Ver esquema

Tema 5. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Pagos: concepto y tipos. Pagos por obligaciones presupuestarias. Anticipos de caja fija. Pagos «a justificar». Justificación de libramientos.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

Además de los gastos de personal, la Administración gestiona gastos para la compra de bienes y servicios (capítulo II), gastos de inversión (capítulo VI) y gastos de transferencias corrientes (capítulo IV) y de capital (capítulo VII), cada uno con su propia dinámica de ejecución. Todos ellos siguen las fases del procedimiento de gestión del gasto (autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago) hasta culminar en el pago material, que puede hacerse en firme (regla general) o por cauces especiales pensados para agilizar la gestión de fondos de escasa cuantía o de justificación posterior: los anticipos de caja fija (extrapresupuestarios y permanentes) y los pagos «a justificar» (presupuestarios y excepcionales). Ambos se rigen por la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y por su normativa de desarrollo, y exigen siempre la posterior justificación de los fondos ante la Intervención.

← Ver el índice completo del temario

La clasificación económica del presupuesto de gastos: los capítulos

La clasificación económica agrupa los créditos según la naturaleza económica del gasto en nueve capítulos. Operaciones corrientes: I Gastos de personal, II Gastos corrientes en bienes y servicios, III Gastos financieros y IV Transferencias corrientes. El capítulo V recoge el Fondo de Contingencia y otros imprevistos (el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria se regula en el art. 50 LGP). Operaciones de capital: VI Inversiones reales y VII Transferencias de capital. Operaciones financieras: VIII Activos financieros y IX Pasivos financieros. Cada capítulo se divide en artículos (dos dígitos), conceptos y subconceptos. Regla práctica de memoria: los capítulos I a IV son gasto corriente; los capítulos VI y VII son gasto de capital; los capítulos VIII y IX son financieros. Esta tabla es la que permite distinguir el gasto que se consume en el ejercicio del gasto que genera o financia capital.

Gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo II)

Comprenden los gastos necesarios para el ejercicio de las actividades de los servicios que no producen un incremento de capital o de patrimonio público: adquisición de bienes no inventariables, arrendamientos, reparaciones, suministros, comunicaciones, trabajos realizados por otras empresas (limpieza, seguridad, estudios) e indemnizaciones por razón del servicio. Sus artículos principales son: 20 Arrendamientos y cánones, 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación, 22 Material, suministros y otros y 23 Indemnizaciones por razón del servicio. El criterio de delimitación frente al capítulo VI es la naturaleza no inventariable del bien o servicio, su carácter normalmente fungible y su duración previsible inferior al ejercicio económico; si el bien tiene vocación de permanencia, es inventariable y su vida útil excede de un año, el gasto es de inversión. Los gastos de reparación y conservación que no amplíen la capacidad, el rendimiento o la vida útil del bien son gasto corriente del capítulo II.

La tramitación de los gastos en bienes y servicios: contratación y contrato menor

Los gastos del capítulo II se tramitan, por regla general, mediante contratos del sector público (Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, LCSP), con expediente de contratación, aprobación del gasto, adjudicación y formalización. Se consideran contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios (art. 118 LCSP, cifras sin IVA); no pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga, y no pueden fraccionarse para eludir los procedimientos ordinarios. En los contratos menores solo se exige la aprobación del gasto y la incorporación de la factura, y en los de obras, además, el presupuesto y, en su caso, el proyecto. Los gastos menores y repetitivos pueden atenderse además mediante anticipos de caja fija. El pago exige siempre factura (la factura electrónica es obligatoria para los proveedores de las Administraciones Públicas en las condiciones de la Ley 25/2013, con exención para facturas de hasta 5.000 euros), conformidad del responsable y reconocimiento de la obligación.

Gastos de inversión (capítulo VI)

El capítulo VI (Inversiones reales) comprende los gastos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de capital destinados a la producción de bienes y servicios públicos, así como los gastos en bienes que tengan carácter de inventariables y los de naturaleza inmaterial que se prevea utilizar durante varios ejercicios. Se estructura en artículos: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general, 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general, 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios y 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial (aplicaciones informáticas, propiedad industrial e intelectual, estudios y proyectos de inversión), entre otros. Para distinguir inversión nueva de reposición se atiende a si el gasto incrementa la capacidad productiva o sustituye un bien existente. Los gastos de grandes reparaciones o mejoras que amplíen la capacidad, el rendimiento o alarguen sensiblemente la vida útil del bien son inversión. Por su incidencia plurianual, los proyectos de inversión se tramitan frecuentemente como gastos plurianuales.

Los compromisos de gasto de carácter plurianual

La LGP (art. 47) permite adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que se cumplan los límites legales: el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro, y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cifra que resulte de aplicar al crédito correspondiente del ejercicio en que se comprometió el gasto los porcentajes del 70 por 100 en el ejercicio inmediato siguiente, 60 por 100 en el segundo y 50 por 100 en el tercero y cuarto. El Consejo de Ministros puede modificar estos porcentajes y el número de anualidades, y existen excepciones para determinados gastos (por ejemplo, inversiones y transferencias de capital en los supuestos que la propia ley prevé). Son el cauce habitual de los contratos de obras y de servicios de larga duración y de muchas inversiones.

Gastos de transferencias: concepto y régimen

Las transferencias son gastos sin contraprestación directa por parte de los perceptores (el beneficiario no entrega bienes o servicios a cambio), que se destinan a financiar operaciones corrientes o de capital de otros agentes públicos o privados. Pueden adoptar la forma de subvenciones (Ley 38/2003, General de Subvenciones), aportaciones a otros entes del sector público (que, por estar destinadas a financiar globalmente su actividad, no se consideran subvenciones), prestaciones y ayudas sociales, aportaciones a organismos internacionales o transferencias a otras Administraciones territoriales, instrumentadas muchas veces mediante convenios. Tras la ordenación del gasto, se tramitan con las mismas fases ADOP del resto de gastos. La clasificación por artículos se hace por destinatario: 44 a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público, 45 a Comunidades Autónomas, 46 a Entidades Locales, 47 a empresas privadas, 48 a familias e instituciones sin fines de lucro y 49 al exterior (los artículos del 40 al 43 recogen las transferencias a la Administración del Estado y a organismos y agencias públicas). En el capítulo VII la numeración sigue el mismo patrón con prefijo 7 (75 a Comunidades Autónomas, 76 a Entidades Locales, 77 a empresas privadas, 78 a familias e instituciones sin fines de lucro, 79 al exterior).

Transferencias corrientes (capítulo IV)

Financian operaciones corrientes de los perceptores, es decir, su funcionamiento ordinario: subvenciones de explotación o de funcionamiento a empresas, ayudas y prestaciones a familias, aportaciones corrientes a entidades sin ánimo de lucro, financiación del funcionamiento de organismos y entes públicos y cuotas a organismos internacionales. Su rasgo definitorio es que el perceptor no queda obligado a entregar nada a cambio y no se destinan a adquirir activos duraderos. Se sustentan en créditos del capítulo IV, y su concesión a particulares y entidades privadas debe respetar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación (art. 8 de la Ley 38/2003).

Transferencias de capital (capítulo VII)

Financian operaciones de capital de los perceptores, esto es, gastos de inversión de terceros (infraestructuras, equipamientos o proyectos de inversión): subvenciones de capital a Comunidades Autónomas, Entidades Locales, empresas u otras entidades, y aportaciones para financiar inversiones de entes públicos. Se distinguen del capítulo VI en que la Administración que paga no es quien incorpora el bien a su patrimonio, sino que financia al tercero que lo hará. Pueden formalizarse mediante convenios y son, junto con las inversiones, gastos habituales de carácter plurianual. Un error típico de examen es confundir transferencias de capital (capítulo VII, tercero invierte) con inversiones reales (capítulo VI, la propia Administración invierte).

Gastos de personal, gastos financieros, activos y pasivos financieros (capítulos I, III, VIII y IX)

El capítulo I comprende las retribuciones básicas y complementarias del personal, las cuotas sociales a cargo del empleador y otras prestaciones sociales, y suele ser el de mayor peso relativo. El capítulo III (gastos financieros) recoge los intereses y demás gastos derivados de la Deuda Pública y de préstamos concertados. El capítulo VIII (activos financieros) recoge la concesión de préstamos y la adquisición de acciones, participaciones y valores, y el capítulo IX (pasivos financieros) la amortización del principal de la Deuda Pública y de préstamos recibidos. Diferencia esencial: el coste de mantener la deuda (intereses) va al capítulo III; la devolución del principal, al capítulo IX. Por mandato del art. 135.3 de la Constitución, los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entienden siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.

Fases del procedimiento de ejecución del gasto y documentos contables

El gasto se gestiona en cuatro fases: autorización (A: acto por el que se acuerda la realización de un gasto por una cuantía cierta o aproximada, reservando la totalidad o parte de un crédito); compromiso o disposición (D: acto por el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, que vincula a la Administración frente a terceros); reconocimiento de la obligación (O: acto por el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Administración derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación de la prestación) y ordenación del pago (P: acto por el que se expide, en relación con una obligación reconocida, la correspondiente orden de pago contra la Tesorería). Pueden acumularse varias fases en un solo acto, con sus documentos contables (AD, ADO, OP...). La retención de crédito (RC) no es una fase, sino un acto previo que reserva crédito para un gasto o transferencia. El pago material es la realización efectiva del pago por la Tesorería, posterior a la fase P.

Pagos: concepto y tipos

El pago es el acto por el que se satisface una obligación reconocida con cargo a la Tesorería, extinguiéndose la deuda de la Hacienda Pública frente al acreedor. Puede clasificarse así: por su naturaleza, en presupuestarios (derivados de obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos) y extrapresupuestarios (devoluciones de fianzas o depósitos, ingresos indebidos, retenciones practicadas a terceros pendientes de ingresar, movimientos de las cuentas de operaciones no presupuestarias, anticipos de caja fija); por el procedimiento, en pagos en firme (regla general), pagos «a justificar» y anticipos de caja fija; por el ejercicio de que proceden, en pagos del ejercicio corriente y pagos de obligaciones de ejercicios cerrados (obligaciones reconocidas en un ejercicio anterior y no pagadas, que se abonan con cargo a la Tesorería sin nuevo reconocimiento); y por la forma, siendo habitual la transferencia bancaria a la cuenta del acreedor. Los pagos se ajustan al plan de disposición de fondos de la Tesorería.

Pagos por obligaciones presupuestarias

Son los que derivan de gastos con cargo a créditos del presupuesto: tras la autorización y el compromiso del gasto, la realización de la prestación y su conformidad, se reconoce la obligación (fase O) y se ordena el pago (fase P). La ordenación de pagos corresponde a los titulares de los Departamentos ministeriales y a los presidentes o directores de los organismos (ordenación secundaria), sin perjuicio de la función de ordenación general de pagos del Estado que corresponde al Ministerio de Hacienda a través de la Tesorería. Antes del pago material se verifica el cumplimiento de la normativa (intervención de la ordenación del pago y del pago) y se ejecuta con arreglo al plan de disposición de fondos. La regla general es el pago en firme: contra documentos que acreditan la prestación realizada y la obligación reconocida con carácter definitivo.

Anticipos de caja fija: concepto y características

Según el art. 79 de la LGP, tienen la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadores (cajeros pagadores o habilitados) para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto del ejercicio en que se realicen de gastos periódicos o repetitivos, como los referidos a dotaciones, conservación, material no inventariable, atenciones corrientes y otros de similares características. Características: extrapresupuestarios (su constitución no es gasto del presupuesto), permanentes (se mantienen y rotan mientras se reponen), destinados a gastos de pequeña cuantía y carácter repetitivo que no admiten la tramitación ordinaria, y de justificación posterior. Se rigen por el Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija, y por sus normas de desarrollo y de cada Ministerio.

Constitución, reposición y justificación de los anticipos de caja fija

Los anticipos se constituyen mediante un libramiento extrapresupuestario a favor del cajero pagador, con un límite global y unos límites individuales para cada pago establecidos por la normativa de desarrollo (cuantías que deben consultarse en la norma vigente; no deben memorizarse sin contrastarlas). El cajero pagador atiende con ellos gastos del capítulo II y otros que la norma permita, de reducida cuantía, y rinde periódicamente cuentas justificativas con los documentos acreditativos de los gastos. Una vez aprobadas, los gastos se aplican a las rúbricas presupuestarias correspondientes, momento en que se reconoce la obligación y se repone el fondo mediante el correspondiente libramiento. La aplicación definitiva al presupuesto es por tanto posterior al pago material; el ciclo se cierra cuando el gasto queda imputado al presupuesto y el fondo se repone. Los pagos realizados con cargo a anticipos se someten a control posterior en el momento de rendir las cuentas.

Pagos «a justificar»

El art. 78 de la LGP califica como «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición. Su carácter es excepcional, y se regulan por el Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados «a justificar». Se libran con cargo a créditos presupuestarios y, a diferencia de los anticipos de caja fija, son presupuestarios: el gasto se imputa al presupuesto en el momento del libramiento. Los perceptores quedan obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo máximo de tres meses y a reintegrar las cantidades no invertidas o no justificadas debidamente. No pueden expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar» por los mismos conceptos presupuestarios a perceptores que tuvieren en su poder fondos pendientes de justificación.

Justificación de libramientos «a justificar»: cuenta justificativa y consecuencias

La justificación se realiza ante la Intervención mediante una cuenta justificativa que contiene los documentos acreditativos de los gastos realizados (facturas y demás justificantes originales), la relación detallada y, en su caso, el justificante del reintegro del sobrante. La Intervención examina la cuenta y, si encuentra defectos, formula reparos; si los fondos no se justifican en plazo o el gasto no está debidamente acreditado, procede la exigencia del reintegro y pueden derivarse responsabilidades, incluida la responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas (Ley Orgánica 2/1982 y Ley 7/1988). Una vez aprobada la cuenta, se aplican los gastos al presupuesto con cargo a los conceptos previstos y se reintegra el sobrante a la Tesorería. El reintegro de fondos no aplicados puede acompañarse de intereses conforme a la normativa general.

Comparación de anticipos de caja fija y pagos «a justificar»

Anticipos de caja fija: provisión extrapresupuestaria y permanente; para gastos periódicos o repetitivos de pequeña cuantía; el gasto se imputa al presupuesto al aprobar las cuentas justificativas y se repone el fondo; el límite se fija por la normativa. Pagos «a justificar»: libramiento presupuestario y excepcional; para atenciones concretas cuya documentación no puede aportarse en el momento del libramiento; el gasto se imputa al presupuesto al librarse; plazo de justificación de tres meses; no se pueden expedir nuevos libramientos por los mismos conceptos mientras haya fondos pendientes. En ambos casos el perceptor es un cajero pagador o habilitado, el control es posterior y la falta de justificación genera reintegro y posible responsabilidad contable.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Capítulos del presupuesto de gastos: I Personal, II Bienes corrientes y servicios, III Gastos financieros, IV Transferencias corrientes, V Fondo de Contingencia, VI Inversiones reales, VII Transferencias de capital, VIII Activos financieros, IX Pasivos financieros.
  • Transferencias corrientes (capítulo IV) financian operaciones corrientes de terceros; transferencias de capital (capítulo VII) financian inversiones de terceros; inversiones reales (capítulo VI) son inversiones de la propia Administración.
  • Contratos menores (art. 118 LCSP): obras inferiores a 40.000 euros; suministros y servicios inferiores a 15.000 euros (sin IVA); duración máxima un año y sin prórroga.
  • Los compromisos plurianuales (art. 47 LGP) no pueden extenderse a más de cuatro ejercicios y se limitan al 70, 60 y 50 por 100 del crédito inicial en los ejercicios siguientes.
  • Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos extrapresupuestarias y permanentes para gastos periódicos o repetitivos de menor cuantía, con reposición sucesiva conforme se aprueban las cuentas justificativas.
  • Los pagos «a justificar» son libramientos presupuestarios y excepcionales cuando no pueden acompañarse los justificantes al expedirse la orden; se justifican en el plazo máximo de tres meses con obligación de reintegro de lo no aplicado.
  • Anticipos de caja fija: extrapresupuestarios y permanentes. Pagos «a justificar»: presupuestarios y excepcionales. Es el contraste que más se pregunta.
  • El gasto corriente en bienes y servicios (capítulo II) no genera un activo duradero; las inversiones (capítulo VI) sí incrementan el patrimonio público (bienes inventariables y vida útil superior al ejercicio).
  • Los intereses de la deuda van al capítulo III; la amortización del principal, al capítulo IX. Pago de la deuda pública con prioridad absoluta (art. 135.3 CE).
  • Fases del gasto: A (autorización), D (compromiso o disposición), O (reconocimiento de la obligación) y P (ordenación del pago). La RC (retención de crédito) no es una fase del gasto.
  • El pago en firme es la regla general; los pagos extrapresupuestarios (devolución de fianzas, de ingresos indebidos, retenciones a terceros) no afectan al presupuesto de gastos del ejercicio.
  • La falta de justificación en plazo de un libramiento «a justificar» puede dar lugar a responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas, además de la obligación de reintegro; no se puede librar de nuevo por los mismos conceptos a quien tenga fondos pendientes de justificar.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Qué capítulo del presupuesto de gastos recoge las transferencias de capital?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Administrativo del Estado?

Además de los gastos de personal, la Administración gestiona gastos para la compra de bienes y servicios (capítulo II), gastos de inversión (capítulo VI) y gastos de transferencias corrientes (capítulo IV) y de capital (capítulo VII), cada uno con su propia dinámica de ejecución. Todos ellos siguen las fases del procedimiento de gestión del gasto (autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago) hasta culminar en el pago material, que puede hacerse en firme (regla general) o por cauces especiales pensados para agilizar la gestión de fondos de escasa cuantía o de justificación posterior: los anticipos de caja fija (extrapresupuestarios y permanentes) y los pagos «a justificar» (presupuestarios y excepcionales). Ambos se rigen por la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y por su normativa de desarrollo, y exigen siempre la posterior justificación de los fondos ante la Intervención.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

Capítulos del presupuesto de gastos: I Personal, II Bienes corrientes y servicios, III Gastos financieros, IV Transferencias corrientes, V Fondo de Contingencia, VI Inversiones reales, VII Transferencias de capital, VIII Activos financieros, IX Pasivos financieros. Transferencias corrientes (capítulo IV) financian operaciones corrientes de terceros; transferencias de capital (capítulo VII) financian inversiones de terceros; inversiones reales (capítulo VI) son inversiones de la propia Administración. Contratos menores (art. 118 LCSP): obras inferiores a 40.000 euros; suministros y servicios inferiores a 15.000 euros (sin IVA); duración máxima un año y sin prórroga. Los compromisos plurianuales (art. 47 LGP) no pueden extenderse a más de cuatro ejercicios y se limitan al 70, 60 y 50 por 100 del crédito inicial en los ejercicios siguientes. Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos extrapresupuestarias y permanentes para gastos periódicos o repetitivos de menor cuantía, con reposición sucesiva conforme se aprueban las cuentas justificativas. Los pagos «a justificar» son libramientos presupuestarios y excepcionales cuando no pueden acompañarse los justificantes al expedirse la orden; se justifican en el plazo máximo de tres meses con obligación de reintegro de lo no aplicado. Anticipos de caja fija: extrapresupuestarios y permanentes. Pagos «a justificar»: presupuestarios y excepcionales. Es el contraste que más se pregunta. El gasto corriente en bienes y servicios (capítulo II) no genera un activo duradero; las inversiones (capítulo VI) sí incrementan el patrimonio público (bienes inventariables y vida útil superior al ejercicio). Los intereses de la deuda van al capítulo III; la amortización del principal, al capítulo IX. Pago de la deuda pública con prioridad absoluta (art. 135.3 CE). Fases del gasto: A (autorización), D (compromiso o disposición), O (reconocimiento de la obligación) y P (ordenación del pago). La RC (retención de crédito) no es una fase del gasto. El pago en firme es la regla general; los pagos extrapresupuestarios (devolución de fianzas, de ingresos indebidos, retenciones a terceros) no afectan al presupuesto de gastos del ejercicio. La falta de justificación en plazo de un libramiento «a justificar» puede dar lugar a responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas, además de la obligación de reintegro; no se puede librar de nuevo por los mismos conceptos a quien tenga fondos pendientes de justificar.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (arts. 47 -gastos plurianuales-, 50 -Fondo de Contingencia-, 78 -pagos «a justificar»- y 79 -anticipos de caja fija-).
  • Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados «a justificar».
  • Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija.
  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (art. 118, contratos menores).
  • Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
  • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (art. 8).
  • Constitución Española, art. 135.3.
  • Orden anual por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (estructura económica del presupuesto de gastos).

Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo del Estado.

Empieza gratis ahora