Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
Con este tema arranca el bloque de Seguridad Social, regulado en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Es un tema denso en datos concretos (sujetos obligados, plazos, funciones de cada organismo) que conviene estudiar distinguiendo tres bloques: el encuadramiento (inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas), la financiación del sistema (cotización y recaudación) y la organización administrativa (Entidades Gestoras, Servicios Comunes, Mutuas y regímenes especiales).
Una advertencia para el opositor: la LGSS ha sido modificada en los últimos años por reformas relevantes, entre ellas el nuevo sistema de cotización de los autónomos por rendimientos reales (Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, aplicable desde el 1 de enero de 2023) y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la cuota de solidaridad (Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo). Algunas cifras (bases máximas y mínimas, tipos adicionales, tramos de autónomos) se actualizan cada ejercicio, por lo que de cara al examen lo esencial es dominar la estructura, los conceptos y las diferencias entre figuras, contrastando siempre las cifras exactas con la normativa vigente en el año de la convocatoria.
La Ley General de la Seguridad Social organiza el sistema, en sus disposiciones generales, en torno a la distinción entre un Régimen General y una pluralidad de Regímenes Especiales. El Régimen General constituye el régimen de referencia y aplicación más extensa, dirigido a la generalidad de los trabajadores por cuenta ajena y asimilados a ellos, cualquiera que sea el sector de actividad en que presten sus servicios. Los Regímenes Especiales, por su parte, se establecen para aquellas actividades profesionales que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar, o por la índole de sus procesos productivos, requieren una normativa distinta y adaptada a sus circunstancias específicas. Esta estructura dual responde a la necesidad de dar cobertura de Seguridad Social a colectivos muy heterogéneos (trabajadores por cuenta propia, trabajadores del mar, empleados de hogar, entre otros) sin renunciar a la unidad esencial del sistema, unidad que se manifiesta, entre otros aspectos, en la existencia de unos principios y unas prestaciones comunes a todos los regímenes que integran el sistema. El fundamento constitucional está en el artículo 41 de la Constitución, que ordena a los poderes públicos mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, siendo libres las prestaciones complementarias. El artículo 149.1.17.ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas, razón por la cual la Comunidad de Madrid no legisla en materia de cotización ni de prestaciones. La LGSS (art. 10) distingue el Régimen General, los regímenes especiales y los sistemas especiales, estos últimos integrados dentro de un régimen para atender peculiaridades de determinadas actividades.
Marco normativo del tema
Conviene conocer la norma de cabecera de cada materia. La LGSS (Real Decreto Legislativo 8/2015) es la ley de referencia. Su desarrollo reglamentario se encuentra, entre otras, en las siguientes normas: el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; y el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social. El régimen de infracciones y sanciones se contiene en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LISOS), y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se rige por la Ley 23/2015, de 21 de julio. Para los autónomos son claves la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, y la Ley 6/2017, de reformas urgentes del trabajo autónomo; para las Mutuas, la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, y para los trabajadores del mar, la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.
El Régimen General de la Seguridad Social
El Régimen General de la Seguridad Social, regulado en el Título II de la Ley General de la Seguridad Social, es el régimen que da cobertura a la generalidad de los trabajadores por cuenta ajena, con independencia del sector de actividad en que presten sus servicios, así como a determinados colectivos asimilados por disposición legal. A lo largo de las últimas décadas, el Régimen General ha ido absorbiendo progresivamente colectivos que anteriormente contaban con regímenes especiales propios, integrándolos como sistemas especiales dentro del propio Régimen General: es el caso del antiguo Régimen Especial Agrario, hoy Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y del Régimen Especial de Empleados de Hogar, hoy Sistema Especial para Empleados de Hogar. Esta tendencia a la unificación responde a la voluntad del legislador de simplificar el sistema y de homogeneizar, en la medida de lo posible, los derechos y obligaciones de los distintos colectivos de trabajadores, manteniendo únicamente las peculiaridades estrictamente justificadas por la naturaleza de cada actividad. En concreto, el Régimen Especial Agrario se integró en el Régimen General como Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios (Ley 28/2011, de 22 de septiembre) y el Régimen Especial de Empleados de Hogar como Sistema Especial para Empleados de Hogar (Ley 27/2011, de 1 de agosto), ambos con efectos desde el 1 de enero de 2012. El Régimen General incluye también, por asimilación legal, a colectivos como los socios trabajadores de cooperativas, los consejeros y administradores de sociedades de capital que ejercen funciones de dirección y gerencia sin control efectivo de la sociedad, los religiosos o los cargos públicos representativos, según la regulación específica de cada uno.
Los regímenes especiales de la Seguridad Social
La LGSS prevé el establecimiento de Regímenes Especiales para aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar, o por la índole de sus procesos productivos, se hace necesaria una estructuración diferenciada para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social. Entre los regímenes especiales destacan: el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), por su volumen de afiliados; el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, gestionado en cuanto a prestaciones por el Instituto Social de la Marina; y los regímenes especiales de los funcionarios públicos civiles y militares, gestionados por mutualidades (MUFACE para los funcionarios civiles del Estado, ISFAS para las Fuerzas Armadas y MUGEJU para la Administración de Justicia). Debe distinguirse de ellos el Régimen de Clases Pasivas del Estado, que opera al margen del sistema de Seguridad Social y se dirige a funcionarios que ingresaron en la función pública antes del 1 de enero de 2011; desde esa fecha, el personal funcionario de nuevo ingreso se integra en el Régimen General (Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre). Cada régimen especial cuenta con sus propias reglas de afiliación, cotización y acción protectora, dentro siempre del marco común del sistema. No debe confundirse régimen especial (colectivo con régimen propio) con sistema especial (conjunto de reglas singulares de encuadramiento o cotización dentro de un régimen, sin constituir régimen separado).
La afiliación al sistema: concepto y caracteres
La afiliación es el acto administrativo por el cual la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce a una persona su inclusión en el Sistema de la Seguridad Social, constituyendo el presupuesto indispensable para el nacimiento de la relación jurídica de Seguridad Social. La LGSS declara que la afiliación es obligatoria y única para toda la vida de la persona y que sus efectos se extienden a todo el sistema; la doctrina añade su carácter exclusivo, en el sentido de que cada persona tiene un solo número de Seguridad Social, que se mantiene aunque cambie de régimen, de empresa o de actividad. Conviene no confundir los conceptos: la afiliación es única (se produce una sola vez en la vida), mientras que el alta se repite cada vez que se inicia una actividad que determina la inclusión en un régimen. La afiliación puede solicitarse por el empresario respecto de los trabajadores a su servicio que no estuvieran afiliados, por el propio trabajador por cuenta propia o, subsidiariamente, por el trabajador afectado, y puede practicarse de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, a raíz de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de los datos de que disponga. Se regula en el Título I de la LGSS y en el Real Decreto 84/1996.
El número de la Seguridad Social y la inscripción de empresas
Al afiliarse, la Tesorería General de la Seguridad Social asigna a la persona un número de Seguridad Social (NUSS) de doce dígitos, que la identifica ante el sistema durante toda su vida y que no cambia con las altas y bajas posteriores. Por su parte, la inscripción de empresas es el acto administrativo por el cual la Tesorería General reconoce la condición de empresario a quien contrata trabajadores, asignándole un código de cuenta de cotización (CCC) para cada provincia o actividad que determine el encuadramiento. La inscripción es única para cada empresario, no se repite, y es previa o simultánea a la primera alta de un trabajador. La empresa debe comunicar las variaciones que afecten a los datos inscritos (cambio de domicilio, de actividad, de forma jurídica o de titularidad, entre otras) y, cuando cese definitivamente en su actividad, la baja de la inscripción. No debe confundirse el número de afiliación de la persona (único para toda la vida) con el código de cuenta de cotización de la empresa (identifica a la empresa o centro a efectos de cotización).
El alta en la Seguridad Social: concepto y clases
El alta es el acto administrativo mediante el cual se formaliza la incorporación efectiva de un trabajador a un régimen determinado del Sistema de la Seguridad Social, produciéndose en el momento en que se inicia la actividad determinante de su inclusión en el campo de aplicación del sistema. A diferencia de la afiliación, puede producirse varias veces a lo largo de la vida laboral. En el Régimen General el alta debe solicitarse con anterioridad al inicio de la prestación de servicios, por lo que no es válida una comunicación posterior al inicio de la actividad. Junto a la situación de alta propiamente dicha, la LGSS regula las situaciones asimiladas al alta, que producen los mismos efectos que esta a determinados fines protectores aunque el trabajador no esté prestando servicio efectivo: entre otras, la situación legal de desempleo total mientras se perciba prestación o subsidio, la excedencia forzosa, el traslado por la empresa fuera del territorio nacional, el convenio especial con la Seguridad Social, la huelga legal y el cierre patronal, y los periodos de excedencia por cuidado de hijos o familiares en la medida en que la ley los asimila. Cada situación asimilada tiene su propio alcance protector, según la normativa reguladora. La diferencia entre alta y situación asimilada al alta es una distinción frecuente en preguntas de requisitos de prestaciones (por ejemplo, para la jubilación o la viudedad no siempre se exige el alta).
El alta real y el alta de pleno derecho
Dentro de la situación de alta, conviene distinguir el alta real del alta de pleno derecho, también llamada alta presunta. El alta real es la que resulta de la comunicación formal, en el plazo y forma reglamentarios, que realiza el sujeto obligado (con carácter general, el empresario respecto de sus trabajadores) ante la Tesorería General de la Seguridad Social. El alta de pleno derecho es una garantía legal que opera en beneficio del trabajador con independencia de que el empresario haya cumplido o no su obligación de solicitar el alta: la LGSS (art. 166) considera que los trabajadores incluidos en el Régimen General se encuentran de pleno derecho en situación de alta a efectos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, aunque su empresario hubiera incumplido sus obligaciones, y la misma lógica protectora se extiende, con matices, a otras prestaciones. Cuando el empresario incumple, la Entidad Gestora o la Mutua anticipa la prestación al trabajador y puede reclamar después al empresario incumplidor, que responde del pago de las prestaciones. El alta de pleno derecho no sana el incumplimiento: el empresario sigue siendo sancionable por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y debe ingresar las cuotas atrasadas con sus recargos. Es una institución de finalidad tuitiva: evitar que el incumplimiento empresarial perjudique al trabajador.
La baja en la Seguridad Social
La baja en la Seguridad Social es el acto administrativo mediante el cual se formaliza el cese de un trabajador en la actividad determinante de su inclusión en el campo de aplicación del sistema, y debe comunicarse dentro del plazo reglamentario desde que se produce dicho cese. Mientras no se formalice la comunicación de baja, subsiste la obligación de cotizar por parte del sujeto obligado, salvo que se acredite fehacientemente el cese efectivo de la actividad por otros medios de prueba, correspondiendo a la Tesorería General de la Seguridad Social verificar la efectividad y la fecha real del cese cuando existan indicios de que la baja comunicada no se ajusta a la realidad. La correcta y puntual comunicación de la baja resulta especialmente relevante en la gestión práctica de personal, ya que de ella depende tanto el cese de la obligación de cotizar como, en su caso, el reconocimiento de determinadas prestaciones (como la prestación por desempleo) cuya situación legal protegida exige, precisamente, la extinción o suspensión de la relación laboral debidamente formalizada. Además de las altas y bajas, deben comunicarse las variaciones de datos que afecten a la relación de aseguramiento (cambios de categoría o grupo de cotización, de contrato, de jornada, de domicilio, de la situación de pluriempleo, etc.), porque de ellas depende la correcta determinación de las bases y de los tipos de cotización. En las Administraciones Públicas, los actos de nombramiento, toma de posesión y cese del personal funcionario interino, laboral y estatutario temporal dan lugar a altas y bajas que debe tramitar el órgano de personal por el sistema electrónico de la Seguridad Social, lo que enlaza este tema con el bloque de gestión de recursos humanos.
Los sujetos obligados a solicitar afiliación, alta y baja
La LGSS atribuye la obligación de solicitar la afiliación, el alta y la baja a distintos sujetos según el régimen y la naturaleza de la actividad. Con carácter general, en el Régimen General corresponde al empresario solicitar la afiliación de los trabajadores que ingresen a su servicio y no estuvieran afiliados, así como comunicar el alta con carácter previo al inicio de la prestación de servicios y la baja dentro del plazo reglamentario desde su cese. En los regímenes de trabajadores por cuenta propia, como el RETA, es el propio trabajador autónomo quien debe solicitar su afiliación y alta. Como garantía adicional del sistema, el propio trabajador, o sus representantes legales, pueden instar la afiliación o el alta cuando el sujeto obligado hubiera incumplido su obligación, y la Tesorería General puede practicarlas de oficio. El incumplimiento de estas obligaciones (por ejemplo, no dar de alta al trabajador antes de que empiece a trabajar) constituye una infracción tipificada en la LISOS, que sanciona la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con independencia de la responsabilidad del empresario en orden a las prestaciones que el trabajador no pueda percibir por esa causa.
Medios de gestión: Sistema RED, sede electrónica y liquidación directa
Las comunicaciones de afiliación, alta, baja y variación de datos se realizan por medios electrónicos. El Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos) es el canal electrónico de relación entre la Tesorería General y las empresas, a través de autorizados RED (profesionales colegiados, gestorías o la propia empresa). La sede electrónica de la Seguridad Social permite a ciudadanos y empresas realizar trámites con certificado electrónico, Cl@ve u otros sistemas de identificación. Desde 2012 rige en el Régimen General el Sistema de Liquidación Directa (Cret@): en lugar de que la empresa calcule las cuotas, remite los datos de las retribuciones y de las bases y la propia Tesorería General calcula las cuotas a ingresar y emite el recibo de liquidación. Estos medios han reforzado la regla de que el alta debe ser previa al inicio de la actividad, pues el sistema registra la fecha y hora de la comunicación como prueba.
La cotización a la Seguridad Social: concepto
La cotización constituye la obligación de pago periódico de las cuotas correspondientes al Sistema de la Seguridad Social, calculadas aplicando a las bases de cotización los tipos vigentes, con la finalidad de financiar las prestaciones del sistema. Se trata de una obligación legal, de derecho público, que nace desde el mismo momento del inicio de la actividad determinante de la inclusión en el campo de aplicación de la Seguridad Social, con independencia de que se hayan cumplido o no las obligaciones de afiliación y alta. Su carácter de obligación de derecho público implica que resulta indisponible para las partes: no cabe pacto alguno entre empresario y trabajador que exonere a este de la parte de cuota que legalmente le corresponde, siendo nulo cualquier acuerdo en tal sentido, y correspondiendo al empresario, como sujeto responsable, el ingreso de la totalidad de la cuota, tanto la de su propia aportación como la correspondiente al trabajador. La relación jurídica de cotización es distinta e independiente de la relación jurídica de protección: el impago de cuotas no impide, como regla, que el trabajador cause las prestaciones (alta de pleno derecho y anticipo de prestaciones), pero sí genera responsabilidad del empresario.
Los sujetos obligados a cotizar
En el Régimen General de la Seguridad Social, la obligación de cotizar recae conjuntamente sobre el empresario y el trabajador, si bien es el empresario quien asume la condición de sujeto responsable del cumplimiento de dicha obligación frente a la Tesorería General de la Seguridad Social. Corresponde al empresario, en el momento de efectuar el pago de las retribuciones a sus trabajadores, descontar de dicho pago la parte de la cuota que corresponde a la aportación del trabajador, e ingresar conjuntamente ambas aportaciones (empresarial y del trabajador) dentro del plazo reglamentario de liquidación. En los regímenes de trabajadores por cuenta propia, como el Régimen Especial de Autónomos, la obligación de cotizar recae directamente y en su integridad sobre el propio trabajador autónomo, sin que exista, por la propia naturaleza de la actividad, una figura equivalente al empresario que asuma una aportación diferenciada, correspondiéndole en consecuencia la totalidad de la cuota calculada sobre la base de cotización que hubiera elegido o que le corresponda conforme a su nivel de rendimientos.
Las bases de cotización
La base de cotización por contingencias comunes en el Régimen General está constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en dinero como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias (prorrata), con las exclusiones expresamente previstas por la ley para determinados conceptos (como ciertas indemnizaciones, las prestaciones de la Seguridad Social y determinadas mejoras voluntarias, y las asignaciones para gastos de locomoción y dietas dentro de los límites legales). La base resultante debe respetar los topes legales. La base máxima es común a todos los grupos de cotización y se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la norma que la sustituya cuando los presupuestos se prorrogan; las bases mínimas, diferenciadas por grupos de cotización, se actualizan cada año en función del salario mínimo interprofesional y se publican en la orden ministerial anual de cotización. Existen once grupos de cotización: los grupos 1 a 7 (ingenieros y licenciados, ingenieros técnicos y peritos, jefes administrativos y de taller, ayudantes no titulados, oficiales administrativos, subalternos y auxiliares administrativos) cotizan por bases mensuales, y los grupos 8 a 11 (oficiales de primera y segunda, oficiales de tercera y especialistas, y peones) lo hacen por bases diarias. En contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) la base incluye las horas extraordinarias, mientras que en contingencias comunes estas cotizan separadamente.
Los tipos de cotización
El tipo de cotización es el porcentaje que, aplicado sobre la base, determina la cuota a ingresar. La LGSS distingue distintos tipos según la contingencia protegida. Para contingencias comunes el tipo general es del 28,30 por ciento, del cual el 23,60 por ciento corresponde a la empresa y el 4,70 por ciento al trabajador, con un peso claramente mayor de la aportación empresarial. Para contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) se aplica una tarifa de primas que varía según la actividad económica de la empresa (código de actividad CNAE) y que es de cargo exclusivo del empresario. Se añaden los tipos de las demás coberturas: desempleo (con carácter general, 7,05 por ciento en la contratación indefinida, del que el 5,50 por ciento corresponde a la empresa y el 1,55 por ciento al trabajador, y tipos superiores en la contratación temporal), Fondo de Garantía Salarial (0,20 por ciento, solo a cargo de la empresa) y formación profesional (0,70 por ciento, del que el 0,60 por ciento es de la empresa y el 0,10 por ciento del trabajador). A ellos se suma la cotización adicional del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), creado por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, con un tipo creciente (0,6 por ciento en 2023, con incrementos anuales de una décima hasta el 1,2 por ciento en 2029), distribuido en una proporción de cinco sextos a cargo de la empresa y un sexto a cargo del trabajador. La misma norma introdujo una cuota de solidaridad sobre la parte del salario que supera la base máxima de cotización, con tipos progresivos hasta 2045. Los tipos y los topes se actualizan por norma anual, por lo que las cifras deben contrastarse con la normativa del ejercicio de la convocatoria.
La recaudación de cuotas: vía voluntaria y vía ejecutiva
La recaudación de las cuotas de la Seguridad Social se organiza en dos periodos sucesivos. En el periodo voluntario, el sujeto responsable dispone de un plazo reglamentario para liquidar e ingresar las cuotas correspondientes a cada mensualidad: en el Régimen General, las cuotas se ingresan a mes vencido, dentro del mes siguiente al de su devengo, sin recargo alguno si se hace dentro del plazo. Transcurrido el plazo reglamentario sin pago, comienza la fase de reclamación: la Tesorería General emite una reclamación de deuda (o, si la deuda procede de una actuación inspectora, la Inspección extiende un acta de liquidación) y, si aún no se paga, se inicia la vía ejecutiva o de apremio con providencia de apremio, recargos e intereses de demora, y la posibilidad de embargo de bienes del deudor. Los porcentajes de recargo han sido modificados varias veces, por lo que no conviene memorizar cifras sin contrastarlas. La Tesorería General puede conceder aplazamientos y fraccionamientos de pago de la deuda en los casos y con los requisitos legales. La obligación de pago de las cuotas prescribe a los cuatro años, contados desde que finaliza el plazo de ingreso, y la prescripción se interrumpe por las actuaciones de la Administración o del deudor (art. 24 LGSS). La gestión recaudatoria, tanto en vía voluntaria como ejecutiva, corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, en su condición de caja única del sistema.
Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y los Servicios Comunes
Las Entidades Gestoras son organismos públicos con personalidad jurídica propia, adscritos al Ministerio competente en materia de Seguridad Social, a los que corresponde la gestión y administración de las prestaciones y servicios del sistema. Son cuatro: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), competente con carácter general para reconocer y gestionar las prestaciones económicas del sistema (con la excepción de las que gestiona el ISM); el Instituto Social de la Marina (ISM), que gestiona las prestaciones del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la sanidad marítima y otras funciones de protección social del colectivo marítimo-pesquero; el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), competente en servicios sociales complementarios (personas mayores y dependencia) y en la gestión de la atención a la dependencia en Ceuta y Melilla; y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que gestiona la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla. Junto a ellas existen los Servicios Comunes, que prestan funciones de apoyo a todo el sistema: la Tesorería General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Es un error frecuente considerar a la Tesorería como Entidad Gestora: es un Servicio Común.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social: funciones
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es la Entidad Gestora a la que corresponde, con carácter general, el reconocimiento y la gestión de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en el Régimen General y, por delegación o encomienda, en la mayor parte de los regímenes especiales (con la excepción del Régimen Especial del Mar, gestionado por el Instituto Social de la Marina). Entre sus funciones más relevantes se encuentran: reconocer el derecho a las prestaciones económicas del sistema (jubilación, incapacidad temporal y permanente, muerte y supervivencia, prestaciones familiares, nacimiento y cuidado de menor, entre otras); declarar, a través de los Equipos de Valoración de Incapacidades, los grados de incapacidad permanente y revisar sus resoluciones; gestionar el Ingreso Mínimo Vital, prestación no contributiva incorporada al sistema en 2020; y llevar el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, instrumento que permite el control de la incompatibilidad entre las distintas prestaciones del sistema de protección social en su conjunto. El INSS se organiza en servicios centrales y Direcciones Provinciales, y los órganos que resuelven los expedientes de incapacidad permanente son los Directores Provinciales, a propuesta de los Equipos de Valoración de Incapacidades. Entre sus competencias están también la gestión de la prestación por nacimiento y cuidado de menor, de la pensión de jubilación, de las pensiones no contributivas de ámbito estatal en los territorios no transferidos y del complemento de ayuda para la infancia del Ingreso Mínimo Vital. No debe confundirse con la protección por desempleo, que corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que no es Entidad Gestora de la Seguridad Social en sentido estricto.
La Tesorería General de la Seguridad Social: funciones
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) es el servicio común del sistema encargado de la gestión de los recursos económicos y de la administración financiera del mismo, actuando bajo el principio de caja única, en virtud del cual todos los recursos del sistema, cualquiera que sea su procedencia, se destinan a atender sus obligaciones sin adscripción específica a fines determinados. Entre sus funciones esenciales se encuentran: la gestión del encuadramiento en el sistema, incluyendo la inscripción de empresas y la tramitación de la afiliación, las altas y las bajas de los trabajadores; la gestión recaudatoria de las cuotas, tanto en periodo voluntario como en vía de apremio; el control del cumplimiento de las obligaciones de cotización por parte de empresarios y trabajadores; y la titularidad del patrimonio único de la Seguridad Social. La distinción entre el INSS, centrado en el reconocimiento y pago de prestaciones, y la TGSS, centrada en el encuadramiento y la gestión económico-financiera del sistema, es una de las cuestiones más recurrentes en las preguntas de examen sobre esta materia.
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (reguladas por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, y por la LGSS) son asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro, constituidas con la finalidad de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, previa autorización del Ministerio competente, bajo cuya dirección y tutela ejercen su actividad y a cuyo control financiero y de gestión están sometidas. Colaboran en la gestión de las contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional), tanto en las prestaciones económicas como en la asistencia sanitaria y la recuperación; en la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, cuando el empresario opta por ello; en las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; y en la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Los empresarios se asocian mediante un documento de asociación, de duración mínima anual y prorrogable. A pesar de su naturaleza asociativa privada, las Mutuas gestionan fondos públicos de la Seguridad Social, que forman parte del patrimonio único de esta, y su actuación se somete a un estricto control público; no pueden sustituir a las Entidades Gestoras ni asumir competencias reservadas a estas (como la declaración de la incapacidad permanente).
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
El Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) agrupa, conforme al artículo 305 de la LGSS, a las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo, aunque utilicen el servicio remunerado de otras personas, y a otros colectivos que la ley incluye (como los socios de determinadas sociedades mercantiles y los familiares colaboradores en los términos legales). Desde el 1 de enero de 2023 rige un nuevo sistema de cotización basado en los rendimientos netos reales obtenidos por la actividad, establecido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que sustituyó al anterior sistema de libre elección de base de cotización: el autónomo debe encuadrarse, según una previsión de sus rendimientos anuales netos, en uno de los tramos de una tabla (con tramos reducidos para rendimientos bajos y una tabla general), con la correspondiente base de cotización asociada a cada tramo; el sistema se articula en un calendario progresivo de tablas con revisión periódica. Existe además una regularización anual a partir de los datos fiscales de la Agencia Tributaria: si la previsión resultó inferior a los rendimientos reales, el autónomo ingresa la diferencia, y si fue superior, se le devuelve. Los autónomos cotizan por todas las contingencias, incluidas las profesionales y la incapacidad temporal por contingencias comunes, y disponen de la protección por cese de actividad (prestación económica por cese de la actividad del trabajador autónomo). Para quienes inician la actividad existe una cuota reducida inicial (la llamada tarifa plana), con una duración inicial de doce meses y una cuantía reducida muy inferior a la cuota ordinaria, ampliable en determinados casos de ingresos bajos.
Los funcionarios públicos: MUFACE, ISFAS, MUGEJU y Clases Pasivas
Los funcionarios públicos cuentan con regímenes especiales propios gestionados por mutualidades. El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado se gestiona a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE); el de las Fuerzas Armadas, por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS); y el de los funcionarios de la Administración de Justicia, por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Estas mutualidades ofrecen a sus mutualistas, entre otras, la prestación de asistencia sanitaria, que pueden recibir a través del Sistema Nacional de Salud o de entidades de seguro concertadas, a elección del mutualista. En materia de pensiones, el Régimen de Clases Pasivas del Estado se aplica a los funcionarios que ingresaron antes del 1 de enero de 2011, con su propia normativa (el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril); los funcionarios de nuevo ingreso desde esa fecha se integran en el Régimen General de la Seguridad Social. Para el personal de la Comunidad de Madrid conviene recordar que el personal laboral y el personal funcionario interino cotizan al Régimen General, de modo que sus altas, bajas y cotizaciones se tramitan ante la Tesorería General.
Otros regímenes especiales de la Seguridad Social
Además del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el sistema mantiene otros regímenes y sistemas especiales adaptados a colectivos con peculiaridades propias. El Régimen Especial del Mar da cobertura a los trabajadores por cuenta ajena y propia dedicados a la actividad marítimo-pesquera, con reglas propias de encuadramiento y cotización (la cotización se basa en un sistema de grupos de cotización y de coeficientes reductores según las características de la actividad), regulado en lo sustancial por la Ley 47/2015, de 21 de octubre, y gestionado en prestaciones por el Instituto Social de la Marina. El Régimen de Clases Pasivas del Estado es ajeno al sistema de Seguridad Social y está en proceso de extinción para los funcionarios de nuevo ingreso. Dentro del Régimen General subsisten los denominados sistemas especiales: el agrario por cuenta ajena, el de empleados de hogar (que tras el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, comprende, entre otras mejoras, la protección por desempleo y la cotización por tramos de retribución, con equiparación de derechos a los del resto de trabajadores por cuenta ajena) y el de la minería del carbón, entre otros, con particularidades de cotización y encuadramiento que no llegan a constituir un régimen separado. La regla de memoria es que estos sistemas especiales forman parte del Régimen General, mientras que los regímenes especiales son regímenes distintos.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Afiliación: obligatoria y única para toda la vida (la LGSS la configura así; un solo número de Seguridad Social). El alta, en cambio, se repite en cada actividad o régimen.
Alta de pleno derecho: protege al trabajador frente al incumplimiento del empresario, en especial para accidente de trabajo y enfermedad profesional; la Entidad Gestora o Mutua anticipa la prestación y el empresario responde.
El empresario es siempre el sujeto responsable de ingresar la cuota completa (empresarial más la del trabajador), descontando a este su parte en nómina. Es nulo cualquier pacto que exonere al trabajador de su parte.
La base máxima de cotización se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; las bases mínimas por grupos de cotización siguen al salario mínimo interprofesional y se publican en la orden anual de cotización. Son 11 grupos: 1 a 7 por base mensual y 8 a 11 por base diaria.
Tipos de memoria: contingencias comunes 28,30 % (23,60 % empresa y 4,70 % trabajador); desempleo indefinido 7,05 % (5,50 % y 1,55 %); FOGASA 0,20 % solo empresa; formación profesional 0,70 % (0,60 % y 0,10 %). MEI creciente desde 2023 hasta el 1,2 % en 2029, repartido cinco sextos empresa y un sexto trabajador.
Las cuotas prescriben a los cuatro años (art. 24 LGSS). Plazo ordinario de ingreso: a mes vencido, dentro del mes siguiente al devengo.
No confundas INSS (reconoce y gestiona prestaciones económicas) con TGSS (inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas, y recaudación): la TGSS es un Servicio Común, no una Entidad Gestora.
Entidades Gestoras: INSS, ISM, IMSERSO e INGESA. Servicios Comunes: TGSS, Gerencia de Informática, Intervención General y Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
Las Mutuas colaboran (contingencias profesionales siempre; incapacidad temporal por contingencias comunes si el empresario opta) pero nunca sustituyen a las Entidades Gestoras públicas.
RETA: desde 2023 se cotiza por tramos de rendimientos netos reales previstos (Real Decreto-ley 13/2022), con regularización anual posterior a partir de los datos fiscales.
Régimen especial frente a sistema especial: los regímenes especiales (autónomos, mar, funcionarios con mutualidad) son regímenes distintos; los sistemas especiales (agrario por cuenta ajena, empleados de hogar, minería del carbón) están dentro del Régimen General.
Clases Pasivas no es un régimen de la Seguridad Social: se aplica a funcionarios ingresados antes del 1-1-2011; los de nuevo ingreso desde esa fecha se integran en el Régimen General.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
El alta de pleno derecho protege al trabajador cuando el empresario incumple su obligación de dar de alta, en especial respecto de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 31 de Administrativo C. Madrid?
Con este tema arranca el bloque de Seguridad Social, regulado en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Es un tema denso en datos concretos (sujetos obligados, plazos, funciones de cada organismo) que conviene estudiar distinguiendo tres bloques: el encuadramiento (inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas), la financiación del sistema (cotización y recaudación) y la organización administrativa (Entidades Gestoras, Servicios Comunes, Mutuas y regímenes especiales).
Una advertencia para el opositor: la LGSS ha sido modificada en los últimos años por reformas relevantes, entre ellas el nuevo sistema de cotización de los autónomos por rendimientos reales (Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, aplicable desde el 1 de enero de 2023) y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la cuota de solidaridad (Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo). Algunas cifras (bases máximas y mínimas, tipos adicionales, tramos de autónomos) se actualizan cada ejercicio, por lo que de cara al examen lo esencial es dominar la estructura, los conceptos y las diferencias entre figuras, contrastando siempre las cifras exactas con la normativa vigente en el año de la convocatoria.
¿Qué hay que memorizar del Tema 31 para el examen?
Afiliación: obligatoria y única para toda la vida (la LGSS la configura así; un solo número de Seguridad Social). El alta, en cambio, se repite en cada actividad o régimen. Alta de pleno derecho: protege al trabajador frente al incumplimiento del empresario, en especial para accidente de trabajo y enfermedad profesional; la Entidad Gestora o Mutua anticipa la prestación y el empresario responde. El empresario es siempre el sujeto responsable de ingresar la cuota completa (empresarial más la del trabajador), descontando a este su parte en nómina. Es nulo cualquier pacto que exonere al trabajador de su parte. La base máxima de cotización se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; las bases mínimas por grupos de cotización siguen al salario mínimo interprofesional y se publican en la orden anual de cotización. Son 11 grupos: 1 a 7 por base mensual y 8 a 11 por base diaria. Tipos de memoria: contingencias comunes 28,30 % (23,60 % empresa y 4,70 % trabajador); desempleo indefinido 7,05 % (5,50 % y 1,55 %); FOGASA 0,20 % solo empresa; formación profesional 0,70 % (0,60 % y 0,10 %). MEI creciente desde 2023 hasta el 1,2 % en 2029, repartido cinco sextos empresa y un sexto trabajador. Las cuotas prescriben a los cuatro años (art. 24 LGSS). Plazo ordinario de ingreso: a mes vencido, dentro del mes siguiente al devengo. No confundas INSS (reconoce y gestiona prestaciones económicas) con TGSS (inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas, y recaudación): la TGSS es un Servicio Común, no una Entidad Gestora. Entidades Gestoras: INSS, ISM, IMSERSO e INGESA. Servicios Comunes: TGSS, Gerencia de Informática, Intervención General y Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Las Mutuas colaboran (contingencias profesionales siempre; incapacidad temporal por contingencias comunes si el empresario opta) pero nunca sustituyen a las Entidades Gestoras públicas. RETA: desde 2023 se cotiza por tramos de rendimientos netos reales previstos (Real Decreto-ley 13/2022), con regularización anual posterior a partir de los datos fiscales. Régimen especial frente a sistema especial: los regímenes especiales (autónomos, mar, funcionarios con mutualidad) son regímenes distintos; los sistemas especiales (agrario por cuenta ajena, empleados de hogar, minería del carbón) están dentro del Régimen General. Clases Pasivas no es un régimen de la Seguridad Social: se aplica a funcionarios ingresados antes del 1-1-2011; los de nuevo ingreso desde esa fecha se integran en el Régimen General.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 41 y 149.1.17.ª
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social
Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad
Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones
Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la LGSS en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, y Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se integra el Régimen Especial Agrario en el Régimen General
Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre (integración de los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General) y Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado
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