Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
La gestión económica y financiera de los contratos del sector público exige, además del cumplimiento de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), la cobertura presupuestaria previa (certificado de existencia de crédito), la tramitación contable del gasto en sus fases (A, D, O y P), la fiscalización previa de la Intervención y el pago al contratista en los plazos legales. De forma paralela, la gestión de las subvenciones se rige por la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y su Reglamento (Real Decreto 887/2006): procedimiento de concesión (concurrencia competitiva o concesión directa), obligaciones del beneficiario, pago, justificación, reintegro y control financiero.
Todo contrato del sector público con contenido económico exige la existencia de crédito adecuado y suficiente. El expediente de contratación debe incorporar el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya (art. 116.3 LCSP), que se materializa contablemente en un documento de retención de crédito (RC) o en el documento A. La aprobación del expediente por el órgano de contratación, mediante resolución motivada que dispone también la apertura del procedimiento de adjudicación, comporta la aprobación del gasto (art. 117 LCSP): es la fase de autorización (A). La adjudicación supone el compromiso del gasto (fase D) y la certificación de obra o la factura conformada, el reconocimiento de la obligación (fase O). Cuando el expediente se tramita en un solo acto, se utilizan documentos acumulados (AD, ADO).
Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato
El presupuesto base de licitación (art. 100 LCSP) es el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA salvo disposición en contrario. El valor estimado (art. 101) es el importe total, sin IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, incluidas las eventuales prórrogas y modificaciones previstas, y es el que sirve para determinar el procedimiento, la publicidad y la regulación armonizada. El precio (art. 102) debe ser adecuado al mercado, expresarse en euros y fijarse como un tanto alzado, por unidades o componentes, por tiempo u otra forma. Distinguir estos tres conceptos es un clásico de examen: el valor estimado excluye el IVA; el presupuesto base de licitación lo incluye.
Tramitación anticipada y gasto plurianual
La tramitación anticipada permite iniciar y ultimar el expediente de contratación, incluso hasta la adjudicación y la formalización, en el ejercicio anterior a aquel en que deba comenzar la ejecución del contrato, quedando la adjudicación sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente (disposición adicional tercera LCSP). Si el contrato se extiende a varios ejercicios, rigen los límites de los gastos plurianuales del art. 47 LGP (no más de cuatro ejercicios y límites porcentuales del 70, 60 y 50 por 100 del crédito inicial). La tramitación de emergencia (art. 120 LCSP), prevista para acontecimientos catastróficos o situaciones graves, permite ordenar la ejecución sin expediente previo, con libramiento de los fondos necesarios con carácter de «a justificar» y con inicio de la ejecución en el plazo máximo de un mes.
Garantías en la contratación pública
Las garantías aseguran el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. La garantía provisional es excepcional y solo puede exigirse de forma motivada. La garantía definitiva (art. 107 LCSP) es, con carácter general, del 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el IVA, y se exige al licitador que haya presentado la mejor oferta; el órgano de contratación puede exigir además una garantía complementaria (hasta un 5 por 100 adicional) en casos especiales. Las garantías pueden constituirse en efectivo, valores de deuda pública, aval o seguro de caución. La garantía responde, entre otros extremos, de las penalidades, de la correcta ejecución de las prestaciones y de la incautación en caso de resolución culpable, y se devuelve o cancela una vez cumplido el contrato y transcurrido el plazo de garantía.
Fiscalización de los expedientes de contratación
Los expedientes de contratación están sujetos a la función interventora (fiscalización previa) del órgano de control interno (Intervención General de la Administración del Estado y sus Intervenciones Delegadas), regulada en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y en el Real Decreto 2188/1995, que desarrolla el régimen de control interno ejercido por la IGAE. Se interviene la aprobación del gasto (autorización), el compromiso (adjudicación), el reconocimiento de la obligación, la ordenación del pago y el pago material, así como, en su caso, la comprobación material de la inversión en el acto de recepción. Se aplica un régimen de fiscalización e intervención previa limitada, que se circunscribe a comprobar los extremos esenciales fijados por el Consejo de Ministros, con control posterior pleno. Si el interventor discrepa, formula reparo, que suspende la tramitación del expediente hasta que se solvente; la omisión de la función interventora impide reconocer la obligación y tramitar el pago hasta que se conozca la omisión y se resuelva en los términos de la LGP.
El pago del precio: certificaciones, facturas y plazos
El contratista tiene derecho al abono del precio de las prestaciones efectivamente realizadas y formalmente recibidas (art. 198 LCSP). En obras, la Administración expide certificaciones mensuales de la obra ejecutada (art. 240 LCSP), que tienen el carácter de pagos a cuenta; en servicios y suministros, el pago se articula mediante facturas conformadas por el responsable del contrato. La Administración debe abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, y está obligada a aprobar dichas certificaciones o documentos dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva. El contratista debe presentar la factura en el registro administrativo en el plazo de treinta días desde la entrega. Si la Administración incurre en mora, el contratista tiene derecho a los intereses de demora y a la indemnización por costes de cobro que establece la Ley 3/2004. Los contratistas pueden ceder sus derechos de cobro (art. 200 LCSP).
Factura electrónica y registro contable de facturas
La Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, obliga a los proveedores de bienes y servicios a las Administraciones Públicas a presentar facturas electrónicas, con exención para las de importe de hasta 5.000 euros. La presentación se hace a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) o plataformas equivalentes. Las facturas se anotan en el registro contable de facturas, que enlaza la facturación con la contabilidad presupuestaria y permite calcular el periodo medio de pago a proveedores conforme a la Ley Orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial en el sector público. La conformidad de la factura por el responsable es la antesala del reconocimiento de la obligación.
Intereses de demora y morosidad en la contratación pública
La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, fija en treinta días el plazo de pago de las Administraciones Públicas y establece un tipo legal de interés de demora (tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su operación principal de financiación más reciente, incrementado en ocho puntos porcentuales) y una indemnización de 40 euros por costes de cobro. Para el sector público, la Ley Orgánica 9/2013 introduce un periodo medio de pago a proveedores (PMP) que no debe superar los treinta días. La LCSP refuerza la protección del contratista, que puede reclamar por escrito el pago y, si la demora persiste, suspender la ejecución e incluso resolver el contrato conforme a los plazos que fija su art. 198.
Revisión de precios y modificaciones: incidencia económica
La revisión de precios (arts. 103 y siguientes LCSP, en el marco de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española y su reglamento, Real Decreto 55/2017) solo procede cuando el contrato se ha ejecutado al menos en un 20 por 100 de su importe y han transcurrido dos años desde su formalización, y no se aplica a contratos que no hayan previsto fórmula de revisión. Las modificaciones previstas en el pliego (art. 204) no pueden superar el 20 por 100 del precio inicial; las no previstas (art. 205) no pueden alterar la cuantía del contrato en más del 50 por 100 de su precio inicial, IVA excluido. Toda modificación que suponga mayor gasto exige crédito suficiente y nueva fiscalización previa. Conviene comprobar en la fecha del examen si se ha aprobado alguna reforma posterior de la LCSP o de la Ley 38/2003 que afecte a estos umbrales y plazos.
La subvención: concepto y ámbito (Ley 38/2003)
Según el art. 2 de la Ley 38/2003, es subvención toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos comprendidos en el ámbito de la ley a favor de personas públicas o privadas, que cumpla los requisitos siguientes: que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios; que esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido; y que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. No se consideran subvenciones, entre otras, las aportaciones dinerarias entre Administraciones para financiar globalmente la actividad de la otra, ni las prestaciones contributivas y no contributivas del sistema de Seguridad Social.
Principios, planificación y requisitos de otorgamiento
La gestión de subvenciones se rige por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante; y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (art. 8.3). Con carácter previo al establecimiento de subvenciones, los órganos deben concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos, efectos, plazo, costes y fuentes de financiación (art. 8.1). Para otorgar subvenciones se exige competencia del órgano concedente, existencia de crédito adecuado y suficiente y aprobación de las bases reguladoras (art. 9), que en el ámbito estatal se aprueban mediante orden ministerial y se publican en el BOE (art. 17). El pago de la subvención no puede ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada (art. 19).
Beneficiarios y entidades colaboradoras
Beneficiario es quien ha de realizar la actividad que fundamenta la concesión o se encuentra en la situación que la legitima (art. 11). Entidad colaboradora es la que, sin ser beneficiaria, entrega y distribuye los fondos a los beneficiarios o colabora en la gestión (art. 12). No pueden obtener la condición de beneficiario quienes hayan sido condenados por determinados delitos, estén declarados en concurso, hayan sido sancionados de forma firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, o no se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social (art. 13). Las obligaciones del beneficiario (art. 14) incluyen: realizar la actividad; acreditar su cumplimiento y los requisitos; someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero; comunicar la obtención de otras ayudas; disponer de los libros contables exigidos; conservar los documentos justificativos durante el plazo de prescripción de las acciones de reintegro y control (cuatro años); y dar la adecuada publicidad a la financiación pública.
Procedimientos de concesión: concurrencia competitiva y concesión directa
El procedimiento ordinario es la concurrencia competitiva (art. 22.1): comparación de solicitudes en un único procedimiento, para establecer una prelación entre ellas conforme a los criterios de valoración fijados en las bases y adjudicar, con el límite del crédito, las que obtengan mayor valoración. Se inicia de oficio mediante convocatoria, se instruye con intervención de un órgano colegiado que emite informe de evaluación, y se resuelve mediante propuesta de resolución provisional y definitiva (arts. 23 a 25). La concesión directa (art. 22.2) es excepcional y solo procede en tres supuestos: las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado; las que el otorgamiento o la cuantía vengan impuestos por una norma de rango legal; y, con carácter excepcional, aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El plazo máximo para resolver y notificar es el de las bases, que no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor (art. 25); vencido el plazo sin notificación, los interesados pueden entender desestimada la solicitud.
Publicidad y la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
La BDNS es el sistema nacional de publicidad de subvenciones, gestionado por la Intervención General de la Administración del Estado (art. 20 Ley 38/2003 y Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas). Las convocatorias se publican a través de la BDNS, que remite el extracto al diario oficial correspondiente (en el ámbito estatal, el BOE), y las concesiones deben comunicarse a la BDNS. Cumple una función de transparencia, de control y de prevención de la doble financiación indebida de una misma actividad. La publicación en la BDNS es requisito de eficacia de las concesiones, salvo supuestos tasados.
Pago de la subvención y garantías
El pago se realiza previa justificación por el beneficiario de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió (art. 34). Podrán realizarse pagos anticipados, que suponen entregas de fondos con carácter previo a la justificación como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, y abonos a cuenta, siempre que lo prevea la normativa reguladora. Cuando el pago es anticipado, el beneficiario puede estar obligado a constituir garantías (reglamentariamente, y con exenciones para Administraciones Públicas y entidades sin fin de lucro en determinados supuestos). No puede realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Justificación de la subvención y gastos subvencionables
La justificación se realiza mediante cuenta justificativa (art. 30), con alguna de las modalidades que desarrolla el Reglamento (Real Decreto 887/2006): cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto; cuenta justificativa con aportación de informe de auditor; cuenta justificativa simplificada (para subvenciones de importe inferior a 60.000 euros); justificación por módulos, cuando la actividad se valora por unidades; y presentación de estados contables, cuando lo prevean las bases. Si las bases no fijan otro plazo, la cuenta se presenta en el plazo de tres meses desde la finalización de la actividad; si no se presenta, se requiere al beneficiario para que lo haga en el plazo improrrogable de quince días. Son gastos subvencionables los que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido (art. 31). Cuando el gasto supere las cuantías del contrato menor (40.000 euros en obras y 15.000 en suministros y servicios), el beneficiario debe solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, salvo que no existan en el mercado. El art. 29 regula la subcontratación de la actividad subvencionada.
Reintegro de subvenciones
Procede el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los casos del art. 37: obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando las que lo hubieran impedido; incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o de la no adopción del comportamiento; incumplimiento de la obligación de justificación; incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión; resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control; incumplimiento de las condiciones impuestas; y demás supuestos previstos. El interés de demora es el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos establezca otro diferente (art. 38). El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años (art. 39). El procedimiento de reintegro (arts. 41 y 42) garantiza la audiencia al interesado y se resuelve en el plazo máximo de doce meses desde el acuerdo de iniciación.
Control financiero, infracciones y sanciones
El control financiero de subvenciones (arts. 44 a 51) lo ejerce la Intervención General de la Administración del Estado sobre beneficiarios y entidades colaboradoras, para verificar la adecuada y correcta obtención, disfrute y destino de las subvenciones. Los resultados pueden derivar en reintegro, en el inicio de un procedimiento sancionador o en la puesta en conocimiento de la jurisdicción competente (Fiscalía, Tribunal de Cuentas) si hubiese indicios de ilícito penal o responsabilidad contable. El régimen de infracciones y sanciones (arts. 52 y siguientes) clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones pecuniarias proporcionales a la cantidad indebidamente obtenida o aplicada, y sanciones no pecuniarias, como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o la prohibición de contratar con la Administración.
Tramitación económica y contable de las subvenciones
La convocatoria de subvenciones exige crédito adecuado y suficiente; el gasto se financia con cargo a los capítulos IV (transferencias corrientes) y VII (transferencias de capital). El acuerdo de convocatoria es la fase de autorización (A); la resolución de concesión supone el compromiso (D); la justificación o, en su caso, el pago anticipado, el reconocimiento de la obligación (O); y la ordenación y realización del pago, las fases P. En las subvenciones plurianuales rigen los límites del art. 47 LGP. Los actos de gasto están sujetos a fiscalización previa de la Intervención. La Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Ley General Presupuestaria prevén reglas adicionales sobre subvenciones nominativas y créditos para subvenciones.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El expediente de contratación debe incluir el certificado de existencia de crédito (art. 116.3 LCSP); su aprobación (art. 117) implica la aprobación del gasto (fase A).
Valor estimado: sin IVA, incluye prórrogas y modificaciones previstas; presupuesto base de licitación: límite máximo de gasto, con IVA (arts. 100 y 101 LCSP).
La tramitación anticipada permite iniciar y ultimar el expediente, incluso hasta la adjudicación, en el ejercicio anterior, con adjudicación sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito (disp. adic. 3ª LCSP).
Garantía definitiva: con carácter general, 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido (art. 107 LCSP); garantía complementaria, hasta un 5 por 100 adicional.
La Administración debe abonar el precio en los 30 días siguientes a la aprobación de las certificaciones o documentos de conformidad (art. 198 LCSP y Ley 3/2004); el contratista presenta la factura en 30 días desde la entrega.
Factura electrónica obligatoria para proveedores de las Administraciones (Ley 25/2013), con exención hasta 5.000 euros; punto general de entrada FACe.
Interés de demora de la Ley 3/2004: tipo BCE más ocho puntos; indemnización por costes de cobro de 40 euros; el PMP no debe superar 30 días (LO 9/2013).
Concurrencia competitiva: procedimiento ordinario (art. 22.1 Ley 38/2003). Concesión directa solo en tres supuestos: nominativas en PGE, impuestas por norma con rango de ley y excepcionales por razones de interés público, social, económico o humanitario.
Plazo máximo de resolución de las subvenciones: el fijado en las bases, que no excede de seis meses salvo norma con rango de ley; silencio desestimatorio.
La Ley 38/2003 define la subvención sin contraprestación directa, sujeta a un objetivo, proyecto, actividad, comportamiento o situación, y de interés público o social (art. 2).
Justificación: cuenta justificativa con justificantes, con informe de auditor o simplificada (subvenciones inferiores a 60.000 euros), módulos o estados contables; plazo supletorio de tres meses y requerimiento de quince días.
Reintegro: interés legal del dinero más un 25 por 100 (art. 38), prescripción a los cuatro años (art. 39) y procedimiento resuelto en doce meses; causas en el art. 37.
Superar el coste de la actividad subvencionada no es posible: el importe no puede superar el coste, solo o en concurrencia con otras ayudas (art. 19).
La BDNS (Real Decreto 130/2019) es el sistema nacional de publicidad de subvenciones y previene la doble financiación; la IGAE ejerce el control financiero de subvenciones.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál es el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones según la Ley 38/2003?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Administrativo del Estado?
La gestión económica y financiera de los contratos del sector público exige, además del cumplimiento de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), la cobertura presupuestaria previa (certificado de existencia de crédito), la tramitación contable del gasto en sus fases (A, D, O y P), la fiscalización previa de la Intervención y el pago al contratista en los plazos legales. De forma paralela, la gestión de las subvenciones se rige por la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y su Reglamento (Real Decreto 887/2006): procedimiento de concesión (concurrencia competitiva o concesión directa), obligaciones del beneficiario, pago, justificación, reintegro y control financiero.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
El expediente de contratación debe incluir el certificado de existencia de crédito (art. 116.3 LCSP); su aprobación (art. 117) implica la aprobación del gasto (fase A). Valor estimado: sin IVA, incluye prórrogas y modificaciones previstas; presupuesto base de licitación: límite máximo de gasto, con IVA (arts. 100 y 101 LCSP). La tramitación anticipada permite iniciar y ultimar el expediente, incluso hasta la adjudicación, en el ejercicio anterior, con adjudicación sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito (disp. adic. 3ª LCSP). Garantía definitiva: con carácter general, 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido (art. 107 LCSP); garantía complementaria, hasta un 5 por 100 adicional. La Administración debe abonar el precio en los 30 días siguientes a la aprobación de las certificaciones o documentos de conformidad (art. 198 LCSP y Ley 3/2004); el contratista presenta la factura en 30 días desde la entrega. Factura electrónica obligatoria para proveedores de las Administraciones (Ley 25/2013), con exención hasta 5.000 euros; punto general de entrada FACe. Interés de demora de la Ley 3/2004: tipo BCE más ocho puntos; indemnización por costes de cobro de 40 euros; el PMP no debe superar 30 días (LO 9/2013). Concurrencia competitiva: procedimiento ordinario (art. 22.1 Ley 38/2003). Concesión directa solo en tres supuestos: nominativas en PGE, impuestas por norma con rango de ley y excepcionales por razones de interés público, social, económico o humanitario. Plazo máximo de resolución de las subvenciones: el fijado en las bases, que no excede de seis meses salvo norma con rango de ley; silencio desestimatorio. La Ley 38/2003 define la subvención sin contraprestación directa, sujeta a un objetivo, proyecto, actividad, comportamiento o situación, y de interés público o social (art. 2). Justificación: cuenta justificativa con justificantes, con informe de auditor o simplificada (subvenciones inferiores a 60.000 euros), módulos o estados contables; plazo supletorio de tres meses y requerimiento de quince días. Reintegro: interés legal del dinero más un 25 por 100 (art. 38), prescripción a los cuatro años (art. 39) y procedimiento resuelto en doce meses; causas en el art. 37. Superar el coste de la actividad subvencionada no es posible: el importe no puede superar el coste, solo o en concurrencia con otras ayudas (art. 19). La BDNS (Real Decreto 130/2019) es el sistema nacional de publicidad de subvenciones y previene la doble financiación; la IGAE ejerce el control financiero de subvenciones.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (arts. 100-102, 107, 116-120, 198, 200, 204-205, 240; disposición adicional tercera).
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (art. 47, gastos plurianuales).
Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, que la desarrolla.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo del Estado.