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Tema 3. Administración electrónica y servicios al ciudadano. Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

La Administración electrónica es el conjunto de servicios públicos prestados por medios electrónicos que permiten a la ciudadanía relacionarse con las Administraciones sin necesidad de desplazamiento físico. La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, desarrolladas por el Real Decreto 203/2021, configuran el marco jurídico de esta transformación, que se apoya en instrumentos como las sedes electrónicas, los sistemas de identificación y firma (Cl@ve), las notificaciones electrónicas (DEHú), los esquemas nacionales de seguridad y de interoperabilidad, la Ventanilla Única Empresarial y el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado (administracion.gob.es).

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Concepto y principios de la Administración electrónica

La Administración electrónica (e-Administración) comprende el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las Administraciones públicas, combinado con cambios organizativos, para mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar las políticas públicas. Se rige por principios como la neutralidad tecnológica, la adaptabilidad al progreso de las tecnologías, la accesibilidad universal, la simplicidad, la proporcionalidad y la cooperación entre Administraciones, y se apoya en el art. 3.2 de la Ley 40/2015, según el cual las Administraciones se relacionan entre sí y con sus órganos y entidades a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas. El art. 13 de la Ley 39/2015 reconoce el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico y a ser asistidos en el uso de medios electrónicos; el art. 14 reconoce a las personas físicas el derecho a elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, y establece la obligación de relacionarse electrónicamente para las personas jurídicas y determinados colectivos (art. 14.2).

Marco normativo de la Administración electrónica

La Ley 39/2015 regula la vertiente «ad extra» (relaciones con los ciudadanos), partiendo de que el uso de medios electrónicos es el cauce ordinario de relación, no una alternativa al papel. La Ley 40/2015 regula la vertiente «ad intra»: funcionamiento electrónico del sector público (sede electrónica, portal de internet, sistemas de identificación y firma de las Administraciones, actuación administrativa automatizada, firma del personal, archivo electrónico), las relaciones electrónicas entre Administraciones y los esquemas nacionales de interoperabilidad y de seguridad. Ambas se completan con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que derogó el Real Decreto 1671/2009 de desarrollo de la antigua Ley 11/2007. Normas técnicas: Real Decreto 311/2022 (Esquema Nacional de Seguridad), Real Decreto 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad) y Real Decreto 1112/2018 (accesibilidad web).

El derecho a relacionarse electrónicamente y los sujetos obligados (art. 14 LPAC)

Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, salvo obligación legal o reglamentaria, y el medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento. Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, como mínimo (art. 14.2): las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones en ejercicio de dicha actividad (incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles); quienes representen a un interesado que esté obligado; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma que determine cada Administración. Reglamentariamente, las Administraciones pueden establecer la obligación para determinados colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios (art. 14.3).

La sede electrónica y los servicios telemáticos

La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias (art. 38 Ley 40/2015). A través de ella se prestan servicios telemáticos como la presentación de solicitudes en registro electrónico, la consulta del estado de tramitación de los expedientes, el pago de tasas, la obtención de certificados y la notificación electrónica. Las sedes electrónicas utilizan, para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o equivalentes. Garantizan la identificación del órgano titular, la integridad, veracidad y actualización de la información y servicios a los que puede accederse, y disponen de los correspondientes sistemas de firma electrónica. Su creación se publica en el diario oficial correspondiente (BOE en el caso de la AGE) y la responsabilidad de la integridad, veracidad y actualización corresponde al titular. Se distingue del «portal de internet» (art. 39 Ley 40/2015), que es el punto de acceso electrónico que permite acceder a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

La sede electrónica: contenido y garantías

La sede debe garantizar la identidad de la Administración titular, la integridad, veracidad y actualización de la información y servicios y su disponibilidad. Contenido mínimo: identificación de la sede y del órgano titular, información sobre la norma de creación, el ámbito de aplicación, canales de acceso y medios para la formulación de sugerencias y quejas, relación de sistemas de firma admitidos, acceso al registro electrónico, calendario de días inhábiles, fecha y hora oficial, listado de los procedimientos, carta de servicios, y acceso a las notificaciones y a la carpeta del ciudadano. Las sedes de la AGE deben cumplir las exigencias de accesibilidad del RD 1112/2018.

El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado

El Punto de Acceso General (PAG), accesible en administracion.gob.es, es el portal de Internet que facilita a la ciudadanía y a las empresas el acceso a la información administrativa y a los servicios y trámites electrónicos de la Administración General del Estado. Constituye el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a la AGE y que facilita el acceso a los servicios, procedimientos e información pública dispersos en las distintas sedes electrónicas de sus organismos, a la carpeta ciudadana y a la información sobre el estado de tramitación de expedientes. Contiene la sede electrónica del PAG (sede.administracion.gob.es), a través de la cual se accede, entre otros servicios, al Registro Electrónico General de la AGE, la Carpeta Ciudadana, la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), el Registro Electrónico de Apoderamientos y el Sistema de Información Administrativa (SIA). El art. 13.a Ley 39/2015 reconoce el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico, y el Reglamento (UE) 2018/1724 convierte al portal en pasarela nacional de la Ventanilla Digital Única europea.

Servicios telemáticos y principales páginas web de carácter público

Entre las páginas y sedes más relevantes: administracion.gob.es (Punto de Acceso General de la AGE); sede.administracion.gob.es (sede electrónica del PAG, con Carpeta Ciudadana, registro y DEHú); boe.es (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Boletín Oficial del Estado, legislación consolidada); transparencia.gob.es (Portal de la Transparencia de la AGE, art. 10 Ley 19/2013); datos.gob.es (portal de datos abiertos del sector público); contrataciondelestado.es (Plataforma de Contratación del Sector Público); sede.agenciatributaria.gob.es (Agencia Tributaria: declaraciones, certificados, Renta); sede.seg-social.gob.es (Seguridad Social: vida laboral, afiliación y prestaciones) y sede.sepe.gob.es (SEPE: prestaciones por desempleo, empleo); sede.dgt.gob.es (Dirección General de Tráfico); ine.es (Instituto Nacional de Estadística); lamoncloa.gob.es (Presidencia del Gobierno y Consejo de Ministros); congreso.es y senado.es (Cortes Generales); y 060.gob.es (portal del servicio de atención 060). Servicios telemáticos habituales: presentación de solicitudes y escritos, consulta de expedientes, pagos electrónicos, obtención de certificados, notificaciones, cita previa, factura electrónica (FACe) y apoderamientos.

Sistemas de identificación de los interesados (art. 9 LPAC)

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad: sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación; sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico; sistemas de clave concertada (destacando Cl@ve) y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan, con distintos niveles de seguridad conforme al Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), que distingue los niveles de garantía bajo, sustancial y alto. La identificación acredita la identidad; la firma añade, además, la garantía de integridad del documento y de la voluntad de quien lo suscribe. El Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2) modificó el marco europeo e introdujo la Cartera Europea de Identidad Digital, que los Estados miembros deberán ofrecer a sus ciudadanos.

Sistemas de firma electrónica admitidos (art. 10 LPAC)

Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Sistemas de firma admitidos (art. 10.2): sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica; sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados cualificados de sello electrónico; y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, incluida la firma mediante clave concertada. Solo la firma cualificada se equipara plenamente a la firma manuscrita en todos sus efectos jurídicos conforme a la normativa europea. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo basta con que los interesados acrediten previamente su identidad por cualquiera de los medios de identificación previstos; la firma solo será obligatoria para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos (art. 11).

Cl@ve como sistema común de identificación

Plataforma común del sector público estatal para identificación, autenticación y firma electrónica, que permite al ciudadano identificarse ante la Administración combinando un sistema de usuario y contraseña reforzado con un código de un solo uso (modalidad conocida como Cl@ve Permanente) con el uso de certificados electrónicos, incluido el del DNI electrónico. Evita que el ciudadano necesite credenciales distintas para cada Administración y se apoya en un sistema de interoperabilidad con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que pueden adherirse. Las modalidades concretas y sus denominaciones comerciales se actualizan periódicamente por la Secretaría General de Administración Digital, por lo que conviene consultar siempre la oferta vigente en la sede electrónica en el momento del examen.

La firma electrónica y el sello electrónico de la Administración (arts. 40-43 LRJSP)

Los arts. 40 a 43 Ley 40/2015 regulan los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas (sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público y sede electrónica), la actuación administrativa automatizada, los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada y la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones. La firma electrónica del personal se emplea para la firma de documentos y resoluciones en ejercicio de sus funciones. El sello electrónico de órgano se emplea para la actuación administrativa automatizada, identificando al propio órgano sin intervención directa de un empleado en cada caso, mediante resolución que debe publicarse en la sede electrónica con indicación de sus características.

La actuación administrativa automatizada (art. 41 LRJSP)

Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación, garantizando la posibilidad de recurso ante el resultado producido por el sistema.

Las notificaciones electrónicas: práctica y rechazo (arts. 41 y 43 LPAC)

La notificación se practicará preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirla por esta vía (art. 41.1). Las notificaciones por medios electrónicos se practican mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única (DEHú) o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u organismo (art. 43.1). Se entienden practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, y rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido (art. 43.2), salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Se entenderá cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única (art. 43.3). Si la notificación no se puede practicar, se publica un anuncio en el BOE (art. 44).

La Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú)

Plataforma común del sector público estatal a través de la cual se ponen a disposición las notificaciones y comunicaciones electrónicas de las distintas Administraciones, además de las que se envíen a sedes propias. Gestionada por el departamento competente en materia de Administración digital (Secretaría General de Administración Digital), ofrece un punto de acceso único concentrado para el ciudadano, que puede suscribirse a los avisos. Se accede con medios de identificación electrónica (Cl@ve o certificado) y las Comunidades Autónomas y Entidades Locales pueden adherirse. Las empresas y personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones por esta vía.

Los avisos de notificación electrónica

Las Administraciones deben enviar un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que este haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación (art. 41.6 Ley 39/2015). Este aviso es meramente informativo: su falta de práctica no impide que la notificación se considere plenamente válida si fue correctamente puesta a disposición en la sede o en la DEHú. Los interesados pueden comunicar y modificar en cualquier momento el dispositivo o dirección de correo electrónico donde recibir los avisos.

Copias auténticas y digitalización de documentos (art. 27 LPAC)

Las copias, electrónicas o en papel, de documentos originales tienen la misma validez y eficacia que el original si se garantiza la identidad del órgano que las realiza y su contenido, de conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, sin necesidad de cotejo, sustituyendo funcionalmente a la tradicional compulsa presencial en papel. Las copias de documentos aportadas por los interesados deben ser digitalizadas por las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros mediante el procedimiento de copia auténtica. Los funcionarios habilitados (art. 12.3) pueden identificar y firmar en nombre del interesado que carezca de medios.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS, RD 311/2022)

El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, que sustituye al Real Decreto 3/2010. Establece los principios básicos y requisitos mínimos para una protección adecuada de la información y los servicios del sector público, garantizando confidencialidad, integridad, trazabilidad, autenticidad y disponibilidad. Aplicable a toda la AGE, CCAA y Entidades Locales, y con matices al sector privado que preste servicios a la Administración. Está desarrollado por Instrucciones Técnicas de Seguridad y guías del Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC). Los incidentes de seguridad se notifican al CCN-CERT.

Categorización de sistemas según el ENS: básica, media, alta

El ENS valora el impacto de un incidente sobre cada dimensión de seguridad (confidencialidad, integridad, trazabilidad, autenticidad y disponibilidad) en niveles BAJO, MEDIO o ALTO. La categoría del sistema es BÁSICA (perjuicio limitado), MEDIA (perjuicio grave) o ALTA (perjuicio muy grave), y determina la intensidad de las medidas de seguridad exigibles. Las medidas se agrupan en marco organizativo, marco operacional y medidas de protección. El responsable de seguridad de la información y el responsable del sistema, entre otros, son figuras definidas en el ENS.

Auditoría y certificación de conformidad con el ENS

Los sistemas de categoría media o alta deben someterse a una auditoría formal al menos cada dos años. La conformidad se acredita mediante declaración (categoría básica, tras autoevaluación) o certificación (categorías media y alta, por entidad certificadora acreditada), con publicidad de la conformidad mediante distintivos en la sede electrónica. Es recomendable consultar la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el ENS vigente para los plazos de validez.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI, RD 4/2010)

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (art. 156 Ley 40/2015) comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Se desarrolla en el Real Decreto 4/2010. La interoperabilidad tiene triple dimensión: organizativa (procesos y objetivos compartidos), semántica (interpretación unívoca de la información intercambiada) y técnica (interfaces, interconexión, integración de datos y servicios).

Infraestructuras y servicios comunes

Las Administraciones deben utilizar las infraestructuras y servicios comunes de la AGE (Red SARA, Plataforma de Intermediación de Datos, plataforma @firma, Cl@ve, GEISER y SIR para el registro, Notific@ y DEHú para las notificaciones, FACe para la factura electrónica, Carpeta Ciudadana), y las aplicaciones desarrolladas por o para las Administraciones deben ponerse a disposición de cualquier otra que las solicite, sin contraprestación y salvo excepciones, fomentando la reutilización y evitando duplicidad de gasto público (art. 157 Ley 40/2015). El Directorio Común de unidades orgánicas y oficinas (DIR3) identifica a los órganos administrativos.

Las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI)

Desarrollan aspectos concretos del ENI mediante Resolución de la Secretaría de Estado competente: NTI de Documento electrónico, de Expediente electrónico, de Digitalización de documentos, de Política de firma electrónica, de Modelo de datos para intercambio registral, del Catálogo de estándares, de Copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, entre otras, publicadas en el BOE.

Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros y las oficinas integradas de atención al ciudadano

Las Oficinas de asistencia en materia de registros (antes, en lo esencial, «oficinas integradas de atención al ciudadano» o «ventanillas únicas» establecidas por convenios entre Administraciones) permiten a la ciudadanía presentar documentación dirigida a cualquier Administración pública, asistir en el uso de medios electrónicos cuando así se solicite, y realizar copias auténticas. Integran, en una única ventanilla física, servicios de información, registro y tramitación correspondientes a varias Administraciones Públicas (Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local), en aplicación de los principios de cooperación interadministrativa y de simplificación de la relación del ciudadano con la Administración. Las Administraciones deben mantener un directorio actualizado de estas oficinas.

La Ventanilla Única Empresarial

La Ventanilla Única Empresarial (VUE) es un servicio interadministrativo, fruto de convenios entre distintas Administraciones (AGE, CCAA, Cámaras de Comercio, corporaciones locales), que facilita a los emprendedores la realización de los trámites necesarios para el inicio y ejercicio de una actividad empresarial a través de un único punto de contacto (presencial o electrónico), actuando como intermediaria entre el ciudadano y los organismos competentes en cada trámite (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Registro Mercantil, entre otros), reduciendo cargas y plazos. Se apoya en los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y en el sistema CIRCE, que permite la constitución telemática de sociedades mediante el Documento Único Electrónico (DUE) (Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización). Es consecuencia de la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE), cuya transposición en España es la Ley 17/2009, que prevé la «ventanilla única» a través de la cual los prestadores pueden realizar todos los trámites. La Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, ha reforzado este marco.

Ventanilla única de la Directiva de Servicios y Ventanilla Digital Única europea

La Ventanilla Única de la Directiva de Servicios permite a los prestadores de servicios obtener información y realizar por vía electrónica los trámites necesarios para acceder a una actividad de servicios y ejercerla. El Reglamento (UE) 2018/1724 creó la pasarela digital única (Single Digital Gateway, «Your Europe»), que ofrece acceso en línea a información, procedimientos y servicios de asistencia para ciudadanos y empresas con actividades transfronterizas; los procedimientos clave deben poder completarse íntegramente en línea y con aplicación del principio «solo una vez». El PAG de la AGE es el portal nacional de acceso a esa ventanilla.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración es voluntario para las personas físicas (art. 14.1 LPAC), pero obligatorio para personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales de colegiación obligatoria, representantes de obligados y empleados públicos por razón de su cargo (art. 14.2 LPAC).
  • La sede electrónica es la dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración u órgano concreto, con garantías de identificación, integridad, veracidad y actualización (art. 38 Ley 40/2015). El portal de internet (art. 39) es distinto de la sede.
  • El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) es la plataforma de la AGE que centraliza el acceso a trámites e información dispersos en las distintas sedes electrónicas de sus organismos; su sede es sede.administracion.gob.es.
  • Sistemas de identificación (certificados electrónicos, claves concertadas como Cl@ve) acreditan la identidad; los sistemas de firma añaden además la garantía de integridad del documento y de la voluntad de quien lo suscribe. La firma solo es obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias (art. 11 LPAC).
  • Solo la firma electrónica cualificada se equipara plenamente a la firma manuscrita en todos sus efectos jurídicos, conforme al Reglamento europeo eIDAS (Reglamento (UE) 910/2014, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183).
  • Cl@ve es la plataforma común de identificación y firma de la AGE, que evita credenciales distintas para cada Administración; admite también certificados electrónicos y DNI electrónico.
  • El sello electrónico de órgano se emplea para la actuación administrativa automatizada, sin intervención directa de un empleado, con indicación del órgano responsable a efectos de impugnación (arts. 40-42 Ley 40/2015).
  • Las notificaciones electrónicas se entienden practicadas en el momento del acceso a su contenido, y rechazadas transcurridos diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella (art. 43.2 LPAC).
  • Los avisos de notificación son meramente informativos: su falta no afecta a la validez de la notificación puesta a disposición en sede o DEHú (art. 41.6 LPAC).
  • La Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) concentra las notificaciones de distintas Administraciones en un punto único, gestionada por la Secretaría General de Administración Digital.
  • Las copias electrónicas o en papel de documentos originales tienen la misma validez que el original si se garantiza la identidad del órgano emisor y su contenido, sin necesidad de cotejo presencial (art. 27 LPAC).
  • El Esquema Nacional de Seguridad (ENS, RD 311/2022) categoriza los sistemas de información en básica, media o alta; los de categoría media o alta deben auditarse al menos cada dos años.
  • El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI, RD 4/2010; art. 156 Ley 40/2015) tiene tres dimensiones: organizativa, semántica y técnica; las aplicaciones desarrolladas por o para las Administraciones deben ponerse a disposición de otras sin contraprestación (art. 157 Ley 40/2015).
  • La Ventanilla Única Empresarial (VUE) facilita a los emprendedores, mediante un único punto de contacto, los trámites necesarios para el inicio de una actividad empresarial ante distintas Administraciones; se vincula a CIRCE, a los PAE y a la Directiva de Servicios.
  • El Real Decreto 203/2021 (Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos) desarrolla las Leyes 39/2015 y 40/2015 y derogó el RD 1671/2009.
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¿Qué sistema de firma se equipara plenamente a la firma manuscrita en sus efectos jurídicos según la normativa europea?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de Administrativo del Estado?

La Administración electrónica es el conjunto de servicios públicos prestados por medios electrónicos que permiten a la ciudadanía relacionarse con las Administraciones sin necesidad de desplazamiento físico. La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, desarrolladas por el Real Decreto 203/2021, configuran el marco jurídico de esta transformación, que se apoya en instrumentos como las sedes electrónicas, los sistemas de identificación y firma (Cl@ve), las notificaciones electrónicas (DEHú), los esquemas nacionales de seguridad y de interoperabilidad, la Ventanilla Única Empresarial y el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado (administracion.gob.es).

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

El derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración es voluntario para las personas físicas (art. 14.1 LPAC), pero obligatorio para personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales de colegiación obligatoria, representantes de obligados y empleados públicos por razón de su cargo (art. 14.2 LPAC). La sede electrónica es la dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración u órgano concreto, con garantías de identificación, integridad, veracidad y actualización (art. 38 Ley 40/2015). El portal de internet (art. 39) es distinto de la sede. El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) es la plataforma de la AGE que centraliza el acceso a trámites e información dispersos en las distintas sedes electrónicas de sus organismos; su sede es sede.administracion.gob.es. Sistemas de identificación (certificados electrónicos, claves concertadas como Cl@ve) acreditan la identidad; los sistemas de firma añaden además la garantía de integridad del documento y de la voluntad de quien lo suscribe. La firma solo es obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias (art. 11 LPAC). Solo la firma electrónica cualificada se equipara plenamente a la firma manuscrita en todos sus efectos jurídicos, conforme al Reglamento europeo eIDAS (Reglamento (UE) 910/2014, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183). Cl@ve es la plataforma común de identificación y firma de la AGE, que evita credenciales distintas para cada Administración; admite también certificados electrónicos y DNI electrónico. El sello electrónico de órgano se emplea para la actuación administrativa automatizada, sin intervención directa de un empleado, con indicación del órgano responsable a efectos de impugnación (arts. 40-42 Ley 40/2015). Las notificaciones electrónicas se entienden practicadas en el momento del acceso a su contenido, y rechazadas transcurridos diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella (art. 43.2 LPAC). Los avisos de notificación son meramente informativos: su falta no afecta a la validez de la notificación puesta a disposición en sede o DEHú (art. 41.6 LPAC). La Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) concentra las notificaciones de distintas Administraciones en un punto único, gestionada por la Secretaría General de Administración Digital. Las copias electrónicas o en papel de documentos originales tienen la misma validez que el original si se garantiza la identidad del órgano emisor y su contenido, sin necesidad de cotejo presencial (art. 27 LPAC). El Esquema Nacional de Seguridad (ENS, RD 311/2022) categoriza los sistemas de información en básica, media o alta; los de categoría media o alta deben auditarse al menos cada dos años. El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI, RD 4/2010; art. 156 Ley 40/2015) tiene tres dimensiones: organizativa, semántica y técnica; las aplicaciones desarrolladas por o para las Administraciones deben ponerse a disposición de otras sin contraprestación (art. 157 Ley 40/2015). La Ventanilla Única Empresarial (VUE) facilita a los emprendedores, mediante un único punto de contacto, los trámites necesarios para el inicio de una actividad empresarial ante distintas Administraciones; se vincula a CIRCE, a los PAE y a la Directiva de Servicios. El Real Decreto 203/2021 (Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos) desarrolla las Leyes 39/2015 y 40/2015 y derogó el RD 1671/2009.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 9-14, 27, 41 y 43-44.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3, 38-46 y 155-158.
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
  • Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
  • Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
  • Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183; Reglamento (UE) 2018/1724 (pasarela digital única).
  • Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

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