Tema 10. El órgano administrativo: Concepto, naturaleza y clases. Los órganos colegiados. Principios de la organización administrativa. La competencia. Centralización y descentralización. Concentración y desconcentración.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
El tema 10 desciende de las fuentes del Derecho a la organización interna de la Administración: qué es un órgano administrativo, cómo se diferencia de la persona física que lo ocupa, cómo funcionan los órganos colegiados (comisiones, consejos, juntas) y cómo se reparte y se traspasa la competencia entre órganos mediante figuras como la delegación, la avocación, la encomienda de gestión, la delegación de firma o la suplencia. Es un tema muy técnico, regulado principalmente en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que en el examen se suele testear distinguiendo entre estas figuras de transferencia de competencia (quién decide, quién firma, quién asume la responsabilidad) y entre los pares conceptuales centralización/descentralización y concentración/desconcentración.
El art. 5.1 de la Ley 40/2015 dispone que tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Resulta esencial diferenciar el órgano (unidad funcional permanente, dotada de competencias propias y de una estructura orgánica dentro de la Administración) de su titular (la persona física que, en cada momento, ocupa el puesto y ejerce las funciones que tiene atribuidas): los actos dictados por el titular en el ejercicio de sus funciones se imputan al órgano, y a través de él a la Administración a la que pertenece, y no a la persona física considerada individualmente, lo que garantiza la continuidad de la actuación administrativa con independencia de los cambios en las personas que ocupan los distintos puestos.
Naturaleza y creación de los órganos administrativos (arts. 5 a 7 de la Ley 40/2015)
El órgano administrativo carece de personalidad jurídica propia: su actuación se imputa a la persona jurídica pública en que se integra (la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, un Ayuntamiento, un organismo público). La Ley 40/2015 regula su creación con unas exigencias mínimas (art. 5.2): determinación de su forma de integración en la Administración de que se trate y de su dependencia jerárquica; delimitación de sus funciones y competencias; y dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. La creación de un órgano no puede suponer incremento del gasto público, y no pueden crearse órganos que dupliquen otros existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. Los órganos se estructuran en unidades administrativas (art. 7): elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas, que comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Los órganos superiores dirigen la actividad de los dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio (art. 6); estas normas internas no son fuentes del Derecho ni obligan a los ciudadanos, y su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pueda corresponder. La competencia para crear, modificar o suprimir los órganos depende de la Administración y del nivel de que se trate; en la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno aprueba por decreto la estructura orgánica de las Consejerías (tema 7).
Órganos superiores y órganos directivos de la Administración General del Estado
La Ley 40/2015 organiza la Administración General del Estado (AGE) en órganos superiores y órganos directivos. Son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado, que establecen los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y asumen la dirección y el impulso de su ejecución. Son órganos directivos los Subsecretarios y Secretarios Generales, los Secretarios Generales Técnicos, los Directores Generales y los Subdirectores Generales, cuyas funciones son el desarrollo y la ejecución de los planes de la organización. La Comunidad de Madrid reproduce, con adaptaciones, ese esquema: el Consejero es el órgano superior de cada Consejería y los Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales son órganos directivos; no existen Secretarios de Estado. La diferencia entre unos y otros es la distinción entre dirección política (órganos superiores) y dirección administrativa profesional (órganos directivos), que la ley refuerza al exigir que los titulares de determinados órganos directivos sean funcionarios de carrera del Subgrupo A1, salvo excepciones motivadas. A este esquema se añaden los órganos territoriales, entre ellos los Delegados y Subdelegados del Gobierno, que dirigen la Administración periférica del Estado en el territorio de las Comunidades Autónomas y de las provincias.
Elementos del órgano administrativo
Todo órgano administrativo se compone de un elemento objetivo, constituido por el conjunto de competencias, potestades y funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye con carácter propio; un elemento subjetivo, formado por el titular o titulares (uno solo en los órganos unipersonales, varios en los colegiados) que en cada momento ocupan el puesto y expresan la voluntad del órgano; y los medios materiales y personales (funcionarios, personal laboral, instalaciones, créditos presupuestarios) adscritos a su funcionamiento. La voluntad manifestada por el titular, siempre que se exprese conforme al procedimiento y con las formalidades legalmente exigidas, se imputa jurídicamente al órgano, y a través de este a la persona jurídica pública (Administración General del Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local) de la que el órgano forma parte.
Clases de órganos: simples y colegiados
Según el número de titulares, los órganos administrativos se clasifican en unipersonales o simples (un único titular, cuya voluntad individual coincide con la del propio órgano) y colegiados (una pluralidad de titulares que forman la voluntad del órgano mediante deliberación conjunta y votación, con arreglo a reglas específicas de funcionamiento). Junto a esta clasificación básica, la doctrina distingue también entre órganos activos o resolutorios (dictan actos con eficacia jurídica externa), consultivos (emiten informes o dictámenes) y de control o fiscalización; entre órganos centrales y periféricos, según su ámbito territorial de actuación; y entre órganos superiores (dirección política) y órganos directivos (dirección administrativa profesional), distinción especialmente relevante en la organización de las Administraciones territoriales.
Los órganos unipersonales
En los órganos unipersonales, la voluntad jurídica del órgano coincide directamente con la voluntad expresada por su único titular, sin necesidad de deliberación previa con otras personas, lo que dota a este tipo de órganos de mayor agilidad en la toma de decisiones frente a los órganos colegiados. No obstante, siguen rigiendo las normas generales sobre nombramiento y cese del titular, así como las causas de abstención y recusación previstas en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 (parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, interés personal en el asunto, entre otras), que buscan garantizar la imparcialidad y objetividad de la actuación administrativa con independencia de que el órgano sea unipersonal o colegiado.
Abstención y recusación (arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015)
La imparcialidad del titular del órgano se garantiza con dos técnicas. La abstención es un deber del propio funcionario: las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes concurra alguna de las causas legales deben abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, que resolverá lo procedente. Las causas (art. 23.2) son: tener interés personal en el asunto o ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas o con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato; tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente; haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate; y tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Los superiores jerárquicos pueden ordenar a quienes incurran en alguna de estas causas que se abstengan de toda intervención en el expediente. La recusación es un derecho de los interesados, que pueden promoverla en cualquier momento de la tramitación del procedimiento mediante escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda; el recusado manifestará al día siguiente a su inmediato superior si se da o no la causa alegada, y si la niega, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones oportunos. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabe recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso procedente contra el acto que ponga fin al procedimiento. La actuación de autoridades y empleados públicos en los que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero la no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
Los órganos colegiados: régimen jurídico en la Ley 40/2015
El Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015 (arts. 15 y siguientes) establece el régimen jurídico básico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, aplicable con carácter supletorio a cualquier órgano colegiado, salvo que su normativa específica de creación disponga otra cosa distinta. La propia ley distingue entre los órganos colegiados integrados exclusivamente por representantes de una sola Administración Pública (o de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes), a los que se aplica directamente este régimen, y los órganos colegiados en que participan representantes de varias Administraciones Públicas o de organizaciones representativas de intereses socioeconómicos, cuyo régimen de funcionamiento puede fijarse mediante los convenios o acuerdos de creación correspondientes, aplicándose la Ley 40/2015 con carácter supletorio.
Clases de órganos colegiados y ejemplos de la Administración General del Estado
Dentro de los órganos colegiados la ley distingue por su composición: los integrados exclusivamente por representantes de una sola Administración Pública, y los de composición mixta, en que participan representantes de varias Administraciones o de organizaciones representativas de intereses sociales (sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales), cuyo régimen de funcionamiento puede fijar su norma de creación. Por su relación con el Gobierno, son órganos colegiados de la AGE el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que prepara los asuntos que se someten a aquel. En la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno es el principal órgano colegiado de naturaleza política, y existen numerosos órganos colegiados administrativos (comisiones, juntas, consejos asesores, tribunales y órganos de selección). En la AGE, la norma de creación de un órgano colegiado determina su composición, el órgano al que se adscribe, sus funciones y su régimen de funcionamiento. La participación en un órgano colegiado conlleva el deber de asistencia, el derecho a recibir con antelación la convocatoria y la documentación, y la prohibición de tratar asuntos no incluidos en el orden del día, salvo la excepción de urgencia ya vista.
El Presidente del órgano colegiado: funciones
El Presidente del órgano colegiado ostenta su representación, acuerda la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y fija el orden del día, teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros formuladas con suficiente antelación; preside las sesiones, modera el desarrollo de los debates y suspende estos por causas justificadas; dirime con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos (voto de calidad), salvo en los órganos colegiados en que participen organizaciones representativas de intereses sociales o representantes de distintas Administraciones cuando se haya optado por la alternancia en la presidencia, y salvo que las normas de funcionamiento del órgano establezcan otra cosa; asegura el cumplimiento de las leyes; visa las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano; y ejerce cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano, actuando en su ausencia el Vicepresidente, si existe, o el miembro de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
Los miembros y el Secretario del órgano colegiado
Los miembros de los órganos colegiados tienen derecho a recibir, con la antelación mínima que fijen sus normas de funcionamiento, la convocatoria con el orden del día de las reuniones, la información sobre los temas que figuren en él y la documentación necesaria para conocer los asuntos con carácter previo a la sesión; a participar en los debates de las sesiones; a ejercer su derecho al voto y a formular su voto particular, así como a expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican; y a formular ruegos y preguntas. El Secretario, que puede ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración correspondiente que no ostente la condición de miembro, asiste a las reuniones con voz (y con voto si es miembro), custodia la documentación del órgano, y levanta y certifica las actas de las sesiones.
Convocatoria y sesiones de los órganos colegiados
La convocatoria de las sesiones corresponde al Presidente, y debe contener, en todo caso, el orden del día de la reunión, sin que puedan tratarse asuntos no incluidos en él salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. La Ley 40/2015 admite expresamente que los órganos colegiados puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, permitiendo en este último caso la utilización de medios electrónicos (videoconferencia u otros que garanticen la identidad de los miembros, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que se producen y la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real), salvo que las normas de funcionamiento del órgano lo excluyan o limiten expresamente.
El quórum de constitución y de adopción de acuerdos
Para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requiere, salvo que la normativa específica del órgano disponga otra cosa, la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y el Secretario (o de quienes les sustituyan), y la de la mitad al menos de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos de los asistentes, resolviendo el voto de calidad del Presidente los empates a efectos de adoptar acuerdos, con las excepciones señaladas en el apartado anterior. Los órganos colegiados pueden establecer en sus normas de funcionamiento un régimen propio de convocatorias (incluidas, en su caso, segundas convocatorias con otro quórum), y los acuerdos pueden adoptarse tanto de forma presencial como a distancia.
Las actas de los órganos colegiados
De cada sesión que celebre el órgano colegiado, el Secretario debe levantar acta, que especifique necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas pueden aprobarse en la misma sesión o en la inmediata siguiente, pudiendo no obstante el Secretario emitir certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario pueden formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado, y quienes voten en contra o se abstengan quedan exentos de la responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse de los acuerdos adoptados.
Sesiones a distancia, grabación de las sesiones y archivo de las actas
La Ley 40/2015 incorporó la plena validez de las sesiones por medios electrónicos. En las sesiones a distancia, los miembros pueden encontrarse en distintos lugares siempre que se asegure por medios electrónicos, considerándose también medios electrónicos los telefónicos y audiovisuales, la identidad de los miembros o de quienes les suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se consideran incluidos entre los medios electrónicos válidos el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. En cuanto a las actas, el Secretario puede grabar las sesiones del órgano en soporte audiovisual, en cuyo caso el acta no tiene que recoger los puntos principales de las deliberaciones, siempre que se conserve el soporte de grabación junto con la certificación expedida por el Secretario y los documentos que acrediten la identidad de los miembros. Las actas se aprueban en la misma o en la siguiente sesión, y los acuerdos adoptados antes de su aprobación pueden certificarse haciendo constar expresamente esta circunstancia. Cuando el acta se aprueba, se remite a los miembros por medios electrónicos y quienes discrepen del texto aprobado pueden formular voto particular en el plazo de dos días. Los acuerdos del órgano colegiado se ejecutan por la Administración a la que pertenece, de modo que la certificación del Secretario es el medio de acreditar frente a terceros su contenido.
Órganos consultivos y órganos resolutorios
Los órganos consultivos tienen por función emitir informes o dictámenes, técnicos o jurídicos, que ilustran o asesoran al órgano decisor sobre un determinado asunto, careciendo por sí mismos de capacidad para dictar la decisión final; estos informes pueden ser preceptivos o facultativos según venga o no exigida su solicitud por una norma, y vinculantes o no vinculantes según que el órgano decisor esté o no obligado a seguir su contenido. Los órganos resolutorios o activos, por el contrario, son aquellos a los que corresponde dictar la resolución o acto administrativo que pone fin al procedimiento, produciendo efectos jurídicos externos frente a los interesados. Es habitual que un mismo procedimiento administrativo transite sucesivamente por órganos de ambos tipos: primero por el órgano consultivo, que informa, y después por el órgano resolutorio, que decide teniendo en cuenta, con mayor o menor vinculación, ese informe previo.
Principios de la organización administrativa: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación
El art. 103.1 de la Constitución establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Estos principios constitucionales se reiteran y desarrollan en el art. 3 de la Ley 40/2015, que añade otros principios de actuación de las Administraciones Públicas, como la transparencia, la planificación y dirección por objetivos, la evaluación y calidad de los servicios, la buena fe y confianza legítima, la responsabilidad por la gestión pública, la racionalización y agilidad de los procedimientos y la simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. El binomio jerarquía-descentralización y el binomio concentración-desconcentración configuran los distintos modelos posibles de distribución del poder decisorio dentro de la organización administrativa.
Jerarquía, tutela y coordinación: relaciones entre órganos y entre Administraciones
La jerarquía es la relación de subordinación entre órganos de una misma Administración, que se manifiesta en el poder del superior de dirigir (instrucciones y órdenes de servicio), controlar, resolver recursos de alzada, avocar y resolver los conflictos entre dependientes. La relación entre una Administración matriz y sus entidades instrumentales (organismos autónomos, agencias) no es de jerarquía sino de adscripción y control o tutela, que se ejerce sobre la eficacia y los resultados, y no sobre cada acto. La coordinación es el principio por el que se asegura la coherencia de la actuación de distintos órganos o Administraciones. Entre Administraciones, la Ley 40/2015 (Título III, arts. 140 y siguientes) establece los principios de las relaciones interadministrativas: lealtad institucional, adecuación al orden de distribución de competencias, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia en la gestión pública, responsabilidad de cada Administración y garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Entre los órganos de cooperación destacan la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre el Estado y cada Comunidad Autónoma. En el plano interno de la Comunidad de Madrid, la coordinación entre Consejerías se articula mediante el Consejo de Gobierno y los órganos de apoyo vistos en el tema anterior.
La competencia administrativa: concepto
La competencia es el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada órgano administrativo para el ejercicio de su actividad, delimitando el ámbito dentro del cual puede actuar válidamente. Constituye un requisito subjetivo de validez del acto administrativo, de tal manera que su ausencia puede llegar a determinar la nulidad de pleno derecho del acto dictado, conforme al art. 47.1.b) de la Ley 39/2015, cuando el órgano actuante carezca manifiestamente de competencia por razón de la materia o del territorio (la incompetencia jerárquica, en cambio, suele determinar únicamente la anulabilidad del acto, salvo que también sea manifiesta, y es susceptible de convalidación por el órgano superior jerárquico competente).
Reglas supletorias de atribución de la competencia y vicios de incompetencia
La competencia se establece por norma, y no por el criterio del órgano ni por la voluntad de las partes (art. 8). Si una disposición atribuye una competencia a una Administración sin especificar qué órgano debe ejercerla, corresponde al órgano inferior competente por razón de la materia y del territorio, y si hubiera varios de la misma jerarquía, al superior jerárquico común. Los vicios de incompetencia tienen consecuencias distintas según su gravedad. La incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio determina la nulidad de pleno derecho del acto (art. 47.1.b de la Ley 39/2015). La incompetencia no manifiesta, incluida la jerárquica, genera la anulabilidad (art. 48.1), y puede subsanarse mediante convalidación por el órgano competente cuando este sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado (art. 52). Cuando un ciudadano se dirige a un órgano que no es competente, este debe remitir la solicitud al que lo sea (principio de eficacia y de no perjuicio al interesado). Todo ello obliga a que el funcionario que instruye un expediente compruebe, antes que nada, quién es el órgano competente y si lo es por atribución propia, por delegación o por desconcentración, de modo que pueda firmarse la resolución con la mención que en cada caso proceda.
Criterios de atribución de la competencia: material, territorial y jerárquico
La competencia se atribuye a los órganos administrativos conforme a tres criterios principales. El criterio material determina la competencia en función de la naturaleza del asunto sobre el que verse la actuación administrativa (urbanismo, sanidad, educación, hacienda). El criterio territorial delimita el ámbito geográfico dentro del cual puede actuar válidamente cada órgano (competencia estatal, autonómica o local, y dentro de cada una de ellas, su ámbito territorial concreto). El criterio jerárquico o funcional distribuye la competencia entre los distintos órganos de una misma estructura administrativa según el grado o nivel que ocupan (Ministro, Secretario de Estado, Director General), cuando existen varios órganos con competencia potencial sobre la misma materia y territorio, atribuyendo la decisión al nivel jerárquico que corresponda en función de la trascendencia del asunto.
La irrenunciabilidad y el carácter improrrogable de la competencia
El art. 8.1 de la Ley 40/2015 establece que la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes; la propia ley regula además, en artículos separados, otras técnicas de traslado del ejercicio de la competencia, como la encomienda de gestión (art. 11), la delegación de firma (art. 12) y la suplencia (art. 13). Esta irrenunciabilidad significa que ningún órgano puede desprenderse voluntariamente de una competencia que tiene legalmente atribuida ni negarse a ejercerla, al tratarse de un poder-deber al servicio del interés general y no de una facultad discrecional del propio órgano. Del mismo modo, la competencia es improrrogable, en el sentido de que no puede transferirse de un órgano a otro por la mera voluntad de las partes o por acuerdo entre los órganos afectados, sino únicamente a través de las técnicas tasadas que la propia ley habilita expresamente para ello.
La delegación de competencias
El art. 9 de la Ley 40/2015 permite que los órganos de las distintas Administraciones Públicas puedan delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. La delegación exige su publicación en el diario oficial correspondiente, y las resoluciones administrativas que se adopten por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegado, que asume la responsabilidad de la decisión (la delegación es siempre revocable en cualquier momento por el órgano delegante, y la revocación también debe publicarse). El art. 9.2 excluye expresamente de la delegación los asuntos que se refieran a las relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales y las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de sus Asambleas Legislativas; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso; y las materias en que así lo determine expresamente una norma con rango de ley. El propio art. 9 excluye también la delegación de competencias que a su vez se ejerzan por delegación de otro órgano.
Régimen de la delegación: sujetos, publicidad, revocación y responsabilidad
La delegación de competencias (art. 9 de la Ley 40/2015) traspasa el ejercicio y no la titularidad: el delegante conserva la titularidad y puede revocar la delegación en cualquier momento, avocar el asunto o dictar instrucciones al delegado; el delegado ejerce la competencia en nombre propio y responde de lo que decida. Puede delegarse a favor de órganos de la misma Administración, aun sin dependencia jerárquica, y a favor de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. Las delegaciones de competencias entre órganos de distintas Administraciones se regulan por la legislación aplicable y requieren los instrumentos de colaboración que esta prevea (convenio). La delegación y su revocación deben publicarse en el diario oficial correspondiente a la Administración del delegante (BOE para la AGE; BOCM para la Comunidad de Madrid), y producen efectos desde su publicación o desde la fecha que la propia resolución determine. Está prohibido delegar la competencia ejercida por delegación (art. 9.5), de modo que no hay delegación en cadena sin autorización legal. Ejemplo típico: el Consejero delega en el Secretario General Técnico la resolución de determinados expedientes de contratación, mediante Orden publicada en el BOCM; en la resolución final se hace constar la frase «por delegación».
La avocación
El art. 10 de la Ley 40/2015 regula la avocación como la técnica por la que los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento y resolución de un asunto cuya competencia corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La avocación se realiza mediante acuerdo motivado, que debe ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o, cuando ello no fuese posible, simultáneamente a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso independiente, aunque sí es posible impugnar la resolución que ponga fin al procedimiento, alegando en su caso la eventual improcedencia de la avocación efectuada, como motivo de impugnación de esa resolución final.
La delegación de firma
El art. 12 de la Ley 40/2015 permite a los titulares de los órganos administrativos delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados para la delegación de competencias en el art. 9. A diferencia de la delegación de competencias, la delegación de firma no altera en absoluto la competencia del órgano delegante, que sigue siendo plenamente responsable de la decisión adoptada (el delegado se limita a estampar materialmente la firma), y por ello no requiere su publicación en el diario oficial correspondiente, bastando con que en el propio texto de la resolución se haga constar la autoridad de procedencia. La regulación anterior (Ley 30/1992) excluía expresamente la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador; esa limitación debe contrastarse con el texto vigente de la Ley 40/2015, que se remite a los límites del art. 9.
La encomienda de gestión
El art. 11 de la Ley 40/2015 configura la encomienda de gestión como la técnica por la que la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público puede ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración Pública, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. A diferencia de la delegación de competencias, la encomienda de gestión no supone en ningún caso cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material encomendada.
Formalización de la encomienda de gestión y límites
La encomienda de gestión (art. 11 de la Ley 40/2015) tiene por objeto actividades de carácter material, técnico o de servicios, nunca la facultad de resolver. Su formalización varía según los sujetos. Cuando la encomienda se realiza entre órganos administrativos o entidades de derecho público de la misma Administración, se formaliza en los términos que establezca su normativa propia o, en su defecto, mediante acuerdo expreso de los órganos o entidades intervinientes; en todo caso, el instrumento de formalización y su resolución deben publicarse, para su eficacia, en el diario oficial correspondiente. Cuando la encomienda se realiza entre órganos o entidades de distintas Administraciones, se formaliza mediante convenio. La encomienda no puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público: en tales casos, la naturaleza y las condiciones se ajustan a esa legislación, sin perjuicio de los encargos a medios propios personificados que esta regula (Ley 9/2017). Por eso la encomienda se limita a tareas auxiliares, como la tramitación material de expedientes, el uso de medios informáticos o la realización de estudios. Su rasgo definitorio es que quien encomienda sigue dictando las resoluciones jurídicas que dan soporte a la actividad: por ejemplo, la entidad que gestiona el soporte informático de un registro ejecuta la actividad material, pero la resolución que inscribe o deniega corresponde al órgano encomendante.
La suplencia
El art. 13 de la Ley 40/2015 dispone que los titulares de los órganos administrativos pueden ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación, por quien designe el órgano competente para el nombramiento del titular. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejerce por quien designe el órgano administrativo inmediato del que dependa. La suplencia no implica alteración de la competencia, que sigue correspondiendo al órgano suplido, y no exige, a diferencia de la delegación, publicación en el diario oficial correspondiente.
Cuadro comparativo de las técnicas de alteración del ejercicio de la competencia
Conviene dominar el siguiente cuadro mental. Delegación de competencias (art. 9): se transfiere el ejercicio, no la titularidad; exige publicación en el diario oficial; es revocable; los actos indican que se dictan por delegación; no cabe en los asuntos del art. 9.2. Avocación (art. 10): el superior recaba para sí un asunto de un órgano dependiente; exige acuerdo motivado y notificación a los interesados; no es recurrible de forma independiente. Encomienda de gestión (art. 11): se encomiendan actividades materiales, técnicas o de servicios a otro órgano o entidad; no se cede la titularidad; se formaliza por acuerdo o convenio y se publica. Delegación de firma (art. 12): solo se delega la firma material; no altera la competencia; no se publica; hay que hacer constar la autoridad de procedencia. Suplencia (art. 13): sustitución temporal del titular por vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación; no altera la competencia ni requiere publicación. Desconcentración (art. 8.2): transferencia, por norma, de la titularidad y el ejercicio a un órgano jerárquicamente dependiente; es permanente. Descentralización: transferencia de competencias a otra persona jurídica pública. En todas ellas, salvo la desconcentración y la descentralización, no hay alteración de la titularidad (art. 8.3).
Centralización y descentralización administrativa
La centralización administrativa concentra la titularidad de las competencias en los órganos superiores de una única Administración, de manera que las Administraciones territoriales inferiores carecen de personalidad jurídica propia y actúan como meras extensiones de aquella. La descentralización, por el contrario, supone la transferencia de la titularidad (no solo del ejercicio) de determinadas competencias desde una Administración a otras personas jurídico-públicas distintas, dotadas de personalidad jurídica, patrimonio, autonomía de gestión e intereses propios diferenciados de los de la Administración matriz, como ocurre con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales o los organismos autónomos y entidades del sector público institucional. La descentralización constituye, así, un fenómeno de reparto de poder político y administrativo entre distintas personas jurídicas, y no un mero reparto interno dentro de una misma organización.
Concentración y desconcentración administrativa
A diferencia de la centralización y la descentralización, que operan entre distintas personas jurídicas, la concentración y la desconcentración se producen dentro de una misma Administración Pública, sin alterar su unidad de personalidad jurídica. La concentración reúne el ejercicio de las competencias en los órganos superiores de la estructura jerárquica. La desconcentración, regulada en el art. 8.2 de la Ley 40/2015, consiste en la transferencia, mediante norma con el rango jurídico necesario, de la titularidad de una competencia (no solo de su ejercicio) desde el órgano superior a un órgano inferior jerárquico dentro de la misma Administración, con carácter permanente y general para todos los supuestos comprendidos en la norma, a diferencia de la delegación, que no transfiere la titularidad de la competencia y puede ser revocada en cualquier momento por el órgano delegante.
Los conflictos de atribuciones entre órganos
El art. 14 de la Ley 40/2015 regula los conflictos de atribuciones, que solo pueden suscitarse entre órganos de una misma Administración Pública no relacionados jerárquicamente entre sí, en relación con un asunto concreto del que ambos estén conociendo o consideren que deben conocer. El órgano que se estime competente puede dirigir al que esté conociendo del asunto el requerimiento de inhibición, debiendo este último resolver en el plazo legalmente establecido; si mantiene su competencia, se produce el conflicto propiamente dicho, que en el caso de los Ministerios corresponde resolver al Consejo de Ministros, y en el caso de otros órganos, al superior jerárquico común de ambos, previo informe, en su caso, del órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico.
Conflictos de atribuciones y conflictos de competencia: diferencias
Debe distinguirse el conflicto de atribuciones del conflicto de competencias. El conflicto de atribuciones se produce entre órganos de una misma Administración que no tienen relación jerárquica entre sí, y se resuelve en vía administrativa (art. 14 de la Ley 40/2015). No pueden suscitar conflicto los órganos jerárquicamente dependientes entre sí, pues el superior resuelve por vía de instrucción u orden. El conflicto de competencias, en cambio, enfrenta a distintas Administraciones territoriales (el Estado y una Comunidad Autónoma, o dos Comunidades), y se resuelve ante el Tribunal Constitucional (arts. 161.1.c y 161.2 CE y la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional) previo requerimiento de incompetencia, dirigido a la otra parte en el plazo de dos meses; los conflictos entre entes locales y el Estado o las Comunidades Autónomas se tramitan por el procedimiento de conflicto en defensa de la autonomía local. Es importante la finalidad práctica del conflicto de atribuciones: evitar la doble resolución de un mismo asunto y garantizar la seguridad jurídica del interesado, que no debe sufrir las consecuencias de la discusión entre órganos.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Delegación de firma: NO transfiere competencia y no exige publicación. Delegación de competencias: SÍ exige publicación y traslada el ejercicio (no la titularidad).
La competencia es irrenunciable e improrrogable, salvo delegación o avocación (art. 8.1 Ley 40/2015); la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia son técnicas adicionales reguladas en arts. 11 a 13.
No cabe delegar: asuntos relativos a la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes Generales o Presidencias/Asambleas Legislativas de las CCAA; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos por el mismo órgano que dictó el acto recurrido; competencias ya ejercidas por delegación de otro órgano; ni las materias que una norma con rango de ley excluya expresamente (art. 9.2 Ley 40/2015).
La avocación exige acuerdo motivado y notificación a los interesados antes o junto con la resolución final; no es recurrible de forma independiente.
Descentralización transfiere la TITULARIDAD a otra persona jurídica distinta; desconcentración transfiere la titularidad pero dentro de la MISMA persona jurídica (a un órgano inferior); la delegación no transfiere titularidad, solo el ejercicio.
Quórum de constitución de órganos colegiados: Presidente + Secretario (o suplentes) + la mitad de los miembros, salvo norma específica distinta.
La encomienda de gestión es para actividades materiales, técnicas o de servicios, no para decidir: nunca supone cesión de la titularidad de la competencia.
Art. 5.1 Ley 40/2015: son órganos administrativos las unidades a las que se atribuyan funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. El órgano no tiene personalidad jurídica propia.
Creación de órganos (art. 5.2): forma de integración y dependencia jerárquica, funciones y competencias, y créditos necesarios. No se crean órganos que dupliquen otros sin suprimir o restringir su competencia.
Delegación de competencias: la resolución se dicta por el órgano delegado y debe indicar que se adopta por delegación; se publica; es revocable. Delegación de firma: no se publica y no altera la competencia.
Suplencia: no altera la competencia y no requiere publicación; si no hay suplente designado, lo designa el órgano administrativo inmediato del que dependa.
Abstención: deber de la autoridad o funcionario; recusación: derecho del interesado. La no abstención genera responsabilidad pero no invalida necesariamente el acto. La resolución de la recusación no es recurrible por separado.
Órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) frente a órganos directivos (Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales); en Madrid, Consejero frente a Viceconsejero, Secretario General Técnico y Director General.
Voto de calidad: el Presidente dirime los empates, salvo en los órganos de composición mixta con alternancia en la presidencia. Voto particular: por escrito en el plazo de dos días.
Un asunto no incluido en el orden del día solo puede tratarse si están presentes todos los miembros y se declara la urgencia por mayoría.
Conflicto de atribuciones (art. 14): entre órganos de una misma Administración sin relación jerárquica. Conflicto de competencias: entre Administraciones territoriales, ante el Tribunal Constitucional.
La encomienda de gestión entre Administraciones distintas se formaliza mediante convenio; dentro de una misma Administración, por acuerdo de los órganos o entidades, y se publica.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
La desconcentración se diferencia de la descentralización en que:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 10 de Administrativo C. Madrid?
El tema 10 desciende de las fuentes del Derecho a la organización interna de la Administración: qué es un órgano administrativo, cómo se diferencia de la persona física que lo ocupa, cómo funcionan los órganos colegiados (comisiones, consejos, juntas) y cómo se reparte y se traspasa la competencia entre órganos mediante figuras como la delegación, la avocación, la encomienda de gestión, la delegación de firma o la suplencia. Es un tema muy técnico, regulado principalmente en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que en el examen se suele testear distinguiendo entre estas figuras de transferencia de competencia (quién decide, quién firma, quién asume la responsabilidad) y entre los pares conceptuales centralización/descentralización y concentración/desconcentración.
¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?
Delegación de firma: NO transfiere competencia y no exige publicación. Delegación de competencias: SÍ exige publicación y traslada el ejercicio (no la titularidad). La competencia es irrenunciable e improrrogable, salvo delegación o avocación (art. 8.1 Ley 40/2015); la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia son técnicas adicionales reguladas en arts. 11 a 13. No cabe delegar: asuntos relativos a la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes Generales o Presidencias/Asambleas Legislativas de las CCAA; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos por el mismo órgano que dictó el acto recurrido; competencias ya ejercidas por delegación de otro órgano; ni las materias que una norma con rango de ley excluya expresamente (art. 9.2 Ley 40/2015). La avocación exige acuerdo motivado y notificación a los interesados antes o junto con la resolución final; no es recurrible de forma independiente. Descentralización transfiere la TITULARIDAD a otra persona jurídica distinta; desconcentración transfiere la titularidad pero dentro de la MISMA persona jurídica (a un órgano inferior); la delegación no transfiere titularidad, solo el ejercicio. Quórum de constitución de órganos colegiados: Presidente + Secretario (o suplentes) + la mitad de los miembros, salvo norma específica distinta. La encomienda de gestión es para actividades materiales, técnicas o de servicios, no para decidir: nunca supone cesión de la titularidad de la competencia. Art. 5.1 Ley 40/2015: son órganos administrativos las unidades a las que se atribuyan funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. El órgano no tiene personalidad jurídica propia. Creación de órganos (art. 5.2): forma de integración y dependencia jerárquica, funciones y competencias, y créditos necesarios. No se crean órganos que dupliquen otros sin suprimir o restringir su competencia. Delegación de competencias: la resolución se dicta por el órgano delegado y debe indicar que se adopta por delegación; se publica; es revocable. Delegación de firma: no se publica y no altera la competencia. Suplencia: no altera la competencia y no requiere publicación; si no hay suplente designado, lo designa el órgano administrativo inmediato del que dependa. Abstención: deber de la autoridad o funcionario; recusación: derecho del interesado. La no abstención genera responsabilidad pero no invalida necesariamente el acto. La resolución de la recusación no es recurrible por separado. Órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) frente a órganos directivos (Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales); en Madrid, Consejero frente a Viceconsejero, Secretario General Técnico y Director General. Voto de calidad: el Presidente dirime los empates, salvo en los órganos de composición mixta con alternancia en la presidencia. Voto particular: por escrito en el plazo de dos días. Un asunto no incluido en el orden del día solo puede tratarse si están presentes todos los miembros y se declara la urgencia por mayoría. Conflicto de atribuciones (art. 14): entre órganos de una misma Administración sin relación jerárquica. Conflicto de competencias: entre Administraciones territoriales, ante el Tribunal Constitucional. La encomienda de gestión entre Administraciones distintas se formaliza mediante convenio; dentro de una misma Administración, por acuerdo de los órganos o entidades, y se publica.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 103 y 149.1.18.ª)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 3 a 14, 15 y ss., 23, 24 y 140 y ss.)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 47, 48 y 52)
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (encargos a medios propios)
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid
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