Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
El Título II de la Constitución regula la Corona como Jefatura del Estado: un órgano simbólico y de arbitraje cuyos actos, salvo excepciones tasadas, requieren siempre refrendo para ser válidos. La Constitución fija también las reglas de sucesión al trono y los mecanismos de regencia y tutela para los casos de minoría de edad o inhabilitación del Rey.
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes (art. 56.1). Su título es el de Rey de España y puede utilizar los demás que correspondan a la Corona (art. 56.2). Funciones del art. 62: a) sancionar y promulgar las leyes; b) convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; c) convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución; d) proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones; e) nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente; f) expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes; g) ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; h) el mando supremo de las Fuerzas Armadas; i) ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales; j) el Alto Patronazgo de las Reales Academias.
El refrendo (art. 64 CE) y la inviolabilidad regia
Los actos del Rey están sujetos a refrendo del Presidente del Gobierno y, en su caso, de los Ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el art. 99 son refrendados por el Presidente del Congreso (art. 64.1). Sin refrendo, los actos del Rey carecen de validez, salvo lo dispuesto en el art. 65.2 (nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa). De los actos del Rey responde la persona que los refrenda (art. 64.2); el propio Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3).
Sucesión a la Corona (art. 57 CE)
La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación, prefiriendo la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos (art. 57.1). El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España (art. 57.3).
Regencia y tutela (arts. 59 y 60 CE)
Si el Rey fuere menor de edad, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el padre o la madre del Rey, o el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución; si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad, entrará a ejercer la Regencia el Príncipe heredero, si fuera mayor de edad, y en su defecto se procede como en el caso de minoría de edad (art. 59). La Regencia se ejerce siempre en nombre del Rey y con arreglo a la Constitución. La tutela del Rey menor corresponde a la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad; en su defecto, al padre o madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, a la persona que designen las Cortes Generales (art. 60).
La Corona en el Título II CE (arts. 56 a 65)
El art. 56.1 CE define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Es una magistratura simbólica y arbitral, hereditaria, no ejecutiva.
Irresponsabilidad regia y refrendo (arts. 56.3 y 64 CE)
La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos serán siempre refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes; la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99 se refrendan por el Presidente del Congreso. Sin refrendo, los actos del Rey carecen de validez, salvo la distribución de la Casa Real (art. 65.2 CE). De los actos del Rey son responsables quienes los refrendan.
El orden regular de sucesión a la Corona (art. 57.1 CE)
Se sigue el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. El art. 57.4 excluye de la sucesión a quien, teniendo derecho, contraiga matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales.
Extinción de líneas sucesorias y abdicaciones (art. 57.3 y 5 CE)
Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España (art. 57.3). Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión se resolverán por una ley orgánica (art. 57.5), como ocurrió con la Ley Orgánica 3/2014 que hizo efectiva la abdicación de Juan Carlos I.
La regencia (art. 59 CE)
Procede cuando el Rey sea menor de edad (ejercida inmediatamente por el padre o la madre del Rey, o, en su defecto, por el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden de la Constitución) o quede inhabilitado, siempre que las Cortes Generales reconozcan la imposibilidad (en ese caso la ejerce el Príncipe heredero, si fuera mayor de edad, y si no, se procede como en la minoría). Si no hubiese ninguna persona a quien corresponda, la Regencia es nombrada por las Cortes Generales y se compone de una, tres o cinco personas (art. 59.3). Para ejercerla es preciso ser español y mayor de edad (art. 59.4). Se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey (art. 59.5).
La tutela del Rey menor (art. 60 CE)
Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no la hubiese nombrado, será tutor su padre o su madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales (art. 60.1). No pueden acumularse los cargos de Regente y de tutor, salvo cuando se trate del padre, la madre o los ascendientes directos del Rey (art. 60.1 in fine). El ejercicio de la tutela es además incompatible con el de todo cargo o representación política (art. 60.2).
El juramento del Rey y del Príncipe heredero (art. 61 CE)
El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.
Funciones del Rey: sancionar y promulgar las leyes (art. 62.a y 91 CE)
El Rey sancionará, en el plazo de 15 días, las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación (art. 91 CE). No existe veto regio: el Rey está obligado a sancionar toda ley válidamente aprobada dentro del plazo fijado, en coherencia con su papel simbólico, nunca decisorio. La sanción convierte el texto aprobado por las Cortes en ley; la promulgación certifica su existencia y ordena su cumplimiento; la publicación en el BOE determina su entrada en vigor, normalmente a los veinte días salvo que la propia ley disponga otra cosa (art. 2.1 del Código Civil).
Convocar y disolver las Cortes Generales (art. 62.b CE)
Corresponde al Rey convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución (art. 62.b). La disolución puede ser discrecional (art. 115 CE, propuesta por el Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros), obligatoria tras investidura fallida transcurridos dos meses desde la primera votación (art. 99.5 CE) o necesaria en la reforma constitucional agravada (art. 168 CE). No puede proponerse la disolución cuando esté en trámite una moción de censura ni durante los estados de alarma, excepción o sitio (art. 116.5); tampoco antes de transcurrido un año desde la anterior disolución (art. 115.2). El decreto de disolución fija la fecha de las elecciones y exige refrendo del Presidente del Gobierno, salvo en el supuesto del art. 99.5, refrendado por el Presidente del Congreso.
Convocar referéndum (art. 62.c CE)
Corresponde al Rey convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución, siendo el más relevante el referéndum consultivo del art. 92 CE sobre decisiones políticas de especial trascendencia, convocado a propuesta del Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados. Es siempre un acto debido que exige refrendo.
Proponer y nombrar al Presidente del Gobierno (art. 62.d y 99 CE)
Tras cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes de los grupos parlamentarios, propone a través del Presidente del Congreso un candidato a la Presidencia del Gobierno, que solicita la confianza de la Cámara (mayoría absoluta en primera votación, mayoría simple 48 horas después en segunda). Obtenida la confianza, el Rey le nombra.
Nombramientos que corresponden al Rey (art. 62.e a g CE)
Corresponde al Rey expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes (art. 62.f); ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno (art. 62.g); y nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente (art. 62.e).
El mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62.h CE)
Atribuido al Rey, es un mando simbólico e institucional, no operativo: la dirección efectiva de la Administración militar y de la política de defensa corresponde al Gobierno (art. 97 CE), ejercida a través del Ministerio de Defensa. Expresa la unidad de las Fuerzas Armadas bajo la Jefatura del Estado, sin habilitar decisiones operativas al margen del refrendo gubernamental.
El derecho de gracia y el Alto Patronazgo de las Reales Academias (art. 62.i y j CE)
El Rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley (hoy la Ley de 18 de junio de 1870 que establece reglas para el ejercicio de la gracia de indulto), que no podrá autorizar indultos generales (art. 62.i CE). El indulto es siempre particular y se concede por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado; el Rey no decide. Esta prohibición no se extiende a la amnistía, que no es una medida de gracia sino una decisión legislativa con otro fundamento y que, en lo relativo a su constitucionalidad, ha sido objeto de debate y de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El Alto Patronazgo de las Reales Academias es una función puramente honorífica y simbólica, sin contenido ejecutivo sobre su gobierno o actividad.
Funciones del Rey en materia internacional (art. 63 CE)
El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos; los representantes extranjeros en España están acreditados ante él; manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes; y, previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz.
La Casa del Rey (art. 65 CE)
El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma (art. 65.1). El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2): es el único acto regio que no requiere refrendo (art. 56.3). La Casa de S. M. el Rey es un organismo de apoyo a la institución, no una Administración pública; no obstante, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la somete a sus obligaciones de transparencia en cuanto a sus actividades sujetas a Derecho administrativo.
Nombramientos constitucionales del Rey fuera del art. 62: lista de memoria
El Rey nombra, a propuesta de otros órganos y siempre con refrendo: al Presidente del Gobierno (art. 99) y a los Ministros (62.e); al Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ (arts. 123.2 y 122.3, a propuesta del CGPJ); a los 20 vocales del CGPJ (art. 122.3); a los magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159.1) y a su Presidente (art. 160); al Fiscal General del Estado a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124.4); y a los Presidentes de las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos lo prevén (art. 152.1). Trampa típica: el Defensor del Pueblo no es nombrado por el Rey, sino elegido por las Cortes Generales (art. 54).
Inviolabilidad, responsabilidad y aforamiento (arts. 56.3 y 64 CE)
La inviolabilidad del Rey implica que no está sujeto a responsabilidad política, civil ni penal por sus actos; la responsabilidad se traslada a quien refrenda (art. 64.2). El único acto sin refrendo es el del art. 65.2. El art. 55 bis LOPJ atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el enjuiciamiento de la Reina o el Rey que hubiere abdicado y su consorte, de la Reina consorte o el consorte de la Reina, y del Príncipe o Princesa de Asturias y su consorte. Las SSTC 98/2019 y 111/2019 han entendido que la inviolabilidad del art. 56.3 CE es un privilegio sustantivo, de alcance absoluto, que impide cualquier censura o reproche jurídico o político sobre la persona del Rey, y que no se extiende a los actos refrendados, de los que responde el refrendante.
El refrendo: sujetos y alcance
Refrendan los actos del Rey: el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes (art. 64.1), y el Presidente del Congreso en tres supuestos: la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, el nombramiento de este y la disolución del art. 99.5 (que no refrenda el Presidente del Gobierno porque aún no hay Gobierno con confianza parlamentaria). El refrendo no es un acto de mera formalidad: es un acto de asunción de responsabilidad que se documenta con la firma del refrendante al pie del acto del Rey. Si el refrendo falta, el acto carece de validez, salvo el art. 65.2.
El Príncipe heredero y la actual sucesión
El heredero de la Corona tiene, desde su nacimiento o desde que se produce el hecho que origina el llamamiento, la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor (art. 57.2). Don Felipe VI fue proclamado Rey ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I efectiva por la LO 3/2014, de 18 de junio. Su hija mayor, Doña Leonor, Princesa de Asturias, prestó juramento de fidelidad al Rey y a la Constitución ante las Cortes Generales el 31 de octubre de 2023, al alcanzar la mayoría de edad (art. 61.2 CE). El art. 58 impide que la Reina consorte o el consorte de la Reina asuman funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
Funciones del Rey en el Estado autonómico y en la representación exterior
En el ámbito territorial, la Corona participa mediante el nombramiento de los Presidentes de las Comunidades Autónomas (art. 152.1), la sanción y promulgación de los Estatutos de Autonomía como leyes orgánicas y la promulgación de las leyes autonómicas (que promulgan en su nombre los Presidentes autonómicos, ordenando su publicación en el diario oficial de la Comunidad y en el BOE). En el exterior, el Rey acredita a los embajadores (art. 63.1), manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados (art. 63.2) y, previa autorización de las Cortes, declara la guerra y hace la paz (art. 63.3). Las atribuciones del art. 63 son actos debidos del Rey, formalizados con el refrendo correspondiente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Sin refrendo, los actos del Rey carecen de validez (art. 64.1 CE), salvo el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2).
El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3 CE); de sus actos responde siempre quien los refrenda.
Orden regular de sucesión (art. 57.1): primogenitura y representación, línea anterior antes que posteriores; en igual línea, grado más próximo; en igual grado, varón antes que mujer; en igual sexo, más edad antes que menos.
Queda excluido de la sucesión quien, teniendo derecho a ella, contraiga matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales (art. 57.4).
Las abdicaciones, renuncias y cualquier duda sobre el orden de sucesión se resuelven por ley orgánica (art. 57.5) — así se hizo con la abdicación de Juan Carlos I (LO 3/2014).
Regencia (Rey menor o inhabilitado) y tutela (Rey menor) son figuras distintas: la Regencia ejerce las funciones del Rey; la tutela vela por su persona. No pueden acumularse los cargos de Regente y tutor, salvo el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey (art. 60.1); la tutela es además incompatible con todo cargo o representación política (art. 60.2).
El Regente puede ser el padre o la madre del Rey, o el pariente mayor de edad más próximo a suceder; en su defecto lo nombran las Cortes (1, 3 o 5 personas); requiere ser español y mayor de edad.
El Tutor será quien designe el Rey difunto en testamento (mayor de edad, español de nacimiento); en su defecto, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; en último término, lo nombran las Cortes Generales.
No existe veto regio: el Rey está obligado a sancionar en el plazo de 15 días toda ley válidamente aprobada por las Cortes (arts. 62.a y 91 CE).
El mando supremo de las Fuerzas Armadas atribuido al Rey (art. 62.h) es simbólico e institucional: la dirección efectiva corresponde al Gobierno (art. 97 CE).
El Rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no puede autorizar indultos generales (art. 62.i); el Alto Patronazgo de las Reales Academias (art. 62.j) es función puramente honorífica.
Corresponde al Rey acreditar a los embajadores, manifestar el consentimiento del Estado para obligarse por tratados y, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz (art. 63).
La Casa del Rey distribuye libremente la asignación global de los Presupuestos Generales del Estado, y el Rey nombra y releva libremente a sus miembros civiles y militares (art. 65).
El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes, al asumir sus funciones, prestan el mismo juramento que el Rey, más el de fidelidad a este (art. 61).
Las funciones del art. 62 se ordenan de la letra a) a la j): sancionar y promulgar; convocar y disolver Cortes; referéndum; Presidente del Gobierno; Ministros; decretos, empleos y honores; informado y presidir el Consejo de Ministros a petición del Presidente; mando supremo; derecho de gracia; Alto Patronazgo.
El Rey no nombra al Defensor del Pueblo (lo eligen las Cortes) ni a los Magistrados del TC por iniciativa propia: los nombra a propuesta de Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ (art. 159.1).
Refrenda el Presidente del Congreso, y no el del Gobierno: la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99.5 (art. 64.1).
Art. 58: la Reina consorte o el consorte de la Reina no pueden asumir funciones constitucionales, salvo la Regencia; art. 57.2: el heredero tiene la dignidad de Príncipe de Asturias.
La disolución discrecional (art. 115) no procede con moción de censura en trámite, en estados del art. 116 ni antes de un año desde la anterior disolución.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Qué ocurre con los actos del Rey que carecen del refrendo exigido por el art. 64 CE?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Administrativo del Estado?
El Título II de la Constitución regula la Corona como Jefatura del Estado: un órgano simbólico y de arbitraje cuyos actos, salvo excepciones tasadas, requieren siempre refrendo para ser válidos. La Constitución fija también las reglas de sucesión al trono y los mecanismos de regencia y tutela para los casos de minoría de edad o inhabilitación del Rey.
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
Sin refrendo, los actos del Rey carecen de validez (art. 64.1 CE), salvo el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2). El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3 CE); de sus actos responde siempre quien los refrenda. Orden regular de sucesión (art. 57.1): primogenitura y representación, línea anterior antes que posteriores; en igual línea, grado más próximo; en igual grado, varón antes que mujer; en igual sexo, más edad antes que menos. Queda excluido de la sucesión quien, teniendo derecho a ella, contraiga matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales (art. 57.4). Las abdicaciones, renuncias y cualquier duda sobre el orden de sucesión se resuelven por ley orgánica (art. 57.5) — así se hizo con la abdicación de Juan Carlos I (LO 3/2014). Regencia (Rey menor o inhabilitado) y tutela (Rey menor) son figuras distintas: la Regencia ejerce las funciones del Rey; la tutela vela por su persona. No pueden acumularse los cargos de Regente y tutor, salvo el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey (art. 60.1); la tutela es además incompatible con todo cargo o representación política (art. 60.2). El Regente puede ser el padre o la madre del Rey, o el pariente mayor de edad más próximo a suceder; en su defecto lo nombran las Cortes (1, 3 o 5 personas); requiere ser español y mayor de edad. El Tutor será quien designe el Rey difunto en testamento (mayor de edad, español de nacimiento); en su defecto, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; en último término, lo nombran las Cortes Generales. No existe veto regio: el Rey está obligado a sancionar en el plazo de 15 días toda ley válidamente aprobada por las Cortes (arts. 62.a y 91 CE). El mando supremo de las Fuerzas Armadas atribuido al Rey (art. 62.h) es simbólico e institucional: la dirección efectiva corresponde al Gobierno (art. 97 CE). El Rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no puede autorizar indultos generales (art. 62.i); el Alto Patronazgo de las Reales Academias (art. 62.j) es función puramente honorífica. Corresponde al Rey acreditar a los embajadores, manifestar el consentimiento del Estado para obligarse por tratados y, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz (art. 63). La Casa del Rey distribuye libremente la asignación global de los Presupuestos Generales del Estado, y el Rey nombra y releva libremente a sus miembros civiles y militares (art. 65). El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes, al asumir sus funciones, prestan el mismo juramento que el Rey, más el de fidelidad a este (art. 61). Las funciones del art. 62 se ordenan de la letra a) a la j): sancionar y promulgar; convocar y disolver Cortes; referéndum; Presidente del Gobierno; Ministros; decretos, empleos y honores; informado y presidir el Consejo de Ministros a petición del Presidente; mando supremo; derecho de gracia; Alto Patronazgo. El Rey no nombra al Defensor del Pueblo (lo eligen las Cortes) ni a los Magistrados del TC por iniciativa propia: los nombra a propuesta de Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ (art. 159.1). Refrenda el Presidente del Congreso, y no el del Gobierno: la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99.5 (art. 64.1). Art. 58: la Reina consorte o el consorte de la Reina no pueden asumir funciones constitucionales, salvo la Regencia; art. 57.2: el heredero tiene la dignidad de Príncipe de Asturias. La disolución discrecional (art. 115) no procede con moción de censura en trámite, en estados del art. 116 ni antes de un año desde la anterior disolución.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229). Título II (arts. 56-65).
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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