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Tema 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). Se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley; el Presidente del Gobierno dirige su acción y coordina las funciones de los demás miembros. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes se articulan mediante instrumentos de control político como las preguntas, interpelaciones, la moción de censura y la cuestión de confianza.

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Composición y funciones del Gobierno (arts. 97-98 CE; Ley 50/1997)

El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1); ninguno de ellos puede ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni ninguna otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3). El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97). La Ley 50/1997, del Gobierno, desarrolla su composición, organización y funcionamiento (Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas del Gobierno).

Designación del Presidente del Gobierno (art. 99 CE)

Tras cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales, el Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso. El candidato expone ante el Congreso su programa político y solicita la confianza de la Cámara, que se otorga por mayoría absoluta en primera votación o, 48 horas después, por mayoría simple en segunda votación. Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones (art. 99.5).

Cese y responsabilidad del Gobierno (arts. 101, 108, 112, 113 CE)

El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101.1); el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (101.2). El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108). La cuestión de confianza (art. 112) la plantea el Presidente ante el Congreso, previa deliberación del Consejo de Ministros, entendiéndose otorgada por mayoría simple. La moción de censura (art. 113), que debe ser "constructiva" (incluir un candidato alternativo a la Presidencia), se propone al menos por la décima parte de los Diputados, y requiere mayoría absoluta para prosperar; si no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones.

Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno; a su vez, estos tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones, con derecho a ser oídos siempre que lo soliciten (art. 110 CE). El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras, existiendo un tiempo mínimo semanal reservado a esta función (art. 111). El control ordinario se articula, además, mediante comparecencias, comisiones de investigación y la tramitación de proposiciones no de ley.

El Gobierno en el art. 97 CE: dirección política y potestad reglamentaria

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. No se limita a ejecutar las leyes: también dirige e impulsa la política general del país, y dicta reglamentos de desarrollo y ejecución de las leyes.

Composición del Gobierno (art. 98 CE)

El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. La Ley 50/1997, del Gobierno, desarrolla su organización, competencias y funcionamiento.

El Consejo de Ministros: naturaleza y competencias

Órgano colegiado del Gobierno, integrado por el Presidente, los Vicepresidentes y los Ministros, al que corresponde aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso o, en su caso, al Senado; aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado; aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos; y acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, entre otras funciones ejecutivas y normativas de mayor relevancia.

Las Comisiones Delegadas del Gobierno

Órganos colegiados de coordinación, creados por Real Decreto del Consejo de Ministros, para examinar cuestiones de carácter general que afecten a varios Ministerios, coordinar la actividad de los Departamentos afectados por una misma directriz política, y estudiar asuntos que, por su especial trascendencia, requieren la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros u otro órgano superior.

El procedimiento de investidura (art. 99 CE)

Tras cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes de los grupos políticos, propone a través del Presidente del Congreso un candidato a la Presidencia del Gobierno, que expone su programa ante la Cámara y solicita la confianza; mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple 48 horas después en segunda votación. Si transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato obtenga la confianza, el Rey disuelve las Cortes.

El cese del Gobierno (art. 101 CE)

El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101.1). El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (art. 101.2). El art. 21 de la Ley 50/1997 limita su actuación: debe facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes y limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar otras medidas salvo casos de urgencia debidamente acreditados o razones de interés general expresamente justificadas.

La moción de censura constructiva (art. 113 CE)

Debe proponerla al menos una décima parte de los Diputados e incluir necesariamente un candidato alternativo a la Presidencia, de modo que su aprobación invista automáticamente a un nuevo Presidente. Exige mayoría absoluta del Congreso. Si no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

La cuestión de confianza (art. 112 CE)

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso si este le sigue otorgando su confianza, sobre su programa o una declaración de política general. Basta la mayoría simple para su otorgamiento (a diferencia de la investidura, que exige mayoría absoluta en primera votación). Si se deniega, el Presidente dimite y se inicia un nuevo procedimiento de investidura.

La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (art. 102 CE)

La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales: control parlamentario

El Título V CE (arts. 108-116) regula estas relaciones: el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de su gestión política; comparece ante las Cámaras a través de preguntas, interpelaciones y comparecencias; y puede verse sometido a Comisiones de investigación (art. 76 CE). La confianza parlamentaria, otorgada en la investidura, puede retirarse mediante moción de censura o negarse en una cuestión de confianza.

Los Decretos-leyes (art. 86 CE)

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos-leyes, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación o derogación.

Los Decretos Legislativos: leyes de bases y textos refundidos (art. 82 CE)

Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a ley orgánica, mediante una ley de bases (para elaborar textos articulados) o mediante una ley ordinaria (para refundir varios textos legales en uno solo). La delegación debe otorgarse de forma expresa, para materia concreta y con fijación de plazo; se agota por su uso mediante la publicación de la norma correspondiente.

El control de la legislación delegada

Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación pueden establecer fórmulas adicionales de control (art. 82.6 CE). Cuando el Gobierno excede los límites de la delegación, el exceso (ultra vires) es controlable por la jurisdicción contencioso-administrativa si el vicio afecta a una parte del texto separable del resto, o por el Tribunal Constitucional cuando afecta a la totalidad de la norma delegada, al tener esta rango de ley.

La iniciativa legislativa del Gobierno: los anteproyectos de ley

El Gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante la elaboración de anteproyectos de ley, aprobados en primera instancia por el Consejo de Ministros, sometidos después a los informes, dictámenes y consultas preceptivas (incluido, en su caso, el del Consejo de Estado) antes de su aprobación definitiva como proyecto de ley y su remisión al Congreso de los Diputados.

El Gobierno en funciones: límites de su actuación

Tras su cese, el Gobierno continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, facilitando el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes, y limitando su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos (art. 21 de la Ley 50/1997). No puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado; las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes quedan en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones por celebración de elecciones generales. El Presidente en funciones, además, no puede proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales, plantear la cuestión de confianza, ni proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Conserva, en cambio, la potestad reglamentaria para el despacho ordinario y puede dictar Reales Decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad (aunque su uso debe ser excepcional y motivado).

Estatuto de los miembros del Gobierno: incompatibilidades

Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3 CE), garantía de dedicación exclusiva e imparcialidad desarrollada con detalle por la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

El refrendo de los actos del Gobierno y su relación con la Corona

El Gobierno es un órgano constitucional distinto de la Corona, pero sus decisiones de mayor rango adoptan forma de Real Decreto, que formalmente expide el Rey (art. 62.f CE) tras ser acordado en Consejo de Ministros. El Rey no decide: su expedición es un acto debido, refrendado por el Presidente del Gobierno o por el Ministro competente (art. 64.1 CE), lo que traslada a quien refrenda la responsabilidad del acto (art. 64.2). Las Órdenes ministeriales, en cambio, las dicta el Ministro sin intervención regia.

La potestad reglamentaria del Gobierno

El art. 97 CE atribuye al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria, esto es, la facultad de dictar reglamentos (Reales Decretos del Consejo de Ministros o del Presidente, Órdenes Ministeriales) de desarrollo y ejecución de las leyes, o de organización interna de la Administración, siempre con sometimiento pleno a la ley y sujetos a control jurisdiccional por la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE).

El Presidente del Gobierno: funciones de dirección y coordinación

Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión (art. 98.2 CE). Le corresponde, entre otras funciones (art. 2 de la Ley 50/1997): proponer al Rey el nombramiento y cese de los Vicepresidentes y de los Ministros; crear, modificar y suprimir por Real Decreto los Departamentos ministeriales y las Secretarías de Estado; plantear ante el Congreso la cuestión de confianza; proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales; proponer la convocatoria de un referéndum consultivo (art. 92 CE); interponer el recurso de inconstitucionalidad; y establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior.

Los Vicepresidentes, los Ministros y los Secretarios de Estado

Los Vicepresidentes y los Ministros son miembros del Gobierno; los Ministros pueden tener cartera (titulares de un Departamento) o no (Ministros sin cartera). Los Secretarios de Estado, órganos superiores de la Administración General del Estado, no forman parte del Gobierno, aunque pueden asistir convocados al Consejo de Ministros. El Gobierno cuenta con órganos de apoyo y coordinación: la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que prepara las reuniones del Consejo de Ministros, y las Comisiones Delegadas del Gobierno. La estructura departamental se fija por Real Decreto del Presidente del Gobierno y puede cambiar en cada legislatura.

Competencias del Consejo de Ministros: ampliación

Además de lo anterior, al Consejo de Ministros corresponde ejercer la potestad reglamentaria mediante Reales Decretos, declarar los estados de alarma, y solicitar la autorización del Congreso para declarar el estado de excepción y proponerle la declaración del estado de sitio (art. 116 CE); acordar el nombramiento de altos cargos; aprobar el Plan Anual Normativo y las líneas generales de la política del Gobierno; y deliberar sobre la cuestión de confianza que plantee el Presidente. Los acuerdos del Consejo de Ministros se adoptan en reuniones convocadas y presididas por el Presidente del Gobierno; las reuniones son secretas y se levanta acta.

La Administración Pública en la Constitución (arts. 103 a 107 CE)

Art. 103.1: la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Art. 103.2: los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Art. 103.3: la ley regula el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Art. 104: las Fuerzas y Cuerpos de seguridad bajo la dependencia del Gobierno tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Art. 105: la ley regula la audiencia de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones administrativas, el acceso a archivos y registros administrativos y el procedimiento administrativo, que garantizará la audiencia del interesado. Art. 106: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa; los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos, salvo fuerza mayor. Art. 107: el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (LO 3/1980, del Consejo de Estado).

Normativa básica de la Administración General del Estado

El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de la AGE se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Gobierno se regula en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. La potestad reglamentaria sigue una jerarquía interna: los Reales Decretos del Consejo de Ministros priman sobre las Órdenes ministeriales, y estas sobre las disposiciones de órganos inferiores (art. 24 de la Ley 50/1997).

La disolución anticipada de las Cortes (art. 115 CE) y los estados excepcionales (art. 116 CE)

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que decreta el Rey con refrendo del Presidente y que fija la fecha de las elecciones (art. 115.1 y 115.3). No cabe proponerla mientras esté en trámite una moción de censura ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución (art. 115.2) ni durante los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116.5). El Gobierno declara por decreto el estado de alarma, solicita la autorización del Congreso para el de excepción y propone la declaración del de sitio (art. 116).

Ejemplos de aplicación del art. 99: investiduras fallidas y disoluciones

El mecanismo del art. 99.5 se aplicó por primera vez tras las elecciones de diciembre de 2015 (investiduras fallidas de 2016 y convocatoria de elecciones en junio de 2016) y de nuevo en 2019 (elecciones de abril y noviembre). En la XV Legislatura, tras las elecciones del 23 de julio de 2023, el candidato propuesto en primer lugar no obtuvo la confianza en septiembre y fue investido Pedro Sánchez el 16 de noviembre de 2023. La moción de censura solo ha prosperado en una ocasión: en 2018, contra el Presidente Rajoy.

La responsabilidad del Gobierno: tipos y órganos

Responsabilidad política: solidaria, ante el Congreso (art. 108), y exigible mediante moción de censura o cuestión de confianza; cada Ministro responde además directamente de su gestión (art. 98.2). Responsabilidad penal: ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102.1); la acusación por traición o delitos contra la seguridad del Estado solo puede plantearse por iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta (art. 102.2); la prerrogativa real de gracia no es aplicable a ninguno de estos supuestos (art. 102.3). Responsabilidad jurídico-administrativa: los actos del Gobierno están sujetos a control de los Tribunales (arts. 106.1 y 24 CE).

Información y control: arts. 109 a 111 CE

Art. 109: las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar, a través de sus Presidentes, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas. Art. 110: las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, que tienen acceso a las sesiones y derecho a ser oídos y a hacerse asistir por funcionarios. Art. 111: interpelaciones y preguntas; el Reglamento de cada Cámara establece un tiempo mínimo semanal; toda interpelación puede dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Investidura (art. 99): mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple 48 horas después en segunda votación; si transcurren 2 meses desde la primera votación sin investidura, el Rey disuelve las Cortes y convoca elecciones (art. 99.5).
  • Moción de censura constructiva (art. 113): propuesta por al menos una décima parte de los Diputados, debe incluir un candidato alternativo, exige mayoría absoluta; si no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones.
  • Cuestión de confianza (art. 112): la plantea el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se otorga por mayoría simple, a diferencia de la investidura.
  • El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados de su gestión política (art. 108 CE), no ante el Senado.
  • El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101); el cesante continúa en funciones con gestión limitada hasta el nuevo Gobierno.
  • El Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso, salvo casos de urgencia acreditada.
  • Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3 CE).
  • Decretos-leyes (art. 86): disposiciones legislativas provisionales por extraordinaria y urgente necesidad; no pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos del Título I, al régimen de las CCAA ni al Derecho electoral general; deben convalidarse o derogarse por el Congreso en el plazo de 30 días.
  • Decretos Legislativos (art. 82): ley de bases (para elaborar textos articulados) o ley ordinaria (para refundir textos legales); la delegación debe ser expresa, para materia concreta, con plazo, y se agota con su uso.
  • El exceso en la delegación legislativa (ultra vires) es controlable por la jurisdicción contencioso-administrativa si el vicio afecta a una parte separable, o por el Tribunal Constitucional cuando afecta a la totalidad de la norma delegada.
  • La responsabilidad criminal del Presidente y los Ministros se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; por traición o delito contra la seguridad del Estado, solo por iniciativa de una cuarta parte del Congreso y aprobación por mayoría absoluta (art. 102).
  • El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, el proyecto de PGE, los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos, y acuerda la negociación y firma de tratados internacionales.
  • El Gobierno tiene acceso a las sesiones de las Cámaras con derecho a ser oído (art. 110 CE); existe un tiempo mínimo semanal reservado a preguntas e interpelaciones (art. 111 CE).
  • Principios del art. 103.1 CE: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho; objetividad al servir los intereses generales. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107).
  • Art. 2 Ley 50/1997: el Presidente propone cese y nombramiento de Ministros, crea y suprime Departamentos por Real Decreto, y plantea la cuestión de confianza.
  • Los Secretarios de Estado no forman parte del Gobierno; las Comisiones Delegadas son órganos de apoyo del Consejo de Ministros.
  • Art. 102 CE: responsabilidad criminal del Gobierno ante la Sala de lo Penal del TS; para traición o delitos contra la seguridad del Estado, iniciativa de 1/4 del Congreso y aprobación por mayoría absoluta; no cabe el derecho de gracia.
  • El Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de PGE ni presentar proyectos de ley; su gestión se limita al despacho ordinario (art. 21 Ley 50/1997).
  • La moción de censura: 1/10 de Diputados, candidato alternativo, mayoría absoluta, 5 días de espera; ha prosperado una vez (2018).
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El supremo órgano consultivo del Gobierno es, según el art. 107 CE:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Administrativo del Estado?

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). Se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley; el Presidente del Gobierno dirige su acción y coordina las funciones de los demás miembros. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes se articulan mediante instrumentos de control político como las preguntas, interpelaciones, la moción de censura y la cuestión de confianza.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

Investidura (art. 99): mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple 48 horas después en segunda votación; si transcurren 2 meses desde la primera votación sin investidura, el Rey disuelve las Cortes y convoca elecciones (art. 99.5). Moción de censura constructiva (art. 113): propuesta por al menos una décima parte de los Diputados, debe incluir un candidato alternativo, exige mayoría absoluta; si no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones. Cuestión de confianza (art. 112): la plantea el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se otorga por mayoría simple, a diferencia de la investidura. El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados de su gestión política (art. 108 CE), no ante el Senado. El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101); el cesante continúa en funciones con gestión limitada hasta el nuevo Gobierno. El Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso, salvo casos de urgencia acreditada. Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3 CE). Decretos-leyes (art. 86): disposiciones legislativas provisionales por extraordinaria y urgente necesidad; no pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos del Título I, al régimen de las CCAA ni al Derecho electoral general; deben convalidarse o derogarse por el Congreso en el plazo de 30 días. Decretos Legislativos (art. 82): ley de bases (para elaborar textos articulados) o ley ordinaria (para refundir textos legales); la delegación debe ser expresa, para materia concreta, con plazo, y se agota con su uso. El exceso en la delegación legislativa (ultra vires) es controlable por la jurisdicción contencioso-administrativa si el vicio afecta a una parte separable, o por el Tribunal Constitucional cuando afecta a la totalidad de la norma delegada. La responsabilidad criminal del Presidente y los Ministros se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; por traición o delito contra la seguridad del Estado, solo por iniciativa de una cuarta parte del Congreso y aprobación por mayoría absoluta (art. 102). El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, el proyecto de PGE, los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos, y acuerda la negociación y firma de tratados internacionales. El Gobierno tiene acceso a las sesiones de las Cámaras con derecho a ser oído (art. 110 CE); existe un tiempo mínimo semanal reservado a preguntas e interpelaciones (art. 111 CE). Principios del art. 103.1 CE: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho; objetividad al servir los intereses generales. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107). Art. 2 Ley 50/1997: el Presidente propone cese y nombramiento de Ministros, crea y suprime Departamentos por Real Decreto, y plantea la cuestión de confianza. Los Secretarios de Estado no forman parte del Gobierno; las Comisiones Delegadas son órganos de apoyo del Consejo de Ministros. Art. 102 CE: responsabilidad criminal del Gobierno ante la Sala de lo Penal del TS; para traición o delitos contra la seguridad del Estado, iniciativa de 1/4 del Congreso y aprobación por mayoría absoluta; no cabe el derecho de gracia. El Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de PGE ni presentar proyectos de ley; su gestión se limita al despacho ordinario (art. 21 Ley 50/1997). La moción de censura: 1/10 de Diputados, candidato alternativo, mayoría absoluta, 5 días de espera; ha prosperado una vez (2018).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229). Títulos IV y V (arts. 97-116).
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

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