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Tema 17. La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. El procedimiento general de expropiación.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

La expropiación forzosa es la técnica más intensa de intervención administrativa sobre la propiedad privada: permite a la Administración privar a un particular de sus bienes o derechos, sin su consentimiento y mediante el pago de una indemnización, cuando concurre una causa de utilidad pública o interés social. Se regula, con carácter básico, en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF), norma preconstitucional pero plenamente vigente, que se complementa con su Reglamento aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 (REF) y con la legislación sectorial y urbanística (en especial el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, para las valoraciones). El tema combina teoría general (concepto, naturaleza jurídica, elementos subjetivo, objetivo, causal, formal y patrimonial) con institutos muy preguntados en test: la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación, la hoja de aprecio, el Jurado de Expropiación, el premio de afección del 5 por ciento, la retasación, la reversión y el procedimiento de urgencia (art. 52 LEF), que exige acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano equivalente.

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El fundamento constitucional de la expropiación forzosa (art. 33.3 CE)

El art. 33 de la Constitución reconoce en su apartado 1 el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y en el apartado 2 declara que la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. El apartado 3 es la pieza clave de la institución expropiatoria: nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. De este precepto se extraen las tres garantías del expropiado: la existencia de una causa expropiandi (utilidad pública o interés social), el derecho a una indemnización (el justiprecio) y la exigencia de que la privación se realice conforme a un procedimiento legalmente establecido, con control jurisdiccional. La falta de cualquiera de estas garantías convierte la privación en una actuación ilegal (vía de hecho o expropiación irregular). La doctrina constitucional (STC 111/1983 y STC 166/1986, a propósito del caso Rumasa) ha admitido que la expropiación puede acordarse por ley singular, sin perjuicio del control de constitucionalidad. Conviene recordar la competencia estatal exclusiva sobre la legislación sobre expropiación forzosa (art. 149.1.18.ª CE), sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas ejerzan la potestad expropiatoria en el ámbito de sus competencias y dicten normas de desarrollo y procedimiento.

Concepto de expropiación forzosa

El art. 1 de la LEF define la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social como cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censura, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio. De esta definición legal se extrae la definición doctrinal: la expropiación forzosa es la potestad administrativa en cuya virtud la Administración, previa tramitación del procedimiento legalmente establecido, priva coactivamente a un particular de la titularidad de un bien o derecho de contenido patrimonial por razones de interés general, a cambio del pago de una indemnización equivalente a su valor (justiprecio). Rasgos esenciales: es una privación singular (afecta a sujetos o bienes concretos, a diferencia de las limitaciones generales de la propiedad por ley, que no dan derecho a indemnización), es imperativa (no requiere el consentimiento del propietario, a diferencia de la compraventa), exige causa justificada y es siempre indemnizable. Se manifiesta tanto en la privación definitiva de la titularidad como en privaciones temporales o limitaciones de uso (ocupación temporal, servidumbres).

La naturaleza jurídica de la potestad expropiatoria

La doctrina (García de Enterría) la califica como una potestad administrativa: un poder jurídico atribuido por la ley que habilita a la Administración para producir, mediante un acto unilateral, la transferencia coactiva de la titularidad del bien en la esfera de un tercero sin su consentimiento. Es una potestad de carácter instrumental, pues sirve a otras competencias materiales de la Administración (obras públicas, urbanismo, medio ambiente), y de ejercicio reglado en cuanto a sus garantías esenciales: la Administración dispone de cierto margen para decidir qué bienes necesita y cuándo, pero está obligada a seguir el procedimiento legal y a respetar los derechos del expropiado. La potestad es de titularidad pública: la ejercen las Administraciones Públicas, y los particulares solo pueden intervenir como beneficiarios, sin sustituir a la Administración expropiante. Es una potestad que se ejerce sin perjuicio del control de la jurisdicción contencioso-administrativa y que, por afectar a un derecho reconocido en el art. 33 CE, debe interpretarse con carácter restrictivo en cuanto a la privación y de forma completa en cuanto a la indemnización.

Los elementos de la expropiación forzosa

La doctrina distingue varios elementos. Elemento subjetivo: expropiante, beneficiario y expropiado. Elemento objetivo: el bien o derecho expropiado. Elemento causal: la utilidad pública o el interés social (causa expropiandi). Elemento formal: el procedimiento legalmente establecido. Elemento patrimonial: la indemnización o justiprecio. Cada uno de ellos corresponde a una garantía: sin sujeto competente la expropiación sería nula por incompetencia; sin objeto determinado, imposible; sin causa, nula por desviación de poder; sin procedimiento, nula de pleno derecho (art. 47.1.e de la Ley 39/2015, prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido); y sin indemnización, contraria al art. 33.3 CE.

Los sujetos de la expropiación: expropiante, beneficiario y expropiado

La relación expropiatoria se articula en torno a tres sujetos. El expropiante es la Administración Pública titular de la potestad expropiatoria (Estado, Comunidades Autónomas, provincias, municipios y demás entidades locales y otros entes habilitados por ley, arts. 2 y siguientes LEF); tramita el expediente, dicta los actos de trámite y resolutorios y ejerce el poder de imperio. El beneficiario es quien, no siendo el expropiante, obtiene el bien o derecho expropiado y, en su caso, paga el justiprecio; puede ser otra Administración, una entidad pública, un concesionario o incluso un particular cuando una ley le reconozca esa condición. El beneficiario tiene derecho a instar la iniciación del expediente, responde del pago del justiprecio, pero nunca sustituye a la Administración expropiante en el ejercicio de la potestad. El expropiado es el titular del bien o derecho (persona física o jurídica, pública o privada), cuya posición está protegida por las garantías procedimentales y jurisdiccionales de la LEF. Además, intervienen como interesados en el expediente los titulares de derechos reales o de intereses económicos directos sobre el bien.

El objeto de la expropiación

Es objeto de la expropiación cualquier forma de propiedad privada y de derechos o intereses patrimoniales legítimos (art. 1 LEF). Aunque los bienes inmuebles son el supuesto más frecuente (expropiaciones urbanísticas, viarias, de infraestructuras), pueden ser objeto de expropiación los bienes muebles, los derechos reales limitados (usufructo, servidumbres), los arrendamientos, los derechos de propiedad industrial e intelectual, las concesiones administrativas e incluso derechos de crédito, siempre que concurra causa legitimadora y tengan valoración económica. La LEF regula la expropiación parcial: cuando se expropia una parte de finca y la conservación de la parte restante resulta antieconómica, el propietario puede solicitar en su hoja de aprecio que la expropiación se extienda a la totalidad (expropiación por resto, art. 23 LEF). Quedan fuera del concepto de expropiación forzosa otras privaciones patrimoniales con distinta causa y régimen, como el decomiso o el comiso derivado de ilícitos o la sanción administrativa, que no generan indemnización, o las limitaciones generales de la propiedad impuestas por ley (delimitación del contenido de la propiedad).

La causa expropiandi: utilidad pública o interés social

La causa expropiandi es el título legitimador sin el cual no puede existir expropiación válida: la ley exige que la privación responda a una finalidad de utilidad pública (obras y servicios públicos) o de interés social (finalidades de relevancia social más amplias, como la vivienda o la ordenación del territorio). Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado (art. 9 LEF). La declaración puede hacerse por ley singular, o mediante la aprobación de un plan, proyecto o instrumento que, conforme a su legislación, lleve implícita la declaración respecto de los bienes y derechos incluidos (así, los planes de obras y servicios del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, o los instrumentos de planeamiento urbanístico). La causa debe subsistir durante toda la vida del expediente y condiciona la reversión: si desaparece la finalidad sin que se ejecute la obra, nace el derecho a recuperar el bien. La ausencia de causa, o su desviación hacia un fin distinto del declarado, es un vicio que puede determinar la nulidad del expediente por desviación de poder.

El procedimiento general de expropiación: fases

El procedimiento expropiatorio ordinario regulado en la LEF se articula en las siguientes fases sucesivas. Fase previa: la declaración de utilidad pública o interés social del fin (arts. 9 a 14 LEF), que puede estar implícita en la aprobación de un plan o proyecto. Primera fase propiamente dicha: la declaración de necesidad de ocupación, que concreta e individualiza los bienes y derechos necesarios para el fin (arts. 15 a 22 LEF). Segunda fase: la determinación del justo precio (arts. 24 a 47 LEF), mediante avenencia o, en su defecto, hojas de aprecio y, en caso de desacuerdo, el Jurado de Expropiación. Tercera fase: el pago o consignación del justiprecio y la toma de posesión (ocupación) (arts. 48 a 51 LEF). Fase eventual: las garantías jurisdiccionales, que permiten al expropiado impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa los actos del expediente. Régimen especial: el procedimiento de urgencia (art. 52), en el que se invierte el orden entre ocupación y fijación definitiva del justiprecio. Regla de memoria: primero se declara la utilidad pública o el interés social, después se concreta qué bienes se necesitan, luego se fija el precio y, por último, se paga y se ocupa.

La declaración de necesidad de ocupación

Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes y derechos de entre todos los posibles. Para ello, el beneficiario formula una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que considera de necesaria expropiación, con descripción material y jurídica de los mismos. La relación se publica en el boletín oficial correspondiente y en los medios que señala la ley, y se notifica individualmente a los interesados, abriéndose un periodo de información pública de quince días para que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos que permitan rectificar posibles errores en la relación u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. Resueltas las alegaciones, el órgano competente dicta el acuerdo de necesidad de ocupación, que designa nominalmente los bienes y derechos afectados y sus titulares; implica la iniciación del expediente expropiatorio, y se notifica individualmente. Contra este acuerdo cabe recurso en vía administrativa (recurso de alzada, art. 22 LEF) y posterior recurso contencioso-administrativo.

La determinación del justiprecio: criterios y momento de valoración

El justiprecio es la indemnización que la Administración debe satisfacer al expropiado como contrapartida de la privación; constituye la garantía patrimonial que legitima la expropiación (art. 33.3 CE) y debe ser una indemnización justa, equivalente al valor real del bien. Rigen varias reglas. La tasación se hace con arreglo al valor del bien o derecho en el momento de iniciación del expediente de justiprecio (art. 36 LEF), de modo que no se computan las plusvalías o minusvalías derivadas de la propia actuación expropiatoria, ni las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación. Los criterios de valoración dependen de la clase de bien: para el suelo rige la legislación estatal del suelo (hoy el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, RDL 7/2015, Título sobre valoraciones), y para el resto la propia LEF. Antes de acudir al procedimiento contradictorio cabe el mutuo acuerdo o avenencia entre la Administración y el expropiado, que pone fin al expediente de justiprecio (arts. 24 y 25 LEF). Se añade al justiprecio el premio de afección, equivalente al cinco por ciento del valor de los bienes (art. 47 LEF), que compensa el valor subjetivo del bien.

La hoja de aprecio y el procedimiento contradictorio

Si no hay avenencia, se sigue el procedimiento ordinario de fijación. Se requiere al propietario para que presente su hoja de aprecio: documento fundado en el que concreta el valor en que estima el bien, que se acompaña de la valoración de un perito. El plazo para presentarla es de veinte días. La Administración dispone de un plazo para aceptar o rechazar la valoración del propietario y, si la rechaza, formular su propia hoja de aprecio, fundada y motivada, que se notifica al propietario; este dispone de diez días para aceptarla o rechazarla. Si acepta, el justiprecio queda fijado y se pone fin a la fase de valoración. Si la rechaza, el expediente se remite al Jurado de Expropiación en pieza separada para que fije el justiprecio. el Jurado no puede apartarse de la valoración máxima del propietario ni de la mínima de la Administración, salvo vicios de procedimiento o errores materiales. El régimen detallado se encuentra en los arts. 26 a 31 LEF.

El Jurado de Expropiación (Provincial, Territorial o Regional)

El Jurado de Expropiación Forzosa es el órgano administrativo colegiado e independiente que fija el justiprecio cuando no hay acuerdo entre la Administración y el expropiado (art. 32 LEF). La LEF lo configura como Jurado Provincial, presidido por un magistrado y compuesto por vocales de perfil técnico y jurídico (funcionarios técnicos, letrado, representantes de los intereses afectados), con el fin de garantizar imparcialidad y solvencia técnica. Tras la descentralización autonómica, las Comunidades Autónomas han creado sus propios jurados (Jurado Regional o Territorial de Expropiación) para las expropiaciones de su competencia y las de las entidades locales de su territorio; en la Comunidad de Madrid existe un Jurado Territorial de Expropiación Forzosa. Las resoluciones del Jurado deben ser motivadas, ponen fin a la vía administrativa en materia de justiprecio y son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, art. 10 LJCA), donde habitualmente se practica prueba pericial contradictoria. Conviene distinguir: el Jurado fija el justiprecio, no declara la utilidad pública ni la necesidad de ocupación.

Intereses, retasación y premio de afección

Cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación del expediente de justiprecio sin que se hubiera determinado, la cantidad que se fije devengará el interés legal del dinero hasta el pago (art. 56 LEF). Si fijado el justiprecio la Administración retrasa su pago más de seis meses, la cantidad devengará interés de demora (art. 57 LEF). La retasación (art. 58 LEF) permite al expropiado reclamar un nuevo justiprecio cuando, por causas imputables a la Administración, el pago o la ocupación se retrasa más de dos años desde la fijación definitiva; la nueva valoración se refiere al momento de la nueva tasación. El premio de afección es el cinco por ciento del valor de los bienes que se añade en todo caso al justiprecio; no se confunde con la indemnización por rápida ocupación, propia del procedimiento de urgencia, ni con los intereses.

El pago y la ocupación del bien expropiado

Fijado definitivamente el justiprecio, su pago se hará efectivo en el plazo establecido por la ley y siempre antes de la ocupación del bien, salvo en el procedimiento de urgencia, en el que la ocupación puede anticiparse mediante el depósito previo. El pago se hace en moneda de curso legal, mediante talón o transferencia a favor del expropiado, o mediante consignación en la Caja General de Depósitos cuando existan dudas sobre la titularidad del bien, cargas que lo graven o el propietario rechace el pago o no se halle (art. 50 LEF); la consignación libera a la Administración y habilita la ocupación. El pago o consignación se formaliza en un acta y la ocupación se documenta en acta, que sirve de título para la inscripción en el Registro de la Propiedad y para cancelar las cargas, que se transforman en derecho de crédito sobre el justiprecio. La Administración adquiere el bien libre de cargas.

El acta previa a la ocupación

El acta previa a la ocupación es el trámite característico del procedimiento de urgencia regulado en el art. 52 LEF. Consiste en un acto, celebrado en el propio terreno afectado, en el que se levanta acta con asistencia de un representante de la Administración expropiante, del propietario o su representante y, en su caso, de peritos, con el fin de describir el bien o derecho, consignar los datos útiles para la determinación del justiprecio y de las indemnizaciones por rápida ocupación y fijar el estado físico en que se encuentra la finca. El acta previa no fija el justiprecio, que se determinará con posterioridad conforme a las reglas generales, pero habilita la ocupación material del bien tras el depósito previo y el pago de la indemnización por rápida ocupación. Se documenta por escrito y los interesados pueden hacer constar su disconformidad. Posteriormente se levanta el acta de ocupación.

La expropiación por razón de urgencia (art. 52 LEF)

El art. 52 LEF regula el procedimiento excepcional de expropiación urgente, que permite anticipar la ocupación antes de determinar y pagar el justiprecio definitivo. Exige una declaración expresa de urgencia por acuerdo del Consejo de Ministros (o del órgano equivalente de la Comunidad Autónoma o entidad local competente cuando la expropiación sea de su competencia), motivada por la urgencia de la obra o del servicio. Declarada la urgencia, se publica la relación de bienes y derechos afectados, se levantan las actas previas a la ocupación y la Administración, previo depósito de la cantidad que corresponda según la valoración provisional y el pago o depósito de la indemnización de los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación, puede tomar posesión del bien. El justiprecio definitivo se determina después por el procedimiento ordinario. En la práctica, numerosas leyes sectoriales declaran la urgencia con carácter general para determinadas obras, de modo que este procedimiento es muy utilizado, aunque en teoría sigue siendo excepcional. Elemento diferencial para el test: en el ordinario se paga antes de ocupar; en el urgente se ocupa antes de fijar el justiprecio definitivo.

La reversión expropiatoria (arts. 54 y 55 LEF)

La reversión es el derecho del primitivo propietario o de sus causahabientes a recuperar el bien o derecho expropiado, mediante el reembolso de la indemnización percibida, cuando se frustra la causa que legitimó la expropiación. La ley la reconoce, en esencia, en estos supuestos: cuando no se ejecuta la obra o no se establece el servicio que motivó la expropiación; cuando existe una parte sobrante de los bienes expropiados no necesaria para el fin; y cuando desaparece la afectación del bien al fin que justificó la expropiación. No procede la reversión en los supuestos de nueva afectación del bien a otro fin que justifique una declaración de utilidad pública o interés social, ni cuando el bien ha estado afecto al fin el tiempo que señala la ley. La reversión no es automática: debe solicitarse en los plazos legales, y se reembolsa el justiprecio percibido, actualizado según establece la ley. Los arts. 54 y 55 LEF han sido objeto de reformas posteriores a 1954 que regulan con detalle los supuestos, los plazos y las excepciones, por lo que conviene consultar el texto consolidado vigente. Es una garantía del carácter finalista de la expropiación.

Las garantías jurisdiccionales del expropiado

Todo acto del procedimiento expropiatorio es susceptible de control contencioso-administrativo, una vez agotada la vía administrativa. El expropiado puede impugnar la declaración de necesidad de ocupación (previo recurso de alzada), la procedencia de la urgencia, y de forma muy destacada la resolución del Jurado sobre el justiprecio ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, donde suele practicarse prueba pericial contradictoria. La interposición del recurso no suspende, con carácter general, la ocupación ni la ejecución del acuerdo, por lo que la tutela judicial se traduce habitualmente en una mayor indemnización y no en la recuperación del bien, salvo medida cautelar de suspensión (arts. 129 y siguientes de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). Frente a la expropiación irregular, esto es, la ocupación del bien sin seguir los trámites esenciales, el art. 125 LEF permite al interesado acudir al interdicto de retener o recobrar la posesión, y la LJCA permite recurrir la vía de hecho (arts. 30 y 32.2). Además, el expropiado tiene derecho a una indemnización por los perjuicios causados por la expropiación irregular.

Las expropiaciones especiales

Junto al procedimiento general, el ordenamiento contempla diversas modalidades con reglas propias. La expropiación por razón de urbanismo, regulada por la legislación del suelo, se emplea como sistema de ejecución del planeamiento, para la obtención de dotaciones públicas y por incumplimiento de la función social de la propiedad o de deberes urbanísticos; cuando se sigue el procedimiento de tasación conjunta el justiprecio de todas las fincas afectadas se fija en un único expediente. La ocupación temporal y las servidumbres forzosas son privaciones de carácter no definitivo que dan derecho a indemnización por los perjuicios, rentas y deterioros. La expropiación de bienes de valor artístico, histórico o arqueológico, se rige por la legislación de patrimonio cultural. La expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, en las leyes sectoriales, es una expropiación en sentido estricto y mantiene el derecho al justiprecio, a diferencia de las sanciones. En todo lo no previsto expresamente por la legislación especial, la LEF actúa como derecho supletorio, y sus garantías esenciales (causa, justiprecio, procedimiento y control jurisdiccional) se mantienen siempre.

Diferencias entre la expropiación y figuras afines

Es frecuente que el test enfrente la expropiación a figuras próximas. a) Delimitación del contenido de la propiedad: las limitaciones generales impuestas por ley en virtud de la función social (art. 33.2 CE) no son privaciones singulares y, en principio, no generan indemnización; la expropiación es siempre una privación singular indemnizable. b) Responsabilidad patrimonial: la indemnización por funcionamiento de los servicios públicos (arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015) exige una lesión antijurídica que el particular no tiene el deber de soportar; la expropiación es una privación lícita, deliberada y acordada imperativamente. c) Sanción: el comiso o decomiso y la multa no son expropiación, pues su causa es una conducta ilícita del afectado y no hay justiprecio. d) Compraventa o adquisición por mutuo acuerdo: aunque la Administración puede adquirir por convenio durante el expediente (avenencia), el negocio es consensual y no tiene carácter imperativo. e) Ocupación temporal y servidumbres: son privaciones no definitivas, pero igualmente indemnizables. f) Requisa y ocupación en situaciones excepcionales: se rigen por su normativa específica.

Las garantías del procedimiento: interesados, notificaciones y audiencia

El expediente expropiatorio se tramita con intervención de los titulares de los bienes y derechos y de los interesados que acrediten un derecho o interés legítimo. Las notificaciones individuales a los titulares conocidos se completan con publicación en el boletín oficial correspondiente y con anuncios en los medios que fija la ley, de modo que se evite la indefensión de los titulares desconocidos o en paradero ignorado. Cuando existen dudas sobre quién es el titular, la Administración entiende las actuaciones con quien figure como tal en registros públicos (Registro de la Propiedad, Catastro) sin perjuicio de los derechos de terceros, y el justiprecio se consigna si persiste la discrepancia. Los titulares de derechos reales o arrendamientos pueden hacer valer sus derechos sobre el justiprecio, en su caso mediante procedimiento contradictorio. La falta de notificación o audiencia a un interesado puede determinar la anulabilidad o, en casos de ausencia total de procedimiento, la nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e de la Ley 39/2015).

Competencia y órganos en la Comunidad de Madrid

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la potestad expropiatoria se ejerce por la Administración autonómica (a través de sus órganos de gobierno y consejerías competentes por razón de la materia) y por los ayuntamientos y demás entidades locales en el ámbito de sus competencias, en particular urbanísticas, conforme a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y a la legislación estatal de suelo. La fijación del justiprecio corresponde al Jurado Territorial de Expropiación Forzosa en las expropiaciones autonómicas y locales, y a los Jurados provinciales de la Administración General del Estado en las expropiaciones que correspondan al Estado. Las resoluciones del Jurado se recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En todo caso, el procedimiento general y las garantías esenciales proceden de la legislación estatal básica (LEF), que las Comunidades Autónomas no pueden alterar, aunque sí desarrollar en materias de su competencia.

Cuadro de memoria: cifras y plazos del procedimiento expropiatorio

Normas y fechas: LEF de 16 de diciembre de 1954; Reglamento de 26 de abril de 1957. Información pública de la relación de bienes en la necesidad de ocupación: quince días. Hoja de aprecio del propietario: veinte días desde el requerimiento. Plazo del propietario para aceptar o rechazar la hoja de aprecio de la Administración: diez días. Premio de afección: cinco por ciento. Intereses: tras seis meses desde la iniciación del expediente de justiprecio sin haberlo fijado, y tras seis meses de retraso en el pago del justiprecio ya fijado. Retasación: más de dos años de retraso en el pago o la ocupación desde la fijación definitiva. Declaración de urgencia: acuerdo del Consejo de Ministros (art. 52). Reversión: arts. 54 y 55. Vía de hecho: art. 125 LEF y arts. 30 y 32.2 LJCA. Competencia estatal: art. 149.1.18.ª CE. Fundamento: art. 33.3 CE. Para el examen, la clave está en distinguir qué órgano decide cada fase: la Administración expropiante declara la necesidad de ocupación y fija su hoja de aprecio; el Jurado fija el justiprecio solo si hay desacuerdo; los tribunales controlan los actos y la valoración del Jurado.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El fundamento de toda expropiación son los tres requisitos del art. 33.3 CE: causa expropiandi (utilidad pública o interés social), indemnización (justiprecio) y procedimiento legalmente establecido.
  • La LEF es de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento, de 26 de abril de 1957 (Decreto). La legislación sobre expropiación forzosa es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.18.ª CE).
  • Orden de fases: declaración de utilidad pública o interés social, necesidad de ocupación, justiprecio, pago y ocupación. No confundir utilidad pública (justifica el fin) con necesidad de ocupación (qué bienes concretos).
  • Información pública de la relación de bienes en la necesidad de ocupación: 15 días. El acuerdo de necesidad de ocupación implica la iniciación del expediente expropiatorio y es recurrible en alzada.
  • Hoja de aprecio del propietario: 20 días; el propietario dispone de 10 días para aceptar o rechazar la de la Administración. Si hay desacuerdo, decide el Jurado de Expropiación.
  • El justiprecio se refiere al valor en el momento de iniciación del expediente de justiprecio (art. 36 LEF). El premio de afección es el 5 % (art. 47 LEF), distinto de la indemnización por rápida ocupación, propia del procedimiento de urgencia.
  • Intereses: a los seis meses desde la iniciación del expediente de justiprecio sin fijarlo (art. 56); y por demora en el pago de más de seis meses (art. 57). Retasación (art. 58): cuando el pago o la ocupación se retrasa más de dos años.
  • La urgencia (art. 52 LEF) exige acuerdo del Consejo de Ministros (o órgano equivalente autonómico/local) y permite ocupar antes de fijar el justiprecio definitivo, mediante depósito previo e indemnización por rápida ocupación; el acta previa a la ocupación es propia de este procedimiento.
  • El Jurado de Expropiación fija el justiprecio, no la utilidad pública ni la necesidad de ocupación. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y se recurren ante el TSJ.
  • La reversión (art. 54 LEF) exige que se frustre la causa expropiandi y se ejercita en plazo, reembolsando el justiprecio actualizado; no es automática.
  • La expropiación sin respetar el procedimiento es vía de hecho: interdicto (art. 125 LEF) o recurso contencioso por vía de hecho (arts. 30 y 32.2 LJCA).
  • No confundir expropiación (privación singular, lícita e indemnizable por el justiprecio) con responsabilidad patrimonial (lesión antijurídica), sanción (comiso, sin indemnización) o delimitación general de la propiedad por la función social (sin indemnización).
  • La falta de causa expropiandi, de procedimiento o de indemnización vicia la expropiación; la ausencia total de procedimiento es causa de nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e de la Ley 39/2015).
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El Jurado de Expropiación interviene en el procedimiento general para:

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¿De qué trata el Tema 17 de Administrativo C. Madrid?

La expropiación forzosa es la técnica más intensa de intervención administrativa sobre la propiedad privada: permite a la Administración privar a un particular de sus bienes o derechos, sin su consentimiento y mediante el pago de una indemnización, cuando concurre una causa de utilidad pública o interés social. Se regula, con carácter básico, en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF), norma preconstitucional pero plenamente vigente, que se complementa con su Reglamento aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 (REF) y con la legislación sectorial y urbanística (en especial el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, para las valoraciones). El tema combina teoría general (concepto, naturaleza jurídica, elementos subjetivo, objetivo, causal, formal y patrimonial) con institutos muy preguntados en test: la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación, la hoja de aprecio, el Jurado de Expropiación, el premio de afección del 5 por ciento, la retasación, la reversión y el procedimiento de urgencia (art. 52 LEF), que exige acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano equivalente.

¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?

El fundamento de toda expropiación son los tres requisitos del art. 33.3 CE: causa expropiandi (utilidad pública o interés social), indemnización (justiprecio) y procedimiento legalmente establecido. La LEF es de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento, de 26 de abril de 1957 (Decreto). La legislación sobre expropiación forzosa es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.18.ª CE). Orden de fases: declaración de utilidad pública o interés social, necesidad de ocupación, justiprecio, pago y ocupación. No confundir utilidad pública (justifica el fin) con necesidad de ocupación (qué bienes concretos). Información pública de la relación de bienes en la necesidad de ocupación: 15 días. El acuerdo de necesidad de ocupación implica la iniciación del expediente expropiatorio y es recurrible en alzada. Hoja de aprecio del propietario: 20 días; el propietario dispone de 10 días para aceptar o rechazar la de la Administración. Si hay desacuerdo, decide el Jurado de Expropiación. El justiprecio se refiere al valor en el momento de iniciación del expediente de justiprecio (art. 36 LEF). El premio de afección es el 5 % (art. 47 LEF), distinto de la indemnización por rápida ocupación, propia del procedimiento de urgencia. Intereses: a los seis meses desde la iniciación del expediente de justiprecio sin fijarlo (art. 56); y por demora en el pago de más de seis meses (art. 57). Retasación (art. 58): cuando el pago o la ocupación se retrasa más de dos años. La urgencia (art. 52 LEF) exige acuerdo del Consejo de Ministros (o órgano equivalente autonómico/local) y permite ocupar antes de fijar el justiprecio definitivo, mediante depósito previo e indemnización por rápida ocupación; el acta previa a la ocupación es propia de este procedimiento. El Jurado de Expropiación fija el justiprecio, no la utilidad pública ni la necesidad de ocupación. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y se recurren ante el TSJ. La reversión (art. 54 LEF) exige que se frustre la causa expropiandi y se ejercita en plazo, reembolsando el justiprecio actualizado; no es automática. La expropiación sin respetar el procedimiento es vía de hecho: interdicto (art. 125 LEF) o recurso contencioso por vía de hecho (arts. 30 y 32.2 LJCA). No confundir expropiación (privación singular, lícita e indemnizable por el justiprecio) con responsabilidad patrimonial (lesión antijurídica), sanción (comiso, sin indemnización) o delimitación general de la propiedad por la función social (sin indemnización). La falta de causa expropiandi, de procedimiento o de indemnización vicia la expropiación; la ausencia total de procedimiento es causa de nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e de la Ley 39/2015).

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, arts. 33 y 149.1.18.ª (BOE-A-1978-31229)
  • Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF)
  • Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa
  • Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (arts. 10, 30, 32 y 129 y ss.)
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 47.1.e)
  • STC 111/1983 y STC 166/1986 (expropiación por ley singular)

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