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Tema 2. La Corona: Funciones del Rey. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

Este tema desarrolla los Títulos II y III de la Constitución: la Corona, con la figura del Rey como Jefe del Estado y sus funciones tasadas, y las Cortes Generales, órgano de representación del pueblo español que ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos y controla la acción del Gobierno. Es un tema muy denso en datos concretos —composición de cada Cámara, duración de mandatos, quórums, plazos del procedimiento legislativo— que exige memorización precisa antes que comprensión conceptual, y que suele combinarse en el examen con preguntas de detalle sobre artículos muy próximos entre sí (arts. 56 a 96 CE).

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La Corona: naturaleza y caracterización constitucional (Título II CE)

El Título II CE (arts. 56 a 65) regula la Corona como institución. El art. 56.1 CE define al Rey como «Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». De esta caracterización derivan los rasgos esenciales de la Monarquía parlamentaria española: es una magistratura simbólica y arbitral, no ejecutiva; su título es el de Rey de España, pudiendo utilizar los demás títulos que correspondan a la Corona (art. 56.2); su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, exigiéndose siempre el refrendo de sus actos, sin el cual carecen de validez, salvo las excepciones expresamente previstas (art. 56.3 y art. 65.2, referida a los miembros civiles y militares de su Casa). La Corona es hereditaria, lo que la distingue del resto de órganos constitucionales, cuyos titulares son designados por vías electivas o de nombramiento (art. 57.1 CE).

El Rey como Jefe del Estado y símbolo de su unidad

El art. 56.1 CE atribuye al Rey una triple condición: Jefe del Estado (máxima magistratura, sin equivaler a jefatura de Gobierno), símbolo de la unidad y permanencia del Estado (función representativa e integradora por encima de las alternancias políticas) y árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (función de equilibrio institucional que se ejerce, sobre todo, a través de facultades como la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno tras consultar con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, conforme al art. 99 CE). Estas funciones tienen un carácter marcadamente simbólico y arbitral, coherente con la naturaleza parlamentaria de la Monarquía: el Rey no gobierna ni asume responsabilidad política, que recae en el Gobierno y, en última instancia, en el Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados. La irresponsabilidad del Rey (art. 56.3 CE) es la contrapartida lógica de que sus actos carezcan de eficacia sin refrendo: quien asume la responsabilidad política y, en su caso, jurídica de un acto regio es siempre la autoridad refrendante.

El refrendo de los actos del Rey

El art. 64 CE regula el refrendo como institución central del sistema: «Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso». El art. 64.2 añade la consecuencia jurídica esencial: «De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden», trasladando así a la autoridad refrendante la responsabilidad que la irresponsabilidad regia del art. 56.3 impide exigir al propio Rey. El refrendo cumple una doble función: es requisito de validez del acto regio (sin refrendo, el acto carece de eficacia, salvo la excepción tasada del art. 65.2, relativa al nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de su Casa) y es, a la vez, el mecanismo que permite trasladar la responsabilidad política a quien efectivamente decide. La regla general atribuye el refrendo al Presidente del Gobierno o a los Ministros competentes por razón de la materia, salvo las dos excepciones expresas que la propia Constitución atribuye al Presidente del Congreso.

La sucesión a la Corona: orden sucesorio

El art. 57.1 CE declara hereditaria la Corona en los sucesores de Don Juan Carlos I de Borbón y dispone que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Este criterio de preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de grado —pese a las reiteradas propuestas de reforma para introducir la igualdad de género en la sucesión— continúa vigente por no haberse tramitado la correspondiente reforma constitucional (que exigiría el procedimiento agravado del art. 168 CE, al afectar al Título II). El art. 57.3 prevé que, extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. El art. 57.4 excluye de la sucesión a quienes, teniendo derecho a ella, contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales.

La regencia y la tutela del Rey

El art. 59 CE regula la regencia para los supuestos en que el Rey sea menor de edad (ejercida por el padre o la madre del Rey, o por el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, por el orden establecido en la Constitución) o quede inhabilitado para el ejercicio de su autoridad, reconocida esta inhabilitación por las Cortes Generales; si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la regencia, la nombrarán las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. El art. 60 CE regula, por su parte, la tutela del Rey menor: será tutor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales. No pueden acumularse los cargos de regente y de tutor, salvo en el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey, y el ejercicio de la tutela es incompatible con todo cargo o representación política, exigencia dirigida a preservar la neutralidad de quien educa al futuro Rey.

Funciones del Rey: sancionar y promulgar las leyes

Entre las funciones tasadas que el art. 62 CE atribuye al Rey figura, en su letra a), «sancionar y promulgar las leyes». Esta función se completa con el art. 91 CE, que fija un plazo concreto: «El Rey sancionará, en el plazo de quince días, las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación». La sanción es el acto por el que el Rey confirma solemnemente la ley aprobada por las Cortes, incorporándola al ordenamiento; la promulgación es el acto formal por el que se ordena su publicación y se atestigua su autenticidad y fuerza obligatoria; y la publicación en el BOE es el requisito de eficacia que hace posible su conocimiento general y su entrada en vigor (art. 9.3 CE, principio de publicidad de las normas). A diferencia de otros sistemas históricos, no existe en la Constitución española margen alguno de veto regio: el Rey está obligado a sancionar toda ley válidamente aprobada por las Cortes dentro del plazo fijado, en coherencia con su papel puramente simbólico y arbitral, nunca decisorio, dentro del proceso legislativo.

Convocar y disolver las Cortes Generales

El art. 62.b) CE atribuye al Rey la función de «convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución». La convocatoria de las Cortes tras unas elecciones generales es un acto reglado, sin margen de decisión regia. La disolución, en cambio, puede producirse en distintos supuestos: disolución anticipada discrecional propuesta por el Presidente del Gobierno bajo su exclusiva responsabilidad, previa deliberación del Consejo de Ministros (art. 115 CE, con el límite de no poder disolver antes de que transcurra un año desde la anterior disolución, ni durante la tramitación de una moción de censura); disolución automática cuando, transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso (art. 99.5 CE); y disolución necesaria en el procedimiento de reforma constitucional agravada del art. 168 CE. En todos los casos, el decreto de disolución es siempre un acto regio refrendado —por el Presidente del Gobierno con carácter general, salvo la disolución del art. 99, que refrenda el Presidente del Congreso conforme al art. 64.1 CE—, nunca una decisión personal y autónoma del Monarca.

Convocar elecciones y referéndum

Además de convocar las Cortes Generales, el art. 62.b) CE atribuye al Rey convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución, acto formal y reglado que sigue a la disolución de las Cámaras o a la expiración de su mandato de cuatro años. Por su parte, el art. 62.c) CE le atribuye «convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución», siendo el supuesto más relevante el referéndum consultivo del art. 92 CE, sobre decisiones políticas de especial trascendencia, que el Rey convoca a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. También corresponde convocar referéndum en otros supuestos previstos en la Constitución (ratificación de la reforma constitucional en los arts. 167 y 168 CE, o los relativos a la iniciativa autonómica). En todos los casos, la convocatoria regia es un acto debido que exige siempre refrendo del Presidente del Gobierno, sin que el Rey pueda promoverla ni denegarla por iniciativa o criterio propio: la decisión política sustantiva corresponde siempre a otros órganos constitucionales.

Proponer y nombrar al Presidente del Gobierno

El art. 62.d) CE atribuye al Rey «proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución». El procedimiento se desarrolla en el art. 99 CE: tras cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionalmente previstos, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propone, a través del Presidente del Congreso, un candidato a la Presidencia del Gobierno; el candidato expone su programa político ante el Congreso y solicita la confianza de la Cámara, que se otorga por mayoría absoluta en primera votación o, cuarenta y ocho horas después, por mayoría simple en segunda votación; obtenida la confianza, el Rey le nombra Presidente. Esta función ejemplifica de manera muy clara el carácter arbitral y no decisorio de la Corona: el Rey propone tras una consulta reglada y nombra a quien las Cortes efectivamente investisten, sin capacidad de imponer un candidato propio ni de negarse a nombrar al que resulte investido.

El mando supremo de las Fuerzas Armadas

El art. 62.h) CE atribuye al Rey «el mando supremo de las Fuerzas Armadas», en coherencia con la misión que el art. 8.1 CE encomienda a estas (garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional). Se trata, no obstante, de un mando simbólico e institucional, no de un mando operativo o efectivo: la dirección real de la Administración militar y de la política de defensa corresponde al Gobierno, conforme al art. 97 CE, que dirige la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y se ejerce a través del Ministerio de Defensa y de la cadena de mando militar ordinaria. El mando supremo regio debe entenderse, por tanto, en el mismo sentido simbólico-arbitral que el resto de funciones del art. 62 CE: expresa la unidad de las Fuerzas Armadas bajo la figura del Jefe del Estado, en referencia a la tradición histórica de la Corona como vértice de la organización militar, pero no habilita al Rey para adoptar decisiones operativas de defensa ni para actuar al margen del refrendo gubernamental correspondiente.

El ejercicio del derecho de gracia

El art. 62.i) CE atribuye al Rey «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». El derecho de gracia (el indulto particular, que perdona o conmuta una pena ya impuesta por sentencia firme) se regula por la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de indulto (modificada por la Ley 1/1988), aún vigente en lo esencial, que exige siempre la tramitación de un expediente y la propuesta del Ministerio de Justicia, siendo el Consejo de Ministros quien efectivamente decide su concesión mediante Real Decreto que el Rey se limita a refrendar de manera formal. La prohibición constitucional expresa de los indultos generales (que beneficiarían de forma colectiva e indiscriminada a categorías enteras de condenados, sin consideración individualizada de cada caso) es una garantía frente al uso del derecho de gracia como instrumento de amnistía encubierta, distinguiendo así claramente el indulto (particular, individualizado, de naturaleza administrativa) de la amnistía (medida de alcance general que extingue la responsabilidad penal; la Constitución no la menciona expresamente y la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía, ha reabierto el debate sobre su encaje constitucional). De nuevo, el acto regio es meramente formal y exige refrendo del Ministro de Justicia.

El alto patronazgo de las Reales Academias

El art. 62.j) CE cierra la enumeración de funciones regias atribuyendo al Rey «el Alto Patronazgo de las Reales Academias». Es la función de menor trascendencia práctica entre las recogidas en el art. 62 CE, pero de cita frecuente en examen precisamente por su carácter cerrado y fácilmente memorizable como última letra del precepto. Se trata de una función puramente honorífica y simbólica de protección institucional sobre las Reales Academias (como la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia o la Real Academia de Ciencias, entre otras), sin contenido ejecutivo ni capacidad de intervención en su funcionamiento interno, gobierno o actividad científica y cultural, que se rige por sus propios estatutos y por su autonomía institucional. Conviene distinguir bien esta función (el Alto Patronazgo del art. 62.j) del resto de funciones del mismo artículo que sí tienen una proyección política o institucional más relevante (sancionar leyes, disolver Cortes, proponer Presidente del Gobierno, mando de las Fuerzas Armadas), para no confundir su alcance en preguntas de examen que enumeran varias letras del art. 62 CE mezcladas.

Las Cortes Generales: composición bicameral (art. 66 CE)

El art. 66.1 CE dispone que «las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado», consagrando así el carácter bicameral del Parlamento español. El art. 66.2 enumera sus funciones esenciales: ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. El art. 66.3 proclama la inviolabilidad de las Cortes Generales, garantía institucional que protege el libre funcionamiento de las Cámaras frente a cualquier injerencia externa. El bicameralismo español es asimétrico o imperfecto: aunque formalmente el Senado se define como Cámara de representación territorial (art. 69.1 CE), en la práctica el Congreso de los Diputados ostenta una posición de primacía funcional muy superior —es la única Cámara que interviene en la investidura y en la moción de censura, y sus decisiones prevalecen sobre el veto o las enmiendas del Senado en el procedimiento legislativo (art. 90 CE)—, lo que ha generado un debate doctrinal recurrente sobre la necesidad de reformar el Senado para dotarlo de una auténtica funcionalidad territorial.

Funciones de las Cortes Generales: potestad legislativa, presupuestaria y de control

Conforme al art. 66.2 CE, las Cortes Generales desempeñan tres grandes funciones. La potestad legislativa consiste en la elaboración y aprobación de las leyes (ordinarias y orgánicas), siendo esta la función que da nombre e identidad al Parlamento como órgano legislativo del Estado, sin perjuicio de la legislación delegada y de urgencia que corresponde al Gobierno bajo control parlamentario (arts. 82 a 86 CE). La función presupuestaria, de especial relevancia constitucional, se concreta en la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto elabora el Gobierno (art. 134 CE) pero cuya aprobación final corresponde exclusivamente a las Cortes. La función de control de la acción del Gobierno se ejerce mediante instrumentos muy variados: preguntas e interpelaciones parlamentarias, mociones, comparecencias, Comisiones de investigación (art. 76 CE), y, en su expresión máxima, la moción de censura y la cuestión de confianza (arts. 113 y 114 CE), instrumentos que pueden llegar a comprometer la propia continuidad del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.

El Congreso de los Diputados: composición y sistema electoral

El art. 68.1 CE fija que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados (la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ha fijado el número en 350), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. El art. 68.3 CE establece que la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. El sistema electoral resultante combina, por tanto, tres elementos: circunscripción provincial, fórmula proporcional (fórmula D'Hondt y barrera del 3 % de los votos válidos emitidos en cada circunscripción, fijadas por la LOREG) y una representación mínima inicial asegurada a cada provincia con independencia de su población, lo que en la práctica atenúa considerablemente la proporcionalidad estricta en favor de las provincias menos pobladas. El art. 68.5 CE reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo a todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos, incluyendo expresamente a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España, para quienes la ley debe reconocer y facilitar el ejercicio del derecho de sufragio.

La circunscripción electoral y el número de diputados

El art. 68.2 CE dispone que «la circunscripción electoral es la provincia», estableciendo además que las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado, y que la ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. Este diseño provincial de la circunscripción tiene consecuencias directas y muy preguntadas en examen: al asignarse un mínimo de escaños fijo a cada provincia (actualmente dos, más el correspondiente a Ceuta y Melilla) con independencia de su población, el peso del voto varía sensiblemente entre provincias muy pobladas y provincias poco pobladas, lo que en la práctica corrige la representación proporcional teórica en beneficio de la España menos poblada. Este mismo esquema de circunscripción provincial se reproduce, con matices, en la elección del Senado (art. 69 CE), reforzando el papel de la provincia como unidad territorial de referencia electoral básica en el conjunto del sistema constitucional español, frente a la circunscripción única que rige, en cambio, en las elecciones al Parlamento Europeo.

El Senado como Cámara de representación territorial

El art. 69.1 CE define al Senado como «la Cámara de representación territorial», calificación que, sin embargo, se corresponde solo parcialmente con su composición real y con su funcionamiento efectivo, lo que constituye uno de los debates clásicos del Derecho constitucional español. La mayor parte de los senadores (los elegidos por provincia e islas) responden en realidad a una lógica de representación poblacional-territorial similar a la del Congreso, y solo una minoría de senadores —los designados por las Comunidades Autónomas— representa en sentido estricto a estas como entes territoriales dotados de autonomía política. Esta dualidad explica que buena parte de la doctrina y de las propuestas de reforma constitucional hayan defendido una revisión del Senado para convertirlo en una auténtica cámara de las Comunidades Autónomas, similar al modelo alemán del Bundesrat, sustituyendo o complementando la elección provincial directa por una representación más plena de los Gobiernos o Parlamentos autonómicos. Hasta la fecha, estas propuestas no se han traducido en una reforma constitucional efectiva del Título III.

Composición del Senado: senadores por provincia y designados por las CCAA

El art. 69 CE combina dos vías de elección de senadores. Por elección directa (art. 69.2 a 69.4): en cada provincia se eligen cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; en cada isla o agrupación de islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) se eligen tres Senadores, y en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma, uno cada una; y las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen dos Senadores cada una. Por designación autonómica (art. 69.5): cada Comunidad Autónoma designa además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, correspondiendo la designación a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que en todo caso deben asegurar la adecuada representación proporcional. Esta doble vía de elección explica por qué el Senado, pese a calificarse constitucionalmente de territorial, mantiene una composición mayoritariamente provincial y solo parcialmente autonómica.

La duración del mandato: la legislatura de cuatro años

Tanto el art. 68.4 CE (Congreso) como el art. 69.6 CE (Senado) establecen que ambas Cámaras son elegidas por cuatro años, terminando el mandato de Diputados y Senadores cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara respectiva. Este periodo de cuatro años se conoce técnicamente como legislatura, concepto que engloba tanto el mandato ordinario completo (si no hay disolución anticipada) como el mandato efectivamente acortado en caso de disolución (por decisión discrecional del Presidente del Gobierno del art. 115 CE, por disolución automática tras una investidura fallida del art. 99.5 CE, o por disolución vinculada a la reforma constitucional agravada del art. 168 CE). Es importante no confundir la legislatura con el periodo de sesiones (art. 73 CE), concepto distinto que se refiere a los dos periodos ordinarios de actividad parlamentaria dentro de cada año (de septiembre a diciembre y de febrero a junio), y que se repite varias veces a lo largo de una misma legislatura de cuatro años.

La inviolabilidad e inmunidad parlamentaria

El art. 71 CE regula dos garantías distintas de los Diputados y Senadores. La inviolabilidad (art. 71.1) protege «por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones», eximiendo de responsabilidad jurídica (civil o penal) por dichas opiniones incluso después de haber cesado en el cargo, y tiene por tanto un alcance material limitado (opiniones y votos emitidos en el ejercicio de la función parlamentaria) pero de duración ilimitada en el tiempo. La inmunidad (art. 71.2), en cambio, es una garantía procesal, no material: durante el periodo de su mandato, los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, no pudiendo ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (el llamado suplicatorio). El art. 71.3 CE atribuye, además, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia exclusiva para conocer de las causas contra Diputados y Senadores, garantía adicional de fuero que evita que sean juzgados por tribunales de instancia inferior.

Los Reglamentos parlamentarios del Congreso y del Senado

El art. 72.1 CE dispone que «las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales». Se trata de una manifestación de la autonomía reglamentaria, presupuestaria y de personal de las Cámaras, expresión de la separación de poderes frente a cualquier injerencia del Ejecutivo en su organización interna. El propio art. 72.1 CE exige que los Reglamentos y su reforma sean sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta, garantía procedimental reforzada equivalente a la exigida para las leyes orgánicas. El Congreso se rige por su Reglamento de 10 de febrero de 1982 y el Senado por el suyo, cuyo texto refundido data de 1994 (con sucesivas modificaciones); ambos Reglamentos desarrollan con detalle la organización interna, el procedimiento legislativo, el estatuto de los parlamentarios y el funcionamiento de Pleno, Comisiones, Mesa y Grupos Parlamentarios que la Constitución solo esboza en sus líneas fundamentales.

Organización de las Cámaras: Presidente, Mesa y Junta de Portavoces

El art. 72.2 CE atribuye a las Cámaras la elección de sus respectivos Presidentes y de los demás miembros de sus Mesas, y el art. 72.3 CE precisa que los Presidentes ejercen en nombre de las Cámaras todos los poderes administrativos y las facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. La Mesa es el órgano rector de cada Cámara, encargado de organizar su trabajo y su régimen interior de gobierno, y se compone del Presidente, varios Vicepresidentes y varios Secretarios, elegidos de entre los propios parlamentarios (en el Congreso, cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarios; en el Senado, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios). Junto a la Mesa, cada Cámara cuenta con una Junta de Portavoces, integrada por los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios bajo la presidencia del Presidente de la Cámara, órgano no regulado directamente por la Constitución sino por los Reglamentos parlamentarios, con una función esencialmente de programación y fijación del orden del día de los trabajos parlamentarios mediante el consenso entre los distintos grupos. Esta triple estructura orgánica (Presidente, Mesa, Junta de Portavoces) se reproduce, con matices propios, tanto en el Congreso como en el Senado.

El Pleno y las Comisiones

El art. 75.1 CE dispone que «las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones». El Pleno es la reunión de todos los miembros de la Cámara y constituye, en principio, el órgano decisorio por excelencia. Sin embargo, el art. 75.2 CE permite a las Cámaras delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, si bien el Pleno puede recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación, recuperando así el control final sobre la norma. El art. 75.3 CE excluye expresamente de esta posible delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases, y los Presupuestos Generales del Estado, materias que en todo caso deben ser debatidas y aprobadas por el Pleno. Las Comisiones pueden ser permanentes (legislativas o no legislativas, correspondientes normalmente a cada Ministerio) o no permanentes (constituidas para un asunto concreto, como las Comisiones de investigación del art. 76 CE), y en ellas se concentra buena parte del trabajo técnico y de tramitación detallada de los textos legislativos.

Los Grupos Parlamentarios

Los Grupos Parlamentarios son las agrupaciones en que se organizan los Diputados y Senadores dentro de cada Cámara, normalmente en función de su afiliación política o electoral, y constituyen la pieza organizativa fundamental del funcionamiento parlamentario, aunque no aparecen mencionados de forma expresa y detallada en el propio texto constitucional, que remite su regulación a los Reglamentos del Congreso y del Senado. A través de los Grupos Parlamentarios se canalizan buena parte de las facultades e iniciativas parlamentarias (presentación de proposiciones de ley, enmiendas, preguntas e interpelaciones, mociones, solicitud de Comisiones de investigación) y se conforma la proporcionalidad de la Mesa, la Junta de Portavoces y las distintas Comisiones. Los Diputados o Senadores que no se integren en ningún Grupo Parlamentario propio pasan a formar parte de un Grupo Mixto, previsto en ambos Reglamentos para dar cauce parlamentario a quienes no alcanzan el número mínimo de miembros exigido para constituir grupo propio o que, por otras razones reglamentarias, no se adscriben a los grupos ya constituidos por las principales formaciones políticas representadas en la Cámara.

La Diputación Permanente

El art. 78 CE crea, en cada Cámara, una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, presidida por el Presidente de la Cámara respectiva. Su función esencial es velar por los poderes de la Cámara cuando esta no esté reunida, sea porque el periodo de sesiones ha concluido, sea porque el mandato parlamentario ha expirado o la Cámara ha sido disuelta; en este último caso, la Diputación Permanente continúa ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales (art. 78.3 CE). El art. 78.2 CE le atribuye además una función muy relevante en periodos de disolución o expiración del mandato: la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados asumirá las facultades que corresponden al Congreso en relación con la convalidación o derogación de los decretos-leyes (art. 86 CE) y con la declaración de los estados de excepción y de sitio (art. 116 CE), garantizando así que la ausencia temporal de Cortes ordinarias no deje sin control parlamentario estas decisiones especialmente sensibles.

El procedimiento legislativo ordinario

El procedimiento legislativo ordinario, regulado en los arts. 88 a 91 CE, se inicia normalmente con un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que se somete al Congreso acompañado de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios (art. 88 CE); también puede iniciarse mediante una proposición de ley, presentada por el propio Congreso, el Senado, las Asambleas de las Comunidades Autónomas o por iniciativa popular (art. 87 CE). Tras su debate, enmienda y aprobación en el Congreso, el texto se remite al Senado (art. 90.1 CE), que dispone de un plazo de dos meses (reducido a veinte días naturales si el proyecto ha sido declarado urgente) para oponer su veto, mediante mensaje motivado aprobado por mayoría absoluta, o para introducir enmiendas. El veto del Senado puede ser levantado por el Congreso mediante ratificación del texto inicial por mayoría absoluta, o, transcurridos dos meses desde su interposición, por mayoría simple (art. 90.2 CE); las enmiendas del Senado se entienden aceptadas o rechazadas por el Congreso por mayoría simple (art. 90.2 in fine). Aprobado el texto definitivo, se remite al Rey para su sanción y promulgación (art. 91 CE).

El procedimiento legislativo especial de las leyes orgánicas

El art. 81.2 CE somete la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas a una exigencia procedimental especial y reforzada: requerirá «la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto». Esta votación final de totalidad, distinta de las votaciones ordinarias artículo por artículo o enmienda por enmienda que jalonan la tramitación parlamentaria habitual, constituye la garantía característica de las leyes orgánicas y debe superarse necesariamente antes de remitir el texto al Senado, que tramita el proyecto de ley orgánica por el procedimiento legislativo ordinario general (con las mismas posibilidades de veto o enmienda del art. 90 CE, que alude expresamente a los proyectos de ley «ordinaria u orgánica»). El veto del Senado se levanta, por tanto, con las mayorías generales del art. 90.2 CE (mayoría absoluta, o simple transcurridos dos meses desde su interposición); la especialidad de la ley orgánica radica en la mayoría absoluta exigida en la votación final sobre el conjunto del proyecto. Recuérdese que la reserva de ley orgánica, conforme al art. 81.1 CE, se circunscribe al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás materias previstas expresamente en la Constitución (por ejemplo, la regulación de los distintos estados de alarma, excepción y sitio, o del Tribunal Constitucional).

La iniciativa legislativa: gubernamental, parlamentaria, popular y autonómica

El art. 87 CE reconoce cuatro vías de iniciativa legislativa. La iniciativa gubernamental se ejerce mediante proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros. La iniciativa parlamentaria corresponde al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y sus respectivos Reglamentos, mediante proposiciones de ley. La iniciativa autonómica (art. 87.2) permite a las Asambleas de las Comunidades Autónomas solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley, o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. La iniciativa legislativa popular (art. 87.3), desarrollada por la Ley Orgánica 3/1984, exige no menos de 500.000 firmas acreditadas para la presentación de proposiciones de ley, y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. En la práctica, la inmensa mayoría de las leyes aprobadas en España tienen su origen en proyectos de ley de iniciativa gubernamental, dada la mayor capacidad técnica y de impulso político del Ejecutivo.

Las Cortes Generales en funciones tras la disolución

Cuando las Cortes Generales son disueltas —ya sea por decisión discrecional del Presidente del Gobierno (art. 115 CE), por disolución automática tras una investidura fallida (art. 99.5 CE), o en el marco de la reforma constitucional agravada (art. 168 CE)— o cuando expira su mandato de cuatro años sin haberse constituido aún las nuevas Cámaras, se produce un periodo de vacío parlamentario ordinario en el que ni el Congreso ni el Senado pueden reunirse en Pleno o Comisiones con la composición anterior. Este vacío se cubre mediante la Diputación Permanente de cada Cámara (art. 78.3 CE), que continúa ejerciendo sus funciones de vigilancia y garantía —incluida la eventual convalidación de decretos-leyes o el control de estados de excepción y sitio— hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales tras la celebración de las correspondientes elecciones. Distinto de este supuesto es el del Gobierno «en funciones» (art. 101.2 CE), que se limita al despacho ordinario de los asuntos públicos y no puede, entre otras limitaciones, proponer la disolución de las Cámaras ni plantear la cuestión de confianza.

Proclamación, juramento, consorte, Casa del Rey y abdicación (arts. 57.5, 58, 61 y 65 CE)

El art. 61 CE dispone que el Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas; el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestan el mismo juramento y el de fidelidad al Rey. El art. 58 impide a la Reina consorte o al consorte de la Reina asumir funciones constitucionales, salvo lo previsto para la Regencia. El art. 65.1 establece que el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, que distribuye libremente, y el art. 65.2 que nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. El art. 57.5 remite a una ley orgánica las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión: así se instrumentó la abdicación de Don Juan Carlos I mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, y la proclamación de Felipe VI ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014. El art. 57.2 reserva al heredero de la Corona el título de Príncipe o Princesa de Asturias y los demás vinculados al heredero de la Corona de España.

Otras funciones del Rey: nombramientos, decretos, Consejo de Ministros y relaciones internacionales (arts. 62.e) a g) y 63 CE)

Además de las funciones ya estudiadas, el art. 62 CE atribuye al Rey: e) nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente; f) expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes; y g) ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. El art. 63 regula su función en las relaciones internacionales: acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos (los representantes extranjeros en España se acreditan ante él); manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes; y, previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz. En todos los casos son actos debidos que se refrendan y cuya decisión material corresponde a otros órganos. Regla de memoria: las letras a) a d) del art. 62 se refieren a leyes, Cortes, referéndum y Presidente del Gobierno; e) a g) al Gobierno; h) a j) a Fuerzas Armadas, gracia y Academias.

El estatuto de los parlamentarios: mandato representativo e incompatibilidades (arts. 67 y 70 CE)

El art. 67 CE establece que nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso; que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo (representan al pueblo español en su conjunto y no a sus electores o a su partido); y que las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vinculan a las Cámaras ni pueden ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. El art. 70 remite a la ley electoral la determinación de las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, y en todo caso son incompatibles con el acta los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en activo, los miembros de las Juntas Electorales, los componentes del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y los altos cargos de la Administración que determine la ley. La validez de las actas y credenciales está sometida al control judicial (art. 70.2). Las elecciones a las Cortes se celebran entre treinta y sesenta días desde la terminación del mandato o la disolución, y el Congreso electo debe ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones (art. 68.6 CE).

Sesiones, quórum, mayorías y publicidad (arts. 73, 74, 79 y 80 CE)

Las Cámaras se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones (septiembre a diciembre y febrero a junio) y pueden celebrar reuniones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras; las sesiones extraordinarias deben convocarse con un orden del día determinado (art. 73). Las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales (proclamación del Rey, regencia, tutela, etc.), y las decisiones de los arts. 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptan por mayoría de cada una de las Cámaras (art. 74). Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros; los acuerdos requieren la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales previstas en la Constitución o en las leyes orgánicas; y el voto de Diputados y Senadores es personal e indelegable (art. 79). Las sesiones plenarias son públicas, salvo acuerdo en contrario adoptado por mayoría absoluta o conforme al Reglamento (art. 80).

Atribuciones propias del Congreso y del Senado

Aunque ambas Cámaras comparten la potestad legislativa y el control del Gobierno, la Constitución atribuye al Congreso competencias que el Senado no tiene: la investidura del Presidente del Gobierno (art. 99), la moción de censura (art. 113) y la cuestión de confianza (art. 112), la autorización previa del estado de excepción y la declaración del estado de sitio (art. 116), la convalidación de los decretos-leyes (art. 86), la autorización del referéndum consultivo (art. 92), la iniciativa legislativa preferente (los proyectos de ley se presentan en el Congreso, art. 88) y la superación del veto o las enmiendas del Senado (art. 90). Al Senado le corresponde, entre otras, la aprobación por mayoría absoluta de las medidas del art. 155 CE ante el incumplimiento de obligaciones por una Comunidad Autónoma, la participación en las decisiones de los arts. 74.2, 145.2 y 158.2, el veto y las enmiendas a los textos remitidos por el Congreso, y la ratificación de la elección del Defensor del Pueblo por mayoría de tres quintos. En la elección de otros órganos (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas), ambas Cámaras participan en la proporción que fija la Constitución o la ley. El Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, depende directamente de las Cortes Generales (art. 136 CE).

Instrumentos de control y comisiones de investigación (arts. 76, 86, 110 a 114 CE)

Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno (art. 110) y el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a interpelaciones y preguntas, que pueden dar lugar a una moción (art. 111). Las Comisiones de investigación (art. 76) pueden crearse en el Congreso, el Senado o conjuntamente sobre cualquier asunto de interés público; es obligatorio comparecer a su requerimiento, y sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación se comunique al Ministerio Fiscal. La cuestión de confianza (art. 112) la plantea el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o una declaración de política general, y se entiende otorgada por mayoría simple. La moción de censura (art. 113) exige propuesta de al menos la décima parte de los Diputados, que debe incluir un candidato a la Presidencia, y se aprueba por mayoría absoluta del Congreso; si no prospera, los firmantes no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Los decretos-leyes (art. 86) deben someterse a debate y votación de totalidad en el Congreso en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación.

Cuadro de mayorías de las Cortes Generales (esquema de memoria)

Mayoría simple: más votos afirmativos que negativos (acuerdos ordinarios, art. 79.2; confianza otorgada en cuestión de confianza, art. 112; investidura en segunda votación, art. 99.3; levantamiento del veto del Senado transcurridos dos meses, art. 90.2). Mayoría absoluta del Congreso (176 de 350): aprobación de las leyes orgánicas en votación final (art. 81.2), moción de censura (art. 113), declaración del estado de sitio (art. 116.4), investidura en primera votación (art. 99.3), aprobación de los Reglamentos de las Cámaras (art. 72.1) y levantamiento inmediato del veto del Senado (art. 90.2). Mayoría absoluta del Senado: veto a un proyecto (art. 90.2) y medidas del art. 155. Tres quintos: reforma constitucional por el art. 167 (cada Cámara) y elección del Defensor del Pueblo (Congreso y ratificación del Senado). Dos tercios: reforma del art. 168 (cada Cámara, dos veces) y, como último recurso del art. 167.2, el Congreso con el voto previo favorable de la mayoría absoluta del Senado.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Rey nunca actúa sin refrendo (salvo el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de su Casa, art. 65.2); recordar siempre quién refrenda cada acto: el Presidente del Gobierno o el Ministro competente, salvo la propuesta/nombramiento de Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99, que refrenda el Presidente del Congreso.
  • El orden sucesorio del art. 57.1 (varón sobre mujer en igual grado) sigue vigente: no se ha reformado la Constitución en este punto pese a los debates políticos.
  • El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados (actualmente 350 por LOREG); el Senado combina 4 senadores por provincia + los de las islas y Ceuta/Melilla + los designados por las CCAA (uno más por cada millón de habitantes).
  • No confundir legislatura (4 años, art. 68.4 y 69.6) con periodo de sesiones (los dos periodos ordinarios dentro de cada año, art. 73 CE).
  • Inviolabilidad (por las opiniones, sin límite temporal) no es lo mismo que inmunidad (garantía procesal durante el mandato: no detención salvo flagrante delito, suplicatorio para procesar).
  • Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final de conjunto (art. 81.2); el art. 90 CE (veto o enmiendas del Senado: dos meses, o veinte días naturales si el proyecto es urgente) se aplica a proyectos de ley ordinaria u orgánica.
  • La iniciativa popular (500.000 firmas) no puede usarse para leyes orgánicas, tributarias, de carácter internacional ni sobre la prerrogativa de gracia — es un dato de examen muy recurrente.
  • Funciones del Rey por letras del art. 62: a) sancionar y promulgar leyes; b) convocar y disolver Cortes y elecciones; c) referéndum; d) proponer y nombrar Presidente del Gobierno; e) nombrar y separar ministros; f) decretos, empleos y honores; g) presidir el Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno; h) mando supremo; i) derecho de gracia; j) Alto Patronazgo de las Academias.
  • Art. 63 CE: el Rey acredita embajadores, manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados y declara la guerra y hace la paz solo previa autorización de las Cortes Generales.
  • Diputación Permanente: mínimo 21 miembros (art. 78.1); sigue ejerciendo sus funciones tras la disolución o expiración del mandato hasta la constitución de las nuevas Cortes (art. 78.3).
  • Los parlamentarios no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2) y su voto es personal e indelegable (art. 79.3); nadie puede ser a la vez Diputado y Senador (art. 67.1).
  • Art. 72: los Reglamentos se aprueban por mayoría absoluta en votación final sobre su totalidad (72.1); las Mesas y Presidentes se eligen según el 72.2; el 72.3 atribuye a los Presidentes los poderes administrativos y de policía en las sedes.
  • Regencia: se compone de una, tres o cinco personas si la nombran las Cortes (art. 59.3); la regencia y la tutela no se acumulan salvo en padre, madre o ascendientes directos (art. 60.1).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

La disolución de las Cámaras prevista en el art. 99 CE tras una investidura fallida es refrendada por:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Administrativo C. Madrid?

Este tema desarrolla los Títulos II y III de la Constitución: la Corona, con la figura del Rey como Jefe del Estado y sus funciones tasadas, y las Cortes Generales, órgano de representación del pueblo español que ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos y controla la acción del Gobierno. Es un tema muy denso en datos concretos —composición de cada Cámara, duración de mandatos, quórums, plazos del procedimiento legislativo— que exige memorización precisa antes que comprensión conceptual, y que suele combinarse en el examen con preguntas de detalle sobre artículos muy próximos entre sí (arts. 56 a 96 CE).

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

El Rey nunca actúa sin refrendo (salvo el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de su Casa, art. 65.2); recordar siempre quién refrenda cada acto: el Presidente del Gobierno o el Ministro competente, salvo la propuesta/nombramiento de Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99, que refrenda el Presidente del Congreso. El orden sucesorio del art. 57.1 (varón sobre mujer en igual grado) sigue vigente: no se ha reformado la Constitución en este punto pese a los debates políticos. El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados (actualmente 350 por LOREG); el Senado combina 4 senadores por provincia + los de las islas y Ceuta/Melilla + los designados por las CCAA (uno más por cada millón de habitantes). No confundir legislatura (4 años, art. 68.4 y 69.6) con periodo de sesiones (los dos periodos ordinarios dentro de cada año, art. 73 CE). Inviolabilidad (por las opiniones, sin límite temporal) no es lo mismo que inmunidad (garantía procesal durante el mandato: no detención salvo flagrante delito, suplicatorio para procesar). Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final de conjunto (art. 81.2); el art. 90 CE (veto o enmiendas del Senado: dos meses, o veinte días naturales si el proyecto es urgente) se aplica a proyectos de ley ordinaria u orgánica. La iniciativa popular (500.000 firmas) no puede usarse para leyes orgánicas, tributarias, de carácter internacional ni sobre la prerrogativa de gracia — es un dato de examen muy recurrente. Funciones del Rey por letras del art. 62: a) sancionar y promulgar leyes; b) convocar y disolver Cortes y elecciones; c) referéndum; d) proponer y nombrar Presidente del Gobierno; e) nombrar y separar ministros; f) decretos, empleos y honores; g) presidir el Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno; h) mando supremo; i) derecho de gracia; j) Alto Patronazgo de las Academias. Art. 63 CE: el Rey acredita embajadores, manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados y declara la guerra y hace la paz solo previa autorización de las Cortes Generales. Diputación Permanente: mínimo 21 miembros (art. 78.1); sigue ejerciendo sus funciones tras la disolución o expiración del mandato hasta la constitución de las nuevas Cortes (art. 78.3). Los parlamentarios no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2) y su voto es personal e indelegable (art. 79.3); nadie puede ser a la vez Diputado y Senador (art. 67.1). Art. 72: los Reglamentos se aprueban por mayoría absoluta en votación final sobre su totalidad (72.1); las Mesas y Presidentes se eligen según el 72.2; el 72.3 atribuye a los Presidentes los poderes administrativos y de policía en las sedes. Regencia: se compone de una, tres o cinco personas si la nombran las Cortes (art. 59.3); la regencia y la tutela no se acumulan salvo en padre, madre o ascendientes directos (art. 60.1).

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Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), Títulos II (arts. 56 a 65), III (arts. 66 a 96) y V (arts. 108 a 116)
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
  • Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982
  • Reglamento del Senado, texto refundido de 3 de mayo de 1994
  • Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular
  • Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón

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