Tema 5. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: Organización y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Administración Local.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
El Título VIII CE (arts. 137 a 158) diseña el llamado «Estado de las Autonomías», un modelo territorial singular que no se define a sí mismo como federal ni como unitario centralizado, sino que reconoce autonomía política a las Comunidades Autónomas y autonomía administrativa a municipios y provincias. Es, junto con el tema de la Constitución, uno de los más preguntados en cualquier oposición de Administración porque combina numerosos datos concretos (vías de acceso a la autonomía, listados competenciales de los arts. 148 y 149, mayorías exigidas) con conceptos de mayor calado (autonomía como garantía institucional, distinción entre competencia exclusiva y competencia compartida) que conviene dominar con precisión.
El Título VIII de la Constitución: la organización territorial del Estado
El Título VIII CE (arts. 137 a 158) se estructura en tres capítulos: el Capítulo I, «Principios generales» (arts. 137 a 139), que fija las bases comunes a toda la organización territorial; el Capítulo II, «De la Administración Local» (arts. 140 a 142), dedicado a municipios y provincias; y el Capítulo III, «De las Comunidades Autónomas» (arts. 143 a 158), el más extenso, que regula el acceso a la autonomía, los Estatutos, el reparto competencial y el control de la actividad autonómica. El art. 137 CE, que abre el título, resume su filosofía: «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». Este precepto consagra un modelo de tres niveles territoriales dotados de autonomía (municipal, provincial y autonómica), coexistiendo todos ellos con el Estado central, en lo que la doctrina ha bautizado como «Estado de las Autonomías», fórmula que no aparece expresamente en el texto constitucional pero que describe con precisión su resultado práctico.
Principios de la organización territorial: autonomía, unidad y solidaridad
Tres principios vertebran el modelo territorial del Título VIII. La autonomía (arts. 2 y 137 CE) reconoce a nacionalidades, regiones, municipios y provincias capacidad de autogobierno para la gestión de sus propios intereses, si bien se trata de una autonomía política plena solo en el caso de las Comunidades Autónomas (que pueden dictar leyes) y meramente administrativa en el de municipios y provincias (que carecen de potestad legislativa). La unidad, proclamada como indisoluble en el art. 2 CE, opera como límite del propio proceso autonómico: la autonomía nunca puede derivar en secesión sin reforma constitucional agravada. La solidaridad, mencionada tanto en el art. 2 como en el art. 138 CE, obliga al Estado a garantizar un equilibrio económico adecuado y justo entre las distintas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular, y prohíbe expresamente que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas puedan implicar privilegios económicos o sociales entre ellas. El art. 139 CE añade el principio de igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio, y prohíbe medidas que obstaculicen la libre circulación de personas y bienes en toda España.
Vías de acceso a la autonomía (arts. 143 y 151 CE)
La Constitución previó dos vías principales de acceso a la autonomía. La vía ordinaria o lenta (art. 143 CE) permitía a provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica, acceder a su autogobierno mediante una iniciativa acordada por todas las Diputaciones interesadas (u órgano interinsular correspondiente) y por dos terceras partes de los municipios de cada provincia cuya población representase, al menos, la mayoría del censo electoral, en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo. La vía rápida o agravada (art. 151 CE), reservada históricamente a los territorios con una experiencia autonómica ya vivida durante la Segunda República (Cataluña, País Vasco y Galicia) más Andalucía (que accedió por esta vía tras un proceso singular del art. 151.1), exigía además la ratificación mediante referéndum, por mayoría absoluta de los electores de cada provincia, de la iniciativa acordada por tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada. El art. 144 CE prevé, además, un supuesto excepcional en que las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, pueden autorizar o acordar un Estatuto de Autonomía incluso para territorios que no reúnan las condiciones del art. 143.1 CE.
El Estatuto de Autonomía: naturaleza jurídica y contenido mínimo
El art. 147.1 CE define al Estatuto de Autonomía como «la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma», que el Estado reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Esta doble naturaleza es característica y muy preguntada en examen: el Estatuto es, formalmente, una ley orgánica del Estado (aprobada por las Cortes Generales conforme al procedimiento del art. 81 CE), pero es, a la vez, la norma institucional básica y propia de la Comunidad Autónoma correspondiente, de rango superior al resto de leyes autonómicas y con una función equiparable, dentro de su ámbito, a la que cumple la Constitución respecto del conjunto del Estado. El art. 147.2 CE fija su contenido mínimo obligatorio: la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica; la delimitación de su territorio; la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias; y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. El art. 147.3 CE remite la reforma de los Estatutos al procedimiento que ellos mismos establezcan, exigiendo en todo caso la aprobación final de las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Procedimientos de elaboración y reforma de los Estatutos de Autonomía
El art. 146 CE regula la elaboración del proyecto de Estatuto por la vía ordinaria: corresponde a una Asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas, y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, que elabora el proyecto y lo eleva a las Cortes Generales para su tramitación como ley (orgánica, conforme al art. 147.3 CE en relación con el art. 81 CE). Para los territorios que accedieron por la vía del art. 151 CE, el procedimiento de elaboración incorporó además una fase de negociación entre una Comisión Constitucional del Congreso y una delegación de la Asamblea que redactó el proyecto, con posterior ratificación mediante referéndum de los electores de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del Estatuto proyectado, antes de su aprobación definitiva por las Cortes Generales como ley orgánica. La reforma de los Estatutos ya aprobados sigue, en todo caso, el procedimiento que cada Estatuto establece en su propio articulado (que suele exigir mayorías reforzadas en la Asamblea Legislativa autonómica y, en ciertos casos, referéndum popular), pero siempre culmina, conforme al art. 147.3 CE, con la aprobación final de las Cortes Generales mediante ley orgánica, sin la cual la reforma estatutaria no puede considerarse perfeccionada.
Organización institucional de las Comunidades Autónomas
El art. 152.1 CE fija el esquema institucional mínimo y común de las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 151 CE (y que, en la práctica, ha sido asumido por la totalidad de las Comunidades Autónomas, con independencia de su vía de acceso): una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la representación ordinaria del Estado en aquella. El propio art. 152.1 CE añade que el Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno son políticamente responsables ante la Asamblea, consagrando así un modelo parlamentario de gobierno autonómico paralelo, en sus rasgos esenciales, al que rige a nivel estatal entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la Nación.
La Asamblea Legislativa autonómica
La Asamblea Legislativa de cada Comunidad Autónoma (Parlamento, Cortes o Asamblea, según la denominación que le dé cada Estatuto) es el órgano de representación popular autonómico, elegido por sufragio universal (que las leyes electorales configuran como libre, igual, directo y secreto), con arreglo a un sistema de representación proporcional que garantice, además, representación a las diversas zonas del territorio de la Comunidad Autónoma (art. 152.1 CE). Sus funciones esenciales son análogas, dentro de su ámbito autonómico, a las que el art. 66.2 CE atribuye a las Cortes Generales a nivel estatal: ejercicio de la potestad legislativa dentro de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en su Estatuto, aprobación de los presupuestos autonómicos, control de la acción del Consejo de Gobierno (mediante preguntas, interpelaciones, mociones, comisiones de investigación y, en su caso, moción de censura o cuestión de confianza si el Estatuto correspondiente las prevé con un diseño análogo al estatal), y elección del Presidente de la Comunidad Autónoma de entre sus propios miembros. Su organización interna (Mesa, Junta de Portavoces, Pleno, Comisiones, Grupos Parlamentarios, Diputación Permanente) reproduce, con las particularidades de cada Reglamento parlamentario autonómico, el modelo organizativo ya visto para el Congreso y el Senado.
El Consejo de Gobierno y el Presidente autonómico
El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que ejerce las funciones ejecutivas y administrativas dentro de cada Comunidad Autónoma (art. 152.1 CE), equivalente, dentro de su ámbito, al Consejo de Ministros a nivel estatal, y se integra por el Presidente y los Consejeros (equivalentes autonómicos de los Ministros), cada uno al frente de una Consejería. El Presidente de la Comunidad Autónoma es elegido por la Asamblea Legislativa de entre sus propios miembros (a diferencia del Presidente del Gobierno de la Nación, que no necesita ser Diputado) y nombrado formalmente por el Rey; ostenta una triple función: dirige el Consejo de Gobierno, asume la suprema representación de la Comunidad Autónoma y ejerce, además, la representación ordinaria del Estado en el territorio autonómico, en tanto que órgano superior de la Administración autonómica que, a la vez, forma parte del entramado institucional del Estado en su conjunto. El Presidente y los demás miembros del Consejo de Gobierno son políticamente responsables ante la Asamblea Legislativa, que puede exigirles responsabilidad mediante los instrumentos de control (moción de censura, cuestión de confianza) que cada Estatuto de Autonomía prevea con un diseño equivalente al estatal.
El Tribunal Superior de Justicia en la organización autonómica
El art. 152.1, párrafo segundo, CE dispone que «un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma». Se trata del único órgano de naturaleza estrictamente judicial que la Constitución integra dentro del esquema institucional autonómico del art. 152.1 CE, si bien conviene tener presente que el Tribunal Superior de Justicia no es un órgano «de» la Comunidad Autónoma en sentido estricto: pertenece al Poder Judicial único del Estado (principio de unidad jurisdiccional del art. 117.5 CE), aunque su ámbito de actuación territorial coincide con el de la Comunidad Autónoma correspondiente y puede conocer, cuando el Estatuto respectivo lo prevea, de recursos relacionados con el Derecho civil, foral o especial propio de dicha Comunidad. Este dato conecta directamente con el desarrollo del Poder Judicial visto en el tema anterior, y suele aparecer en examen combinado con preguntas sobre las instituciones «propiamente» autonómicas (Asamblea, Consejo de Gobierno, Presidente), para comprobar que el opositor distingue bien la naturaleza estatal y no autonómica del TSJ.
Distribución de competencias entre el Estado y las CCAA (arts. 148 y 149 CE)
El sistema de distribución de competencias diseñado por la Constitución es de naturaleza dispositiva o abierta, no cerrada de antemano: el art. 148.1 CE enumera las materias en que «las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias» (no todas las asumen necesariamente, ni con la misma intensidad), mientras que el art. 149.1 CE enumera las materias sobre las que «el Estado tiene competencia exclusiva». La técnica constitucional combina, por tanto, dos listas paralelas cuyo verdadero alcance concreto se determina, en cada caso, por lo que efectivamente asuma cada Estatuto de Autonomía dentro del marco que ambos artículos permiten. El art. 149.3 CE cierra el sistema con tres reglas fundamentales: las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos; la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos corresponderá al Estado; y las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la competencia exclusiva de estas, siendo en todo caso el Derecho estatal supletorio del Derecho autonómico.
Las competencias exclusivas del Estado
El art. 149.1 CE enumera un extenso catálogo de materias reservadas a la competencia exclusiva del Estado, entre las que destacan, por su frecuencia en examen: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (149.1.1ª); nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (149.1.2ª); relaciones internacionales (149.1.3ª); Defensa y Fuerzas Armadas (149.1.4ª); Administración de Justicia (149.1.5ª); legislación mercantil, penal, penitenciaria y procesal (149.1.6ª); legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan (149.1.8ª); Hacienda general y Deuda del Estado (149.1.14ª); régimen aduanero y arancelario, comercio exterior (149.1.10ª); sistema monetario, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros (149.1.11ª); legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas (149.1.7ª); y las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (149.1.18ª), materia esta última de conexión directa con el propio Estatuto Básico del Empleado Público.
Las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas
El art. 148.1 CE enumera, en veintidós apartados, las materias sobre las que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias, entre las que figuran, a título de ejemplo: organización de sus instituciones de autogobierno (148.1.1ª); alteraciones de los términos municipales y funciones en materia de Administración local (148.1.2ª); ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (148.1.3ª); obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio (148.1.4ª); agricultura y ganadería (148.1.7ª); montes y aprovechamientos forestales (148.1.8ª); gestión en materia de protección del medio ambiente (148.1.9ª); asistencia social (148.1.20ª); sanidad e higiene (148.1.21ª); y fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma (148.1.17ª). El art. 148.2 CE añade una previsión de ampliación temporal: transcurridos cinco años desde la aprobación de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el art. 149 CE, mediante la correspondiente reforma estatutaria, mecanismo que en la práctica ha permitido una progresiva equiparación competencial entre las distintas Comunidades Autónomas con independencia de su vía inicial de acceso a la autonomía.
Las leyes de transferencia y delegación (art. 150 CE)
El art. 150 CE prevé tres instrumentos legales específicos para modular el reparto competencial más allá de lo asumido directamente en cada Estatuto. Las leyes marco (art. 150.1 CE) permiten a las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas dentro de los principios, bases y directrices fijados por la propia ley estatal, correspondiendo a esta, en cada caso, el establecimiento de las modalidades de control por las Cortes Generales sobre estas normas de las Comunidades Autónomas. Las leyes orgánicas de transferencia o delegación (art. 150.2 CE, conocidas por su acrónimo doctrinal LOTRAVA) permiten al Estado transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, previendo en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros y las formas de control que se reserve el Estado. Las leyes de armonización (art. 150.3 CE) permiten al Estado dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en materias atribuidas a su competencia, cuando así lo exija el interés general, correspondiendo a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
Los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA
Cuando el Estado y una Comunidad Autónoma (o varias Comunidades Autónomas entre sí) discrepan sobre a quién corresponde el ejercicio de una determinada competencia, el art. 161.1.c) CE atribuye al Tribunal Constitucional la resolución de estos conflictos, que pueden ser positivos (cuando quien plantea el conflicto entiende que una disposición o resolución de otra Administración invade su propio ámbito competencial) o negativos (cuando ninguna Administración se considera competente para atender una pretensión concreta de un particular, o cuando el Gobierno requiere a una Comunidad Autónoma para que ejerza una competencia que esta rehúsa). Con carácter previo al planteamiento del conflicto positivo ante el Tribunal Constitucional, el órgano que se considere afectado debe dirigir un requerimiento de incompetencia al órgano autor de la disposición o resolución controvertida, dándole la oportunidad de rectificarla; solo si este requerimiento no es atendido dentro del plazo legalmente previsto procede acudir al Tribunal Constitucional (el requerimiento debe formularse, en general, dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la disposición). Distinto de este mecanismo es el sistema general de control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas que establece el art. 153 CE: el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el ejercicio de las funciones delegadas del art. 150.2; la jurisdicción contencioso-administrativa, la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y el Tribunal de Cuentas, el control económico y presupuestario.
La Administración Local: regulación constitucional (arts. 137, 140 y 141 CE)
La Administración Local se regula constitucionalmente, ante todo, en el art. 137 CE (que la incluye, junto a las Comunidades Autónomas, entre las entidades territoriales dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses) y, con mayor detalle, en el Capítulo II del Título VIII (arts. 140 a 142 CE), dedicado específicamente a municipios y provincias. El art. 140 CE garantiza la autonomía municipal y su personalidad jurídica plena, atribuyendo su gobierno y administración a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales; los Concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley, y los Alcaldes son elegidos por los Concejales o por los vecinos (en la práctica, por los Concejales según la LOREG, correspondiendo la alcaldía al cabeza de la lista más votada si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta), previendo además la ley el régimen del concejo abierto para los municipios de menor tamaño. El art. 141 CE define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, cuya alteración de límites exige necesariamente ley orgánica de las Cortes Generales. El art. 141.3 permite crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, y el 141.4 reconoce a las islas de los archipiélagos una administración propia en forma de Cabildos o Consejos Insulares. El art. 142 garantiza la suficiencia de las Haciendas locales, que se nutren de tributos propios y de la participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La autonomía local y la garantía institucional
La autonomía local reconocida en los arts. 137, 140 y 141 CE ha sido caracterizada por la doctrina y por la jurisprudencia constitucional como una «garantía institucional», concepto técnico que conviene distinguir bien de la autonomía política de las Comunidades Autónomas: la garantía institucional protege un núcleo esencial identificable de la institución (en este caso, la Administración Local) frente a su desnaturalización o vaciamiento por el legislador, pero no impide que este configure con amplia libertad su contenido concreto en cada momento histórico, ni le atribuye potestad legislativa propia (a diferencia de las Comunidades Autónomas, que sí gozan de autonomía política plena, incluida la capacidad legislativa dentro de su ámbito competencial). En consecuencia, municipios y provincias solo cuentan con potestad reglamentaria y ejecutiva (ordenanzas, reglamentos orgánicos, actos administrativos) pero nunca con capacidad para aprobar normas con rango de ley, y su ámbito material de actuación depende, en última instancia, de lo que en cada momento les atribuyan la legislación básica del Estado (Ley de Bases del Régimen Local) y la legislación sectorial correspondiente, tanto estatal como autonómica, dentro del respectivo reparto competencial.
El municipio: elementos y organización
El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad. Sus elementos esenciales son tres: el territorio (el término municipal, delimitación espacial dentro de la cual el Ayuntamiento ejerce sus competencias), la población (el conjunto de personas inscritas en el padrón municipal de habitantes, que atribuye la condición de vecino) y la organización (el Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, conforme al art. 140 CE). El gobierno y la administración municipal corresponden al Ayuntamiento, que se organiza en Pleno (órgano de máxima representación política, integrado por todos los Concejales, con funciones normativas, de control y de fiscalización de los demás órganos de gobierno municipal), Alcalde (que ostenta la presidencia de la Corporación y las principales funciones ejecutivas, de representación y de dirección del gobierno y la administración municipal) y, en los municipios de mayor población, Junta de Gobierno Local (órgano colegiado de asistencia al Alcalde, con funciones ejecutivas delegadas).
La provincia como entidad local
La provincia, conforme al art. 141.1 CE, es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, que cumple una doble función: es, de un lado, entidad local para la gestión de intereses propios (fundamentalmente de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión) y, de otro, división territorial para el cumplimiento de las actividades del propio Estado (marco territorial de referencia para buena parte de su organización periférica, como las Subdelegaciones del Gobierno). Su gobierno y administración autónoma se encomienda a las Diputaciones Provinciales u otras Corporaciones de carácter representativo (art. 141.2 CE), integradas por Diputados Provinciales elegidos de forma indirecta, mediante un sistema de elección de segundo grado a partir de los Concejales electos en las elecciones municipales de la propia provincia, y no mediante sufragio universal directo. El art. 141.1 CE exige, además, que cualquier alteración de los límites provinciales sea aprobada necesariamente por las Cortes Generales mediante ley orgánica, garantía que blinda el mapa provincial frente a modificaciones por decisión unilateral del Gobierno o de una Comunidad Autónoma.
Otras entidades locales: comarcas, mancomunidades y áreas metropolitanas
Junto al municipio y la provincia, entidades locales de existencia necesaria y garantizadas directamente por la Constitución, el ordenamiento local reconoce otras entidades de existencia potestativa, creadas cuando así lo decidan las Comunidades Autónomas o los propios municipios afectados. Las comarcas son agrupaciones de municipios limítrofes, creadas por las Comunidades Autónomas cuando así lo prevean sus Estatutos de Autonomía, para la gestión de servicios de ámbito supramunicipal. Las mancomunidades de municipios son entidades locales de carácter voluntario que los propios municipios pueden constituir libremente entre sí, con personalidad y capacidad jurídica propia, para la ejecución en común de obras y la prestación de servicios determinados de su competencia, sin que su ámbito territorial tenga que ajustarse necesariamente al de una única provincia. Las áreas metropolitanas son entidades locales creadas por las Comunidades Autónomas, integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras, especialmente en materia de transporte y de tratamiento de residuos.
La Ley de Bases del Régimen Local (Ley 7/1985)
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL o LRBRL), constituye el desarrollo legislativo básico de la autonomía local constitucionalmente garantizada por los arts. 137, 140 y 141 CE, dictada por el Estado al amparo de su competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18ª CE), sin perjuicio del margen normativo de desarrollo que corresponde a cada Comunidad Autónoma en esta materia. Su contenido regula, entre otras cuestiones: el concepto, los elementos y la organización del municipio y de la provincia; el régimen de las demás entidades locales (comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas, entidades de ámbito territorial inferior al municipio); el sistema de competencias municipales y provinciales; el régimen de bienes, obras, servicios y contratación de las Entidades Locales; el personal a su servicio; y su régimen económico y financiero, en lo que no esté reservado a la legislación específica de Haciendas Locales. Junto a la LBRL, el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislativo 781/1986) completa el marco normativo básico de la Administración Local.
Competencias municipales y provinciales
La Ley de Bases del Régimen Local distingue, dentro de las competencias municipales, entre competencias propias (atribuidas por ley al municipio para la gestión de intereses en su propio nombre y bajo su responsabilidad, en materias como urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua, alumbrado público, tráfico, servicios sociales, entre otras), competencias delegadas (ejercidas por el municipio por delegación del Estado o de la Comunidad Autónoma, con los medios financieros que estas garanticen) y, con carácter excepcional y muy limitado, competencias distintas de las propias y de las delegadas cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal. Las competencias provinciales, por su parte, se orientan fundamentalmente a asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, especialmente en los municipios de menor población y capacidad de gestión: coordinación de servicios municipales entre sí, asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal o supracomarcal, y cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
El régimen especial del municipio de Madrid como capital del Estado
El municipio de Madrid, en tanto que capital del Estado conforme al art. 5 CE, cuenta con un régimen local singular respecto del general aplicable al resto de municipios españoles, en atención a las especiales necesidades derivadas de albergar la sede de las principales instituciones estatales (Cortes Generales, Casa Real, Gobierno de la Nación, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, cuerpo diplomático acreditado, entre otras). Este régimen especial se articula, en primer lugar, en la Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y, de forma complementaria, en el título de la Ley de Bases del Régimen Local dedicado a la organización de los municipios de gran población (aplicable a Madrid y a otros grandes municipios), que dota a su Ayuntamiento de una estructura organizativa más compleja y diferenciada de la del régimen local común (con órganos superiores de dirección política y órganos directivos de gestión, en un esquema análogo, dentro del ámbito local, al ya visto para la Administración General del Estado). Este régimen singular de la capital debe distinguirse, en todo caso, de la organización institucional propia de la Comunidad Autónoma de Madrid, entidad territorial distinta del municipio, si bien ambas comparten el hecho de tener su sede en la misma ciudad.
El mapa autonómico: 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas; el acceso de Madrid
España se organiza en diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla, con sus Estatutos aprobados en 1995 al amparo de la disposición transitoria quinta CE, que no son Comunidades Autónomas). Los procesos de acceso fueron diversos: Cataluña, País Vasco y Galicia lo hicieron por la vía de la disposición transitoria segunda (plebiscitos estatutarios durante la República); Andalucía por el art. 151 CE; Navarra mediante la «Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral», al amparo de la disposición adicional primera y la transitoria cuarta; la mayoría de las restantes por el art. 143 CE; y Madrid, que por ser una provincia sin entidad regional histórica accedió a través del art. 144.a) CE, es decir, mediante autorización de las Cortes Generales por motivos de interés nacional. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se aprobó por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero. La homogeneización posterior de las competencias se produjo mediante los pactos autonómicos de 1981 y de 1992 y la transferencia de competencias del art. 143 a través de la Ley Orgánica 9/1992, además de sucesivas reformas estatutarias.
Tipos de competencias: exclusivas, compartidas y ejecutivas; supletoriedad del Derecho estatal
Aunque la Constitución habla de «competencia exclusiva» en el art. 149.1, la técnica real del reparto distingue varios tipos. Competencia exclusiva plena: el Estado (o la Comunidad) legisla y ejecuta (ejemplo: relaciones internacionales o defensa para el Estado). Competencia compartida de bases y desarrollo: el Estado fija la legislación básica (normas básicas, bases) y la Comunidad Autónoma dicta el desarrollo legislativo y la ejecución (ejemplos: sanidad interior, medio ambiente, régimen de las Administraciones Públicas, educación en lo no reservado). Competencia de legislación estatal y ejecución autonómica: el Estado legisla y la Comunidad ejecuta (ejemplo: legislación laboral, 149.1.7ª). El art. 149.1.1ª (condiciones básicas de igualdad) y el 149.1.13ª (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) funcionan como títulos transversales que habilitan al Estado a incidir en materias autonómicas. El Tribunal Constitucional ha declarado en sus sentencias 118/1996 y 61/1997 que la cláusula de supletoriedad del art. 149.3 no es una cláusula atributiva de competencias: el Estado no puede dictar normas supletorias en materias que sean competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
Otras materias del art. 149.1 CE de interés para el examen
Además de las ya citadas, el art. 149.1 reserva al Estado la legislación sobre propiedad intelectual e industrial (9.ª), pesas y medidas y hora oficial (12.ª), bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (13.ª), fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica (15.ª), sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos (16.ª), legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (17.ª), pesca marítima (19.ª), marina mercante, puertos de interés general y tránsito y transporte aéreo (20.ª), ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por más de una Comunidad Autónoma, régimen general de comunicaciones, correos y telecomunicaciones (21.ª), aguas que discurran por más de una Comunidad (22.ª), legislación básica sobre protección del medio ambiente (23.ª), obras públicas de interés general (24.ª), bases del régimen minero y energético (25.ª), armas y explosivos (26.ª), normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión (27.ª), defensa del patrimonio cultural contra la exportación y la expoliación (28.ª), seguridad pública, sin perjuicio de la creación de policías por las Comunidades Autónomas (29.ª), títulos académicos y profesionales y normas básicas del art. 27 (30.ª), estadística para fines estatales (31.ª) y autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum (32.ª). El art. 149.2 añade que el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial.
Autonomía financiera y solidaridad: Hacienda autonómica (arts. 156 a 158 CE)
El art. 156 CE reconoce a las Comunidades Autónomas autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles; pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado en la recaudación y gestión de los recursos tributarios. El art. 157 enumera sus recursos: impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito. Las Comunidades no pueden adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. El art. 157.3 remite a una ley orgánica la regulación de estas materias: la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El art. 158 prevé una asignación en los Presupuestos Generales del Estado para garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales (158.1) y el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado a gastos de inversión, para corregir desequilibrios y hacer efectivo el principio de solidaridad (158.2). Los regímenes forales de País Vasco (Concierto Económico) y Navarra (Convenio Económico) constituyen un sistema de financiación propio.
Cooperación entre Comunidades y control extraordinario: arts. 145 y 155 CE
El art. 145.1 prohíbe en cualquier caso la federación de Comunidades Autónomas. El art. 145.2 permite que los Estatutos prevean los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades puedan celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, y el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales; los acuerdos de cooperación entre Comunidades, fuera de esos supuestos, necesitan la autorización de las Cortes Generales. El art. 155 CE regula la coerción estatal: si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general; para ello, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. Este artículo se aplicó por primera vez en octubre de 2017.
El gobierno municipal: composición, alcalde y mociones (LBRL y LOREG)
El número de Concejales depende de la población del municipio según la escala de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: hasta 100 residentes, 3; de 101 a 250, 5; de 251 a 1.000, 7; de 1.001 a 2.000, 9; de 2.001 a 5.000, 11; de 5.001 a 10.000, 13; de 10.001 a 20.000, 17; de 20.001 a 50.000, 21; de 50.001 a 100.000, 25; y a partir de 100.000 se añade uno más por cada 100.000 residentes o fracción, y otro más si el resultado fuera un número par. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con cincuenta y siete Concejales. El Alcalde es elegido por los Concejales y, si ninguno obtiene la mayoría absoluta, es proclamado el cabeza de la lista más votada. Puede ser destituido mediante moción de censura, que requiere mayoría absoluta de los Concejales y la presentación de un candidato alternativo; el Alcalde puede también plantear una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de determinados asuntos. En los municipios con régimen de concejo abierto (los de menos de cien habitantes y otros que tradicionalmente lo han tenido), el gobierno corresponde a una Asamblea vecinal.
Servicios mínimos municipales y competencias provinciales (arts. 26 y 36 LBRL)
El art. 26 LBRL establece los servicios que el municipio debe prestar en todo caso según su población. Todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas, y control de alimentos y bebidas. Los de población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Los de más de 20.000: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Los de más de 50.000: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. El art. 36 atribuye a la provincia: la coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar la prestación integral y adecuada; la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad; la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal; la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación del territorio provincial; y el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios.
La Diputación en las Comunidades uniprovinciales, insulares y forales; la reforma local de 2013
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, como la de Madrid, no existe Diputación Provincial: sus competencias, medios y recursos son asumidos por la propia Comunidad Autónoma, que ejerce las funciones provinciales además de las autonómicas. En los archipiélagos, las islas se gobiernan por Cabildos (Canarias) y Consejos Insulares (Baleares), conforme al art. 141.4 CE. En País Vasco existen Diputaciones Forales con competencias propias muy amplias, y en Navarra la Diputación Foral se integra en la institución autonómica. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), modificó la LBRL para clarificar las competencias municipales, reforzar el papel de las Diputaciones en los municipios pequeños y vincular la prestación de servicios a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; varios de sus preceptos fueron anulados o interpretados por el Tribunal Constitucional en sentencias de 2016, sobre todo los relativos a la atribución de competencias autonómicas a la Administración local.
Esquema comparativo: autonomía territorial de Estado, Comunidades y entes locales
Estado: soberanía; potestad legislativa plena; competencias del art. 149. Comunidades Autónomas: autonomía política; potestad legislativa dentro de las competencias asumidas en su Estatuto; potestad reglamentaria y función ejecutiva; Asamblea Legislativa, Presidente y Consejo de Gobierno. Municipios y provincias: autonomía administrativa y garantía institucional (arts. 137, 140 y 141 CE); solo potestad reglamentaria (ordenanzas, reglamentos) y ejecutiva; sus competencias vienen fijadas por la legislación básica estatal y la sectorial. Fórmula de memoria: Estado y Comunidades dictan leyes; municipios y provincias dictan ordenanzas y reglamentos. Todos los niveles están sometidos a la Constitución y a la unidad de la Nación (art. 2 CE) y su autonomía se limita por los principios de solidaridad (art. 138) e igualdad de derechos (art. 139).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Vía lenta = art. 143 CE (Diputaciones + 2/3 municipios); vía rápida = art. 151 CE (3/4 municipios + referéndum de ratificación por mayoría absoluta) — históricamente reservada a Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia.
El Estatuto de Autonomía es a la vez ley orgánica del Estado y norma institucional básica de la Comunidad Autónoma: su reforma exige siempre aprobación final de las Cortes Generales por ley orgánica (art. 147.3 CE), sea cual sea el procedimiento interno que fije el propio Estatuto.
El art. 148 CE enumera lo que las CCAA 'podrán' asumir; el art. 149 enumera lo 'exclusivo' del Estado; lo no asumido por ningún Estatuto es competencia residual del Estado (art. 149.3 CE) — no de las CCAA.
No confundir leyes marco (150.1, el Estado atribuye capacidad legislativa dentro de sus propias bases), leyes de transferencia/delegación (150.2, LOTRAVA) y leyes de armonización (150.3, exigen mayoría absoluta de cada Cámara para apreciar la necesidad de armonizar).
Los Concejales se eligen por sufragio universal directo; los Diputados provinciales NO (elección de segundo grado, indirecta, a partir de los Concejales ya electos).
Municipio y provincia tienen autonomía (garantía institucional) pero solo potestad reglamentaria, nunca potestad legislativa — a diferencia de las Comunidades Autónomas.
Cualquier alteración de los límites provinciales exige ley orgánica de las Cortes Generales (art. 141.1 CE); no puede hacerse por decisión autonómica ni gubernativa ordinaria.
Madrid accedió a la autonomía por el art. 144.a) CE (autorización de las Cortes por interés nacional) y su Estatuto es la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero; es uniprovincial: no tiene Diputación Provincial ni Subdelegación del Gobierno.
Art. 155 CE: requerimiento previo al Presidente autonómico y aprobación por mayoría absoluta del Senado; se aplicó por primera vez en octubre de 2017.
Art. 153 CE (control de las Comunidades): TC (leyes), Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (funciones delegadas), contencioso-administrativo (administración y reglamentos) y Tribunal de Cuentas (cuentas); no es un control preventivo.
La cláusula de supletoriedad del art. 149.3 no atribuye competencias al Estado (SSTC 118/1996 y 61/1997).
Art. 145 CE: prohibida la federación de Comunidades Autónomas; los convenios entre ellas se comunican a las Cortes y los demás acuerdos de cooperación necesitan su autorización.
Servicios mínimos municipales (art. 26 LBRL): se amplían a partir de 5.000, 20.000 y 50.000 habitantes; el Ayuntamiento de Madrid tiene 57 Concejales y rige para él la Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Para la aplicación del art. 155 CE es necesaria la aprobación por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Administrativo C. Madrid?
El Título VIII CE (arts. 137 a 158) diseña el llamado «Estado de las Autonomías», un modelo territorial singular que no se define a sí mismo como federal ni como unitario centralizado, sino que reconoce autonomía política a las Comunidades Autónomas y autonomía administrativa a municipios y provincias. Es, junto con el tema de la Constitución, uno de los más preguntados en cualquier oposición de Administración porque combina numerosos datos concretos (vías de acceso a la autonomía, listados competenciales de los arts. 148 y 149, mayorías exigidas) con conceptos de mayor calado (autonomía como garantía institucional, distinción entre competencia exclusiva y competencia compartida) que conviene dominar con precisión.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
Vía lenta = art. 143 CE (Diputaciones + 2/3 municipios); vía rápida = art. 151 CE (3/4 municipios + referéndum de ratificación por mayoría absoluta) — históricamente reservada a Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia. El Estatuto de Autonomía es a la vez ley orgánica del Estado y norma institucional básica de la Comunidad Autónoma: su reforma exige siempre aprobación final de las Cortes Generales por ley orgánica (art. 147.3 CE), sea cual sea el procedimiento interno que fije el propio Estatuto. El art. 148 CE enumera lo que las CCAA 'podrán' asumir; el art. 149 enumera lo 'exclusivo' del Estado; lo no asumido por ningún Estatuto es competencia residual del Estado (art. 149.3 CE) — no de las CCAA. No confundir leyes marco (150.1, el Estado atribuye capacidad legislativa dentro de sus propias bases), leyes de transferencia/delegación (150.2, LOTRAVA) y leyes de armonización (150.3, exigen mayoría absoluta de cada Cámara para apreciar la necesidad de armonizar). Los Concejales se eligen por sufragio universal directo; los Diputados provinciales NO (elección de segundo grado, indirecta, a partir de los Concejales ya electos). Municipio y provincia tienen autonomía (garantía institucional) pero solo potestad reglamentaria, nunca potestad legislativa — a diferencia de las Comunidades Autónomas. Cualquier alteración de los límites provinciales exige ley orgánica de las Cortes Generales (art. 141.1 CE); no puede hacerse por decisión autonómica ni gubernativa ordinaria. Madrid accedió a la autonomía por el art. 144.a) CE (autorización de las Cortes por interés nacional) y su Estatuto es la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero; es uniprovincial: no tiene Diputación Provincial ni Subdelegación del Gobierno. Art. 155 CE: requerimiento previo al Presidente autonómico y aprobación por mayoría absoluta del Senado; se aplicó por primera vez en octubre de 2017. Art. 153 CE (control de las Comunidades): TC (leyes), Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (funciones delegadas), contencioso-administrativo (administración y reglamentos) y Tribunal de Cuentas (cuentas); no es un control preventivo. La cláusula de supletoriedad del art. 149.3 no atribuye competencias al Estado (SSTC 118/1996 y 61/1997). Art. 145 CE: prohibida la federación de Comunidades Autónomas; los convenios entre ellas se comunican a las Cortes y los demás acuerdos de cooperación necesitan su autorización. Servicios mínimos municipales (art. 26 LBRL): se amplían a partir de 5.000, 20.000 y 50.000 habitantes; el Ayuntamiento de Madrid tiene 57 Concejales y rige para él la Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), Título VIII (arts. 137 a 158)
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
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