Tema 37. Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid (IV): Intervención General de la Comunidad de Madrid y control interno: disposiciones generales y función interventora.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
Este cuarto y último tema dedicado a la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid (Ley 5/2025) desarrolla el sistema de control interno de la actividad económico-financiera del sector público autonómico: qué es y qué funciones tiene la Intervención General, cuáles son las tres modalidades de control interno (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública) y, con especial detalle, el funcionamiento de la función interventora clásica —fiscalización previa, reparos, discrepancia y omisión—. El tema cierra con la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que aunque no forma parte de la Ley 5/2025 sino de su propia ley reguladora, es el órgano de control externo que completa el sistema y con el que conviene no confundir a la Intervención General. Toda esta materia se contiene en la Ley 5/2025, a continuación del régimen presupuestario. La numeración concreta de los artículos no se reproduce en este tema porque no ha podido contrastarse con el texto consolidado; en el examen conviene retener el concepto, el orden del procedimiento (fiscalización, reparo, discrepancia) y los órganos que intervienen.
El control interno de la actividad económico-financiera de la Comunidad de Madrid
El control interno es la función que la propia Administración ejerce sobre su propia actividad económico-financiera, a través de un órgano especializado e independiente de los órganos gestores del gasto, con el fin de verificar que dicha actividad se ajusta a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia que deben presidir la gestión de los fondos públicos. Se distingue del control externo, ejercido por un órgano ajeno a la propia Administración fiscalizada (en el caso de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas autonómica y, en última instancia, el Tribunal de Cuentas del Estado), en que el control interno se ejerce desde dentro de la propia organización, aunque con garantías de independencia funcional respecto de los órganos gestores, mientras que el externo se ejerce por un órgano constitucional o estatutariamente diferenciado y ajeno a la estructura administrativa controlada. El control interno cumple una doble función: preventiva, al fiscalizar los actos antes de que produzcan efectos jurídicos o económicos irreversibles (típicamente, la función interventora), y de verificación posterior sobre el funcionamiento económico-financiero del sector público (control financiero permanente y auditoría pública). Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 31.2 de la Constitución (eficiencia y economía en el gasto público), en el artículo 136 (Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público) y en el artículo 153.d) (control económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas por el Tribunal de Cuentas). La regulación autonómica del control interno se contiene en la Ley 5/2025 de Hacienda de la Comunidad de Madrid y en su normativa de desarrollo.
La Intervención General de la Comunidad de Madrid: naturaleza y funciones
La Intervención General de la Comunidad de Madrid es el órgano administrativo al que corresponde el ejercicio del control interno de la gestión económico-financiera del sector público autonómico, en sus tres modalidades legalmente previstas: la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. Se configura como un órgano directivo integrado orgánicamente en la Consejería competente en materia de Hacienda, pero que ejerce sus funciones de control con autonomía funcional respecto de los órganos y entidades cuya gestión fiscaliza, garantía imprescindible para que el control interno cumpla su finalidad y no quede subordinado a criterios de oportunidad de los propios gestores. Entre sus funciones, además de las estrictamente fiscalizadoras, se encuentran: la llevanza de la contabilidad pública del sector público autonómico y la formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid; el asesoramiento técnico en materia económico-financiera a los órganos de la Comunidad; la elaboración de informes de control periódicos; y la coordinación de la actividad de control de los interventores delegados destinados en las distintas Consejerías y organismos autónomos, así como de los auditores que actúan en las entidades del sector público empresarial y fundacional.
Los principios del control interno: legalidad, eficacia y eficiencia
El ejercicio del control interno por la Intervención General se rige por una serie de principios que orientan tanto su organización como su actuación concreta. El principio de autonomía funcional garantiza que el personal de intervención ejerce sus funciones de fiscalización con independencia jerárquica respecto del órgano gestor cuya actuación controla, sin depender del centro gestor fiscalizado, sino del órgano de control superior (la Intervención General) dentro de la estructura de la Consejería competente en materia de Hacienda. El principio de ejercicio desconcentrado exige que el control se realice, en la medida de lo posible, en el propio centro gestor a través de interventores delegados, sin perjuicio de la dependencia funcional respecto de la Intervención General. Los principios de legalidad, eficacia y eficiencia definen el contenido material del control: la legalidad, verificando la adecuación de los actos, documentos y expedientes a la normativa aplicable; la eficacia, comprobando el grado de cumplimiento de los objetivos programados; y la eficiencia, verificando la adecuada utilización de los recursos públicos empleados para alcanzar esos objetivos, en línea con el mandato del artículo 31.2 CE de asignación equitativa y eficiente de los recursos públicos. Como notas comunes de todo sistema de control interno debe recordarse que el órgano de control no sustituye al gestor (no decide sobre la oportunidad del gasto, solo sobre su legalidad y, en el control financiero, sobre su gestión), que el control se extiende a todo el sector público autonómico aunque con técnicas distintas según la naturaleza de cada entidad, y que sus actuaciones se plasman en informes escritos.
Las modalidades del control interno: función interventora, control financiero permanente y auditoría pública
El control interno de la actividad económico-financiera del sector público de la Comunidad de Madrid se ejerce mediante tres modalidades complementarias, cada una con un ámbito, una finalidad y un momento de ejercicio distintos. La función interventora, de carácter preventivo y previo (sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa en determinados gastos), fiscaliza, con carácter previo a su aprobación o ejecución, los actos, documentos y expedientes de la Administración General y de los organismos autónomos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos. El control financiero permanente, de carácter continuo y no exclusivamente previo, se ejerce sobre los órganos, organismos y entidades del sector público autonómico no sometidos a función interventora (o de forma complementaria a ella), y tiene por objeto verificar su funcionamiento en el aspecto económico-financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen, y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera. La auditoría pública es una modalidad de control ejercida a posteriori, mediante la verificación de la actividad económico-financiera de un ente o de un área concreta de su gestión aplicando las técnicas de auditoría generalmente aceptadas, y comprende la auditoría de cuentas anuales, la de cumplimiento y la operativa.
La función interventora: concepto
La función interventora es la modalidad de control interno que tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos de la Administración General y de sus organismos autónomos que reconozcan derechos u obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que la gestión se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. Es, por tanto, un control de legalidad, previo y de carácter preventivo, ejercido por funcionarios que tienen la consideración de interventores y que actúan con independencia funcional respecto del órgano gestor cuya actuación fiscalizan. En el modelo común del ordenamiento español (que sigue la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la Administración del Estado, y que las Comunidades Autónomas reproducen en lo sustancial) la función interventora se desglosa en varias fases o modalidades que acompañan al ciclo del gasto: la fiscalización previa de los actos que aprueban gastos o reconocen derechos; la intervención previa del reconocimiento de las obligaciones; la intervención de la comprobación material de la inversión; la intervención formal de la ordenación del pago, que verifica que la orden de pago se ajusta al acto de reconocimiento de la obligación; y la intervención material del pago, que verifica que el pago se hace efectivamente a favor del perceptor y por el importe debidos. Las dos primeras (fiscalización previa e intervención del reconocimiento de la obligación) son las de mayor peso en la práctica.
El ámbito de aplicación de la función interventora
La función interventora se proyecta sobre todos los actos, documentos y expedientes de la Administración General de la Comunidad de Madrid y de sus organismos autónomos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, así como sobre los ingresos y pagos correspondientes y sobre la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con independencia de la naturaleza del gasto (personal, contratación, subvenciones, transferencias) o de su cuantía, sin perjuicio de que la propia normativa pueda establecer un régimen de fiscalización previa limitada o de intervención previa de requisitos básicos para determinados tipos de gasto de menor riesgo, agilizando así la tramitación sin renunciar al control esencial. Quedan en principio fuera de la función interventora en sentido estricto, sometiéndose en su lugar al control financiero permanente o a la auditoría pública según proceda, las entidades del sector público autonómico de naturaleza empresarial, fundacional o societaria, cuya gestión económico-financiera se rige por el derecho privado. Debe tenerse en cuenta, además, que en el modelo común la función interventora sobre los ingresos se sustituye por la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores, de modo que no se fiscaliza previamente cada derecho reconocido.
La fiscalización previa de los actos, documentos y expedientes
La fiscalización previa es la manifestación central de la función interventora: consiste en el examen, antes de que se dicte la correspondiente resolución o se apruebe el gasto, de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico para la Hacienda de la Comunidad de Madrid, verificando el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos, sin entrar a valorar aspectos de oportunidad o conveniencia de la decisión, que corresponden en exclusiva al órgano gestor. El interventor debe examinar el expediente completo (informes técnicos, jurídicos, existencia y adecuación del crédito presupuestario, competencia del órgano, procedimiento seguido) antes de que el órgano competente adopte la resolución definitiva, de modo que su intervención se sitúa temporalmente antes de que el acto surta efectos, lo que permite corregir cualquier defecto detectado sin necesidad de acudir a mecanismos de revisión posterior más gravosos (revisión de oficio, recursos). Como se ha señalado, la propia normativa puede establecer regímenes de fiscalización previa limitada para determinados gastos de tramitación habitual y escaso riesgo, sustituyendo el examen exhaustivo por la comprobación de unos requisitos básicos tasados (existencia de crédito adecuado y suficiente, competencia del órgano, y los demás que fije el Consejo de Gobierno), sin perjuicio de que dichos gastos puedan ser objeto posteriormente de control financiero permanente sobre una muestra representativa. En el modelo estatal, que sirve de referencia, tampoco están sometidos a fiscalización previa los gastos de material no inventariable, los contratos menores, los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial, ni los gastos menores que se atienden mediante anticipos de caja fija; la regulación autonómica puede introducir matices, por lo que estos supuestos deben contrastarse con la norma madrileña vigente.
Los reparos: concepto y efectos
El reparo es el acto mediante el cual el interventor, en el ejercicio de la fiscalización previa, manifiesta por escrito su disconformidad con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, por entender que no se ajustan al ordenamiento jurídico aplicable, motivando dicha disconformidad con cita de las normas en que se apoya. Es el instrumento esencial de la función interventora: si el interventor está conforme, se limita a fiscalizar de conformidad (que puede ser expresa o mediante una diligencia o firma); si no lo está, formula reparo. El efecto esencial del reparo es suspensivo: formulado el reparo, queda en suspenso la tramitación del expediente hasta que sea solventado por el órgano gestor (subsanando el defecto advertido) o hasta que se resuelva la discrepancia por el órgano superior competente, sin que puedan reconocerse obligaciones ni ordenarse pagos del expediente objeto de reparo mientras tanto. En el modelo común del ordenamiento español, el reparo tiene carácter suspensivo cuando se basa, entre otros motivos, en la insuficiencia o inadecuación del crédito, en la incompetencia del órgano o en la omisión de requisitos o trámites que se consideran esenciales. Los reparos formulados y su resolución se documentan y se recogen en los informes de control que la Intervención General eleva a los órganos de gobierno.
La discrepancia y su resolución
La discrepancia es el procedimiento formal a través del cual el órgano gestor que no está conforme con un reparo formulado por el interventor plantea su disconformidad para que la resuelva un órgano superior, distinto tanto del interventor actuante como del propio órgano gestor. Este mecanismo garantiza que el conflicto entre la función interventora y el órgano gestor no se resuelva unilateralmente por ninguna de las dos partes, sino por un tercer órgano con autoridad suficiente para zanjar la controversia. En el modelo común, el órgano gestor debe plantear la discrepancia por escrito y de forma motivada, el interventor puede informarla, y la resuelve el órgano que determine la norma: en el ámbito autonómico madrileño corresponde, según los casos que fije la Ley 5/2025 y su desarrollo, al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda o al Consejo de Gobierno (el reparto exacto de supuestos debe contrastarse con el texto vigente). La resolución de la discrepancia es ejecutiva respecto del expediente afectado, sin perjuicio del control externo posterior que pueden ejercer la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, y la Intervención General recoge las discrepancias resueltas en sus informes anuales.
La omisión de la función interventora
La omisión de la función interventora es la irregularidad que se produce cuando un acto, documento o expediente que debía haberse sometido a fiscalización o intervención previa se tramita y surte efectos sin haberse sometido a dicho control, es decir, cuando se prescinde por completo del trámite en lugar de que el interventor examine el expediente y, en su caso, formule reparo. En el modelo común del ordenamiento español, cuando se advierte la omisión no puede reconocerse la obligación, ni tramitarse el pago, ni intervenirse favorablemente las actuaciones hasta que se conozca y se resuelva sobre esa omisión: el expediente se somete a informe del órgano interventor, que valora la legalidad del acto omitido y las consecuencias de la omisión, y la decisión sobre la continuación del procedimiento corresponde a un órgano superior (en el ámbito autonómico madrileño, el que determine la Ley 5/2025 y su desarrollo). La omisión no es una simple irregularidad formal: los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido pueden incurrir en nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), y cuando la prestación ya ha sido realizada de buena fe por un tercero la vía habitual para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración es la revisión de oficio con indemnización al particular por el valor de la prestación, según doctrina reiterada del Consejo de Estado y de la jurisprudencia. Ello no exime de responsabilidad a las autoridades y funcionarios que hayan intervenido. La omisión se distingue claramente del reparo: en este sí ha existido fiscalización, aunque con resultado desfavorable; en la omisión no ha existido fiscalización alguna.
El control financiero permanente
El control financiero permanente es la modalidad de control interno de carácter continuo, no exclusivamente previo, cuyo objeto es verificar el funcionamiento de los servicios del sector público autonómico en el aspecto económico-financiero, comprobando que su gestión se ajusta a los principios de legalidad, buena gestión financiera y transparencia, y evaluando el cumplimiento de los objetivos asignados a los correspondientes programas de gasto. Se ejerce, con carácter general, sobre entidades y órganos no sometidos a función interventora previa (o de forma complementaria a esta, mediante técnicas de auditoría sobre una muestra de operaciones ya fiscalizadas previamente), y se materializa mediante actuaciones de comprobación planificadas anualmente a través de un plan de control financiero permanente elaborado por la Intervención General, que puede incluir el análisis de las operaciones individualmente consideradas o técnicas de auditoría de sistemas y de cumplimiento sobre el conjunto de la actividad de un centro gestor o de una entidad. El control financiero permanente permite, a diferencia de la función interventora clásica centrada en el expediente concreto, una visión más global y continuada del funcionamiento económico-financiero de las Consejerías, organismos autónomos y entidades del sector público, culminando en informes que se elevan a los responsables de la gestión y, en su caso, al Consejo de Gobierno. Sus resultados pueden incluir recomendaciones y, cuando se detectan debilidades, propuestas de actuaciones correctoras cuyo seguimiento corresponde también a la Intervención General.
La auditoría pública
La auditoría pública es la modalidad de control interno que se ejerce mediante la verificación, realizada con posterioridad y aplicando las técnicas de auditoría generalmente aceptadas, de la actividad económico-financiera del sector público autonómico, y comprende principalmente tres tipos: la auditoría de cuentas anuales, que tiene por objeto verificar si dichas cuentas representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad auditada y, en su caso, de la ejecución del presupuesto de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable; la auditoría de cumplimiento, que verifica que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación; y la auditoría operativa, que examina de forma sistemática y objetiva las operaciones y procedimientos de una organización para valorar su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, formulando las recomendaciones oportunas para su mejora. La auditoría pública se ejerce singularmente sobre las entidades del sector público de naturaleza empresarial, fundacional o societaria no sometidas a función interventora y se rige por las normas de auditoría del sector público; no debe confundirse con la auditoría de cuentas de carácter privado regulada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que se realiza por auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Los informes de control: contenido
El ejercicio de las tres modalidades de control interno se documenta necesariamente en informes escritos que constituyen el producto final del trabajo de la Intervención General y el instrumento a través del cual sus conclusiones se ponen en conocimiento de los órganos de gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea y, en su caso, de los órganos de control externo. Entre ellos destacan los informes individuales de fiscalización o de control financiero referidos a un expediente o a una actuación concreta, que recogen las conclusiones, en su caso los reparos formulados y su resolución; el informe anual que resume el resultado del control financiero permanente y de la auditoría pública ejercida a lo largo del ejercicio sobre el conjunto del sector público autonómico, con sus principales conclusiones y recomendaciones; y el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Estos informes son, además, la base documental sobre la que se articula el diálogo institucional entre el control interno y el control externo, ya que la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas los solicitan y valoran al ejercer su propia función fiscalizadora, evitando así una duplicidad innecesaria de comprobaciones sobre los mismos hechos.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es el órgano de control externo de la gestión económico-financiera del sector público de la Comunidad de Madrid y de las entidades locales de su territorio, dependiente orgánicamente de la Asamblea de Madrid y con autonomía e independencia funcional respecto del Ejecutivo, sin perjuicio de las competencias que en la materia corresponden al Tribunal de Cuentas del Estado como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público (art. 136 CE). Su regulación se contiene en su propia ley reguladora, la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, distinta de la Ley 5/2025 de Hacienda, con la que no debe confundirse. Mientras que la Intervención General ejerce un control interno (desde dentro de la propia Administración, integrada en la Consejería competente en materia de Hacienda), la Cámara de Cuentas ejerce un control externo (desde fuera de la Administración fiscalizada, vinculada a la Asamblea de Madrid, lo que garantiza su independencia frente al Ejecutivo autonómico). Entre sus funciones se encuentran la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid y de las cuentas de las entidades locales madrileñas, el análisis de la legalidad y de la eficiencia de la gestión económico-financiera fiscalizada, y la elevación de sus informes a la Asamblea de Madrid para su debate.
Control interno y control externo: cuadro comparativo
Conviene fijar las diferencias entre ambos sistemas porque es una de las confusiones más habituales. Control interno: lo ejerce un órgano de la propia Administración controlada (la Intervención General de la Comunidad de Madrid y sus interventores delegados), tiene carácter preventivo o continuo y de apoyo a la gestión, se realiza durante el ciclo de gestión y se documenta en informes dirigidos a los órganos de gobierno. Control externo: lo ejerce un órgano ajeno a la Administración controlada (Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas), se realiza con posterioridad a la gestión, fiscaliza las cuentas y la gestión económica en su conjunto y rinde cuentas ante el Parlamento (Asamblea de Madrid, Cortes Generales). Un tercer tipo de control, el político, lo ejerce la Asamblea de Madrid sobre el Gobierno regional mediante los instrumentos parlamentarios (preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación, aprobación de la Cuenta General). Una regla útil de memoria: lo que depende del Ejecutivo y de su Consejería de Hacienda es control interno; lo que depende del Parlamento y es independiente de la Administración fiscalizada es control externo.
Competencias y órganos del control: quién hace qué
Para no confundir órganos es útil ordenar el sistema de arriba abajo. La Consejería competente en materia de Hacienda dirige la política presupuestaria y económico-financiera y, dentro de ella, la Intervención General es el órgano de control interno y de contabilidad pública. Los interventores delegados ejercen la función interventora en las Consejerías y organismos concretos, por designación de la Intervención General. Los órganos gestores (secretarías generales técnicas, direcciones generales, organismos autónomos) tramitan los expedientes de gasto y están sujetos a la fiscalización; no pueden sustituir al interventor ni resolver por sí solos las discrepancias. El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de dirección política de la Comunidad y conoce, según establece la normativa, de determinadas decisiones de especial relevancia o de ciertas discrepancias. La Asamblea de Madrid aprueba los presupuestos y recibe los informes del control externo, y la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas ejercen la fiscalización externa. Los cargos y órganos concretos de la estructura orgánica cambian con los decretos de estructura de cada legislatura, por lo que en el examen debe prevalecer la distinción de funciones sobre la denominación exacta del cargo.
Esquema de la función interventora y errores típicos
Secuencia práctica de un expediente: (1) el órgano gestor tramita el expediente y lo remite a la Intervención antes de aprobar el gasto; (2) el interventor lo examina verificando legalidad, crédito adecuado y suficiente, competencia del órgano y procedimiento; (3) si todo es correcto, fiscaliza de conformidad y el órgano competente puede aprobar el gasto; (4) si hay defectos, formula reparo por escrito y motivado y el expediente queda suspendido; (5) el gestor puede subsanar o discrepar; (6) la discrepancia la resuelve un órgano superior distinto del gestor y del interventor; (7) si el expediente se tramitó sin pasar por Intervención, se produce una omisión de la función interventora, con su procedimiento específico. Errores típicos de examen: confundir fiscalización previa con control financiero (el primero es previo y sobre el acto concreto, el segundo es continuo o posterior); creer que el interventor puede valorar la oportunidad del gasto (solo legalidad); atribuir la resolución de la discrepancia al interventor o al gestor; confundir la omisión con el reparo; y confundir la Intervención General con la Cámara de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas y su relación con la Cámara de Cuentas
El Tribunal de Cuentas es, según el artículo 136 de la Constitución, el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, y depende directamente de las Cortes Generales. Se regula en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Ejerce dos funciones: la fiscalizadora (examen y comprobación de las cuentas y de la gestión económico-financiera) y la jurisdiccional (enjuiciamiento de la responsabilidad contable). El artículo 153.d) de la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio del órgano de control externo propio que cada Comunidad cree mediante su legislación. Por ello la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y el Tribunal de Cuentas actúan de forma coordinada y no excluyente, y la responsabilidad contable (la obligación de reintegrar los fondos públicos indebidamente gestionados) se enjuicia por el Tribunal de Cuentas, no por la Cámara.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Control interno (Intervención General, desde dentro de la Administración, dependencia orgánica de la Consejería de Hacienda) vs. control externo (Cámara de Cuentas, dependencia funcional de la Asamblea de Madrid) — distinción muy preguntada, no confundir ambos órganos ni sus normas reguladoras (Cámara de Cuentas tiene su propia ley, distinta de la Ley 5/2025 de Hacienda).
Tres modalidades de control interno: función interventora (previa, sobre actos concretos), control financiero permanente (continuo, sobre entidades no sujetas a función interventora o complementario a ella) y auditoría pública (a posteriori, técnicas de auditoría: cuentas anuales, cumplimiento, operativa).
La fiscalización previa puede ser plena o «limitada» (requisitos básicos tasados) para gastos de tramitación habitual y escaso riesgo, compensada después con control financiero permanente sobre una muestra.
La función interventora se ejerce con independencia funcional (dependencia jerárquica de la Intervención General, no del órgano gestor fiscalizado) — garantía esencial que distingue el control interno de una mera revisión administrativa ordinaria.
El Tribunal de Cuentas del Estado es el órgano fiscalizador supremo a nivel nacional; la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es su equivalente autonómico, y ambos coordinan su actividad para evitar duplicidades de fiscalización.
El reparo suspende la tramitación del expediente hasta su subsanación o hasta que se resuelva la discrepancia; la discrepancia la resuelve un órgano superior distinto del interventor y del gestor, nunca el propio interventor ni el propio gestor.
La omisión de la función interventora implica que NO ha habido fiscalización alguna (no confundir con el reparo): exige someter el expediente a informe de la Intervención antes de continuar, puede acarrear nulidad del acto (art. 47.1.e Ley 39/2015) y no exime de responsabilidad a quienes hayan intervenido.
El interventor controla legalidad, no oportunidad: no decide si conviene o no el gasto, solo si se ajusta al ordenamiento.
En el modelo común, la función interventora tiene cinco manifestaciones: fiscalización previa, intervención del reconocimiento de la obligación, intervención de la comprobación material de la inversión, intervención formal de la ordenación del pago e intervención material del pago.
Los ingresos no se fiscalizan previamente derecho a derecho: se sustituye la fiscalización por la toma de razón en contabilidad y actuaciones comprobatorias posteriores.
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid: Ley 11/1999, de 29 de abril. Tribunal de Cuentas: art. 136 CE, LO 2/1982 y Ley 7/1988. La responsabilidad contable se enjuicia en el Tribunal de Cuentas.
El control financiero permanente y la auditoría pública son controles posteriores o continuos (no previos); la función interventora es previa y preventiva.
Aviso de revisión: las referencias a artículos concretos de la Ley 5/2025 se han omitido en esta revisión por no poder contrastarse con el texto consolidado; el opositor debe consultar el texto vigente.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué órgano ejerce el control interno de la gestión económico-financiera del sector público de la Comunidad de Madrid?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 37 de Administrativo C. Madrid?
Este cuarto y último tema dedicado a la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid (Ley 5/2025) desarrolla el sistema de control interno de la actividad económico-financiera del sector público autonómico: qué es y qué funciones tiene la Intervención General, cuáles son las tres modalidades de control interno (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública) y, con especial detalle, el funcionamiento de la función interventora clásica —fiscalización previa, reparos, discrepancia y omisión—. El tema cierra con la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que aunque no forma parte de la Ley 5/2025 sino de su propia ley reguladora, es el órgano de control externo que completa el sistema y con el que conviene no confundir a la Intervención General. Toda esta materia se contiene en la Ley 5/2025, a continuación del régimen presupuestario. La numeración concreta de los artículos no se reproduce en este tema porque no ha podido contrastarse con el texto consolidado; en el examen conviene retener el concepto, el orden del procedimiento (fiscalización, reparo, discrepancia) y los órganos que intervienen.
¿Qué hay que memorizar del Tema 37 para el examen?
Control interno (Intervención General, desde dentro de la Administración, dependencia orgánica de la Consejería de Hacienda) vs. control externo (Cámara de Cuentas, dependencia funcional de la Asamblea de Madrid) — distinción muy preguntada, no confundir ambos órganos ni sus normas reguladoras (Cámara de Cuentas tiene su propia ley, distinta de la Ley 5/2025 de Hacienda). Tres modalidades de control interno: función interventora (previa, sobre actos concretos), control financiero permanente (continuo, sobre entidades no sujetas a función interventora o complementario a ella) y auditoría pública (a posteriori, técnicas de auditoría: cuentas anuales, cumplimiento, operativa). La fiscalización previa puede ser plena o «limitada» (requisitos básicos tasados) para gastos de tramitación habitual y escaso riesgo, compensada después con control financiero permanente sobre una muestra. La función interventora se ejerce con independencia funcional (dependencia jerárquica de la Intervención General, no del órgano gestor fiscalizado) — garantía esencial que distingue el control interno de una mera revisión administrativa ordinaria. El Tribunal de Cuentas del Estado es el órgano fiscalizador supremo a nivel nacional; la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es su equivalente autonómico, y ambos coordinan su actividad para evitar duplicidades de fiscalización. El reparo suspende la tramitación del expediente hasta su subsanación o hasta que se resuelva la discrepancia; la discrepancia la resuelve un órgano superior distinto del interventor y del gestor, nunca el propio interventor ni el propio gestor. La omisión de la función interventora implica que NO ha habido fiscalización alguna (no confundir con el reparo): exige someter el expediente a informe de la Intervención antes de continuar, puede acarrear nulidad del acto (art. 47.1.e Ley 39/2015) y no exime de responsabilidad a quienes hayan intervenido. El interventor controla legalidad, no oportunidad: no decide si conviene o no el gasto, solo si se ajusta al ordenamiento. En el modelo común, la función interventora tiene cinco manifestaciones: fiscalización previa, intervención del reconocimiento de la obligación, intervención de la comprobación material de la inversión, intervención formal de la ordenación del pago e intervención material del pago. Los ingresos no se fiscalizan previamente derecho a derecho: se sustituye la fiscalización por la toma de razón en contabilidad y actuaciones comprobatorias posteriores. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid: Ley 11/1999, de 29 de abril. Tribunal de Cuentas: art. 136 CE, LO 2/1982 y Ley 7/1988. La responsabilidad contable se enjuicia en el Tribunal de Cuentas. El control financiero permanente y la auditoría pública son controles posteriores o continuos (no previos); la función interventora es previa y preventiva. Aviso de revisión: las referencias a artículos concretos de la Ley 5/2025 se han omitido en esta revisión por no poder contrastarse con el texto consolidado; el opositor debe consultar el texto vigente.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 5/2025, de Hacienda de la Comunidad de Madrid (Título dedicado al control interno: Intervención General y función interventora) - texto no contrastado en esta revisión; consultar texto consolidado en BOE/BOCM.
Constitución Española, arts. 31.2, 136 y 153.d).
Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (modelo de referencia del control interno estatal).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 47.1.e).
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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