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Tema 33. Los ingresos públicos: concepto y características. El sistema tributario español: Líneas generales. Especial referencia a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

Este tema abre el bloque de gestión financiera y sienta las bases conceptuales de los ingresos públicos: qué son, cómo se clasifican y cuál es la arquitectura del sistema tributario español, desde los principios constitucionales del artículo 31 CE hasta el reparto de tributos entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. La parte final se centra en los impuestos que gestiona efectivamente la Comunidad de Madrid en virtud de la cesión de tributos (Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio y tributos sobre el juego), así como en sus tasas y precios públicos y en los órganos de la Consejería competente en materia de Hacienda que ejercen la gestión tributaria autonómica. Las cifras de tipos, bonificaciones y reducciones autonómicas se modifican con frecuencia por las leyes de medidas fiscales; lo que debe dominarse es la estructura y la distinción entre figuras, contrastando los porcentajes exactos con la normativa vigente del ejercicio de la convocatoria.

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Concepto de ingreso público

Un ingreso público es todo recurso económico, dinerario o valorable en dinero, que un ente público percibe en el ejercicio de sus funciones para financiar el gasto público. Se caracteriza frente al ingreso privado por su finalidad: no atiende a una necesidad concreta y determinada del ente que lo percibe con ánimo de lucro, sino al conjunto de las necesidades colectivas que la Administración tiene encomendadas, y por eso se rige, en la mayoría de los casos, por normas de derecho público que dotan a la Hacienda de prerrogativas exorbitantes (autotutela declarativa y ejecutiva, vía de apremio). Los ingresos son la contrapartida necesaria del gasto en el ciclo presupuestario: a diferencia del estado de gastos, que tiene carácter limitativo, el estado de ingresos de los Presupuestos Generales recoge previsiones, no límites, y su liquidación puede arrojar más o menos recaudación de la prevista sin que ello suponga una infracción presupuestaria. La doctrina financiera clásica distingue los ingresos según su origen (tributario, patrimonial, crediticio) y según el régimen jurídico que les resulta aplicable (derecho público o derecho privado), clasificación que constituye la base de todo el estudio posterior de la Hacienda Pública.

Clasificación de los ingresos públicos: de derecho público y de derecho privado

Los ingresos de derecho público son aquellos en cuya obtención la Administración actúa investida de su condición de poder público: los tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales), los precios públicos, los ingresos derivados de monopolios y de la actividad de organismos públicos, la deuda pública, las transferencias y subvenciones recibidas de otras Administraciones, y las multas y sanciones pecuniarias. Estos ingresos se rigen por el derecho administrativo, son irrenunciables e indisponibles salvo que la ley lo autorice, y su cobro puede exigirse por la propia Administración mediante el procedimiento de apremio, sin necesidad de acudir a los tribunales. Los ingresos de derecho privado, en cambio, proceden del patrimonio no afecto a un uso o servicio público: rendimientos de bienes patrimoniales (alquileres, intereses), enajenación de bienes patrimoniales, dividendos y participaciones en beneficios de sociedades mercantiles públicas. Se rigen, en cuanto a su contenido, por el derecho civil o mercantil, aunque su preparación y adjudicación (por ejemplo, la venta de un inmueble patrimonial) sigue reglas de derecho administrativo por afectar a fondos públicos. Una segunda clasificación clásica distingue los ingresos ordinarios (periódicos, ligados a la actividad normal) de los extraordinarios (deuda pública, enajenación de patrimonio), y los tributarios de los no tributarios.

Los tributos: concepto y clases

La Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), define los tributos en su artículo 2.1 como los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, y que pueden servir además como instrumentos de política económica general y para la consecución de otros fines (extrafiscalidad). Todo tributo comparte tres notas esenciales: es una prestación pecuniaria (aunque excepcionalmente pueda satisfacerse en especie), tiene carácter coactivo (nace de la ley, no de la voluntad del obligado) y persigue un fin contributivo. El artículo 2.2 LGT clasifica los tributos en tres categorías, ordenadas de menor a mayor generalidad según el grado de vinculación entre lo pagado y una actividad administrativa concreta: tasas, contribuciones especiales e impuestos. Esta tríada es la columna vertebral de todo el Derecho Tributario español y su correcta diferenciación —especialmente entre tasa y precio público, o entre tasa e impuesto— es uno de los contenidos más preguntados en los test de esta materia. El artículo 133 de la Constitución atribuye la potestad originaria para establecer tributos exclusivamente al Estado, mediante ley, y reconoce a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones locales la potestad de establecerlos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Los elementos esenciales de todo tributo son: el hecho imponible (art. 20 LGT), el devengo (art. 21), el sujeto pasivo, que puede ser contribuyente o sustituto (art. 36), la base imponible, el tipo de gravamen y la cuota. La LGT enumera también como obligados tributarios, entre otros, a los retenedores, los obligados a realizar pagos fraccionados y los responsables (art. 35). Los tributos se rigen por el principio de reserva de ley (arts. 31.3 CE y 8 LGT): la creación de tributos y la determinación de sus elementos esenciales exigen norma con rango de ley.

El impuesto: concepto y clasificación

El artículo 2.2.c) LGT define los impuestos como los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, ya sea como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta. Es el tributo por excelencia porque no existe actividad administrativa individualizada hacia el obligado: se paga por el mero hecho de manifestar capacidad económica. Se clasifican en directos (gravan una manifestación directa de capacidad económica —renta o patrimonio— y normalmente no son repercutibles: IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio) e indirectos (gravan una manifestación indirecta —el consumo o el tráfico de bienes— y suelen repercutirse: IVA, Impuestos Especiales, ITPAJD); en personales (atienden a las circunstancias del sujeto: IRPF) y reales (gravan un bien u operación con independencia del sujeto: IBI); en subjetivos y objetivos según se tengan en cuenta o no circunstancias personales para fijar la cuota; y en periódicos (hecho imponible duradero, se fracciona en periodos impositivos) e instantáneos (hecho imponible que se agota con su realización, como el ISD).

La tasa: concepto y hecho imponible

El artículo 2.2.a) LGT define las tasas como los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o no se presten o realicen por el sector privado. La ley precisa que no se considera voluntaria la solicitud cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias, o cuando el bien o servicio sea imprescindible para la vida privada o social del solicitante (por ejemplo, el DNI). La nota diferencial de la tasa frente al impuesto es la existencia de una actividad administrativa concreta e individualizada dirigida al obligado (contraprestación), y frente al precio público, el carácter no voluntario de la solicitud o la ausencia de concurrencia del sector privado en la prestación del servicio. Ejemplos típicos son la tasa por expedición del DNI o pasaporte, la tasa por recogida de basuras cuando es de recepción obligatoria, o las tasas académicas.

Las contribuciones especiales

El artículo 2.2.b) LGT define las contribuciones especiales como los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. A diferencia de la tasa, no hay una actividad dirigida individualmente al sujeto, sino una actuación administrativa de interés general (pavimentar una calle, instalar alumbrado, ampliar una red de saneamiento) que produce, además del beneficio colectivo, un beneficio especial y diferenciado para determinados propietarios o vecinos, que son quienes soportan el tributo. Su base imponible está constituida, como máximo, por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o el establecimiento del servicio, según la regulación clásica del ámbito local (Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), y el reparto individual entre los sujetos pasivos se realiza atendiendo a criterios objetivos de beneficio (metros lineales de fachada, superficie, volumen edificable). Es la figura tributaria menos utilizada de las tres, y en el examen suele preguntarse precisamente por su diferencia con la tasa: en la contribución especial hay siempre una obra o un establecimiento/ampliación de servicio, nunca un servicio ya existente y continuado.

La aplicación de los tributos: gestión, inspección y recaudación

La LGT ordena la aplicación de los tributos en tres funciones: la gestión tributaria (recepción de declaraciones y autoliquidaciones, comprobación limitada, liquidaciones provisionales, devoluciones), la inspección (comprobación e investigación de la situación tributaria del obligado, con actas) y la recaudación (cobro de las deudas en periodo voluntario y ejecutivo). Hoy la regla general es la autoliquidación: el propio obligado calcula e ingresa la cuota. El derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, a exigir el pago, y los derechos del contribuyente a solicitar devoluciones prescriben a los cuatro años (art. 66 LGT). El ingreso fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración da lugar a recargos por declaración extemporánea del cinco, diez o quince por ciento según el retraso sea de hasta tres, seis o doce meses, y del veinte por ciento más intereses de demora cuando el retraso supera los doce meses (art. 27 LGT). Las deudas pueden aplazarse o fraccionarse en los supuestos del artículo 65. Esta materia es aplicable tanto a los tributos estatales como a los autonómicos gestionados por la Comunidad de Madrid, que ejerce sus competencias de aplicación de los tributos con arreglo a la LGT y a su normativa propia.

Los precios públicos

Los precios públicos son contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. La ley estatal de referencia histórica es la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, y cada Administración territorial —incluida la Comunidad de Madrid— cuenta además con su propia normativa de tasas y precios públicos para los servicios de su competencia. La diferencia esencial con la tasa reside en la concurrencia de dos requisitos que deben darse conjuntamente para que exista precio público: que la solicitud del servicio sea realmente voluntaria y que el sector privado también pueda prestarlo; si falta cualquiera de los dos (el servicio es obligatorio, o solo puede prestarlo la Administración), la figura jurídicamente correcta es la tasa, no el precio público. Otra diferencia práctica relevante es de régimen jurídico: el precio público no es un tributo en sentido estricto (no se rige por la LGT ni exige reserva de ley para su establecimiento, bastando norma reglamentaria) y su cuantía debe cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado, salvo razones sociales, benéficas o de interés público que justifiquen precios inferiores. Hay que distinguir los precios públicos de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, categoría que la jurisprudencia constitucional (SSTC 185/1995 y 233/1999) y la legislación posterior han perfilado para algunos ingresos de naturaleza coactiva que no se rigen por la LGT, como las tarifas exigidas por los concesionarios de servicios públicos en determinadas condiciones. En el ámbito autonómico madrileño, las tasas y los precios públicos de la Comunidad se recogen en el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid (Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre).

El presupuesto de ingresos: clasificación económica y principales recursos

El estado de ingresos de los presupuestos públicos se clasifica económicamente en capítulos, que agrupan los recursos por su naturaleza: capítulo 1, impuestos directos y cotizaciones sociales; capítulo 2, impuestos indirectos; capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos; capítulo 4, transferencias corrientes; capítulo 5, ingresos patrimoniales; capítulo 6, enajenación de inversiones reales; capítulo 7, transferencias de capital; capítulo 8, activos financieros; y capítulo 9, pasivos financieros. Los capítulos 1 a 5 son ingresos corrientes, los 6 y 7 ingresos de capital y los 8 y 9 ingresos financieros. Los ingresos no financieros (capítulos 1 a 7) son los que se comparan con los gastos no financieros para obtener la capacidad o necesidad de financiación, mientras que la emisión de deuda (capítulo 9) no es un ingreso corriente. Para el examen conviene retener este esquema porque conecta con la estructura del presupuesto de gastos que se estudia en los temas siguientes.

El sistema tributario español: principios constitucionales (art. 31 CE)

El artículo 31 de la Constitución es la piedra angular del Derecho Tributario español. Su apartado 1 establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El apartado 2 exige que el gasto público realice una asignación equitativa de los recursos públicos y que su programación y ejecución respondan a los criterios de eficiencia y economía. El apartado 3 consagra el principio de reserva de ley: solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Dos bloques de principios que conviene no confundir derivan de este artículo: los principios materiales o de justicia tributaria (generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad, no confiscatoriedad), predicables del sistema en su conjunto y no de cada tributo aisladamente considerado, y el principio formal de legalidad o reserva de ley, que exige que sea una norma con rango de ley la que establezca los elementos esenciales del tributo. La LGT reproduce los principios de ordenación en su artículo 3, y el artículo 7 enumera las fuentes del ordenamiento tributario (Constitución, tratados internacionales, normas de la Unión Europea, leyes, disposiciones reglamentarias, y supletoriamente derecho administrativo y común). La STC 27/1981 es la referencia clásica sobre capacidad económica y progresividad.

Los principios de generalidad, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad

La generalidad significa que el deber de contribuir alcanza a todos, sin que quepan privilegios o exenciones personales carentes de justificación objetiva; no impide las exenciones fundadas en razones de política económica o social (mínimo exento, familia numerosa), pero sí proscribe los privilegios arbitrarios. La capacidad económica exige que el tributo recaiga sobre índices reales o potenciales de riqueza (renta, patrimonio, consumo, tráfico), de modo que no puede gravarse una riqueza inexistente o ficticia; el Tribunal Constitucional la ha calificado como fundamento y límite de la imposición. La igualdad tributaria no significa uniformidad de trato, sino tratar igual a los iguales en capacidad económica y de forma diferenciada a quienes tienen capacidades distintas (igualdad relativa u horizontal/vertical); se proyecta también en la igualdad territorial del artículo 139 CE, matizada por la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. La progresividad implica que a mayor capacidad económica corresponda una mayor contribución no solo en términos absolutos sino en porcentaje (a diferencia de la proporcionalidad), y se predica del sistema tributario en su conjunto, no de cada tributo aislado (de hecho, el IVA es regresivo y coexiste sin problema con la progresividad global exigida). La no confiscatoriedad opera como límite: el sistema no puede agotar la riqueza gravable del contribuyente ni alcanzar tipos que hagan desaparecer la propiedad privada o la renta gravada.

La estructura del sistema tributario estatal

El sistema tributario español se articula en tres niveles territoriales —estatal, autonómico y local— y, dentro del nivel estatal, se organiza clásicamente en dos grandes bloques: la imposición directa, que grava manifestaciones directas de capacidad económica (obtención de renta y titularidad de patrimonio), integrada principalmente por el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y el Impuesto sobre el Patrimonio; y la imposición indirecta, que grava manifestaciones indirectas de capacidad económica (consumo y tráfico patrimonial), integrada por el IVA, los Impuestos Especiales, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y los derechos de aduana. A ello se suma el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que grava adquisiciones gratuitas por herencia o donación. Buena parte de estos impuestos, aunque de titularidad estatal, están total o parcialmente cedidos a las Comunidades Autónomas en cuanto a rendimiento, gestión o ambas cosas, lo que explica que el estudio del sistema tributario estatal sea inseparable del régimen de financiación autonómica. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) es el órgano encargado de la gestión, inspección y recaudación de los tributos estatales, sin perjuicio de las competencias que sobre tributos cedidos ejercen las Comunidades Autónomas. En los territorios forales rige un sistema distinto: el País Vasco se rige por el Concierto Económico (Ley 12/2002, de 23 de mayo) y Navarra por el Convenio Económico (Ley 28/1990, de 26 de diciembre), por los que estas Comunidades regulan y recaudan la mayor parte de los tributos y abonan al Estado una aportación. Canarias, por su parte, tiene un régimen económico-fiscal propio.

La imposición directa: IRPF e Impuesto sobre Sociedades

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), regulado por la Ley 35/2006, es un tributo directo, personal, subjetivo y progresivo que grava la renta mundial obtenida por las personas físicas residentes en España en un periodo impositivo (por regla general, el año natural), atendiendo a sus circunstancias personales y familiares. Su hecho imponible integra rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales, e imputaciones de renta, articulados en una base general (que tributa según una tarifa progresiva por tramos, parte estatal y parte autonómica) y una base del ahorro (con tipos también progresivos pero más moderados). Es, junto con el IVA, la principal fuente de financiación del Estado y de las Comunidades Autónomas, que tienen cedido un porcentaje relevante de su rendimiento y capacidad normativa sobre determinados elementos (mínimo personal y familiar, escala autonómica, deducciones propias). El Impuesto sobre Sociedades, regulado por la Ley 27/2014, es un tributo directo y proporcional (tipo general del 25 %, con tipos reducidos para determinadas entidades) que grava la renta obtenida por las personas jurídicas residentes en territorio español, tomando como punto de partida el resultado contable corregido por los ajustes fiscales previstos en la norma.

La imposición indirecta: IVA e Impuestos Especiales

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), regulado por la Ley 37/1992 en trasposición de la normativa comunitaria, es un tributo indirecto y plurifásico que grava el consumo mediante la técnica de repercusión y deducción: cada operador económico repercute el impuesto a su cliente y se deduce el soportado en sus adquisiciones, de modo que el impuesto recae finalmente sobre el consumidor final, ajeno a la cadena de deducciones. Grava tres tipos de operaciones: entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales, adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones. Es el tributo de mayor capacidad recaudatoria del sistema tras el IRPF y está parcialmente cedido a las Comunidades Autónomas en cuanto a su rendimiento, sin capacidad normativa autonómica al estar armonizado a nivel europeo. Los Impuestos Especiales, regulados por la Ley 38/1992, gravan consumos específicos considerados nocivos para la salud o el medio ambiente, o manifestaciones de riqueza determinadas, con una finalidad tanto recaudatoria como extrafiscal: impuestos especiales de fabricación (sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, sobre hidrocarburos, sobre las labores del tabaco, sobre la electricidad) y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, con parte de su recaudación también cedida a las Comunidades Autónomas.

Beneficios fiscales y extrafiscalidad

Los beneficios fiscales son medidas que reducen la carga tributaria que correspondería a un hecho imponible realizado: exenciones (el hecho imponible se produce pero la ley exime del pago), bonificaciones (reducción porcentual de la cuota), reducciones (de la base imponible), deducciones (descuentos de la cuota) y tipos reducidos. Responden al principio de extrafiscalidad, que permite utilizar el tributo como instrumento de política económica y social (vivienda, natalidad, empleo, medio ambiente), siempre que se respete la capacidad económica. La ley debe establecer los beneficios fiscales: el artículo 133.3 CE dispone que todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. En las Comunidades Autónomas, los beneficios fiscales sobre los tributos cedidos se establecen dentro del margen de su capacidad normativa. La Comunidad de Madrid utiliza este instrumento de forma intensa (bonificación del 99 por ciento en sucesiones y donaciones entre familiares directos, bonificación del 100 por ciento en el Impuesto sobre el Patrimonio y deducciones en el IRPF), y los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Comunidad se consignan en sus presupuestos.

La imposición local: líneas generales

El nivel local se articula en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Los municipios exigen obligatoriamente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), y pueden establecer el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal). Esta última figura fue modificada por el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, para adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que había declarado inconstitucionales varios de sus preceptos (SSTC 26/2017, 59/2017 y 182/2021). Los municipios pueden además exigir tasas, contribuciones especiales y precios públicos. Las Comunidades Autónomas no gestionan los tributos locales, aunque las competencias de tutela financiera local varían según el Estatuto de cada Comunidad.

El sistema de financiación autonómica

El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común se articula sobre la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que desarrolla el título VIII de la Constitución, y se concreta en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y modifica determinadas normas tributarias. El modelo está pendiente de reforma desde hace años, por lo que debe comprobarse si se ha aprobado un nuevo sistema antes del examen. Los recursos de las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 157 CE, son: los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; las transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE, destinado a corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad) y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; los rendimientos de su patrimonio y los ingresos de derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito. El sistema vigente incluye además un Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (que garantiza que todas las Comunidades puedan prestar sanidad, educación y servicios sociales en condiciones similares) y fondos de convergencia (Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación). La autonomía financiera (art. 156 CE) se ejerce con los límites de la coordinación con la Hacienda estatal y el principio de solidaridad. La LOFCA (art. 6) prohíbe a los tributos propios de las Comunidades recaer sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado, y el órgano de coordinación en la materia es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas

La cesión de tributos es el mecanismo por el que el Estado atribuye a una Comunidad Autónoma, total o parcialmente, el rendimiento de un tributo de titularidad estatal y, en ocasiones, también competencias normativas y de gestión. Se distingue entre tributos cedidos totalmente, en los que la Comunidad recibe el cien por cien del rendimiento: el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tributos sobre el juego, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre la Electricidad. En los cuatro primeros casos la gestión, liquidación, recaudación e inspección corresponden a la Comunidad por delegación, mientras que en el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte y en el de la Electricidad la gestión corresponde a la Administración tributaria estatal. Los tributos cedidos parcialmente son aquellos en los que la Comunidad recibe solo un porcentaje del rendimiento: el cincuenta por ciento del IRPF y del IVA y el cincuenta y ocho por ciento de los Impuestos Especiales de fabricación (sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, la cerveza, los productos intermedios, los hidrocarburos y las labores del tabaco), con la gestión en manos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y sin perjuicio de la capacidad normativa autonómica sobre determinados elementos del IRPF (escala autonómica, mínimo personal y familiar, deducciones). Esta distinción entre cesión de rendimiento, de gestión y de capacidad normativa es clave para entender por qué la Comunidad de Madrid gestiona de forma efectiva el ISD, el ITPAJD, el Impuesto sobre el Patrimonio y las tasas del juego, pero no gestiona el IRPF ni el IVA pese a percibir parte de su recaudación. Madrid ejerce su capacidad normativa en el IRPF mediante la escala autonómica y deducciones propias (entre otras, por nacimiento o adopción, por arrendamiento de la vivienda habitual y por gastos educativos).

Los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid: el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título gratuito por personas físicas, ya sea por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio (adquisiciones mortis causa), por donación o negocio jurídico gratuito e ínter vivos (adquisiciones inter vivos), o como beneficiario de un seguro de vida cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario. Es un tributo cedido totalmente a las Comunidades Autónomas, que ejercen sobre él amplias competencias normativas (reducciones en la base imponible, tarifa, cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones y bonificaciones de la cuota) y también su gestión y liquidación efectiva. La Comunidad de Madrid ha configurado históricamente uno de los regímenes más favorables de España para este impuesto, con una bonificación muy elevada en la cuota tributaria (próxima al 99 %) aplicable a las adquisiciones por cónyuges, ascendientes y descendientes (grupos I y II de parentesco), tanto en sucesiones como en donaciones formalizadas en escritura pública, además de reducciones propias adicionales a las estatales. La regulación específica de los tributos cedidos en Madrid se recoge en un texto refundido autonómico que conviene consultar en su redacción vigente antes del examen, ya que estos porcentajes y reducciones pueden ser objeto de actualización por las leyes de medidas fiscales anuales. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se regula en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, y en su reglamento (Real Decreto 1629/1991). Su sujeto pasivo es, en las adquisiciones mortis causa, el heredero o legatario, y en las inter vivos, el donatario. Los grupos de parentesco, que determinan reducciones y tarifa, son cuatro: Grupo I, descendientes y adoptados menores de veintiún años; Grupo II, descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes; Grupo III, colaterales de segundo y tercer grado por consanguinidad y ascendientes y descendientes por afinidad; y Grupo IV, colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños. La tarifa estatal es progresiva, con tipos que van del 7,65 por ciento al 34 por ciento, corregida por un coeficiente multiplicador que depende del patrimonio preexistente y del grupo de parentesco. En Madrid, la bonificación del 99 por ciento de la cuota se aplica a los grupos I y II. El plazo general de presentación es de seis meses desde el fallecimiento en las adquisiciones por causa de muerte, prorrogable por otros seis, y de treinta días hábiles en las adquisiciones inter vivos, contados desde el día siguiente a aquel en que se cause el acto o contrato. La norma de referencia de la Comunidad es el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre.

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) es en realidad un impuesto que engloba tres modalidades incompatibles entre sí sobre un mismo negocio jurídico: Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), que grava las transmisiones onerosas de bienes y derechos entre particulares que no constituyan operación empresarial sujeta a IVA, así como la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas o arrendamientos; Operaciones Societarias (OS), que grava la constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de sociedades; y Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava determinados documentos notariales, mercantiles y administrativos, con una cuota fija y, en el caso de las primeras copias de escrituras con contenido valuable inscribibles, una cuota variable o gradual. Es también un tributo cedido totalmente a las Comunidades Autónomas, que pueden regular el tipo de gravamen de TPO y AJD dentro de ciertos márgenes, así como establecer deducciones y bonificaciones propias. La Comunidad de Madrid ha aplicado tradicionalmente tipos reducidos o bonificaciones en determinados supuestos de interés social (adquisición de vivienda habitual por jóvenes o familias numerosas, constitución de préstamos hipotecarios), cuyos porcentajes exactos varían según la normativa vigente en cada ejercicio y conviene comprobar en la ley de medidas fiscales aplicable al año de la convocatoria. El ITPAJD se regula en el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, las Comunidades Autónomas pueden fijar el tipo de gravamen sobre inmuebles, que a falta de regulación autonómica es del 6 por ciento; en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales, el tipo estatal por defecto es del 0,5 por ciento de la cuota gradual. Madrid aplica un tipo general del 6 por ciento en TPO de inmuebles y del 0,75 por ciento en AJD. Las tres modalidades son incompatibles entre sí para un mismo acto: se aplica la que corresponda al negocio. Debe recordarse que, cuando la transmisión onerosa está sujeta a IVA, queda excluida de TPO, y que, en la compraventa de vivienda nueva a un empresario, tributa por IVA y además por AJD. La Comunidad ha introducido tipos reducidos para determinados supuestos (por ejemplo, adquisición de vivienda habitual por familias numerosas), que deben comprobarse en el texto refundido en vigor.

El Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad de Madrid

El Impuesto sobre el Patrimonio (IP), regulado con carácter básico por la Ley 19/1991, de 6 de junio, es un tributo directo, personal y de titularidad estatal cuyo rendimiento está cedido en su totalidad a las Comunidades Autónomas, con amplia capacidad normativa sobre el mínimo exento, la tarifa y las bonificaciones de la cuota. Grava el patrimonio neto de las personas físicas (bienes y derechos de contenido económico, minorados por las cargas y deudas que los graven) del que sean titulares a 31 de diciembre de cada año. A falta de regulación autonómica, el mínimo exento estatal es de setecientos mil euros y el de la vivienda habitual de trescientos mil euros. La Comunidad de Madrid aplica una bonificación general del cien por cien de la cuota íntegra, lo que en la práctica supone que sus residentes no pagan este impuesto, aunque conservan la obligación de declarar cuando superan los umbrales legales. Madrid ya no es la única Comunidad en esta situación: otras Comunidades, como Andalucía, han establecido bonificaciones del cien por cien en los últimos años. Debe tenerse en cuenta el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, creado por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, tributo estatal complementario y de devengo anual que grava los patrimonios netos superiores a tres millones de euros, permitiendo deducir de su cuota lo satisfecho por el Impuesto sobre el Patrimonio, de modo que neutraliza para las grandes fortunas la bonificación autonómica madrileña; este segundo impuesto no forma parte de la gestión de la Comunidad de Madrid.

Los tributos propios de la Comunidad de Madrid

Además de los impuestos cedidos, las Comunidades Autónomas pueden establecer tributos propios dentro de los límites de la LOFCA, que impide, entre otras cosas, que recaigan sobre hechos imponibles gravados por el Estado y que supongan obstáculos a la libre circulación de personas, mercancías y capitales. La Comunidad de Madrid ha hecho un uso muy limitado de la potestad de establecer impuestos propios, y su financiación propia descansa sobre todo en tasas y precios públicos, que se regulan en el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid (Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre), y en tasas sectoriales (educativas, sanitarias, de tráfico, medioambientales, sobre el juego, entre otras). Los ingresos por tributos propios tienen un peso recaudatorio muy inferior al de los tributos cedidos y de los fondos del sistema de financiación, pero cumplen una función de financiación específica y, en su caso, de orientación de conductas (extrafiscalidad). Cualquier tributo propio nuevo exige norma con rango de ley de la Asamblea de Madrid, conforme a la reserva de ley.

La gestión tributaria de la Comunidad de Madrid

La gestión tributaria de la Comunidad de Madrid se organiza dentro de la Consejería competente en materia de Hacienda. A la Dirección General competente en tributos (actualmente, la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego) corresponde la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos propios y de los cedidos cuya gestión ha asumido la Comunidad (ISD, ITPAJD, Impuesto sobre el Patrimonio y tributos sobre el juego), así como la elaboración de la normativa tributaria autonómica y la resolución de los procedimientos. Su función en el ámbito autonómico es equivalente a la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) desempeña respecto de los tributos estatales, pero su ámbito se limita a los tributos cuya gestión tiene atribuida la Comunidad y no alcanza a los grandes impuestos parcialmente cedidos (IRPF, IVA, Impuestos Especiales), que siguen gestionándose íntegramente por la AEAT aunque parte de su rendimiento se transfiera a la Comunidad. Entre sus funciones típicas se encuentran la comprobación de valores en el ISD y el ITPAJD, la resolución de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias autonómicas y la colaboración con la AEAT y con otras Comunidades Autónomas en el intercambio de información. No debe confundirse con la Agencia Tributaria Madrid, que es el organismo tributario del Ayuntamiento de Madrid y gestiona los tributos locales municipales. La denominación y estructura orgánica de los centros directivos pueden cambiar con los decretos de estructura, por lo que conviene comprobarlas en la norma vigente.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LGT art. 2.2: los tributos son tasas, contribuciones especiales e impuestos. Distingue tasa (actividad administrativa individualizada, solicitud no voluntaria o servicio sin oferta privada) de precio público (solicitud voluntaria y con oferta privada) y de contribución especial (siempre ligada a una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio).
  • Art. 31 CE: los principios materiales (generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad, no confiscatoriedad) se predican del sistema en su conjunto, no de cada tributo; el apartado 3 consagra la reserva de ley. Art. 133 CE: potestad originaria del Estado mediante ley.
  • Elementos del tributo: hecho imponible (art. 20 LGT), devengo (art. 21), sujeto pasivo (art. 36), base imponible, tipo y cuota.
  • ISD, ITPAJD, IP, tasas sobre el juego, IEDMT e Impuesto sobre la Electricidad: cedidos totalmente en rendimiento. IRPF e IVA al 50 por ciento e Impuestos Especiales de fabricación al 58 por ciento: cedidos parcialmente, con gestión de la AEAT.
  • Gestionan efectivamente las Comunidades el ISD, el ITPAJD, el IP y los tributos sobre el juego; la AEAT gestiona IRPF, IVA e Impuestos Especiales aunque parte del rendimiento sea autonómico.
  • Madrid: bonificación del 99 por ciento en ISD para los grupos I y II y bonificación general del 100 por ciento en el Impuesto sobre el Patrimonio. Dato muy preguntado, pero verifica porcentajes en la normativa vigente, porque se modifican por ley autonómica.
  • ISD: plazo de seis meses (prorrogable otros seis) en mortis causa y de treinta días hábiles en inter vivos. Cuatro grupos de parentesco; tarifa estatal del 7,65 al 34 por ciento.
  • ITPAJD: tres modalidades incompatibles (TPO, operaciones societarias y AJD). Si la transmisión está sujeta a IVA, no tributa por TPO.
  • Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (Ley 38/2022): estatal, patrimonios netos superiores a tres millones de euros; la cuota del IP es deducible.
  • Recursos de las Comunidades de régimen común (art. 157 CE): tributos cedidos, recargos y participaciones; tributos propios; Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones; patrimonio e ingresos de derecho privado; operaciones de crédito.
  • No confundir la gestión tributaria de la Comunidad de Madrid (Consejería competente en Hacienda) con la Agencia Tributaria Madrid del Ayuntamiento ni con la AEAT estatal.
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En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el plazo general de presentación en las adquisiciones por causa de muerte es de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 33 de Administrativo C. Madrid?

Este tema abre el bloque de gestión financiera y sienta las bases conceptuales de los ingresos públicos: qué son, cómo se clasifican y cuál es la arquitectura del sistema tributario español, desde los principios constitucionales del artículo 31 CE hasta el reparto de tributos entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. La parte final se centra en los impuestos que gestiona efectivamente la Comunidad de Madrid en virtud de la cesión de tributos (Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio y tributos sobre el juego), así como en sus tasas y precios públicos y en los órganos de la Consejería competente en materia de Hacienda que ejercen la gestión tributaria autonómica. Las cifras de tipos, bonificaciones y reducciones autonómicas se modifican con frecuencia por las leyes de medidas fiscales; lo que debe dominarse es la estructura y la distinción entre figuras, contrastando los porcentajes exactos con la normativa vigente del ejercicio de la convocatoria.

¿Qué hay que memorizar del Tema 33 para el examen?

LGT art. 2.2: los tributos son tasas, contribuciones especiales e impuestos. Distingue tasa (actividad administrativa individualizada, solicitud no voluntaria o servicio sin oferta privada) de precio público (solicitud voluntaria y con oferta privada) y de contribución especial (siempre ligada a una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio). Art. 31 CE: los principios materiales (generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad, no confiscatoriedad) se predican del sistema en su conjunto, no de cada tributo; el apartado 3 consagra la reserva de ley. Art. 133 CE: potestad originaria del Estado mediante ley. Elementos del tributo: hecho imponible (art. 20 LGT), devengo (art. 21), sujeto pasivo (art. 36), base imponible, tipo y cuota. ISD, ITPAJD, IP, tasas sobre el juego, IEDMT e Impuesto sobre la Electricidad: cedidos totalmente en rendimiento. IRPF e IVA al 50 por ciento e Impuestos Especiales de fabricación al 58 por ciento: cedidos parcialmente, con gestión de la AEAT. Gestionan efectivamente las Comunidades el ISD, el ITPAJD, el IP y los tributos sobre el juego; la AEAT gestiona IRPF, IVA e Impuestos Especiales aunque parte del rendimiento sea autonómico. Madrid: bonificación del 99 por ciento en ISD para los grupos I y II y bonificación general del 100 por ciento en el Impuesto sobre el Patrimonio. Dato muy preguntado, pero verifica porcentajes en la normativa vigente, porque se modifican por ley autonómica. ISD: plazo de seis meses (prorrogable otros seis) en mortis causa y de treinta días hábiles en inter vivos. Cuatro grupos de parentesco; tarifa estatal del 7,65 al 34 por ciento. ITPAJD: tres modalidades incompatibles (TPO, operaciones societarias y AJD). Si la transmisión está sujeta a IVA, no tributa por TPO. Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (Ley 38/2022): estatal, patrimonios netos superiores a tres millones de euros; la cuota del IP es deducible. Recursos de las Comunidades de régimen común (art. 157 CE): tributos cedidos, recargos y participaciones; tributos propios; Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones; patrimonio e ingresos de derecho privado; operaciones de crédito. No confundir la gestión tributaria de la Comunidad de Madrid (Consejería competente en Hacienda) con la Agencia Tributaria Madrid del Ayuntamiento ni con la AEAT estatal.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 31, 133, 134, 156, 157 y 158
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 2, 3, 7, 8, 20, 21, 35 y 36)
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
  • Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias
  • Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales
  • Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio; Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
  • Ley 38/2022, de 27 de diciembre, por la que se establecen gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias
  • Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
  • Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado
  • Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid

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