Tema 2. Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración pública y su conexión con la Oferta de Empleo Público. Principios constitucionales. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
La selección de personal en las Administraciones públicas se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 14, 23.2 y 103.3 CE; art. 55 TREBEP) y se articula a través de procesos selectivos vinculados a la Oferta de Empleo Público (art. 70 TREBEP). El Estado garantiza además el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad mediante una reserva de plazas, adaptaciones de tiempo y medios y adaptación del puesto (art. 59 TREBEP y Real Decreto 2271/2004 en la AGE).
Principios constitucionales de acceso al empleo público
El art. 14 CE proclama la igualdad ante la ley; el art. 23.2 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; el art. 103.3 CE reserva a la ley la regulación del acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. El Tribunal Constitucional ha afirmado que el art. 23.2 CE prohíbe establecer requisitos que no guarden relación con el mérito y la capacidad y las diferencias arbitrarias entre aspirantes, y que protege tanto el acceso como la permanencia en condiciones de igualdad. El art. 55.1 TREBEP dispone que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Estos principios se aplican a la selección de funcionarios y de personal laboral (art. 55.2).
Principios rectores de los procesos selectivos (art. 55.2 TREBEP)
Las Administraciones públicas, entidades y organismos a que se refiere el art. 2 TREBEP seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen, además de los principios constitucionales, los siguientes: a) publicidad de las convocatorias y de sus bases; b) transparencia; c) imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; d) independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección; e) adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar; f) agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. Es un listado de memoria frecuente en examen: seis letras.
La Oferta de Empleo Público (art. 70 TREBEP)
Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público, o instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por ciento adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos (art. 70.1). En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. La Oferta se aprueba anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones públicas y deberá publicarse en el diario oficial correspondiente (en la AGE, por Real Decreto del Consejo de Ministros, publicado en el BOE). Su dimensión depende de la tasa de reposición de efectivos que fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con sus excepciones para sectores prioritarios y las plazas de estabilización. Tras la reforma de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, las Administraciones deben incluir en la oferta las plazas vacantes ocupadas por personal temporal para evitar la temporalidad de larga duración, y la ley refuerza la responsabilidad de las Administraciones por el incumplimiento de los plazos y el abuso en la temporalidad.
Conexión entre la Oferta de Empleo Público y los procesos selectivos
La OEP es el instrumento de planificación que enlaza las necesidades de personal con la actividad selectiva: determina el número de plazas por cuerpos, escalas y categorías, los turnos (libre, promoción interna, reserva para personas con discapacidad) y los porcentajes. De ella derivan las convocatorias, que concretan las bases de cada proceso. Su aprobación comporta la obligación de convocar los procesos selectivos de las plazas comprometidas dentro del plazo improrrogable de tres años. Esta conexión permite el control de legalidad de las convocatorias respecto de la oferta que les da cobertura. La OEP no genera derechos subjetivos individuales de los aspirantes a una plaza concreta; sí genera la obligación de la Administración de convocar. El ámbito de planificación incluye también los planes de ordenación de recursos humanos (art. 69 TREBEP).
Requisitos generales de acceso (art. 56 TREBEP)
Para participar en los procesos selectivos es necesario reunir los siguientes requisitos, además de los específicos de cada convocatoria: a) tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados; b) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial; e) poseer la titulación exigida. Las personas con discapacidad tendrán igualdad de oportunidades en el acceso (art. 56.2). Con carácter general, las bases exigen que los requisitos se reúnan en el último día del plazo de presentación de solicitudes y se mantengan hasta la toma de posesión.
Acceso de nacionales de otros Estados (art. 57 TREBEP)
Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado y de las Administraciones públicas (cuyo listado se determina por ley). Esta posibilidad se extiende, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea (siempre que no estén separados de derecho), y a sus descendientes y a los de su cónyuge menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, así como a nacionales de Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Las personas extranjeras con residencia legal podrán acceder como personal laboral en igualdad de condiciones que los españoles.
Sistemas selectivos (art. 61 TREBEP)
Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y las medidas de discriminación positiva previstas en el Estatuto; los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos (art. 61.1). Los procesos que incluyan, además de las pruebas de capacidad, la valoración de méritos solo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo (art. 61.2). Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición, que incluirán en todo caso una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación; solamente en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el concurso, que consistirá únicamente en la valoración de méritos (art. 61.3). Los procedimientos cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas y la adecuación al desempeño de las tareas, incluyendo la realización de ejercicios para comprobar el dominio de lenguas (art. 61.4). Para asegurar la objetividad, las pruebas podrán completarse con cursos, períodos de prácticas, exposición curricular, pruebas psicotécnicas o entrevistas, y podrán exigirse reconocimientos médicos (art. 61.5). Para el personal laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos (art. 61.7).
Los órganos de selección (art. 60 TREBEP)
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre (art. 60.1). El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección (art. 60.2). La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie (art. 60.3). Pueden contar con asesores especialistas. Se rigen por la Ley 40/2015 sobre órganos colegiados (abstención y recusación, quórum) y, en materia de composición equilibrada, por el art. 53 de la LO 3/2007. Los tribunales son órganos de la Administración, no jurisdiccionales; sus acuerdos son recurribles.
La discrecionalidad técnica y el control judicial
Los órganos de selección actúan con independencia y discrecionalidad técnica (art. 55.2.d TREBEP): la valoración de los conocimientos y méritos de los aspirantes corresponde a especialistas, y los jueces no pueden sustituir sin más su criterio técnico. Según la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, el control judicial se limita a los aspectos reglados (competencia del órgano, procedimiento, respeto de las bases, motivación suficiente) y a la ausencia de arbitrariedad, error manifiesto o desviación de poder; exige una motivación mínima de las calificaciones y permite revisar errores técnicos patentes. Las bases de la convocatoria son la «ley del concurso», vinculan a la Administración, a los tribunales y a los participantes, y su impugnación puede realizarse directamente o con ocasión de su aplicación.
Fases del proceso selectivo
Convocatoria pública con publicación íntegra de las bases en el diario oficial (principio de publicidad); presentación de solicitudes y pago de tasas; admisión y exclusión de aspirantes, con listas provisionales y definitivas y plazo de subsanación; constitución del tribunal; realización de las pruebas conforme al sistema elegido; calificación y publicación de resultados; relación de aprobados (que no puede exceder del número de plazas convocadas); presentación de documentos acreditativos de los requisitos; curso selectivo o periodo de prácticas, en su caso; y nombramiento, acatamiento de la Constitución y toma de posesión (art. 62 TREBEP). La falta de publicidad de las bases o del anuncio puede acarrear la nulidad del proceso. Las convocatorias pueden impugnarse en vía administrativa y contenciosa, pero los actos de trámite no cualificados no son recurribles autónomamente.
Turnos de acceso: libre, promoción interna y reserva
Dentro de una OEP, las plazas se distribuyen en turnos: turno libre (abierto a todo aspirante que cumpla los requisitos generales), turno de promoción interna (reservado a funcionarios de carrera de un cuerpo o escala de un grupo o subgrupo inferior que reúnan los requisitos de titulación y de antigüedad: dos años de servicio activo en el cuerpo o escala al que pertenezcan, art. 18 TREBEP) y cupo de reserva para personas con discapacidad (art. 59). La promoción interna puede ser vertical (ascenso a un cuerpo de grupo superior) u horizontal (acceso a cuerpos del mismo grupo o subgrupo). Las plazas de promoción interna no cubiertas se acumulan a las del turno libre. Las bases pueden eximir a los aspirantes de promoción interna de las pruebas sobre materias cuyo conocimiento ya se acreditó en el ingreso en el cuerpo de origen.
Acceso al empleo público de las personas con discapacidad (art. 59 TREBEP)
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el art. 4.2 del RDLeg 1/2013 (aquellas con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento), siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración pública. Dentro del cupo se reserva específicamente un porcentaje mínimo de plazas para personas con discapacidad intelectual (al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas en la regulación vigente), con el fin de promover su inclusión. Las plazas del cupo que queden desiertas se acumulan, según las bases, a las del turno libre. Las personas con discapacidad que se presenten por el cupo han de acreditar el grado mediante certificado oficial y superar las mismas pruebas que el resto, sin minorar el nivel de exigencia, aunque con las adaptaciones oportunas. El Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad en la AGE.
Adaptaciones y ajustes razonables en el proceso selectivo
Cada Administración pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 59 TREBEP). En la AGE, las convocatorias deben prever las adaptaciones posibles de tiempo (la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, fija los criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales), formato de las pruebas, ayudas técnicas, intérpretes o accesibilidad física de los lugares de examen. La solicitud se realiza en la inscripción, acompañada del dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad. Las adaptaciones no pueden suponer una minoración del nivel de exigencia de capacidad para el desempeño de las tareas ni alterar el contenido esencial de las pruebas.
Provisión de puestos de trabajo y personas con discapacidad
La provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de carrera se realiza mediante los procedimientos de concurso y libre designación con convocatoria pública (art. 78 TREBEP), respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; el concurso es el procedimiento normal, y la libre designación consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos. Respecto de las personas con discapacidad, la normativa de la AGE (Real Decreto 2271/2004 y Real Decreto 364/1995) establece prevén mecanismos de adaptación de los puestos a las condiciones de las personas con discapacidad, la posibilidad de que quienes acceden por el cupo soliciten la adaptación del puesto y, en su caso, el cambio de puesto por razones de salud o rehabilitación. La Administración debe garantizar la accesibilidad de los entornos de trabajo conforme al RDLeg 1/2013 y proteger a los trabajadores especialmente sensibles (art. 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). La denegación de ajustes razonables no desproporcionados constituye discriminación conforme al RDLeg 1/2013.
Estabilización del empleo temporal (Ley 20/2021)
Ante la elevada temporalidad en el empleo público, la Ley 20/2021 (precedida por el Real Decreto-ley 14/2021) se propuso reducir la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento y habilitó procesos de estabilización de las plazas de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpida durante un periodo mínimo, mediante concurso-oposición (con una valoración de méritos limitada) o, excepcionalmente, concurso para las plazas ocupadas con anterioridad a una fecha, sin perjuicio de las compensaciones económicas a quienes no superen el proceso. Responde a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Directiva 1999/70/CE (Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada), que exige medidas efectivas para prevenir y sancionar el abuso de la contratación temporal sucesiva. Los plazos de ejecución y sus prórrogas deben comprobarse en la normativa vigente.
Impugnación y control de los procesos selectivos
Las bases de la convocatoria y la convocatoria son actos administrativos recurribles en vía administrativa (reposición potestativa, si ponen fin a la vía administrativa) o directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las resoluciones y actos del tribunal calificador que decidan sobre el fondo, impidan continuar el procedimiento u ocasionen indefensión (actos de trámite cualificados) son recurribles en alzada ante la autoridad que haya nombrado al presidente del tribunal, salvo que las bases dispongan otra cosa. Los aspirantes tienen derecho de acceso al expediente y a conocer las calificaciones y su motivación. Los procesos selectivos están sometidos a la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y al control de la desviación de poder.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La OEP debe ejecutarse en el plazo improrrogable de tres años; obliga a convocar las plazas comprometidas y hasta un diez por ciento adicional (art. 70 TREBEP). Se aprueba anualmente y se publica en el diario oficial.
Principios de acceso (art. 55): igualdad, mérito y capacidad, más publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación a las tareas y agilidad sin perjuicio de la objetividad.
El art. 23.2 CE reconoce el acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos; el art. 103.3 CE remite a la ley el acceso según mérito y capacidad.
Sistemas selectivos de funcionarios: oposición y concurso-oposición como regla; el concurso (solo méritos) solo excepcionalmente y por ley (art. 61.3 TREBEP). Los méritos no pueden determinar por sí solos el resultado del proceso (art. 61.2).
Requisitos generales (art. 56): nacionalidad española (con matices para la UE y otros), capacidad funcional, 16 años cumplidos sin exceder la edad de jubilación forzosa, no separación del servicio ni inhabilitación, y titulación exigida.
El acceso de nacionales de la UE excluye los puestos con participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público o en la salvaguardia de los intereses del Estado (art. 57 TREBEP).
Los órganos de selección son colegiados, tienden a la paridad entre mujer y hombre, y no pueden formar parte de ellos el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual; la pertenencia es a título individual (art. 60 TREBEP).
Reserva para personas con discapacidad: cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes (grado igual o superior al 33 por ciento), con reserva dentro de él para discapacidad intelectual, hasta alcanzar progresivamente el dos por ciento de los efectivos totales (art. 59 TREBEP); en la AGE, Real Decreto 2271/2004.
Las adaptaciones de tiempo y medios para personas con discapacidad en los procesos selectivos no pueden minorar el nivel de exigencia para acreditar la capacidad (Orden PRE/1822/2006 sobre tiempos adicionales).
Promoción interna: exige los requisitos de ingreso, dos años de antigüedad en el cuerpo o escala de origen y superar las pruebas (art. 18 TREBEP).
El control jurisdiccional de la discrecionalidad técnica se limita a los aspectos reglados y a la ausencia de arbitrariedad, error manifiesto o desviación de poder.
Estabilización: la Ley 20/2021 busca reducir la temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento, en respuesta a la Directiva 1999/70/CE; la provisión de puestos se hace por concurso o libre designación (art. 78 TREBEP).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
El grado mínimo de discapacidad que se exige para participar por el cupo de reserva del art. 59 TREBEP es:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Administrativo del Estado?
La selección de personal en las Administraciones públicas se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 14, 23.2 y 103.3 CE; art. 55 TREBEP) y se articula a través de procesos selectivos vinculados a la Oferta de Empleo Público (art. 70 TREBEP). El Estado garantiza además el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad mediante una reserva de plazas, adaptaciones de tiempo y medios y adaptación del puesto (art. 59 TREBEP y Real Decreto 2271/2004 en la AGE).
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
La OEP debe ejecutarse en el plazo improrrogable de tres años; obliga a convocar las plazas comprometidas y hasta un diez por ciento adicional (art. 70 TREBEP). Se aprueba anualmente y se publica en el diario oficial. Principios de acceso (art. 55): igualdad, mérito y capacidad, más publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación a las tareas y agilidad sin perjuicio de la objetividad. El art. 23.2 CE reconoce el acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos; el art. 103.3 CE remite a la ley el acceso según mérito y capacidad. Sistemas selectivos de funcionarios: oposición y concurso-oposición como regla; el concurso (solo méritos) solo excepcionalmente y por ley (art. 61.3 TREBEP). Los méritos no pueden determinar por sí solos el resultado del proceso (art. 61.2). Requisitos generales (art. 56): nacionalidad española (con matices para la UE y otros), capacidad funcional, 16 años cumplidos sin exceder la edad de jubilación forzosa, no separación del servicio ni inhabilitación, y titulación exigida. El acceso de nacionales de la UE excluye los puestos con participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público o en la salvaguardia de los intereses del Estado (art. 57 TREBEP). Los órganos de selección son colegiados, tienden a la paridad entre mujer y hombre, y no pueden formar parte de ellos el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual; la pertenencia es a título individual (art. 60 TREBEP). Reserva para personas con discapacidad: cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes (grado igual o superior al 33 por ciento), con reserva dentro de él para discapacidad intelectual, hasta alcanzar progresivamente el dos por ciento de los efectivos totales (art. 59 TREBEP); en la AGE, Real Decreto 2271/2004. Las adaptaciones de tiempo y medios para personas con discapacidad en los procesos selectivos no pueden minorar el nivel de exigencia para acreditar la capacidad (Orden PRE/1822/2006 sobre tiempos adicionales). Promoción interna: exige los requisitos de ingreso, dos años de antigüedad en el cuerpo o escala de origen y superar las pruebas (art. 18 TREBEP). El control jurisdiccional de la discrecionalidad técnica se limita a los aspectos reglados y a la ausencia de arbitrariedad, error manifiesto o desviación de poder. Estabilización: la Ley 20/2021 busca reducir la temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento, en respuesta a la Directiva 1999/70/CE; la provisión de puestos se hace por concurso o libre designación (art. 78 TREBEP).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 14, 23.2 y 103.3.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 18, 55-62, 69-70 y 78.
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, art. 4.
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la AGE.
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.
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