Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es la institución jurídica que garantiza a los particulares el derecho a ser indemnizados por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor y cuando el particular tenga el deber jurídico de soportar el daño. Es una responsabilidad objetiva y directa, reconocida en el art. 106.2 CE y regulada, en su régimen sustantivo, por los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015 (LRJSP) y, en su procedimiento, por la Ley 39/2015 (LPAC), principalmente arts. 65, 67, 81, 86, 91 y 96. Este tema estudia su concepto y clases, los requisitos generales para que nazca el deber de indemnizar, y sus efectos (valoración, pago, vía de impugnación y acción de regreso contra autoridades y personal).
El art. 106.2 CE reconoce el derecho de los particulares, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El art. 32.1 de la Ley 40/2015 lo desarrolla: los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. La expresión «servicios públicos» se interpreta de forma amplia: equivale a toda la actividad o gestión administrativa, material o jurídica, incluidas la inactividad y las omisiones. El precepto constitucional se sitúa en el Título IV (el Gobierno y la Administración), junto a los arts. 103 y 106.1, y configura una garantía patrimonial del ciudadano frente al poder público.
Normativa aplicable
Régimen sustantivo: Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: art. 32 (principios de la responsabilidad), art. 33 (responsabilidad concurrente de las Administraciones públicas), art. 34 (indemnización), art. 35 (responsabilidad de Derecho privado), art. 36 (exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas) y art. 37 (responsabilidad penal). Régimen procedimental: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: art. 65 (iniciación de oficio), art. 67 (solicitudes de iniciación: plazo de prescripción y contenido), art. 81 (instrucción: informe del servicio y dictamen), art. 86 (terminación convencional), art. 91 (resolución) y art. 96 (tramitación simplificada). Este régimen sustituyó al de los antiguos arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992. Para el orden jurisdiccional, el art. 9.4 LOPJ y el art. 2.e) de la Ley 29/1998 (LJCA) atribuyen al orden contencioso-administrativo el conocimiento de las pretensiones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación (pública o privada) de que derive, y no podrá darse demanda ante los órdenes civil o social por los mismos hechos.
Caracteres del sistema: general, unitario, objetivo y directo
General y unitario: se aplica a toda la actividad de todas las Administraciones y entes del sector público, con independencia de que el daño derive de un acto formal, de una actuación material, de una omisión o de una vía de hecho, y de que la actuación sea lícita o ilícita. Objetivo: no exige acreditar culpa, dolo ni negligencia de ningún agente concreto; basta con probar el daño y su conexión causal con el funcionamiento del servicio (a diferencia de la responsabilidad civil extracontractual del art. 1902 del Código Civil, basada en la culpa). Directo: el perjudicado reclama directamente a la Administración titular del servicio, sin tener que demandar al empleado público que intervino (art. 36.1 Ley 40/2015), sin perjuicio de la posterior acción de regreso de la Administración contra sus autoridades y personal. No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo insiste en que el sistema no convierte a la Administración en una aseguradora universal de todos los riesgos sociales: sigue siendo imprescindible la relación de causalidad y la antijuridicidad del daño.
Clases: responsabilidad por funcionamiento normal y anormal
Funcionamiento anormal: el daño deriva de una actuación defectuosa, tardía, irregular o de la omisión de un deber de actuar (por ejemplo, falta de mantenimiento de una vía pública, retraso injustificado en una resolución, actuación sanitaria contraria a la lex artis). Funcionamiento normal: el daño se produce pese a que el servicio funciona correctamente, pero supone para un particular una carga singular que no tiene el deber de soportar (por ejemplo, la ejecución de unas obras públicas legales que perjudican de forma desproporcionada a un colindante). Es lo que distingue el sistema español de otros basados en la falta de servicio. El límite de la objetivación es la fuerza mayor: acontecimiento imprevisible o inevitable, externo al servicio y ajeno a su organización y funcionamiento (típicamente fenómenos naturales extraordinarios, como un terremoto), que exonera de responsabilidad. El caso fortuito, en cambio, es un suceso interno a la propia actividad administrativa (por ejemplo, un fallo mecánico imprevisible de un vehículo o instalación del servicio), y no exonera. Por último, el art. 34.1 Ley 40/2015 excluye la indemnización de los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos (riesgos del desarrollo), sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer.
Otras clasificaciones y supuestos especiales de responsabilidad
Según el sujeto o la actividad que origina el daño cabe distinguir: a) Responsabilidad por la actividad administrativa ordinaria (actos, reglamentos, omisiones, vías de hecho, servicios materiales). b) Responsabilidad del Estado legislador (art. 32.3, 32.4 y 32.5). c) Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia (art. 121 CE y arts. 292 a 297 LOPJ: error judicial, que debe haber sido declarado previamente por la vía procesal oportuna, y funcionamiento anormal; la acción de indemnización prescribe al año desde que pudo ejercitarse). d) Responsabilidad de Derecho privado (art. 35 Ley 40/2015): cuando la Administración o las entidades de Derecho privado vinculadas o dependientes actúan en relaciones de Derecho privado, responden directamente de los daños causados por su personal, considerándose su actuación como propia de la Administración, y la responsabilidad se exige conforme a las reglas del propio Capítulo IV; las aseguradoras responden directamente. e) Responsabilidad derivada de contratos públicos: conforme al art. 196 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, es el contratista quien indemniza los daños a terceros causados en la ejecución del contrato, salvo que sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración (o de vicios del proyecto elaborado por ella), en cuyo caso responde la Administración. f) Responsabilidad sanitaria: la más litigiosa; se rige por la lex artis ad hoc (obligación de medios, no de resultado), el consentimiento informado y la doctrina de la pérdida de oportunidad. g) Responsabilidad penal (art. 37): la del personal al servicio de las Administraciones, junto con la responsabilidad civil derivada del delito, se exige conforme a la legislación penal.
Requisitos generales (I): la lesión antijurídica
La lesión debe ser antijurídica: solo son indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley (art. 34.1 Ley 40/2015, y art. 32.1 in fine). La antijuridicidad es del resultado, no de la conducta: la actuación administrativa puede ser perfectamente legal y, aun así, dar lugar a una lesión indemnizable si el afectado no tiene obligación de soportarla. No hay deber de soportar el daño, y por tanto sí lesión antijurídica, en el caso de actuaciones ilegales, de cargas desproporcionadas o de sacrificios singulares. Sí existe deber de soportar (y no hay indemnización) en los supuestos de cargas generales (impuestos legales, limitaciones generales al derecho de propiedad), de riesgos asumidos voluntariamente por el afectado o de daños derivados de la culpa exclusiva de la víctima. La mera anulación en vía administrativa o por el orden contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a indemnización (art. 32.1, segundo párrafo): hay que probar además los demás requisitos. Tampoco procede, en general, indemnización por la anulación de un acto cuando concurre un supuesto de ilegalidad meramente formal que no ha causado daño efectivo.
Requisitos generales (II): el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado
En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas (art. 32.2 Ley 40/2015). Efectivo: real y cierto, no meramente hipotético, eventual o futuro incierto; los daños futuros solo son indemnizables si son ciertos e inevitables. Evaluable económicamente: susceptible de cuantificación dineraria, lo que incluye el daño emergente, el lucro cesante probado y el daño moral (que se compensa de forma aproximada, sin necesidad de prueba exacta de su cuantía). Individualizado: referido a una persona o grupo identificable de personas; no es indemnizable la carga general que todos los ciudadanos deben soportar (por ejemplo, las molestias ordinarias de obras públicas de interés colectivo) ni el perjuicio indeterminado. Los daños pueden ser personales (lesiones, muerte), materiales (bienes) o morales, y su prueba incumbe, en principio, al reclamante.
Requisitos generales (III): la relación de causalidad y la imputación
Debe existir un nexo causal entre el funcionamiento (normal o anormal, por acción u omisión) del servicio público y el daño producido. El Tribunal Supremo exige una conexión causal directa, inmediata y exclusiva en sus formulaciones clásicas, aunque admite la concurrencia de causas y la moderación de la indemnización cuando intervienen la conducta de la propia víctima o de un tercero. La culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero con eficacia interruptora y la fuerza mayor rompen el nexo causal. En los supuestos de omisión, se exige un deber legal de actuar que la Administración incumple y que habría evitado el daño. La carga de la prueba corresponde al reclamante en cuanto al daño y a la relación de causalidad, y a la Administración respecto de la fuerza mayor, la culpa de la víctima o la intervención de terceros que invoque como causa de exoneración. Superada la causalidad material, ha de imputarse jurídicamente el daño a una Administración determinada: aquella a cuyo servicio o competencia corresponde la actividad causante.
Requisitos generales (IV): ausencia de fuerza mayor, legitimación y plazo
A los anteriores se añaden: ausencia de fuerza mayor; legitimación activa del lesionado (o de sus herederos o perjudicados por el fallecimiento) y legitimación pasiva de la Administración responsable (y su aseguradora); y reclamación en plazo. La acción prescribe al año de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo (art. 67.1 Ley 39/2015). Reglas especiales: a) En los casos de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empieza a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (doctrina de la actio nata). b) Si se reclama por anulación de un acto o disposición en vía administrativa o contencioso-administrativa, el año se cuenta desde la notificación de la resolución administrativa o de la sentencia definitiva. c) En los supuestos de ley declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión Europea, el año se cuenta desde la publicación en el BOE o en el DOUE de la sentencia que lo declare. La prescripción se interrumpe por el ejercicio de la acción penal o civil.
Responsabilidad por actos legislativos (Estado legislador)
Art. 32.3: los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por la Administración Pública correspondiente de los daños y perjuicios que sufran como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen (es decir, solo si la ley lo prevé). Art. 32.4: si el daño deriva de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Art. 32.5: si el daño deriva de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, procede indemnización cuando concurran los requisitos establecidos por el propio Derecho de la Unión (que la norma infringida tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación esté suficientemente caracterizada y que exista relación de causalidad directa entre la infracción y el daño; doctrina Francovich y Brasserie du Pêcheur), y el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de su recurso, habiendo alegado la infracción del Derecho de la Unión. En ambos supuestos la acción prescribe al año desde la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad o el carácter contrario al Derecho de la Unión (art. 67.1 LPAC).
Responsabilidad concurrente de varias Administraciones (art. 33)
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas (convenios, consorcios, encomiendas, etc.) se derive responsabilidad en los términos de la ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria; el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de responsabilidad entre ellas (art. 33.1 y 33.2). En los restantes supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención, y será solidaria cuando no sea posible su determinación (art. 33.3). El art. 33.4 regula además qué Administración es competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos con responsabilidad concurrente (la prevista en el instrumento de actuación conjunta y, en su defecto, la que determine la ley), debiendo darse audiencia a las demás.
Iniciación del procedimiento
El procedimiento puede iniciarse de oficio o a instancia de parte. De oficio, por acuerdo del órgano competente, siempre que no haya prescrito el derecho a reclamar del interesado (art. 65 LPAC). A instancia de parte, mediante solicitud del interesado (o de su representante) en la que debe especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, acompañando todas las alegaciones, documentos e informaciones que se estimen oportunos y la proposición de prueba (art. 67.2 LPAC). Las reclamaciones deben dirigirse al órgano competente de la Administración responsable; si el servicio ha sido prestado por un contratista, la reclamación se dirige al órgano de contratación, que decidirá a quién corresponde la responsabilidad (art. 196.3 LCSP).
Instrucción y terminación convencional
La instrucción sigue las reglas generales de la LPAC con particularidades: se solicita informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión, que no puede exceder de diez días (art. 81.1); se abre periodo de prueba cuando se solicite o el instructor lo estime necesario; y, concluida la instrucción, se da trámite de audiencia a los interesados (de diez a quince días). Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica (art. 81.2 LPAC; art. 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado). El dictamen se pronuncia sobre la existencia o no de relación de causalidad, la valoración del daño y la cuantía y modo de la indemnización. Si se omite un dictamen preceptivo, el procedimiento adolece de un vicio esencial. Cabe la terminación convencional (art. 86 LPAC), mediante acuerdo indemnizatorio entre la Administración y el interesado, previo a la resolución, que debe respetar el ordenamiento y recoge el contenido de la indemnización. Podrá tramitarse por procedimiento simplificado (art. 96 LPAC) cuando se considere inequívoca la relación de causalidad y la valoración del daño no presente complejidad, con un plazo de resolución de treinta días.
Resolución y plazo máximo
La resolución debe pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y el modo de la indemnización, de acuerdo con los criterios del art. 34 Ley 40/2015 (art. 91 LPAC). El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses desde la iniciación del procedimiento (de oficio o a instancia del interesado). Transcurrido el plazo sin resolución expresa, el silencio es desestimatorio (art. 24.1 LPAC, que lo establece para los procedimientos de responsabilidad patrimonial), lo que permite acudir a la vía contencioso-administrativa sin esperar a la resolución; la Administración sigue obligada a resolver expresamente. En la AGE resuelve el Ministro correspondiente, salvo los supuestos en que la norma atribuya la competencia al Consejo de Ministros.
Efectos (I): valoración e indemnización (art. 34)
Solo son indemnizables las lesiones que cumplan los requisitos antes vistos. La indemnización se calcula con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado (art. 34.2). En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tener en cuenta a efectos de la indemnización la valoración incluida en los baremos de la normativa en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social (el baremo del seguro de automóviles se aplica con carácter orientativo). La cuantía se calcula con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan de acuerdo con la Ley General Presupuestaria o, en su caso, la normativa autonómica (art. 34.3). La indemnización podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado (art. 34.4).
Efectos (II): impugnación y vía judicial
La resolución expresa del procedimiento de responsabilidad patrimonial pone fin a la vía administrativa, cualquiera que sea el tipo de relación, pública o privada, de que derive (art. 114.1.e LPAC). Frente a ella cabe recurso potestativo de reposición (que no es obligatorio) o recurso contencioso-administrativo directo ante los órganos del orden contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la notificación (o de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, en caso de silencio) conforme a la Ley 29/1998. En el proceso, las aseguradoras de las Administraciones son siempre parte codemandada junto con la Administración a la que aseguran (art. 21.1.c LJCA). La Administración debe cumplir la sentencia en el plazo y en la forma de los arts. 103 y siguientes de la LJCA.
Efectos (III): exigencia de responsabilidad a autoridades y personal (art. 36)
Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán directamente a la Administración correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio (art. 36.1). La Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento correspondiente (acción de regreso o de repetición; art. 36.2). Para la exigencia de esta responsabilidad se ponderan, entre otros criterios, el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes y derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. Todo ello se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal y de la disciplinaria. Es una responsabilidad interna, distinta e independiente de la responsabilidad directa frente al particular.
Responsabilidad patrimonial y figuras afines
Expropiación forzosa: priva singularmente de bienes o derechos por causa de utilidad pública o interés social mediante el pago de justiprecio (art. 33.3 CE y Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954); es una actuación lícita que se rige por su procedimiento propio, mientras la responsabilidad patrimonial repara un daño no querido por la Administración. Si hay una vía de hecho expropiatoria (ocupación sin procedimiento), se aplican los mecanismos de la LEF (art. 125 y concordantes). Responsabilidad contractual: el incumplimiento por la Administración de sus obligaciones contractuales da lugar a reclamaciones propias del contrato (intereses de demora, restablecimiento del equilibrio económico), no a responsabilidad patrimonial general. Sanciones: la anulación de una sanción no genera por sí misma indemnización. Y las prestaciones sociales o ayudas (indemnizaciones a víctimas del terrorismo, ayudas a víctimas de delitos violentos) son obligaciones legales sin ser responsabilidad patrimonial en sentido estricto.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La responsabilidad patrimonial administrativa es objetiva y directa: procede tanto por funcionamiento normal como anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor (art. 106.2 CE y art. 32.1 Ley 40/2015).
Requisitos: lesión antijurídica (que el particular no tenga el deber jurídico de soportar: art. 34.1), daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado (art. 32.2), relación de causalidad, ausencia de fuerza mayor y reclamación en plazo.
Trampa de examen: la antijuridicidad se predica de la lesión (art. 34.1), no de la conducta administrativa; el daño efectivo, evaluable e individualizado se regula en el art. 32.2. La actividad lícita también puede generar responsabilidad.
La acción prescribe al año desde el hecho causante o desde la manifestación de sus efectos lesivos (art. 67.1 Ley 39/2015); en daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente cuando las indemnizaciones reclamadas sean iguales o superiores a 50.000 euros (art. 81.2 Ley 39/2015).
Fuerza mayor (acontecimiento imprevisible o inevitable, ajeno al servicio) exonera de responsabilidad; caso fortuito (interno al propio funcionamiento del servicio) no exonera.
No son indemnizables los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica en el momento de producirse (art. 34.1).
La mera anulación de un acto o disposición, en vía administrativa o contenciosa, no presupone por sí misma derecho a indemnización (art. 32.1, segundo párrafo).
Carácter directo del sistema: se reclama a la Administración titular del servicio, sin demandar al empleado; la Administración luego repite de oficio contra autoridades y personal solo si hubo dolo, culpa o negligencia graves (art. 36).
Responsabilidad concurrente (art. 33): en fórmulas conjuntas de actuación (convenios, consorcios) las Administraciones responden frente al perjudicado de forma solidaria; en otros casos se reparte por competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención, y es solidaria si no puede determinarse.
Estado legislador: solo hay indemnización por leyes no expropiatorias si la propia ley lo prevé (art. 32.3); por ley inconstitucional o contraria al Derecho de la UE, si el particular obtuvo sentencia firme desestimatoria y alegó la infracción (art. 32.4 y 32.5); el año se cuenta desde la publicación de la sentencia.
Plazo máximo para resolver y notificar: seis meses. El silencio es desestimatorio (art. 24.1 Ley 39/2015). Procedimiento simplificado: treinta días (art. 96).
Valoración: legislación fiscal, expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderando valores de mercado, referida al día de la lesión y actualizada con el Índice de Garantía de la Competitividad (INE) más intereses; puede sustituirse por compensación en especie o pagos periódicos si hay acuerdo (art. 34).
La resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial pone fin a la vía administrativa (art. 114.1.e Ley 39/2015): cabe recurso potestativo de reposición o contencioso-administrativo directo; las aseguradoras son siempre codemandadas.
Contratos públicos: el contratista indemniza los daños a terceros causados en la ejecución del contrato, salvo que sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración (art. 196 Ley 9/2017).
Administración de Justicia: responsabilidad por error judicial (previamente declarado) y funcionamiento anormal (arts. 292 a 297 LOPJ), con prescripción de un año desde que pudo ejercitarse.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado habrá de ser:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Administrativo del Estado?
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es la institución jurídica que garantiza a los particulares el derecho a ser indemnizados por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor y cuando el particular tenga el deber jurídico de soportar el daño. Es una responsabilidad objetiva y directa, reconocida en el art. 106.2 CE y regulada, en su régimen sustantivo, por los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015 (LRJSP) y, en su procedimiento, por la Ley 39/2015 (LPAC), principalmente arts. 65, 67, 81, 86, 91 y 96. Este tema estudia su concepto y clases, los requisitos generales para que nazca el deber de indemnizar, y sus efectos (valoración, pago, vía de impugnación y acción de regreso contra autoridades y personal).
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
La responsabilidad patrimonial administrativa es objetiva y directa: procede tanto por funcionamiento normal como anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor (art. 106.2 CE y art. 32.1 Ley 40/2015). Requisitos: lesión antijurídica (que el particular no tenga el deber jurídico de soportar: art. 34.1), daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado (art. 32.2), relación de causalidad, ausencia de fuerza mayor y reclamación en plazo. Trampa de examen: la antijuridicidad se predica de la lesión (art. 34.1), no de la conducta administrativa; el daño efectivo, evaluable e individualizado se regula en el art. 32.2. La actividad lícita también puede generar responsabilidad. La acción prescribe al año desde el hecho causante o desde la manifestación de sus efectos lesivos (art. 67.1 Ley 39/2015); en daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente cuando las indemnizaciones reclamadas sean iguales o superiores a 50.000 euros (art. 81.2 Ley 39/2015). Fuerza mayor (acontecimiento imprevisible o inevitable, ajeno al servicio) exonera de responsabilidad; caso fortuito (interno al propio funcionamiento del servicio) no exonera. No son indemnizables los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica en el momento de producirse (art. 34.1). La mera anulación de un acto o disposición, en vía administrativa o contenciosa, no presupone por sí misma derecho a indemnización (art. 32.1, segundo párrafo). Carácter directo del sistema: se reclama a la Administración titular del servicio, sin demandar al empleado; la Administración luego repite de oficio contra autoridades y personal solo si hubo dolo, culpa o negligencia graves (art. 36). Responsabilidad concurrente (art. 33): en fórmulas conjuntas de actuación (convenios, consorcios) las Administraciones responden frente al perjudicado de forma solidaria; en otros casos se reparte por competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención, y es solidaria si no puede determinarse. Estado legislador: solo hay indemnización por leyes no expropiatorias si la propia ley lo prevé (art. 32.3); por ley inconstitucional o contraria al Derecho de la UE, si el particular obtuvo sentencia firme desestimatoria y alegó la infracción (art. 32.4 y 32.5); el año se cuenta desde la publicación de la sentencia. Plazo máximo para resolver y notificar: seis meses. El silencio es desestimatorio (art. 24.1 Ley 39/2015). Procedimiento simplificado: treinta días (art. 96). Valoración: legislación fiscal, expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderando valores de mercado, referida al día de la lesión y actualizada con el Índice de Garantía de la Competitividad (INE) más intereses; puede sustituirse por compensación en especie o pagos periódicos si hay acuerdo (art. 34). La resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial pone fin a la vía administrativa (art. 114.1.e Ley 39/2015): cabe recurso potestativo de reposición o contencioso-administrativo directo; las aseguradoras son siempre codemandadas. Contratos públicos: el contratista indemniza los daños a terceros causados en la ejecución del contrato, salvo que sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración (art. 196 Ley 9/2017). Administración de Justicia: responsabilidad por error judicial (previamente declarado) y funcionamiento anormal (arts. 292 a 297 LOPJ), con prescripción de un año desde que pudo ejercitarse.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 106.2, 121 y 149.1.18.ª.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 32-37.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 24.1, 65, 67, 81, 86, 91, 96 y 114.1.e).
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, art. 196.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 9.4 y 292 a 297.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 2.e) y 21.1.c).
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, art. 22.13.
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