Tema 34. Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid (I): Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
AVISO DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA: la histórica Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que durante más de tres décadas fue la norma de cabecera de este bloque, ha sido derogada con efectos de 1 de enero de 2026 por la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid. El título de este tema y de los dos siguientes («Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid») se corresponde con el nombre de la Ley 5/2025, no con la derogada Ley 9/1990. Este desarrollo toma como referencia la Ley 5/2025 y, para la estabilidad presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de aplicación a todas las Administraciones Públicas, junto con los principios constitucionales de los artículos 134 y 135 de la Constitución. Importante para el estudio: en esta revisión no ha sido posible contrastar el texto consolidado de la Ley 5/2025, por lo que no se citan números de artículo de esa ley; se indica el contenido por materias, que debe localizarse en el índice de la norma. Los números de artículo citados de la LOEPSF y de la Constitución sí se mantienen.
De la Ley 9/1990 a la vigente Ley 5/2025, de Hacienda de la Comunidad de Madrid: estructura general
La Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, ha sido derogada, con efectos desde el 1 de enero de 2026, por la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que constituye desde entonces la norma de cabecera de la actividad económico-financiera autonómica y a la que se refieren, con su nombre, los cuatro temas de este bloque. Con carácter general, la ley regula, por materias: la delimitación del sector público autonómico (Administración General, organismos autónomos, entes de derecho público, sociedades mercantiles públicas, consorcios y fundaciones del sector público); los derechos y las obligaciones de la Hacienda Pública; el régimen presupuestario (estabilidad presupuestaria, presupuestos generales, créditos presupuestarios y sus modificaciones, ejecución y liquidación), que es el más extenso; la Intervención General, el control interno y la contabilidad pública; las operaciones financieras y los avales; la Tesorería; y las responsabilidades. Esta ordenación por materias es la que organiza, en la práctica, los cuatro temas del bloque de gestión financiera: estabilidad y presupuestos (este tema), gastos plurianuales y modificaciones (tema siguiente) y ejecución y liquidación (tema posterior). El marco constitucional y estatutario lo completan los artículos 134 y 135 de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero) y la LOFCA.
Los principios de la Hacienda de la Comunidad de Madrid
La Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid establece que la Comunidad, en el desarrollo de su actividad económico-financiera, actuará conforme a los principios de legalidad, eficacia, control, universalidad, solidaridad intrarregional y coordinación entre los distintos sujetos que conforman el sector público autonómico. El principio de legalidad exige que toda actuación de contenido económico se ajuste al ordenamiento jurídico, en particular en materia de ingresos, gastos y contratación; el de eficacia obliga a orientar la gestión al cumplimiento efectivo de los objetivos públicos, en línea con el artículo 103 CE; el de control implica el sometimiento de la actividad económico-financiera a la fiscalización interna (Intervención General) y externa (Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, regulada por la Ley 11/1999, de 29 de abril, sin perjuicio del Tribunal de Cuentas); el de universalidad exige que todos los derechos y obligaciones de contenido económico se integren y reflejen en el presupuesto y en la contabilidad, sin compensaciones que oculten su verdadero importe; el de solidaridad intrarregional orienta la actividad financiera hacia la corrección de los desequilibrios territoriales internos de la Comunidad; y el de coordinación busca la actuación conjunta y no contradictoria de los entes del sector público autonómico. Estos principios deben leerse junto con los principios constitucionales del artículo 31 CE (eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público) y del artículo 103 CE.
La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), desarrolla el artículo 135 de la Constitución, reformado en septiembre de 2011, que consagra el principio de estabilidad presupuestaria como límite constitucional al déficit y a la deuda de todas las Administraciones Públicas, en línea con los compromisos de la Unión Europea. Es una ley orgánica de aplicación directa y vinculante para el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y la Seguridad Social. La Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid recoge la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera como principios rectores de la política presupuestaria del sector público autonómico, remitiéndose en lo esencial a la disciplina fijada por la LOEPSF. La ley orgánica regula, entre otros contenidos, los principios generales (estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional), los objetivos de estabilidad y de deuda, la regla de gasto, la planificación presupuestaria, los instrumentos preventivos, correctivos y coercitivos aplicables a las Administraciones incumplidoras, y el destino del superávit presupuestario. La LOEPSF se completa con la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo que evalúa de forma independiente el cumplimiento de las reglas fiscales y emite informes sobre las previsiones macroeconómicas, los proyectos presupuestarios y la ejecución de los planes. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas previsto en la LOFCA, interviene en la fijación de los objetivos de las Comunidades.
El principio de estabilidad presupuestaria
El artículo 3 LOEPSF define la estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o superávit estructural, que deben cumplir todas las Administraciones Públicas y cada uno de los sujetos del sector público administrativo, empresarial y fundacional. El artículo 11 la instrumenta: la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos se someten al principio, y ninguna Administración puede incurrir en déficit estructural, salvo las excepciones previstas en la ley y en la normativa europea. El déficit estructural es el déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. Se mide en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al Sistema Europeo de Cuentas (SEC), un concepto de contabilidad nacional, no de contabilidad presupuestaria clásica, por lo que el resultado presupuestario liquidado de una Administración puede diferir del saldo de estabilidad por los ajustes de contabilidad nacional (imputación de ingresos y gastos por devengo y no por caja, y delimitación del sector Administraciones Públicas). La Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid remite a la LOEPSF para la instrumentación concreta del principio (fijación de objetivos, seguimiento y, en su caso, mecanismos correctores). La excepción constitucional son las circunstancias excepcionales (catástrofes naturales, recesión económica grave, emergencia extraordinaria), apreciadas por mayoría absoluta del Congreso, que permiten superar temporalmente los límites fijados (art. 135.4 CE y art. 11.3 LOEPSF).
El principio de sostenibilidad financiera
El artículo 4 LOEPSF define la sostenibilidad financiera como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la propia ley, en la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Se distingue de la estabilidad presupuestaria en que esta mira al equilibrio de cada ejercicio, mientras que la sostenibilidad financiera adopta una perspectiva de medio y largo plazo, atendiendo a la capacidad de la Administración para hacer frente a sus obligaciones sin trasladar cargas desproporcionadas a las generaciones futuras. La LOEPSF distingue la sostenibilidad de la deuda pública (que el volumen de deuda no supere los límites) y la de la deuda comercial (que el periodo medio de pago a proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, que es de treinta días). Su seguimiento corresponde, en último término, al Ministerio de Hacienda en su función de supervisión del conjunto de las Administraciones Públicas, con informes de la AIReF. Al igual que la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera figura entre los principios rectores de la política presupuestaria de la Comunidad de Madrid.
El principio de plurianualidad
El artículo 5 LOEPSF establece que la elaboración de los Presupuestos de las Administraciones Públicas se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de manera que los límites de gasto de los sucesivos Presupuestos anuales se ajusten a los techos de gasto fijados en dicho marco, que debe cubrir un periodo mínimo de tres años (art. 29 LOEPSF, sobre planificación presupuestaria). La plurianualidad busca reforzar la disciplina fiscal impidiendo que las decisiones de gasto de un ejercicio comprometan la sostenibilidad de los siguientes sin una planificación de conjunto, y obliga a las Administraciones a hacer explícitas sus previsiones de ingresos y de gasto no financiero para los tres ejercicios siguientes, revisándolas cada año. En la Comunidad de Madrid, este principio se refleja tanto en los principios rectores de la política presupuestaria como en la previsión legal de los gastos de carácter plurianual, que permiten comprometer créditos de ejercicios posteriores dentro de los límites cuantitativos y temporales que la ley establece (tema siguiente).
La regla de gasto
El artículo 12 LOEPSF establece la regla de gasto como un límite adicional al objetivo de estabilidad presupuestaria: la variación del gasto computable de cada Administración Pública no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto a medio plazo de la economía española, calculada por el Ministerio competente en materia económica. Se entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del SEC, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable podrá aumentar en la cuantía equivalente. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública, y no a incrementar el gasto por encima del límite fijado por la regla. La regla de gasto ha sido, junto con el objetivo de déficit, uno de los instrumentos más determinantes de la política presupuestaria autonómica desde su introducción en 2012, y su cumplimiento se evalúa cada año por el Ministerio de Hacienda con informes de la AIReF.
El objetivo de deuda pública
El artículo 13 LOEPSF instrumenta el principio de sostenibilidad financiera fijando que el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Déficit Excesivo de la Unión Europea, no podrá superar el sesenta por ciento del PIB, o el que se establezca por la normativa europea. Este límite se distribuye entre las Administraciones: el cuarenta y cuatro por ciento para la Administración central, el trece por ciento para el conjunto de las Comunidades Autónomas y el tres por ciento para las Corporaciones Locales, y cada Comunidad Autónoma tiene su propio límite del trece por ciento de su PIB regional. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes se fijan por el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera para las Comunidades Autónomas y sometimiento al Congreso de los Diputados y al Senado (art. 15 LOEPSF). La Constitución (art. 135.4) permite superar los límites de déficit estructural y de deuda solo en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria, apreciadas por mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Las operaciones de endeudamiento de la Comunidad de Madrid deben respetar el objetivo de deuda que le sea fijado, y su régimen de autorización y control se desarrolla en el título de la Ley de Hacienda dedicado a las operaciones financieras.
Planificación presupuestaria, límite de gasto, fondo de contingencia y superávit
La LOEPSF contiene varios mandatos que se proyectan sobre la elaboración del presupuesto autonómico. El artículo 29 exige un marco presupuestario a medio plazo de al menos tres años. El artículo 30 obliga a fijar un límite de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad y con la regla de gasto, que marca el techo de asignación de recursos en el presupuesto de cada ejercicio (el equivalente estatal es el techo de gasto). El artículo 31 exige incluir en el presupuesto una dotación diferenciada de crédito, el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, para atender necesidades imprevistas y no discrecionales que puedan surgir en el ejercicio y que no hayan podido preverse en el presupuesto inicial. El artículo 32 regula el destino del superávit presupuestario: en caso de superávit, se destinará a reducir el endeudamiento neto, con las excepciones temporales que prevea la ley. Estos mandatos explican por qué el presupuesto de gastos de la Comunidad incluye un capítulo para el Fondo de Contingencia y por qué los créditos extraordinarios y suplementos pueden financiarse con cargo a él.
Medidas preventivas, correctivas y coercitivas
Cuando una Administración incumple el objetivo de estabilidad, el de deuda o la regla de gasto, la LOEPSF articula un conjunto de medidas progresivas. En una primera fase operan medidas preventivas y de alerta temprana basadas en la información que remiten las Administraciones. Si hay incumplimiento, la Administración debe formular un plan económico-financiero (art. 21) que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos, con medidas concretas, y el plan es aprobado por el órgano competente y objeto de seguimiento. Si el incumplimiento persiste o el plan no se presenta, entran en juego medidas automáticas de corrección (como la prohibición de nuevas operaciones de endeudamiento o la necesidad de autorización previa) y, finalmente, medidas coercitivas (art. 25: declaración de no disponibilidad de créditos, constitución de un depósito con intereses, envío de una comisión de expertos) y, como último extremo, medidas de cumplimiento forzoso (art. 26), que pueden requerir al Senado la aprobación del artículo 155 de la Constitución. El detalle de plazos y trámites de cada medida debe consultarse en el texto vigente de la LOEPSF.
Las reglas fiscales europeas y su suspensión
La disciplina fiscal española se enmarca en las reglas fiscales de la Unión Europea. El marco de gobernanza económica fue reformado en 2024 con el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, sobre la coordinación eficaz de las políticas económicas y la supervisión presupuestaria multilateral, que sustituye el análisis del saldo estructural por una senda de gasto neto plurianual recogida en planes fiscales y estructurales a medio plazo. Las reglas fiscales (de déficit, deuda y gasto) estuvieron suspendidas en España entre 2020 y 2023 a raíz de la apreciación, por el Congreso de los Diputados, de la situación de emergencia extraordinaria derivada de la pandemia (art. 135.4 CE), y se aplican de nuevo desde 2024. El opositor debe retener la idea de que la LOEPSF fija las reglas nacionales y la normativa europea las condiciona, y debe contrastar siempre los valores numéricos de los objetivos del año de la convocatoria.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid: concepto
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Administración General y los organismos autónomos de la Comunidad, y de los derechos que se prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de gastos e ingresos de las restantes entidades que integran el sector público autonómico. Constituyen el instrumento jurídico-contable a través del cual el Gobierno autonómico concreta, en términos financieros y para un ejercicio determinado, el programa político y las políticas públicas que se propone desarrollar, y a través del cual la Asamblea de Madrid ejerce su función de control sobre el Ejecutivo, al ser la ley de presupuestos la que autoriza el gasto público. Su regulación se contiene en el título de la Ley de Hacienda dedicado al régimen presupuestario. A diferencia de los ingresos, que tienen carácter estimativo, los créditos para gastos aprobados en el estado de gastos tienen carácter limitativo y vinculante, de modo que no pueden adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior a la autorizada, salvo las excepciones legalmente previstas. La Ley de Presupuestos tiene naturaleza de ley formal y material, pero su contenido está limitado: junto al contenido necesario (estados de ingresos y gastos) puede incluir un contenido eventual, sometido a la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 76/1992), que exige conexión directa con los ingresos y gastos o con la política económica del Gobierno, razón por la cual las medidas fiscales y administrativas se tramitan con frecuencia en una ley de acompañamiento separada.
Los principios presupuestarios: unidad, universalidad y especialidad
El principio de unidad exige que todos los ingresos y gastos de la Comunidad de Madrid se integren en un único documento presupuestario, evitando la existencia de presupuestos paralelos o extrapresupuestarios que sustraigan al control parlamentario partidas de la actividad financiera pública; se manifiesta en la exigencia de que el presupuesto se apruebe mediante una sola ley anual. El principio de universalidad, también llamado de no afectación o de integridad, exige que el presupuesto recoja la totalidad de los ingresos y de los gastos, sin compensaciones entre ellos (no cabe presupuestar solo el saldo neto de una operación) y, en su vertiente de no afectación, que los ingresos generales financien indistintamente los gastos generales, sin vincular un ingreso concreto a un gasto concreto salvo las excepciones tasadas por la ley (ingresos afectados, como determinadas tasas o fondos finalistas europeos). El principio de especialidad opera en una triple dimensión: cualitativa (los créditos han de destinarse exclusivamente a la finalidad para la que fueron aprobados, según la clasificación funcional y de programas), cuantitativa (no puede gastarse más de lo autorizado en cada crédito, de ahí su carácter limitativo) y temporal (los créditos se aprueban y ejecutan para un ejercicio presupuestario determinado, sin perjuicio de las excepciones de incorporación de remanentes).
El principio de anualidad presupuestaria
El principio de anualidad, recogido tanto en la Constitución (art. 134.2 CE, referido a los Presupuestos Generales del Estado, y trasladable al ámbito autonómico por el Estatuto de Autonomía y la propia Ley 5/2025) como en la especialidad temporal antes descrita, establece que el ejercicio presupuestario de la Comunidad de Madrid coincide con el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre, y que los créditos aprobados para un ejercicio solo pueden aplicarse a obligaciones nacidas dentro de ese mismo periodo, salvo las excepciones expresamente previstas por la ley: los gastos plurianuales, que comprometen créditos de ejercicios futuros dentro de los límites legales; las incorporaciones de remanentes de crédito de un ejercicio al siguiente en los supuestos tasados; y la prórroga presupuestaria en caso de no aprobación del presupuesto antes del inicio del ejercicio. Conviene no confundir la anualidad presupuestaria, que es un principio de ejecución del gasto, con el principio de plurianualidad de la LOEPSF, que es un principio de planificación a medio plazo compatible con —y no contrario a— la anualidad: los presupuestos se siguen aprobando y ejecutando año a año, pero encuadrados en un marco plurianual de referencia de al menos tres ejercicios. El ejercicio presupuestario coincide con el año natural, de modo que las obligaciones nacidas en un ejercicio deben imputarse a los créditos de ese mismo año, y los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho. Esta regla, formulada para el Estado en la Ley General Presupuestaria, constituye el modelo de las leyes autonómicas.
El contenido de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid incluyen, conforme al desarrollo del Capítulo II del Título II de la Ley 5/2025: los presupuestos de la Administración General, estructurados en estado de gastos (de carácter limitativo, clasificado orgánica, funcional y económicamente) y estado de ingresos (de carácter estimativo); los presupuestos de los organismos autónomos y de las restantes entidades del sector público autonómico, con el grado de detalle y limitación que corresponda a su naturaleza (limitativos para los organismos autónomos, estimativos o de explotación y capital para las entidades de naturaleza empresarial o fundacional); los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Comunidad, consignados de forma sistemática, en cumplimiento del principio de universalidad; y una serie de estados y anexos complementarios: anexo de personal (plantillas y relación de puestos de trabajo), anexo de inversiones reales, anexo de subvenciones nominativas, y la memoria explicativa del contenido del presupuesto y de las principales modificaciones respecto del ejercicio anterior. Todo ello se acompaña de la documentación exigida para su tramitación parlamentaria, incluyendo el informe económico-financiero que justifica las previsiones de ingresos y las bases macroeconómicas empleadas para su elaboración. La clasificación económica del presupuesto de gastos se estructura en capítulos: 1, gastos de personal; 2, gastos corrientes en bienes y servicios; 3, gastos financieros; 4, transferencias corrientes; 5, Fondo de Contingencia y otros imprevistos; 6, inversiones reales; 7, transferencias de capital; 8, activos financieros; y 9, pasivos financieros. Los capítulos 1 a 4 son operaciones corrientes, los 6 y 7 operaciones de capital, y los 8 y 9 operaciones financieras. La diferencia entre los ingresos y los gastos no financieros (capítulos 1 a 7) determina la capacidad o necesidad de financiación del presupuesto, que en términos de contabilidad nacional es la magnitud relevante para la estabilidad presupuestaria.
El ciclo presupuestario: la elaboración del presupuesto
La elaboración del presupuesto de la Comunidad de Madrid es una función que corresponde inicialmente a la Consejería competente en materia de Hacienda, que dicta las normas y directrices para su elaboración (orden de elaboración de los Presupuestos Generales), fija los criterios de asignación de recursos y los techos de gasto de cada Consejería y organismo conforme al marco presupuestario plurianual y a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto que resulten de aplicación. Cada Consejería, organismo autónomo y entidad del sector público formula su correspondiente anteproyecto de presupuesto, que se remite a la Consejería de Hacienda para su examen, negociación y consolidación en un anteproyecto único de Presupuestos Generales de la Comunidad. Este anteproyecto se eleva al Consejo de Gobierno para su aprobación como proyecto de ley, que se remite después a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria dentro de los plazos fijados por el Reglamento de la Cámara, de forma que, salvo circunstancias excepcionales, el presupuesto quede aprobado antes del comienzo del ejercicio al que se refiere. Todo este proceso debe respetar en cada una de sus fases los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto fijados conforme a la LOEPSF.
Fases del ciclo presupuestario
El ciclo presupuestario comprende cinco fases sucesivas que conviene ordenar correctamente en un examen: elaboración (competencia del Gobierno, a través de la Consejería de Hacienda, con participación de todas las Consejerías), aprobación (competencia de la Asamblea de Madrid mediante la ley anual de presupuestos), ejecución (gestión de los ingresos y de los gastos por cada gestor, conforme a las fases del gasto que se estudian en el tema 36), control (interno por la Intervención General, externo por la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, y político por la Asamblea) y liquidación y rendición de la Cuenta General. Las fases se solapan en el tiempo: mientras se ejecuta el presupuesto de un ejercicio, se elabora el del siguiente y se controla y liquida el anterior. En cada fase actúa un órgano distinto, lo que explica la separación entre la iniciativa del Ejecutivo y la autorización del gasto por el Legislativo, característica del régimen parlamentario.
El presupuesto del sector público autonómico: consolidación y tipos de presupuesto
Los presupuestos de los distintos entes del sector público autonómico no tienen el mismo carácter. La Administración General y los organismos autónomos tienen presupuesto de gastos limitativo, clasificado orgánica, funcional y económicamente, y presupuesto de ingresos estimativo. Las entidades de derecho público con régimen de contabilidad empresarial, las sociedades mercantiles públicas y las fundaciones del sector público elaboran presupuestos de explotación y de capital, de carácter estimativo, con sus estados financieros previsionales y su programa de actuación, inversiones y financiación. Los Presupuestos Generales se presentan consolidados para ofrecer una visión global del sector público y permitir el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional, sin perjuicio de que cada ente tenga su régimen de gestión. Las Universidades públicas y otros entes con autonomía reciben transferencias que figuran en los presupuestos de la Administración General, pero aprueban sus propios presupuestos conforme a su normativa específica.
La aprobación de los Presupuestos por la Asamblea de Madrid
El proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, se remite a la Asamblea de Madrid, que lo tramita con carácter prioritario, dada su trascendencia institucional y su condición de instrumento habilitante de la actividad financiera del año. La tramitación sigue un procedimiento singular respecto del de una ley ordinaria, regulado por el Reglamento de la Asamblea: debate de totalidad, trabajo en comisión y debate y votación de las secciones presupuestarias, con particularidades en el régimen de enmiendas. Como regla análoga a la del artículo 134.6 CE para los Presupuestos Generales del Estado, toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación, lo que protege el equilibrio del proyecto presentado por el Ejecutivo. Una vez aprobada por el Pleno, la Ley de Presupuestos se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (y, a efectos informativos, en el BOE) y entra en vigor, con carácter general, el 1 de enero del ejercicio al que se refiere. La Asamblea de Madrid ejerce, además, el control político posterior mediante la rendición de la Cuenta General y los informes de la Cámara de Cuentas.
La estructura presupuestaria: orgánica, funcional y económica
El estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se articula simultáneamente en tres clasificaciones complementarias que permiten analizar el mismo crédito desde distintas perspectivas. La clasificación orgánica distribuye los créditos según el órgano, Consejería, organismo autónomo o entidad del sector público que es responsable de su gestión, identificando quién gasta. La clasificación funcional o por programas agrupa los créditos según la finalidad, el objetivo o la política pública a la que se destinan (educación, sanidad, infraestructuras, administración general), permitiendo conocer para qué se gasta e identificando el correspondiente programa de gasto, su centro gestor y sus objetivos e indicadores de seguimiento; es la clasificación más relevante para el control de la eficacia y la eficiencia. La clasificación económica agrupa los créditos según su naturaleza económica, distinguiendo grandes capítulos (gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital, activos financieros y pasivos financieros), lo que permite conocer en qué se gasta y es la clasificación que enlaza directamente con la contabilidad nacional y el cálculo de los saldos de estabilidad presupuestaria.
Presupuesto por programas, objetivos e indicadores
La clasificación funcional se articula en políticas de gasto, grupos de programas y programas, de forma que cada crédito se asigna a un programa con un centro gestor y unos objetivos e indicadores de seguimiento. Esta técnica del presupuesto por programas permite evaluar la eficacia y eficiencia del gasto (art. 31.2 CE) comparando los recursos asignados con los resultados obtenidos. La memoria de objetivos de cada programa, el seguimiento de los indicadores y la evaluación de las políticas públicas conectan el presupuesto con la gestión por resultados. Junto a ello, la perspectiva de género y otras perspectivas transversales (impacto sobre la infancia, la familia o la discapacidad) se han ido incorporando a la documentación presupuestaria como informes de impacto que acompañan al proyecto de ley, aunque su contenido concreto y obligatoriedad deben comprobarse en la norma vigente.
Control del presupuesto y transparencia presupuestaria
El control de la gestión presupuestaria se ejerce en varios niveles. El control interno corresponde a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, mediante la función interventora (fiscalización previa de los actos con contenido económico), el control financiero permanente y la auditoría pública. El control externo corresponde a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, órgano fiscalizador de la actividad económico-financiera del sector público autonómico, y al Tribunal de Cuentas, órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público (Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo), que ejerce además la jurisdicción contable. El control político lo ejerce la Asamblea de Madrid, que aprueba el presupuesto y examina la Cuenta General. La transparencia presupuestaria se exige tanto por la LOEPSF (principio de transparencia, art. 6) como por la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que obliga a publicar los presupuestos, su grado de ejecución y las cuentas anuales.
La prórroga presupuestaria
Si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se produce la prórroga automática de los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos, en un mecanismo paralelo al previsto para los Presupuestos Generales del Estado en el artículo 134.4 CE, que garantiza la continuidad de la actividad financiera pública ante un eventual bloqueo o retraso parlamentario. La prórroga no supone una simple repetición mecánica de las cifras del ejercicio anterior: de acuerdo con el modelo de la legislación presupuestaria general (artículo 38 de la Ley General Presupuestaria), no se prorrogan los créditos correspondientes a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior ni los créditos extraordinarios y suplementos concedidos para ese ejercicio, y se ajustan las cuantías afectadas por cambios normativos (por ejemplo, incrementos retributivos aprobados por ley). La prórroga es una situación transitoria destinada a garantizar la continuidad y no a sustituir de forma indefinida a la ley anual. Durante la prórroga pueden aprobarse modificaciones de crédito en los términos que fije la ley.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
CAMBIO NORMATIVO: desde el 1-1-2026 rige la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que deroga la Ley 9/1990. Si el examen habla de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid sin más, se refiere a la Ley 5/2025. No se citan aquí números de artículo de la nueva ley por no haber sido posible contrastarlos.
No confundas estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit estructural, art. 3 LOEPSF) con sostenibilidad financiera (capacidad de atender compromisos presentes y futuros, art. 4 LOEPSF) ni con plurianualidad (marco de planificación a medio plazo de al menos tres años, arts. 5 y 29 LOEPSF, compatible con la anualidad).
Regla de gasto (art. 12 LOEPSF): el gasto computable no puede crecer por encima de la tasa de referencia del PIB a medio plazo; los ingresos extraordinarios se destinan a reducir deuda.
Deuda (art. 13 LOEPSF): 60 por ciento del PIB para el conjunto de las Administraciones (44 por ciento Administración central, 13 por ciento Comunidades Autónomas, 3 por ciento entidades locales). Excepciones del art. 135.4 CE: catástrofes, recesión económica y emergencia extraordinaria, apreciadas por mayoría absoluta del Congreso.
Mandatos de la LOEPSF sobre el presupuesto: marco a medio plazo (art. 29), límite de gasto no financiero (art. 30), Fondo de Contingencia (art. 31) y destino del superávit a reducir deuda (art. 32). Incumplimiento: plan económico-financiero (art. 21), medidas coercitivas (art. 25) y de cumplimiento forzoso (art. 26).
Los tres principios presupuestarios clásicos: unidad (un solo documento), universalidad (todos los ingresos y gastos, sin compensar) y especialidad (cualitativa, cuantitativa y temporal). La anualidad se vincula a la especialidad temporal.
El estado de gastos tiene carácter limitativo; el estado de ingresos, carácter estimativo. Esta distinción se repite en casi todos los temas de este bloque.
Las tres clasificaciones del gasto son simultáneas: orgánica (quién gasta), funcional o por programas (para qué) y económica (en qué; la que conecta con la contabilidad nacional). Los capítulos del gasto van del 1 (personal) al 9 (pasivos financieros), con el 5 para el Fondo de Contingencia.
La prórroga presupuestaria es automática si no se aprueba el presupuesto antes del 1 de enero (art. 134.4 CE como modelo), pero no es una copia literal del presupuesto anterior.
Reglas europeas: Reglamento (UE) 2024/1263 (nueva gobernanza económica, senda de gasto neto); reglas fiscales suspendidas en 2020-2023 y aplicables de nuevo desde 2024.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
El estado de gastos de los presupuestos de la Administración General de la Comunidad tiene carácter:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 34 de Administrativo C. Madrid?
AVISO DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA: la histórica Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que durante más de tres décadas fue la norma de cabecera de este bloque, ha sido derogada con efectos de 1 de enero de 2026 por la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid. El título de este tema y de los dos siguientes («Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid») se corresponde con el nombre de la Ley 5/2025, no con la derogada Ley 9/1990. Este desarrollo toma como referencia la Ley 5/2025 y, para la estabilidad presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de aplicación a todas las Administraciones Públicas, junto con los principios constitucionales de los artículos 134 y 135 de la Constitución. Importante para el estudio: en esta revisión no ha sido posible contrastar el texto consolidado de la Ley 5/2025, por lo que no se citan números de artículo de esa ley; se indica el contenido por materias, que debe localizarse en el índice de la norma. Los números de artículo citados de la LOEPSF y de la Constitución sí se mantienen.
¿Qué hay que memorizar del Tema 34 para el examen?
CAMBIO NORMATIVO: desde el 1-1-2026 rige la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que deroga la Ley 9/1990. Si el examen habla de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid sin más, se refiere a la Ley 5/2025. No se citan aquí números de artículo de la nueva ley por no haber sido posible contrastarlos. No confundas estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit estructural, art. 3 LOEPSF) con sostenibilidad financiera (capacidad de atender compromisos presentes y futuros, art. 4 LOEPSF) ni con plurianualidad (marco de planificación a medio plazo de al menos tres años, arts. 5 y 29 LOEPSF, compatible con la anualidad). Regla de gasto (art. 12 LOEPSF): el gasto computable no puede crecer por encima de la tasa de referencia del PIB a medio plazo; los ingresos extraordinarios se destinan a reducir deuda. Deuda (art. 13 LOEPSF): 60 por ciento del PIB para el conjunto de las Administraciones (44 por ciento Administración central, 13 por ciento Comunidades Autónomas, 3 por ciento entidades locales). Excepciones del art. 135.4 CE: catástrofes, recesión económica y emergencia extraordinaria, apreciadas por mayoría absoluta del Congreso. Mandatos de la LOEPSF sobre el presupuesto: marco a medio plazo (art. 29), límite de gasto no financiero (art. 30), Fondo de Contingencia (art. 31) y destino del superávit a reducir deuda (art. 32). Incumplimiento: plan económico-financiero (art. 21), medidas coercitivas (art. 25) y de cumplimiento forzoso (art. 26). Los tres principios presupuestarios clásicos: unidad (un solo documento), universalidad (todos los ingresos y gastos, sin compensar) y especialidad (cualitativa, cuantitativa y temporal). La anualidad se vincula a la especialidad temporal. El estado de gastos tiene carácter limitativo; el estado de ingresos, carácter estimativo. Esta distinción se repite en casi todos los temas de este bloque. Las tres clasificaciones del gasto son simultáneas: orgánica (quién gasta), funcional o por programas (para qué) y económica (en qué; la que conecta con la contabilidad nacional). Los capítulos del gasto van del 1 (personal) al 9 (pasivos financieros), con el 5 para el Fondo de Contingencia. La prórroga presupuestaria es automática si no se aprueba el presupuesto antes del 1 de enero (art. 134.4 CE como modelo), pero no es una copia literal del presupuesto anterior. Reglas europeas: Reglamento (UE) 2024/1263 (nueva gobernanza económica, senda de gasto neto); reglas fiscales suspendidas en 2020-2023 y aplicables de nuevo desde 2024.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 31, 103, 134 y 135
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (arts. 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 31 y 32)
Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid (consultar el texto consolidado para los números de artículo)
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid (derogada con efectos de 1 de enero de 2026)
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (como modelo de la legislación presupuestaria)
Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, sobre la coordinación eficaz de las políticas económicas y la supervisión presupuestaria multilateral
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