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Tema 9. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de Autonomía.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

El Título VIII de la Constitución configura el Estado autonómico: reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2), prevé dos vías de acceso a la autonomía (arts. 143 y 151, más supuestos especiales de los arts. 144 y 150.2 y las disposiciones adicionales y transitorias), exige un Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma (art. 147) y distribuye las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas mediante un doble listado (arts. 148 y 149) más una cláusula residual y de prevalencia y supletoriedad (art. 149.3). España cuenta con 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).

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Principios generales de la organización territorial (arts. 2, 137, 138 y 139 CE)

El art. 2 CE reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, dentro de la indisoluble unidad de la Nación española, así como la solidaridad entre todas ellas. El art. 137 organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El art. 138 obliga al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, sin que en ningún caso las diferencias entre los Estatutos de las Comunidades Autónomas puedan implicar privilegios económicos o sociales. El art. 139 proclama la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio y prohíbe a las autoridades adoptar medidas que obstaculicen directa o indirectamente la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes.

El Título VIII de la Constitución: estructura

Se estructura en tres capítulos: Capítulo I, Principios generales (arts. 137-139); Capítulo II, De la Administración Local (arts. 140-142); Capítulo III, De las Comunidades Autónomas (arts. 143-158). La Constitución no cierra el mapa autonómico: es un modelo «abierto» o de principio dispositivo, en el que la creación de cada Comunidad dependía de la voluntad de los territorios, y el Estatuto determina el contenido concreto de la autonomía dentro de los límites constitucionales. Las autonomías tienen autonomía política (potestad legislativa), no solo administrativa, a diferencia de municipios y provincias.

Autonomía, unidad y solidaridad

La autonomía reconoce capacidad de autogobierno, política en las Comunidades Autónomas (que pueden legislar) y meramente administrativa en municipios y provincias. La unidad, proclamada como indisoluble en el art. 2 CE, es límite del proceso autonómico: la soberanía reside en el pueblo español (art. 1.2), y las Comunidades Autónomas no son soberanas. La solidaridad (arts. 2, 138 y 158) obliga al Estado a garantizar el equilibrio económico entre territorios. Los tres principios se limitan entre sí: la autonomía no puede poner en cuestión la unidad, ni la solidaridad implica uniformidad. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha insistido en que la autonomía es un poder limitado.

Vías de acceso a la autonomía: la vía ordinaria (arts. 143, 148 y 144 CE)

El art. 143 permite acceder al autogobierno a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica. La iniciativa corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla; debe ejercerse dentro del plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado en tal sentido por alguna de las Corporaciones locales interesadas (art. 143.2 y 3). Las Comunidades constituidas por esta vía alcanzaron inicialmente un techo competencial más reducido (art. 148.1), ampliable transcurridos cinco años mediante reforma del Estatuto (art. 148.2). El art. 144 permite a las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional: a) autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1 (así Madrid, Cantabria y La Rioja); b) autorizar o acordar un Estatuto para territorios que no estén integrados en la organización provincial (Ceuta y Melilla); c) sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales.

La vía especial o rápida (art. 151 CE) y las disposiciones transitorias

El art. 151 exigía la iniciativa del proceso autonómico por las Diputaciones o los órganos interinsulares y por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representasen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y que dicha iniciativa fuera ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. Permitía acceder desde el principio al techo competencial máximo del art. 149. Se utilizó por Andalucía (referéndum del 28 de febrero de 1980). La disposición transitoria segunda permitió a los territorios que hubieran plebiscitado afirmativamente en el pasado proyectos de Estatuto de autonomía (Cataluña, País Vasco y Galicia) y que cuenten en el momento de promulgarse la Constitución con regímenes provisionales de autonomía, acceder directamente al régimen del art. 151.2 con el acuerdo de sus órganos preautonómicos. Navarra se integró mediante la Ley Orgánica 13/1982 (LORAFNA) al amparo de la disposición adicional primera (derechos históricos de los territorios forales); Valencia y Canarias accedieron por la vía del art. 143 y ampliaron competencias por Leyes Orgánicas de transferencia del art. 150.2 (LO 12/1982 y LO 11/1982).

Los Estatutos de Autonomía: naturaleza y contenido (art. 147 CE)

Los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1). Formalmente son leyes orgánicas del Estado (art. 81.1 CE), aprobadas por las Cortes Generales, pero materialmente son la norma superior del ordenamiento autonómico, que vincula a sus instituciones. Deben contener necesariamente: a) la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica; b) la delimitación de su territorio; c) la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias; y d) las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes (art. 147.2). Se aprueban mediante ley orgánica, que exige una votación final sobre el conjunto del proyecto por mayoría absoluta del Congreso (art. 81.2 CE).

Elaboración y reforma de los Estatutos (arts. 146 y 147.3 CE)

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley (art. 146). La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los propios Estatutos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 147.3). Los Estatutos aprobados por la vía del art. 151 exigían, además, referéndum entre los electores inscritos en los censos de las provincias comprendidas (art. 152.2). Muchos Estatutos reformados exigen aprobación por el Parlamento autonómico por mayoría cualificada y, en algunos casos, referéndum.

Los Estatutos de Autonomía vigentes y sus reformas

Los Estatutos originales se aprobaron entre 1979 y 1983: País Vasco (Ley Orgánica 3/1979, Estatuto de Gernika), Cataluña (LO 4/1979), Galicia (LO 1/1981), Andalucía (LO 6/1981), Asturias (LO 7/1981), Cantabria (LO 8/1981), La Rioja (LO 3/1982), Murcia (LO 4/1982), Comunidad Valenciana (LO 5/1982), Aragón (LO 8/1982), Castilla-La Mancha (LO 9/1982), Canarias (LO 10/1982), Navarra (LO 13/1982, Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral), Extremadura (LO 1/1983), Illes Balears (LO 2/1983), Madrid (LO 3/1983) y Castilla y León (LO 4/1983). Las Ciudades de Ceuta y Melilla tienen Estatutos de Autonomía aprobados por las LO 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo. En la década de 2000 se reformaron muchos: Comunidad Valenciana (LO 1/2006), Cataluña (LO 6/2006, de 19 de julio, parcialmente anulada e interpretada por la STC 31/2010, de 28 de junio), Illes Balears (LO 1/2007), Andalucía (LO 2/2007), Aragón (LO 5/2007), Castilla y León (LO 14/2007) y Canarias (LO 1/2018).

Reparto de competencias: sistema general (arts. 148, 149 y 150 CE)

La Constitución no enumera las competencias de las Comunidades, sino que establece un doble listado y un sistema de cierre. El art. 148.1 enumera 22 materias que las Comunidades podrán asumir en sus Estatutos (organización de sus instituciones de autogobierno; alteraciones de términos municipales; ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; obras públicas de interés de la Comunidad; ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su territorio; agricultura y ganadería; montes y aprovechamientos forestales; gestión en materia de protección del medio ambiente; museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad; patrimonio monumental; fomento de la cultura, de la investigación y de la enseñanza de la lengua de la Comunidad; promoción y ordenación del turismo; promoción del deporte; asistencia social; sanidad e higiene; entre otras). El art. 149.1 reserva al Estado competencia exclusiva sobre 32 materias. El art. 149.3 cierra el sistema.

Competencias exclusivas del Estado (art. 149.1 CE)

Entre las 32 materias del art. 149.1 destacan: 1.ª la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; 2.ª nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; 3.ª relaciones internacionales; 4.ª defensa y Fuerzas Armadas; 5.ª Administración de Justicia; 6.ª legislación mercantil, penal y penitenciaria y legislación procesal; 7.ª legislación laboral (sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades); 8.ª legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades del Derecho civil, foral o especial, allí donde exista; 11.ª sistema monetario; 13.ª bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado; 16.ª sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos; 17.ª legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; 18.ª bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, legislación sobre expropiación forzosa y legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas; 23.ª legislación básica sobre protección del medio ambiente; 29.ª seguridad pública; y 32.ª autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Tipos de competencias: exclusivas, compartidas y ejecutivas

Atendiendo a la técnica de reparto, las competencias pueden ser exclusivas (corresponden íntegramente, en potestad legislativa y ejecutiva, al Estado o a la Comunidad), compartidas (el Estado fija las bases o la legislación básica y la Comunidad desarrolla legislativamente y ejecuta; por ejemplo, sanidad o medio ambiente) y ejecutivas (el Estado legisla y la Comunidad ejecuta; por ejemplo, la legislación laboral). El Tribunal Constitucional ha construido el concepto de bases, que deben ser en principio normas de rango legal, con un contenido de principios o criterios generales que no vacíe la competencia autonómica de desarrollo, aunque admite excepcionalmente que se contengan en reglamentos. El artículo 149.2 añade que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial.

La cláusula residual, la prevalencia y la supletoriedad (art. 149.3 CE)

Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional (SSTC 118/1996 y 61/1997) declaró que la supletoriedad no es una cláusula universal que permita al Estado legislar en materias de competencia exclusiva autonómica: solo opera cuando existe un título competencial estatal. Los Estatutos pueden asumir competencias dentro del marco del art. 149; nunca competencias exclusivas del Estado.

Ampliación competencial: art. 148.2 y leyes del art. 150

Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas de vía ordinaria pudieron ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del art. 149 (art. 148.2), lo que se hizo a través de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143, y de las reformas estatutarias posteriores. El art. 150 prevé tres instrumentos: 1) leyes marco, por las que las Cortes pueden atribuir a todas o algunas Comunidades la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por ley estatal; 2) leyes orgánicas de transferencia o delegación, que pueden transferir o delegar facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación (con previsión de la transferencia de medios financieros y de formas de control); y 3) leyes de armonización, que el Estado puede dictar para establecer los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades, aun en materias de su competencia, cuando así lo exija el interés general, apreciada esta necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara. El Tribunal Constitucional, en la STC 76/1983 (LOAPA), declaró inconstitucionales varios preceptos de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico por pretender interpretar la Constitución e imponer límites a los Estatutos.

La organización institucional de las Comunidades Autónomas (arts. 152 y 145 CE)

Para los Estatutos aprobados por la vía del art. 151, el art. 152.1 prevé una organización institucional basada en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la representación ordinaria del Estado en ella. Este modelo se ha generalizado a todas las Comunidades. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo (art. 152.1). El TSJ no es un órgano de la Comunidad Autónoma, sino del Poder Judicial único del Estado (art. 117.5 CE, unidad jurisdiccional). El art. 145 prohíbe en todo caso la federación de Comunidades Autónomas y exige que los convenios entre ellas se comuniquen a las Cortes Generales (y que los acuerdos de cooperación requieran su autorización).

El control de la actividad de las Comunidades Autónomas (arts. 153, 161 y 162 CE)

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá (art. 153): a) por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; b) por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el art. 150.2; c) por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y d) por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. El Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones sin fuerza de ley de los órganos de las Comunidades Autónomas, con efecto suspensivo que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses (art. 161.2).

Los conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional (arts. 161.1.c CE y LOTC)

El Tribunal Constitucional resuelve los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí (art. 161.1.c). Pueden ser positivos (cuando una de las partes entiende que la otra ha invadido su ámbito competencial) o negativos (cuando ninguna Administración se considera competente). En el conflicto positivo, la Comunidad Autónoma debe en principio dirigir un requerimiento de incompetencia al órgano autor de la disposición, resolución o acto, dentro del plazo de dos meses contados desde su publicación o comunicación, antes de acudir al Tribunal (arts. 62 y 63 LOTC). El recurso de inconstitucionalidad contra leyes con fuerza de ley se interpone en el plazo de tres meses desde su publicación (art. 33 LOTC), que puede ampliarse a nueve meses si se inicia un procedimiento de negociación en la Comisión Bilateral de Cooperación (art. 33.2 LOTC).

La coerción estatal del art. 155 CE

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para ello, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas (art. 155.2). Se aplicó por primera y hasta ahora única vez en octubre de 2017 respecto de Cataluña.

La financiación de las Comunidades Autónomas (arts. 156 a 158 CE)

Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles (art. 156). Sus recursos son (art. 157.1): impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; rendimientos de su patrimonio e ingresos de Derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito. Las Comunidades no pueden adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni que supongan un obstáculo para la libre circulación (art. 157.2). Su desarrollo corresponde a la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El régimen común se regula actualmente por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre; el País Vasco y Navarra tienen régimen foral propio (Concierto Económico y Convenio Económico, respectivamente) al amparo de la disposición adicional primera CE. El 4 de septiembre de 2026 el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, con el voto en contra de buena parte de las comunidades de régimen común, una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (la primera revisión en 17 años) que incrementa la cesión del IRPF y del IVA y añade nuevos criterios de nivelación; su entrada en vigor exige la tramitación y aprobación de una ley orgánica por las Cortes Generales, pendiente al cierre de esta revisión.

El Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158 CE)

El art. 158.1 prevé una asignación en los Presupuestos Generales del Estado a las Comunidades en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. El art. 158.2 establece que, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. Se regula por la Ley 22/2001, de 27 de diciembre.

Competencias de las ciudades de Ceuta y Melilla y régimen foral

Ceuta y Melilla se constituyen como Ciudades con Estatuto de Autonomía (disposición transitoria quinta CE; LO 1/1995 y 2/1995): no son Comunidades Autónomas en sentido estricto y su ámbito competencial es más reducido, con competencias de carácter predominantemente administrativo y no legislativo. Navarra y el País Vasco conservan regímenes forales, con competencia exclusiva sobre su régimen tributario (Convenio y Concierto Económicos), reconocidos por la disposición adicional primera de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, a actualizar en el marco de la Constitución y de los Estatutos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • España tiene 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). El Título VIII CE: Cap. I principios generales (137-139), Cap. II Administración Local (140-142), Cap. III CCAA (143-158).
  • Vía ordinaria (art. 143): iniciativa de todas las Diputaciones interesadas y de las dos terceras partes de los municipios que representen la mayoría del censo; techo competencial inicial reducido (art. 148); ampliación transcurridos 5 años mediante reforma estatutaria (art. 148.2).
  • Vía especial (art. 151): iniciativa de Diputaciones y tres cuartas partes de los municipios que representen la mayoría del censo, más referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia; techo competencial máximo desde el inicio. Utilizada por Andalucía; Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron por la DT 2.ª.
  • El art. 144 CE permite a las Cortes, por ley orgánica y por motivos de interés nacional, autorizar el Estatuto a territorios que no reúnan las condiciones del art. 143.1 o no estén integrados en la organización provincial.
  • Estatuto de Autonomía = norma institucional básica de cada CA (art. 147.1); aprobado y reformado por ley orgánica de las Cortes Generales; contenido mínimo: denominación, territorio, instituciones y competencias (art. 147.2).
  • El art. 148.1 enumera 22 materias que las CCAA pueden asumir; el art. 149.1 reserva al Estado 32 materias exclusivas.
  • Cláusula residual (art. 149.3): lo no atribuido al Estado puede corresponder a las CCAA por sus Estatutos; lo no asumido corresponde al Estado; el derecho estatal prevalece en caso de conflicto y es supletorio.
  • Leyes del art. 150: leyes marco, leyes orgánicas de transferencia o delegación y leyes de armonización (esta requiere mayoría absoluta de cada Cámara). La LOAPA fue declarada en parte inconstitucional (STC 76/1983).
  • Organización institucional básica (art. 152.1): Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente (elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey). El TSJ pertenece al Poder Judicial único del Estado.
  • El art. 145 prohíbe la federación de CCAA; los convenios entre CCAA han de comunicarse a las Cortes y los acuerdos de cooperación requieren su autorización.
  • Control de las CCAA (art. 153): Tribunal Constitucional, Gobierno (previo dictamen del Consejo de Estado, funciones delegadas del 150.2), jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas.
  • Art. 155 CE: requerimiento previo al Presidente de la CA y aprobación por mayoría absoluta del Senado. Solo se ha aplicado una vez (2017, Cataluña).
  • Art. 161.2 CE: la impugnación por el Gobierno de disposiciones sin fuerza de ley de las CCAA suspende su vigencia; el TC debe ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses.
  • Financiación: autonomía financiera (art. 156), recursos del art. 157, LOFCA (LO 8/1980), Ley 22/2009 para el régimen común; País Vasco y Navarra, régimen foral (Concierto y Convenio). Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2), solo para gastos de inversión.
  • Igualdad territorial (art. 139): ninguna autoridad puede obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento ni la libre circulación de bienes.
  • Trampa: el Tribunal Superior de Justicia no es un órgano de la Comunidad Autónoma; las CCAA no tienen Poder Judicial propio. Otra trampa: las CCAA tienen autonomía política (legislativa) y no solo administrativa; las Ciudades de Ceuta y Melilla no son CCAA.
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¿Qué establece la cláusula residual del art. 149.3 CE respecto de las materias no atribuidas expresamente al Estado?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Administrativo del Estado?

El Título VIII de la Constitución configura el Estado autonómico: reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2), prevé dos vías de acceso a la autonomía (arts. 143 y 151, más supuestos especiales de los arts. 144 y 150.2 y las disposiciones adicionales y transitorias), exige un Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma (art. 147) y distribuye las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas mediante un doble listado (arts. 148 y 149) más una cláusula residual y de prevalencia y supletoriedad (art. 149.3). España cuenta con 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

España tiene 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). El Título VIII CE: Cap. I principios generales (137-139), Cap. II Administración Local (140-142), Cap. III CCAA (143-158). Vía ordinaria (art. 143): iniciativa de todas las Diputaciones interesadas y de las dos terceras partes de los municipios que representen la mayoría del censo; techo competencial inicial reducido (art. 148); ampliación transcurridos 5 años mediante reforma estatutaria (art. 148.2). Vía especial (art. 151): iniciativa de Diputaciones y tres cuartas partes de los municipios que representen la mayoría del censo, más referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia; techo competencial máximo desde el inicio. Utilizada por Andalucía; Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron por la DT 2.ª. El art. 144 CE permite a las Cortes, por ley orgánica y por motivos de interés nacional, autorizar el Estatuto a territorios que no reúnan las condiciones del art. 143.1 o no estén integrados en la organización provincial. Estatuto de Autonomía = norma institucional básica de cada CA (art. 147.1); aprobado y reformado por ley orgánica de las Cortes Generales; contenido mínimo: denominación, territorio, instituciones y competencias (art. 147.2). El art. 148.1 enumera 22 materias que las CCAA pueden asumir; el art. 149.1 reserva al Estado 32 materias exclusivas. Cláusula residual (art. 149.3): lo no atribuido al Estado puede corresponder a las CCAA por sus Estatutos; lo no asumido corresponde al Estado; el derecho estatal prevalece en caso de conflicto y es supletorio. Leyes del art. 150: leyes marco, leyes orgánicas de transferencia o delegación y leyes de armonización (esta requiere mayoría absoluta de cada Cámara). La LOAPA fue declarada en parte inconstitucional (STC 76/1983). Organización institucional básica (art. 152.1): Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente (elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey). El TSJ pertenece al Poder Judicial único del Estado. El art. 145 prohíbe la federación de CCAA; los convenios entre CCAA han de comunicarse a las Cortes y los acuerdos de cooperación requieren su autorización. Control de las CCAA (art. 153): Tribunal Constitucional, Gobierno (previo dictamen del Consejo de Estado, funciones delegadas del 150.2), jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas. Art. 155 CE: requerimiento previo al Presidente de la CA y aprobación por mayoría absoluta del Senado. Solo se ha aplicado una vez (2017, Cataluña). Art. 161.2 CE: la impugnación por el Gobierno de disposiciones sin fuerza de ley de las CCAA suspende su vigencia; el TC debe ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses. Financiación: autonomía financiera (art. 156), recursos del art. 157, LOFCA (LO 8/1980), Ley 22/2009 para el régimen común; País Vasco y Navarra, régimen foral (Concierto y Convenio). Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2), solo para gastos de inversión. Igualdad territorial (art. 139): ninguna autoridad puede obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento ni la libre circulación de bienes. Trampa: el Tribunal Superior de Justicia no es un órgano de la Comunidad Autónoma; las CCAA no tienen Poder Judicial propio. Otra trampa: las CCAA tienen autonomía política (legislativa) y no solo administrativa; las Ciudades de Ceuta y Melilla no son CCAA.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título VIII, Capítulos I-III (arts. 137-158) y arts. 2, 81, 117.5, DA 1.ª y DT 2.ª y 5.ª (BOE-A-1978-31229).
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (arts. 33 y 60-72).
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
  • Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.
  • Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.
  • Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.
  • Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla (leyes orgánicas citadas en el texto).
  • Sentencias del Tribunal Constitucional 76/1983 (LOAPA), 118/1996 y 61/1997 (supletoriedad) y 31/2010 (Estatuto de Cataluña).

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