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Tema 1. Atención al público. Atención de personas con discapacidad. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

La atención al público es una de las funciones más visibles de las oficinas de la Administración: comprende la acogida, la información y la resolución de las gestiones de la ciudadanía, con atención específica a las personas con discapacidad, y se articula a través de los servicios de información administrativa, que canalizan tanto la información general y particular como las iniciativas, reclamaciones, quejas y peticiones de los ciudadanos. Su fundamento jurídico se encuentra en los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones (arts. 13 y 53 de la Ley 39/2015), en el derecho de petición (art. 29 CE y LO 4/2001), en la normativa sobre discapacidad y accesibilidad (art. 49 CE y RDLeg 1/2013) y en los sistemas de calidad de los servicios públicos (cartas de servicios y quejas y sugerencias).

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Atención al público: principios y técnicas

La atención al público debe prestarse conforme a los principios que rigen la actuación administrativa: servicio efectivo a los ciudadanos, objetividad y transparencia, simplicidad, claridad y proximidad, buena fe y confianza legítima, eficacia y eficiencia (art. 103 CE y art. 3 Ley 40/2015). Comprende tanto la atención presencial en oficinas, como la telefónica y la electrónica a través de las sedes electrónicas. El personal que atiende al público debe cuidar la comunicación verbal y no verbal, la empatía y la escucha activa, distinguiendo entre información (datos objetivos sobre normas, requisitos, plazos o estado de un expediente) y orientación (ayuda para que el ciudadano identifique cuál es su trámite o el órgano competente). Los ciudadanos tienen derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que deben facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (art. 13.e Ley 39/2015).

Derechos de los ciudadanos relacionados con la atención y la información (Ley 39/2015)

El art. 13 Ley 39/2015 reconoce a quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones, entre otros, los derechos a comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico; a ser asistidos en el uso de medios electrónicos; a utilizar las lenguas oficiales en su territorio; al acceso a la información pública, archivos y registros; a ser tratados con respeto y deferencia; a exigir las responsabilidades de las Administraciones y del personal a su servicio; a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica; y a la protección de datos de carácter personal. El art. 53.1 reconoce a los interesados en un procedimiento, entre otros, el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el órgano competente para su instrucción y resolución y los actos de trámite dictados, a identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, a no presentar documentos ya aportados o elaborados por las Administraciones y a formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia.

Atención a personas con discapacidad

El Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, exige a las Administraciones públicas garantizar la accesibilidad universal (física, sensorial y cognitiva) en sus edificios, procedimientos y comunicaciones. En la atención directa, esto se traduce en la adaptación de los espacios (itinerarios accesibles, mostradores a distinta altura), el uso de un lenguaje claro y comprensible, la disposición de intérpretes de lengua de signos o bucles magnéticos cuando se soliciten, y la accesibilidad de los formularios y de la sede electrónica conforme a la normativa técnica de accesibilidad web. El art. 49 CE, reformado en febrero de 2024, se refiere ya expresamente a las «personas con discapacidad» y ordena a los poderes públicos impulsar las políticas que garanticen su plena autonomía personal e inclusión social, en entornos universalmente accesibles.

Pautas de trato adecuado según el tipo de discapacidad

Es preferible utilizar la expresión «persona con discapacidad» y evitar términos obsoletos o peyorativos. Pautas generales: dirigirse a la persona y no a su acompañante; ofrecer ayuda pero esperar a que sea aceptada; no tocar sillas de ruedas, bastones ni perros guía sin permiso. Discapacidad física o movilidad reducida: situarse a su altura en conversaciones largas, mantener libres los itinerarios y facilitar el uso de mostradores accesibles. Discapacidad visual: identificarse, describir con precisión el entorno, indicar la posición de los objetos y leer los documentos si lo pide; permitir el acceso con perro guía. Discapacidad auditiva: situarse de frente y con buena iluminación, vocalizar sin gritar ni exagerar, usar apoyos escritos, bucle magnético, intérprete de lengua de signos o videointerpretación. Discapacidad intelectual: lenguaje sencillo, frases cortas, lectura fácil, paciencia y confirmación de la comprensión. Sordoceguera: comunicación a través de guía-intérprete o sistemas táctiles. Los trámites de las personas con discapacidad pueden requerir ajustes razonables y atención preferente.

Marco normativo de la discapacidad y la accesibilidad

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), ratificada por España y en vigor desde 2008, que forma parte del ordenamiento interno (art. 96 CE). Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (texto refundido de la Ley 13/1982, LIONDAU 51/2003 y Ley 49/2007). Ley 27/2007, de 23 de octubre, que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Ley 6/2022, de 31 de marzo, que incorpora la accesibilidad cognitiva al texto refundido. Ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma de la legislación civil y procesal en materia de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (sustituye la tutela y la incapacitación judicial por un sistema de apoyos). Ley 11/2023, de 8 de mayo, que traspone directivas europeas sobre accesibilidad de determinados productos y servicios. Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.

Concepto de discapacidad: el Real Decreto Legislativo 1/2013

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (RDLeg 1/2013) define a las personas con discapacidad como aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Además, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. El reconocimiento del grado de discapacidad lo realizan los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (o el IMSERSO en Ceuta y Melilla) mediante resolución, tras valoración por equipos multiprofesionales. Este umbral del 33% se fija en el art. 4.2 del propio texto refundido; la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha precisado que su efecto —la equiparación automática de quienes tengan reconocida una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez— opera a los efectos de esta ley, sin que ello suponga el reconocimiento general y automático de un grado de discapacidad del 33% a todos los efectos.

Principios de actuación en materia de discapacidad

Vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño universal o diseño para todas las personas, diálogo civil, transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, no discriminación, y respeto a la dignidad inherente y a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones. Por discriminación directa se entiende la situación en que se encuentra una persona con discapacidad que sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga; la discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasionan una desventaja particular a las personas con discapacidad. También se consideran formas de discriminación el acoso y el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables.

La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas

La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal» o «diseño para todas las personas», entendida como la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Se distingue de las ayudas técnicas o ajustes, que son soluciones adaptadas a un caso concreto.

Los ajustes razonables

Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos. Para determinar si la carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga su no adopción, la estructura y características de la persona o entidad que ha de ponerla en práctica y la posibilidad de obtener financiación oficial u otras ayudas. Su denegación sin justificación constituye una forma de discriminación.

Atención a personas con discapacidad en las oficinas de atención al público

Comprende medidas como la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación, la disposición de intérpretes de lengua de signos o de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa cuando se soliciten, la reserva de turnos preferentes, el uso de bucles de inducción magnética para personas con discapacidad auditiva, la señalización accesible (pictogramas, braille, contraste de color), la disponibilidad de documentos en lectura fácil y la formación específica del personal de atención al público en materia de trato adecuado y accesibilidad cognitiva. El derecho de las personas con discapacidad a ser asistidas en el uso de medios electrónicos y a contar con canales alternativos al electrónico, cuando no estén obligadas a relacionarse por esa vía, debe garantizarse.

Accesibilidad de las sedes electrónicas y de los sitios web públicos

El Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que transpone la Directiva (UE) 2016/2102, exige que estos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos conforme a la norma UNE-EN 301549, e impone la publicación de una declaración de accesibilidad y de un mecanismo de comunicación para que los usuarios notifiquen incumplimientos o soliciten información en formato accesible, con supervisión periódica por el organismo competente y presentación de informes a la Comisión Europea. Afecta a sedes electrónicas, portales web e intranets (con matices) y aplicaciones móviles de las Administraciones y entes del sector público.

Los servicios de información administrativa

Los servicios de información administrativa se clasifican tradicionalmente en información general (relativa a la estructura, competencias y funcionamiento de la Administración, así como a los requisitos jurídicos o técnicos de las actuaciones de los particulares) e información particular (referida al estado de tramitación de un procedimiento concreto en el que el interesado tenga la condición de tal, o a la identificación de las autoridades y del personal al servicio de la Administración bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos). Se prestan tanto de forma general (oficinas de información, teléfonos de atención, portales web) como en las propias unidades tramitadoras. En la Administración General del Estado la atención se organiza mediante un modelo multicanal: oficinas presenciales, el teléfono de información administrativa 060, el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) y las sedes electrónicas.

Información general e información particular al ciudadano

La información general se dirige a un destinatario indeterminado y versa sobre disposiciones vigentes, requisitos de procedimientos, y localización de dependencias y órganos; puede prestarla cualquier unidad de información sin exigir legitimación y es de acceso libre y gratuito. La información particular se refiere al estado de tramitación de un procedimiento concreto en el que el solicitante es interesado (art. 53.1.a Ley 39/2015) y solo puede facilitarse a este (o a su representante) por afectar a datos personales o a un expediente identificado, previa acreditación de su identidad. Ejemplos de información general: horarios, ubicación de oficinas, requisitos de una convocatoria, modelos de solicitud. Ejemplos de información particular: situación de mi solicitud, órgano que la instruye, sentido del silencio administrativo, actos de trámite dictados.

Canales de información administrativa: presencial, telefónico y electrónico

El modelo de atención al ciudadano combina la atención presencial en oficinas de información y registro, la atención telefónica centralizada (en la AGE, el servicio 060 de información administrativa) y la atención electrónica a través de la sede electrónica y el Punto de Acceso General, en un modelo multicanal en que el ciudadano puede elegir el cauce que mejor se adapte a sus circunstancias, salvo cuando esté obligado a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 Ley 39/2015). Cada canal tiene ventajas: el presencial permite la ayuda personalizada y la presentación de documentos; el telefónico, la inmediatez; el electrónico, la disponibilidad permanente y la tramitación completa del procedimiento.

Principios de la información administrativa

Veracidad y exactitud de los datos facilitados, actualización permanente de la información, accesibilidad para cualquier ciudadano sin discriminación, gratuidad de la información general, y claridad y lenguaje comprensible, evitando tecnicismos innecesarios, en línea con las directrices de lenguaje administrativo claro impulsadas por las Administraciones Públicas. A ello se suma la confidencialidad y el respeto a la normativa de protección de datos en la información particular, y la obligación de facilitar la identificación de la autoridad o personal responsable de la tramitación.

Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAR)

Reguladas por la Ley 39/2015 (arts. 12, 16 y concordantes) y su desarrollo reglamentario, prestan asistencia presencial a quienes deseen presentar un documento por vía electrónica, permiten la presentación de documentos en papel que la propia oficina digitaliza para su incorporación al registro electrónico, y facilitan asistencia en la identificación y firma electrónica a los interesados que no dispongan de los medios técnicos necesarios. Pueden también realizar copias auténticas y expedir recibos de presentación. Sustituyen funcionalmente a las antiguas oficinas de registro presenciales y a las oficinas integradas de atención al ciudadano.

Iniciativas, reclamaciones, quejas y peticiones

La ciudadanía puede dirigirse a la Administración a través de distintos cauces: las iniciativas y sugerencias, orientadas a proponer mejoras en el funcionamiento de los servicios; las quejas, cuando se manifiesta disconformidad con el funcionamiento de un servicio; las reclamaciones, cuando se exige una actuación concreta ante una disfunción; y las peticiones, reguladas por la Ley Orgánica 4/2001, del Derecho de Petición, que permite a cualquier persona, individual o colectivamente, dirigirse a los poderes públicos sobre cualquier asunto de su competencia, sin que sea necesario invocar un derecho subjetivo o un interés legítimo, debiendo la Administración acusar recibo, declarar su admisión o inadmisión motivada y, en su caso, contestar en un plazo máximo de tres meses. Además de los cauces administrativos existen cauces de garantía como el Defensor del Pueblo (art. 54 CE), ante el que puede presentarse queja en el plazo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

El derecho de petición (art. 29 CE y LO 4/2001)

Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley (art. 29.1 CE), desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo podrán ejercerlo individualmente y con arreglo a su legislación específica (art. 29.2 CE). Es un derecho residual: no procede cuando existe un procedimiento administrativo o judicial específico para el objeto de la petición. La Administración debe acusar recibo en los diez días siguientes a la recepción (art. 6); si el escrito no reúne los requisitos, requerirá su subsanación en el plazo de quince días con apercibimiento de desistimiento (art. 7); la declaración de inadmisibilidad, siempre motivada, debe acordarse y notificarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la presentación (art. 9), y si se basa en la falta de competencia del destinatario, este debe remitir la petición al órgano competente en el plazo de diez días (art. 10); admitida a trámite, debe resolverse y contestarse en el plazo máximo de tres meses (art. 11). La contestación a la petición no es susceptible de recurso administrativo ni agota la vía administrativa, porque no genera derecho subjetivo a una decisión determinada. Las peticiones dirigidas a las Cámaras de las Cortes Generales se rigen además por el art. 77 CE (no pueden presentarse directamente por manifestaciones ciudadanas).

Sujetos y objeto del derecho de petición

Pueden ejercerlo personas físicas o jurídicas, con independencia de su nacionalidad (la LO 4/2001 amplía así la dicción literal del art. 29 CE, que habla de españoles), individual o colectivamente. El objeto puede ser cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecte exclusivamente al peticionario o sea de interés colectivo o general, pudiendo referirse a sugerencias o iniciativas, solicitar información, expresar opiniones o formular quejas o peticiones de actuación. Los destinatarios son las instituciones, órganos y autoridades públicas y los funcionarios y empleados públicos. Debe formularse por escrito, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, con identificación del peticionario y de su domicilio o medio de notificación.

Diferencia entre petición, queja, reclamación y sugerencia

La petición (LO 4/2001) tiene carácter residual y no cabe cuando existe un procedimiento específico. La queja expresa disconformidad con el funcionamiento de un servicio o con la actuación del personal, sin pretender el reconocimiento de un derecho. La reclamación exige una respuesta o resarcimiento concreto. La sugerencia propone mejoras en el funcionamiento de los servicios públicos, sin implicar disconformidad previa. Las quejas y sugerencias no tienen la consideración de recurso administrativo ni su presentación paraliza los plazos para interponerlos, ni condicionan el ejercicio de las restantes acciones o derechos. La reclamación en sentido estricto puede ser también la reclamación de responsabilidad patrimonial (arts. 32 y ss. Ley 40/2015) o la reclamación económico-administrativa, figuras distintas con su propio procedimiento.

El sistema de quejas y sugerencias en la AGE (Real Decreto 951/2005)

Regula el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, incluyendo el subsistema de quejas y sugerencias de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Cualquier persona puede formular quejas por el funcionamiento de los servicios públicos y sugerencias para mejorar su calidad, a través de las Unidades de Información y Atención al Ciudadano de cada Ministerio o de la Inspección General de Servicios. Los ciudadanos deben recibir respuesta e información sobre las actuaciones realizadas. Pueden presentarse presencialmente, por correo postal o por medios electrónicos (sede electrónica), y la Administración debe contestar informando de las medidas adoptadas. Los datos se utilizan para la mejora de la calidad de los servicios.

Las Cartas de Servicios

Documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la AGE informan a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con ellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación, incluyendo indicadores para evaluar la calidad del servicio y, en su caso, medidas de subsanación en caso de incumplimiento. Se elaboran con participación de los usuarios y se publican; su incumplimiento no genera por sí mismo responsabilidad patrimonial de la Administración. Se aprueban por el órgano competente conforme a su normativa reguladora y se evalúan y actualizan periódicamente.

El derecho de acceso a la información pública frente al derecho de petición

El derecho de petición del art. 29 CE se distingue del derecho de acceso a la información pública de la Ley 19/2013 en que este último tiene por objeto específico obtener información ya existente en poder de la Administración (contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato, que obren en poder de las Administraciones y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones), mientras que la petición puede solicitar cualquier actuación, sugerencia o pronunciamiento, sin necesidad de que la información o actuación solicitada preexista. El acceso a la información pública no exige motivar la solicitud, se resuelve en el plazo de un mes (ampliable por otro mes) y el silencio es negativo.

Los servicios de información administrativa: general y especializada

La información administrativa se organiza en unidades de información general, competentes para la orientación básica a cualquier ciudadano sobre cualquier materia de la Administración, y unidades de información especializada, adscritas a cada centro directivo, competentes para la información particular y de mayor complejidad técnica sobre los procedimientos y servicios propios de su ámbito material. Los servicios de información deben remitir a las oficinas competentes las consultas que no puedan resolver, en lugar de limitarse a declararse incompetentes.

La calidad en la prestación de servicios públicos: evaluación y mejora continua

El Real Decreto 951/2005 articula un sistema de calidad en la AGE que incluye, además de las quejas y sugerencias, programas de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios, programas de cartas de servicios, programas de quejas y sugerencias, programas de evaluación de la calidad de las organizaciones, y el reconocimiento mediante premios a la calidad e innovación en la gestión pública. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) desempeñó funciones en este ámbito hasta su disolución por el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, siendo asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y la Dirección General de Gobernanza Pública. El RD 951/2005 y el servicio 060 de información administrativa permanecen vigentes.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Distinguir información (datos objetivos sobre normas, requisitos, plazos o estado de un expediente) de orientación (ayuda para que el ciudadano identifique cuál es su trámite o el órgano competente).
  • El RDLeg 1/2013 exige accesibilidad universal (física, sensorial y cognitiva) en edificios, procedimientos y comunicaciones; en la atención directa se traduce en itinerarios accesibles, lenguaje claro, intérpretes de lengua de signos o bucles magnéticos cuando se soliciten.
  • Persona con discapacidad: deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, al interactuar con barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva; se presume con grado reconocido igual o superior al 33%.
  • Información general (destinatario indeterminado, sobre normas, requisitos y localización de órganos, puede prestarla cualquier unidad) frente a información particular (estado de tramitación de un procedimiento concreto, solo al interesado, por afectar a datos personales; art. 53.1.a Ley 39/2015).
  • El derecho de petición (art. 29 CE y LO 4/2001) es residual: no procede cuando existe un procedimiento administrativo o judicial específico para el objeto de la petición.
  • El derecho de petición no exige invocar un derecho subjetivo ni un interés legítimo; la Administración debe acusar recibo, declarar su admisión o inadmisión motivada y, en su caso, contestar en el plazo máximo de tres meses.
  • Pueden ejercer el derecho de petición personas físicas o jurídicas, con independencia de su nacionalidad, individual o colectivamente; los militares solo individualmente (art. 29.2 CE).
  • Diferenciar petición (residual, LO 4/2001), queja (disconformidad con el funcionamiento de un servicio, sin pretender el reconocimiento de un derecho), reclamación (exige una respuesta o resarcimiento concreto) y sugerencia (propone mejoras, sin disconformidad previa).
  • Las quejas y sugerencias no son recursos administrativos: no paralizan los plazos ni condicionan el ejercicio de otras acciones.
  • El sistema de quejas y sugerencias de la AGE (RD 951/2005) se canaliza a través de las Unidades de Información y Atención al Ciudadano de cada Ministerio o de la Inspección General de Servicios.
  • Las Cartas de Servicios informan sobre los servicios encomendados, los derechos de los ciudadanos y los compromisos de calidad, con indicadores de evaluación y medidas de subsanación en caso de incumplimiento.
  • El RD 1112/2018 exige que las sedes electrónicas y sitios web públicos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos (norma UNE-EN 301549), con declaración de accesibilidad publicada.
  • El derecho de petición se distingue del derecho de acceso a la información pública (Ley 19/2013) en que este último exige que la información ya exista en poder de la Administración; la petición puede referirse a cualquier actuación o sugerencia, sin necesidad de preexistencia.
  • Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAR) prestan asistencia presencial para la presentación electrónica y digitalizan documentos en papel para su incorporación al registro electrónico.
  • El canal telefónico centralizado de información administrativa en la AGE es el servicio 060, integrado en el modelo multicanal junto al presencial y el electrónico.
  • Principios de la información administrativa: veracidad, exactitud, actualización permanente, accesibilidad sin discriminación, gratuidad de la información general y lenguaje claro.
  • El art. 49 CE fue reformado en febrero de 2024 para sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad».
  • Queja ante el Defensor del Pueblo (art. 54 CE): plazo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos.
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El derecho de acceso a la información pública de la Ley 19/2013 se diferencia del derecho de petición en que:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Administrativo del Estado?

La atención al público es una de las funciones más visibles de las oficinas de la Administración: comprende la acogida, la información y la resolución de las gestiones de la ciudadanía, con atención específica a las personas con discapacidad, y se articula a través de los servicios de información administrativa, que canalizan tanto la información general y particular como las iniciativas, reclamaciones, quejas y peticiones de los ciudadanos. Su fundamento jurídico se encuentra en los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones (arts. 13 y 53 de la Ley 39/2015), en el derecho de petición (art. 29 CE y LO 4/2001), en la normativa sobre discapacidad y accesibilidad (art. 49 CE y RDLeg 1/2013) y en los sistemas de calidad de los servicios públicos (cartas de servicios y quejas y sugerencias).

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

Distinguir información (datos objetivos sobre normas, requisitos, plazos o estado de un expediente) de orientación (ayuda para que el ciudadano identifique cuál es su trámite o el órgano competente). El RDLeg 1/2013 exige accesibilidad universal (física, sensorial y cognitiva) en edificios, procedimientos y comunicaciones; en la atención directa se traduce en itinerarios accesibles, lenguaje claro, intérpretes de lengua de signos o bucles magnéticos cuando se soliciten. Persona con discapacidad: deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, al interactuar con barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva; se presume con grado reconocido igual o superior al 33%. Información general (destinatario indeterminado, sobre normas, requisitos y localización de órganos, puede prestarla cualquier unidad) frente a información particular (estado de tramitación de un procedimiento concreto, solo al interesado, por afectar a datos personales; art. 53.1.a Ley 39/2015). El derecho de petición (art. 29 CE y LO 4/2001) es residual: no procede cuando existe un procedimiento administrativo o judicial específico para el objeto de la petición. El derecho de petición no exige invocar un derecho subjetivo ni un interés legítimo; la Administración debe acusar recibo, declarar su admisión o inadmisión motivada y, en su caso, contestar en el plazo máximo de tres meses. Pueden ejercer el derecho de petición personas físicas o jurídicas, con independencia de su nacionalidad, individual o colectivamente; los militares solo individualmente (art. 29.2 CE). Diferenciar petición (residual, LO 4/2001), queja (disconformidad con el funcionamiento de un servicio, sin pretender el reconocimiento de un derecho), reclamación (exige una respuesta o resarcimiento concreto) y sugerencia (propone mejoras, sin disconformidad previa). Las quejas y sugerencias no son recursos administrativos: no paralizan los plazos ni condicionan el ejercicio de otras acciones. El sistema de quejas y sugerencias de la AGE (RD 951/2005) se canaliza a través de las Unidades de Información y Atención al Ciudadano de cada Ministerio o de la Inspección General de Servicios. Las Cartas de Servicios informan sobre los servicios encomendados, los derechos de los ciudadanos y los compromisos de calidad, con indicadores de evaluación y medidas de subsanación en caso de incumplimiento. El RD 1112/2018 exige que las sedes electrónicas y sitios web públicos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos (norma UNE-EN 301549), con declaración de accesibilidad publicada. El derecho de petición se distingue del derecho de acceso a la información pública (Ley 19/2013) en que este último exige que la información ya exista en poder de la Administración; la petición puede referirse a cualquier actuación o sugerencia, sin necesidad de preexistencia. Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAR) prestan asistencia presencial para la presentación electrónica y digitalizan documentos en papel para su incorporación al registro electrónico. El canal telefónico centralizado de información administrativa en la AGE es el servicio 060, integrado en el modelo multicanal junto al presencial y el electrónico. Principios de la información administrativa: veracidad, exactitud, actualización permanente, accesibilidad sin discriminación, gratuidad de la información general y lenguaje claro. El art. 49 CE fue reformado en febrero de 2024 para sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad». Queja ante el Defensor del Pueblo (art. 54 CE): plazo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 29, 49, 54, 77 y 103.
  • Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 12-14 y 53.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 3.
  • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
  • Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
  • Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

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