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Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento español. Fija los valores superiores y los principios de actuación de los poderes públicos, reconoce un extenso catálogo de derechos y deberes fundamentales con distintos niveles de garantía y contempla mecanismos excepcionales de suspensión, un Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la norma fundamental, la figura del Defensor del Pueblo como comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos, y dos procedimientos de reforma según la trascendencia de la materia afectada.

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Estructura, valores superiores y principios (arts. 1 y 9.3 CE)

La Constitución consta de un preámbulo, un Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. El art. 1 define España como "un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político" (1.1); la soberanía nacional reside en el pueblo español (1.2); y la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (1.3). El art. 9.3 garantiza, además, siete principios distintos de esos valores: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es habitual que los exámenes mezclen ambos preceptos para comprobar que no se confunden.

Derechos y deberes fundamentales (Título I, arts. 10-55)

El Título I se abre con el art. 10 (dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político) y el art. 14 (igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición o circunstancia personal o social). El Capítulo II se divide en la Sección 1ª "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas" (arts. 15-29: vida, libertad ideológica, libertad y seguridad, honor e intimidad, libertad de expresión, reunión, asociación, participación, tutela judicial efectiva, legalidad penal, educación, sindicación y huelga) y la Sección 2ª "De los derechos y deberes de los ciudadanos" (arts. 30-38: defensa de España, tributos, propiedad privada, negociación colectiva, libertad de empresa). El Capítulo III recoge los principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52).

Garantía y suspensión de los derechos (arts. 53 y 55 CE)

El art. 53 gradúa la protección: los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que deberá respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio (53.1); además, el recurso de inconstitucionalidad es la vía de control frente a leyes que los vulneren. Los del art. 14, la Sección 1ª y la objeción de conciencia del art. 30 gozan de tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (53.2). Los principios rectores del Capítulo III informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (53.3). El art. 55.1 permite suspender, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, los derechos de los arts. 17 (libertad y seguridad), 18.2 y 18.3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), 19 (residencia y circulación), 20.1.a) y d) y 20.5 (expresión e información y secuestro de publicaciones), 21 (reunión), 28.2 (huelga) y 37.2 (conflicto colectivo); en el estado de excepción no cabe suspender el plazo de 72 horas de la detención del art. 17.3. El art. 55.2 prevé una suspensión individual para personas relacionadas con investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, mediante ley orgánica, con intervención judicial y control parlamentario.

El Tribunal Constitucional (Título IX, arts. 159-165 CE; LO 2/1979)

Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, 4 a propuesta del Senado con la misma mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1). Su mandato es de 9 años, renovándose por terceras partes cada 3. Entre sus competencias (art. 161 CE y LOTC): el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones con rango de ley; el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del art. 53.2; los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí; los conflictos entre órganos constitucionales del Estado; y el control previo de constitucionalidad de tratados internacionales.

El Defensor del Pueblo (art. 54 CE; LO 3/1981)

Es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, pudiendo supervisar a tal efecto la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales (art. 54 CE). Es elegido por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5 en cada Cámara, para un mandato de 5 años; goza de inviolabilidad y no está sujeto a mandato imperativo. Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos de la Administración pública, está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, y presenta un informe anual a las Cortes Generales.

La reforma de la Constitución (Título X, arts. 166-169 CE)

El procedimiento ordinario (art. 167) exige la aprobación por mayoría de 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, se intenta mediante una comisión mixta paritaria, y si aun así no se logra la mayoría de 3/5 en el Senado, el Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de 2/3 siempre que el Senado la hubiera aprobado por mayoría absoluta; aprobada la reforma, cabe referéndum si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los 15 días siguientes. El procedimiento agravado (art. 168), reservado a la revisión total o a la de las partes más sensibles (Título Preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I, o Título II de la Corona), exige aprobación del principio de reforma por 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras, nueva aprobación del texto por 2/3 de ambas y referéndum de ratificación obligatorio.

El Título Preliminar (arts. 1 a 9 CE): contenido general

El Título Preliminar condensa las decisiones políticas fundamentales del constituyente: forma de Estado y valores superiores (art. 1), unidad de la Nación y derecho a la autonomía (art. 2), régimen lingüístico (art. 3), bandera (art. 4), capital (art. 5), partidos políticos (art. 6), sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), Fuerzas Armadas (art. 8) y sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento, con los principios del art. 9.3.

La soberanía nacional y la forma política del Estado (art. 1.2 y 1.3 CE)

El art. 1.2 CE dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El art. 1.3 CE declara que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria: el Rey reina pero no gobierna, y la confianza que sostiene al Gobierno procede de las Cortes, no de la Corona.

Unidad de la Nación y derecho a la autonomía (art. 2 CE)

El art. 2 CE equilibra dos principios: la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, junto con la solidaridad entre todas ellas. Es el precepto matriz del Estado autonómico desarrollado en el Título VIII.

El régimen lingüístico constitucional (art. 3 CE)

El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla (art. 3.1). El art. 35.1 también formula el trabajo como deber y derecho, y el art. 30.1 configura el deber de defender a España, por lo que el art. 3 no es el único precepto que combina derecho y deber. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos (art. 3.2), y la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección (art. 3.3).

Bandera, capital y símbolos del Estado (arts. 4 y 5 CE)

La bandera de España es la roja y gualda, de tres franjas horizontales roja-amarilla-roja, siendo la amarilla de doble anchura. Los Estatutos pueden reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, que se utilizarán junto a la de España en edificios públicos y actos oficiales. El art. 5 CE fija la capital del Estado en la villa de Madrid, precepto cerrado sin remisión a desarrollo legal ni estatutario.

Partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales (arts. 6 y 7 CE)

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación de la voluntad popular y son instrumento fundamental de participación; los sindicatos y asociaciones empresariales defienden y promueven intereses económicos y sociales. Ambos tienen creación y actividad libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y deben tener estructura interna y funcionamiento democráticos.

Las Fuerzas Armadas (art. 8 CE)

Constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regula las bases de la organización militar. El mando supremo corresponde al Rey (art. 62.h CE), con carácter simbólico, mientras que la dirección efectiva de la Administración militar corresponde al Gobierno (art. 97 CE).

Clasificación de derechos y deberes: los cinco capítulos del Título I

El Título I (arts. 10 a 55) se divide en Capítulo I, españoles y extranjeros (arts. 11-13); Capítulo II, derechos y libertades (arts. 14-38), con la Sección 1ª de derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15-29) y la Sección 2ª de derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38); Capítulo III, principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52); Capítulo IV, garantías (arts. 53-54); y Capítulo V, suspensión (art. 55). Esta clasificación determina el nivel de garantía de cada derecho.

La dignidad de la persona y la interpretación conforme a tratados internacionales (art. 10 CE)

El art. 10.1 CE proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social. El art. 10.2 CE fija una regla interpretativa esencial: las normas sobre derechos fundamentales se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

Españoles y extranjeros (Capítulo I, arts. 11 a 13 CE)

Art. 11: la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con lo establecido por la ley (11.1); ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad (11.2); el Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con los que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España (11.3). Art. 12: los españoles son mayores de edad a los 18 años. Art. 13: los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley (13.1); solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales (13.2, texto vigente tras la reforma constitucional de 1992, que añadió «y pasivo»); la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y quedan excluidos los delitos políticos, sin que se consideren como tales los actos de terrorismo (13.3); la ley establecerá los términos del derecho de asilo (13.4).

Los derechos fundamentales de la Sección 1ª (arts. 14 a 29 CE)

Encabezada por el art. 14 (igualdad ante la ley), la Sección 1ª agrupa entre otros: vida e integridad (art. 15), libertad ideológica y religiosa (art. 16), libertad y seguridad (art. 17), honor e intimidad (art. 18), libertad de residencia y circulación (art. 19), libertad de expresión e información (art. 20), reunión (art. 21), asociación (art. 22), participación política (art. 23), tutela judicial efectiva (art. 24), legalidad penal (art. 25), educación (art. 27), libertad sindical y huelga (art. 28) y petición (art. 29).

Derechos y deberes de los ciudadanos de la Sección 2ª (arts. 30 a 38 CE)

Comprende el deber de defender a España y la objeción de conciencia (art. 30), el deber de contribuir a los gastos públicos (art. 31), el derecho a contraer matrimonio (art. 32), a la propiedad privada y herencia (art. 33), de fundación (art. 34), al trabajo (art. 35), los colegios profesionales (art. 36), la negociación colectiva (art. 37) y la libertad de empresa (art. 38). No exigen ley orgánica para su desarrollo, a diferencia de la Sección 1ª.

Los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III, arts. 39 a 52)

Desarrollan el mandato de Estado social del art. 1.1 CE: protección de la familia (art. 39), pleno empleo (art. 40), Seguridad Social (art. 41), salud (art. 43), medio ambiente (art. 45), vivienda digna (art. 47), personas con discapacidad (art. 49) y tercera edad (art. 50), entre otros. Conforme al art. 53.3 CE, solo informan la legislación positiva y son alegables ante los tribunales según lo que dispongan las leyes de desarrollo: no son directamente exigibles como derechos subjetivos autónomos.

Las garantías generales del art. 53 CE

Resumen por niveles de protección: (1) Todos los derechos del Capítulo II: vinculación de todos los poderes públicos, reserva de ley y respeto del contenido esencial (53.1; doctrina del TC desde la STC 11/1981: el contenido esencial es aquello que hace reconocible el derecho y sin lo cual dejaría de serlo). (2) Art. 14, Sección 1ª y objeción de conciencia: además, procedimiento preferente y sumario y recurso de amparo (53.2), y reserva de ley orgánica para su desarrollo (art. 81.1). (3) Capítulo III: solo informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (53.3). Las garantías institucionales complementan lo anterior: el Defensor del Pueblo (art. 54), el Tribunal Constitucional (arts. 159-165), el control de la ley por el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad, y la rigidez de la reforma agravada (art. 168) para los derechos de la Sección 1ª.

El recurso de amparo constitucional

Mecanismo extraordinario y subsidiario ante el Tribunal Constitucional para tutelar los derechos del art. 14, de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) y la objeción de conciencia (art. 30.2). Puede dirigirse contra disposiciones, actos jurídicos o vías de hecho de los poderes públicos (Parlamento: actos sin valor de ley; Gobierno y Administración; y órganos judiciales por acciones u omisiones). Están legitimados la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b CE). Es subsidiario: exige agotar previamente la vía judicial ordinaria y haber invocado el derecho vulnerado en el proceso en cuanto fuera posible. Plazos: 30 días hábiles contados desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial (art. 44.2 LOTC) y 3 meses frente a actos o disposiciones de la Administración o del Gobierno (art. 43.2 LOTC). Desde la reforma de la LO 6/2007 la admisión exige que el recurso tenga especial trascendencia constitucional (art. 50.1.b LOTC), por su importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación o su general eficacia, o para la determinación del contenido de los derechos fundamentales.

La reserva de ley orgánica para derechos fundamentales (art. 81 CE)

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª más art. 14), los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE).

Composición y mandato del Tribunal Constitucional (art. 159 CE)

Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado (ambos por mayoría de 3/5), 2 a propuesta del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial. Mandato de 9 años, con renovación por terceras partes cada 3 años. Deben ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.

Las competencias del Tribunal Constitucional (art. 161 CE y LOTC)

El recurso de inconstitucionalidad (control abstracto, iniciado por sujetos legitimados frente a leyes o normas con rango de ley, incluidos Estatutos de Autonomía, tratados internacionales y reglamentos parlamentarios) y la cuestión de inconstitucionalidad (planteada por un juez cuando, al aplicar una norma con rango de ley, dude de su constitucionalidad en un litigio concreto); el recurso de amparo; los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí (con requerimiento previo de incompetencia); los conflictos entre órganos constitucionales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y CGPJ); el conflicto en defensa de la autonomía local (LO 7/1999); el control previo de tratados internacionales (art. 95.2 CE, a requerimiento del Gobierno o de cualquiera de las Cámaras); y la impugnación por el Gobierno de las disposiciones y resoluciones sin fuerza de ley de las Comunidades Autónomas (art. 161.2 CE), cuya invocación produce la suspensión automática que el TC debe ratificar o levantar en el plazo máximo de cinco meses. El art. 161.1.d) permite atribuirle por ley orgánica otras materias.

Diferencia entre recurso y cuestión de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad es un control abstracto y directo, promovido por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 162.1.a CE), dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la norma (art. 33.1 LOTC); este plazo puede ampliarse a 9 meses, conforme al art. 33.2 LOTC, cuando el Presidente del Gobierno o el órgano colegiado ejecutivo de una Comunidad Autónoma inicien negociaciones en la Comisión Bilateral de Cooperación para resolver las discrepancias. La cuestión de inconstitucionalidad la plantea un órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, mediante auto motivado, cuando la validez de la norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo le suscita dudas; antes de plantearla oye a las partes y al Ministerio Fiscal por un plazo común e improrrogable de 10 días (art. 35 LOTC y art. 163 CE). El proceso queda suspendido hasta que el TC resuelva sobre la admisión y el fondo.

Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el BOE con los votos particulares, si los hubiere, y tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación; no cabe recurso alguno contra ellas (art. 164.1 CE). Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad (art. 164.2). Las que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley tienen plenos efectos frente a todos (erga omnes). Por regla general, la declaración de inconstitucionalidad no permite revisar los procesos ya resueltos por sentencia con fuerza de cosa juzgada en que se aplicó la norma, salvo en procesos penales o contencioso-administrativos sancionadores en que resulte una reducción de la pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad (art. 40.1 LOTC). Si la sentencia inconstitucional se produce sobre una norma interpretada por la jurisprudencia, esta queda afectada, sin perder las sentencias ya dictadas su valor de cosa juzgada (art. 161.1.a CE).

El Defensor del Pueblo: designación y estatuto (art. 54 CE y LO 3/1981)

Alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I, regulado en el art. 54 CE y en la LO 3/1981, de 6 de abril. Se elige mediante propuesta de la Comisión Mixta Congreso-Senado y votación favorable de 3/5 de cada Cámara, para un mandato de 5 años. Pueden serlo los españoles mayores de edad que se hallen en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Goza de inviolabilidad, no está sujeto a mandato imperativo, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y actúa con independencia y según su criterio; es incompatible con todo mandato representativo, cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo en cualquier Administración pública, la afiliación a un partido político o el ejercicio de funciones directivas en un sindicato, asociación o fundación, y con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y de cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Cesa por renuncia, expiración del plazo, muerte o incapacidad sobrevenida, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo o por haber sido condenado en sentencia firme por delito doloso. Es una institución de garantía no jurisdiccional, inspirada en el Ombudsman escandinavo, que cuenta con dos Adjuntos que le auxilian y a los que puede delegar funciones; los nombra el propio Defensor previa conformidad de las Cámaras.

Funciones y legitimación procesal del Defensor del Pueblo

Supervisa la actividad de la Administración y de sus agentes, y también la de los entes privados que prestan servicios públicos, dando cuenta a las Cortes mediante un informe anual (y, en su caso, informes extraordinarios) que presenta ante el Pleno de las Cámaras. Puede iniciar de oficio o a instancia de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos y resoluciones de la Administración; la queja se presenta por escrito firmado y motivado, en el plazo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos, es gratuita y no exige abogado ni procurador. La queja no suspende los plazos para recurrir en vía administrativa o judicial. Está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo. No investiga las quejas pendientes de resolución judicial (si el asunto se somete a los tribunales, suspende su actuación), pero sí vela por que la Administración resuelva expresamente. Si aprecia indicios de delito, lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. Desde 2009 ejerce además las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura).

Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y LO 4/1981)

La LO 4/1981, de 1 de junio, regula los tres estados. Alarma: lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso, que debe reunirse inmediatamente; la prórroga requiere autorización del Congreso. Procede ante catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias (epidemias), paralización de servicios públicos esenciales o desabastecimiento de productos de primera necesidad; no permite suspender derechos fundamentales, solo limitarlos. Excepción: el Gobierno la declara mediante decreto, previa autorización del Congreso, ante una alteración grave del libre ejercicio de los derechos, del funcionamiento de las instituciones democráticas, de los servicios públicos esenciales o del orden público; dura como máximo 30 días, prorrogables por otros 30 con autorización del Congreso, y permite suspender los derechos del art. 55.1. Sitio: lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno, ante insurrección o acto de fuerza contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios; el Congreso determina su ámbito, duración y condiciones. Durante cualquiera de los tres no puede disolverse el Congreso y las Cámaras quedan automáticamente convocadas; el funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado no se interrumpe (art. 116.5) y el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes subsiste (art. 116.6). Jurisprudencia: las SSTC 148/2021 y 183/2021 sobre el estado de alarma por la COVID-19 declararon inconstitucionales parte de las medidas del primer decreto y de la prórroga de seis meses, por exceder la mera limitación de derechos.

La suspensión individual de derechos en investigaciones de terrorismo (art. 55.2 CE)

Distinta de la suspensión general, permite que una ley orgánica autorice, de forma individual, con intervención judicial y control parlamentario, la suspensión de los derechos de los arts. 17.2 (plazo de detención) y 18.2 y 3 (domicilio y comunicaciones) respecto de personas concretas investigadas por actuación de bandas armadas o terroristas. Su utilización injustificada genera responsabilidad penal por violación de derechos.

La iniciativa de la reforma constitucional y el límite temporal del art. 169 CE

La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 166, que remite al art. 87.1 y 87.2), quedando excluida la iniciativa popular (art. 87.3 en relación con el art. 166). El art. 169 CE prohíbe iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra o vigente alguno de los estados del art. 116 (alarma, excepción o sitio), garantía frente a reformas impuestas en contextos de excepcionalidad.

El referéndum en el procedimiento ordinario de reforma (art. 167.3 CE)

Aprobada la reforma por el procedimiento ordinario del art. 167 CE, deberá someterse a referéndum para su ratificación cuando lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los 15 días siguientes a su aprobación: es, por tanto, un referéndum facultativo, a diferencia del referéndum obligatorio del procedimiento agravado del art. 168 CE.

Origen y aprobación de la Constitución de 1978

El texto fue aprobado por el Congreso y el Senado el 31 de octubre de 1978, ratificado en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionado por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre y publicado en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor. Los tres cierres sucesivos (aprobación, referéndum, sanción) y la fecha de publicación son datos de examen. Estructura: Preámbulo (sin valor normativo en sentido estricto, pero con valor interpretativo), Título Preliminar (arts. 1-9), Título I (arts. 10-55), Título II (Corona, 56-65), Título III (Cortes, 66-96), Título IV (Gobierno y Administración, 97-107), Título V (relaciones Gobierno-Cortes, 108-116), Título VI (Poder Judicial, 117-127), Título VII (Economía y Hacienda, 128-136), Título VIII (organización territorial, 137-158), Título IX (Tribunal Constitucional, 159-165) y Título X (reforma, 166-169).

Eficacia normativa de la Constitución (arts. 9.1, 9.2, 10.2 y 93 CE)

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1): la Constitución es norma jurídica directamente aplicable. El art. 9.2 impone a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social: es la cláusula de la igualdad material. El art. 10.2 sirve de canon interpretativo (Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados ratificados, de modo que el Convenio Europeo de Derechos Humanos y su jurisprudencia orientan la interpretación de los derechos). El art. 93 permite autorizar mediante ley orgánica la celebración de tratados que atribuyan a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, base de la integración en la Unión Europea.

Detalle de derechos de la Sección 1ª que más se preguntan (arts. 15 a 29 CE)

Art. 15: derecho a la vida y a la integridad física y moral; prohibición de tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes; abolida la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempo de guerra. Art. 16: libertad ideológica, religiosa y de culto sin más limitación que el mantenimiento del orden público; nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; ninguna confesión tendrá carácter estatal. Art. 17: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, como máximo, 72 horas, tras las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial; habeas corpus (17.4). Art. 18: honor, intimidad y propia imagen; inviolabilidad del domicilio (solo con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito); secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial; límites al uso de la informática. Art. 19: libertad de residencia y circulación por el territorio nacional y de entrar y salir de España. Art. 20: libertades de expresión, producción literaria y científica, cátedra e información veraz; no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa; el secuestro de publicaciones solo procede por resolución judicial. Art. 21: reunión pacífica y sin armas, sin autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones basta la comunicación previa a la autoridad. Art. 22: asociación; las asociaciones solo pueden disolverse o suspenderse por resolución judicial motivada; están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Art. 23: participación en los asuntos públicos y acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Art. 24: tutela judicial efectiva, juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y asistencia de letrado, proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, presunción de inocencia. Art. 25: legalidad penal; la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad. Art. 26: prohibición de los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Art. 27: educación; enseñanza básica obligatoria y gratuita. Art. 28: sindicación y huelga; la ley podrá limitar o exceptuar la sindicación de las Fuerzas o Institutos armados y de los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar. Art. 29: derecho de petición individual y colectiva por escrito; los miembros de las Fuerzas o Institutos armados solo pueden ejercerlo individualmente.

Detalle de la Sección 2ª y de los principios rectores más examinados

Art. 30: el deber y el derecho de defender a España; la ley fijará las obligaciones militares de los españoles, regulará la objeción de conciencia y podrá imponer un servicio civil; puede establecerse un deber en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Art. 31: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio; solo por ley se establecen prestaciones personales o patrimoniales. Art. 33: derecho a la propiedad privada y a la herencia, con la función social que delimite la ley; nadie puede ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. Art. 35: deber de trabajar y derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente. Art. 37: derecho a la negociación colectiva y a adoptar medidas de conflicto colectivo. Art. 38: libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Principios rectores: art. 39 (protección de la familia y de la infancia), art. 40 (progreso social y económico; pleno empleo), art. 41 (régimen público de Seguridad Social), art. 43 (protección de la salud), art. 44 (cultura), art. 45 (medio ambiente), art. 46 (patrimonio histórico), art. 47 (vivienda digna), art. 48 (juventud), art. 49 (personas con discapacidad, redactado por la reforma de 2024), art. 50 (tercera edad) y art. 51 (consumidores).

Organización y estatuto del Tribunal Constitucional (arts. 159 y 160 CE; LOTC)

El Pleno está formado por los 12 magistrados; funciona además en dos Salas de seis magistrados y en Secciones. El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey a propuesta del propio Tribunal en pleno, entre sus miembros, por un periodo de 3 años (art. 160 CE). Los magistrados deben ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional (art. 159.2). El cargo es incompatible con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, el desempeño de funciones directivas en partidos políticos, sindicatos o asociaciones, el empleo al servicio de los mismos, el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil (art. 159.4). Los magistrados ejercen su función de forma independiente e inamovible (art. 159.5) y no son inmediatamente reelegibles (art. 159.3). La organización y funcionamiento se regulan por ley orgánica (art. 165 CE; LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional). La LOTC ha sido reformada, entre otras, por la LO 6/2007 (admisión del amparo con especial trascendencia constitucional), por la LO 12/2015, de 22 de septiembre (reintroducción del recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatuto de Autonomía o de su reforma) y por la LO 15/2015, de 16 de octubre (mecanismos de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional, incluida la posible suspensión de autoridades o funcionarios incumplidores).

Derechos suspendibles según el estado declarado: esquema de memoria

Alarma: ningún derecho suspendible, solo limitaciones (circulación, requisas temporales, ocupación de industrias, intervención de servicios). Excepción: pueden suspenderse los derechos del art. 55.1 (17, 18.2, 18.3, 19, 20.1.a y d, 20.5, 21, 28.2 y 37.2), con la salvedad del plazo de 72 horas del art. 17.3. Sitio: los mismos derechos del art. 55.1, además de la asunción de competencias de la autoridad militar. Regla mnemotécnica de los órganos: alarma, el Gobierno decide y el Congreso solo prorroga; excepción, autoriza el Congreso y decreta el Gobierno; sitio, lo declara el Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno. No es posible la disolución del Congreso mientras alguno de ellos esté declarado, ni iniciar la reforma constitucional (art. 169 CE).

Procedimiento y mayorías de reforma constitucional: esquema comparado y reformas realizadas

Art. 167 (ordinario): proyecto de reforma aprobado por mayoría de 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, comisión paritaria de Diputados y Senadores que presente un texto, que se vota de nuevo; si tampoco se logra, el Congreso por mayoría de 2/3 puede aprobarla siempre que el Senado la haya votado por mayoría absoluta; referéndum solo si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras en los 15 días siguientes. Art. 168 (agravado): principio de reforma aprobado por mayoría de 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras, estudio del nuevo texto y aprobación por mayoría de 2/3 de ambas, y referéndum obligatorio. Se aplica a la revisión total o a la parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II. La Constitución se ha reformado tres veces: 27 de agosto de 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales, por el Tratado de Maastricht), 27 de septiembre de 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y 15 de febrero de 2024 (art. 49, para sustituir la referencia a «disminuidos» por personas con discapacidad y reforzar su protección, publicada en el BOE de 17 de febrero de 2024). Todas se tramitaron por el art. 167; ninguna se sometió a referéndum.

Las leyes orgánicas: materias y garantías (art. 81 CE)

Art. 81.1: son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución (por ejemplo, el CGPJ, el Defensor del Pueblo, el TC, el Tribunal de Cuentas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las bases de la organización militar o la regulación de los estados excepcionales). Art. 81.2: mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Tienen reserva de materia, no jerarquía superior a la ley ordinaria: la relación entre ambas se rige por el principio de competencia, no de jerarquía (STC 5/1981). La Sección 2ª del Capítulo II no requiere ley orgánica.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Diferenciar los 4 valores superiores del art. 1.1 CE (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) de los 7 principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad).
  • La CE consta de un preámbulo, Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final.
  • Solo los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) más el art. 14 tienen recurso de amparo ante el TC (art. 53.2 CE); los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) solo informan la legislación y no son directamente exigibles (art. 53.3).
  • La Sección 2ª de derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38) no exige ley orgánica para su desarrollo, a diferencia de la Sección 1ª.
  • El TC se compone de 12 miembros (4 Congreso + 4 Senado por mayoría de 3/5, 2 Gobierno, 2 CGPJ), mandato de 9 años con renovación por tercios cada 3.
  • El recurso de amparo es subsidiario: exige agotar la vía judicial ordinaria; están legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
  • Distinguir el recurso de inconstitucionalidad (control abstracto, plazo de 3 meses desde la publicación de la norma) de la cuestión de inconstitucionalidad (la plantea un juez en un litigio concreto, suspendiendo el proceso).
  • Las sentencias del TC que declaran inconstitucional una ley tienen efectos erga omnes, salvo lo que se disponga para situaciones jurídicas consolidadas; no cabe recurso alguno contra ellas.
  • El Defensor del Pueblo se elige por mayoría de 3/5 en cada Cámara, mandato de 5 años; puede interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo.
  • Los estados de alarma (Gobierno, decreto, 15 días prorrogables), excepción (autoriza el Congreso) y sitio (Congreso por mayoría absoluta) tienen distinto órgano decisor, y solo excepción y sitio permiten suspender los derechos del art. 55.1.
  • La suspensión individual del art. 55.2 (investigaciones antiterroristas) exige ley orgánica, intervención judicial y control parlamentario, y es distinta de la suspensión general del art. 55.1.
  • Procedimiento ordinario de reforma (art. 167): mayoría de 3/5 de cada Cámara; referéndum facultativo si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquier Cámara.
  • Procedimiento agravado (art. 168), reservado a la revisión total o de las partes esenciales (Título Preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I, Título II de la Corona): mayoría de 2/3, disolución de las Cortes, nueva aprobación por 2/3 y referéndum de ratificación obligatorio.
  • La iniciativa de reforma constitucional excluye la iniciativa popular y está prohibida en tiempo de guerra o mientras esté vigente un estado de alarma, excepción o sitio (art. 169).
  • El art. 13 CE reconoce a los extranjeros en España las libertades del Título I en los términos de tratados y leyes, con reserva de tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales.
  • El art. 53.1 vincula a los poderes públicos a los derechos del Capítulo II y exige ley que respete el contenido esencial; la tutela preferente y sumaria y el amparo (art. 53.2) se reservan al art. 14, la Sección 1ª y la objeción de conciencia del art. 30.2.
  • Estados excepcionales (art. 116): alarma, el Gobierno decreta (15 días, prórroga con autorización del Congreso); excepción, decreta el Gobierno previa autorización del Congreso (30 días + 30); sitio, lo declara el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. En ninguno puede disolverse el Congreso.
  • El Presidente del TC es elegido por los magistrados entre sus miembros y nombrado por el Rey para 3 años (art. 160 CE); los magistrados son juristas con más de 15 años de ejercicio y no son inmediatamente reelegibles.
  • Amparo: legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; plazo de 30 días hábiles contra resoluciones judiciales y 3 meses contra actos administrativos; requiere especial trascendencia constitucional (LO 6/2007).
  • Recurso de inconstitucionalidad: lo promueven el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los ejecutivos y Asambleas autonómicos, en 3 meses; la cuestión de inconstitucionalidad la plantea el juez, tras oír a las partes y al fiscal en 10 días.
  • Las sentencias del TC se publican en el BOE con votos particulares y tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente (art. 164 CE); la declaración de inconstitucionalidad no revisa procesos fenecidos, salvo penales o sancionadores favorables al reo.
  • Reformas de la CE: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49); ninguna por el procedimiento agravado y ninguna sometida a referéndum.
  • Queja ante el Defensor del Pueblo: escrita, firmada y motivada, gratuita, en el plazo de un año; no suspende plazos de recursos. Además de Ombudsman, es Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
  • Trampa típica: el art. 3 no es el único con binomio derecho-deber; también el art. 30 (defender a España) y el art. 35 (trabajar). Y la Constitución solo está en vigor desde su publicación en el BOE (29 de diciembre de 1978), no desde el referéndum (6 de diciembre).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Aprobada una reforma por el procedimiento del art. 167 CE, se someterá a referéndum cuando lo soliciten, en los 15 días siguientes:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Administrativo del Estado?

La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento español. Fija los valores superiores y los principios de actuación de los poderes públicos, reconoce un extenso catálogo de derechos y deberes fundamentales con distintos niveles de garantía y contempla mecanismos excepcionales de suspensión, un Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la norma fundamental, la figura del Defensor del Pueblo como comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos, y dos procedimientos de reforma según la trascendencia de la materia afectada.

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

Diferenciar los 4 valores superiores del art. 1.1 CE (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) de los 7 principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad). La CE consta de un preámbulo, Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Solo los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) más el art. 14 tienen recurso de amparo ante el TC (art. 53.2 CE); los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) solo informan la legislación y no son directamente exigibles (art. 53.3). La Sección 2ª de derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38) no exige ley orgánica para su desarrollo, a diferencia de la Sección 1ª. El TC se compone de 12 miembros (4 Congreso + 4 Senado por mayoría de 3/5, 2 Gobierno, 2 CGPJ), mandato de 9 años con renovación por tercios cada 3. El recurso de amparo es subsidiario: exige agotar la vía judicial ordinaria; están legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Distinguir el recurso de inconstitucionalidad (control abstracto, plazo de 3 meses desde la publicación de la norma) de la cuestión de inconstitucionalidad (la plantea un juez en un litigio concreto, suspendiendo el proceso). Las sentencias del TC que declaran inconstitucional una ley tienen efectos erga omnes, salvo lo que se disponga para situaciones jurídicas consolidadas; no cabe recurso alguno contra ellas. El Defensor del Pueblo se elige por mayoría de 3/5 en cada Cámara, mandato de 5 años; puede interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo. Los estados de alarma (Gobierno, decreto, 15 días prorrogables), excepción (autoriza el Congreso) y sitio (Congreso por mayoría absoluta) tienen distinto órgano decisor, y solo excepción y sitio permiten suspender los derechos del art. 55.1. La suspensión individual del art. 55.2 (investigaciones antiterroristas) exige ley orgánica, intervención judicial y control parlamentario, y es distinta de la suspensión general del art. 55.1. Procedimiento ordinario de reforma (art. 167): mayoría de 3/5 de cada Cámara; referéndum facultativo si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquier Cámara. Procedimiento agravado (art. 168), reservado a la revisión total o de las partes esenciales (Título Preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I, Título II de la Corona): mayoría de 2/3, disolución de las Cortes, nueva aprobación por 2/3 y referéndum de ratificación obligatorio. La iniciativa de reforma constitucional excluye la iniciativa popular y está prohibida en tiempo de guerra o mientras esté vigente un estado de alarma, excepción o sitio (art. 169). El art. 13 CE reconoce a los extranjeros en España las libertades del Título I en los términos de tratados y leyes, con reserva de tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. El art. 53.1 vincula a los poderes públicos a los derechos del Capítulo II y exige ley que respete el contenido esencial; la tutela preferente y sumaria y el amparo (art. 53.2) se reservan al art. 14, la Sección 1ª y la objeción de conciencia del art. 30.2. Estados excepcionales (art. 116): alarma, el Gobierno decreta (15 días, prórroga con autorización del Congreso); excepción, decreta el Gobierno previa autorización del Congreso (30 días + 30); sitio, lo declara el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. En ninguno puede disolverse el Congreso. El Presidente del TC es elegido por los magistrados entre sus miembros y nombrado por el Rey para 3 años (art. 160 CE); los magistrados son juristas con más de 15 años de ejercicio y no son inmediatamente reelegibles. Amparo: legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; plazo de 30 días hábiles contra resoluciones judiciales y 3 meses contra actos administrativos; requiere especial trascendencia constitucional (LO 6/2007). Recurso de inconstitucionalidad: lo promueven el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los ejecutivos y Asambleas autonómicos, en 3 meses; la cuestión de inconstitucionalidad la plantea el juez, tras oír a las partes y al fiscal en 10 días. Las sentencias del TC se publican en el BOE con votos particulares y tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente (art. 164 CE); la declaración de inconstitucionalidad no revisa procesos fenecidos, salvo penales o sancionadores favorables al reo. Reformas de la CE: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49); ninguna por el procedimiento agravado y ninguna sometida a referéndum. Queja ante el Defensor del Pueblo: escrita, firmada y motivada, gratuita, en el plazo de un año; no suspende plazos de recursos. Además de Ombudsman, es Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Trampa típica: el art. 3 no es el único con binomio derecho-deber; también el art. 30 (defender a España) y el art. 35 (trabajar). Y la Constitución solo está en vigor desde su publicación en el BOE (29 de diciembre de 1978), no desde el referéndum (6 de diciembre).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229).
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
  • Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la LO 2/1979 del Tribunal Constitucional.
  • Reforma de la Constitución Española de 15 de febrero de 2024 (art. 49).

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