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Tema 5. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

La actividad administrativa se manifiesta en distintas formas de intervención sobre la esfera jurídica de los particulares, según la clasificación clásica de Jordana de Pozas (policía o limitación, fomento y servicio público) a la que algunos autores añaden la actividad arbitral: la limitación (restringe derechos y libertades en garantía del interés general), la arbitral (la Administración resuelve conflictos entre particulares), la de servicio público (satisface necesidades colectivas mediante prestaciones) y la de fomento (estimula actividades de interés general mediante incentivos, sin coacción). Cada una de estas formas de actividad se canaliza a través de procedimientos administrativos (ordinario, sancionador, de ejecución forzosa, de concesión de subvenciones, etc.) y, en el caso del servicio público, determina las distintas fórmulas de gestión directa o indirecta.

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La clasificación clásica de las formas de actividad administrativa (Jordana de Pozas)

La doctrina española, siguiendo la formulación clásica de Luis Jordana de Pozas (1949), distingue tres grandes formas de actividad administrativa según la técnica de intervención empleada: la actividad de limitación o policía (restringe la libertad o los derechos de los particulares), la actividad de fomento (estimula, sin coacción, actividades de interés general) y la actividad de servicio público (la Administración presta directamente una prestación a los ciudadanos). A ellas se añade, en construcciones más modernas, la actividad arbitral, en la que la Administración dirime conflictos entre particulares, y a veces la actividad de gestión económica o empresarial (la Administración actúa como operador económico en el mercado, amparada en el art. 128.2 CE) y la actividad de planificación.

Procedimientos y formas de la actividad administrativa: visión general

La actividad administrativa se ejerce a través de procedimientos reglados cuyo régimen común se encuentra en la Ley 39/2015 (iniciación, ordenación, instrucción y terminación) y en la Ley 40/2015 (principios de actuación, potestad sancionadora). Existen procedimientos especiales según la materia: el sancionador (arts. 63-64, 85 y 89-90 LPAC y arts. 25-31 LRJSP), el de responsabilidad patrimonial, el de elaboración de disposiciones de carácter general, el de concesión de subvenciones (Ley 38/2003), el de contratación (LCSP) o el de ejecución forzosa de los actos administrativos (arts. 97 a 104 LPAC). La forma jurídica que adopta la actividad (reglamento, acto, contrato, convenio, informe, actuación material) es distinta de las formas de actividad analizadas en este tema, que atienden a su contenido y finalidad.

La actividad de limitación o policía: concepto

Es la forma de actividad administrativa mediante la cual la Administración restringe, condiciona o encauza la libertad y los derechos de los particulares en garantía del interés general, mediante el ejercicio de potestades públicas, sin sustituir la actividad privada ni prestarles directamente un servicio. Se fundamenta en la protección de bienes colectivos (orden público, seguridad, salubridad, medio ambiente, urbanismo, consumidores). Está sometida a la reserva de ley cuando afecta a derechos fundamentales, al principio de legalidad y al de proporcionalidad.

Técnicas de la actividad de limitación

Sus técnicas principales son: la reglamentación (normas que delimitan de forma general el ejercicio de derechos y actividades); la autorización o licencia (acto por el que se remueve un obstáculo al ejercicio de un derecho preexistente, previa comprobación de que se cumplen los requisitos legales); la orden (mandato concreto que impone una obligación de dar, hacer o no hacer, que puede ser de ejecución inmediata); la prohibición; la comunicación previa y la declaración responsable (control a posteriori); la inspección; y la sanción administrativa (reacción del ordenamiento ante el incumplimiento de una obligación, con función represiva y disuasoria). Si el obligado incumple, la Administración dispone de la ejecución forzosa de sus actos.

El principio de proporcionalidad en la actividad de limitación (art. 4 LRJSP)

Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad deben aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deben evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Opera como límite transversal a toda la actividad de policía administrativa. Las medidas deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas en sentido estricto.

La autorización administrativa

Acto por el que la Administración remueve, previa comprobación de que se cumplen los requisitos legalmente exigidos, un obstáculo o límite al ejercicio de un derecho preexistente en el particular, sin crear un derecho nuevo (a diferencia de la concesión, que atribuye al particular un derecho que antes no tenía, como la utilización de un bien de dominio público o la gestión de un servicio). Puede ser reglada (comprobación objetiva de requisitos, sin margen de apreciación, de modo que cumplidos los requisitos la Administración está obligada a otorgarla) o discrecional (valoración de oportunidad dentro de los límites legales), y su denegación debe ser motivada. Se distinguen autorizaciones operativas (para actos concretos) y de funcionamiento o de status (relaciones duraderas). La licencia es la autorización típica de las Entidades Locales (por ejemplo, la licencia urbanística).

La libertad de establecimiento y la sustitución de autorizaciones por declaración responsable y comunicación previa

La Directiva 2006/123/CE de Servicios, transpuesta por la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, limita la exigencia de autorización previa a los supuestos en que esté justificada por razones imperiosas de interés general y sea proporcionada, y la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado refuerza el principio de necesidad y proporcionalidad de las intervenciones administrativas. Como consecuencia, la declaración responsable y la comunicación previa (art. 69 LPAC) han sustituido en gran medida a la autorización previa clásica: permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho, o el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, trasladando el control a un momento posterior mediante las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en la declaración o comunicación determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde que se tenga constancia, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

La ejecución forzosa de los actos administrativos (arts. 97 a 104 LPAC)

Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos (art. 98), salvo que se suspenda su ejecución, se trate de una resolución sancionadora contra la que quepa recurso en vía administrativa (incluido el potestativo de reposición), una disposición establezca lo contrario o se necesite aprobación o autorización superior. Las Administraciones no pueden iniciar actuaciones materiales de ejecución que limiten derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que les sirva de fundamento jurídico (prohibición de vía de hecho, art. 97). La ejecución forzosa, previo apercibimiento, se realiza por los medios siguientes (art. 100), eligiendo el menos restrictivo de la libertad individual: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria (la Administración realiza el acto por sí o a través de las personas que determine, a costa del obligado), multa coercitiva (reiterada por lapsos de tiempo, compatible con otras sanciones, que se impone para obligar al cumplimiento) y compulsión sobre las personas (solo cuando la ley lo autoriza, respetando la dignidad y los derechos constitucionales). Si es necesario entrar en un domicilio, se requiere consentimiento del titular o autorización judicial.

La potestad sancionadora: principios (arts. 25 a 31 LRJSP)

Principios de la potestad sancionadora de las Administraciones: legalidad (art. 25: la potestad solo se ejerce cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley; las disposiciones que regulan el procedimiento tienen que respetar los principios); irretroactividad (art. 26, salvo que favorezcan al presunto infractor); tipicidad (art. 27: solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley); responsabilidad (art. 28: solo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción las personas físicas y jurídicas que resulten responsables a título de dolo o culpa); proporcionalidad (art. 29); prescripción (art. 30: si la ley no fija plazos, las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses; las sanciones impuestas por infracciones muy graves a los 3 años, por graves a los 2 años y por leves al año); y concurrencia de sanciones o principio non bis in idem (art. 31: no pueden sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento).

El procedimiento sancionador (LPAC)

Se inicia siempre de oficio por acuerdo del órgano competente (art. 63) y se establece la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomienda a órganos distintos. Los interesados tienen derecho a ser notificados de los hechos que se imputan, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario (art. 53.2). Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad o procede al pago voluntario de la sanción pecuniaria, se aplican reducciones de al menos el 20 por 100 sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí (art. 85). La resolución es motivada y decide todas las cuestiones planteadas; no es ejecutiva mientras quepa recurso en vía administrativa (art. 90).

La actividad arbitral de la Administración

Es aquella en la que la Administración actúa como tercero imparcial dirimiendo conflictos entre particulares sobre materias de su competencia, sin que la Administración sea parte del conflicto ni sustituya su voluntad sobre el fondo, resolviendo la controversia con los efectos de una decisión cuasi-jurisdiccional (laudo). Es una modalidad menos frecuente que las demás. Ejemplos característicos: el Sistema Arbitral de Consumo (Real Decreto 231/2008), basado en el arbitraje voluntario de consumidores y empresarios a través de las Juntas Arbitrales de Consumo, cuya organización corresponde a la Administración; las funciones de arbitraje que la normativa atribuye a determinados organismos reguladores para resolver conflictos entre operadores económicos (por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, creada por la Ley 3/2013, de 4 de junio); y los mecanismos de mediación y conciliación en materia laboral. Se distingue de la actividad de limitación en que la Administración no impone su voluntad a un particular en defensa del interés público, y de la jurisdicción en que no es ejercicio del poder judicial.

La actividad de servicio público: concepto

Es la actividad prestacional mediante la cual la Administración satisface directamente necesidades de interés general de los ciudadanos, poniendo a su disposición prestaciones concretas (sanidad, educación, transporte público, abastecimiento de agua, recogida de residuos). Se distingue de la actividad de limitación, que no presta nada sino que restringe, y de la de fomento, que estimula la actividad ajena sin sustituirla. La noción clásica exige la titularidad pública de la actividad (publicatio), declarada por la ley o asumida por la Administración competente; el art. 128.2 CE reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y permite reservar al sector público, mediante ley, recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio. En el Derecho de la UE se habla de servicios de interés general y servicios de interés económico general (art. 106 TFUE), con obligaciones de servicio público y de servicio universal.

Elementos y principios del servicio público

Titularidad pública de la actividad, continuidad y regularidad en la prestación (el servicio no puede interrumpirse arbitrariamente; en servicios esenciales el derecho de huelga se limita mediante servicios mínimos, art. 28.2 CE), igualdad de acceso de los usuarios (sin discriminaciones injustificadas), adaptación o mutabilidad (posibilidad de modificar las condiciones de prestación para adecuarlas a las necesidades cambiantes del interés general) y, en su caso, universalidad y asequibilidad. La titularidad del servicio no se pierde cuando se gestiona de forma indirecta: la Administración conserva siempre la potestad de dirección, inspección y control.

Formas de gestión de los servicios públicos: gestión directa

La Administración presta el servicio con sus propios medios, sin intermediación de un tercero ajeno. En el ámbito local, el art. 85 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, enumera como formas de gestión directa: gestión por la propia Entidad Local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local y sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública; las dos últimas solo pueden utilizarse cuando se justifique mediante memoria que resultan más sostenibles y eficientes que la gestión por la propia Entidad Local u organismo autónomo. En el ámbito estatal, el sector público institucional ofrece organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), sociedades mercantiles estatales, consorcios y fundaciones del sector público.

Formas de gestión de los servicios públicos: gestión indirecta

La Administración encomienda la prestación del servicio a un particular o a una entidad distinta, conservando su titularidad. La LCSP articula esta gestión indirecta a través del contrato de concesión de servicios (art. 15), en el que el concesionario asume el riesgo operacional de la explotación, a cambio del derecho a explotar el servicio, percibiendo su retribución de los propios usuarios o de la Administración, o de ambos. La concesión de servicios de la LCSP de 2017 sustituyó al antiguo contrato de gestión de servicios públicos y sus modalidades (concesión, gestión interesada, concierto, sociedad de economía mixta), adaptándose a la exigencia europea de transferencia real del riesgo al concesionario. La Administración conserva siempre las potestades de dirección, inspección, modificación del contrato por razones de interés público, y rescate.

El sector público institucional estatal (art. 84 LRJSP)

Se integra por: los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado (organismos autónomos y entidades públicas empresariales); las autoridades administrativas independientes; las sociedades mercantiles estatales; los consorcios; las fundaciones del sector público; los fondos sin personalidad jurídica; y las universidades públicas no transferidas. La Ley 40/2015 suprimió la categoría de las agencias estatales que había creado la Ley 28/2006: las agencias estatales preexistentes se reconvirtieron en organismos autónomos o entidades públicas empresariales, y «agencia» no figura ya entre las categorías del sector público institucional estatal del art. 84 LRJSP. Cualquier entidad que forme parte del sector público institucional se rige por los principios de la Ley 40/2015, sujeta a los de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y su creación, transformación o extinción debe someterse a las reglas de la ley.

El organismo autónomo como forma de gestión

Organismo público que se rige por el Derecho administrativo y al que se encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. Tiene personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía de gestión. Está adscrito a un Ministerio, y su personal es, con carácter general, funcionario o laboral sujeto al Derecho de la función pública.

La entidad pública empresarial como forma de gestión

Organismo público al que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Tiene personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión, y se rige por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en la LRJSP, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. Se diferencia del organismo autónomo en que su actividad se orienta a un mercado y en su régimen jurídico predominantemente privado.

La sociedad mercantil estatal

Sociedad de capital, mayoritariamente público (participación directa o indirecta de la Administración General del Estado u otras entidades del sector público estatal superior al 50 por 100), constituida conforme al Derecho mercantil. Se rige íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública (potestades administrativas), sin perjuicio de que puedan ejecutar actividades materiales que les encomiende la Administración.

Consorcios y fundaciones del sector público

Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, o entre estas y entidades privadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades de interés común (art. 118 LRJSP y ss.). Las fundaciones del sector público son las fundaciones constituidas con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades del sector público, o cuyo patrimonio fundacional con carácter de permanencia esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las mismas, y persiguen fines de interés general. Suponen fórmulas de gestión cuando concurren varias entidades en la prestación del servicio.

La actividad de fomento: concepto

Actividad administrativa dirigida a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar la coacción ni crear servicios públicos. Estimula o incentiva, respetando la libre voluntad de los particulares, a que sean ellos quienes desarrollen determinadas actuaciones consideradas de utilidad pública, a diferencia de la actividad de limitación (que restringe) y de la de servicio público (que sustituye o presta directamente). Se fundamenta en los principios constitucionales de promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (art. 9.2 CE) y en los mandatos de promoción de la ciencia, la cultura, el deporte, la vivienda u otros bienes (arts. 44, 47 y concordantes CE).

Técnicas de fomento: honoríficas, jurídicas y económicas

Las técnicas honoríficas otorgan distinciones, condecoraciones, títulos o premios que reconocen públicamente una conducta o mérito, sin contenido económico. Las técnicas jurídicas facilitan el ejercicio de una actividad mediante ventajas de este tipo (declaración de utilidad pública, expropiación en beneficio de un tercero, servidumbres forzosas, procedimientos simplificados). Las técnicas económicas, las más relevantes en la práctica, comprenden las subvenciones, los beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones y deducciones), las primas, los créditos oficiales, los avales públicos y las ayudas en especie.

La subvención como técnica de fomento por excelencia: concepto (art. 2 Ley 38/2003)

Regulada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006), es toda disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos del art. 3 a favor de personas públicas o privadas que cumpla los siguientes requisitos: que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios; que esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido; y que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. El beneficiario debe justificar la aplicación de los fondos a la finalidad para la que se concedieron.

Principios y planificación de la actividad subvencional (arts. 8 y 17 Ley 38/2003)

La gestión de las subvenciones se rige por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, y de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Con carácter previo al establecimiento de subvenciones deben concretarse en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. Las bases reguladoras de la concesión se aprueban por las normas reglamentarias o por orden ministerial de la Administración del Estado. La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) garantiza la publicidad de las convocatorias y concesiones.

Procedimientos de concesión de subvenciones (art. 22 Ley 38/2003)

El procedimiento ordinario de concesión es el de concurrencia competitiva, mediante convocatoria pública y comparación de solicitudes conforme a criterios objetivos previamente fijados en las bases reguladoras, a fin de establecer una prelación entre las mismas y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración. Con carácter excepcional pueden concederse de forma directa: las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales; aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal; y, con carácter excepcional, aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El plazo máximo para resolver y notificar no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca otro mayor o así venga previsto en la normativa de la UE.

El reintegro de subvenciones (arts. 36 a 43 Ley 38/2003)

Procede la devolución de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando se incumplan las condiciones que motivaron la concesión: obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando las que lo hubieran impedido; incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión; incumplimiento de la obligación de justificación; incumplimiento de las obligaciones de adoptar las medidas de difusión; resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control. El reintegro constituye una obligación de Derecho público exigible por el procedimiento administrativo correspondiente, y el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años. Son compatibles con las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, y con el control financiero ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.

Los beneficios fiscales como técnica de fomento

Exenciones, bonificaciones, deducciones y reducciones tributarias que alivian la carga fiscal de quienes desarrollan determinadas actividades consideradas de interés general (inversión en I+D+i, creación de empleo, mecenazgo cultural y social), incentivando indirectamente su realización sin necesidad de un desembolso presupuestario directo, a diferencia de la subvención, que sí implica un gasto público efectivo. El régimen fiscal del mecenazgo se regula en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Distinción entre las formas de actividad administrativa

La limitación restringe la esfera jurídica del particular (técnica de mandato o prohibición), utilizando la coacción; el fomento estimula sin coaccionar, respetando la libre decisión del particular; el servicio público sustituye o presta directamente una prestación asumida como propia por la Administración; y la actividad arbitral resuelve, como tercero imparcial, conflictos entre particulares. Una misma materia puede combinar varias formas de actividad simultáneamente (por ejemplo, la vivienda: limitación urbanística, fomento mediante ayudas, y servicio público de vivienda social).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Clasificación clásica de Jordana de Pozas: policía o limitación, fomento y servicio público; la actividad arbitral se añade en construcciones más modernas.
  • Los principios del servicio público son continuidad y regularidad, igualdad de acceso y mutabilidad o adaptación a las necesidades del interés general.
  • La subvención (Ley 38/2003) es la técnica de fomento económica por excelencia: disposición dineraria sin contraprestación directa, condicionada al cumplimiento de un objetivo, proyecto o actividad, con obligación de justificar su aplicación y finalidad de utilidad pública o interés social.
  • La autorización remueve un obstáculo al ejercicio de un derecho preexistente del particular sin crear un derecho nuevo (a diferencia de la concesión); puede ser reglada o discrecional.
  • La declaración responsable y la comunicación previa (art. 69 LPAC), impulsadas por la Directiva de Servicios y la Ley 17/2009, han sustituido en gran medida a la autorización previa: permiten el ejercicio del derecho desde su presentación, con control posterior mediante inspección.
  • Técnicas de fomento: honoríficas (distinciones sin contenido económico), jurídicas (declaraciones de utilidad pública, expropiación en beneficio de tercero) y económicas (subvenciones, beneficios fiscales, primas, créditos oficiales, avales).
  • El reintegro de subvenciones procede cuando se incumplen las condiciones de la concesión (objetivo, justificación, requisitos, publicidad); la Administración tiene 4 años para reconocer o liquidar el reintegro.
  • El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es el de concurrencia competitiva, mediante convocatoria pública y comparación de solicitudes según criterios objetivos; la concesión directa es excepcional.
  • Gestión directa de servicios públicos (la propia Administración, organismo autónomo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil pública) frente a gestión indirecta (contrato de concesión de servicios con transferencia del riesgo operacional).
  • El organismo autónomo se rige por Derecho administrativo; la entidad pública empresarial se rige por Derecho privado, salvo en la formación de la voluntad de sus órganos y en las potestades administrativas.
  • La sociedad mercantil estatal se rige por el Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación, y no puede ejercer autoridad pública.
  • El principio de proporcionalidad (art. 4 Ley 40/2015) limita transversalmente la actividad de limitación: las medidas deben ser las menos restrictivas posibles, motivadas y adecuadas al fin de interés público.
  • Principios sancionadores (arts. 25-31 Ley 40/2015): legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones (non bis in idem). Prescripción supletoria de infracciones: 3 años (muy graves), 2 años (graves), 6 meses (leves).
  • Medios de ejecución forzosa (art. 100 LPAC): apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
  • Pago voluntario o reconocimiento de responsabilidad en el procedimiento sancionador: reducciones de al menos el 20 % de la sanción propuesta, acumulables (art. 85 LPAC).
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En el procedimiento sancionador, ¿qué reducción mínima de la sanción pecuniaria propuesta se aplica por el reconocimiento de la responsabilidad o el pago voluntario (art. 85 LPAC)?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Administrativo del Estado?

La actividad administrativa se manifiesta en distintas formas de intervención sobre la esfera jurídica de los particulares, según la clasificación clásica de Jordana de Pozas (policía o limitación, fomento y servicio público) a la que algunos autores añaden la actividad arbitral: la limitación (restringe derechos y libertades en garantía del interés general), la arbitral (la Administración resuelve conflictos entre particulares), la de servicio público (satisface necesidades colectivas mediante prestaciones) y la de fomento (estimula actividades de interés general mediante incentivos, sin coacción). Cada una de estas formas de actividad se canaliza a través de procedimientos administrativos (ordinario, sancionador, de ejecución forzosa, de concesión de subvenciones, etc.) y, en el caso del servicio público, determina las distintas fórmulas de gestión directa o indirecta.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

Clasificación clásica de Jordana de Pozas: policía o limitación, fomento y servicio público; la actividad arbitral se añade en construcciones más modernas. Los principios del servicio público son continuidad y regularidad, igualdad de acceso y mutabilidad o adaptación a las necesidades del interés general. La subvención (Ley 38/2003) es la técnica de fomento económica por excelencia: disposición dineraria sin contraprestación directa, condicionada al cumplimiento de un objetivo, proyecto o actividad, con obligación de justificar su aplicación y finalidad de utilidad pública o interés social. La autorización remueve un obstáculo al ejercicio de un derecho preexistente del particular sin crear un derecho nuevo (a diferencia de la concesión); puede ser reglada o discrecional. La declaración responsable y la comunicación previa (art. 69 LPAC), impulsadas por la Directiva de Servicios y la Ley 17/2009, han sustituido en gran medida a la autorización previa: permiten el ejercicio del derecho desde su presentación, con control posterior mediante inspección. Técnicas de fomento: honoríficas (distinciones sin contenido económico), jurídicas (declaraciones de utilidad pública, expropiación en beneficio de tercero) y económicas (subvenciones, beneficios fiscales, primas, créditos oficiales, avales). El reintegro de subvenciones procede cuando se incumplen las condiciones de la concesión (objetivo, justificación, requisitos, publicidad); la Administración tiene 4 años para reconocer o liquidar el reintegro. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es el de concurrencia competitiva, mediante convocatoria pública y comparación de solicitudes según criterios objetivos; la concesión directa es excepcional. Gestión directa de servicios públicos (la propia Administración, organismo autónomo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil pública) frente a gestión indirecta (contrato de concesión de servicios con transferencia del riesgo operacional). El organismo autónomo se rige por Derecho administrativo; la entidad pública empresarial se rige por Derecho privado, salvo en la formación de la voluntad de sus órganos y en las potestades administrativas. La sociedad mercantil estatal se rige por el Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación, y no puede ejercer autoridad pública. El principio de proporcionalidad (art. 4 Ley 40/2015) limita transversalmente la actividad de limitación: las medidas deben ser las menos restrictivas posibles, motivadas y adecuadas al fin de interés público. Principios sancionadores (arts. 25-31 Ley 40/2015): legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones (non bis in idem). Prescripción supletoria de infracciones: 3 años (muy graves), 2 años (graves), 6 meses (leves). Medios de ejecución forzosa (art. 100 LPAC): apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Pago voluntario o reconocimiento de responsabilidad en el procedimiento sancionador: reducciones de al menos el 20 % de la sanción propuesta, acumulables (art. 85 LPAC).

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Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (principios de intervención, art. 4; potestad sancionadora, arts. 25 a 31; sector público institucional).
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 63-64, 69, 85 y 97 a 104).
  • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.
  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (contrato de concesión de servicios).
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 85, gestión de servicios públicos locales).
  • Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
  • Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
  • Constitución Española, arts. 9.2, 28.2 y 128.2.

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