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Tema 23. Los documentos administrativos: concepto, funciones, clasificación y características. El documento electrónico y el expediente electrónico. Especial referencia a la Administración electrónica en la Comunidad de Madrid. El registro de documentos: Concepto y funciones. Presentación, recepción, entrada y salida de documentos. El archivo de documentos: Concepto y funciones. Clases de archivos y criterios de ordenación. El acceso a los documentos administrativos: sus limitaciones y formas de acceso.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

El documento administrativo es el soporte material en el que se plasma toda la actividad de la Administración, y por eso este tema funciona como un puente entre la teoría del acto administrativo (estudiada en otros temas del bloque) y la práctica diaria de tramitación de expedientes, que es exactamente lo que hace un administrativo de la Comunidad de Madrid en su puesto de trabajo. El tema encadena tres bloques con una lógica de ciclo de vida del documento: primero su concepto, clasificación y forma (incluida su versión electrónica, ya generalizada tras la Ley 39/2015); segundo, el registro, que es la puerta de entrada y salida de los documentos en la Administración; y tercero, el archivo, que es su destino final una vez tramitado el expediente, y el acceso, que regula quién y cómo puede consultarlos después. Es un tema muy práctico y muy transversal, que se conecta constantemente con otros ya estudiados (procedimiento administrativo común, transparencia, protección de datos).

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Concepto de documento administrativo

El documento administrativo puede definirse como aquel soporte, cualquiera que sea su formato o naturaleza, en el que se materializan los distintos actos de la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones, y que sirve de constancia de dichos actos o de los datos, informaciones o acuerdos que en él se contienen. Se trata de una noción amplia que abarca tanto documentos que producen efectos jurídicos frente a terceros (resoluciones, notificaciones) como documentos de carácter puramente interno o instrumental (informes, actas, diligencias), y que en la actualidad se identifica de forma prácticamente generalizada con el documento electrónico, dado que la Ley 39/2015 consagra como preferente la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos. Para que un documento tenga la consideración de documento administrativo en sentido propio, la doctrina exige que provenga de un órgano administrativo o de un particular en su relación con la Administración dentro de un procedimiento, que se ajuste a los requisitos formales exigidos por la normativa aplicable, y que produzca algún efecto en el ámbito de la actividad administrativa, ya sea de constancia, de comunicación o de decisión, distinguiéndose así de los documentos privados que carecen de cualquier vinculación con el ejercicio de potestades o funciones públicas.

Funciones del documento administrativo

El documento administrativo cumple varias funciones simultáneas dentro de la actividad de la Administración. En primer lugar, una función de constancia, al dejar reflejo permanente y verificable de los actos, hechos o manifestaciones de voluntad producidos en el seno de un procedimiento, lo que permite acreditar en cualquier momento posterior qué se decidió, cuándo y por quién. En segundo lugar, una función de comunicación, en la medida en que el documento sirve de vehículo para transmitir información, decisiones o requerimientos entre distintos órganos administrativos o entre la Administración y los ciudadanos, siendo la notificación la manifestación más característica de esta función. En tercer lugar, una función de garantía, tanto para la propia Administración (que dispone así de un soporte objetivo de su actuación, susceptible de control) como para el ciudadano, que puede conocer con precisión el contenido de los actos que le afectan y ejercer, en su caso, los recursos correspondientes. Y, en cuarto lugar, una función probatoria, puesto que el documento administrativo, cuando reúne los requisitos exigidos por la ley, goza de una presunción de validez y eficacia que lo convierte en medio de prueba privilegiado tanto en el propio procedimiento administrativo como, posteriormente, en un eventual proceso judicial.

Clasificación de los documentos administrativos

La clasificación doctrinal más extendida de los documentos administrativos, seguida también por los manuales de estilo y las guías de documentos administrativos de las distintas Administraciones, distingue cuatro grandes categorías atendiendo a su finalidad dentro del procedimiento: documentos de decisión, que recogen una declaración de voluntad de un órgano administrativo competente sobre materias de su competencia (resoluciones, acuerdos); documentos de transmisión, cuya finalidad es comunicar la existencia de un hecho, acto o acuerdo a una persona, órgano o entidad (notificaciones, publicaciones, oficios); documentos de constancia, que recogen una declaración de conocimiento de un órgano administrativo sobre hechos, actos o efectos producidos, que en algunos casos tienen la finalidad de acreditar dichos hechos o actos (actas, certificados); y documentos de juicio, que contienen una declaración de juicio de un órgano administrativo, persona o entidad pública o privada sobre las cuestiones de hecho o de derecho que sean objeto de un procedimiento administrativo (informes). Esta clasificación no es meramente teórica: cada categoría de documento tiene requisitos formales y efectos jurídicos distintos, y su correcta identificación resulta esencial para valorar, por ejemplo, si un documento concreto es susceptible de recurso (los documentos de decisión sí lo son en cuanto contienen actos administrativos; los informes, con carácter general, no).

Documentos de decisión: resoluciones y acuerdos

Los documentos de decisión recogen una declaración de voluntad de un órgano administrativo competente sobre materias de su competencia, y dentro de esta categoría destacan, por su relevancia práctica, la resolución y el acuerdo. La resolución es el documento mediante el que un órgano administrativo pone fin a un procedimiento administrativo, resolviendo todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del propio procedimiento, debiendo ajustarse a la estructura formal exigida por la legislación de procedimiento administrativo común: encabezamiento, con identificación del órgano y del procedimiento; antecedentes de hecho o hechos probados; fundamentos de derecho, en los que se motiva la decisión adoptada con referencia a las normas jurídicas aplicables; y parte dispositiva, en la que se recoge la decisión propiamente dicha. El acuerdo, por su parte, es el documento que recoge las decisiones de los órganos administrativos colegiados, adoptadas conforme a las reglas de funcionamiento, votación y quórum que rigen su actuación, y que en muchos casos requiere su posterior plasmación en un acta que dé fe de la sesión en que fue adoptado. Ambos documentos, resolución y acuerdo, constituyen actos administrativos propiamente dichos y, como tales, son susceptibles de los recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes.

Documentos de transmisión: notificaciones, publicaciones y oficios

Los documentos de transmisión tienen por finalidad comunicar la existencia de un hecho, acto o acuerdo a una persona, órgano o entidad, sin incorporar ellos mismos una decisión, sino trasladar la de otro documento. La notificación es el documento mediante el que se comunica a un interesado el texto íntegro de una resolución o acto administrativo, con indicación de si pone o no fin a la vía administrativa, así como los recursos que procedan y el plazo para interponerlos, debiendo cursarse la notificación dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado (art. 40.2 de la Ley 39/2015) y siendo un requisito de eficacia del acto notificado, no de su validez, de modo que un acto válido pero mal notificado puede ver diferida o incluso frustrada su eficacia frente al interesado. La publicación cumple una función equivalente cuando los destinatarios del acto son una pluralidad indeterminada de personas o cuando así lo exige expresamente la ley, realizándose en los diarios oficiales correspondientes (Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) o, en determinados supuestos, mediante el tablón de edictos, incluido el tablón de edictos electrónico. El oficio, por último, es el documento de comunicación que utilizan los órganos administrativos para dirigirse a otros órganos o unidades administrativas, o a autoridades e instituciones públicas o privadas, con un contenido más flexible que la notificación formal y sin las mismas exigencias de indicación de recursos, propio de las comunicaciones internas o interadministrativas.

Documentos de constancia: actas y certificados

Los documentos de constancia recogen una declaración de conocimiento de un órgano administrativo sobre hechos, actos o efectos que se han producido, con la finalidad, en muchos casos, de acreditarlos formalmente. El acta es el documento que recoge los hechos ocurridos y los acuerdos adoptados en una reunión de un órgano colegiado, o el desarrollo de una actuación administrativa concreta (una inspección, una comparecencia, una prueba selectiva), dando fe de lo sucedido y sirviendo de soporte documental para la adopción de decisiones posteriores; su suscripción por quien tiene atribuida la fe pública administrativa (secretario del órgano, funcionario habilitado) le confiere una presunción de veracidad especialmente reforzada respecto de los hechos que en ella se recogen. El certificado es el documento mediante el cual el órgano administrativo competente da fe, a solicitud del interesado o de oficio, de un hecho, un acto, un acuerdo o una situación concreta que consta en sus archivos o de la que tiene conocimiento directo, siendo la certificación de actos presuntos, regulada en la legislación de procedimiento administrativo común, una modalidad singular de este tipo de documento, cuya expedición sirve para acreditar la producción del silencio administrativo cuando la Administración no ha resuelto expresamente dentro de plazo.

Documentos de juicio: los informes

Los documentos de juicio contienen una declaración de juicio de un órgano administrativo, persona o entidad, pública o privada, sobre las cuestiones de hecho o de derecho que son objeto de un procedimiento administrativo, siendo el informe la manifestación característica y más frecuente de esta categoría. La legislación de procedimiento administrativo común distingue, según su carácter, entre informes preceptivos (aquellos cuya solicitud viene exigida por una norma) y facultativos (los que el órgano instructor decide recabar sin que exista obligación legal de hacerlo), y, según sus efectos, entre informes vinculantes (cuyo contenido debe seguir necesariamente el órgano que resuelve) y no vinculantes (que sirven de mera ilustración o asesoramiento técnico o jurídico, sin obligar al órgano decisor), siendo esta última la regla general salvo que una norma disponga expresamente el carácter vinculante. Salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes (art. 80.1 de la Ley 39/2015). Los informes deben emitirse a la mayor brevedad posible y en el plazo máximo de diez días, salvo que una disposición del Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley establezca otro plazo mayor o menor (art. 80.2), y su falta de emisión en plazo permite, con carácter general, continuar las actuaciones sin perjuicio de que el informe, si finalmente se recibe, deba tenerse en cuenta antes de dictar resolución, salvo cuando se trate de informes preceptivos determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se puede interrumpir el plazo de los trámites sucesivos.

Características formales de los documentos administrativos

Los documentos administrativos, con independencia de la categoría a la que pertenezcan, deben reunir un conjunto de características formales que garanticen su validez y su función de constancia y comunicación: producirse por escrito, con indicación del lugar y fecha de emisión y del órgano administrativo del que emanan, así como de la identificación de la autoridad o funcionario que lo suscribe; ajustarse a un lenguaje claro, sencillo y comprensible para los ciudadanos, evitando en la medida de lo posible los tecnicismos innecesarios, en aplicación de los criterios generales de calidad de la información administrativa y de las directrices de lenguaje administrativo claro impulsadas en los últimos años por las distintas Administraciones; contener la firma, manuscrita o electrónica, de quien lo emite, como elemento que permite identificar a su autor y vincularlo con el contenido del documento; y, en el caso de los documentos electrónicos, incorporar los metadatos exigidos por la normativa de interoperabilidad, que permiten su correcta identificación, clasificación, conservación y recuperación dentro del sistema de gestión documental de la Administración correspondiente. La ausencia de alguno de estos requisitos formales esenciales puede acarrear, según su gravedad, desde la simple subsanación del defecto hasta la anulabilidad del acto administrativo que el documento incorpora.

El documento electrónico: concepto y validez

El documento público administrativo es el válidamente emitido por los órganos de las Administraciones Públicas, que emiten sus documentos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 26.1 de la Ley 39/2015). Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deben cumplir los requisitos del artículo 26.2: a) contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado, susceptible de identificación y tratamiento diferenciado; b) disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico; c) incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos; d) incorporar los metadatos mínimos exigidos; y e) incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable. No requieren firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones que se publiquen con carácter meramente informativo, ni los que no formen parte de un expediente administrativo (art. 26.3); en todo caso, el código seguro de verificación u otro sistema permiten contrastar su autenticidad. El documento electrónico goza de idéntica validez y eficacia jurídica que el documento en papel, siempre que se garantice su autenticidad, integridad y conservación; la Ley 39/2015 consagra la preferencia de la tramitación electrónica, y las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente pueden presentar documentos en papel, que la Administración debe digitalizar para su incorporación al expediente electrónico (art. 16.5).

El expediente administrativo electrónico: concepto y formación

El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, y el artículo 70 de la Ley 39/2015 exige expresamente que tenga formato electrónico, formándose mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlo, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita, que garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso. La formación del expediente electrónico no supone la simple digitalización o acumulación de documentos sueltos, sino que exige una estructura ordenada y coherente con la secuencia temporal y lógica del procedimiento, de modo que cualquier persona que acceda al expediente (el órgano instructor, el interesado en ejercicio de su derecho de acceso, un órgano de control o revisión, o un tribunal en caso de recurso) pueda reconstruir con claridad su tramitación completa. La ley precisa además que no formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

El foliado y el índice del expediente electrónico

El artículo 70 de la Ley 39/2015 define el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla (apartado 1). Los expedientes tienen formato electrónico y se forman mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita (apartado 2). Esa remisión puede ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente electrónico. El índice sustituye en el entorno digital al tradicional foliado de los expedientes en papel y garantiza la integridad del expediente y su recuperación siempre que sea preciso; según la normativa de interoperabilidad (Real Decreto 4/2010 y la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico), el índice electrónico se firma por la Administración, órgano o entidad actuante. El apartado 3 excluye del expediente la información de carácter auxiliar o de apoyo (aplicaciones, ficheros, bases de datos, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos) y los juicios de valor emitidos por las Administraciones, salvo los informes preceptivos y facultativos solicitados antes de la resolución que ponga fin al procedimiento. Esta distinción es esencial cuando el expediente debe remitirse a un órgano de revisión (recurso administrativo) o a un órgano jurisdiccional, donde su correcta formación e indexación es determinante para el derecho de defensa del interesado; su remisión incompleta o desordenada es una irregularidad procedimental cuyas consecuencias dependen de la indefensión que cause.

La Administración electrónica en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha desarrollado su propio ecosistema de Administración electrónica, integrado por su sede electrónica corporativa, su registro electrónico único, su carpeta ciudadana (a través de la cual cualquier persona puede consultar el estado de tramitación de sus expedientes ante la Administración regional) y su archivo electrónico único, en aplicación de las exigencias generales de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 y de su desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 203/2021, ya estudiado en el tema anterior. Este ecosistema electrónico madrileño se apoya, además, en la normativa autonómica propia sobre Administración electrónica y simplificación administrativa, que concreta a nivel regional los principios generales de accesibilidad, interoperabilidad y neutralidad tecnológica, y en la obligación reforzada de relación electrónica impuesta al personal a su servicio y a los aspirantes en procesos selectivos por el Decreto 188/2021. La gestión documental electrónica de la Administración regional se apoya en sistemas corporativos de gestión de expedientes y de gestión documental que han de garantizar la trazabilidad de cada documento desde su generación o recepción hasta su archivo definitivo, permitiendo así tanto el cumplimiento de las exigencias de la Ley 39/2015 en materia de expediente electrónico como el ejercicio efectivo, por parte de los ciudadanos, del derecho de acceso a los documentos que obren en poder de la Administración regional.

El registro de documentos: concepto y funciones

El registro de documentos es el instrumento administrativo, hoy electrónico, mediante el cual se deja constancia oficial de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que se dirigen a una Administración Pública, así como de los documentos que dicha Administración remite a otros órganos o a los ciudadanos, cumpliendo una doble función de entrada y de salida de documentos. El artículo 16 de la Ley 39/2015 exige que cada Administración disponga de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente de ellos, y en el que también se podrá anotar la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares; los organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico, plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que dependen. Las funciones esenciales del registro son: dejar constancia fehaciente de la fecha y hora de presentación de un documento, con relevancia directa a efectos del cómputo de plazos; permitir al interesado obtener un recibo o justificante acreditativo de dicha presentación; facilitar la distribución interna de los documentos hacia la unidad competente para su tramitación; y garantizar la interoperabilidad entre los registros de las distintas Administraciones, de modo que un documento presentado ante una Administración incompetente pueda remitirse de oficio a la competente sin perjuicio para el interesado.

El registro electrónico general y los registros electrónicos particulares

El Registro Electrónico General de cada Administración funciona como un portal que facilita el acceso a los registros electrónicos de cada organismo (art. 16.2 de la Ley 39/2015). Tanto el Registro Electrónico General como los de cada organismo cumplen las garantías y medidas de seguridad de la normativa de protección de datos; los asientos se anotan respetando el orden temporal de recepción o salida e indican la fecha del día en que se producen; y, concluido el trámite de registro, los documentos se cursan sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes. Los registros electrónicos de todas las Administraciones deben ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos presentados en cualquiera de ellos (art. 16.3); en la práctica esa interconexión se realiza mediante el Sistema de Interconexión de Registros (SIR). Los registros electrónicos generan automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento presentado, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de los documentos que lo acompañen. Las Administraciones publican y mantienen actualizada la relación de oficinas de asistencia en materia de registros. La Comunidad de Madrid, en aplicación de estas exigencias, dispone de un registro electrónico de la Administración regional, integrado en su sede electrónica corporativa.

La presentación de documentos en el registro

El artículo 16.4 de la Ley 39/2015 enumera los lugares en los que los interesados pueden presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a las Administraciones Públicas: el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan, así como los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del artículo 2.1 de la Ley 39/2015; las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; las oficinas de asistencia en materia de registros, en las que se presta asistencia presencial a quienes deseen presentar un documento por vía electrónica y donde, además, se puede presentar directamente el documento en papel, que la propia oficina digitaliza y remite al registro electrónico correspondiente; y cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Esta pluralidad de canales de presentación garantiza que, con independencia del medio elegido, todo documento reciba un tratamiento equivalente en cuanto a la constancia de su fecha de presentación y a sus efectos sobre el cómputo de plazos, si bien la generalización del registro electrónico, unida a las obligaciones de relación electrónica ya estudiadas, ha convertido a este último en el canal de presentación absolutamente mayoritario en la práctica administrativa actual, relegando la presentación presencial en papel a supuestos residuales o a personas físicas sin obligación legal ni reglamentaria de relacionarse electrónicamente.

El cómputo de fechas a efectos de plazos en el registro

El artículo 31 de la Ley 39/2015 establece las reglas de cómputo de plazos cuando el documento se presenta a través del registro electrónico, disponiendo que el registro electrónico de cada Administración Pública u organismo permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, si bien, a los efectos del cómputo de plazos fijado en días hábiles y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Por lo demás, el cómputo de los plazos señalados por días excluye sábados, domingos y festivos, y si el último día del plazo es inhábil se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente (art. 30). La determinación del inicio del cómputo de plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas se sujeta igualmente a estas mismas reglas, y el registro electrónico de cada Administración se rige a estos efectos por la fecha y hora oficial correspondiente a la sede electrónica de acceso, que debe contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad, siendo estas reglas de cómputo especialmente relevantes en la práctica para evitar que un aspirante en un proceso selectivo, por ejemplo, vea rechazado un escrito presentado a última hora de un sábado o un domingo por entenderlo extemporáneo, cuando en realidad la ley lo considera presentado en la primera hora del lunes hábil siguiente.

La recepción, entrada y salida de documentos

El ciclo completo de vida de un documento en el registro comprende, con carácter general, tres momentos sucesivos: la recepción, que es el acto material de llegada del documento a la Administración, ya sea por vía electrónica o, en su caso, en papel a través de las oficinas de asistencia en materia de registros; el asiento de entrada, que es la anotación registral que deja constancia oficial de dicha recepción, con indicación de la fecha y hora, el remitente, el destinatario y un extracto del contenido o asunto del documento, generando el correspondiente recibo o justificante para el interesado; y, en su caso, el asiento de salida, que se practica cuando la propia Administración remite un documento a otro órgano administrativo o a un particular, dejando constancia igualmente de la fecha, el destinatario y el contenido del documento remitido. Este sistema de doble anotación (entrada y salida) permite reconstruir en todo momento el itinerario completo de un documento dentro de la organización administrativa, resultando esencial tanto para el control interno de la gestión documental como para la acreditación, frente a terceros o ante los tribunales, del momento exacto en que se produjo una comunicación determinada, cuestión con frecuencia decisiva para valorar el cumplimiento o incumplimiento de los plazos legalmente establecidos en un procedimiento administrativo.

El archivo de documentos: concepto y funciones

El archivo administrativo puede entenderse en un doble sentido: como institución o servicio, es la unidad administrativa encargada de la custodia, organización, conservación y difusión de la documentación producida o recibida por una Administración Pública en el ejercicio de sus funciones; y como conjunto documental, es la totalidad de los documentos, con independencia de su fecha, forma o soporte material, producidos o recibidos por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de sus actividades, y conservados como testimonio e información para sí misma, para la Administración y para los ciudadanos. Las funciones del archivo son, principalmente, cuatro: la función de custodia y conservación de los documentos, garantizando su integridad y su preservación frente al deterioro material o la pérdida; la función de organización, mediante la clasificación, ordenación y descripción de los fondos documentales conforme a criterios técnicos archivísticos; la función de servicio administrativo, al proporcionar a la propia Administración la documentación necesaria para la gestión y para el ejercicio de sus competencias en curso; y la función de servicio a la investigación y a la ciudadanía, al permitir, transcurridos los plazos y con los límites legalmente establecidos, el acceso de los ciudadanos a los documentos conservados, en ejercicio del derecho de acceso a los archivos y registros.

Clases de archivos: de gestión, central, intermedio e histórico

La teoría archivística clásica, recogida también en la normativa de patrimonio documental de las distintas Administraciones, distingue cuatro fases o clases de archivo en función del ciclo de vida de los documentos, conocido como la teoría de las tres edades del documento (ampliada a cuatro fases en la práctica administrativa española). El archivo de gestión u oficina es aquel en el que se conservan los documentos mientras se tramita el expediente correspondiente y durante el tiempo inmediatamente posterior a su finalización, permaneciendo bajo la custodia directa de la unidad administrativa que los ha producido o tramitado. El archivo central es aquel al que se transfieren los expedientes ya finalizados procedentes de los distintos archivos de gestión de una misma Administración, una vez transcurrido el plazo reglamentariamente establecido, y en el que los documentos permanecen mientras conservan un valor administrativo relevante para la gestión corriente. El archivo intermedio recibe los documentos procedentes del archivo central cuando estos han perdido su vigencia administrativa inmediata pero deben conservarse por razones de seguridad jurídica o de posible utilidad futura, aplicándose en esta fase los primeros criterios de valoración documental que determinarán su conservación permanente o su eliminación. El archivo histórico, finalmente, conserva con carácter permanente aquellos documentos que, tras el correspondiente proceso de valoración, se considera que tienen un valor informativo, histórico o cultural que justifica su conservación indefinida, quedando abiertos con carácter general a la consulta pública.

Criterios de ordenación de archivos

La organización técnica de los fondos documentales dentro de cualquier archivo administrativo se apoya en un conjunto de criterios de ordenación que facilitan tanto la localización posterior de los documentos como la comprensión de su contexto de producción. El criterio más elemental es la ordenación cronológica, que dispone los documentos según la fecha de su producción o recepción, resultando especialmente útil para series documentales homogéneas de producción periódica (correspondencia, expedientes de un mismo tipo tramitados de forma sucesiva). La ordenación alfabética permite localizar documentos a partir de un elemento identificativo (nombre de persona, entidad, materia), siendo habitual en expedientes de personal o en registros de terceros. La ordenación numérica se basa en la asignación de un número correlativo a cada documento o expediente en el momento de su producción, criterio propio, por ejemplo, del número de expediente o del número de registro de entrada y salida. Y la ordenación por materias o asuntos, más compleja de mantener pero de gran utilidad para la recuperación temática de la información, agrupa los documentos en función del contenido o asunto a que se refieren, con independencia de su fecha o de su origen concreto, criterio muy empleado en los cuadros de clasificación archivística que estructuran los fondos documentales de las grandes Administraciones Públicas, entre ellas la Comunidad de Madrid.

El acceso a los documentos administrativos: el derecho de acceso

El acceso a los documentos administrativos conservados en un archivo puede ejercerse por dos vías jurídicas distintas que conviene no confundir: el derecho de acceso a expedientes por parte de los interesados en un procedimiento administrativo concreto, regulado en la legislación de procedimiento administrativo común, que permite a quien tiene la condición de interesado conocer el estado de tramitación y el contenido de un expediente en el que es parte; y el derecho de acceso a la información pública reconocido con carácter general a cualquier ciudadano por la Ley 19/2013, ya estudiado en un tema anterior, que no exige la condición de interesado ni motivación alguna. A ambas vías se suma, con un régimen jurídico y una finalidad propios, el derecho de acceso a los documentos custodiados en los archivos históricos, regulado por la legislación específica de patrimonio documental y archivos, que reconoce con carácter general un derecho amplio de consulta pública sobre la documentación histórica, sin perjuicio de los plazos y restricciones especiales aplicables a determinados fondos por razón de su contenido (documentación con datos personales sensibles, documentación clasificada). Estas tres vías de acceso, aunque distintas en su fundamento y en su procedimiento, comparten un mismo sustrato: el reconocimiento de la documentación pública como un bien al servicio, no solo de la Administración que la produce, sino también de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto.

Los límites al acceso a documentos que contengan datos personales

El acceso a documentos administrativos que contengan datos de carácter personal está sujeto a los límites del artículo 15 de la Ley 19/2013, en conexión con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 (estudiados en el tema siguiente de este bloque). Si la información contiene datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se puede autorizar con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que este los hubiese hecho manifiestamente públicos con anterioridad. Si incluye datos sobre origen racial, salud o vida sexual, datos genéticos o biométricos, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor, el acceso solo se puede autorizar con consentimiento expreso del afectado o si está amparado por una norma con rango de ley. Con carácter general, y salvo que prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos, se concede el acceso a la información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano (por ejemplo, el nombre y apellidos de quien interviene en un procedimiento en su condición de titular de un órgano, funcionario o empleado público). Para los demás datos personales, el órgano debe ponderar el interés público en la divulgación y los derechos de los afectados, teniendo en cuenta, entre otros criterios, el menor perjuicio de los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en la legislación de archivos, la justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o su condición de investigadores, y la mayor garantía de los derechos de los afectados cuando los datos puedan afectar a su intimidad o seguridad o se refieran a menores. Las reglas no son aplicables si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de modo que no sea posible identificar a las personas afectadas.

Las formas de ejercicio del acceso a los documentos

El ejercicio efectivo del acceso a un documento administrativo puede materializarse mediante diversas formas, según lo que solicite el interesado y lo que resulte técnicamente posible y jurídicamente procedente en cada caso: la consulta directa del documento o del expediente en las dependencias de la Administración o del archivo correspondiente, bajo la supervisión del personal encargado de su custodia; la expedición de una copia, simple o auténtica (la antigua compulsa ha sido sustituida por la copia auténtica de la Ley 39/2015), en papel o en formato electrónico, del documento solicitado; la expedición de un certificado que acredite el contenido de un documento o de un dato concreto que consta en el archivo, sin necesidad de facilitar el documento íntegro; y, en el ámbito de la Administración electrónica, el acceso telemático directo al documento a través de la sede electrónica correspondiente o de la carpeta ciudadana, siempre que el interesado se identifique de forma fehaciente mediante alguno de los sistemas de identificación electrónica admitidos. La elección de la forma concreta de acceso corresponde, con carácter general, al órgano competente para resolver la solicitud, que debe tener en cuenta tanto la preferencia manifestada por el solicitante como las posibilidades técnicas y organizativas de la Administración, pudiendo denegarse una forma concreta de acceso por razones justificadas (por ejemplo, cuando el documento original deba preservarse por su fragilidad material) sin que ello suponga necesariamente la denegación del acceso en sí mismo, que podrá satisfacerse por otra vía alternativa.

Documentos de los ciudadanos y documentos de comunicación

Además de los documentos emitidos por la Administración, los procedimientos recogen documentos de los ciudadanos y de comunicación entre órganos. Entre los primeros destacan la solicitud o instancia (que debe contener los requisitos del art. 66 de la Ley 39/2015: nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su representante; medio electrónico o lugar físico para notificaciones; hechos, razones y petición; lugar y fecha; firma o acreditación de la autenticidad de la voluntad; órgano, centro o unidad a la que se dirige y su código de identificación), el escrito de alegaciones (art. 76), el recurso administrativo, la declaración responsable y la comunicación. La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que este manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio (art. 69.1). La comunicación es el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho (art. 69.2). Si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que en diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición (art. 68.1). Entre los documentos de comunicación entre órganos destacan el oficio, la comunicación interior (nota interior o memorándum), el escrito y los informes de remisión; todos ellos son documentos de transmisión, no de decisión.

Forma, motivación y contenido de los actos y resoluciones

Los documentos de decisión deben ajustarse a los requisitos de forma de la Ley 39/2015. Los actos administrativos se producen por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 36). Deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, los que acuerden la suspensión de actos o la adopción de medidas provisionales, y los que sean consecuencia de la aplicación de la tramitación de urgencia o de la ampliación de plazos (art. 35). Las resoluciones contienen la decisión, que es motivada en los casos del art. 35, y expresan además los recursos que contra ellas procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno (art. 88.3). En un acto notificado sin esa indicación, los defectos de notificación no determinan por sí la invalidez del acto sino la demora de su eficacia hasta que el interesado se da por notificado o interpone el recurso procedente.

Metadatos y normas técnicas de interoperabilidad del documento y el expediente electrónicos

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010) se desarrolla mediante normas técnicas de interoperabilidad; las más relevantes para este tema son la de documento electrónico, la de expediente electrónico, la de digitalización de documentos, la de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos y la de política de firma y certificados. Los metadatos son los datos que describen el contexto, contenido y estructura de los documentos y su gestión a lo largo del tiempo: los metadatos mínimos obligatorios del documento electrónico incluyen, entre otros, el identificador normalizado, el órgano y la fecha de captura, el origen (ciudadano o Administración), el estado de elaboración (original, copia electrónica auténtica, copia papel auténtica...), el formato y el tipo documental y la información de firma. El expediente electrónico se compone de los documentos electrónicos, el índice electrónico firmado y los metadatos del expediente. Estas normas permiten la interoperabilidad entre sistemas de gestión documental y la conservación a largo plazo de documentos con valor probatorio. Para el examen, conviene retener que el documento electrónico es válido cuando reúne los requisitos del art. 26 de la Ley 39/2015 y que la normativa de interoperabilidad concreta los metadatos y la estructura.

Normativa de archivos: Ley 16/1985, Real Decreto 1708/2011 y Ley 4/1993 de Madrid

El marco general de archivos y patrimonio documental lo establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que dedica su título VII al patrimonio documental y los archivos, y el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, que establece el Sistema Español de Archivos y regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso. En la Comunidad de Madrid, la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid regula los archivos y el patrimonio documental de la región. Principios archivísticos básicos: el principio de procedencia (los documentos se agrupan por el órgano o entidad que los produjo y no se mezclan con los de otros productores) y el principio de orden original (se respeta la ordenación que tuvo el fondo en origen). Se distinguen las series documentales (conjunto de documentos producidos de forma continuada en el ejercicio de una misma actividad), el fondo (conjunto de documentos producidos por una institución), y los instrumentos de descripción: guías, inventarios, catálogos, índices y cuadros de clasificación. La valoración documental determina qué documentos se conservan permanentemente y cuáles se eliminan, tarea encomendada a comisiones calificadoras (en la AGE, la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos); la eliminación solo procede con dictamen favorable y conforme a un procedimiento reglado.

Plazos y reglas de consulta de documentos de archivo

El derecho de acceso a los archivos y registros se reconoce en el artículo 105.b de la Constitución, que remite a una ley que regule el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. La Ley 16/1985 (art. 57) regula la consulta del patrimonio documental: con carácter general los documentos son consultables, salvo exclusión por ley o por razones de conservación; los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otro carácter que pueda afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no pueden ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Para los interesados en un procedimiento en curso, el derecho de acceso y a obtener copia de los documentos del expediente es un derecho del interesado (art. 53.1.a de la Ley 39/2015); fuera de este supuesto, rige el derecho de acceso a la información pública de la Ley 19/2013 (arts. 12 y siguientes), universal y sin necesidad de motivar, con sus límites. En la práctica, las solicitudes de acceso a archivos históricos se tramitan conforme al reglamento del archivo correspondiente y a la normativa de protección de datos, que protege a las personas vivas y reconoce un régimen específico para los datos de personas fallecidas.

Cuadro de memoria: documentos, registro, archivo y acceso

Clasificación por finalidad: decisión, transmisión, constancia y juicio. Requisitos del documento electrónico (art. 26.2): contenido, identificación individualizada, referencia temporal, metadatos mínimos y firma. Expediente electrónico (art. 70): formato electrónico, índice numerado, exclusión de información auxiliar. Notificación: se cursa en diez días desde la fecha del acto; se entiende rechazada a los diez días naturales de su puesta a disposición sin acceso. Informes: facultativos y no vinculantes por regla general; diez días para emitirse; si no se emiten, se prosigue salvo informes preceptivos y determinantes. Registro: 24 horas, 365 días; día inhábil se traslada a la primera hora del primer día hábil siguiente. Lugares de presentación (art. 16.4): registro electrónico, Correos, representaciones diplomáticas y consulares, oficinas de asistencia en materia de registros y otros. Archivo: gestión, central, intermedio e histórico. Acceso a datos sensibles de archivos: 25 años desde la muerte o 50 desde la fecha del documento.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Clasificación de documentos por su finalidad: de decisión (resoluciones, acuerdos), de transmisión (notificaciones, publicaciones, oficios), de constancia (actas, certificados) y de juicio (informes) — cada categoría con requisitos y efectos jurídicos distintos.
  • La notificación es requisito de EFICACIA del acto, no de validez: un acto puede ser válido pero ineficaz mientras no se notifique correctamente.
  • El expediente electrónico (art. 70 Ley 39/2015) exige un índice numerado y firmado; se excluye de él la información auxiliar o de apoyo (borradores, notas internas, juicios de valor) salvo los informes preceptivos y facultativos incorporados antes de resolver.
  • El registro permite presentar documentos 24h/365 días, pero el CÓMPUTO de plazos en días hábiles traslada lo presentado en día inhábil (o fuera de horario) a la primera hora del siguiente día hábil (art. 31 Ley 39/2015).
  • Las cuatro fases del archivo según el ciclo de vida del documento: de gestión (mientras se tramita) → central (ya finalizado, valor administrativo vigente) → intermedio (perdió vigencia inmediata, se valora su destino) → histórico (conservación permanente, consulta pública).
  • No confundir las tres vías de acceso a documentos: acceso a expediente propio como interesado (Ley 39/2015), acceso a información pública como cualquier ciudadano (Ley 19/2013) y acceso a archivos históricos (legislación de patrimonio documental).
  • Datos personales especialmente protegidos (ideología, salud, origen racial, infracciones no públicas...) exigen consentimiento expreso y escrito del afectado para autorizar el acceso, salvo que ya los hubiera hecho públicos él mismo.
  • Un documento electrónico solo es válido si reúne los cinco requisitos del art. 26.2 Ley 39/2015: contenido archivado en soporte electrónico, datos de identificación, referencia temporal, metadatos mínimos y firma electrónica correspondiente.
  • El índice numerado del expediente electrónico se prevé en el art. 70.2; el art. 70.3 es el que excluye la información auxiliar o de apoyo. No confundir ambos apartados.
  • La compulsa ha sido sustituida por la copia auténtica en la Ley 39/2015; no existe en el nuevo régimen una copia compulsada administrativa.
  • Los informes son por regla general facultativos y no vinculantes y deben emitirse en diez días (art. 80); la falta de emisión permite proseguir salvo informes preceptivos determinantes para la resolución.
  • Datos sensibles en archivos: consulta pública solo con consentimiento expreso o transcurridos 25 años desde la muerte del afectado, o 50 años desde la fecha del documento si no se conoce el fallecimiento (art. 57 Ley 16/1985).
  • Principios archivísticos: procedencia (no mezclar fondos de distintos productores) y orden original; criterios de ordenación: cronológico, alfabético, numérico, por materias, orgánico y funcional.
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Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Qué apartado del artículo 70 de la Ley 39/2015 excluye del expediente la información de carácter auxiliar o de apoyo?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 23 de Administrativo C. Madrid?

El documento administrativo es el soporte material en el que se plasma toda la actividad de la Administración, y por eso este tema funciona como un puente entre la teoría del acto administrativo (estudiada en otros temas del bloque) y la práctica diaria de tramitación de expedientes, que es exactamente lo que hace un administrativo de la Comunidad de Madrid en su puesto de trabajo. El tema encadena tres bloques con una lógica de ciclo de vida del documento: primero su concepto, clasificación y forma (incluida su versión electrónica, ya generalizada tras la Ley 39/2015); segundo, el registro, que es la puerta de entrada y salida de los documentos en la Administración; y tercero, el archivo, que es su destino final una vez tramitado el expediente, y el acceso, que regula quién y cómo puede consultarlos después. Es un tema muy práctico y muy transversal, que se conecta constantemente con otros ya estudiados (procedimiento administrativo común, transparencia, protección de datos).

¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?

Clasificación de documentos por su finalidad: de decisión (resoluciones, acuerdos), de transmisión (notificaciones, publicaciones, oficios), de constancia (actas, certificados) y de juicio (informes) — cada categoría con requisitos y efectos jurídicos distintos. La notificación es requisito de EFICACIA del acto, no de validez: un acto puede ser válido pero ineficaz mientras no se notifique correctamente. El expediente electrónico (art. 70 Ley 39/2015) exige un índice numerado y firmado; se excluye de él la información auxiliar o de apoyo (borradores, notas internas, juicios de valor) salvo los informes preceptivos y facultativos incorporados antes de resolver. El registro permite presentar documentos 24h/365 días, pero el CÓMPUTO de plazos en días hábiles traslada lo presentado en día inhábil (o fuera de horario) a la primera hora del siguiente día hábil (art. 31 Ley 39/2015). Las cuatro fases del archivo según el ciclo de vida del documento: de gestión (mientras se tramita) → central (ya finalizado, valor administrativo vigente) → intermedio (perdió vigencia inmediata, se valora su destino) → histórico (conservación permanente, consulta pública). No confundir las tres vías de acceso a documentos: acceso a expediente propio como interesado (Ley 39/2015), acceso a información pública como cualquier ciudadano (Ley 19/2013) y acceso a archivos históricos (legislación de patrimonio documental). Datos personales especialmente protegidos (ideología, salud, origen racial, infracciones no públicas...) exigen consentimiento expreso y escrito del afectado para autorizar el acceso, salvo que ya los hubiera hecho públicos él mismo. Un documento electrónico solo es válido si reúne los cinco requisitos del art. 26.2 Ley 39/2015: contenido archivado en soporte electrónico, datos de identificación, referencia temporal, metadatos mínimos y firma electrónica correspondiente. El índice numerado del expediente electrónico se prevé en el art. 70.2; el art. 70.3 es el que excluye la información auxiliar o de apoyo. No confundir ambos apartados. La compulsa ha sido sustituida por la copia auténtica en la Ley 39/2015; no existe en el nuevo régimen una copia compulsada administrativa. Los informes son por regla general facultativos y no vinculantes y deben emitirse en diez días (art. 80); la falta de emisión permite proseguir salvo informes preceptivos determinantes para la resolución. Datos sensibles en archivos: consulta pública solo con consentimiento expreso o transcurridos 25 años desde la muerte del afectado, o 50 años desde la fecha del documento si no se conoce el fallecimiento (art. 57 Ley 16/1985). Principios archivísticos: procedencia (no mezclar fondos de distintos productores) y orden original; criterios de ordenación: cronológico, alfabético, numérico, por materias, orgánico y funcional.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565): arts. 13, 16, 17, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 40 a 44, 53, 66 a 70, 80 y 88.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566): arts. 17 y 18 (actas) y arts. 38 a 46 (Administración electrónica).
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887): arts. 12 a 22, en especial el art. 15.
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
  • Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y normas técnicas de interoperabilidad de documento electrónico y de expediente electrónico.
  • Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (art. 57); Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, del Sistema Español de Archivos; Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid.
  • Constitución Española, art. 105.b (BOE-A-1978-31229).

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