Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
El Título III del TREBEP —«Derechos y deberes. Código de Conducta de los empleados públicos»— es una de las partes más citadas literalmente en los exámenes tipo test de toda la función pública española, porque enumera tanto los derechos individuales y colectivos como un auténtico código ético con dos listados de principios (éticos y de conducta) que fijan el estándar de comportamiento exigible a todo empleado público, sea funcionario o laboral.
Este tema enlaza directamente con el siguiente de este bloque, dedicado al régimen disciplinario, ya que el artículo 52 del TREBEP establece que los principios y reglas del Código de Conducta informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. Estructura del Título III: Capítulo I (derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente, arts. 14-15), Capítulo II (carrera profesional, promoción interna y evaluación del desempeño, arts. 16-20), Capítulo III (derechos retributivos, arts. 21-30, objeto de otro tema), Capítulo IV (negociación colectiva, representación y participación institucional; derecho de reunión, arts. 31-46), Capítulo V (jornada de trabajo, permisos y vacaciones, arts. 47-51) y Capítulo VI (deberes de los empleados públicos y código de conducta, arts. 52-54). Conviene estudiar los artículos 14, 15, 52, 53 y 54 casi de memoria.
Los derechos individuales de los empleados públicos en el TREBEP
El artículo 14 del TREBEP enumera con carácter general los derechos individuales de los empleados públicos, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio. Entre ellos figuran: la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; el desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional; la progresión en la carrera profesional y la promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación; la percepción puntual de las retribuciones y de las indemnizaciones por razón del servicio; la participación en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y en la evaluación del desempeño; la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos; la formación continua y la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral; el respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y consideración debida a su dignidad, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral; la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico; la recepción de protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo; las vacaciones, descansos, permisos y licencias; la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables; las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación y las demás prestaciones sociales y de asistencia social; y, desde la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital (art. 14.j bis). Algunos de estos derechos, como la inamovilidad, son privativos del personal funcionario de carrera.
Los derechos individuales ejercidos colectivamente
El artículo 15 del TREBEP dedica un precepto separado a los derechos individuales que se ejercen de forma colectiva, distinguiéndolos así de los derechos estrictamente individuales del artículo anterior. Reconoce cinco derechos: la libertad sindical; la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo; el ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y el derecho de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46. Esta distinción entre derechos individuales de ejercicio individual (artículo 14) y derechos individuales de ejercicio colectivo (artículo 15) es un matiz frecuentemente preguntado: no se trata de derechos colectivos de titularidad de un grupo, sino de derechos que corresponden a cada empleado individualmente considerado, aunque solo puedan hacerse efectivos de forma conjunta con otros. El precepto añade que el ejercicio de estos derechos se rige por su legislación específica y por el propio Título III.
El derecho a la carrera profesional y a la promoción interna
Los artículos 16 a 20 del TREBEP desarrollan el derecho a la carrera profesional, definida como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El artículo 16.3 distingue cuatro modalidades: la carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, vinculada generalmente a la evaluación del desempeño; la carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión; la promoción interna vertical, consistente en el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo, o de un grupo de clasificación profesional, a otro superior; y la promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional. En la promoción interna (art. 18) los funcionarios deben poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el cuerpo o escala de origen y superar las correspondientes pruebas selectivas. Constituye una vía de acceso diferenciada del ingreso libre, sujeta a sus propios turnos y cupos dentro de cada Oferta de Empleo Público.
La evaluación del desempeño
El artículo 20 del TREBEP define la evaluación del desempeño como el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados, que se adecuarán a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. Los sistemas de evaluación del desempeño se aplicarán a los efectos de carrera, formación, provisión de puestos y retribuciones complementarias; el propio artículo prevé que la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quede vinculada al resultado de la evaluación de acuerdo con el sistema de evaluación que cada Administración Pública determine, por lo que la evaluación negativa puede suponer la remoción en los términos del artículo 79.2. Es un artículo especialmente relevante porque la evaluación del desempeño es el eje de la carrera horizontal.
El derecho a la formación continua
Entre los derechos individuales recogidos en el artículo 14 del TREBEP figura, de forma expresa, el derecho a la formación continua y a la actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. Este derecho tiene una doble dimensión: constituye, por un lado, una garantía de mantenimiento de la cualificación profesional del empleado a lo largo de toda su vida administrativa, adaptándola a la evolución de las funciones y de las herramientas de trabajo (por ejemplo, la digitalización de la Administración); y por otro, actúa como presupuesto de otros derechos, en particular de la carrera profesional y de la promoción interna, en la medida en que la superación de cursos de formación y perfeccionamiento constituye habitualmente uno de los méritos valorables tanto en los concursos de provisión de puestos como en los procesos de promoción. En paralelo, el artículo 54 impone el deber de mantener actualizada la propia formación y cualificación. La formación se articula, en la práctica, a través de planes de formación negociados con la representación sindical y ofertados por cada Administración.
El derecho a la negociación colectiva y a la participación
El TREBEP dedica el Capítulo IV de su Título III a la negociación colectiva, representación y participación institucional y al derecho de reunión (arts. 31 a 46). El artículo 31 reconoce el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva, representación y participación para la determinación de sus condiciones de trabajo. Se negocia en Mesas de Negociación: la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, de ámbito estatal, y las Mesas Generales y Mesas Sectoriales que se constituyen en cada Administración para negociar las materias comunes o específicas al personal funcionario, laboral o de ambos. Están legitimados para negociar, por parte sindical, los sindicatos más representativos a nivel estatal o de Comunidad Autónoma y los sindicatos que hayan obtenido el diez por ciento o más de los representantes en las elecciones para delegados y juntas de personal en el ámbito correspondiente. El artículo 37 enumera las materias objeto de negociación (entre ellas la aplicación de incrementos retributivos, la determinación y aplicación de retribuciones complementarias, los criterios generales sobre oferta de empleo público, acceso, carrera, provisión y sistemas de clasificación de puestos, los planes de ordenación de recursos humanos, las normas de evaluación del desempeño, los planes de formación y las materias relativas a jornada, vacaciones y permisos), mientras que el propio artículo 37.2 excluye de la obligatoriedad de negociar las decisiones que afecten a las potestades de organización de las Administraciones, la regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos y el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas, entre otras materias; cuando las decisiones organizativas repercutan en las condiciones de trabajo, procede negociar esas condiciones. El resultado de la negociación se plasma en Pactos y Acuerdos (art. 38): los Pactos se celebran sobre materias de la competencia directa del órgano que los suscribe y vinculan directamente; los Acuerdos versan sobre materias de la competencia de los órganos de gobierno o administrativos de la Administración y, para su validez y eficacia, requieren la aprobación expresa y formal de esos órganos.
La representación del personal y el derecho de reunión
Junto a la negociación, el TREBEP regula la representación y participación institucional. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal (art. 39); los Delegados de Personal se eligen en las unidades electorales con menos de cincuenta y al menos seis funcionarios, y las Juntas de Personal en las que tienen cincuenta o más. El personal laboral tiene, conforme al Estatuto de los Trabajadores, delegados de personal y comités de empresa (art. 32 del TREBEP, que remite a la legislación laboral, sin perjuicio de que puedan constituirse órganos conjuntos para funcionarios y laborales). Entre las funciones de estos órganos están recibir información sobre la política de personal, emitir informe a solicitud de la Administración y vigilar el cumplimiento de las normas. Por último, el derecho de reunión (art. 46) permite a los empleados públicos reunirse en el centro de trabajo, con las condiciones y garantías que establece el propio Estatuto.
El derecho de libertad sindical
La libertad sindical, reconocida como derecho individual de ejercicio colectivo en el artículo 15 del TREBEP, se rige, en lo no previsto en dicha norma, por su legislación específica, esencialmente la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Este derecho comprende, entre otras facultades, el derecho de todo empleado público a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección o a no afiliarse a ninguno, y a ejercer libremente la actividad sindical dentro y fuera de la Administración. En el ámbito de la función pública, la libertad sindical se manifiesta también a través de la constitución de secciones sindicales y el nombramiento de delegados sindicales, que gozan de determinadas garantías (crédito horario, protección frente a traslados forzosos, prioridad de permanencia) para el ejercicio de sus funciones representativas. La Constitución reconoce la libertad sindical en su artículo 28.1, que prevé que la ley pueda limitar o exceptuar su ejercicio para las Fuerzas o Institutos armados o para los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.
El derecho de huelga
El derecho de huelga de los empleados públicos encuentra su fundamento último en el artículo 28.2 de la Constitución, que lo reconoce como derecho de los trabajadores para la defensa de sus intereses y remite a la ley que lo regule el establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, y se recoge expresamente entre los derechos individuales de ejercicio colectivo del artículo 15 del TREBEP. Su ejercicio en el ámbito de la función pública presenta una limitación específica derivada de la propia naturaleza de los servicios que prestan las Administraciones Públicas: el propio artículo 15 condiciona su reconocimiento a la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, lo que se traduce, en la práctica, en la fijación de los denominados servicios mínimos por la autoridad competente en cada convocatoria de huelga, servicios mínimos que deben respetar un juicio de proporcionalidad entre el derecho de huelga y el interés general en la continuidad del servicio esencial de que se trate, siendo susceptibles de impugnación judicial cuando se consideren desproporcionados. Recuérdese que, en el régimen disciplinario, constituye falta muy grave el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
La jornada, los permisos y las vacaciones
El Capítulo V del Título III del TREBEP (arts. 47 a 51) regula el tiempo de trabajo y de descanso. Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios (art. 47), y el artículo 47 bis regula el teletrabajo (véase el tema 25). Los permisos de los funcionarios públicos se regulan en el artículo 48 (por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares, traslado de domicilio, deberes inexcusables, funciones sindicales, exámenes, asuntos particulares y otros), y en el artículo 49 los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género y de violencia terrorista (entre ellos, el permiso por nacimiento, adopción o acogimiento). Respecto de los asuntos particulares, el artículo 48 reconoce seis días al año, a los que se añaden dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día más por cada trienio cumplido a partir del octavo. Las vacaciones, reconocidas en el artículo 50, corresponden a cada funcionario durante cada año natural en un período mínimo de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. El artículo 51 remite el régimen de jornada, permisos y vacaciones del personal laboral a la legislación laboral y a la negociación colectiva (en el Estatuto de los Trabajadores, treinta días naturales de vacaciones mínimos). Las modificaciones introducidas desde 2019 (permisos por nacimiento equiparados) y 2023 afectan a la duración de varios permisos; para cifras concretas debe consultarse el texto vigente.
Los deberes de los empleados públicos
El artículo 52 del TREBEP, que abre el Capítulo VI del Título III, establece que los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos, configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. El propio artículo dispone que los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
El Código de Conducta de los empleados públicos (Título III TREBEP)
El Capítulo VI del Título III del TREBEP incorpora, como novedad respecto de la normativa anterior a la Ley 7/2007, un auténtico Código de Conducta de los empleados públicos, integrado por dos bloques normativos diferenciados y complementarios recogidos en los artículos 53 y 54: los principios éticos y los principios de conducta. Este código tiene una doble función que conviene retener para el examen: por un lado, orienta la actuación cotidiana de todo empleado público, funcionario o laboral, fijando un estándar de comportamiento exigible más allá de la mera legalidad formal; por otro, según dispone expresamente el artículo 52, estos principios informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario, de modo que su infracción, cuando reviste suficiente entidad, puede fundamentar la comisión de una falta disciplinaria tipificada, sirviendo además de criterio interpretativo para la calificación de la gravedad de las conductas sancionables previstas en el artículo 95 del propio Estatuto.
Los principios éticos de los empleados públicos
El artículo 53 del TREBEP enumera los principios éticos que deben regir la actuación de todo empleado público. Entre ellos: respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico (53.1); su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio (53.2); ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos (53.3); su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación; se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público y de intervenir en los asuntos en los que concurra alguna causa de abstención legalmente señalada; no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público; no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas; actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general; no influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa; ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público; y guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público (53.12). La abstención y recusación se rigen por los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015.
Los principios de conducta de los empleados públicos
El artículo 54 del TREBEP desarrolla, junto a los principios éticos, los denominados principios de conducta, de perfil más práctico y operativo: tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos (54.1); el desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos (54.2); obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes (54.3); informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o procedimientos que tengan encomendados, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas; rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos y costumbres de la cortesía; garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables; mantendrán actualizada su formación y cualificación; observarán las normas sobre seguridad y salud laboral; pondrán en conocimiento de los superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados; y garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio. Es un listado extenso frecuentemente objeto de preguntas literales: el truco habitual es sustituir «conocimiento de los superiores» por «conocimiento de los ciudadanos» o añadir deberes inexistentes.
Diferencia entre principios éticos y principios de conducta
Para el examen conviene distinguir con claridad ambos bloques. Los principios éticos (art. 53) fijan los valores que deben presidir la actuación del empleado público, con especial referencia al interés general, la lealtad, la abstención ante los conflictos de intereses, el rechazo de privilegios y el secreto o discreción de la información conocida por razón del cargo. Los principios de conducta (art. 54) concretan comportamientos exigibles en la actuación diaria: trato con respeto, cumplimiento de la jornada y el horario, obediencia a las órdenes legítimas, información al ciudadano, uso austero de los bienes públicos, rechazo de regalos que excedan la cortesía, conservación de documentos, formación, seguridad y salud laboral, propuestas de mejora y atención en la lengua oficial solicitada. Ambos bloques se aplican a funcionarios y a personal laboral, y ambos informan el régimen disciplinario (art. 52 in fine).
El principio de imparcialidad y objetividad
Aunque tanto la imparcialidad como la objetividad aparecen citadas de forma expresa entre los principios generales del artículo 52 del TREBEP, su contenido se concreta y refuerza a lo largo de los artículos 53 y 54. El principio de imparcialidad exige que la actuación del empleado público se desarrolle al margen de cualquier interés personal, familiar o corporativo, garantizando un trato igual a todos los ciudadanos sin discriminación alguna por razón de nacimiento, origen, sexo, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El principio de objetividad, íntimamente conectado con el anterior, se traduce en la exigencia de que las decisiones y actuaciones del empleado público se fundamenten en criterios técnicos y en el interés general, y no en consideraciones subjetivas o arbitrarias. Ambos principios se proyectan de forma muy directa sobre la obligación de abstención en asuntos en los que el empleado tenga un interés personal, obligación que conecta este tema con el régimen general de abstención y recusación de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 23 y 24).
El deber de secreto profesional
El deber de secreto profesional de los empleados públicos se articula en el TREBEP dentro del artículo 53 (principios éticos), cuyo apartado 12 impone la obligación de guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y de mantener la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. Este deber, además de su vertiente ética, tiene una proyección disciplinaria directa: el artículo 95.2 tipifica como falta muy grave la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función, y la negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. En los supuestos más graves puede además comportar responsabilidad penal. La confidencialidad de la información tratada se refuerza en el ámbito de la protección de datos personales por el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Distingue el art. 14 (derechos individuales, de ejercicio individual) del art. 15 (derechos individuales de ejercicio colectivo: libertad sindical, negociación colectiva, huelga, conflicto colectivo, reunión).
Carrera horizontal = progresión sin cambiar de puesto (ligada a la evaluación del desempeño); carrera vertical = ascenso mediante provisión de un puesto distinto; promoción interna vertical (a subgrupo/grupo superior) y horizontal (mismo subgrupo) (art. 16.3).
Promoción interna (art. 18): requisitos de ingreso, al menos 2 años de servicio activo en el cuerpo de origen y superar las pruebas selectivas.
El Código de Conducta (Título III, cap. VI) tiene dos bloques: principios éticos (art. 53) y principios de conducta (art. 54), que cuelgan de los principios generales del art. 52.
El art. 52 dice expresamente que los principios y reglas del capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario.
El derecho de huelga está condicionado, ya en el propio art. 15, al mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad (servicios mínimos), conforme al art. 28.2 CE.
Vacaciones: mínimo 22 días hábiles por año natural (art. 50), proporcional si el servicio fue menor de un año; asuntos particulares: 6 días, con 2 adicionales al cumplir el sexto trienio.
El deber de secreto y discreción figura en el art. 53 (principios éticos, apartado 12); el rechazo de regalos que excedan la cortesía figura en el art. 54.
Pactos vinculan directamente (materias de competencia del órgano que los suscribe); Acuerdos exigen aprobación expresa y formal del órgano de gobierno competente (art. 38).
Representación de funcionarios: Delegados de Personal (de 6 a 49) y Juntas de Personal (50 o más) (art. 39); legitimación sindical para negociar con el 10% de representantes o sindicatos más representativos.
Desconexión digital e intimidad frente a dispositivos digitales: art. 14.j bis TREBEP (LO 3/2018).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
El deber de guardar secreto de las materias clasificadas y la debida discreción sobre los asuntos conocidos por razón del cargo se recoge en el TREBEP entre:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 27 de Administrativo C. Madrid?
El Título III del TREBEP —«Derechos y deberes. Código de Conducta de los empleados públicos»— es una de las partes más citadas literalmente en los exámenes tipo test de toda la función pública española, porque enumera tanto los derechos individuales y colectivos como un auténtico código ético con dos listados de principios (éticos y de conducta) que fijan el estándar de comportamiento exigible a todo empleado público, sea funcionario o laboral.
Este tema enlaza directamente con el siguiente de este bloque, dedicado al régimen disciplinario, ya que el artículo 52 del TREBEP establece que los principios y reglas del Código de Conducta informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. Estructura del Título III: Capítulo I (derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente, arts. 14-15), Capítulo II (carrera profesional, promoción interna y evaluación del desempeño, arts. 16-20), Capítulo III (derechos retributivos, arts. 21-30, objeto de otro tema), Capítulo IV (negociación colectiva, representación y participación institucional; derecho de reunión, arts. 31-46), Capítulo V (jornada de trabajo, permisos y vacaciones, arts. 47-51) y Capítulo VI (deberes de los empleados públicos y código de conducta, arts. 52-54). Conviene estudiar los artículos 14, 15, 52, 53 y 54 casi de memoria.
¿Qué hay que memorizar del Tema 27 para el examen?
Distingue el art. 14 (derechos individuales, de ejercicio individual) del art. 15 (derechos individuales de ejercicio colectivo: libertad sindical, negociación colectiva, huelga, conflicto colectivo, reunión). Carrera horizontal = progresión sin cambiar de puesto (ligada a la evaluación del desempeño); carrera vertical = ascenso mediante provisión de un puesto distinto; promoción interna vertical (a subgrupo/grupo superior) y horizontal (mismo subgrupo) (art. 16.3). Promoción interna (art. 18): requisitos de ingreso, al menos 2 años de servicio activo en el cuerpo de origen y superar las pruebas selectivas. El Código de Conducta (Título III, cap. VI) tiene dos bloques: principios éticos (art. 53) y principios de conducta (art. 54), que cuelgan de los principios generales del art. 52. El art. 52 dice expresamente que los principios y reglas del capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. El derecho de huelga está condicionado, ya en el propio art. 15, al mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad (servicios mínimos), conforme al art. 28.2 CE. Vacaciones: mínimo 22 días hábiles por año natural (art. 50), proporcional si el servicio fue menor de un año; asuntos particulares: 6 días, con 2 adicionales al cumplir el sexto trienio. El deber de secreto y discreción figura en el art. 53 (principios éticos, apartado 12); el rechazo de regalos que excedan la cortesía figura en el art. 54. Pactos vinculan directamente (materias de competencia del órgano que los suscribe); Acuerdos exigen aprobación expresa y formal del órgano de gobierno competente (art. 38). Representación de funcionarios: Delegados de Personal (de 6 a 49) y Juntas de Personal (50 o más) (art. 39); legitimación sindical para negociar con el 10% de representantes o sindicatos más representativos. Desconexión digital e intimidad frente a dispositivos digitales: art. 14.j bis TREBEP (LO 3/2018).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE-A-2015-11719): arts. 14 a 20, 31 a 51 y 52 a 54.
Constitución Española: arts. 28.1 y 28.2.
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (art. 14.j bis TREBEP).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: arts. 23 y 24.
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