Ver esquema

Tema 4. Los contratos del sector público: concepto y clases. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Régimen de invalidez y recursos.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, regula la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebran las entidades del sector público. Distingue distintos tipos contractuales según su objeto (obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios) y establece un régimen específico de revisión de precios, modificación contractual, invalidez y recursos (con un recurso especial en materia de contratación resuelto por órganos independientes), con el objetivo de garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la eficiente utilización de los fondos públicos.

← Ver el índice completo del temario

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: objeto y finalidad

Regula la contratación pública garantizando libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia del procedimiento, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y una eficiente utilización de los fondos públicos, exigiendo la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa (mejor relación calidad-precio), con incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales. Transpone las Directivas 2014/23/UE (concesiones) y 2014/24/UE (contratación pública), sustituyendo al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011. Fue publicada en el BOE de 9 de noviembre de 2017 y entró en vigor el 9 de marzo de 2018. Se completa con normativa reglamentaria, entre ella el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001), vigente en lo que no se oponga a la LCSP.

El ámbito subjetivo: sector público, Administraciones Públicas y poderes adjudicadores

La LCSP distingue tres círculos de entidades del sector público (art. 3). Administraciones Públicas (Estado, CCAA, entidades locales, organismos autónomos, universidades públicas, entidades de derecho público con funciones reguladoras, etc.): régimen más completo, con categoría de contratos administrativos y prerrogativas. Poderes adjudicadores que no son Administración Pública (entidades públicas empresariales, fundaciones públicas, sociedades mercantiles públicas que atienden necesidades de interés general no industrial ni mercantil): régimen más flexible en ejecución y contratos privados. Resto de entes del sector público: sujetos a instrucciones internas de contratación que respeten los principios básicos de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. Los contratos de las Administraciones Públicas pueden ser administrativos o privados; los de los poderes adjudicadores no Administración Pública son siempre privados.

Negocios y contratos excluidos de la LCSP

Quedan excluidas, entre otras, las relaciones laborales, los convenios de colaboración entre Administraciones y entre ellas y personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, cuando no tengan por objeto prestaciones propias de los contratos (los convenios con objeto contractual), los convenios internacionales, ciertos servicios de arbitraje y conciliación, servicios financieros relativos a valores, ciertos contratos de investigación y desarrollo, y los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados (art. 32 LCSP). Para ser medio propio personificado: control análogo al que se ejerce sobre los propios servicios, realización de más del 80 por 100 de su actividad en ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que lo controla, y ausencia de participación directa de capital privado. Los encargos a medios propios no se rigen por las reglas de adjudicación de la LCSP, sin perjuicio de sus requisitos específicos.

Concepto y tipos de contratos del sector público (arts. 12-18 LCSP)

La LCSP tipifica cinco contratos típicos: el contrato de obras (art. 13: ejecución de una obra o realización de trabajos de ingeniería civil, con carácter general los del Anexo I); el contrato de concesión de obras (art. 14: ejecución de una obra con contraprestación consistente en el derecho a explotarla, con o sin pago de un precio, asumiendo el concesionario el riesgo operacional); el contrato de concesión de servicios (art. 15: gestión de un servicio cuya prestación sea de la titularidad de la Administración, con transferencia del riesgo operacional al concesionario); el contrato de suministro (art. 16: adquisición, arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles) y el contrato de servicios (art. 17: prestaciones de hacer, distintas de las de obras). Los contratos mixtos, que combinan prestaciones de distintos tipos, se rigen por las normas de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico (art. 18). El riesgo operacional implica que el concesionario asume los riesgos de demanda o de suministro, o ambos, de modo que no esté garantizada la recuperación de las inversiones.

Contratos administrativos y contratos privados (arts. 24 a 27 LCSP)

Son contratos administrativos, cuando los celebren Administraciones Públicas: los de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios, así como los de objeto distinto vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o que satisfagan de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella. Son contratos privados los celebrados por Administraciones Públicas con objeto de servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria y espectáculos, suscripciones y acceso a bases de datos, y los que tengan por objeto otros negocios (compraventa, donación, permuta, arrendamiento) sobre bienes inmuebles o valores negociables, así como todos los celebrados por poderes adjudicadores que no son Administración. Los contratos administrativos se rigen por la LCSP en preparación, adjudicación, efectos y extinción, con competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Los privados se rigen en su preparación y adjudicación por la LCSP (con ciertas particularidades) y en sus efectos y extinción por el Derecho privado, con competencia del orden civil para sus efectos y del contencioso para los actos separables de preparación y adjudicación.

Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA)

Son los contratos que superan determinados umbrales de valor estimado fijados en el Derecho de la UE y revisados periódicamente por la Comisión Europea (cada dos años), y que deben ajustarse a las normas de publicidad reforzada, entre ellas el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Afectan a contratos de obras, concesiones de obras y servicios, suministro y servicios de las Administraciones Públicas y demás poderes adjudicadores, con umbrales distintos según el contrato y según el poder adjudicador. El carácter SARA condiciona los plazos mínimos de presentación de ofertas, la publicidad, y el acceso al recurso especial en materia de contratación.

Preparación del contrato: expediente y necesidad

La preparación exige, con carácter previo a la licitación, el inicio del expediente de contratación con la justificación de la necesidad e idoneidad del contrato, el establecimiento del objeto con precisión, la determinación del presupuesto base de licitación con desglose de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos, la fijación del valor estimado, la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (régimen jurídico, económico y administrativo) y de prescripciones técnicas (condiciones técnicas de la prestación), la existencia de crédito presupuestario, y la fiscalización o intervención del gasto, cuando proceda. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben aprobarse previa o simultáneamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación. La aprobación del expediente supone la apertura del procedimiento de adjudicación.

Racionalidad y consistencia en la contratación pública

Exigencia de justificar en el expediente la necesidad e idoneidad del contrato y su eficiencia. Se completa con la libertad de pactos (siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración), plazos de duración razonables, reglas sobre precios y contratos plurianuales, y la prohibición de fraccionamiento indebido del objeto para eludir requisitos de publicidad o procedimiento. Como regla general, los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva tienen una duración máxima de cinco años, incluidas las prórrogas, y las concesiones tienen límites de duración propios en la ley (hasta cuarenta años como máximo en las concesiones de obras).

El objeto del contrato y los lotes

Debe ser determinado, con necesidad e idoneidad justificadas en el expediente, prohibiéndose su fraccionamiento con la finalidad de disminuir la cuantía del contrato y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debe preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante la división en lotes, favoreciendo el acceso de pymes; si no se divide, debe motivarse en el expediente. El contrato mixto integra prestaciones de distintos tipos, aplicando el régimen de la prestación principal desde el punto de vista económico.

El presupuesto base de licitación

Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario, sobre el que los licitadores formulan sus ofertas. Debe desglosar los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, y en servicios con costes salariales relevantes, desagregar los costes de mano de obra por género y categoría profesional, de acuerdo con el convenio colectivo de referencia.

El valor estimado del contrato

Importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, incluyendo cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas, así como las primas o pagos a los licitadores o candidatos. Determina el procedimiento y la publicidad aplicables, en particular si el contrato queda sujeto a regulación armonizada (SARA), y la posibilidad de utilizar procedimientos simplificados, de acudir al contrato menor o de acceder al recurso especial. No puede fraccionarse para eludir las normas aplicables.

El precio del contrato y su adecuación al mercado

Siempre cierto, expresado en euros (sin perjuicio de que pueda pagarse mediante entrega de otras contraprestaciones en los casos previstos), adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación de las normas sobre ofertas anormalmente bajas. En las concesiones, la contraprestación puede consistir en el derecho a explotar la obra o servicio, con transferencia del riesgo operacional. El precio puede formularse tanto en términos de precio cerrado como de precios unitarios, y por tanto alzado o por unidad.

Los órganos de contratación

La competencia para contratar en la Administración General del Estado corresponde, conforme a la disposición adicional segunda de la LCSP, a los Ministros y Secretarios de Estado, y al titular de la presidencia o dirección de los organismos autónomos y demás entidades en sus respectivas normas, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a 12.000.000 de euros (art. 324 LCSP). En CCAA y EELL, según su normativa organizativa. Deben estar libres de conflictos de intereses, debiendo abstenerse quien tenga interés financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad. Existe el responsable del contrato (supervisión de la ejecución) y el perfil del contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que garantiza la transparencia y el acceso público a la información. Órganos de apoyo del sistema: la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y la Oficina Nacional de Evaluación.

Las partes en el contrato: contratista, UTE y subcontratista

El contratista debe tener plena capacidad de obrar, no estar afectado por prohibición para contratar y acreditar solvencia o, en su caso, clasificación. Se admiten uniones temporales de empresas (UTE), sin personalidad jurídica propia, con responsabilidad solidaria frente a la Administración. El subcontratista ejecuta parcialmente el contrato por encargo del contratista principal, que sigue siendo único responsable frente a la Administración, con obligaciones de comunicación y límites cuando los pliegos así lo establezcan; el contratista debe pagar al subcontratista en los plazos legales (30 días desde la aprobación de la factura). La cesión del contrato exige autorización previa y expresa del órgano de contratación y, entre otros requisitos, que el cedente tenga ejecutado al menos el 20 por 100 del importe del contrato (o, en concesiones de obras, haya explotado la obra al menos una quinta parte de su plazo).

Capacidad y solvencia del contratista

Debe tener personalidad jurídica con objeto social comprendido en la prestación, habilitación empresarial o profesional exigible, y solvencia económica, financiera y técnica o profesional. En los contratos de obras de valor estimado igual o superior al umbral legal, la ley exige clasificación empresarial como requisito indispensable. La declaración responsable y el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) permiten acreditar inicialmente el cumplimiento de requisitos, y el licitador propuesto como adjudicatario debe aportar la documentación acreditativa antes de la adjudicación.

Las prohibiciones para contratar (art. 71 LCSP)

Impiden contratar a quienes concurran en las causas legales: condena firme por delitos tasados (terrorismo, corrupción, fraude, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, entre otros); sanción firme por determinadas infracciones graves o muy graves de carácter laboral, social, de igualdad o medioambiental; declaración de insolvencia o concurso (salvo que haya adquirido eficacia un convenio); falsedad en la declaración responsable; no hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social; incumplimiento de determinadas condiciones o resoluciones contractuales por causa imputable al contratista. Su duración y alcance dependen de la causa, con efectos hasta el máximo fijado por la ley o por la resolución que lo declare, y se inscriben en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

La clasificación de los contratistas

Sistema de acreditación objetiva y estandarizada de solvencia, gestionado a través de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y con inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE). Es requisito indispensable en los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros. En los contratos de servicios no es exigible, aunque puede utilizarse como medio de acreditar la solvencia en los grupos y subgrupos que se determinen reglamentariamente; tampoco es exigible en suministros. Acredita la solvencia ante cualquier órgano de contratación.

Las garantías provisional y definitiva

La garantía provisional es excepcional (los órganos de contratación podrán exigirla solo si motivan su necesidad en el expediente y con un máximo del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido). La garantía definitiva es exigible con carácter general al licitador que presente la mejor oferta y asciende al 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido (en los contratos de precio por unidades, del presupuesto base de licitación sin IVA); el órgano puede exigir una garantía complementaria de hasta otro 5 por 100 en casos especiales, elevando la total al 10 por 100. Pueden constituirse en efectivo, valores, aval o seguro de caución. Si el adjudicatario no formaliza el contrato por causa imputable a él, se le exige una penalidad del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas

Constituyen la «ley del contrato». El pliego de cláusulas administrativas particulares recoge derechos y obligaciones jurídicas, económicas y administrativas (solvencia, criterios de adjudicación, garantías, plazo, penalidades, modificaciones previstas, condiciones especiales de ejecución). El de prescripciones técnicas define las características técnicas de la prestación en términos de rendimiento o exigencias funcionales, sin referencias a marcas, patentes o tipos que favorezcan o eliminen a un empresario concreto. Ambos obligan a las partes, y la presentación de proposiciones supone su aceptación incondicionada.

Los procedimientos de adjudicación

Los procedimientos de adjudicación son: abierto (arts. 156-158, cualquier empresario interesado puede presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato); abierto simplificado (art. 159, con trámite agilizado para contratos de menor cuantía, y una modalidad superreducida para importes aún menores); restringido (arts. 160-165, solo pueden presentar proposiciones los empresarios seleccionados previa solicitud de participación); licitación con negociación (arts. 166-171) y negociado sin publicidad (art. 168), en supuestos tasados; diálogo competitivo (arts. 172-176, para contratos particularmente complejos); asociación para la innovación (arts. 177-182); y contratos menores (art. 118, de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras o 15.000 euros en los demás contratos, con tramitación simplificada). En todos los procedimientos rigen los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación (art. 1 LCSP). La adjudicación por regla general se realiza mediante procedimiento abierto o restringido.

El procedimiento abierto y el procedimiento restringido

Abierto: cualquier empresario interesado puede presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato; es el procedimiento por defecto. Restringido: solo pueden presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación e invitados a participar; se usa cuando la complejidad técnica o el número de operadores aconseja limitar participantes, y exige un mínimo de cinco candidatos seleccionados cuando haya suficientes que cumplan los criterios de selección.

La licitación con negociación y el procedimiento negociado sin publicidad

La licitación con negociación (que en la LCSP de 2017 sustituye al antiguo negociado con publicidad) permite adjudicar tras negociar los términos del contrato con uno o varios candidatos seleccionados, con publicación de anuncio de licitación, solo en supuestos tasados (necesidad de adaptar soluciones disponibles, prestaciones que incluyen diseño o soluciones innovadoras, imposibilidad de fijar con precisión las especificaciones, ofertas irregulares o inaceptables en un procedimiento abierto o restringido previo, etc.). El procedimiento negociado sin publicidad (art. 168) procede de forma muy excepcional: falta de ofertas o candidaturas en procedimiento anterior, exclusividad técnica o artística o protección de derechos de exclusiva, urgencia imperiosa derivada de acontecimientos imprevisibles, etc., y en él la constitución de la mesa es facultativa.

El diálogo competitivo y la asociación para la innovación

El diálogo competitivo se emplea en contratos de especial complejidad técnica, jurídica o financiera, y consta de una fase de diálogo con los candidatos seleccionados para definir las soluciones que puedan satisfacer las necesidades del órgano, y una fase final de presentación de la oferta definitiva. La asociación para la innovación se destina al desarrollo de productos, servicios u obras innovadores no disponibles en el mercado, con posterior adquisición del resultado, estructurándose en fases sucesivas de investigación y desarrollo y de suministro, servicio u obra resultantes.

Los contratos menores (art. 118 LCSP)

Contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros (obras) o 15.000 euros (suministros y servicios, y demás contratos), que pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria, cumpliendo los requisitos de justificación y publicidad legalmente previstos. En el expediente debe constar la necesidad del contrato, la aprobación del gasto, la incorporación de la factura y, en obras, el presupuesto de las obras (más proyecto y supervisión cuando proceda). No pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios. El órgano de contratación debe comprobar que el contratista no ha suscrito más contratos menores que, individual o conjuntamente, superen los umbrales, y está prohibido fraccionar el objeto para eludirlos. Los contratos menores se publican con la información relevante en el perfil del contratante, al menos trimestralmente.

Los criterios de adjudicación: mejor relación calidad-precio

La adjudicación se realiza utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, con carácter general; solo en supuestos tasados puede utilizarse el precio o el coste como único criterio. Se distinguen criterios evaluables mediante fórmulas (automáticos) y criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, y cuando la ponderación de los criterios sujetos a juicio de valor supere la de los evaluables mediante fórmulas, la valoración se atribuye a un comité de expertos u organismo técnico especializado. Deben estar vinculados al objeto del contrato, y pueden valorarse criterios cualitativos, medioambientales o sociales. En los contratos de servicios de carácter intelectual (como los de ingeniería y arquitectura), los criterios cualitativos deben representar al menos el 51 por 100 de la puntuación asignable.

Las ofertas anormalmente bajas (art. 149 LCSP)

Cuando una oferta se sitúa muy por debajo de los parámetros de normalidad fijados objetivamente en los pliegos, el órgano de contratación debe dar audiencia al licitador y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente para que justifique la viabilidad de la oferta, pudiendo excluirla si no queda acreditada. Se debe rechazar la oferta si se comprueba que es anormalmente baja por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, protegiendo así tanto la calidad de la prestación como el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social.

La mesa de contratación (art. 326 LCSP)

Órgano colegiado de asistencia técnica al órgano de contratación en la contratación pública. En los procedimientos abierto, restringido, diálogo competitivo, licitación con negociación y asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas están asistidos por una mesa de contratación; su constitución es facultativa en el procedimiento negociado sin publicidad. Califica la documentación administrativa, valora las ofertas, excluye a los licitadores que no cumplan y propone la adjudicación (propuesta que no crea derecho alguno a favor del licitador hasta que se adjudique el contrato). Debe estar integrada por un presidente, vocales (entre los que debe figurar necesariamente un funcionario con asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o equivalentes) y un secretario; no pueden formar parte altos cargos, personal eventual ni cargos electos.

La adjudicación y la formalización del contrato (arts. 150, 151 y 153 LCSP)

Tras la clasificación de ofertas, se requiere al licitador que haya presentado la mejor oferta para que aporte la documentación acreditativa en el plazo de 10 días hábiles; recibida, el órgano de contratación adjudica el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes, mediante resolución motivada que se notifica a los licitadores y se publica en el perfil del contratante. La formalización se efectúa en documento administrativo, que constituye título válido para acceder a cualquier registro público; el documento puede sustituirse por escritura pública si el contratista lo solicita. Cuando el contrato sea susceptible del recurso especial en materia de contratación, la formalización no puede efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos (periodo «standstill»); el órgano de contratación requiere entonces al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a 5 días desde el requerimiento. Si no se formaliza por causas imputables al adjudicatario, se le exige una penalidad del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido, y puede adjudicarse al siguiente licitador.

El expediente de contratación y la tramitación de emergencia

Antes de adjudicar debe tramitarse un expediente que justifique la necesidad e idoneidad, determine el objeto, presupuesto y valor estimado, e incorpore los pliegos; debe constar la existencia de crédito presupuestario. La tramitación de emergencia permite prescindir de los trámites ordinarios cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional: el órgano ordena la ejecución de lo necesario, sin sujeción a los requisitos formales, y el comienzo de la ejecución no puede superar un mes desde el acuerdo; se da cuenta posteriormente al Consejo de Ministros (en la Administración General del Estado).

Efectos del contrato: ejecución a riesgo y ventura y prerrogativas (arts. 190, 191 y 197 LCSP)

Formalizado el contrato, este se ejecuta a riesgo y ventura del contratista (art. 197), sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en caso de fuerza mayor (art. 239), bajo la dirección, inspección y control de la Administración. Las prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos (art. 190) son: interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, además de inspeccionar su ejecución. Los acuerdos del órgano de contratación en el ejercicio de estas prerrogativas ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos, previo procedimiento contradictorio con audiencia al contratista (art. 191). En los procedimientos de interpretación, nulidad y resolución cuando se formule oposición por el contratista, es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la CCAA; también en las modificaciones de los contratos cuyo precio inicial sea igual o superior a 6.000.000 de euros cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior al 20 por 100 del precio inicial.

Pago del precio y obligaciones del contratista

El contratista tiene derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos, debiendo la Administración abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados (con una demora que genera derecho a intereses). El contratista debe ejecutar el contrato con estricta sujeción a las cláusulas del pliego y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica del mismo diere la Administración, y es responsable de la calidad técnica de los trabajos. Las penalidades por incumplimiento o por cumplimiento defectuoso se establecen en los pliegos.

La modificación del contrato: previstas y no previstas (arts. 203-207 LCSP)

Los contratos solo pueden modificarse por razones de interés público en los casos y con los límites establecidos. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 204): de forma clara, precisa e inequívoca, con indicación de su alcance, límites y naturaleza, las condiciones en que pueden acordarse y el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar, que no puede ser superior al 20 por 100 del precio inicial. Modificaciones no previstas (art. 205): solo cuando la necesidad derive de prestaciones adicionales que resulten necesarias o de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles para una Administración diligente; no deben alterar la naturaleza global del contrato, ni suponer, aislada o conjuntamente, una alteración que exceda del 50 por 100 de su precio inicial, IVA excluido. Fuera de estos supuestos, o cuando la modificación sea sustancial, exige resolver el contrato y celebrar uno nuevo. El procedimiento de modificación exige audiencia al contratista (art. 207).

La revisión de precios (arts. 103 a 105 LCSP)

La revisión de precios es excepcional y no cabe en los contratos menores. Procede en los contratos de obras, de suministro de energía, de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, y en otros contratos cuando el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la inversión sea relevante. Sólo procede cuando el contrato se hubiere ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. Se calcula con fórmulas o índices oficiales aprobados reglamentariamente, quedando excluidos los índices generales de precios (como el IPC) por aplicación de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, y no incluye los costes de mano de obra ni de amortización. Los pliegos deben detallar la fórmula o el índice, y el órgano de contratación puede excluir la revisión justificándolo en el expediente.

El equilibrio económico-financiero y otras alteraciones contractuales

Además de las modificaciones, los contratos pueden sufrir suspensión (por la Administración, con derecho a indemnización por daños y perjuicios), prórroga (cuando esté prevista en los pliegos) y cesión. En las concesiones de obras y servicios, la ley prevé el restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los supuestos de factum principis (decisiones de la Administración que alteren las condiciones de explotación), fuerza mayor y otras circunstancias que la ley determina. En todo caso, los mecanismos son excepcionales y están sometidos a los principios de interés público y de riesgo y ventura del contratista.

Cumplimiento del contrato: recepción, plazo de garantía y liquidación

El contrato se entiende cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. En todo caso, su constatación exige por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato. Si el contrato prevé un plazo de garantía, durante el mismo la Administración puede comprobar que la prestación se ajusta a lo contratado; transcurrido el plazo de garantía sin objeciones, procede la liquidación y la devolución o cancelación de la garantía definitiva. Si la prestación no se ajusta, puede rechazarse y exigir la subsanación o la reposición.

La resolución del contrato: causas y efectos (arts. 211 y 213 LCSP)

Procede por causas tasadas, entre ellas: la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista; la declaración de concurso o de insolvencia; el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista; la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista; la demora en el pago por parte de la Administración; el incumplimiento de la obligación principal del contrato y de las restantes obligaciones esenciales; la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible modificar el contrato; y las que se establezcan expresamente en el contrato. Según la causa y a quién sea imputable, determina la incautación o devolución de la garantía definitiva y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. La resolución exige procedimiento con audiencia al contratista y, cuando éste se oponga, dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

El recurso especial en materia de contratación (arts. 44 a 60 LCSP)

Recurso administrativo específico y de carácter obligatorio (no potestativo) para los actos y contratos a los que resulta aplicable: debe agotarse antes de acudir a la vía contencioso-administrativa, a diferencia del recurso de reposición de la LPAC, que sí es potestativo. Sustituye a los recursos administrativos ordinarios y lo resuelve un órgano especializado e independiente del órgano de contratación: el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en el ámbito estatal y los órganos equivalentes en cada Comunidad Autónoma. Procede en los contratos de obras de valor estimado superior a 3.000.000 de euros, de concesión de obras y servicios de valor superior a esa cifra, y de servicios y suministros de valor estimado superior a 100.000 euros, así como en acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición de similar cuantía. Pueden recurrirse: los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que han de regir la contratación; los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable (incluidos los acuerdos de admisión o exclusión de licitadores); los acuerdos de adjudicación; y las modificaciones contractuales basadas en el incumplimiento de las reglas de los arts. 204 y 205, entre otros. Plazo general de interposición: 15 días hábiles. La interposición del recurso contra la adjudicación suspende la tramitación y la formalización del contrato. Pueden adoptarse medidas cautelares. La resolución del Tribunal puede impugnarse ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La invalidez de los contratos del sector público (arts. 38 a 43 LCSP)

Los contratos del sector público solo son inválidos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación por concurrir causa de Derecho administrativo, o cuando concurra en el contratista alguna causa de Derecho civil. Son causas de nulidad de Derecho administrativo las del art. 47 LPAC, más las específicas de la LCSP: la falta de capacidad de obrar o de solvencia debidamente acreditada del adjudicatario o hallarse incurso en prohibición de contratar, y la carencia o insuficiencia de crédito (salvo supuestos de emergencia). Son causas de anulabilidad el resto de infracciones del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, conforme al art. 48 LPAC. La declaración de nulidad de los actos preparatorios o de la adjudicación acarrea la del contrato, con efectos de liquidación y restitución de las partes de lo recibido, o indemnización cuando ello no sea posible. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de adjudicación sigue los trámites del art. 106 LPAC, con dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico.

Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos: síntesis

El contratista debe ejecutar el contrato con estricta sujeción a las cláusulas del pliego y a las instrucciones de la Administración, a su riesgo y ventura salvo las excepciones legales de revisión de precios, fuerza mayor en obras y equilibrio económico en concesiones. La extinción se produce por cumplimiento (recepción y liquidación) o por resolución, con las consecuencias correspondientes según la causa concreta. Las modificaciones sin los requisitos legales son causa de invalidez o de responsabilidad.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Cinco contratos típicos: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios (arts. 13-17 LCSP); los mixtos se rigen por la prestación más importante desde el punto de vista económico.
  • Procedimientos de adjudicación: abierto (sin negociación, por defecto), abierto simplificado, restringido (selección previa), licitación con negociación y negociado sin publicidad (supuestos tasados), diálogo competitivo, asociación para la innovación y contratos menores (< 40.000 euros obras / < 15.000 euros resto).
  • Los contratos menores no pueden durar más de un año, ni prorrogarse, ni tener revisión de precios; se prohíbe fraccionar el objeto.
  • Las modificaciones previstas en los pliegos tienen un límite máximo del 20% del precio inicial (art. 204); las no previstas solo caben por prestaciones adicionales o circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, sin alterar la naturaleza global del contrato y con un límite del 50% del precio inicial (art. 205).
  • El recurso especial en materia de contratación es obligatorio, no potestativo, para los contratos y actos a los que resulta aplicable (debe agotarse antes de acudir a lo contencioso-administrativo); sustituye a los recursos administrativos ordinarios y lo resuelven órganos independientes del órgano de contratación (TACRC y equivalentes); plazo de 15 días hábiles.
  • Contratos recurribles en vía especial: obras y concesiones con valor estimado superior a 3.000.000 euros; servicios y suministros superior a 100.000 euros.
  • La clasificación empresarial es requisito indispensable en obras con valor estimado igual o superior a 500.000 euros; no es exigible en servicios ni suministros.
  • El valor estimado (excluido IVA) determina si el contrato queda sujeto a regulación armonizada (SARA), con umbrales fijados por la Comisión Europea y revisados cada dos años, que exigen publicidad reforzada en el DOUE.
  • La revisión de precios es excepcional: exige haber ejecutado el 20% del importe y haber transcurrido 2 años desde la formalización; se excluye el IPC (Ley 2/2015) y no cabe en contratos menores.
  • La garantía definitiva es del 5% del precio final ofertado, IVA excluido (hasta un 5% adicional como complementaria); la provisional es excepcional (máximo 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido).
  • Formalización: no antes de 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación cuando el contrato sea susceptible de recurso especial; el adjudicatario formaliza en 5 días desde el requerimiento; la falta imputable al adjudicatario supone una penalidad del 3% del presupuesto base de licitación.
  • La mesa de contratación es obligatoria en los procedimientos abierto, restringido, diálogo competitivo, licitación con negociación y asociación para la innovación tramitados por Administraciones Públicas; es facultativa en el negociado sin publicidad. Su propuesta de adjudicación no crea derecho hasta la decisión del órgano de contratación.
  • Las prerrogativas de la Administración (art. 190 LCSP) —interpretar, resolver dudas, modificar, resolver el contrato y determinar sus efectos— exigen procedimiento contradictorio con audiencia al contratista; dictamen del Consejo de Estado en caso de oposición del contratista en interpretación, nulidad y resolución.
  • Se necesita autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos de valor estimado igual o superior a 12.000.000 de euros (AGE, art. 324).
  • Las prohibiciones para contratar (art. 71 LCSP) se inscriben en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público; su duración depende de la causa.
  • El régimen de invalidez distingue nulidad y anulabilidad de Derecho administrativo (remisión a la LPAC con especialidades de la LCSP, como falta de capacidad o solvencia o carencia de crédito) de las causas de Derecho civil, propias de los contratos privados.
  • Los criterios de adjudicación se basan en la mejor relación calidad-precio; si pesan más los criterios de juicio de valor que los automáticos se necesita comité de expertos; en servicios intelectuales, los criterios cualitativos deben ser al menos el 51%.
  • Pago a contratistas: 30 días desde la aprobación de certificaciones o documentos que acrediten la conformidad.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

Si el contrato no se formaliza por causas imputables al adjudicatario, ¿qué penalidad se le exige con carácter general?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Administrativo del Estado?

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, regula la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebran las entidades del sector público. Distingue distintos tipos contractuales según su objeto (obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios) y establece un régimen específico de revisión de precios, modificación contractual, invalidez y recursos (con un recurso especial en materia de contratación resuelto por órganos independientes), con el objetivo de garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la eficiente utilización de los fondos públicos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

Cinco contratos típicos: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios (arts. 13-17 LCSP); los mixtos se rigen por la prestación más importante desde el punto de vista económico. Procedimientos de adjudicación: abierto (sin negociación, por defecto), abierto simplificado, restringido (selección previa), licitación con negociación y negociado sin publicidad (supuestos tasados), diálogo competitivo, asociación para la innovación y contratos menores (< 40.000 euros obras / < 15.000 euros resto). Los contratos menores no pueden durar más de un año, ni prorrogarse, ni tener revisión de precios; se prohíbe fraccionar el objeto. Las modificaciones previstas en los pliegos tienen un límite máximo del 20% del precio inicial (art. 204); las no previstas solo caben por prestaciones adicionales o circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, sin alterar la naturaleza global del contrato y con un límite del 50% del precio inicial (art. 205). El recurso especial en materia de contratación es obligatorio, no potestativo, para los contratos y actos a los que resulta aplicable (debe agotarse antes de acudir a lo contencioso-administrativo); sustituye a los recursos administrativos ordinarios y lo resuelven órganos independientes del órgano de contratación (TACRC y equivalentes); plazo de 15 días hábiles. Contratos recurribles en vía especial: obras y concesiones con valor estimado superior a 3.000.000 euros; servicios y suministros superior a 100.000 euros. La clasificación empresarial es requisito indispensable en obras con valor estimado igual o superior a 500.000 euros; no es exigible en servicios ni suministros. El valor estimado (excluido IVA) determina si el contrato queda sujeto a regulación armonizada (SARA), con umbrales fijados por la Comisión Europea y revisados cada dos años, que exigen publicidad reforzada en el DOUE. La revisión de precios es excepcional: exige haber ejecutado el 20% del importe y haber transcurrido 2 años desde la formalización; se excluye el IPC (Ley 2/2015) y no cabe en contratos menores. La garantía definitiva es del 5% del precio final ofertado, IVA excluido (hasta un 5% adicional como complementaria); la provisional es excepcional (máximo 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido). Formalización: no antes de 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación cuando el contrato sea susceptible de recurso especial; el adjudicatario formaliza en 5 días desde el requerimiento; la falta imputable al adjudicatario supone una penalidad del 3% del presupuesto base de licitación. La mesa de contratación es obligatoria en los procedimientos abierto, restringido, diálogo competitivo, licitación con negociación y asociación para la innovación tramitados por Administraciones Públicas; es facultativa en el negociado sin publicidad. Su propuesta de adjudicación no crea derecho hasta la decisión del órgano de contratación. Las prerrogativas de la Administración (art. 190 LCSP) —interpretar, resolver dudas, modificar, resolver el contrato y determinar sus efectos— exigen procedimiento contradictorio con audiencia al contratista; dictamen del Consejo de Estado en caso de oposición del contratista en interpretación, nulidad y resolución. Se necesita autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos de valor estimado igual o superior a 12.000.000 de euros (AGE, art. 324). Las prohibiciones para contratar (art. 71 LCSP) se inscriben en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público; su duración depende de la causa. El régimen de invalidez distingue nulidad y anulabilidad de Derecho administrativo (remisión a la LPAC con especialidades de la LCSP, como falta de capacidad o solvencia o carencia de crédito) de las causas de Derecho civil, propias de los contratos privados. Los criterios de adjudicación se basan en la mejor relación calidad-precio; si pesan más los criterios de juicio de valor que los automáticos se necesita comité de expertos; en servicios intelectuales, los criterios cualitativos deben ser al menos el 51%. Pago a contratistas: 30 días desde la aprobación de certificaciones o documentos que acrediten la conformidad.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
  • Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (vigente en lo que no se oponga a la LCSP).
  • Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 47, 48 y 106, invalidez y revisión de oficio).

Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo del Estado.

Empieza gratis ahora