provisional u otra medida que determine la imposibilidad de desempeñar el puesto, tiene carácter obligatorio para la Administración desde el momento en que tiene conocimiento de dicha circunstancia.
La jubilación de los funcionarios de carrera (art. 67 TREBEP)
El artículo 67 del TREBEP regula las distintas modalidades de jubilación de los funcionarios de carrera, que determina la extinción de la relación de servicio. La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario la edad legalmente establecida con carácter general en la legislación reguladora del régimen de Seguridad Social que le sea aplicable, pudiendo no obstante solicitarse voluntariamente la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta, como máximo, los setenta años de edad, debiendo la Administración resolver motivadamente la aceptación o denegación de dicha prolongación, en función de las necesidades y la planificación de los recursos humanos, de la evaluación del desempeño de la persona y de la disponibilidad presupuestaria. La jubilación voluntaria puede solicitarse por el funcionario, siempre que reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. La jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala se declara de oficio o a instancia de parte, una vez agotados los correspondientes trámites de reconocimiento de dicha incapacidad conforme a la normativa de Seguridad Social o de clases pasivas que resulte aplicable al colectivo de funcionarios de que se trate. El artículo 67.3 contempla además la jubilación parcial, en los términos y condiciones que establezcan las normas que la regulen para cada Administración Pública.
Las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera (arts. 85 a 92 TREBEP)
El Capítulo VI del Título III del TREBEP regula las situaciones administrativas en que puede encontrarse un funcionario de carrera, distintas de la extinción de la relación de servicio. El servicio activo (art. 86) es la situación ordinaria del funcionario en el desempeño efectivo de su puesto de trabajo. Los servicios especiales (art. 87) comprenden supuestos tasados como la adquisición de la condición de funcionario al servicio de organizaciones internacionales, el desempeño de cargos públicos de relevancia constitucional o electivos, o la designación como personal eventual de alto nivel directivo, situación que conlleva, con carácter general, la reserva del puesto de trabajo y el cómputo del tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos. El servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88) contempla al funcionario que, mediante los procedimientos de movilidad, pasa a prestar servicios en una Administración distinta de la de origen. La excedencia (art. 89) presenta diversas modalidades: voluntaria por interés particular, voluntaria por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género o de violencia sexual, y voluntaria por incompatibilidad, cada una con su propio régimen de duración, reserva de puesto y cómputo a efectos de antigüedad. La suspensión de funciones (arts. 90-92), ya examinada como sanción disciplinaria o medida cautelar, completa el catálogo de situaciones administrativas junto con la relación de servicio especial que supone la prestación en puestos del exterior o la adscripción temporal a programas de cooperación.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 47 TREBEP remite a cada Administración fijar la jornada; en la AGE la jornada general es de 37,5 horas semanales de promedio anual.
Vacaciones (art. 50 TREBEP): 22 días hábiles por año completo de servicio, incrementables por antigüedad; disfrute fuera del año natural si hubo IT, nacimiento u otras causas asimiladas.
Permisos del art. 48 TREBEP: asuntos particulares (6 días base), matrimonio/pareja de hecho (15 días), fallecimiento de familiar (3-5 días según localidad y 1º/2º grado), accidente o enfermedad grave de familiar (5 días si es de 1er grado / 4 días si es de 2º grado, sin distinción de localidad).
Permiso por nacimiento (art. 49 TREBEP, tras el RDL 9/2025): 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas obligatorias e ininterrumpidas tras el parto/resolución de adopción, retribuido al 100%.
Otros permisos de conciliación: lactancia (1 hora/día divisible o acumulable), violencia de género (reducción/reordenación de jornada), reducciones de jornada por guarda legal.
Las licencias (asuntos propios hasta 3 meses/2 años, sin retribución; por estudios) requieren autorización discrecional, a diferencia de los permisos, que son derechos subjetivos automáticos.
El régimen disciplinario (Título VII TREBEP, arts. 93-98) tiene carácter básico: las CCAA pueden ampliar faltas graves/leves pero no reducir el catálogo básico de faltas muy graves (art. 95.2) ni las sanciones del art. 96.1.
Principios de la potestad disciplinaria: tipicidad, proporcionalidad, separación instructor/resolutor, audiencia al interesado (art. 94 TREBEP).
Faltas muy graves (art. 95.2 TREBEP): incumplimiento del deber de respeto a la Constitución, discriminación y acoso, abandono del servicio, incumplimiento de incompatibilidades, entre otras.
Sanciones disciplinarias (art. 96.1 TREBEP): separación del servicio, suspensión firme de funciones (máx. 6 años), traslado forzoso con/sin cambio de residencia, demérito (penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria) y apercibimiento.
Prescripción disciplinaria (art. 97 TREBEP): faltas muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones igual, desde la firmeza; la paralización del expediente por 6 meses reanuda el plazo (frente al mes general de la LPAC).
La Ley 53/1984 desarrolla el art. 103.3 CE: régimen general de INCOMPATIBILIDAD como regla, compatibilidad solo en los supuestos tasados y con autorización expresa e individualizada.
No cabe un segundo puesto público salvo excepciones tasadas (docencia, sanidad); para actividad privada compatible, la suma de jornadas no puede superar la ordinaria + 50%, y no debe comprometer la imparcialidad.
Excepciones expresas al régimen de incompatibilidades (art. 19 Ley 53/1984): creación literaria/artística/científica, participación en tribunales de oposiciones, actividades docentes puntuales.
El reconocimiento de compatibilidad exige resolución expresa y previa; es revocable y debe renovarse si el funcionario cambia de puesto de trabajo.
Responsabilidad civil, penal y disciplinaria del empleado público son compatibles y acumulables entre sí (no vulnera el non bis in idem, protegen bienes jurídicos distintos).
La responsabilidad patrimonial de la Administración (arts. 32-37 Ley 40/2015) es objetiva y directa frente al perjudicado; la Administración puede repetir contra el empleado si hubo dolo, culpa o negligencia grave (art. 36.2 Ley 40/2015).
El deber de abstención (art. 23 Ley 40/2015) opera de oficio; la recusación (art. 24) es el derecho del interesado a instar el apartamiento del funcionario/autoridad en quien concurra causa legal.
La suspensión de funciones puede ser sanción disciplinaria FIRME (hasta 6 años) o medida cautelar PROVISIONAL durante la tramitación de un expediente disciplinario o proceso penal.
La suspensión derivada de prisión provisional u otra medida penal que impida el desempeño del puesto es obligatoria para la Administración desde que tiene conocimiento de ella.
La jubilación forzosa (art. 67 TREBEP) opera al alcanzar la edad legal de Seguridad Social, con posibilidad de prolongación voluntaria hasta los setenta años, sujeta a resolución motivada de la Administración.
El art. 67 TREBEP distingue jubilación forzosa, voluntaria, por incapacidad permanente y parcial.
Las situaciones administrativas del funcionario de carrera (arts. 85-92 TREBEP) incluyen: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia (en sus distintas modalidades) y suspensión de funciones.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
El permiso por nacimiento regulado en el art. 49 del TREBEP reconoce a cada progenitor un periodo de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 30 de Inspector Trabajo?
El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, regula en su Título III las condiciones de trabajo relativas a jornada, permisos y vacaciones, y en su Título VII el régimen disciplinario aplicable a los funcionarios públicos, completándose este marco con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que desarrolla el mandato del artículo 103.3 de la Constitución sobre el sistema de incompatibilidades de los funcionarios públicos. A ello se añade el régimen de responsabilidad del empleado público, tanto en su vertiente disciplinaria como civil y penal, y la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños causados por sus autoridades y personal, con la correspondiente acción de repetición.
Se trata de un bloque normativo de aplicación diaria en la gestión de cualquier relación de empleo público, incluida la del propio Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y cuyo conocimiento resulta además directamente instrumental para el ejercicio de la función inspectora, en la medida en que buena parte de esta normativa (permisos, jornada, régimen disciplinario) tiene su equivalente o su origen histórico común con las instituciones laborales que la Inspección debe vigilar en el sector privado.
¿Qué hay que memorizar del Tema 30 para el examen?
El art. 47 TREBEP remite a cada Administración fijar la jornada; en la AGE la jornada general es de 37,5 horas semanales de promedio anual. Vacaciones (art. 50 TREBEP): 22 días hábiles por año completo de servicio, incrementables por antigüedad; disfrute fuera del año natural si hubo IT, nacimiento u otras causas asimiladas. Permisos del art. 48 TREBEP: asuntos particulares (6 días base), matrimonio/pareja de hecho (15 días), fallecimiento de familiar (3-5 días según localidad y 1º/2º grado), accidente o enfermedad grave de familiar (5 días si es de 1er grado / 4 días si es de 2º grado, sin distinción de localidad). Permiso por nacimiento (art. 49 TREBEP, tras el RDL 9/2025): 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas obligatorias e ininterrumpidas tras el parto/resolución de adopción, retribuido al 100%. Otros permisos de conciliación: lactancia (1 hora/día divisible o acumulable), violencia de género (reducción/reordenación de jornada), reducciones de jornada por guarda legal. Las licencias (asuntos propios hasta 3 meses/2 años, sin retribución; por estudios) requieren autorización discrecional, a diferencia de los permisos, que son derechos subjetivos automáticos. El régimen disciplinario (Título VII TREBEP, arts. 93-98) tiene carácter básico: las CCAA pueden ampliar faltas graves/leves pero no reducir el catálogo básico de faltas muy graves (art. 95.2) ni las sanciones del art. 96.1. Principios de la potestad disciplinaria: tipicidad, proporcionalidad, separación instructor/resolutor, audiencia al interesado (art. 94 TREBEP). Faltas muy graves (art. 95.2 TREBEP): incumplimiento del deber de respeto a la Constitución, discriminación y acoso, abandono del servicio, incumplimiento de incompatibilidades, entre otras. Sanciones disciplinarias (art. 96.1 TREBEP): separación del servicio, suspensión firme de funciones (máx. 6 años), traslado forzoso con/sin cambio de residencia, demérito (penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria) y apercibimiento. Prescripción disciplinaria (art. 97 TREBEP): faltas muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones igual, desde la firmeza; la paralización del expediente por 6 meses reanuda el plazo (frente al mes general de la LPAC). La Ley 53/1984 desarrolla el art. 103.3 CE: régimen general de INCOMPATIBILIDAD como regla, compatibilidad solo en los supuestos tasados y con autorización expresa e individualizada. No cabe un segundo puesto público salvo excepciones tasadas (docencia, sanidad); para actividad privada compatible, la suma de jornadas no puede superar la ordinaria + 50%, y no debe comprometer la imparcialidad. Excepciones expresas al régimen de incompatibilidades (art. 19 Ley 53/1984): creación literaria/artística/científica, participación en tribunales de oposiciones, actividades docentes puntuales. El reconocimiento de compatibilidad exige resolución expresa y previa; es revocable y debe renovarse si el funcionario cambia de puesto de trabajo. Responsabilidad civil, penal y disciplinaria del empleado público son compatibles y acumulables entre sí (no vulnera el non bis in idem, protegen bienes jurídicos distintos). La responsabilidad patrimonial de la Administración (arts. 32-37 Ley 40/2015) es objetiva y directa frente al perjudicado; la Administración puede repetir contra el empleado si hubo dolo, culpa o negligencia grave (art. 36.2 Ley 40/2015). El deber de abstención (art. 23 Ley 40/2015) opera de oficio; la recusación (art. 24) es el derecho del interesado a instar el apartamiento del funcionario/autoridad en quien concurra causa legal. La suspensión de funciones puede ser sanción disciplinaria FIRME (hasta 6 años) o medida cautelar PROVISIONAL durante la tramitación de un expediente disciplinario o proceso penal. La suspensión derivada de prisión provisional u otra medida penal que impida el desempeño del puesto es obligatoria para la Administración desde que tiene conocimiento de ella. La jubilación forzosa (art. 67 TREBEP) opera al alcanzar la edad legal de Seguridad Social, con posibilidad de prolongación voluntaria hasta los setenta años, sujeta a resolución motivada de la Administración. El art. 67 TREBEP distingue jubilación forzosa, voluntaria, por incapacidad permanente y parcial. Las situaciones administrativas del funcionario de carrera (arts. 85-92 TREBEP) incluyen: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia (en sus distintas modalidades) y suspensión de funciones.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
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