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Tema 9. El régimen de la Seguridad Social del personal laboral. La acción protectora. Tipos y características de las prestaciones.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas está encuadrado, con carácter general, en el Régimen General de la Seguridad Social, en las mismas condiciones que cualquier trabajador por cuenta ajena. La acción protectora del sistema (art. 42 LGSS) cubre las contingencias comunes y profesionales mediante asistencia sanitaria, prestaciones económicas (incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia, desempleo y prestaciones familiares) y servicios sociales. Los convenios colectivos pueden añadir mejoras voluntarias, como el complemento de la incapacidad temporal. Es clave distinguirlo del régimen de los funcionarios (MUFACE y Clases Pasivas o Régimen General según la fecha de ingreso).

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Encuadramiento del personal laboral en el Régimen General

El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas (contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores y al convenio colectivo aplicable, en la AGE el Convenio Único) es trabajador por cuenta ajena y queda incluido, con carácter general, en el Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Está protegido frente a todas las contingencias del Régimen General sin que exista para él un mutualismo administrativo propio: no pertenece a MUFACE ni al sistema de Clases Pasivas. La inclusión es obligatoria y automática desde el inicio de la prestación de servicios, y el alta es responsabilidad de la Administración empleadora.

Afiliación, altas y bajas

La afiliación es el acto por el que la TGSS reconoce a la persona su condición de incluida en el sistema; es única y vitalicia para toda la vida del trabajador y se identifica con un número de afiliación. El alta es el acto por el que se reconoce el inicio de la prestación de servicios en un régimen concreto y debe solicitarse antes del inicio de la actividad (puede pedirse con una antelación máxima de 60 días naturales). La baja debe comunicarse dentro de los tres días naturales siguientes al cese. Las comunicaciones se realizan por medios electrónicos a través del Sistema RED. Reglamentariamente se desarrollan en el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos).

Entidades gestoras, servicios comunes y colaboradoras

La gestión del sistema corresponde a las entidades gestoras: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que reconoce y gestiona las prestaciones económicas contributivas (incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor, etc.); el Instituto Social de la Marina (régimen del mar); el IMSERSO (servicios sociales) y el INGESA (asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla). La protección por desempleo la gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) es un servicio común con personalidad jurídica propia: gestiona la afiliación, las altas y bajas, la recaudación de cuotas y la gestión financiera del sistema. Colaboran en la gestión las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro, que gestionan las contingencias profesionales y la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes de las empresas que opten por ellas. El personal sanitario del sistema pertenece a los servicios de salud de las Comunidades Autónomas.

La cotización del personal laboral público

Se cotiza conforme a las reglas generales del Régimen General (Real Decreto 2064/1995, Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social). La cuota resulta de aplicar a la base de cotización (retribución efectiva incluidas las pagas extraordinarias prorrateadas, dentro de las bases mínima y máxima del grupo de cotización, que fija cada año el Estado) los tipos vigentes. Hay cotización por contingencias comunes, por contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional, a cargo exclusivo de la empresa, es decir, de la Administración empleadora), por desempleo, por formación profesional y, desde 2023, por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), creado por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo. No se cotiza, en cambio, por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA): al tratarse de un fondo que garantiza salarios e indemnizaciones en caso de insolvencia o concurso del empresario, las Administraciones Públicas, que no pueden ser declaradas insolventes en ese sentido, quedan excluidas de esta cotización. La cuota por contingencias comunes se reparte entre empresa (la mayor parte) y trabajador, que la soporta mediante deducción en nómina; la empresa es responsable del ingreso de la totalidad. Los tipos y las bases se actualizan cada año por orden ministerial.

La acción protectora del Régimen General (art. 42 LGSS)

Comprende: a) la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo; b) la recuperación profesional; c) las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares), desempleo y las prestaciones familiares por hijo o menor a cargo; d) las prestaciones de servicios sociales y e) las mejoras voluntarias. Se distingue entre nivel contributivo (exige cotización previa y se financia con cuotas) y nivel no contributivo (financiado con impuestos, no exige cotización, por ejemplo las pensiones de invalidez y jubilación no contributivas y el ingreso mínimo vital).

Características generales de las prestaciones

Las prestaciones del nivel contributivo se caracterizan por: ser un derecho subjetivo de carácter público e indisponible; exigir, como regla general, que el beneficiario esté afiliado y en alta o en situación asimilada al alta, y haya cubierto un período mínimo de cotización (período de carencia) que varía según la contingencia (ninguno en accidente de trabajo y enfermedad profesional); calcularse sobre una base reguladora obtenida de las bases de cotización; nacer del hecho causante; gozar de especial protección (inembargabilidad, con los límites legales) y ser objeto de revalorización periódica las pensiones. Rige el principio de automaticidad de las prestaciones: si la empresa incumple sus obligaciones de alta o cotización, el trabajador mantiene su derecho y las entidades gestoras anticipan la prestación sin perjuicio de repetir contra la empresa responsable. Los beneficiarios pueden reclamar ante la jurisdicción social, previa reclamación previa ante la entidad gestora en los supuestos legalmente previstos.

Contingencias comunes y contingencias profesionales

Las contingencias comunes son la enfermedad común y el accidente no laboral. Las profesionales son el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Accidente de trabajo (art. 156 LGSS) es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena; se presumen laborales las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo; se incluyen los accidentes in itinere (al ir o volver del lugar de trabajo) y en misión. Enfermedad profesional (art. 157 LGSS) es la contraída a consecuencia del trabajo en las actividades que especifica el cuadro oficial (Real Decreto 1299/2006) y provocada por la acción de los elementos o sustancias que en él se indican. La distinción es esencial porque determina la cuantía de las prestaciones, la carencia (no se exige en las profesionales) y la responsabilidad, incluido el recargo de prestaciones del 30 al 50 por ciento a cargo de la empresa cuando el accidente se produce por falta de medidas de seguridad (art. 164 LGSS), recargo que no es asegurable.

La incapacidad temporal

Es la situación del trabajador que, por enfermedad común o profesional o accidente, sea o no de trabajo, recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social y está impedido para trabajar (arts. 169 y siguientes LGSS). Dura un máximo de 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos el trabajador puede ser dado de alta médica por curación; agotado el plazo máximo, el INSS es el único competente para evaluar, calificar y revisar la situación del trabajador (alta, o inicio de un expediente de incapacidad permanente). El subsidio se abona a partir del cuarto día de baja en enfermedad común o accidente no laboral, por el 60 por ciento de la base reguladora del cuarto al vigésimo día y el 75 por ciento desde el vigésimo primero; en contingencias profesionales se abona desde el día siguiente al de la baja y equivale al 75 por ciento. En enfermedad común se exige haber cotizado 180 días en los cinco años anteriores; en las profesionales no se exige carencia. Del cuarto al decimoquinto día el pago corresponde a la empresa, y desde el decimosexto a la entidad gestora o a la mutua, normalmente por pago delegado de la empresa.

Nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, corresponsabilidad

La prestación por nacimiento y cuidado de menor (arts. 177 y siguientes LGSS) cubre a ambos progenitores por separado y con la misma duración: 19 semanas para cada uno tras el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, y 32 semanas en las familias monoparentales, de las cuales las seis primeras posteriores al parto son de descanso obligatorio e ininterrumpido, once pueden disfrutarse de forma flexible dentro de los 12 meses siguientes al nacimiento y las dos últimas hasta que el menor cumpla 8 años. Es un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora de la incapacidad temporal por contingencias comunes. La carencia depende de la edad: ninguna para los menores de 21 años; 90 días en los siete años anteriores (o 180 a lo largo de la vida laboral) entre 21 y 25 años; y 180 días en los siete años anteriores (o 360 en toda la vida laboral) para los mayores de 25 años. El riesgo durante el embarazo y el riesgo durante la lactancia natural se protegen con un subsidio del 100 por ciento de la base reguladora cuando la trabajadora debe cambiar de puesto por riesgo y no es posible. La prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y la de ejercicio corresponsable del cuidado del lactante completan la protección. Además, en transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, se ha introducido en el ordenamiento español un permiso parental diferenciado del permiso por nacimiento, de hasta ocho semanas por cada progenitor hasta que el menor cumpla ocho años, disfrutable de forma continua o discontinua; su régimen retributivo y su desarrollo reglamentario han ido evolucionando, por lo que conviene comprobar en la fecha del examen si ya está remunerado y en qué condiciones. La normativa vigente para empleados públicos (permisos del art. 49 TREBEP) puede mejorar estos plazos y se rige por sus propias reglas.

La incapacidad permanente

Es la situación del trabajador que, tras haber sido sometido al tratamiento prescrito y dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral (arts. 193 y siguientes LGSS). Grados: parcial para la profesión habitual (reducción no inferior al 33 por ciento en el rendimiento normal, sin impedir las tareas fundamentales; da derecho a una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades de la base reguladora); total para la profesión habitual (inhabilita para todas o las fundamentales de su profesión pero permite otra distinta; pensión del 55 por ciento de la base reguladora, incrementable al 75 por ciento en la total cualificada, para mayores de 55 años con dificultades de empleo); absoluta para todo trabajo (pensión del 100 por ciento); y gran invalidez (incapacidad permanente absoluta o total con necesidad de asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida; pensión más un complemento destinado a remunerar a esa persona). La calificación corresponde al INSS, tras dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades. Está pendiente de reforma el sistema de valoración de los grados (verificar).

La jubilación contributiva

La pensión de jubilación (art. 204 y siguientes LGSS) exige estar afiliado y en alta o situación asimilada, haber alcanzado la edad exigida y acreditar un período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los 15 inmediatamente anteriores al hecho causante. La edad ordinaria se eleva gradualmente: 67 años con carácter general, o 65 años si se acreditan 38 años y 6 meses cotizados. Durante el período transitorio (hasta 2027) las edades dependen del año: en 2026 son 66 años y 10 meses, o 65 años con 38 años y 3 meses de cotización. La cuantía se obtiene aplicando a la base reguladora (calculada sobre un período de cómputo de varios años de cotización actualizados) un porcentaje que crece con los años cotizados: del 50 por ciento con 15 años hasta el 100 por ciento cuando se alcanzan los 37 años una vez finalizada la transición. Existen modalidades: jubilación anticipada (voluntaria y por causa no imputable al trabajador, con coeficientes reductores), jubilación parcial, jubilación flexible y activa (compatible con actividad), y jubilación demorada (con incentivos por cada año completo de retraso). Las pensiones se revalorizan cada año en función del IPC medio de los doce meses anteriores (Ley 21/2021, de 28 de diciembre). La jubilación forzosa del personal laboral se rige por la normativa laboral: el convenio colectivo puede pactarla si el trabajador reúne los requisitos de la pensión (disposición adicional décima ET).

Muerte y supervivencia

Comprende el auxilio por defunción (cantidad a tanto alzado para quien sufrague los gastos de sepelio), la pensión de viudedad, la pensión de orfandad y las prestaciones en favor de familiares (arts. 216 y siguientes LGSS). La pensión de viudedad corresponde al cónyuge superviviente o a la pareja de hecho que cumpla los requisitos legales (incluida la convivencia acreditada y la inscripción registral o escritura pública), y su cuantía general es el 52 por ciento de la base reguladora, que se eleva al 70 por ciento cuando existen cargas familiares y la pensión es la principal fuente de ingresos; el causante debe haber cotizado un mínimo de 500 días en los cinco años anteriores si la muerte es por enfermedad común. En caso de divorcio la pensión se reconoce al ex cónyuge acreedor de pensión compensatoria. La pensión de orfandad se reconoce a los hijos del causante (con límites de edad y de ingresos) y equivale al 20 por ciento de la base reguladora, con incrementos cuando el huérfano lo es de ambos padres o no tiene derecho a otra pensión pública. Las prestaciones en favor de familiares exigen convivencia y dependencia económica del causante.

La protección por desempleo del personal laboral público

El personal laboral de las Administraciones públicas, como trabajador por cuenta ajena del Régimen General, cotiza por desempleo y está protegido tanto si es fijo como si es temporal o indefinido no fijo: lo relevante es que se encuentre en situación legal de desempleo (por ejemplo, fin de contrato temporal, despido, extinción colectiva, etc.), no que el contrato sea temporal. Es un error afirmar que el personal fijo queda excluido. La protección (arts. 262 y siguientes LGSS) tiene un nivel contributivo, que exige haber cotizado al menos 360 días en los seis años anteriores y se abona durante un período que va de 120 a 720 días según los días cotizados (70 por ciento de la base reguladora durante los primeros 180 días y 50 por ciento a partir de entonces, con límites máximo y mínimo vinculados al IPREM), y un nivel asistencial (subsidios) para quienes carecen de rentas o han agotado la prestación. La gestión corresponde al SEPE. Los funcionarios de carrera, en cambio, no cotizan por desempleo.

Prestaciones familiares y prestaciones no contributivas

Las prestaciones familiares (arts. 351 y siguientes LGSS) son de nivel no contributivo y en la actualidad se centran en la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo con discapacidad en el grado exigido, cuya cuantía depende del grado de discapacidad; la antigua asignación por hijo a cargo menor sin discapacidad fue reemplazada por el complemento de ayuda para la infancia del ingreso mínimo vital (Ley 19/2021, de 20 de diciembre). Además, existen las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación para quienes carecen de recursos y no han cotizado lo suficiente, gestionadas por las Comunidades Autónomas y el IMSERSO. Son compatibles con el trabajo en los términos y límites de renta que fija la ley. Dentro de las prestaciones familiares contributivas se incluyen los períodos considerados como cotizados por cuidado de hijos, a efectos de jubilación e incapacidad permanente.

Asistencia sanitaria

Se presta a través del Sistema Nacional de Salud, que tiene carácter universal (Ley 33/2011, General de Salud Pública, y Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud), con independencia de la contingencia. El personal laboral recibe la asistencia en las mismas condiciones que el resto de trabajadores del Régimen General, a través de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, sin la posibilidad de optar por una entidad de seguro privada que sí tienen los mutualistas de MUFACE. La prestación farmacéutica está sujeta a aportación del usuario, con exenciones por razón de renta o de la situación protegida (por ejemplo, accidente de trabajo y enfermedad profesional).

Mejoras voluntarias y complementos a cargo de la Administración

Las mejoras voluntarias de la acción protectora son las que pueden establecerse mediante convenio colectivo o por decisión unilateral de la Administración empleadora, sin formar parte de la acción protectora pública. La más habitual es el complemento de la prestación de incapacidad temporal, que permite alcanzar hasta el 100 por ciento de las retribuciones en los supuestos y con las condiciones que fije la normativa de la Administración o el convenio aplicable (en la AGE existen reglas específicas para la incapacidad temporal del personal, que conviene consultar en la instrucción vigente). Otras mejoras pueden consistir en planes de pensiones de empleo, seguros colectivos o complementos de pensión. La financiación no corresponde a la Seguridad Social y, en las mejoras de este tipo, la cuantía suele estar sujeta a los límites que fijan las Leyes de Presupuestos.

Diferencias con el régimen de los funcionarios

Los funcionarios de carrera de la AGE ingresados antes del 1 de enero de 2011 están protegidos por el Régimen de Clases Pasivas del Estado (pensiones) y por el mutualismo administrativo (MUFACE) para asistencia sanitaria y otras prestaciones, regulado en el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Los funcionarios que ingresaron desde el 1 de enero de 2011 quedan incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos de pensiones (Real Decreto-ley 13/2010), aunque conservan MUFACE para la asistencia sanitaria y las prestaciones del mutualismo. En cambio, el personal laboral siempre está en el Régimen General y no pertenece a MUFACE, por lo que su asistencia sanitaria se presta en su totalidad a través del Sistema Nacional de Salud. Los funcionarios no cotizan por desempleo.

Gestión y reclamación de las prestaciones

La solicitud de las prestaciones se presenta ante la entidad gestora competente (INSS, SEPE, etc.) y el procedimiento concluye con una resolución expresa. En caso de disconformidad, y cuando la ley lo exige, el interesado debe presentar una reclamación previa ante la propia entidad gestora antes de acudir a la jurisdicción social (artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social), en el plazo de 30 días; si no se resuelve en el plazo previsto, se entiende desestimada. Contra la resolución cabe demanda ante los juzgados de lo social. Los efectos económicos de las pensiones se retrotraen, como máximo, a tres meses anteriores a la solicitud.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El personal laboral se encuadra siempre en el Régimen General de la Seguridad Social (afiliación, altas, bajas y cotización: TGSS; reconocimiento de prestaciones económicas: INSS; desempleo: SEPE). No pertenece a MUFACE ni a Clases Pasivas.
  • Funcionarios AGE: ingreso antes del 1-1-2011 supone Clases Pasivas (pensiones) y MUFACE; ingreso desde el 1-1-2011 supone Régimen General para pensiones y MUFACE para sanidad. Los funcionarios no cotizan por desempleo.
  • Acción protectora (art. 42 LGSS): asistencia sanitaria, prestaciones económicas, servicios sociales y mejoras voluntarias. Se distingue el nivel contributivo del no contributivo.
  • Contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) frente a profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional): las profesionales no exigen carencia y su cotización corre a cargo exclusivo de la empresa.
  • El personal laboral fijo también cotiza por desempleo y tiene derecho a esta prestación si se encuentra en situación legal de desempleo; no solo el temporal. Requisito: 360 días cotizados en los seis años anteriores; duración de 120 a 720 días.
  • Incapacidad temporal: máximo 365 días prorrogables 180 más. Subsidio por enfermedad común: 60 por ciento (días 4 a 20) y 75 por ciento (desde el día 21); en contingencias profesionales, 75 por ciento desde el día siguiente al de la baja.
  • Nacimiento y cuidado de menor: 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas obligatorias e ininterrumpidas tras el parto; 100 por ciento de la base reguladora.
  • Incapacidad permanente: parcial (indemnización de 24 mensualidades), total (55 por ciento, 75 por ciento si es cualificada), absoluta (100 por ciento) y gran invalidez (pensión más complemento por tercera persona).
  • Jubilación: carencia de 15 años (dos en los 15 últimos). Edad ordinaria: 67 años, o 65 con 38 años y 6 meses cotizados (transición hasta 2027; en 2026, 66 años y 10 meses, o 65 con 38 años y 3 meses).
  • Viudedad: 52 por ciento de la base reguladora (70 por ciento con cargas familiares y pensión como principal ingreso). Orfandad: 20 por ciento.
  • Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: del 30 al 50 por ciento, a cargo exclusivo de la empresa y no asegurable (art. 164 LGSS).
  • Los convenios colectivos pueden pactar mejoras voluntarias (por ejemplo, complemento de la incapacidad temporal hasta el 100 por ciento), que no forman parte de la acción protectora pública.
  • Principio de automaticidad: el trabajador conserva su derecho a las prestaciones aunque la empresa haya incumplido sus obligaciones de alta y cotización.
  • Alta antes del inicio de la actividad (hasta 60 días antes); baja en los tres días naturales siguientes al cese; la afiliación es única y vitalicia.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Pueden los convenios colectivos establecer mejoras voluntarias sobre la acción protectora básica de la Seguridad Social?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Administrativo del Estado?

El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas está encuadrado, con carácter general, en el Régimen General de la Seguridad Social, en las mismas condiciones que cualquier trabajador por cuenta ajena. La acción protectora del sistema (art. 42 LGSS) cubre las contingencias comunes y profesionales mediante asistencia sanitaria, prestaciones económicas (incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia, desempleo y prestaciones familiares) y servicios sociales. Los convenios colectivos pueden añadir mejoras voluntarias, como el complemento de la incapacidad temporal. Es clave distinguirlo del régimen de los funcionarios (MUFACE y Clases Pasivas o Régimen General según la fecha de ingreso).

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

El personal laboral se encuadra siempre en el Régimen General de la Seguridad Social (afiliación, altas, bajas y cotización: TGSS; reconocimiento de prestaciones económicas: INSS; desempleo: SEPE). No pertenece a MUFACE ni a Clases Pasivas. Funcionarios AGE: ingreso antes del 1-1-2011 supone Clases Pasivas (pensiones) y MUFACE; ingreso desde el 1-1-2011 supone Régimen General para pensiones y MUFACE para sanidad. Los funcionarios no cotizan por desempleo. Acción protectora (art. 42 LGSS): asistencia sanitaria, prestaciones económicas, servicios sociales y mejoras voluntarias. Se distingue el nivel contributivo del no contributivo. Contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) frente a profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional): las profesionales no exigen carencia y su cotización corre a cargo exclusivo de la empresa. El personal laboral fijo también cotiza por desempleo y tiene derecho a esta prestación si se encuentra en situación legal de desempleo; no solo el temporal. Requisito: 360 días cotizados en los seis años anteriores; duración de 120 a 720 días. Incapacidad temporal: máximo 365 días prorrogables 180 más. Subsidio por enfermedad común: 60 por ciento (días 4 a 20) y 75 por ciento (desde el día 21); en contingencias profesionales, 75 por ciento desde el día siguiente al de la baja. Nacimiento y cuidado de menor: 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas obligatorias e ininterrumpidas tras el parto; 100 por ciento de la base reguladora. Incapacidad permanente: parcial (indemnización de 24 mensualidades), total (55 por ciento, 75 por ciento si es cualificada), absoluta (100 por ciento) y gran invalidez (pensión más complemento por tercera persona). Jubilación: carencia de 15 años (dos en los 15 últimos). Edad ordinaria: 67 años, o 65 con 38 años y 6 meses cotizados (transición hasta 2027; en 2026, 66 años y 10 meses, o 65 con 38 años y 3 meses). Viudedad: 52 por ciento de la base reguladora (70 por ciento con cargas familiares y pensión como principal ingreso). Orfandad: 20 por ciento. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: del 30 al 50 por ciento, a cargo exclusivo de la empresa y no asegurable (art. 164 LGSS). Los convenios colectivos pueden pactar mejoras voluntarias (por ejemplo, complemento de la incapacidad temporal hasta el 100 por ciento), que no forman parte de la acción protectora pública. Principio de automaticidad: el trabajador conserva su derecho a las prestaciones aunque la empresa haya incumplido sus obligaciones de alta y cotización. Alta antes del inicio de la actividad (hasta 60 días antes); baja en los tres días naturales siguientes al cese; la afiliación es única y vitalicia.

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Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (arts. 42, 156-157, 164, 169 y ss., 177 y ss., 193 y ss., 204 y ss., 216 y ss., 262 y ss.).
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
  • Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
  • Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.
  • Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).
  • Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras (integración de funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General).
  • Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) y Ley 21/2021, de 28 de diciembre (garantía del poder adquisitivo de las pensiones).
  • Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales.
  • Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
  • Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

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