Tema 11. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: objeto y ámbito de aplicación. Los interesados en el procedimiento. Identificación y firma de los interesados. La actividad de las Administraciones Públicas: derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Responsabilidad de la tramitación. Obligación de resolver. Suspensión y ampliación de plazos. El silencio administrativo. Términos y plazos.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
El tema 11 estudia la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), norma de cabecera de la relación entre la Administración y las personas, y una de las más preguntadas en cualquier oposición de Administración General. Abarca su Título Preliminar (objeto y ámbito de aplicación, arts. 1 y 2), el Título I (interesados: capacidad de obrar, concepto de interesado, representación, identificación y firma, arts. 3 a 12) y buena parte del Título II (actividad de las Administraciones Públicas: derechos y obligaciones de las personas, responsabilidad de la tramitación, obligación de resolver, suspensión y ampliación de plazos, silencio administrativo y régimen de términos y plazos, arts. 13 a 33). Conviene dominarlo con precisión porque genera numerosas preguntas de test sobre plazos concretos (tres meses como plazo supletorio para resolver, seis meses como tope general, diez días para subsanar, cómputo en días hábiles con exclusión de sábados), sobre los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente y sobre los efectos del silencio positivo y negativo, el cual se repite en otros temas del bloque.
La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común: objeto y finalidad
El art. 1.1 de la Ley 39/2015 dispone que esta norma tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas (incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas), así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. El art. 1.2 añade una regla de garantía: solo mediante ley, cuando resulte eficaz, necesario y proporcionado para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley. La Ley 39/2015 nace, junto con la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), de la voluntad del legislador de separar la regulación de las relaciones externas de la Administración con las personas (LPACAP) de la regulación de su organización y funcionamiento interno (LRJSP), sustituyendo a la anterior Ley 30/1992 y consolidando la tramitación electrónica como cauce ordinario de relación con la Administración.
Entrada en vigor, derogaciones y estructura de la Ley 39/2015
La Ley 39/2015 entró en vigor el 2 de octubre de 2016, con un régimen diferido para determinadas previsiones de administración electrónica (registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico general, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico y archivo electrónico único), cuya plena eficacia se pospuso hasta el 2 de octubre de 2020 mediante una prórroga posterior de la disposición final séptima. Derogó la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Estructura: Título Preliminar (disposiciones generales, arts. 1-2); Título I (los interesados en el procedimiento, arts. 3-12); Título II (la actividad de las Administraciones Públicas, arts. 13-33); Título III (los actos administrativos, arts. 34-52); Título IV (disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, arts. 53-105); Título V (revisión de los actos en vía administrativa, arts. 106-126); y Título VI (iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, arts. 127-133). El tema 11 se centra en los Títulos Preliminar, I y II.
El ámbito de aplicación subjetivo de la LPACAP
Conforme al art. 2 de la Ley 39/2015, esta se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. Este último está formado por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas (a los que se aplica íntegramente la Ley), las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas (sujetas a las disposiciones de los Títulos II y III de la Ley cuando ejerzan potestades administrativas) y las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por esta ley. Las Corporaciones de Derecho Público se rigen por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración, y supletoriamente por la LPACAP. A efectos de la Ley, tienen la consideración de Administraciones Públicas la AGE, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos públicos y entidades de derecho público a que se refiere la letra a) del art. 2.2.
Procedimientos con normativa específica: especialidades por razón de la materia
La disposición adicional primera de la Ley 39/2015 prevé que los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en la LPACAP, o regulen trámites adicionales o distintos, se regirán, respecto de estos, por lo dispuesto en dichas leyes. Asimismo, determinadas actuaciones y procedimientos (entre ellos los de aplicación de los tributos y su revisión en vía administrativa, los de Seguridad Social y desempleo, y los de extranjería y asilo) se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LPACAP. Esta supletoriedad explica que la Ley 39/2015 sea el «Derecho común» del procedimiento, pero no siempre el único aplicable.
El carácter básico de la Ley 39/2015
La Ley 39/2015 se dicta al amparo del art. 149.1.18ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas. Por ello, la práctica totalidad de su articulado tiene la consideración de legislación básica, de aplicación general y directa a todas las Administraciones Públicas del territorio nacional, incluida la Comunidad de Madrid, que no puede apartarse de sus previsiones salvo en aquellos aspectos organizativos internos en que la propia ley remite a la normativa autonómica de desarrollo. La competencia sobre el «procedimiento administrativo común» no impide que las Comunidades Autónomas dicten normas de procedimiento para las especialidades derivadas de sus competencias materiales, siempre que no reduzcan las garantías mínimas del procedimiento común.
Concepto de procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo puede definirse como el cauce formal, constituido por una serie ordenada de actos y trámites, a través del cual se forma y se exterioriza la voluntad de la Administración Pública para la realización de un fin de interés general, garantizando el acierto de la decisión final y los derechos de los interesados afectados por ella. A diferencia del proceso judicial, en el que dos partes contrapuestas comparecen ante un tercero imparcial, en el procedimiento administrativo la propia Administración es, simultáneamente, parte interesada en el asunto (en tanto gestora del interés general) y el órgano que instruye y resuelve el expediente, lo que explica la importancia de las garantías procedimentales reconocidas a los interesados frente a esa posición de superioridad de la Administración. El art. 105.c) de la Constitución eleva además a mandato constitucional la regulación por ley del procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas (art. 3)
El art. 3 de la Ley 39/2015 reconoce capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a: a) las personas físicas y jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles; b) los menores de edad, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, con la excepción prevista en el propio precepto para los supuestos en que la extensión de la incapacitación o limitación de capacidad afecte precisamente al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate; y c) cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. La letra c) es la que permite, por ejemplo, la actuación ante la Administración de comunidades de bienes o de herencias yacentes, y es una de las trampas habituales del precepto: exige habilitación legal expresa.
Los interesados en el procedimiento: concepto (art. 4)
El art. 4.1 de la Ley 39/2015 reconoce la condición de interesado en el procedimiento administrativo a tres categorías de personas: a) quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar directamente afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y c) aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. El art. 4.2 dispone que las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. El art. 4.3 establece que cuando la condición de interesado derivase de una relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Nótese la diferencia entre las letras b) y c): en la primera basta con ser titular de un derecho directamente afectado, sin necesidad de personarse; en la segunda, el titular de un mero interés legítimo solo adquiere la condición de interesado si se persona antes de la resolución definitiva.
Derecho subjetivo, interés legítimo e interés colectivo
La condición de interesado se vincula a la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. El derecho subjetivo atribuye a su titular un poder de exigir de la Administración un comportamiento determinado; el interés legítimo, concepto más amplio, es la posición de quien obtendría un beneficio o evitaría un perjuicio efectivo, no meramente hipotético, de la estimación de su pretensión, aunque no sea titular de un derecho subjetivo en sentido estricto. Esta noción, de elaboración jurisprudencial y constitucional, ha ido ampliando progresivamente la legitimación frente a la Administración. El interés es colectivo cuando es compartido por un grupo y su defensa se encomienda a una entidad representativa (asociaciones, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones empresariales). Debe distinguirse del interés simple o de la mera acción popular, que no confiere por sí solo la condición de interesado salvo que la ley la reconozca expresamente (por ejemplo, en urbanismo o medio ambiente).
La representación de los interesados (art. 5)
El art. 5 de la Ley 39/2015 permite a los interesados con capacidad de obrar actuar por medio de representante, con quien se entenderán las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas pueden actuar por medio de representante siempre que ello no esté prohibido por ley. Para los actos y gestiones de mero trámite se presume la representación; sin embargo, para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, debe acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. La representación puede acreditarse mediante apoderamiento apud acta, efectuado por comparecencia personal o electrónica en la sede electrónica correspondiente, o mediante la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración competente. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
Los registros electrónicos de apoderamientos (art. 6)
El art. 6 de la Ley 39/2015 dispone que la AGE, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de registros electrónicos generales de apoderamientos, en los que deberán inscribirse, al menos, los otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo, a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. Los apoderamientos pueden ser de tres tipos: general (para cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración), para determinadas Administraciones u órganos, o especial para determinados trámites o procedimientos. Los poderes inscritos en el registro tienen una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción, y el poderdante puede revocar o prorrogar el poder en cualquier momento antes de su finalización; las prórrogas tienen igualmente una validez máxima de cinco años.
La pluralidad de interesados
Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectúan con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término. Esta regla evita la multiplicación de notificaciones y simplifica la tramitación. No debe confundirse con la figura de los interesados que se personan posteriormente (art. 4.1.c) ni con la notificación a todos los titulares de derechos afectados, que sigue siendo obligatoria cuando el acto afecte a sus derechos e intereses.
La identificación de los interesados: sistemas de identificación electrónica (art. 9)
El art. 9 de la Ley 39/2015 establece que las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Los interesados pueden identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas mediante: a) sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»; b) sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en dicha lista; y c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Cada Administración puede determinar los sistemas admitidos, pero la aceptación de alguno de ellos por la Administración General del Estado sirve para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas la identificación electrónica de los interesados, salvo prueba en contrario.
La firma electrónica de los interesados (art. 10)
El art. 10 de la Ley 39/2015 permite a los interesados firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Si optan por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se consideran válidos a efectos de firma: a) los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica; b) los sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico; y c) cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Cuando se utilice un sistema de firma de los previstos, la identidad del interesado se entiende acreditada mediante el propio acto de la firma. Cuando así lo disponga expresamente la normativa aplicable, las Administraciones podrán admitir los sistemas de identificación como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento.
Uso de los medios de identificación y firma en el procedimiento (art. 11)
Conforme al art. 11 de la Ley 39/2015, con carácter general basta con que los interesados acrediten previamente su identidad mediante cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley; no es necesaria la firma en cada actuación. Las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) formular solicitudes; b) presentar declaraciones responsables o comunicaciones; c) interponer recursos; d) desistir de acciones; y e) renunciar a derechos. Esta lista de cinco supuestos coincide en parte con los actos para los que el art. 5 exige acreditar la representación, y es una lista de memoria muy habitual en preguntas de test.
La asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados (art. 12)
El art. 12 de la Ley 39/2015 impone a las Administraciones Públicas garantizar que los interesados puedan relacionarse con ellas por medios electrónicos, poniendo a su disposición los canales de acceso, sistemas y aplicaciones necesarios. Asimismo, deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 y 14.3) que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, la presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y la obtención de copias auténticas. Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica puede ser realizada válidamente por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado; será necesario que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que debe quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. La AGE, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantienen actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constan los funcionarios habilitados para la identificación o firma.
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas (art. 13)
El art. 13 de la Ley 39/2015 reconoce a quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, en sus relaciones con ellas, los siguientes derechos: a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico; a ser asistidos en el uso de medios electrónicos; a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Ley y el resto del ordenamiento; al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el resto del ordenamiento; a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente; a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley; a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones; y cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. El derecho a obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos de proyectos o solicitudes no figura en este art. 13, sino entre los derechos específicos del interesado en el procedimiento del art. 53.
El derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente (art. 14)
El art. 14.1 de la Ley 39/2015 establece que las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos; el medio elegido puede ser modificado por la persona física en cualquier momento. El art. 14.2 enumera, con carácter obligatorio y para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, a: a) las personas jurídicas; b) las entidades sin personalidad jurídica; c) quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional (entendiéndose incluidos en todo caso los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles); d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente; y e) los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que determine reglamentariamente cada Administración. El art. 14.3 permite que reglamentariamente las Administraciones establezcan la obligación de relacionarse electrónicamente para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
La lengua de los procedimientos (art. 15)
Según el art. 15 de la Ley 39/2015, la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado es el castellano; no obstante, los interesados que se dirijan a los órganos de la AGE con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma pueden utilizar también la lengua que sea cooficial en ella, en cuyo caso el procedimiento se tramita en la lengua elegida por el interesado. Si concurren varios interesados y existe discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramita en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expiden en la lengua elegida por los mismos. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajusta a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. La AGE debe traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente; si deben surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial la misma lengua distinta del castellano, no es precisa su traducción.
Los registros: lugares de presentación de solicitudes (art. 16)
Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General, en el que se hace el correspondiente asiento de todo documento presentado o recibido en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculada o dependiente, pudiendo anotarse también la salida de documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas pueden presentarse: a) en el registro electrónico de la Administración a la que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del art. 2.1; b) en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; c) en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; d) en las oficinas de asistencia en materia de registros; y e) en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los asientos se anotan respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, indicando la fecha del día en que se produzcan, y los documentos presentados de manera presencial deben ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros.
El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración y a no presentar originales (art. 28)
El art. 28 de la Ley 39/2015 impone a los interesados la carga de aportar al procedimiento los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas, y se responsabilizan de la veracidad de los documentos que presenten. Al mismo tiempo, reconoce que las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, ni requerirán documentos que hayan sido elaborados por ninguna Administración Pública o que ya hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. Se presume que la consulta u obtención de dichos documentos es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso; en ausencia de oposición, las Administraciones deben recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados. Excepcionalmente, si la Administración no puede recabarlos, puede solicitar nuevamente al interesado su aportación. Cuando la oposición del interesado exista, este debe aportarlos él mismo.
Obligaciones de las personas ante la Administración: colaboración y comparecencia (arts. 18 y 19)
Junto a sus derechos, las personas tienen obligaciones en sus relaciones con la Administración. El art. 18 de la Ley 39/2015 establece el deber de colaboración: las personas colaboran con la Administración en los términos previstos en la ley que en cada caso resulte aplicable y, a falta de previsión expresa, deben facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requiera para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada atente contra el honor, la intimidad personal o familiar, o suponga la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que se tenga conocimiento por la prestación de servicios profesionales de dictamen o asesoramiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de protección de datos. El art. 19 dispone que la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, presencial o por medios electrónicos, solo es obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley; en la citación debe constar expresamente el lugar, fecha, hora, objeto de la comparecencia y los efectos de no atenderla. Quien comparece puede actuar asistido de asesor, y a petición del interesado se expide certificación haciendo constar la comparecencia. Son además obligaciones de las personas la veracidad de los documentos aportados (art. 28) y, en su caso, el deber de relacionarse electrónicamente (art. 14).
Derechos específicos de los interesados en el procedimiento (art. 53)
El art. 53.1 de la Ley 39/2015 reconoce a los interesados en un procedimiento administrativo, además del resto de derechos previstos en la Ley, los siguientes derechos: a) conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, el sentido del silencio que corresponda en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo, el órgano competente para su instrucción y, en su caso, resolución, y los actos de trámite dictados, así como acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos; b) identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; c) no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por estas; d) formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deben ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución; e) obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; f) actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses; g) cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el art. 98.2; y h) cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. El art. 53.2 añade, para el procedimiento sancionador, los derechos a ser notificado de los hechos imputados, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se puedan imponer, así como de la identidad del instructor, la autoridad competente para sancionar y la norma que atribuya tal competencia, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
La responsabilidad de la tramitación (art. 20)
El art. 20 de la Ley 39/2015 establece que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos son responsables directos de su tramitación y deben adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. Los interesados pueden solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria y, en su caso, a las responsabilidades patrimonial, civil o penal que procedan conforme a la normativa aplicable. El precepto se concreta, en la práctica, en el deber de impulso de oficio del procedimiento en todos sus trámites (principio de impulso de oficio, art. 71 de la Ley) y en la observancia del orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza.
La obligación de resolver de la Administración (art. 21.1)
El art. 21.1 de la Ley 39/2015 obliga a la Administración a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consiste en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación general de resolver los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación a la Administración. La obligación de resolver subsiste aunque haya transcurrido el plazo y haya operado el silencio: la resolución expresa tardía se somete al régimen del art. 24.3 (confirmatoria si el silencio fue positivo; sin vinculación alguna al sentido del silencio si fue negativo).
El plazo máximo para resolver y notificar (art. 21.2 a 21.4)
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. Dichos plazos se cuentan: en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; y en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia con indicación de los plazos máximos de duración y de los efectos del silencio administrativo, e informar a los interesados del plazo máximo establecido y de los efectos del silencio mediante una comunicación dirigida al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente, que indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por este.
Medios personales y materiales para cumplir los plazos
El art. 21.5 de la Ley 39/2015 prevé que, cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas puedan suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de este, pueden habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Esta habilitación de medios es el paso previo a la eventual ampliación excepcional del plazo del art. 23, que solo cabe cuando se han agotado todos los medios disponibles.
Efectos de la falta de resolución expresa
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la falta de resolución expresa en el plazo máximo determina la aplicación de la técnica del silencio administrativo, con efectos estimatorios o desestimatorios según los casos previstos en el art. 24 de la Ley 39/2015. En los procedimientos iniciados de oficio, en cambio, el art. 25 distingue: si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo; si se trata de procedimientos en que la Administración ejercita potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el art. 95. En ambos supuestos el vencimiento del plazo no exime a la Administración de la obligación legal de resolver.
La suspensión del plazo máximo para resolver (art. 22.1)
El art. 22.1 de la Ley 39/2015 permite suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución en los siguientes casos: a) cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el del plazo concedido (sin perjuicio de lo previsto en el art. 68); b) cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que ha de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora; c) cuando existan procedimientos no finalizados en el ámbito de la Unión Europea que condicionen directamente el contenido de la resolución; d) cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde que se solicita hasta que la Administración tenga constancia de su contenido; e) cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe, ambas comunicadas a los interesados, sin que este plazo de suspensión pueda exceder en ningún caso de tres meses (si no se recibe el informe en dicho plazo, prosigue el procedimiento); f) cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante su ejecución; y g) cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio (art. 86), desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto de las negociaciones.
Otros supuestos de suspensión del plazo (art. 22.2)
El art. 22.2 de la Ley 39/2015 recoge supuestos en los que el plazo máximo para resolver se suspende por exigencias de otros trámites: cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda ilegal y anulable, en los términos del art. 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, desde que se envía el requerimiento hasta que se atienda o venza el plazo; y cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna de las actuaciones complementarias previstas en el art. 87, durante el tiempo necesario para su práctica. En todos los casos, la suspensión exige comunicación a los interesados del inicio y fin del periodo de suspensión. Aspecto de examen: la suspensión paraliza el cómputo del plazo (que se reanuda al desaparecer la causa), mientras que la ampliación aumenta su duración total y la interrupción por paralización imputable al interesado (art. 25.2) detiene el cómputo del plazo para resolver.
Paralización por causa imputable al interesado y caducidad (arts. 25.2 y 95)
En los supuestos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución (art. 25.2). Además, el art. 95.1 de la Ley 39/2015 dispone que, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento; consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad proceden los recursos pertinentes. No procede la caducidad si la cuestión suscitada afecta al interés general o es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción.
La ampliación del plazo máximo para resolver (art. 23)
El art. 23 de la Ley 39/2015 permite, excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales a disposición posibles (art. 21.5), acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, mediante motivada exposición de las razones, sin que en ningún caso la ampliación pueda ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que debe notificarse a los interesados, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que su procedencia pueda cuestionarse al impugnar la resolución que ponga fin al procedimiento. No debe confundirse esta ampliación excepcional del plazo máximo de resolución con la ampliación general de los plazos de los trámites (art. 32), que puede acordarse de oficio o a petición de los interesados.
El silencio administrativo: concepto y fundamento
El silencio administrativo es la técnica jurídica en virtud de la cual el ordenamiento atribuye un determinado efecto jurídico, estimatorio o desestimatorio, a la falta de resolución expresa de la Administración dentro del plazo máximo legalmente establecido, constituyendo una garantía frente a la eventual inactividad administrativa que, de otro modo, dejaría a la persona interesada en una situación de indefinida incertidumbre sobre sus derechos. No es una forma de terminación normal del procedimiento sino un remedio frente al incumplimiento del deber de resolver. La producción del silencio no exime a la Administración de su obligación legal de resolver de forma expresa (arts. 21.1 y 24.3), con los límites derivados del sentido del silencio ya producido. Lo que depende del tipo de silencio es el régimen de la resolución expresa tardía: confirmatoria del acto presunto si el silencio fue positivo, y sin vinculación alguna al sentido del silencio si fue negativo.
El silencio positivo y el silencio negativo (art. 24.1)
El art. 24.1 de la Ley 39/2015 establece que, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo (silencio positivo), salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio debe fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. El silencio tiene efecto desestimatorio (silencio negativo) en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE), en aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfiriesen al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y en los de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se interponga contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entiende estimado el recurso si, llegado el plazo de resolución, el órgano competente no dicta y notifica resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas anteriormente (silencio positivo en alzada contra silencio negativo).
Efectos del silencio y resolución expresa tardía (art. 24.2 a 24.4)
La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento; la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. Por ello, el silencio positivo es un auténtico acto administrativo, que solo puede dejarse sin efecto por los cauces de la revisión de oficio o la declaración de lesividad; el negativo es una mera ficción legal que no es un acto y no impide a la Administración resolver. La resolución expresa posterior se sujeta al siguiente régimen: a) en los casos de estimación por silencio, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo puede dictarse de ser confirmatoria del mismo; b) en los casos de desestimación por silencio, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adopta por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. Los actos producidos por silencio positivo pueden hacerse valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa. Puede solicitarse un certificado acreditativo del silencio producido, que debe emitirse en el plazo máximo de quince días desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente para resolver.
El silencio en procedimientos iniciados de oficio (art. 25)
El art. 25 de la Ley 39/2015 distingue, en los procedimientos iniciados de oficio, dos efectos ante la falta de resolución expresa en plazo, sin que el vencimiento exima a la Administración de resolver: a) en los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas favorables, los interesados que hubieren comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo (silencio negativo); b) en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad, y la resolución que la declare ordena el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el art. 95. Es un error frecuente pensar que el silencio en procedimientos de oficio es positivo: nunca lo es.
Esquema comparativo: silencio y caducidad
Procedimiento iniciado a solicitud del interesado: regla general silencio positivo (estimatorio), con excepciones de silencio negativo establecidas por ley, por Derecho de la UE o por el propio art. 24.1 (petición, dominio o servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación). Procedimiento de oficio favorable (reconocimiento de derechos): silencio negativo para los interesados comparecidos. Procedimiento de oficio de gravamen o sancionador: caducidad con archivo de actuaciones. Recurso de alzada contra silencio negativo de una solicitud: silencio positivo, salvo en las materias de silencio negativo. Procedimiento paralizado por causa imputable al interesado: advertencia y caducidad a los tres meses (art. 95). Distinción clave: la caducidad extingue el procedimiento (puede iniciarse otro si no ha prescrito la acción), mientras que el silencio positivo resuelve el fondo y el negativo habilita la vía de recurso.
Términos y plazos: obligatoriedad (art. 29)
Los términos y plazos establecidos en la Ley 39/2015 o en otras leyes obligan tanto a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos como a los interesados en los mismos (art. 29.1). El cumplimiento de plazos por las Administraciones, además de dar eficacia a la actuación administrativa, es una garantía para las personas. Son principios relevantes la obligatoriedad (los plazos obligan a ambas partes), el impulso de oficio (la Administración impulsa el procedimiento en todos sus trámites) y la celeridad. Los plazos pueden ser de caducidad o de prescripción, pero su cómputo en el procedimiento administrativo se rige por las reglas generales del art. 30.
El cómputo de plazos: horas y días hábiles (art. 30.1 y 30.2)
Salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, los plazos señalados por horas se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, y no pueden tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresan en días. Siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. El sábado es inhábil desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, diferencia relevante respecto de la Ley 30/1992. El mes de agosto es hábil en el procedimiento administrativo (solo es inhábil, con carácter general, para las actuaciones judiciales).
El cómputo de plazos señalados en meses o años y la prórroga por día inhábil (art. 30.3 a 30.5)
Los plazos expresados en meses o años se computan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluye el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento (cómputo de fecha a fecha). Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entiende que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considera inhábil en todo caso. Los plazos por días hábiles empiezan a contarse también desde el día siguiente a la notificación o publicación o al silencio; el dies a quo no se computa.
El calendario de días inhábiles
La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijan en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprende los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a los que será de aplicación. Dicho calendario debe publicarse antes del comienzo de cada año en los diarios oficiales que correspondan, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos. En el caso de la Comunidad de Madrid, el calendario se publica anualmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.
El cómputo de plazos en los registros electrónicos (art. 31)
El art. 31 de la Ley 39/2015 permite la presentación de documentos en los registros electrónicos todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día. El registro electrónico de cada Administración u organismo se rige, a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que debe contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. La presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El inicio del cómputo de los plazos que deban cumplir las Administraciones viene determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo. Cada Administración publica los días y el horario en que deben permanecer abiertas las oficinas que prestan asistencia para la presentación electrónica de documentos.
La ampliación de plazos (art. 32)
El art. 32 de la Ley 39/2015 permite a la Administración, salvo precepto en contrario, conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero; el acuerdo de ampliación debe notificarse a los interesados. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deben producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate; en ningún caso puede ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no son susceptibles de recurso. Existen reglas específicas para procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares, o que exijan cumplimentar trámites en el extranjero o con intervención de interesados residentes fuera de España.
La tramitación de urgencia (art. 33)
Según el art. 33 de la Ley 39/2015, cuando razones de interés público lo aconsejen, puede acordarse, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No cabe recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, pero sí puede interponerse recurso contra la resolución final del procedimiento. Compárese con la ampliación de plazos: la urgencia reduce a la mitad los plazos (salvo solicitudes y recursos), la ampliación aumenta hasta la mitad como máximo.
Subsanación y mejora de la solicitud (art. 68)
Aunque se ubica en el Título IV, el art. 68 completa el régimen de plazos del tema: si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, la Administración requiere al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del art. 21. Este plazo de diez días puede ampliarse prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. El requerimiento de subsanación suspende el plazo máximo para resolver (art. 22.1.a).
Distinciones que generan confusión: suspender, ampliar, interrumpir y reducir plazos
Suspensión (art. 22): el plazo máximo para resolver se paraliza por un trámite concreto (subsanación, informe preceptivo y determinante con límite de tres meses, pruebas, etc.) y se reanuda después. Ampliación del plazo máximo de resolución (art. 23): excepcional, cuando se han agotado los medios, con acuerdo motivado, sin superar el plazo del propio procedimiento y sin recurso. Ampliación de plazos de trámite (art. 32): hasta la mitad del plazo, antes de su vencimiento, nunca de plazos vencidos y sin recurso. Interrupción por causa imputable al interesado (art. 25.2): detiene el cómputo del plazo para resolver. Reducción (art. 33): la tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos, salvo solicitudes y recursos. Plazo de resolución (art. 21): supletorio de tres meses y tope de seis salvo ley o Derecho de la UE. No confundir el plazo para resolver (obligación de la Administración) con el plazo para recurrir (carga del interesado), ni el silencio con la caducidad.
Cifras y plazos a memorizar del tema
Plazo máximo de resolución: lo fijado por la norma (hasta seis meses, salvo ley o Derecho de la UE); si no hay norma, tres meses. Comunicación de plazo y efectos del silencio: dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud. Informes preceptivos y determinantes: suspensión máxima de tres meses. Subsanación: diez días. Acreditación de representación defectuosa: diez días. Registro de apoderamientos: validez máxima de cinco años. Certificado de silencio: quince días. Paralización por causa del interesado: tres meses para la caducidad. Ampliación de plazos: hasta la mitad. Tramitación de urgencia: mitad de los plazos. Cómputo por días: hábiles; por meses o años: de fecha a fecha. Sábados, domingos y festivos: inhábiles. Registro electrónico: 24 horas, todos los días del año; presentación en inhábil se entiende hecha en la primera hora del primer día hábil siguiente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Plazo general para resolver cuando la norma no dice nada: TRES meses (no seis; ese es el tope máximo posible, salvo norma con rango de ley o Derecho de la UE que fije uno mayor).
Silencio: REGLA GENERAL positivo en procedimientos a instancia de parte; EXCEPCIONES a negativo: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio/servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial e impugnación de actos y disposiciones (con la salvedad del alzada contra silencio negativo, que es positivo).
En procedimientos de oficio: si son desfavorables o de gravamen (sancionadores) caducidad; si son susceptibles de reconocer derechos silencio NEGATIVO para los interesados que hubieren comparecido (nunca positivo).
Suspensión del plazo por informe preceptivo y determinante: máximo TRES meses (art. 22.1.e).
Los plazos por días se cuentan en DÍAS HÁBILES (excluidos sábados, domingos y festivos) salvo que ley o Derecho de la UE digan naturales expresamente; los plazos por meses o años se cuentan de fecha a fecha. Agosto es hábil en vía administrativa.
El silencio positivo equivale a un auténtico acto administrativo (solo revisable por revisión de oficio o lesividad); el silencio negativo es una mera ficción para poder recurrir y no exime de resolver.
Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales con colegiación obligatoria (para su actividad), representantes de obligados y empleados públicos (por su condición de tales). Las personas físicas eligen, salvo desarrollo reglamentario del art. 14.3.
Trampa: el Título I comprende los arts. 3 a 12 (interesados, identificación y firma); los derechos de las personas (art. 13), la obligación de resolver, el silencio y los plazos pertenecen al Título II (arts. 13 a 33).
Trampa: el derecho a obtener información y orientación sobre requisitos jurídicos o técnicos no está en el art. 13 sino en el art. 53.1.e); el de no presentar originales y documentos ya en poder de la Administración se regula en el art. 28.
Solo se exige firma obligatoria para cinco supuestos (art. 11): solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia de derechos. Para el resto basta la identificación.
Representación: se presume para actos de mero trámite; debe acreditarse para solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia. La falta de acreditación es subsanable en diez días.
Capacidad de obrar (art. 3): además de la civil, los menores en los derechos que el ordenamiento les permita ejercer sin asistencia, y (solo si la ley lo declara expresamente) grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes.
Interesado (art. 4): el titular de derechos que puedan resultar directamente afectados no necesita personarse; el titular de intereses legítimos afectados debe personarse antes de la resolución definitiva.
Ampliación del plazo de un trámite (art. 32): máximo la mitad, antes del vencimiento, nunca de plazos vencidos, sin recurso. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo solicitudes y recursos, sin recurso contra el acuerdo.
Notificación o presentación en día inhábil: en los registros electrónicos la presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente.
El plazo de resolución de un procedimiento a solicitud se cuenta desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente; en los de oficio, desde el acuerdo de iniciación.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La suspensión del plazo máximo para resolver mientras se solicita un informe preceptivo y determinante del contenido de la resolución no podrá exceder, en ningún caso, de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 11 de Administrativo C. Madrid?
El tema 11 estudia la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), norma de cabecera de la relación entre la Administración y las personas, y una de las más preguntadas en cualquier oposición de Administración General. Abarca su Título Preliminar (objeto y ámbito de aplicación, arts. 1 y 2), el Título I (interesados: capacidad de obrar, concepto de interesado, representación, identificación y firma, arts. 3 a 12) y buena parte del Título II (actividad de las Administraciones Públicas: derechos y obligaciones de las personas, responsabilidad de la tramitación, obligación de resolver, suspensión y ampliación de plazos, silencio administrativo y régimen de términos y plazos, arts. 13 a 33). Conviene dominarlo con precisión porque genera numerosas preguntas de test sobre plazos concretos (tres meses como plazo supletorio para resolver, seis meses como tope general, diez días para subsanar, cómputo en días hábiles con exclusión de sábados), sobre los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente y sobre los efectos del silencio positivo y negativo, el cual se repite en otros temas del bloque.
¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?
Plazo general para resolver cuando la norma no dice nada: TRES meses (no seis; ese es el tope máximo posible, salvo norma con rango de ley o Derecho de la UE que fije uno mayor). Silencio: REGLA GENERAL positivo en procedimientos a instancia de parte; EXCEPCIONES a negativo: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio/servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial e impugnación de actos y disposiciones (con la salvedad del alzada contra silencio negativo, que es positivo). En procedimientos de oficio: si son desfavorables o de gravamen (sancionadores) caducidad; si son susceptibles de reconocer derechos silencio NEGATIVO para los interesados que hubieren comparecido (nunca positivo). Suspensión del plazo por informe preceptivo y determinante: máximo TRES meses (art. 22.1.e). Los plazos por días se cuentan en DÍAS HÁBILES (excluidos sábados, domingos y festivos) salvo que ley o Derecho de la UE digan naturales expresamente; los plazos por meses o años se cuentan de fecha a fecha. Agosto es hábil en vía administrativa. El silencio positivo equivale a un auténtico acto administrativo (solo revisable por revisión de oficio o lesividad); el silencio negativo es una mera ficción para poder recurrir y no exime de resolver. Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales con colegiación obligatoria (para su actividad), representantes de obligados y empleados públicos (por su condición de tales). Las personas físicas eligen, salvo desarrollo reglamentario del art. 14.3. Trampa: el Título I comprende los arts. 3 a 12 (interesados, identificación y firma); los derechos de las personas (art. 13), la obligación de resolver, el silencio y los plazos pertenecen al Título II (arts. 13 a 33). Trampa: el derecho a obtener información y orientación sobre requisitos jurídicos o técnicos no está en el art. 13 sino en el art. 53.1.e); el de no presentar originales y documentos ya en poder de la Administración se regula en el art. 28. Solo se exige firma obligatoria para cinco supuestos (art. 11): solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia de derechos. Para el resto basta la identificación. Representación: se presume para actos de mero trámite; debe acreditarse para solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia. La falta de acreditación es subsanable en diez días. Capacidad de obrar (art. 3): además de la civil, los menores en los derechos que el ordenamiento les permita ejercer sin asistencia, y (solo si la ley lo declara expresamente) grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes. Interesado (art. 4): el titular de derechos que puedan resultar directamente afectados no necesita personarse; el titular de intereses legítimos afectados debe personarse antes de la resolución definitiva. Ampliación del plazo de un trámite (art. 32): máximo la mitad, antes del vencimiento, nunca de plazos vencidos, sin recurso. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo solicitudes y recursos, sin recurso contra el acuerdo. Notificación o presentación en día inhábil: en los registros electrónicos la presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. El plazo de resolución de un procedimiento a solicitud se cuenta desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente; en los de oficio, desde el acuerdo de iniciación.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 29, 103, 105 y 149.1.18.ª)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), arts. 1 a 33, 53, 68, 95 y disposición adicional primera
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566)
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 44)
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
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