Tema 4. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de ellas.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
La adquisición y pérdida de la condición de funcionario, así como las distintas situaciones administrativas en que puede encontrarse un funcionario de carrera a lo largo de su vida profesional (servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia y suspensión de funciones), constituyen uno de los ejes centrales del régimen estatutario regulado en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015). En la Administración General del Estado, las situaciones se desarrollan en el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la AGE (Real Decreto 365/1995) y el ingreso y la toma de posesión en el Reglamento General de Ingreso y Provisión (Real Decreto 364/1995). Ninguna situación administrativa implica pérdida de la condición de funcionario; solo las causas del art. 63 TREBEP la extinguen.
Marco normativo y clases de empleados públicos (arts. 8 y 9 TREBEP)
Los empleados públicos se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual (art. 8). Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente (art. 9.1). El ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos (art. 9.2). Esta lección se refiere a los funcionarios de carrera: la adquisición y pérdida de su condición se regula en los arts. 62 a 68 TREBEP y sus situaciones administrativas en los arts. 85 a 90, que son normativa básica; en la AGE se desarrollan por el Real Decreto 365/1995 (situaciones) y el Real Decreto 364/1995 (ingreso y provisión).
Requisitos de acceso y clasificación en grupos (arts. 56, 57 y 76 TREBEP)
Para participar en los procesos selectivos se exige, con carácter general: tener la nacionalidad española (o la de otros Estados en los términos del art. 57: nacionales de la Unión Europea, cónyuges y descendientes en los supuestos legales, y otros extranjeros con residencia legal para el acceso como personal laboral); poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos; y poseer la titulación exigida (art. 56). Los cuerpos y escalas se clasifican según la titulación exigida para el ingreso (art. 76): Grupo A (subgrupos A1 y A2: título universitario de Grado), Grupo B (título de Técnico Superior), Grupo C, subgrupo C1 (Bachiller o Técnico) y subgrupo C2 (Graduado en ESO). El Cuerpo General Administrativo de la AGE pertenece al subgrupo C1. Importante: el acceso al empleo público se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad (arts. 55 y 61).
Adquisición de la condición de funcionario de carrera (art. 62 TREBEP)
La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) superación del proceso selectivo; b) nombramiento por el órgano o autoridad competente, que deberá publicarse en el diario oficial correspondiente (BOE en la AGE); c) acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; y d) toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Solo con la toma de posesión se adquiere plenamente la condición de funcionario de carrera; hasta entonces el aspirante aprobado tiene una expectativa de derecho. El carácter sucesivo implica que no puede adquirirse la condición sin cumplir cada uno de los pasos en su orden. Quien, sin causa justificada, no toma posesión en plazo pierde los derechos derivados de la superación del proceso selectivo y del nombramiento (Real Decreto 364/1995).
Nombramiento, acatamiento y toma de posesión: detalles
El nombramiento es el acto administrativo formal de ingreso, dictado por el órgano competente a propuesta del tribunal calificador, y se publica en el diario oficial. El acatamiento consiste en la declaración solemne de sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía en su caso y al resto del ordenamiento; la fórmula general de toma de posesión de cargos y funciones públicas se aprobó por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril («juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo..., con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado»). La toma de posesión es la incorporación efectiva al puesto dentro del plazo reglamentario (en la AGE, un mes desde la publicación del nombramiento, según el Real Decreto 364/1995) y es el momento en que se inicia el cómputo de la antigüedad y de los derechos económicos. Los aspirantes aprobados pueden estar un periodo como funcionarios en prácticas cuando la convocatoria lo prevea, pero no son todavía funcionarios de carrera.
Pérdida de la condición de funcionario (art. 63 TREBEP)
La condición de funcionario de carrera se pierde por: a) renuncia a la condición de funcionario; b) pérdida de la nacionalidad, conforme a lo dispuesto en el art. 56 (la española o la del Estado miembro de la Unión Europea que, en su caso, hubiera determinado el acceso al empleo público); c) jubilación total del funcionario; d) sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; e) pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. Se trata de una lista cerrada: otras vicisitudes (excedencia, suspensión, cambio de destino) no extinguen la relación de servicio. En el art. 63 TREBEP se enumeran las causas y los arts. 64 a 68 las desarrollan: renuncia (art. 64), pérdida de la nacionalidad (art. 65), pena de inhabilitación (art. 66), jubilación (art. 67) y rehabilitación (art. 68).
La renuncia a la condición de funcionario (art. 64 TREBEP)
Acto voluntario y personalísimo que debe manifestarse por escrito, sin que pueda presumirse por actos concluyentes (por ejemplo, la mera ausencia al puesto), y que debe ser aceptada expresamente por la Administración. No procede aceptar la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o se haya dictado auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la función pública mediante la superación de un nuevo proceso selectivo. No hay que confundirla con la dimisión de un cargo o con la renuncia a un destino concreto, que no afectan a la condición de funcionario.
La pérdida de la nacionalidad y la pena de inhabilitación (arts. 65 y 66 TREBEP)
La pérdida de la nacionalidad (española o de otro Estado miembro de la UE que hubiera sido el título de acceso) determina la pérdida de la condición de funcionario, salvo que se conserve o adquiera otra nacionalidad que habilite para el empleo en los términos del art. 57. La pena principal o accesoria de inhabilitación requiere sentencia firme: la inhabilitación absoluta produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de todos los empleos o cargos que tuviere; la especial, únicamente respecto de aquellos sobre los que recayó la inhabilitación (y de la capacidad para obtener cargos análogos durante el tiempo de condena). El carácter firme de la sanción o de la pena es requisito esencial: mientras no sea firme, solo cabe, en su caso, la suspensión provisional.
La jubilación como causa de pérdida (art. 67 TREBEP)
La jubilación puede ser voluntaria, forzosa o por declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo o escala. La voluntaria se concede a solicitud del funcionario siempre que reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación (Clases Pasivas o Régimen General, según la fecha de ingreso). La forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad, si bien en los términos de las leyes de función pública puede solicitarse la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta los 70 años, que la Administración resuelve de forma motivada. Solo la jubilación total extingue la condición; la parcial, regulada por la legislación de Seguridad Social, mantiene la relación de servicio.
La separación del servicio como sanción disciplinaria
Es la sanción más grave: solo puede imponerse por la comisión de faltas muy graves (art. 96.1.a TREBEP) y conlleva la pérdida de la condición de funcionario de carrera si es firme; en el caso de los funcionarios interinos comporta la revocación de su nombramiento. A diferencia de la suspensión firme de funciones, que es temporal y no extingue la relación de servicio, la separación es definitiva, sin perjuicio de que, con carácter excepcional, pueda concederse la rehabilitación en los términos del art. 68 TREBEP. El equivalente para el personal laboral es el despido disciplinario.
La rehabilitación de la condición de funcionario (art. 68 TREBEP)
La pérdida de la condición de funcionario no siempre es irreversible: el art. 68 TREBEP regula la rehabilitación, que se solicita al órgano competente cuando la causa de la pérdida ha desaparecido (por ejemplo, extinguida la responsabilidad penal o recuperada la capacidad tras una jubilación por incapacidad permanente), y que puede concederse con carácter excepcional en otros supuestos atendiendo a las circunstancias. La rehabilitación no es automática: requiere resolución expresa de los órganos de gobierno competentes.
Concepto y clases de situaciones administrativas (art. 85 TREBEP)
Los funcionarios de carrera pueden hallarse en las siguientes situaciones administrativas: a) servicio activo; b) servicios especiales; c) servicio en otras Administraciones públicas; d) excedencia (en sus distintas modalidades); y e) suspensión de funciones. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas con carácter excepcional, en los términos que el propio art. 85 permite. Todas ellas son compatibles con la conservación de la condición de funcionario: se trata de modos de estar en la relación de servicio, no de causas de extinción. En la AGE el régimen de cada situación se detalla en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
El servicio activo (art. 86 TREBEP)
Se encuentran en servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública, prestan servicios en su condición de funcionarios de carrera y no les corresponde quedar en ninguna otra situación. Es la situación ordinaria o residual: se define por exclusión y por la prestación efectiva de servicios. Los funcionarios en servicio activo gozan de los derechos propios de su condición y están sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. En esta situación se encuentran también, entre otros, quienes se hallan en comisión de servicios, con licencias y permisos reglamentarios o realizando cursos de formación por decisión de la Administración. Es la situación que da derecho al cómputo pleno de antigüedad, trienios, grado personal y carrera.
Servicios especiales: supuestos (art. 87 TREBEP)
Se declara en servicios especiales a los funcionarios de carrera que se encuentren, entre otros, en los siguientes supuestos: designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, o altos cargos de los mismos; adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o supranacionales; sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional; sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los órganos constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras; sean miembros de las Cortes Generales o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas; ejerzan cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales; y sean nombrados para formar parte de órganos constitucionales o de relevancia constitucional como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. El listado completo del art. 87.1 es más amplio y debe consultarse en el texto legal y en el Real Decreto 365/1995; la clave de estudio es la lógica: cargos políticos, institucionales o internacionales incompatibles con el desempeño del puesto de origen.
Servicios especiales: efectos (art. 87 TREBEP)
Los funcionarios en servicios especiales perciben las retribuciones del puesto o cargo que desempeñan y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tuvieran reconocidos. El tiempo que permanezcan en esta situación se les computa a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. Tienen derecho a la reserva del puesto de trabajo y a la reincorporación al servicio activo en los términos reglamentarios: tras el cese en la causa que determinó los servicios especiales deben solicitar el reingreso en el plazo reglamentario; si no lo hacen, pueden ser declarados de oficio en excedencia voluntaria por interés particular. Es la situación más favorable en cuanto a cómputo y reserva junto con el servicio activo.
El servicio en otras Administraciones públicas (art. 88 TREBEP)
Se declara en esta situación a los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración pública distinta de la de origen. Se mantienen en la situación aunque, por disposición legal de la Administración a la que se hayan transferido o en la que estén destinados, se integren como personal propio de esta. Se rigen por la legislación de función pública de la Administración en la que presten servicios efectivos, pero conservan su condición de funcionarios de carrera de la Administración de origen, de la que siguen formando parte a efectos de movilidad; los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la organización de la función pública de la Comunidad receptora. El tiempo de permanencia se computa como servicio activo en el cuerpo de origen a efectos de trienios y derechos pasivos o del régimen de Seguridad Social aplicable.
La excedencia: modalidades (art. 89 TREBEP)
El art. 89 TREBEP regula la excedencia de los funcionarios de carrera, que puede adoptar las siguientes modalidades: excedencia voluntaria por interés particular; excedencia voluntaria por agrupación familiar; excedencia por cuidado de familiares; excedencia por razón de violencia de género; y excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Además, la normativa estatal contempla supuestos especiales para víctimas del terrorismo. La clave es distinguir entre las excedencias en las que el funcionario no percibe retribuciones ni cómputo de tiempo (interés particular, agrupación familiar, sector público) y aquellas con efectos protectores (cuidado de familiares y violencia de género), en las que el tiempo computa a efectos de antigüedad y carrera y se reserva el puesto durante un periodo.
La excedencia voluntaria por interés particular (art. 89.2 TREBEP)
Los funcionarios de carrera pueden obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. Su concesión queda subordinada a las necesidades del servicio y no puede declararse cuando al funcionario se le instruya expediente disciplinario. Quienes se encuentran en esta situación no devengan retribuciones ni les es computable el tiempo que permanezcan en ella a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No existe reserva de puesto: el reingreso se produce por los procedimientos de provisión o de reingreso provisional, supeditado a la existencia de vacante dotada presupuestariamente.
La excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público
Se declara cuando el funcionario se encuentra en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones públicas, o pasa a prestar servicios en organismos o entidades del sector público, y no le corresponde quedar en servicio activo o servicios especiales, salvo que haya obtenido la oportuna compatibilidad. Es la consecuencia lógica del régimen de incompatibilidades: no se pueden ocupar dos puestos públicos a la vez, por lo que se pasa a excedencia en el cuerpo de origen. Tampoco genera retribuciones ni cómputo de tiempo en el cuerpo de origen, salvo lo previsto por el Real Decreto 365/1995. Es una modalidad que suele confundirse en el examen con la excedencia por interés particular, que sí exige cinco años previos.
La excedencia voluntaria por agrupación familiar (art. 89.3 TREBEP)
Puede concederse, sin el requisito de haber prestado servicios efectivos previos, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas, en los órganos constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. La normativa equipara con carácter general a la pareja de hecho registrada. No devenga retribuciones ni computa tiempo a efectos de ascensos, trienios o derechos pasivos.
La excedencia por cuidado de familiares (art. 89.4 TREBEP)
Los funcionarios tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa; y de duración no superior a tres años para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El periodo es único por cada sujeto causante: un nuevo sujeto causante da lugar a una nueva excedencia cuyo inicio pone fin a la anterior. A diferencia de la excedencia por interés particular, el tiempo es computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social, y durante el primer año se tiene derecho a la reserva del puesto que se desempeñaba; transcurrido ese periodo, la reserva lo es a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcionarios en esta situación pueden participar en los cursos de formación.
La excedencia por razón de violencia de género y la protección de víctimas (art. 89.5 TREBEP)
Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tienen derecho a solicitar la excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tienen derecho a la reserva del puesto de trabajo, siendo ese periodo computable a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social; cuando las actuaciones judiciales lo exijan, se puede prorrogar por periodos de tres meses con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos. Durante los dos primeros meses de la excedencia la funcionaria tiene derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Las víctimas del terrorismo gozan de medidas análogas reconocidas en su legislación específica (Ley 29/2011). Es la excedencia más protectora de todas.
La suspensión de funciones: firme y provisional (art. 90 TREBEP)
La suspensión de funciones puede ser firme o provisional. La suspensión firme se impone en virtud de sentencia dictada en causa criminal o de sanción disciplinaria firme y supone la privación temporal del ejercicio de las funciones y de los derechos inherentes a la condición de funcionario durante el tiempo de cumplimiento; no puede exceder de seis años, y quien la cumple no puede prestar servicios en ninguna Administración pública ni en los organismos públicos y entidades de ellas dependientes durante ese tiempo. La suspensión provisional puede acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario (art. 98 TREBEP); como medida cautelar en un expediente disciplinario no puede exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión firme superior a seis meses determina, además, la pérdida del puesto de trabajo.
Efectos económicos de la suspensión de funciones
Durante la suspensión provisional el funcionario conserva el derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo; pierde las complementarias vinculadas al desempeño efectivo del puesto. Si la suspensión provisional se eleva a definitiva (firme), el funcionario debe devolver lo percibido durante la provisional, excepto las retribuciones básicas y las prestaciones familiares por hijo a cargo, y el tiempo de duración de la provisional se abona en el cumplimiento de la sanción. Si la sentencia es absolutoria o el expediente concluye sin sanción, la Administración debe restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que habría debido percibir, con reconocimiento del tiempo a todos los efectos. La suspensión firme priva de las retribuciones durante el tiempo de cumplimiento.
Reingreso al servicio activo
El reingreso desde situaciones sin reserva de puesto (excedencia voluntaria por interés particular o por prestación de servicios en el sector público, por ejemplo) está supeditado a la existencia de vacante dotada presupuestariamente: se obtiene mediante los procedimientos ordinarios de provisión (concurso o libre designación) o, de forma provisional, mediante adscripción a un puesto vacante de su cuerpo hasta que se resuelva su destino definitivo. Desde situaciones con reserva (servicios especiales, cuidado de familiares en el primer año, violencia de género) el reingreso se produce en el puesto reservado. La falta de solicitud de reingreso en el plazo reglamentario tras el cese en servicios especiales o en servicio en otras Administraciones puede determinar el paso de oficio a excedencia voluntaria por interés particular. Los plazos concretos están fijados por el Real Decreto 365/1995.
Cuadro comparativo de efectos de las situaciones administrativas
Servicio activo: plenitud de derechos, retribuciones propias y cómputo íntegro. Servicios especiales: retribuciones del cargo que desempeñan (más trienios), cómputo para ascensos, trienios y derechos pasivos, y reserva de puesto. Servicio en otras Administraciones: se rige por la legislación de la Administración de destino, conservando la condición en la de origen. Excedencia voluntaria por interés particular, por agrupación familiar y por prestación de servicios en el sector público: sin retribuciones, sin cómputo de tiempo y, en general, sin reserva de puesto. Excedencia por cuidado de familiares: computa a efectos de trienios, carrera y Seguridad Social, con reserva del puesto el primer año. Excedencia por violencia de género: sin requisito de servicios previos, reserva de puesto seis meses (prorrogable a dieciocho), retribuciones íntegras los dos primeros meses. Suspensión: privación del ejercicio de la función; la firme, hasta seis años.
Errores típicos y confusiones frecuentes en el examen
1) Confundir pérdida de la condición (art. 63) con situaciones administrativas (art. 85): ninguna situación, ni siquiera la suspensión firme, supone perder la condición de funcionario. 2) Atribuir los cinco años de servicios previos a todas las excedencias voluntarias: solo se exigen en la voluntaria por interés particular. 3) Olvidar que la sanción o la pena deben ser firmes para que causen pérdida de la condición. 4) Confundir la renuncia (que exige aceptación expresa y no cabe con expediente disciplinario en curso) con el abandono del servicio, que es falta muy grave. 5) Decir que la excedencia por cuidado de familiares no computa a efectos de trienios: sí computa. 6) Ubicar la situación de servicio activo como una situación con requisitos propios: se define por exclusión. 7) Citar el art. 87 como art. 86 o 88: servicio activo es el art. 86, servicios especiales el 87, servicio en otras Administraciones el 88, excedencia el 89 y suspensión el 90.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Adquisición de la condición de funcionario de carrera: superación del proceso selectivo, nombramiento (publicado en diario oficial), acatamiento de la Constitución y toma de posesión en plazo (art. 62 TREBEP); solo con esta última se adquiere plenamente.
Pérdida de la condición (art. 63 TREBEP, lista cerrada): renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, sanción disciplinaria firme de separación del servicio y pena firme de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
La renuncia debe ser por escrito y aceptada expresamente; no se acepta si hay expediente disciplinario o auto de procesamiento o de apertura de juicio oral; no impide un nuevo ingreso mediante otro proceso selectivo.
Jubilación forzosa a los 65 años, con posibilidad de prolongar el servicio activo hasta los 70 años (art. 67 TREBEP); las sanciones y penas solo producen pérdida de la condición si son firmes.
Las cinco situaciones del art. 85 TREBEP: servicio activo (86), servicios especiales (87), servicio en otras Administraciones públicas (88), excedencia (89) y suspensión de funciones (90); ninguna implica pérdida de la condición de funcionario.
En la AGE las situaciones administrativas se desarrollan en el Real Decreto 365/1995; el ingreso y la provisión en el Real Decreto 364/1995.
El servicio activo se define por exclusión: quien presta servicios como funcionario de carrera y no le corresponde otra situación.
En servicios especiales el funcionario percibe las retribuciones del puesto o cargo que desempeña (más trienios), computa el tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos y tiene reserva de puesto.
La excedencia voluntaria por interés particular exige cinco años de servicios efectivos previos en cualquier Administración, no puede declararse con expediente disciplinario instruido y no genera retribución, reserva de puesto ni cómputo de tiempo.
La excedencia por cuidado de familiares (máximo tres años por hijo o familiar hasta segundo grado) sí computa a efectos de trienios, carrera y Seguridad Social, con reserva del mismo puesto durante el primer año.
La excedencia por violencia de género es la más protectora: sin tiempo mínimo previo, reserva de puesto seis meses (prórroga por tres hasta dieciocho) y retribuciones íntegras durante los dos primeros meses.
La excedencia por agrupación familiar no exige servicios previos, pero no genera retribución, reserva ni cómputo de tiempo.
La suspensión provisional como medida cautelar disciplinaria no excede de seis meses (salvo paralización imputable al interesado) y conserva las retribuciones básicas y prestaciones familiares por hijo a cargo; la suspensión firme no puede exceder de seis años.
La separación del servicio es definitiva y solo procede por falta muy grave; la suspensión firme es temporal y no extingue la condición de funcionario.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué norma desarrolla en la AGE el régimen de las situaciones administrativas de los funcionarios civiles?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Administrativo del Estado?
La adquisición y pérdida de la condición de funcionario, así como las distintas situaciones administrativas en que puede encontrarse un funcionario de carrera a lo largo de su vida profesional (servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia y suspensión de funciones), constituyen uno de los ejes centrales del régimen estatutario regulado en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015). En la Administración General del Estado, las situaciones se desarrollan en el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la AGE (Real Decreto 365/1995) y el ingreso y la toma de posesión en el Reglamento General de Ingreso y Provisión (Real Decreto 364/1995). Ninguna situación administrativa implica pérdida de la condición de funcionario; solo las causas del art. 63 TREBEP la extinguen.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Adquisición de la condición de funcionario de carrera: superación del proceso selectivo, nombramiento (publicado en diario oficial), acatamiento de la Constitución y toma de posesión en plazo (art. 62 TREBEP); solo con esta última se adquiere plenamente. Pérdida de la condición (art. 63 TREBEP, lista cerrada): renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, sanción disciplinaria firme de separación del servicio y pena firme de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. La renuncia debe ser por escrito y aceptada expresamente; no se acepta si hay expediente disciplinario o auto de procesamiento o de apertura de juicio oral; no impide un nuevo ingreso mediante otro proceso selectivo. Jubilación forzosa a los 65 años, con posibilidad de prolongar el servicio activo hasta los 70 años (art. 67 TREBEP); las sanciones y penas solo producen pérdida de la condición si son firmes. Las cinco situaciones del art. 85 TREBEP: servicio activo (86), servicios especiales (87), servicio en otras Administraciones públicas (88), excedencia (89) y suspensión de funciones (90); ninguna implica pérdida de la condición de funcionario. En la AGE las situaciones administrativas se desarrollan en el Real Decreto 365/1995; el ingreso y la provisión en el Real Decreto 364/1995. El servicio activo se define por exclusión: quien presta servicios como funcionario de carrera y no le corresponde otra situación. En servicios especiales el funcionario percibe las retribuciones del puesto o cargo que desempeña (más trienios), computa el tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos y tiene reserva de puesto. La excedencia voluntaria por interés particular exige cinco años de servicios efectivos previos en cualquier Administración, no puede declararse con expediente disciplinario instruido y no genera retribución, reserva de puesto ni cómputo de tiempo. La excedencia por cuidado de familiares (máximo tres años por hijo o familiar hasta segundo grado) sí computa a efectos de trienios, carrera y Seguridad Social, con reserva del mismo puesto durante el primer año. La excedencia por violencia de género es la más protectora: sin tiempo mínimo previo, reserva de puesto seis meses (prórroga por tres hasta dieciocho) y retribuciones íntegras durante los dos primeros meses. La excedencia por agrupación familiar no exige servicios previos, pero no genera retribución, reserva ni cómputo de tiempo. La suspensión provisional como medida cautelar disciplinaria no excede de seis meses (salvo paralización imputable al interesado) y conserva las retribuciones básicas y prestaciones familiares por hijo a cargo; la suspensión firme no puede exceder de seis años. La separación del servicio es definitiva y solo procede por falta muy grave; la suspensión firme es temporal y no extingue la condición de funcionario.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: arts. 8-9, 55-57, 62-68, 76 y 85-90, 98.
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas.
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