Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
El Poder Judicial, único e independiente, se regula en el Título VI de la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno, el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales), y la organización judicial se estructura territorialmente en juzgados y tribunales de distinto ámbito y competencia.
Principios constitucionales del Poder Judicial (arts. 117-119 CE)
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1). Rigen los principios de unidad jurisdiccional (art. 117.5: existe una única organización judicial ordinaria, sin perjuicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense) y de exclusividad (art. 117.3-4: el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, y estos no ejercerán más funciones que las jurisdiccionales y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho). El art. 119 consagra la gratuidad de la justicia cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
El Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE; LO 6/1985 LOPJ)
Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Está compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años, de los cuales 12 son Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales (elegidos en los términos que establezca la ley orgánica) y 8 son juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, propuestos 4 por el Congreso y 4 por el Senado, ambos por mayoría de 3/5. Sus competencias incluyen nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario del Poder Judicial (art. 122.2 CE).
El Tribunal Supremo (arts. 123 CE y 53-61 LOPJ)
El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que corresponde al Tribunal Constitucional (art. 123.1 CE). Su Presidente es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ (art. 123.2). Se organiza en cinco Salas: Primera (Civil), Segunda (Penal), Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (Militar, con régimen especial). Conoce, entre otros, de los recursos de casación y de la instrucción y enjuiciamiento de causas contra aforados (Presidente del Gobierno, Ministros, Diputados, Senadores, etc.).
La organización judicial territorial (LOPJ)
La organización judicial se estructura, de menor a mayor ámbito territorial, en: Juzgados de Paz (municipios sin sede de Tribunal de Instancia), Tribunales de Instancia (partido judicial, tras la LO 1/2025, que integra los antiguos juzgados unipersonales de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, Mercantil, Social, Contencioso-Administrativo, de Violencia sobre la Mujer, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria, entre otros, como Secciones), Audiencias Provinciales (provincia), Tribunales Superiores de Justicia (Comunidad Autónoma, culminan la organización judicial en su territorio sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo), la Audiencia Nacional (ámbito nacional, competente en determinadas materias como terrorismo o delitos económicos de especial trascendencia) y el Tribunal Supremo (ámbito nacional). El Ministerio Fiscal, aunque no integra el Poder Judicial, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuando con autonomía funcional (art. 124 CE).
La justicia emana del pueblo (art. 117.1 CE)
«La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». Es la fórmula que sintetiza los cuatro atributos esenciales del estatuto judicial: independencia, inamovilidad, responsabilidad y sujeción exclusiva a la ley.
Exclusividad de jurisdicción (art. 117.3 y 4 CE)
El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Estos no ejercerán más funciones que las jurisdiccionales y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho (por ejemplo, ciertas funciones de jurisdicción voluntaria).
El principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE)
Es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales: existe un único Poder Judicial ordinario, sin jurisdicciones especiales paralelas, con la única excepción constitucionalmente admitida de la jurisdicción militar, limitada al ámbito estrictamente castrense salvo en estado de sitio. Se complementa con la prohibición de Tribunales de excepción (art. 117.6 CE).
La inamovilidad judicial como garantía de independencia
Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley, típicamente mediante expediente disciplinario tramitado por el Consejo General del Poder Judicial. El régimen de incompatibilidades del art. 127 CE impide a Jueces y Magistrados en activo desempeñar otros cargos públicos o pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
Organización judicial por órdenes jurisdiccionales
El orden civil conoce de litigios entre particulares y, residualmente, de lo no atribuido a otro orden; el orden penal, de la responsabilidad penal por delitos; el orden contencioso-administrativo, del control de legalidad de las Administraciones Públicas y su responsabilidad patrimonial; y el orden social, de los conflictos derivados del contrato de trabajo y la Seguridad Social.
Los Juzgados de Paz
Órgano judicial más próximo al ciudadano, en municipios donde no tiene sede un Tribunal de Instancia. Servidos por un Juez de Paz, que no necesariamente es jurista, elegido por el Pleno del Ayuntamiento y nombrado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Sus competencias son limitadas: determinadas funciones de Registro Civil, actos de conciliación y asuntos civiles y penales de mínima cuantía o levedad.
El Tribunal de Instancia tras la reforma de la LO 1/2025
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, reforma la LOPJ para sustituir los juzgados unipersonales de la primera instancia por Tribunales de Instancia, con un único órgano por partido judicial, un Presidente y una estructura de gobierno común, organizados en Secciones especializadas por materia (civil, instrucción, penal, mercantil, violencia sobre la mujer, menores, vigilancia penitenciaria, contencioso-administrativo y social, entre otras), sin alterar el reparto competencial por materias. La ley entró en vigor el 3 de abril de 2025 y su implantación se ha realizado en tres fases a lo largo de 2025 (1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre). Los Juzgados de Paz subsisten en los municipios donde no tiene sede un Tribunal de Instancia. La norma se completa con la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, y con medidas de eficiencia procesal (medios adecuados de solución de controversias).
Las Audiencias Provinciales
Órganos colegiados con sede en la capital de cada provincia y jurisdicción provincial. Conocen de los recursos de apelación contra resoluciones de los órganos de primera instancia en el orden civil y penal y del enjuiciamiento en primera instancia de los delitos más graves, en particular los castigados con pena privativa de libertad de duración superior a cinco años (los de menor gravedad corresponden al Juzgado de lo Penal). En su seno se celebra el juicio con Tribunal del Jurado, compuesto por nueve jurados y un Magistrado-Presidente (LO 5/1995). Se organizan en Secciones, normalmente de tres Magistrados.
Los Tribunales Superiores de Justicia (art. 152.1 CE)
Culminan la organización judicial dentro de cada Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo. Existe uno por Comunidad Autónoma, organizado en Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Conocen de recursos de casación y revisión en su ámbito territorial y de causas penales contra determinados aforados autonómicos.
La Audiencia Nacional
Órgano jurisdiccional con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, especializado por razón de la materia. Se organiza en Salas de lo Penal (competencias del art. 65 LOPJ: terrorismo, narcotráfico y defraudaciones cometidos por organizaciones o grupos con efectos en más de una provincia, delitos económicos de especial trascendencia y repercusión, euroórdenes y extradición pasiva), Contencioso-Administrativo (fiscaliza actos de Ministros y Secretarios de Estado, entre otros) y Social.
El Tribunal Supremo: composición y salas (art. 123 CE)
Con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (reservada al Tribunal Constitucional). Se organiza en cinco Salas: Primera (Civil), Segunda (Penal), Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (Militar), además de una Sala especial (art. 61 LOPJ). Conoce fundamentalmente de los recursos de casación y revisión, y la Sala Segunda instruye y enjuicia las causas contra aforados de mayor rango (Presidente del Gobierno, Ministros, Diputados y Senadores, entre otros).
El Presidente del Tribunal Supremo y su unificación con la Presidencia del CGPJ
El Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y lo es simultáneamente del propio Consejo (arts. 122.3 y 123.2 CE). La LOPJ regula las condiciones de elegibilidad y la duración del mandato, que es de cinco años, coincidente con el del Consejo.
El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza y funciones
Órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122.2 CE), sin función jurisdiccional propia. Sus competencias esenciales, desarrolladas por la LOPJ, son los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados, preservando la independencia judicial frente a una eventual injerencia del Ejecutivo. También informa los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten a la constitución, organización o atribuciones de los Juzgados y Tribunales, elabora su presupuesto, y actúa a través de la Escuela Judicial para la selección y formación de los jueces.
Composición del CGPJ (art. 122.3 CE)
Veinte vocales nombrados por el Rey por 5 años, más el Presidente del Tribunal Supremo que lo preside. Doce vocales proceden de entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos de la ley orgánica; los ocho restantes son abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, cuatro propuestos por el Congreso y cuatro por el Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5 de la Cámara respectiva. Tras más de cinco años con el mandato caducado, el CGPJ fue renovado el 25 de junio de 2024 mediante un acuerdo entre PSOE y PP, por el que cada partido propuso diez de los veinte vocales y se estableció que el órgano adoptará sus decisiones por mayoría reforzada de 3/5 de sus miembros. Sus órganos son el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión de Calificación, la Comisión Disciplinaria y la Comisión de Igualdad, además de la Presidencia y el Servicio de Inspección. La LO 4/2021, de 29 de marzo, limita las facultades de nombramiento del CGPJ cuando está en funciones.
El Ministerio Fiscal (art. 124 CE)
Promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, velando por la independencia de los Tribunales. Actúa bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica interna, con sujeción a legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.
La responsabilidad patrimonial por error judicial (art. 121 CE)
Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Es un supuesto especial de responsabilidad patrimonial de la Administración, con procedimiento propio regulado en la LOPJ.
El acceso a la carrera judicial: la oposición y la Escuela Judicial
El ingreso en la carrera judicial se produce, con carácter general, mediante oposición libre seguida de un curso teórico y práctico de selección en la Escuela Judicial, sin perjuicio de otros sistemas previstos en la LOPJ para juristas de reconocida competencia (como el denominado cuarto turno para acceder a la categoría de Magistrado). La carrera judicial tiene tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez. El Ministerio Fiscal, aunque no forma parte del Poder Judicial, accede por un sistema de oposición vinculado con el de la carrera judicial.
Gobierno interno de los Tribunales: Salas de Gobierno y Jueces Decanos
Junto al CGPJ como órgano de gobierno central del Poder Judicial, existen órganos de gobierno interno en cada territorio: las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y los Jueces Decanos en las poblaciones donde existan varios órganos judiciales, encargados de la distribución de asuntos y de las relaciones con otras Administraciones y autoridades.
El derecho a la tutela judicial efectiva y su conexión con el Poder Judicial (art. 24 CE)
El art. 24 CE reconoce el derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, así como el derecho a un proceso con todas las garantías (juez ordinario predeterminado por la ley, defensa, asistencia letrada, información de la acusación, proceso público sin dilaciones indebidas y a la presunción de inocencia), garantías que solo son efectivas gracias a la independencia e inamovilidad del art. 117 CE.
Distinción entre Poder Judicial y Administración de Justicia
El Poder Judicial en sentido estricto está integrado por Jueces y Magistrados de carrera, sujetos al gobierno del CGPJ. La Administración de Justicia, en cambio, comprende también los medios personales (Letrados de la Administración de Justicia, cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial) y materiales al servicio de la función jurisdiccional, cuya gestión corresponde al Ministerio de Justicia y, en su caso, a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
Principios procesales y garantías constitucionales (arts. 118, 119, 120, 121 y 125 CE)
Art. 118: es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Art. 119: justicia gratuita cuando lo disponga la ley y siempre para quienes acrediten insuficiencia de recursos (Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita). Art. 120: las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento; el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Art. 121: error judicial y funcionamiento anormal, con indemnización a cargo del Estado. Art. 125: los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y respecto de los procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Policía judicial, incompatibilidades y Ministerio Fiscal (arts. 124, 126 y 127 CE)
Art. 124: el Ministerio Fiscal ejerce su misión por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad; el Fiscal General del Estado se nombra por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ; su estatuto se regula por ley (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley 50/1981). Art. 126: la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Art. 127: los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos; la ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional y las causas de incompatibilidad.
Competencias de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia
La Audiencia Nacional (con sede en Madrid) conoce, en su Sala de lo Penal, de determinados delitos de especial trascendencia (terrorismo, delitos contra altas instituciones de la Nación, delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional, narcotráfico o fraude cuando afecta a varias Audiencias) y de las órdenes europeas de detención y extradiciones pasivas; en su Sala de lo Contencioso-Administrativo, de los recursos contra actos de Ministros y Secretarios de Estado, entre otros; y en su Sala de lo Social, de los conflictos colectivos de ámbito superior a una Comunidad Autónoma. Los Tribunales Superiores de Justicia tienen tres Salas (Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social); la Sala de lo Civil y Penal conoce, entre otros asuntos, de causas penales contra aforados autonómicos y, en su caso, de recursos de casación en materia de Derecho civil foral o especial propio de la Comunidad Autónoma.
La Administración de Justicia: cuerpos al servicio del Poder Judicial
Junto a Jueces y Magistrados, la Administración de Justicia cuenta con los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios judiciales; funcionarios del cuerpo superior jurídico, con fe pública judicial y dirección de la oficina judicial) y los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial; también los médicos forenses, los técnicos de laboratorio y otros. Dependen del Ministerio de Justicia o, en su caso, de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Unidad jurisdiccional (una sola organización judicial ordinaria, salvo la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense) y exclusividad (solo los Juzgados y Tribunales determinados por ley ejercen la potestad jurisdiccional) son los dos principios estructurales del art. 117 CE.
Los cuatro atributos del estatuto judicial (art. 117.1): independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
El CGPJ tiene 21 miembros (Presidente + 20 vocales): 12 jueces y magistrados y 8 juristas de reconocida competencia (4 propuestos por el Congreso y 4 por el Senado, ambos por 3/5), mandato de 5 años.
El Presidente del Tribunal Supremo lo es también del CGPJ, nombrado por el Rey a propuesta del propio Consejo (arts. 122.3 y 123.2 CE).
El Tribunal Supremo tiene 5 Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar) y es superior en todos los órdenes salvo en materia de garantías constitucionales, reservada al TC (art. 123.1 CE).
Organización judicial territorial de menor a mayor ámbito: Juzgados de Paz → Tribunal de Instancia (partido judicial) → Audiencias Provinciales (provincia) → Tribunales Superiores de Justicia (CA) → Audiencia Nacional / Tribunal Supremo (ámbito nacional).
La LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los juzgados unipersonales de la primera instancia por un Tribunal de Instancia por partido judicial, con Presidente y estructura común, organizado en Secciones especializadas, sin alterar el reparto competencial por materias.
El Ministerio Fiscal no forma parte del Poder Judicial; el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124 CE).
La responsabilidad por error judicial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia da derecho a indemnización a cargo del Estado (art. 121 CE).
El ingreso en la carrera judicial es, con carácter general, por oposición libre seguida de curso en la Escuela Judicial, sin perjuicio del acceso por el llamado cuarto turno para juristas de reconocida competencia.
La inamovilidad impide separar, suspender, trasladar o jubilar a Jueces y Magistrados salvo por las causas y garantías legales (expediente disciplinario ante el CGPJ); el régimen de incompatibilidades del art. 127 CE impide pertenecer a partidos políticos o sindicatos estando en activo.
Distinguir Poder Judicial en sentido estricto (Jueces y Magistrados de carrera, bajo el gobierno del CGPJ) de Administración de Justicia (medios personales y materiales, gestionados por el Ministerio de Justicia y, en su caso, las CCAA con competencias transferidas).
Prohibición de Tribunales de excepción (art. 117.6 CE), complemento del principio de unidad jurisdiccional.
El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) solo es eficaz gracias a la independencia e inamovilidad garantizadas por el art. 117 CE.
Art. 117.6 CE: se prohíben los Tribunales de excepción; art. 117.5: unidad jurisdiccional con la excepción de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en estado de sitio.
Art. 120 CE: actuaciones judiciales públicas, procedimiento predominantemente oral (sobre todo en lo criminal) y sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública.
Los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos (art. 127 CE), pero sí a asociaciones profesionales.
Jurado (art. 125 CE; LO 5/1995): nueve jurados y un Magistrado-Presidente; se celebra en la Audiencia Provincial.
Carrera judicial: tres categorías (Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez); acceso por oposición libre y curso en la Escuela Judicial, con vías para juristas de reconocida competencia.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
Los Jueces y Magistrados en activo, según el art. 127 CE, no podrán:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Administrativo del Estado?
El Poder Judicial, único e independiente, se regula en el Título VI de la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno, el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales), y la organización judicial se estructura territorialmente en juzgados y tribunales de distinto ámbito y competencia.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Unidad jurisdiccional (una sola organización judicial ordinaria, salvo la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense) y exclusividad (solo los Juzgados y Tribunales determinados por ley ejercen la potestad jurisdiccional) son los dos principios estructurales del art. 117 CE. Los cuatro atributos del estatuto judicial (art. 117.1): independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El CGPJ tiene 21 miembros (Presidente + 20 vocales): 12 jueces y magistrados y 8 juristas de reconocida competencia (4 propuestos por el Congreso y 4 por el Senado, ambos por 3/5), mandato de 5 años. El Presidente del Tribunal Supremo lo es también del CGPJ, nombrado por el Rey a propuesta del propio Consejo (arts. 122.3 y 123.2 CE). El Tribunal Supremo tiene 5 Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar) y es superior en todos los órdenes salvo en materia de garantías constitucionales, reservada al TC (art. 123.1 CE). Organización judicial territorial de menor a mayor ámbito: Juzgados de Paz → Tribunal de Instancia (partido judicial) → Audiencias Provinciales (provincia) → Tribunales Superiores de Justicia (CA) → Audiencia Nacional / Tribunal Supremo (ámbito nacional). La LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los juzgados unipersonales de la primera instancia por un Tribunal de Instancia por partido judicial, con Presidente y estructura común, organizado en Secciones especializadas, sin alterar el reparto competencial por materias. El Ministerio Fiscal no forma parte del Poder Judicial; el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124 CE). La responsabilidad por error judicial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia da derecho a indemnización a cargo del Estado (art. 121 CE). El ingreso en la carrera judicial es, con carácter general, por oposición libre seguida de curso en la Escuela Judicial, sin perjuicio del acceso por el llamado cuarto turno para juristas de reconocida competencia. La inamovilidad impide separar, suspender, trasladar o jubilar a Jueces y Magistrados salvo por las causas y garantías legales (expediente disciplinario ante el CGPJ); el régimen de incompatibilidades del art. 127 CE impide pertenecer a partidos políticos o sindicatos estando en activo. Distinguir Poder Judicial en sentido estricto (Jueces y Magistrados de carrera, bajo el gobierno del CGPJ) de Administración de Justicia (medios personales y materiales, gestionados por el Ministerio de Justicia y, en su caso, las CCAA con competencias transferidas). Prohibición de Tribunales de excepción (art. 117.6 CE), complemento del principio de unidad jurisdiccional. El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) solo es eficaz gracias a la independencia e inamovilidad garantizadas por el art. 117 CE. Art. 117.6 CE: se prohíben los Tribunales de excepción; art. 117.5: unidad jurisdiccional con la excepción de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en estado de sitio. Art. 120 CE: actuaciones judiciales públicas, procedimiento predominantemente oral (sobre todo en lo criminal) y sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública. Los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos (art. 127 CE), pero sí a asociaciones profesionales. Jurado (art. 125 CE; LO 5/1995): nueve jurados y un Magistrado-Presidente; se celebra en la Audiencia Provincial. Carrera judicial: tres categorías (Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez); acceso por oposición libre y curso en la Escuela Judicial, con vías para juristas de reconocida competencia.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229). Título VI (arts. 117-127).
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, de limitación de funciones del CGPJ en funciones.
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