Tema 9. El principio de legalidad y la jerarquía normativa. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: tipos de leyes y reserva de ley. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El Reglamento: concepto, clases y límites de la potestad reglamentaria. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Derecho originario y Derecho derivado: Reglamentos, Directivas y Decisiones.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
El tema 9 abre el Bloque II del temario (Derecho administrativo general) sentando las bases del sistema de fuentes con el que trabaja cualquier funcionario de la Comunidad de Madrid: por qué la Administración solo puede hacer lo que la ley le permite (principio de legalidad), en qué orden se aplican las normas cuando entran en conflicto (jerarquía normativa) y qué tipos de normas puede dictar cada poder del Estado (leyes, decretos-leyes, decretos legislativos, reglamentos). Se completa con las fuentes del Derecho de la Unión Europea, cuya primacía y efecto directo condicionan la validez del Derecho interno. Es un tema muy teórico pero de los más preguntados en test porque combina conceptos con supuestos de aplicación práctica (qué mayoría requiere una ley orgánica, cuándo cabe un decreto-ley, qué diferencia un reglamento de una directiva) y enlaza con el tema 1 (art. 9 CE) y con el tema 12 (validez de los actos dictados sin cobertura legal).
El principio de legalidad en la actuación administrativa
El principio de legalidad, recogido en los arts. 9.1 y 103.1 de la Constitución, exige que toda la actuación de las Administraciones Públicas se someta plenamente a la ley y al Derecho, y no solo a la ley en sentido formal. La doctrina distingue entre vinculación negativa (la Administración puede actuar libremente en todo lo que la ley no prohíba, propia del Derecho privado) y vinculación positiva (la Administración solo puede actuar cuando una norma previa le atribuye la potestad correspondiente, propia del Derecho Administrativo). El ordenamiento español se inclina por la vinculación positiva: cada actuación administrativa necesita una habilitación normativa previa, expresa o razonablemente inferida del ordenamiento, que determina el ámbito, el contenido y los límites de la potestad ejercida. La ausencia de esa cobertura legal convierte la actuación en una vía de hecho o determina la invalidez del acto dictado, pudiendo llegar a la nulidad de pleno derecho cuando la actuación se ha producido con manifiesta incompetencia o prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
El principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE)
El art. 9.3 de la Constitución garantiza, junto a otros principios generales del ordenamiento (publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), el principio de jerarquía normativa. Este principio ordena las fuentes del Derecho según un rango decreciente: la Constitución, como norma suprema; los Tratados internacionales válidamente celebrados; las leyes y disposiciones con rango de ley (leyes orgánicas, ordinarias, decretos-leyes y decretos legislativos); y, por debajo de todas ellas, los reglamentos, ordenados a su vez entre sí según el rango del órgano que los dicta. Una norma de rango inferior no puede contradecir ni derogar una de rango superior, y la consecuencia jurídica de su infracción es la invalidez de la norma inferior: en el caso de los reglamentos, la nulidad de pleno derecho de aquellos que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, conforme al art. 47.2 de la Ley 39/2015.
El sistema de fuentes del Derecho Administrativo
El Derecho Administrativo comparte con el resto del ordenamiento las fuentes clásicas —la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho— pero presenta una peculiaridad: la propia Administración es, a la vez, sujeto sometido a las normas y creadora de normas jurídicas a través de la potestad reglamentaria. La ley ocupa una posición central por el peso de la reserva de ley en esta rama del Derecho; la costumbre tiene un papel muy residual, limitado a materias no reguladas y siempre que no sea contraria a la moral o al orden público; los principios generales del Derecho (buena fe, confianza legítima, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) actúan con función informadora del ordenamiento y como criterio supletorio en defecto de ley o costumbre. La jurisprudencia, en sentido estricto, no es fuente del Derecho en nuestro sistema continental, aunque la doctrina reiterada del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento jurídico (art. 1.6 del Código Civil; las fuentes que enumera el art. 1.1 del Código Civil son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho; las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos, art. 164 CE) y orienta de forma decisiva la interpretación y aplicación de las normas administrativas.
La Constitución como norma suprema del ordenamiento
La Constitución de 1978 no es solo un texto político, sino la norma jurídica suprema del ordenamiento español, dotada de valor normativo directo e inmediato: sus preceptos son directamente invocables ante los tribunales y vinculan a todos los poderes públicos y a los ciudadanos, sin necesidad de que una ley posterior los desarrolle, salvo cuando la propia Constitución remite expresamente a un desarrollo legislativo. Su supremacía se garantiza mediante su especial rigidez (procedimientos de reforma agravados de los arts. 167 y 168 CE, según afecten o no a los elementos más sensibles del texto) y mediante el control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional sobre las leyes y disposiciones con rango de ley, así como sobre los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Toda norma del ordenamiento, cualquiera que sea su rango, debe interpretarse de conformidad con la Constitución y puede ser expulsada del ordenamiento si la contradice. Desde 1978 la Constitución ha sido reformada en tres ocasiones: en 1992 (art. 13.2, para reconocer el derecho de sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales, a raíz del Tratado de Maastricht), en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y en 2024 (art. 49, para sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad»).
Esquema práctico del orden de prelación de las normas
Conviene memorizar el orden decreciente de rango en el ordenamiento estatal: (1) Constitución; (2) Tratados internacionales válidamente celebrados y publicados (art. 96.1 CE), que no pueden contradecir la Constitución (art. 95 CE); (3) normas con rango de ley, todas ellas del mismo nivel jerárquico entre sí (ley orgánica, ley ordinaria, Real Decreto-ley y Real Decreto Legislativo), cuya relación se rige por el principio de competencia (reserva de ley orgánica) o por el control político (convalidación) y no por jerarquía; (4) reglamentos, ordenados según el órgano que los dicta (Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros, Orden de Comisión Delegada, Orden Ministerial y disposiciones de órganos inferiores); y (5) la costumbre y los principios generales del Derecho como fuentes subsidiarias (art. 1.1 y 1.3 del Código Civil). En el Derecho autonómico: Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica estatal, norma institucional básica), leyes de la Asamblea y reglamentos del Consejo de Gobierno y de los Consejeros. Dentro de cada reglamento prima el del órgano jerárquicamente superior; las normas internas, circulares e instrucciones de servicio (art. 6 de la Ley 40/2015) no son fuentes del Derecho y solo vinculan a los órganos subordinados.
Relación entre normas estatales y autonómicas: competencia, prevalencia y supletoriedad
Entre las leyes estatales y las autonómicas no rige el principio de jerarquía sino el de competencia: cada ley es válida si se dicta dentro del ámbito material que la Constitución y el Estatuto atribuyen a su legislador. El art. 149.3 CE contiene dos cláusulas relevantes. La cláusula de prevalencia: las normas del Estado prevalecen, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. La cláusula de supletoriedad: el Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional (sentencias 118/1996 y 61/1997) ha precisado que la supletoriedad no es una cláusula que atribuya competencias al Estado: el Estado solo puede dictar normas supletorias en materias de su competencia, y el legislador autonómico no puede ser privado de su facultad de regular sus materias. Además, en las materias de competencia compartida el Estado fija la legislación básica (por ejemplo, las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, art. 149.1.18.ª CE) y la Comunidad la desarrolla, de manera que la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 se aplican a la Comunidad de Madrid en lo básico. Los reglamentos de la Comunidad de Madrid (Decretos del Consejo de Gobierno y Órdenes de los Consejeros) deben respetar tanto las leyes estatales básicas como las leyes de la Asamblea de Madrid.
Los Tratados internacionales como fuente del Derecho Administrativo
Conforme a los arts. 93 a 96 de la Constitución, los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España (en el BOE), forman parte del ordenamiento interno y constituyen fuente directa de derechos y obligaciones, con un rango superior al de las leyes ordinarias y solo por debajo de la Constitución. Sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional, sin que una ley interna posterior pueda derogarlos unilateralmente por sí sola. Cuando un Tratado atribuye el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a una organización o institución internacional (como ocurre con la Unión Europea, art. 93 CE), su autorización exige una ley orgánica de las Cortes Generales, lo que subraya la especial trascendencia constitucional de este tipo de Tratados frente a los Tratados internacionales ordinarios.
Celebración de tratados: autorización de las Cortes, control previo y publicación
La Constitución regula la incorporación de los tratados en cuatro preceptos. El art. 93 permite, mediante ley orgánica, autorizar la celebración de tratados que atribuyan a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (cauce de la integración en la Unión Europea); corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, garantizar el cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones de los organismos internacionales. El art. 94.1 exige la autorización previa de las Cortes Generales para prestar el consentimiento del Estado en obligarse por tratados de determinada naturaleza (de carácter político o militar; que afecten a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; que supongan obligaciones financieras para la Hacienda Pública; o que impliquen modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución). El art. 95 dispone que la celebración de un tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exige la previa revisión constitucional, y permite al Gobierno o a cualquiera de las Cámaras requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. El art. 96 establece que los tratados válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, y que sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. La Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, desarrolla el procedimiento. En materia de competencias, la celebración de tratados corresponde al Estado (art. 149.1.3.ª CE), sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas ejecuten los tratados en las materias de su competencia.
La Ley: concepto y clases
En sentido formal, la ley es la norma aprobada por el órgano titular del poder legislativo (Cortes Generales o Asambleas Legislativas autonómicas) siguiendo el procedimiento legislativo constitucionalmente previsto; en sentido material, es cualquier norma general y abstracta con fuerza obligatoria, con independencia del órgano que la dicte. En el Derecho español conviven distintos tipos de leyes: leyes orgánicas y ordinarias (según la materia y la mayoría exigida para su aprobación), leyes de bases y textos articulados y refundidos (fruto de la delegación legislativa), leyes marco y leyes de armonización (arts. 150.1 y 150.3 CE, mecanismos excepcionales de atribución o armonización de competencias con las Comunidades Autónomas), leyes de comisión (aprobadas por las comisiones legislativas permanentes por delegación del Pleno, salvo materias expresamente excluidas) y las leyes propias de los Parlamentos autonómicos, como las de la Asamblea de Madrid, con el mismo valor y fuerza que las leyes estatales dentro de su respectivo ámbito competencial.
Leyes orgánicas y leyes ordinarias
El art. 81 de la Constitución reserva a la ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás materias previstas expresamente en la Constitución (por ejemplo, la composición y funcionamiento del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o del Defensor del Pueblo). Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La relación entre ley orgánica y ley ordinaria no es, en puridad, una relación de jerarquía, sino de competencia material: cada una regula el ámbito que la Constitución le reserva, de modo que una ley ordinaria que invadiera materia reservada a ley orgánica sería inconstitucional por incompetencia, y no por infracción del principio de jerarquía normativa, aunque el Tribunal Constitucional ha matizado esta construcción en determinados supuestos de leyes orgánicas que regulan también materias no reservadas.
La reserva de ley: clases y ejemplos
La reserva de ley es la técnica constitucional por la que determinadas materias quedan sustraídas a la potestad reglamentaria autónoma y solo pueden ser reguladas por una norma con rango de ley. Se distinguen varias clases. Por su intensidad, la reserva absoluta exige que la ley regule por sí misma toda la materia, de modo que el reglamento solo puede cumplir un papel de complemento instrumental, mientras que la reserva relativa permite que la ley fije los criterios y límites esenciales y remita al reglamento el desarrollo de aspectos técnicos o de detalle; lo que nunca cabe es una remisión en blanco o deslegalización material. Por el tipo de norma exigida, hay materias reservadas a ley orgánica (art. 81 CE), a ley en sentido formal (aprobada por las Cortes, como los Presupuestos Generales del Estado, art. 134.1 CE) y a norma con rango de ley (que admite también el decreto-ley o el decreto legislativo, salvo que la propia Constitución lo impida). Ejemplos característicos: el establecimiento de tributos y de prestaciones patrimoniales de carácter público (arts. 31.3 y 133.1 CE); las infracciones y sanciones administrativas (art. 25.1 CE, cuya reserva de ley tiene en el ámbito administrativo sancionador una intensidad más flexible que en el Derecho penal, según la doctrina del Tribunal Constitucional, y que la Ley 40/2015 recoge en su art. 27); el régimen de los derechos y libertades del Capítulo II del Título I (art. 53.1 CE) y el estatuto de los funcionarios públicos (art. 103.3 CE). La reserva de ley vincula tanto al reglamento como a la Administración: sin habilitación legal suficiente, el reglamento es nulo (art. 47.2 de la Ley 39/2015).
Las leyes de bases y los textos articulados
Los arts. 82 y 83 de la Constitución regulan la delegación legislativa mediante ley de bases, técnica por la que las Cortes Generales delegan en el Gobierno la elaboración de un texto articulado sobre una materia determinada, fijando con precisión el objeto y alcance de la delegación y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. La ley de bases no puede en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo, límites que buscan evitar que el Gobierno se autoatribuya un poder normativo ilimitado bajo la cobertura de una delegación inicial. El resultado de esta delegación es un decreto legislativo con rango de ley (texto articulado), sometido a control de los propios términos de la delegación, de modo que cualquier exceso sobre lo autorizado (ultra vires) carece de valor de ley y solo tendrá, en su caso, valor de simple reglamento.
Los textos refundidos
A diferencia de los textos articulados, los textos refundidos derivan de una delegación legislativa otorgada mediante ley ordinaria (no de bases), y su finalidad es reunir en un único texto legal varias disposiciones legales dispersas que regulan una misma materia, evitando la dispersión normativa y facilitando su conocimiento y aplicación. La ley de delegación debe determinar con precisión el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si esta se circunscribe a la mera formulación de un texto único (refundición estricta) o si incluye además la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales objeto de refundición (delegación más amplia). Al igual que ocurre con los textos articulados, el decreto legislativo que aprueba un texto refundido queda sujeto al control de los términos exactos de la delegación, y su exceso solo tendrá valor reglamentario.
El Decreto-Ley: presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad
El art. 86 de la Constitución habilita al Gobierno para dictar, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, disposiciones legislativas provisionales que toman la forma de decretos-leyes, con rango de ley desde el mismo momento de su publicación en el BOE. El presupuesto habilitante —la existencia real de una situación de extraordinaria y urgente necesidad— no es una fórmula vacía a disposición del Gobierno, sino un requisito jurídico susceptible de control por el Tribunal Constitucional, que exige valorar tanto la definición explícita o razonablemente deducible de la situación de urgencia como la existencia de una necesaria conexión de sentido entre esa situación y las concretas medidas adoptadas en el decreto-ley. Se trata de una figura excepcional dentro del sistema de fuentes, pensada para responder con rapidez a coyunturas que no admiten esperar a la tramitación de un proyecto de ley ordinario, ni siquiera por el procedimiento de urgencia.
Límites materiales del Decreto-Ley
El propio art. 86.1 de la Constitución establece límites materiales infranqueables a la potestad de dictar decretos-leyes: no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general. El Tribunal Constitucional ha interpretado estos límites de forma matizada: no toda incidencia sobre un derecho del Título I está vedada, sino solo aquella que afecte al contenido esencial, a elementos estructurales o a la regulación general del derecho, pues de lo contrario se vaciaría prácticamente de utilidad esta figura para la actuación urgente del Gobierno en materias que, de un modo u otro, casi siempre acaban rozando algún derecho constitucional. Fuera de estos límites tasados, el decreto-ley puede incidir, con la provisionalidad propia de la figura, sobre prácticamente cualquier materia, incluidas las tributarias, salvo que se afecte al deber de contribuir en sus elementos esenciales.
Control del decreto-ley y de las leyes por el Tribunal Constitucional
Las normas con rango de ley solo pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional (arts. 161 y 163 CE). El recurso de inconstitucionalidad se interpone en el plazo de tres meses desde la publicación de la norma, y están legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores y, en su ámbito, los órganos ejecutivos y asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 162.1.a CE). La cuestión de inconstitucionalidad la plantea un juez o tribunal cuando considera que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo puede ser contraria a la Constitución (art. 163 CE). La sentencia que declara la inconstitucionalidad tiene efectos frente a todos desde su publicación en el BOE, y no afecta a las situaciones jurídicas ya decididas por sentencia con fuerza de cosa juzgada, salvo en materia penal o sancionadora (art. 161.1 y 164 CE; LOTC). Los decretos-leyes y los decretos legislativos pueden ser objeto de ambos procesos; el decreto legislativo que excede de la delegación puede además controlarse en vía contencioso-administrativa (art. 82.6 CE). Los reglamentos, en cambio, no pueden ser objeto de recurso o cuestión de inconstitucionalidad: se controlan ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La convalidación del Decreto-Ley por el Congreso
Todo decreto-ley debe ser sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso debe pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, sin que quepa introducir enmiendas parciales al texto del decreto-ley en ese trámite: solo cabe la alternativa de convalidarlo en bloque o derogarlo. Durante el plazo de convalidación, las Cortes Generales pueden acordar tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permite introducir enmiendas y modificar su contenido a través del procedimiento legislativo ordinario abreviado. Si el Congreso no lo convalida expresamente dentro del plazo, el decreto-ley decae y deja de tener vigencia, sin perjuicio de que subsistan los efectos jurídicos ya producidos durante su vigencia provisional.
El Decreto Legislativo: la delegación legislativa
El decreto legislativo es la norma con rango de ley que dicta el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales, regulada en el art. 82 de la Constitución. La delegación legislativa puede otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o mediante una ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. En ambos casos, la delegación debe otorgarse de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio, y se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, sin que pueda entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. La delegación legislativa constituye una excepción al principio de separación de poderes, justificada por razones de técnica legislativa (agilidad y especialización en la elaboración de textos complejos), y por ello se somete a controles estrictos.
Límites y control de la delegación legislativa
El art. 82.3 de la Constitución establece que la delegación legislativa no puede subdelegarse en autoridades distintas del propio Gobierno delegado, y el art. 82.1 excluye expresamente del ámbito de la delegación las materias reservadas a ley orgánica, que por su especial trascendencia constitucional exigen siempre la intervención directa de las Cortes Generales. El control del decreto legislativo se ejerce en un doble plano: el control político, mediante el establecimiento por las propias Cortes Generales de fórmulas adicionales de control cuando lo estimen procedente en cada ley de delegación (art. 82.6 CE), y el control jurisdiccional, tanto por el Tribunal Constitucional (cuando se cuestiona la constitucionalidad de la norma delegada) como por la jurisdicción contencioso-administrativa (cuando el decreto legislativo excede los términos de la delegación conferida). En este último caso, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que el exceso ultra vires no tiene valor de ley, sino el valor de una simple disposición reglamentaria, sometida por tanto al régimen de invalidez y de control propio de los reglamentos.
El Reglamento: concepto y fundamento de la potestad reglamentaria
El reglamento es toda norma jurídica de rango inferior a la ley, dictada por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad propia (la potestad reglamentaria), que se caracteriza, al igual que la ley, por su generalidad y abstracción, pero se diferencia de ella por su posición subordinada dentro del sistema de fuentes y por estar sometido a un control jurisdiccional pleno, sin las limitaciones que rigen para el control de las leyes. El art. 97 de la Constitución atribuye al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria «de acuerdo con la Constitución y las leyes», lo que constituye el fundamento constitucional directo de esta potestad; su régimen jurídico se desarrolla en la Ley 50/1997, del Gobierno, y en el Título VI de la Ley 39/2015 (arts. 127 a 133), que regula los principios de buena regulación y el procedimiento de elaboración de los reglamentos. La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo, declaró que varios preceptos de ese Título VI (en particular los relativos a la planificación normativa y a la participación previa) no son aplicables a las normas de las Comunidades Autónomas dictadas en el ejercicio de sus competencias.
Clases de reglamentos: ejecutivos, independientes y de necesidad
Atendiendo a su relación con la ley, se distinguen tres grandes tipos de reglamentos. Los reglamentos ejecutivos desarrollan y complementan una ley previa, concretando aspectos técnicos u organizativos necesarios para su aplicación, y son los más frecuentes en la práctica administrativa, exigiendo con frecuencia el dictamen previo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. Los reglamentos independientes regulan materias no reservadas a la ley, típicamente cuestiones de organización interna de la propia Administración (estructura orgánica, funcionamiento de sus servicios), sin necesidad de una ley previa que habilite específicamente su contenido, aunque siempre dentro del respeto a las leyes vigentes. Los reglamentos de necesidad se dictan ante situaciones de urgencia o de grave riesgo, colectivo o individual (epidemias, catástrofes), habilitando a la Administración para adoptar medidas extraordinarias con eficacia normativa limitada en el tiempo, exclusivamente mientras subsista la circunstancia excepcional que los justifica.
Reglamentos organizativos y reglamentos jurídicos; reglamentos de las Comunidades Autónomas
Con otro criterio, la doctrina distingue entre reglamentos organizativos o ad intra, que regulan la estructura y el funcionamiento interno de la Administración (por ejemplo, un decreto de estructura orgánica de una Consejería) y reglamentos jurídicos o ad extra, que afectan a los derechos y obligaciones de los ciudadanos y exigen una cobertura legal más estricta. Los primeros pueden dictarse sin ley que los habilite expresamente; los segundos, en cambio, requieren habilitación legal en los términos de la reserva de ley. En el ámbito autonómico, la potestad reglamentaria se ejerce por los órganos que determine el Estatuto y la ley de Gobierno y Administración de cada Comunidad (en la de Madrid, el Consejo de Gobierno con carácter general, y los Consejeros por habilitación y en materias de su departamento). Desde el punto de vista del procedimiento, los reglamentos ejecutivos del Estado requieren dictamen del Consejo de Estado (art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980), mientras que en la Comunidad de Madrid ese dictamen corresponde al órgano consultivo autonómico, la Comisión Jurídica Asesora. Las instrucciones y circulares no son reglamentos, sino normas internas de organización (art. 6 de la Ley 40/2015), y las ordenanzas locales, aprobadas por el Pleno, son los reglamentos de las entidades locales.
La titularidad de la potestad reglamentaria
En el ámbito estatal, la potestad reglamentaria corresponde con carácter general al Consejo de Ministros, que la ejerce mediante Reales Decretos, si bien los Ministros pueden dictar disposiciones de rango inferior (Órdenes Ministeriales) cuando cuenten con la oportuna habilitación, expresa o genérica, para materias propias de su Departamento. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la potestad reglamentaria corresponde a sus respectivos Consejos de Gobierno, en el caso de la Comunidad de Madrid al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las habilitaciones que puedan otorgarse a las distintas Consejerías. Las Entidades Locales, por su parte, gozan de una potestad reglamentaria propia, reconocida por la garantía constitucional de la autonomía local y desarrollada en la Ley de Bases del Régimen Local, que se manifiesta a través de ordenanzas y reglamentos aprobados por el Pleno de la corporación.
Los límites de la potestad reglamentaria
La potestad reglamentaria está sujeta a límites formales y materiales que garantizan su subordinación a la ley. Entre los límites formales se encuentran la competencia del órgano que dicta el reglamento (cada órgano solo puede reglamentar dentro de su propio ámbito competencial) y el respeto al procedimiento de elaboración legalmente establecido (participación de los interesados, informes preceptivos, dictamen del órgano consultivo cuando proceda, publicación). Entre los límites materiales (art. 128.2 de la Ley 39/2015) destacan la imposibilidad de regular materias reservadas a la ley sin la correspondiente habilitación legal, la prohibición de contradecir lo dispuesto en una norma de rango superior (Constitución, tratados, leyes), el respeto al principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, y el principio de inderogabilidad singular, que impide a la Administración exceptuar en un acto concreto lo dispuesto con carácter general en un reglamento propio.
La jerarquía entre reglamentos
El art. 128 de la Ley 39/2015 recoge el régimen del ejercicio de la potestad reglamentaria. Su apartado 1 atribuye la potestad al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas (conforme a sus Estatutos) y a los órganos de gobierno locales (conforme a la Constitución, los Estatutos y la legislación de régimen local). El apartado 2 establece que los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir normas de rango superior. El apartado 3 dispone que las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes y que ningún reglamento podrá vulnerar los preceptos de otro de rango superior. Entre los propios reglamentos existe, pues, un orden de rango que depende del órgano que los dicta: prevalece el Real Decreto del Consejo de Ministros (o del Presidente del Gobierno) sobre la Orden Ministerial, y esta sobre las resoluciones e instrucciones de los órganos inferiores (Secretarías de Estado, Direcciones Generales). La vulneración de esta jerarquía determina la nulidad de pleno derecho del reglamento inferior (art. 47.2 de la Ley 39/2015) y la inaplicación por los tribunales (art. 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
El procedimiento de elaboración de los reglamentos y la publicación
El procedimiento de elaboración de reglamentos estatales se regula en el Título VI de la Ley 39/2015 y en la Ley 50/1997 (arts. 22 a 26). Las Administraciones deben actuar conforme a los principios de buena regulación (art. 129 de la Ley 39/2015): necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. El Gobierno aprueba anualmente un Plan Anual Normativo que recoge las iniciativas que se prevé elevar al Consejo de Ministros (art. 25 de la Ley 50/1997 y art. 132 de la Ley 39/2015). La iniciativa se tramita con una consulta pública previa (art. 133 de la Ley 39/2015), una memoria del análisis de impacto normativo (regulada por el Real Decreto 931/2017), el trámite de audiencia e información pública (art. 133.2), los informes y dictámenes preceptivos (entre ellos, en su caso, el del Consejo de Estado) y la aprobación final. Una vez aprobados, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos (art. 131 de la Ley 39/2015), y el Derecho común fija la entrada en vigor a los veinte días de su publicación, salvo que la propia norma disponga otra cosa (art. 2.1 del Código Civil). La Ley 39/2015 prevé la evaluación normativa periódica de las normas en vigor (art. 130). Esta regulación es trasladable, con adaptaciones, a la Comunidad de Madrid, donde el reglamento se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
La inderogabilidad singular de los reglamentos
El art. 37 de la Ley 39/2015 consagra el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos: las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas tengan igual o superior rango a estas. Esto significa que ni siquiera el órgano que dictó el reglamento puede dispensar de su aplicación a un caso concreto mediante un acto singular, pues ello supondría un trato de favor discrecional incompatible con los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica: quien quiere apartarse de lo dispuesto en un reglamento debe primero modificarlo o derogarlo con carácter general, siguiendo el procedimiento correspondiente, y no limitarse a exceptuarlo en un caso aislado. Cualquier acto singular que contravenga esta regla incurre en un vicio de nulidad de pleno derecho (arts. 37 y 47 de la Ley 39/2015).
El control de los reglamentos: la fiscalización jurisdiccional
Los reglamentos, a diferencia de los actos administrativos, no son susceptibles de recurso administrativo (art. 112.3 de la Ley 39/2015), sino que su control corresponde en exclusiva a la jurisdicción contencioso-administrativa, que puede ejercerse por dos vías: el recurso directo, mediante la impugnación del propio reglamento ante el órgano jurisdiccional competente según su rango, dentro del plazo general de dos meses desde su publicación; y el recurso indirecto, que permite impugnar un acto de aplicación concreto alegando la ilegalidad del reglamento en que se funda, sin sujeción al plazo de impugnación directa del propio reglamento (que puede haber precluido). La declaración judicial de nulidad de un reglamento tiene efectos generales (erga omnes) desde el momento en que la sentencia firme se publica en el diario oficial correspondiente, a diferencia de la anulación de un acto administrativo singular, que solo produce efectos entre las partes del proceso.
Órganos competentes y vías de impugnación de los reglamentos
La competencia para conocer de los recursos contra disposiciones generales depende del órgano que las dictó (Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, LJCA). Los reglamentos aprobados por el Consejo de Ministros o por las Comisiones Delegadas se impugnan ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo; las disposiciones de los Ministros y Secretarios de Estado, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional; y las disposiciones de las Comunidades Autónomas (como los decretos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid), ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, en el caso madrileño el TSJ de Madrid. El plazo para el recurso directo es de dos meses desde la publicación (art. 46 de la LJCA), mientras que el recurso indirecto contra los actos de aplicación puede fundarse en la ilegalidad de la disposición general sin limitación de plazo (art. 26 de la LJCA). Si el órgano que conoce del recurso indirecto no es competente para anular la disposición, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el competente (art. 27 de la LJCA). La sentencia que anula un reglamento tiene efectos generales desde su publicación en el diario oficial en que se publicó (art. 72.2 de la LJCA). Las Administraciones, además, pueden y deben inaplicar los reglamentos contrarios a la ley en virtud del principio de jerarquía.
Las fuentes del Derecho de la Unión Europea
El Derecho de la Unión Europea se estructura clásicamente en Derecho originario y Derecho derivado. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de atribución (la Unión solo actúa dentro de los límites de las competencias que los Estados miembros le han atribuido en los Tratados), subsidiariedad (en las materias de competencia compartida, la Unión solo interviene si los objetivos no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros) y proporcionalidad (el contenido y la forma de la acción de la Unión no deben exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados). Estas fuentes se integran de manera directa en el ordenamiento interno de los Estados miembros, incluida España, sin necesidad, con carácter general, de un acto de recepción formal para el Derecho originario y con matices para el Derecho derivado según su naturaleza.
Otras fuentes del Derecho de la Unión: principios generales, jurisprudencia y actos legislativos y no legislativos
Además del Derecho originario y el derivado, forman parte del ordenamiento de la Unión los principios generales del Derecho (como la seguridad jurídica, la confianza legítima, la proporcionalidad o la protección de los derechos fundamentales, que el Tribunal de Justicia ha extraído de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros), los acuerdos internacionales celebrados por la Unión (que vinculan a las instituciones y a los Estados, art. 216.2 TFUE) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que interpreta con carácter vinculante el Derecho de la Unión. El TFUE distingue entre actos legislativos (adoptados por procedimiento legislativo, ordinario o especial: art. 289 TFUE), actos delegados (por los que el legislador delega en la Comisión el poder de adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen elementos no esenciales de un acto legislativo, art. 290) y actos de ejecución (que adopta la Comisión, o excepcionalmente el Consejo, cuando se requieren condiciones uniformes de ejecución en los Estados, art. 291). Los actos jurídicos se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y entran en vigor en la fecha que fijen o, en su defecto, a los veinte días de su publicación (art. 297 TFUE). Deben ser motivados y hacer referencia a las propuestas o dictámenes previstos por los Tratados (art. 296 TFUE).
El Derecho originario: los Tratados
El Derecho originario está formado por los Tratados constitutivos de la Unión Europea y sus sucesivas modificaciones (Tratados de Roma de 1957, Acta Única Europea, Tratado de Maastricht de 1992, de Ámsterdam, de Niza y, finalmente, el Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde 2009), que constituyen la norma suprema del ordenamiento jurídico de la Unión, comparable a una «constitución» material de la organización. Tras el Tratado de Lisboa, los dos textos fundamentales son el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que sustituyeron al fallido proyecto de Constitución Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en el año 2000, tiene, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el mismo valor jurídico que los Tratados, formando también parte, por tanto, del Derecho originario.
El Derecho derivado: concepto y tipología
El Derecho derivado está formado por los actos jurídicos que dictan las instituciones de la Unión Europea en ejercicio de las competencias que les atribuyen los Tratados. El art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) enumera cinco tipos de actos: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Los tres primeros tienen carácter vinculante para sus destinatarios, mientras que las recomendaciones y los dictámenes carecen de fuerza obligatoria (constituyen lo que se conoce como soft law o Derecho blando). Esta clasificación no es un simple catálogo formal, sino que cada tipo de acto responde a una lógica distinta de intervención normativa: unificación completa (reglamento), armonización de resultados dejando margen a los Estados (directiva), o resolución de un caso concreto (decisión), lo que resulta clave para entender su distinto grado de eficacia sobre los ordenamientos internos.
El Reglamento comunitario: eficacia directa y general
El reglamento de la Unión Europea, según el art. 288 TFUE, tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, sin que sea necesario ni admisible ningún acto interno de transposición o recepción para que despliegue sus efectos. Su eficacia directa significa que crea derechos y obligaciones directamente exigibles por los particulares ante las autoridades y tribunales nacionales desde el mismo momento de su entrada en vigor (normalmente a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo que el propio reglamento disponga otra fecha). Su carácter general y obligatorio en todos sus elementos lo distingue tanto de la directiva (que vincula en cuanto al resultado, dejando margen de forma y medios a los Estados) como de la decisión (que solo vincula a sus destinatarios concretos).
La Directiva comunitaria: transposición y efecto directo
La directiva vincula al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe alcanzarse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios para conseguirlo, lo que exige necesariamente su transposición al Derecho interno mediante una norma nacional (ley o reglamento, según la materia) dentro del plazo fijado en la propia directiva. Cuando un Estado miembro no transpone la directiva en plazo, o la transpone de forma incorrecta o incompleta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido, con carácter excepcional, un efecto directo vertical: los particulares pueden invocar directamente ante los tribunales y Administraciones nacionales las disposiciones de la directiva frente al propio Estado incumplidor, siempre que sean claras, precisas e incondicionales (esto es, que no requieran de un margen de apreciación ulterior para su aplicación). Este efecto directo nunca opera en sentido horizontal, es decir, entre particulares, ni permite al Estado incumplidor beneficiarse de su propio incumplimiento frente a un particular.
Las consecuencias del incumplimiento de las directivas: interpretación conforme y responsabilidad del Estado
Cuando un Estado no transpone una directiva en plazo o lo hace de forma incorrecta, el Derecho de la Unión ofrece varios remedios. Primero, el efecto directo vertical, ya descrito, que permite al particular invocar las disposiciones claras, precisas e incondicionales contra el Estado y sus Administraciones (entre ellas, las autonómicas y locales, que están vinculadas por la directiva como parte del Estado). Segundo, la obligación de interpretación conforme (sentencia Von Colson, 1984): los jueces y las Administraciones nacionales deben interpretar el Derecho interno, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y la finalidad de la directiva, incluso en litigios entre particulares, sin llegar a una interpretación contra legem. Tercero, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a los particulares por la falta de transposición (sentencia Francovich, 1991), que exige que la directiva atribuya derechos a los particulares, que el contenido de esos derechos sea identificable y que exista relación de causalidad con el incumplimiento; hoy se exige además una violación suficientemente caracterizada. Cuarto, el recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia (arts. 258 a 260 TFUE), que puede acabar con multas coercitivas o sumas a tanto alzado. Una directiva no tiene, en cambio, efecto directo horizontal (sentencia Marshall, 1986): no puede imponer obligaciones a un particular frente a otro. El Estado puede repercutir la sanción a la Comunidad Autónoma competente (Real Decreto 515/2013).
La Decisión comunitaria
La decisión es un acto obligatorio en todos sus elementos, al igual que el reglamento, pero se diferencia de este en que carece de alcance general: cuando designa destinatarios concretos (uno o varios Estados miembros, empresas o particulares determinados), solo es obligatoria para ellos. La Unión Europea recurre a la decisión, entre otros supuestos, para resolver asuntos individuales de política de competencia (por ejemplo, sancionar a una empresa concreta por prácticas contrarias al mercado interior), para aprobar programas específicos de actuación dirigidos a determinados Estados miembros, o para adoptar medidas concretas de política exterior y de seguridad común. Su régimen de eficacia y de posible efecto directo es equiparable, con las adaptaciones necesarias, al de las directivas cuando el destinatario es un Estado miembro.
Las Recomendaciones y los Dictámenes de la Unión Europea
Las recomendaciones y los dictámenes son actos de Derecho derivado desprovistos de fuerza vinculante, integrantes de lo que se conoce como Derecho blando o soft law: no generan derechos ni obligaciones exigibles directamente por los particulares ni por los Estados miembros, y su incumplimiento no genera, por sí mismo, responsabilidad jurídica. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que estos actos no carecen por completo de efecto jurídico, pues los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a tenerlos en cuenta al resolver los litigios de que conocen, en particular cuando resultan útiles para la interpretación de otras disposiciones nacionales o de la propia Unión adoptadas para garantizar su aplicación, o cuando completan disposiciones de la Unión de carácter vinculante.
Los principios de primacía y efecto directo del Derecho de la Unión Europea
El principio de primacía, formulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la célebre sentencia Costa contra ENEL (1964), establece que el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros en caso de conflicto, obligando al juez nacional a inaplicar la norma interna contraria, sea cual sea su rango, sin necesidad de que sea previamente derogada o declarada inconstitucional; los tribunales constitucionales de varios Estados miembros, entre ellos el español, han matizado este principio en relación con el respeto a la identidad constitucional nacional. El principio de efecto directo, formulado en la sentencia Van Gend en Loos (1963), permite a los particulares invocar directamente ante las autoridades y tribunales nacionales una norma europea que reúna las condiciones de claridad, precisión e incondicionalidad, sin necesidad de que exista una norma interna de desarrollo. Ambos principios son construcciones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia, no recogidas expresamente en el texto original de los Tratados. Por esa razón la primacía se recoge hoy en la Declaración n.º 17 aneja al Tratado de Lisboa, y no en su articulado.
La primacía del Derecho de la Unión en España: jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Constitucional
El Tribunal de Justicia ha extendido la primacía a todo el Derecho interno, cualquiera que sea su rango, incluidas las normas constitucionales (sentencia Internationale Handelsgesellschaft, 1970), y ha obligado al juez nacional a aplicar íntegramente el Derecho de la Unión y a dejar inaplicada cualquier disposición nacional contraria, sin esperar a su derogación (sentencia Simmenthal, 1978). Esto significa que cualquier juez, y también cualquier órgano administrativo, debe inaplicar la norma nacional incompatible, sin tener que plantear cuestión de inconstitucionalidad. En España, el Tribunal Constitucional ha afirmado que el Derecho de la Unión no es parámetro de constitucionalidad de las leyes (el conflicto entre una ley y el Derecho de la Unión no es un problema de constitucionalidad sino de aplicabilidad que resuelven los jueces ordinarios), y en su Declaración 1/2004 distinguió entre primacía del Derecho de la Unión, que opera en el plano de la aplicación de normas dentro de las competencias cedidas con base en el art. 93 CE, y supremacía de la Constitución, que se mantiene como norma superior del ordenamiento español. El art. 93 CE es, por tanto, el fundamento interno de la cesión de competencias a la Unión, y la Ley Orgánica 10/1985 autorizó la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Para la actuación de la Administración, el resultado práctico es doble: debe aplicar directamente los reglamentos y las disposiciones de efecto directo y debe abstenerse de aplicar la norma nacional contraria al Derecho de la Unión.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Orden de jerarquía normativa: Constitución > Tratados internacionales > leyes y normas con rango de ley > reglamentos (art. 9.3 CE y art. 128 Ley 39/2015).
El Decreto-Ley no puede afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general; debe convalidarse por el Congreso en el plazo de 30 días.
El Decreto Legislativo se dicta por ley de bases (textos articulados) o por ley ordinaria (textos refundidos); el exceso sobre los términos de la delegación (ultra vires) solo tiene valor de reglamento, nunca de ley.
Inderogabilidad singular (art. 37 Ley 39/2015): ni la propia autoridad que dictó un reglamento puede excepcionarlo en un acto singular, aunque el acto tenga igual o superior rango.
Contra los reglamentos NO cabe recurso administrativo (art. 112.3 Ley 39/2015): solo recurso contencioso-administrativo, directo o indirecto.
El Reglamento comunitario es directamente aplicable sin necesidad de transposición; la Directiva exige transposición, salvo el efecto directo vertical excepcional (nunca horizontal, entre particulares).
Primacía (STJUE Costa/ENEL, 1964) y efecto directo (STJUE Van Gend en Loos, 1963) son creaciones jurisprudenciales del TJUE, no cláusulas expresas de los Tratados originales.
Los Tratados internacionales prevalecen sobre las leyes (art. 96.1 CE) pero están por debajo de la Constitución (art. 95 CE: si un tratado es contrario a la Constitución, exige previa revisión constitucional).
Las normas con rango de ley (ley orgánica, ley ordinaria, Real Decreto-ley y Real Decreto Legislativo) no se ordenan entre sí por jerarquía sino por competencia (LO) o por control (decreto-ley).
Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto (art. 81.2 CE); materias: derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución.
Recurso de inconstitucionalidad: plazo de tres meses; legitimados: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos de las CCAA en su ámbito (art. 162.1.a CE).
La ley de bases no puede autorizar su propia modificación ni normas retroactivas (art. 83 CE); la delegación legislativa requiere materia concreta y plazo, no puede subdelegarse y se agota por su uso (art. 82.3 CE).
Art. 128 Ley 39/2015: el apartado 1 reparte la potestad reglamentaria (Gobierno, CCAA y entes locales); el 2 prohíbe vulnerar Constitución y leyes y regular materias reservadas; el 3 establece la jerarquía entre reglamentos.
Competencia contencioso contra reglamentos: Consejo de Ministros -> Tribunal Supremo; Ministros y Secretarios de Estado -> Audiencia Nacional; Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid -> TSJ de Madrid. Plazo directo: dos meses; indirecto: sin plazo.
La Constitución se ha reformado en 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49).
Entre normas estatales y autonómicas rige la competencia, no la jerarquía; el Derecho estatal es supletorio (art. 149.3 CE), pero la supletoriedad no atribuye competencias al Estado (SSTC 118/1996 y 61/1997).
Directivas: efecto directo solo vertical; además, interpretación conforme (Von Colson) y responsabilidad patrimonial del Estado por falta de transposición (Francovich).
Actos de la UE: legislativos (art. 289 TFUE), delegados (art. 290) y de ejecución (art. 291); entrada en vigor a los veinte días de su publicación si no se fija otra fecha (art. 297 TFUE).
La Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional distingue primacía del Derecho de la Unión (aplicación) y supremacía de la Constitución (validez).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 Ley 39/2015) significa que:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 9 de Administrativo C. Madrid?
El tema 9 abre el Bloque II del temario (Derecho administrativo general) sentando las bases del sistema de fuentes con el que trabaja cualquier funcionario de la Comunidad de Madrid: por qué la Administración solo puede hacer lo que la ley le permite (principio de legalidad), en qué orden se aplican las normas cuando entran en conflicto (jerarquía normativa) y qué tipos de normas puede dictar cada poder del Estado (leyes, decretos-leyes, decretos legislativos, reglamentos). Se completa con las fuentes del Derecho de la Unión Europea, cuya primacía y efecto directo condicionan la validez del Derecho interno. Es un tema muy teórico pero de los más preguntados en test porque combina conceptos con supuestos de aplicación práctica (qué mayoría requiere una ley orgánica, cuándo cabe un decreto-ley, qué diferencia un reglamento de una directiva) y enlaza con el tema 1 (art. 9 CE) y con el tema 12 (validez de los actos dictados sin cobertura legal).
¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?
Orden de jerarquía normativa: Constitución > Tratados internacionales > leyes y normas con rango de ley > reglamentos (art. 9.3 CE y art. 128 Ley 39/2015). El Decreto-Ley no puede afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general; debe convalidarse por el Congreso en el plazo de 30 días. El Decreto Legislativo se dicta por ley de bases (textos articulados) o por ley ordinaria (textos refundidos); el exceso sobre los términos de la delegación (ultra vires) solo tiene valor de reglamento, nunca de ley. Inderogabilidad singular (art. 37 Ley 39/2015): ni la propia autoridad que dictó un reglamento puede excepcionarlo en un acto singular, aunque el acto tenga igual o superior rango. Contra los reglamentos NO cabe recurso administrativo (art. 112.3 Ley 39/2015): solo recurso contencioso-administrativo, directo o indirecto. El Reglamento comunitario es directamente aplicable sin necesidad de transposición; la Directiva exige transposición, salvo el efecto directo vertical excepcional (nunca horizontal, entre particulares). Primacía (STJUE Costa/ENEL, 1964) y efecto directo (STJUE Van Gend en Loos, 1963) son creaciones jurisprudenciales del TJUE, no cláusulas expresas de los Tratados originales. Los Tratados internacionales prevalecen sobre las leyes (art. 96.1 CE) pero están por debajo de la Constitución (art. 95 CE: si un tratado es contrario a la Constitución, exige previa revisión constitucional). Las normas con rango de ley (ley orgánica, ley ordinaria, Real Decreto-ley y Real Decreto Legislativo) no se ordenan entre sí por jerarquía sino por competencia (LO) o por control (decreto-ley). Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto (art. 81.2 CE); materias: derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución. Recurso de inconstitucionalidad: plazo de tres meses; legitimados: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos de las CCAA en su ámbito (art. 162.1.a CE). La ley de bases no puede autorizar su propia modificación ni normas retroactivas (art. 83 CE); la delegación legislativa requiere materia concreta y plazo, no puede subdelegarse y se agota por su uso (art. 82.3 CE). Art. 128 Ley 39/2015: el apartado 1 reparte la potestad reglamentaria (Gobierno, CCAA y entes locales); el 2 prohíbe vulnerar Constitución y leyes y regular materias reservadas; el 3 establece la jerarquía entre reglamentos. Competencia contencioso contra reglamentos: Consejo de Ministros -> Tribunal Supremo; Ministros y Secretarios de Estado -> Audiencia Nacional; Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid -> TSJ de Madrid. Plazo directo: dos meses; indirecto: sin plazo. La Constitución se ha reformado en 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49). Entre normas estatales y autonómicas rige la competencia, no la jerarquía; el Derecho estatal es supletorio (art. 149.3 CE), pero la supletoriedad no atribuye competencias al Estado (SSTC 118/1996 y 61/1997). Directivas: efecto directo solo vertical; además, interpretación conforme (Von Colson) y responsabilidad patrimonial del Estado por falta de transposición (Francovich). Actos de la UE: legislativos (art. 289 TFUE), delegados (art. 290) y de ejecución (art. 291); entrada en vigor a los veinte días de su publicación si no se fija otra fecha (art. 297 TFUE). La Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional distingue primacía del Derecho de la Unión (aplicación) y supremacía de la Constitución (validez).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 9, 81 a 86, 93 a 97, 103, 149.3, 161 a 164)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 37, 47, 112, 127 a 133)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 6 y 27)
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (arts. 22 a 26)
Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (arts. 26, 27, 46 y 72)
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales
Código Civil (arts. 1 y 2)
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (arts. 288 a 297)
Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo; Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre
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