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Tema 28. Las situaciones administrativas de los funcionarios. Características principales y efectos. Régimen de incompatibilidades de los empleados públicos. Responsabilidad y régimen disciplinario.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

Este es, con diferencia, el tema más extenso y con más «letra pequeña» del bloque: reúne tres materias distintas —situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen disciplinario— que comparten un rasgo común, el de estar construidas sobre listados cerrados de causas, plazos y requisitos que se prestan enormemente al formato test. La dificultad principal no es conceptual sino de memorización de matices: qué excedencia exige antigüedad previa y cuál no, qué situaciones conservan la reserva de puesto y cuáles no, qué falta se clasifica como muy grave y cuál queda remitida a la normativa autonómica. Conviene abordarlo con calma y por bloques diferenciados: (1) Título VI del TREBEP (arts. 85 a 92), situaciones administrativas; (2) Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; (3) Título VII del TREBEP (arts. 93 a 98), responsabilidad y régimen disciplinario. Son instituciones jurídicas distintas aunque compartan ubicación en el mismo tema del programa.

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Concepto de situaciones administrativas de los funcionarios

El artículo 85 del TREBEP dispone que los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del propio Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, cuando concurran razones justificadas de movilidad forzosa u otras causas de interés público, sin que de ello pueda derivarse una pérdida de derechos económicos o de carrera. Las situaciones administrativas constituyen, por tanto, las distintas posiciones jurídicas en las que puede encontrarse un funcionario de carrera respecto de su Administración de origen, sin que en ninguna de ellas se pierda la condición funcionarial, a diferencia de lo que ocurre con las causas de pérdida de dicha condición reguladas en el artículo 63. Cada situación produce efectos diferenciados sobre el derecho a percibir retribuciones, sobre la reserva del puesto de trabajo y sobre el cómputo del tiempo a efectos de antigüedad, trienios, ascensos y derechos pasivos, matices que constituyen el núcleo de las preguntas de examen sobre esta materia. El Título VI del TREBEP comprende los artículos 85 a 92.

El servicio activo: concepto y efectos

El artículo 86 del TREBEP regula el servicio activo como la situación en la que se encuentran los funcionarios de carrera cuando prestan servicios en su condición de tales en cualquiera de las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación del propio Estatuto, y no les corresponda quedar en otra situación. Se trata de la situación ordinaria y de referencia respecto de la cual se definen, por contraste, todas las demás: el funcionario en servicio activo disfruta de la plenitud de los derechos inherentes a su condición y queda sujeto, igualmente, a la plenitud de deberes y responsabilidades derivados de la misma. Siguen en servicio activo quienes desempeñan sus puestos mediante fórmulas de provisión temporal, como la comisión de servicios, y las leyes de función pública pueden asimilar a esta situación otros supuestos, sin que ello suponga cambio de situación.

Los servicios especiales

El artículo 87 del TREBEP declara en situación de servicios especiales a los funcionarios de carrera cuando concurra alguna de las circunstancias tasadas que enumera, entre las que se encuentran: ser nombrado miembro del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, o alto cargo de los mismos; ser autorizado para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional; ser adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo; ser elegido o designado para formar parte de órganos constitucionales o estatutarios; ser elegido Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembro de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desempeño de la función; desempeñar cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las corporaciones locales; adquirir la condición de funcionario al servicio de organizaciones internacionales; y ser elegido miembro del Parlamento Europeo, entre otros supuestos. Sus principales efectos son que el funcionario percibe las retribuciones del puesto o cargo que efectivamente desempeña y no las que le correspondan como funcionario, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios; se le reserva la plaza y destino que ocupaba; y se le computa el tiempo en dicha situación a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social.

El servicio en otras Administraciones Públicas

El artículo 88 del TREBEP regula esta situación para los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o de los procedimientos de movilidad interadministrativa previstos en la ley, pasan a depender de una Administración Pública distinta de aquella en la que obtuvieron su condición de funcionario. Mientras permanecen en esta situación, se rigen por la legislación de función pública de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva, si bien conservan su condición de funcionario de la Administración de origen, cuyo cuerpo o escala sigue siendo el suyo, y el tiempo de servicios en la Administración de destino se computa como servicio efectivo en su cuerpo de origen. Los derechos adquiridos (trienios, grado, derechos pasivos) se mantienen, salvaguardando así la unidad de la trayectoria profesional del funcionario con independencia de la Administración a la que preste servicios efectivos en cada momento. Debe distinguirse esta situación de la comisión de servicios (que no cambia la situación de servicio activo) y de la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

Las modalidades de excedencia (art. 89 TREBEP)

El artículo 89 del TREBEP regula la excedencia de los funcionarios de carrera, con las siguientes modalidades: excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género (y, en los términos de su legislación específica, de violencia terrorista). Las dos primeras son las menos protectoras: no devengan retribuciones, no dan derecho a reserva de puesto concreto y el tiempo no se computa a efectos de trienios, ascensos ni derechos pasivos. Las dos últimas (cuidado de familiares y violencia de género) son las más protectoras, porque computan antigüedad y conservan, con distinta intensidad temporal, la reserva del puesto. La agrupación familiar se sitúa en un punto intermedio: no exige servicios previos, pero tampoco genera retribución, reserva ni cómputo.

La excedencia voluntaria por interés particular

El artículo 89.2 del TREBEP regula la excedencia voluntaria por interés particular, que puede concederse a los funcionarios de carrera cuando lo soliciten por su propio interés, siempre que hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud, y a condición de que no se encuentren sujetos a expediente disciplinario. Su concesión queda subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. Se trata de la modalidad de excedencia menos protectora para el funcionario: no genera derecho a la reserva de un puesto de trabajo concreto ni a percibir retribución alguna durante el tiempo de permanencia en la situación, y dicho período no se computa a efectos de trienios, ascensos ni derechos pasivos. La norma prevé además que la Administración pueda declarar de oficio esta situación cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta del servicio activo, el funcionario no solicite el reingreso en el plazo reglamentariamente establecido, funcionando así, en tales casos, como una situación residual o de cierre del sistema.

La excedencia por cuidado de familiares

El artículo 89.4 del TREBEP reconoce el derecho de los funcionarios a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa correspondiente; así como para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, con una duración máxima igualmente de tres años en el TREBEP (a diferencia del Estatuto de los Trabajadores, que fija dos años para el cuidado de familiares). A diferencia de la excedencia por interés particular, este período sí se computa a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos o de Seguridad Social, y el funcionario tiene derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo durante el primer año; transcurrido éste, la reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. En los casos de familia numerosa, el período con reserva del puesto se extiende hasta un máximo de quince meses (categoría general) o de dieciocho meses (categoría especial). Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

La excedencia voluntaria por agrupación familiar

El artículo 89.3 del TREBEP permite conceder la excedencia voluntaria por agrupación familiar, sin necesidad de que el funcionario acredite un tiempo mínimo previo de servicios efectivos, a quienes tengan su cónyuge o pareja de hecho debidamente inscrita que resida en otro municipio, por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como personal laboral fijo en cualquier Administración Pública, organismo público, entidad de derecho público dependiente o vinculada a ellas, órgano constitucional o del Poder Judicial, o en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. Al igual que sucede con la excedencia por interés particular, esta modalidad no comporta derecho a percibir retribución alguna ni a la reserva de un puesto de trabajo concreto, ni el tiempo de permanencia en ella se computa a efectos de trienios, ascensos o derechos pasivos, si bien su presupuesto de hecho —la necesidad de reunificación familiar por motivos laborales del cónyuge o pareja— la distingue claramente de la excedencia por mero interés particular.

La excedencia por razón de violencia de género y por violencia terrorista

El artículo 89.5 del TREBEP reconoce a las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, el derecho a solicitar esta excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo previo de servicios y sin que resulte exigible plazo de permanencia mínima en ella. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social o de clases pasivas aplicable. Cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiese, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que se tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos. Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. La legislación específica en materia de víctimas del terrorismo reconoce derechos análogos a los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos por la actividad terrorista, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos. Es la excedencia más protectora para quien la solicita.

La suspensión de funciones: firme y provisional

El artículo 90 del TREBEP distingue dos modalidades de suspensión de funciones: la provisional y la firme. La suspensión firme se impone en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria, y determina la privación temporal del ejercicio de las funciones y de todos los derechos inherentes a la condición de funcionario, incluidas las retribuciones, durante el tiempo fijado en la sentencia o en la resolución sancionadora, sin que, cuando derive de sanción disciplinaria, pueda exceder de seis años. La suspensión provisional puede acordarse como medida preventiva durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario, con carácter cautelar y no sancionador. El funcionario declarado en situación de suspensión no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de duración de la misma. El tiempo de permanencia en suspensión firme no se computa a efectos de ascensos, trienios ni derechos pasivos; en la suspensión provisional, si el procedimiento concluye con la declaración de inexistencia de responsabilidad, el funcionario tiene derecho a la reincorporación y al reconocimiento de los derechos y retribuciones dejados de percibir.

La suspensión como medida cautelar

Dentro de la suspensión provisional, la suspensión como medida cautelar durante la tramitación de un procedimiento disciplinario (art. 98.3 TREBEP) tiene la finalidad de evitar que el funcionario, mientras se dilucida su eventual responsabilidad, pueda perturbar el buen funcionamiento del servicio, entorpecer la investigación o repetir la conducta objeto de investigación. La suspensión provisional como medida cautelar en un expediente disciplinario no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. Durante este período, el funcionario suspendido cautelarmente percibe, con carácter general, las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, perdiendo las retribuciones complementarias vinculadas al desempeño efectivo del puesto; el detalle depende de la normativa de desarrollo aplicable. Si finalmente se le impone una sanción de suspensión firme, el tiempo de suspensión provisional ya cumplido se computa al cumplimiento de la sanción.

Efectos de cada situación administrativa sobre derechos y reserva de plaza

El estudio comparado de las situaciones administrativas del TREBEP exige fijar con precisión, para cada una de ellas, sus efectos sobre tres variables: la retribución, la reserva de puesto de trabajo y el cómputo de antigüedad a efectos de trienios, ascensos y derechos pasivos. Así, el servicio activo conlleva plenitud de derechos y deberes. Los servicios especiales dan derecho a reserva de plaza y destino, a computar el tiempo y a percibir las retribuciones del puesto o cargo que se desempeña (más los trienios). El servicio en otras Administraciones Públicas conserva la condición de origen y el cómputo de derechos, aunque las retribuciones corresponden a la Administración de destino. La excedencia por cuidado de familiares y la excedencia por violencia de género son las excedencias que computan antigüedad y conservan, con distinta intensidad temporal, la reserva del puesto (un año, ampliable a quince o dieciocho meses en familia numerosa, y seis meses prorrogables hasta dieciocho, respectivamente). Por el contrario, la excedencia por interés particular, la excedencia por agrupación familiar y la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público no generan retribución, ni reserva de puesto concreto, ni cómputo de antigüedad. La suspensión de funciones, finalmente, es la única situación que priva del ejercicio mismo de la función pública y de los derechos inherentes a la condición de funcionario.

El reingreso al servicio activo

El funcionario que se encuentra en una situación administrativa distinta del servicio activo tiene derecho a reincorporarse al mismo, mediante los procedimientos de reingreso que regulen las leyes de función pública de la Administración correspondiente, cumpliendo los requisitos y condiciones que en cada caso se establezcan (por ejemplo, solicitud dentro de plazo al finalizar la causa que motivó la situación anterior). Quienes disfrutan de reserva de puesto (servicios especiales, cuidado de familiares durante el primer año, violencia de género) se reincorporan a ese puesto; quienes no la tienen (interés particular, agrupación familiar) sólo pueden reingresar a puestos vacantes, con carácter provisional mediante adscripción a un puesto mientras se resuelve el correspondiente concurso, con la obligación de participar en los procedimientos de provisión. La falta de solicitud de reingreso en plazo puede determinar el paso de oficio a la situación de excedencia voluntaria por interés particular (art. 89), con la consiguiente pérdida de derechos que ello comporta.

El régimen de incompatibilidades: la Ley 53/1984

El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas se regula, con carácter general y básico, por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, norma anterior al TREBEP pero plenamente vigente (el TREBEP la considera de aplicación al personal incluido en su ámbito, entre otros extremos al tipificar como falta muy grave su incumplimiento). Su ámbito de aplicación subjetivo es muy amplio: se extiende al personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, y de los organismos, entes y empresas dependientes de ellas, así como al personal de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, entre otros. Los altos cargos tienen su propio régimen (en el ámbito estatal, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado). Su finalidad es garantizar el estricto cumplimiento de los deberes y la salvaguarda de la imparcialidad de quienes trabajan al servicio de las Administraciones Públicas, evitando situaciones que puedan comprometer la dedicación exigible a su puesto.

Principios generales del régimen de incompatibilidades

El principio general que estructura toda la Ley 53/1984 es el de que el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la propia ley y previa autorización expresa de compatibilidad (art. 1). Este principio de incompatibilidad se justifica en la necesidad de garantizar el cumplimiento estricto de los deberes del puesto de trabajo, así como la imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función pública, evitando situaciones de dedicación insuficiente, de conflicto de intereses o de utilización en beneficio privado de la posición pública ocupada. La incompatibilidad opera tanto respecto de un segundo puesto en el sector público (regla general muy estricta, con escasas excepciones) como respecto de determinadas actividades privadas, para las cuales la ley articula un régimen de compatibilidad condicionada sujeta a autorización o reconocimiento previo. La autorización de compatibilidad no modificará la jornada y el horario del interesado y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.

La incompatibilidad de actividades públicas

El principio general de la Ley 53/1984 es que nadie podrá desempeñar más de un puesto de trabajo en el sector público, entendiendo por tal, a estos efectos, la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como sus organismos, entes y empresas dependientes. La propia norma contempla, no obstante, excepciones tasadas en las que cabe reconocer la compatibilidad de dos puestos públicos: es el caso de la actividad docente universitaria a tiempo parcial como profesor asociado y de determinadas actividades sanitarias en los términos que la ley fija. Hay además un conjunto de actividades que quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades (art. 19), entre las que se encuentran: la administración del patrimonio personal o familiar; la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios; la participación en tribunales calificadores de pruebas de acceso a la función pública; la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no consistan en una actividad habitual; la participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y la colaboración y asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional. Quien accede a un segundo puesto debe optar, dentro del plazo legal (diez días desde la toma de posesión), por uno de ellos; la falta de opción supone, según los casos, el pase a la situación que determine la ley en el primero de los puestos.

La compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas

La Ley 53/1984 articula un régimen distinto, más flexible, para la compatibilidad de un puesto público con el ejercicio de una actividad privada. Con carácter general, puede reconocerse la compatibilidad siempre que la actividad privada no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del puesto público, ni comprometa su imparcialidad o independencia, y que no se realice dentro de la jornada y horario de trabajo del puesto público. La ley prohíbe en todo caso al personal incluido en su ámbito: el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público; la pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el funcionario; el desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o aval del sector público; y la participación superior al diez por ciento en el capital de dichas empresas o sociedades (art. 12). Además, no podrá autorizarse ni reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complemento específico, o concepto equiparable, o al retribuido por arancel, salvo aquellos puestos cuyo complemento específico no supere el treinta por ciento de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad (art. 16). El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades es falta muy grave (art. 95.2 TREBEP).

El régimen de responsabilidad de los funcionarios

Los empleados públicos pueden incurrir en responsabilidad penal, civil, patrimonial y disciplinaria, que no se excluyen entre sí con las debidas matizaciones del principio non bis in idem. La responsabilidad patrimonial de la Administración frente a terceros por los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos se regula en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público; el artículo 36 de esta Ley establece que la Administración, cuando haya indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento, ponderando el daño, el dolo, la culpa o negligencia y la relación con el resultado producido. La responsabilidad disciplinaria se regula en el Título VII del TREBEP (arts. 93 a 98) y en las leyes de función pública de cada Administración. Se trata de un sistema de responsabilidades compatible y acumulable en el sentido de que la exigencia de una de ellas no excluye la posible concurrencia de las restantes por unos mismos hechos, sin perjuicio de que los hechos declarados probados en vía penal vinculen a la Administración en el expediente disciplinario.

La responsabilidad civil, penal y disciplinaria

Las modalidades de responsabilidad a que puede quedar sujeto un empleado público responden a fundamentos y finalidades distintas. La responsabilidad civil persigue la reparación del daño causado a un tercero mediante la correspondiente indemnización, y se hace efectiva normalmente a través de la responsabilidad patrimonial de la Administración, con la posible acción de regreso posterior frente al empleado causante en los supuestos de dolo, culpa o negligencia graves. La responsabilidad penal se exige cuando la conducta del empleado público es constitutiva de un delito tipificado en el Código Penal, con particular relevancia de los delitos contra la Administración pública del Título XIX del Libro II (prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, entre otros). La responsabilidad disciplinaria, por su parte, deriva del incumplimiento de los deberes propios del puesto o de las obligaciones estatutarias, se exige a través del correspondiente procedimiento administrativo sancionador interno y es, en principio, independiente y compatible con las anteriores, con la salvedad del principio non bis in idem y de que los hechos declarados probados en sentencia penal firme vinculan a la Administración.

El régimen disciplinario: principios

El Título VII del TREBEP (arts. 93 a 98) regula el régimen disciplinario. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el propio Título VII y en las normas que las leyes de función pública dicten en desarrollo del Estatuto, aplicándose al personal laboral, además, la legislación laboral en aquello que resulte compatible. El artículo 94.2 enumera los principios de la potestad disciplinaria: legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa; irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las favorables al presunto infractor; proporcionalidad, aplicado tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación; culpabilidad; y presunción de inocencia. A ellos se suma, por la remisión a la Ley 40/2015, el principio non bis in idem, que impide sancionar dos veces unos mismos hechos cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda ser exigible.

Las faltas disciplinarias: muy graves, graves y leves

El artículo 95 del TREBEP tipifica con carácter básico las faltas disciplinarias muy graves, entre las que se encuentran, sin ánimo exhaustivo: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por tales razones, el acoso sexual y por razón de sexo y el acoso laboral; el abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que se tienen encomendadas; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función; la negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido; el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas; la violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales; la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico; prevalerse de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro; la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales; los actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga y el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga; el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades; y la incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. En cambio, las faltas graves y leves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas (para la Comunidad de Madrid, su legislación de función pública y, en su caso, la negociación colectiva para el personal laboral), dentro siempre del marco y de los límites fijados por el TREBEP.

Las sanciones disciplinarias

El artículo 96 del TREBEP enumera, con carácter básico, las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas disciplinarias: a) la separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves, así como el despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban; b) la suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años; c) el traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca; d) el demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; e) el apercibimiento; y f) cualquier otra que se establezca por ley. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, cuantía del perjuicio causado a la Administración o a los ciudadanos, y la reiteración o reincidencia. La imposición de cualquiera de estas sanciones exige, en todo caso, la previa tramitación del correspondiente procedimiento disciplinario con las garantías legalmente establecidas.

La prescripción de faltas y sanciones

El artículo 97 del TREBEP regula la prescripción. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido y, desde el cese de la conducta, cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora. Son cifras de memoria frecuentes en test: 3-2-0,5 años para las infracciones y 3-2-1 años para las sanciones.

El procedimiento disciplinario

El artículo 98 del TREBEP dispone que no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas graves o muy graves sino mediante el procedimiento previamente establecido, y que la imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. La estructura del procedimiento garantizará al presunto responsable los derechos a la presunción de inocencia, a ser informado de la acusación y a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y establecerá la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. En la tramitación del expediente se formula un pliego de cargos (o equivalente), se practica la prueba, se dicta propuesta de resolución que se pone de manifiesto al interesado para que formule alegaciones, y se dicta resolución final motivada. Cuando así lo justifiquen la naturaleza de la infracción o las circunstancias del caso, el órgano competente puede adoptar medidas cautelares, entre ellas la suspensión provisional de funciones, que no podrá exceder de seis meses salvo paralización imputable al interesado. En la Comunidad de Madrid rige, dentro del marco del TREBEP, su normativa propia de régimen disciplinario, que debe consultarse en el texto vigente.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El art. 85 TREBEP enumera 5 situaciones administrativas: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras AAPP, excedencia y suspensión de funciones. El Título VI abarca los arts. 85 a 92.
  • De las excedencias, solo la de cuidado de familiares y la de violencia de género computan antigüedad y dan derecho a reserva de puesto; interés particular, agrupación familiar y servicios en el sector público NO.
  • La excedencia por interés particular exige 5 años de servicios previos; la de agrupación familiar y la de violencia de género NO exigen tiempo mínimo previo.
  • Cuidado de familiares: hasta 3 años; reserva del mismo puesto el primer año (15 o 18 meses en familia numerosa general o especial). Violencia de género: reserva 6 meses, prorrogable por períodos de 3 hasta un máximo de 18; retribuciones íntegras los 2 primeros meses.
  • La suspensión firme (hasta 6 años cuando deriva de sanción) procede de sentencia penal o sanción disciplinaria; la suspensión provisional cautelar en expediente disciplinario: máximo 6 meses salvo paralización imputable al interesado. El suspenso no puede prestar servicios en ninguna AAPP.
  • Ley 53/1984 = incompatibilidades: regla general, un solo puesto en el sector público; para la actividad privada cabe compatibilidad si no menoscaba los deberes, no se hace en horario de trabajo y no está comprendida entre las prohibidas (art. 12); no se autoriza compatibilidad con complemento específico salvo que no supere el 30% de la retribución básica excluida la antigüedad (art. 16).
  • Las faltas muy graves las tipifica el TREBEP (art. 95.2) con carácter básico; las graves y leves las fija la legislación de cada Administración (o la negociación colectiva para laborales).
  • Sanciones (art. 96): separación del servicio (solo por falta muy grave; interinos: revocación del nombramiento; laborales: despido disciplinario), suspensión firme (máx. 6 años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento.
  • Prescripción de infracciones: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; de sanciones: 3 años, 2 años y 1 año (art. 97).
  • Faltas graves y muy graves exigen procedimiento con separación instructor/sancionador; las leves, procedimiento sumario con audiencia al interesado (art. 98).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Según el artículo 97 del TREBEP, las faltas muy graves, graves y leves prescriben, respectivamente, a los:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 28 de Administrativo C. Madrid?

Este es, con diferencia, el tema más extenso y con más «letra pequeña» del bloque: reúne tres materias distintas —situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen disciplinario— que comparten un rasgo común, el de estar construidas sobre listados cerrados de causas, plazos y requisitos que se prestan enormemente al formato test. La dificultad principal no es conceptual sino de memorización de matices: qué excedencia exige antigüedad previa y cuál no, qué situaciones conservan la reserva de puesto y cuáles no, qué falta se clasifica como muy grave y cuál queda remitida a la normativa autonómica. Conviene abordarlo con calma y por bloques diferenciados: (1) Título VI del TREBEP (arts. 85 a 92), situaciones administrativas; (2) Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; (3) Título VII del TREBEP (arts. 93 a 98), responsabilidad y régimen disciplinario. Son instituciones jurídicas distintas aunque compartan ubicación en el mismo tema del programa.

¿Qué hay que memorizar del Tema 28 para el examen?

El art. 85 TREBEP enumera 5 situaciones administrativas: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras AAPP, excedencia y suspensión de funciones. El Título VI abarca los arts. 85 a 92. De las excedencias, solo la de cuidado de familiares y la de violencia de género computan antigüedad y dan derecho a reserva de puesto; interés particular, agrupación familiar y servicios en el sector público NO. La excedencia por interés particular exige 5 años de servicios previos; la de agrupación familiar y la de violencia de género NO exigen tiempo mínimo previo. Cuidado de familiares: hasta 3 años; reserva del mismo puesto el primer año (15 o 18 meses en familia numerosa general o especial). Violencia de género: reserva 6 meses, prorrogable por períodos de 3 hasta un máximo de 18; retribuciones íntegras los 2 primeros meses. La suspensión firme (hasta 6 años cuando deriva de sanción) procede de sentencia penal o sanción disciplinaria; la suspensión provisional cautelar en expediente disciplinario: máximo 6 meses salvo paralización imputable al interesado. El suspenso no puede prestar servicios en ninguna AAPP. Ley 53/1984 = incompatibilidades: regla general, un solo puesto en el sector público; para la actividad privada cabe compatibilidad si no menoscaba los deberes, no se hace en horario de trabajo y no está comprendida entre las prohibidas (art. 12); no se autoriza compatibilidad con complemento específico salvo que no supere el 30% de la retribución básica excluida la antigüedad (art. 16). Las faltas muy graves las tipifica el TREBEP (art. 95.2) con carácter básico; las graves y leves las fija la legislación de cada Administración (o la negociación colectiva para laborales). Sanciones (art. 96): separación del servicio (solo por falta muy grave; interinos: revocación del nombramiento; laborales: despido disciplinario), suspensión firme (máx. 6 años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento. Prescripción de infracciones: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; de sanciones: 3 años, 2 años y 1 año (art. 97). Faltas graves y muy graves exigen procedimiento con separación instructor/sancionador; las leves, procedimiento sumario con audiencia al interesado (art. 98).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE-A-2015-11719): Título VI (arts. 85 a 92) y Título VII (arts. 93 a 98).
  • Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: arts. 32 y ss. (responsabilidad patrimonial) y art. 36.
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Libro II, Título XIX (delitos contra la Administración pública).
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

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