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Tema 4. El Gobierno y la Administración: Principios constitucionales reguladores de la Administración Pública. La Administración General del Estado: Órganos superiores de la misma. La Administración Periférica del Estado: Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

Este tema conecta el Título IV de la Constitución (arts. 97 a 107, «Del Gobierno y de la Administración») con su desarrollo legal en la Ley 50/1997, del Gobierno, y en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que sustituyó a la antigua LOFAGE. Es un tema nuclear para cualquier temario de Administrativo porque de él derivan los principios de actuación (art. 103 CE) que rigen toda la actividad administrativa posterior, y porque describe la estructura concreta —órganos superiores, órganos directivos, Administración Periférica— en la que el propio Cuerpo de Administrativos presta servicio.

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El Gobierno en la Constitución: composición y funciones (art. 97 CE)

El art. 97 CE atribuye al Gobierno un conjunto de funciones muy amplio: «dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes». De este precepto derivan varias ideas clave: el Gobierno no se limita a ejecutar las leyes (función ejecutiva) sino que también dirige la política general del país, con un componente de impulso y orientación que va más allá de la mera aplicación normativa; ostenta la potestad reglamentaria, esto es, la capacidad de dictar reglamentos (normas de rango inferior a la ley) para el desarrollo y ejecución de estas; y dirige tanto la Administración civil como la militar, así como la defensa del Estado, lo que conecta este precepto con el mando supremo simbólico de las Fuerzas Armadas que el art. 62.h) CE atribuye al Rey. El art. 98.1 CE completa la composición del Gobierno: Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y los demás miembros que establezca la ley.

Nombramiento y cese del Presidente del Gobierno

El nombramiento del Presidente del Gobierno sigue el procedimiento de investidura del art. 99 CE: propuesta regia de candidato tras consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, exposición del programa político del candidato ante el Congreso, y otorgamiento de la confianza por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple cuarenta y ocho horas después en segunda votación; obtenida la confianza, el Rey le nombra Presidente, refrendando el acto el Presidente del Congreso (art. 64.1 CE). El cese del Presidente, y con él el del Gobierno en su conjunto, se produce, conforme al art. 101.1 CE, tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución (aprobación de una moción de censura o denegación de una cuestión de confianza), o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El art. 101.2 CE precisa que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones de gestión ordinaria que la propia ley y la jurisprudencia han precisado para este periodo transitorio.

La moción de censura constructiva

El art. 113 CE regula la moción de censura como el instrumento parlamentario más intenso de control y exigencia de responsabilidad política al Gobierno, con un diseño deliberadamente «constructivo» inspirado en el modelo alemán: debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, e incluir necesariamente un candidato a la Presidencia del Gobierno (art. 113.2 CE), de modo que su aprobación no se limita a derribar al Gobierno existente sino que investe automáticamente a un nuevo Presidente, evitando así los vacíos de poder y la inestabilidad de las mociones de censura «destructivas» de otros sistemas parlamentarios. Su aprobación exige el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (art. 113.1 CE). La moción no puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación, y en los dos primeros días de ese plazo pueden presentarse mociones alternativas (art. 113.3 CE). Desde 1978 se han debatido seis mociones de censura (1980, 1987, 2017, 2018, 2020 y 2023) y solo una prosperó, la de 2018. El art. 113.4 CE añade una garantía de estabilidad: si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones, evitando el uso reiterado del mecanismo como instrumento de mero desgaste político. El art. 114.2 CE establece que, si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en la moción se entenderá investido.

La cuestión de confianza

El art. 112 CE regula la cuestión de confianza como el mecanismo inverso a la moción de censura: es el propio Presidente del Gobierno quien, previa deliberación del Consejo de Ministros, plantea ante el Congreso de los Diputados si este le sigue otorgando su confianza, normalmente sobre su programa o sobre una declaración de política general. A diferencia de la investidura inicial (que exige mayoría absoluta en primera votación), la confianza se entiende otorgada cuando vote a favor de ella la mayoría simple de los Diputados. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, el art. 114.1 CE dispone que el Gobierno presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de nuevo Presidente del Gobierno conforme al procedimiento de investidura del art. 99 CE. Conviene distinguir bien ambos mecanismos en examen: en la moción de censura la iniciativa parte del Congreso (los Diputados) y exige mayoría absoluta más candidato alternativo incorporado; en la cuestión de confianza la iniciativa parte del propio Gobierno y basta la mayoría simple para su otorgamiento.

Principios constitucionales de la Administración Pública (art. 103 CE): eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación

El art. 103.1 CE es, probablemente, el precepto más citado de todo el Derecho administrativo español: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». La eficacia exige que la actuación administrativa consiga realmente los fines de interés general que la justifican, no bastando la mera legalidad formal. La jerarquía ordena internamente la organización administrativa en una estructura piramidal de órganos superiores e inferiores. La descentralización traslada competencias con verdadera autonomía a entes distintos del titular originario (por ejemplo, del Estado a las Comunidades Autónomas o a los Entes locales). La desconcentración traslada el ejercicio de una competencia a un órgano inferior dentro del mismo ente, sin que este adquiera autonomía respecto del superior. La coordinación armoniza la actuación de distintos órganos o Administraciones que actúan sobre un mismo ámbito material, evitando disfunciones, contradicciones o duplicidades entre ellas.

El sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho

El inciso final del art. 103.1 CE —«con sometimiento pleno a la ley y al Derecho»— constitucionaliza el principio de legalidad administrativa en su formulación más exigente. La fórmula «ley y Derecho» (y no solo «ley») es deliberadamente amplia: obliga a la Administración a respetar no solo las normas con rango de ley, sino el conjunto del ordenamiento jurídico, incluidos los principios generales del Derecho, los reglamentos, y los propios actos administrativos previos que generen derechos o expectativas legítimas (doctrina de los actos propios, buena fe, confianza legítima). Este sometimiento pleno tiene su correlato procesal en el art. 106.1 CE, que encomienda a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican, cerrando así un sistema de control judicial pleno de la actividad administrativa sin zonas exentas de fiscalización (a diferencia de los llamados «actos políticos» o de dirección política, cuyo control jurisdiccional presenta límites más matizados, aunque nunca una exención total, en la jurisprudencia contencioso-administrativa).

La Ley 50/1997, del Gobierno: contenido esencial

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, desarrolla el Título IV CE en lo relativo a la organización, competencias y funcionamiento del Gobierno como órgano constitucional (distinto, por tanto, de la Administración General del Estado que dirige, regulada en cambio por la Ley 40/2015). Su contenido esencial regula: la composición y organización del Gobierno (Presidente, Vicepresidentes, Ministros, Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios); el estatuto de sus miembros, su nombramiento, cese y régimen de incompatibilidades; el funcionamiento del Gobierno a través del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas; el ejercicio de la iniciativa legislativa (elaboración de anteproyectos de ley) y de la potestad reglamentaria del Gobierno (elaboración de reglamentos, con su correspondiente procedimiento de elaboración); y el régimen del Gobierno en funciones tras su cese, precisando y desarrollando las limitaciones que se derivan del art. 101.2 CE (limitación al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo urgencia debidamente acreditada o interés general; no puede aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley a las Cortes, y su Presidente no puede plantear la cuestión de confianza ni proponer la disolución de las Cámaras).

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: estructura

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), sustituyó a la antigua Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) y forma pareja, dentro de la reforma administrativa de 2015, con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común: mientras esta regula las relaciones «ad extra» entre la Administración y los ciudadanos, la LRJSP regula la organización y el funcionamiento interno («ad intra») de las Administraciones Públicas y de las relaciones entre ellas. Su contenido se estructura, en líneas generales, en: un conjunto de disposiciones generales y de principios de actuación y funcionamiento del sector público (incluidos los principios de buena regulación y de funcionamiento electrónico); la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, con la distinción entre órganos superiores y órganos directivos; el régimen del sector público institucional (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público y consorcios); y las relaciones interadministrativas, con sus técnicas de cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones.

Órganos superiores de la Administración General del Estado: Ministros y Secretarios de Estado

La Ley 40/2015 clasifica los órganos de la Administración General del Estado en dos grandes categorías, según su función. Los órganos superiores son los Ministros y los Secretarios de Estado; su función esencial es establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad, fijando los objetivos y prioridades de su acción, sin perjuicio de las competencias propias de cada órgano inferior. Los Ministros son los titulares de cada Departamento ministerial, responsables de la dirección y gestión de los sectores de actividad correspondientes a su Ministerio y de las Entidades adscritas a él, y ejercen además una función colegiada como miembros del Consejo de Ministros. Los Secretarios de Estado son órganos superiores responsables directos de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específico de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno, bajo la dirección del Ministro correspondiente (o, en su caso, del Presidente o Vicepresidente del que dependan), y actúan con autonomía funcional propia dentro de la política general del Departamento, siendo el escalón inmediatamente inferior al Ministro dentro del propio Ministerio. Los Secretarios de Estado no forman parte del Gobierno, aunque pueden ser convocados a las reuniones del Consejo de Ministros.

Órganos directivos de la AGE: Subsecretarios, Secretarios Generales y Directores Generales

Los órganos directivos, según la clasificación de la Ley 40/2015, son los Subsecretarios y Secretarios Generales, los Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales, y los Subdirectores Generales; su función, a diferencia de los órganos superiores, es desarrollar y ejecutar los planes de actuación fijados por estos. El Subsecretario es el órgano directivo de mayor rango dentro de cada Ministerio (tras el Ministro y, en su caso, los Secretarios de Estado), ostenta la representación ordinaria del Ministerio, dirige los servicios comunes del Departamento y ejerce las competencias correspondientes a dichos servicios comunes (asesoramiento jurídico, gestión de personal, régimen interior, entre otras). El Secretario General Técnico, dentro de cada Ministerio, dirige los servicios comunes que se le encomienden y ejerce, en todo caso, las competencias sobre producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. El Director General es el órgano directivo encargado de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio; los Directores Generales son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento, entre funcionarios de carrera que reúnan los requisitos legalmente exigidos (salvo excepciones tasadas).

Los Ministerios: estructura departamental

El sistema de organización de la Administración General del Estado es fundamentalmente departamental: se estructura en Ministerios, cada uno de los cuales agrupa un conjunto de sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. El número, denominación y ámbito de competencias de cada Ministerio se determina, en cada momento, mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno, que puede modificarlo con cada cambio de Gobierno o remodelación ministerial, sin necesidad de reforma legal. Dentro de cada Ministerio, la estructura interna se organiza jerárquicamente en Secretarías de Estado (cuando existan), Subsecretaría, Secretarías Generales (cuando existan, con rango de Secretaría de Estado o de Subsecretaría según se determine), Secretaría General Técnica, y Direcciones Generales, que a su vez se subdividen en Subdirecciones Generales, unidad administrativa de menor rango con la consideración de órgano en sentido propio conforme a la Ley 40/2015. Este esquema departamental y jerárquico, común a todos los Ministerios con independencia de su ámbito material concreto, es la traducción organizativa práctica de los principios de jerarquía y desconcentración proclamados en el art. 103.1 CE.

La Administración General del Estado en el exterior

La Administración General del Estado en el exterior es el conjunto de órganos, unidades y misiones diplomáticas y consulares que representan y defienden los intereses de España fuera de su territorio, y desarrollan la acción exterior y la política de cooperación española, bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, conforme a la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Se estructura fundamentalmente en Misiones Diplomáticas Permanentes (Embajadas, acreditadas ante otros Estados, y Representaciones o Misiones Permanentes ante Organizaciones internacionales), Misiones Diplomáticas Especiales (de carácter temporal, para una negociación o representación concreta), Delegaciones (ante una Conferencia u Organismo internacional), Oficinas Consulares (que ejercen funciones de asistencia y protección a los españoles en el extranjero, así como funciones de Registro Civil, notariales y de tramitación de visados, entre otras) e Instituciones y Organismos Públicos de la Administración General del Estado en el exterior (como las Consejerías o Agregadurías especializadas por materia dentro de una Embajada). El Embajador ostenta la representación permanente de España ante el Estado u Organización internacional correspondiente y depende jerárquicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Administración Periférica del Estado: concepto y organización

La Administración Periférica del Estado es el conjunto de órganos de la Administración General del Estado que, a diferencia de la Administración Central (los Ministerios con sede en Madrid), despliegan su actuación en el territorio, con el fin de acercar la gestión estatal a cada Comunidad Autónoma y provincia. Es la manifestación organizativa más clara del principio de desconcentración territorial proclamado en el art. 103.1 CE: no se trata de entes con personalidad jurídica propia distinta del Estado (a diferencia de la descentralización hacia las Comunidades Autónomas), sino de órganos del propio Estado que ejercen sus competencias en un ámbito territorial determinado. Se estructura en dos niveles principales: el autonómico, con la Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma, y el provincial, con la Subdelegación del Gobierno en cada provincia (salvo en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, como la de Madrid, donde no existe Subdelegado porque sus funciones las asume el propio Delegado del Gobierno). A ella se suman los Directores Insulares en las Islas, y los propios servicios territoriales de cada Ministerio integrados orgánicamente en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas

El Delegado del Gobierno en cada Comunidad Autónoma es el órgano superior de la Administración Periférica del Estado en ese territorio, previsto ya en el art. 154 CE, dentro del Título VIII: «Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad». Su desarrollo legal actual se encuentra en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que le atribuye rango de Subsecretario y lo configura como representante del Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente, sin perjuicio de la representación ordinaria que ostenta el Estado a través de sus órganos centrales. Su sede radica, con carácter general, en la localidad donde tenga su sede el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Bajo su dirección se integran, a su vez, los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas dentro de su ámbito territorial, así como los distintos servicios territoriales de la Administración General del Estado ubicados en ese territorio.

Nombramiento y funciones de los Delegados del Gobierno

Los Delegados del Gobierno son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre personas que no necesariamente deben ostentar la condición de funcionario público. Entre sus funciones principales figuran: dirigir la Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y coordinarla con la Administración propia de esta cuando proceda; mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado con la de la Comunidad Autónoma y con las Entidades locales de su ámbito territorial; dirigir y supervisar los servicios territoriales integrados y coordinar la actividad de los no integrados; comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma; y, muy destacadamente, la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana, en coordinación, cuando exista, con los cuerpos de policía autonómica.

Dependencia orgánica y funcional de los Delegados del Gobierno

Los Delegados del Gobierno se vinculan orgánicamente al departamento ministerial competente en materia de política territorial (hoy, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, u órgano equivalente según la estructura ministerial vigente en cada momento), sin perjuicio de la dependencia funcional que mantienen respecto de cada Ministerio en las materias de su competencia específica: así, dependen funcionalmente del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o de cualquier otro Departamento cuyos servicios territoriales estén integrados en la Delegación del Gobierno correspondiente. Este esquema de doble dependencia (orgánica única frente a dependencia funcional plural según la materia) es característico de la organización periférica del Estado y permite compatibilizar la unidad de representación y dirección política del Delegado en su territorio con la necesaria especialización técnica y la línea de mando propia de cada política sectorial, evitando que el Delegado se convierta en un mero representante protocolario sin capacidad real de dirección sobre los servicios territoriales del Estado.

Los Subdelegados del Gobierno en las provincias

El Subdelegado del Gobierno es el órgano de la Administración Periférica del Estado existente, con carácter general, en cada provincia integrada en una Comunidad Autónoma pluriprovincial, bajo la dependencia del Delegado del Gobierno correspondiente. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales (entre ellas, Madrid) no existe la figura del Subdelegado: sus funciones las asume directamente el propio Delegado del Gobierno. El nombramiento del Subdelegado del Gobierno corresponde al Delegado del Gobierno, mediante el procedimiento de libre designación, atendiendo a los principios de mérito, capacidad y competencia profesional, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales pertenecientes a cuerpos o escalas a los que se exija titulación de grado o equivalente. A diferencia del Delegado del Gobierno (cargo de confianza política que no exige la condición de funcionario), el Subdelegado sí debe reunir necesariamente la condición de funcionario de carrera de un cuerpo o escala del Subgrupo A1, lo que dota a este cargo de una impronta más técnica que política.

Funciones de los Subdelegados del Gobierno

Bajo la dirección y supervisión del Delegado del Gobierno, corresponde al Subdelegado del Gobierno en la provincia, entre otras funciones: dirigir los servicios integrados de la Administración General del Estado en la provincia, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno, e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados; mantener las relaciones de comunicación, cooperación y coordinación con los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma y de las Entidades locales en el ámbito de la provincia; ejercer las competencias sancionadoras y cualquier otra que le confiera la normativa; velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa específica, promoviendo o interponiendo, según proceda, los recursos pertinentes; comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el Delegado del Gobierno; y, en su caso, ejercer las competencias que en materia de protección civil, seguridad ciudadana y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le atribuya la normativa aplicable, siempre bajo la superior dirección del Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Las Comisiones Territoriales de Asistencia al Delegado del Gobierno

Las Comisiones Territoriales de Asistencia al Delegado del Gobierno son órganos colegiados de apoyo técnico creados para auxiliar al Delegado del Gobierno en el ejercicio de sus funciones de dirección y coordinación de los servicios territoriales del Estado dentro de la Comunidad Autónoma. Se configuran como órganos de coordinación interna entre los distintos servicios territoriales integrados y no integrados en la Delegación del Gobierno, facilitando el intercambio de información, la homogeneización de criterios de actuación administrativa entre los distintos Departamentos ministeriales presentes en el territorio, y el seguimiento de asuntos de especial relevancia o de naturaleza transversal que afecten a varios servicios simultáneamente. Su composición y funcionamiento se remiten reglamentariamente al desarrollo normativo correspondiente, integrándose normalmente en ellas los responsables de los principales servicios territoriales del Estado en la Comunidad Autónoma bajo la presidencia del propio Delegado del Gobierno. Su existencia responde a la misma lógica de coordinación administrativa que inspira el principio del art. 103.1 CE, trasladado ahora al concreto ámbito de la organización periférica del Estado.

Relaciones interadministrativas: coordinación y colaboración

La Ley 40/2015 dedica una parte importante de su contenido a regular las relaciones interadministrativas, esto es, las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales), inspiradas en los principios de lealtad institucional, adecuación al orden de distribución de competencias, ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados y colaboración y cooperación entre Administraciones. Dentro de estas técnicas de relación se distinguen, con perfiles propios: la cooperación, de carácter voluntario, articulada a través de órganos como las Conferencias Sectoriales o instrumentos como los convenios interadministrativos; la coordinación, que a diferencia de la anterior puede imponerse de forma obligatoria por quien ostenta la competencia de coordinación (típicamente el Estado en determinadas materias, en virtud de sus títulos competenciales), para garantizar la coherencia de la actuación de varias Administraciones sobre un mismo espacio o materia; y el auxilio o asistencia mutua, deber recíproco de las Administraciones de facilitarse información, colaboración técnica y ejecución de resoluciones fuera de su propio ámbito territorial. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno son, precisamente, dos de los principales cauces institucionales a través de los que se materializan diariamente estas relaciones de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Estatuto de los miembros del Gobierno y responsabilidad (arts. 98, 100 y 102 CE)

El art. 98.1 CE compone el Gobierno de Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y los demás miembros que establezca la ley. El art. 98.2 atribuye al Presidente la dirección de la acción del Gobierno y la coordinación de las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las parlamentarias, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3); la ley regula su estatuto e incompatibilidades (art. 98.4, hoy Ley 50/1997 y Ley 3/2015 del ejercicio del alto cargo de la AGE). Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100). La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; si la acusación lo fuera por traición o por delito contra la seguridad del Estado, solo puede plantearse por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de su mayoría absoluta; y la prerrogativa real de gracia no es aplicable a estos supuestos (art. 102). Los miembros del Gobierno responden políticamente de forma solidaria ante el Congreso (art. 108).

Atribuciones del Presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas (Ley 50/1997)

La Ley 50/1997 configura un Gobierno con un triple principio de funcionamiento: el principio de dirección presidencial (el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina a sus miembros), el principio departamental (cada Ministro dirige su departamento) y el principio colegiado (las decisiones relevantes se adoptan en Consejo de Ministros). Entre las competencias del Presidente figuran: establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior; proponer al Rey el nombramiento y cese de los Vicepresidentes y Ministros; proponer la disolución de las Cámaras (art. 115 CE) y plantear la cuestión de confianza (art. 112); proponer la convocatoria de un referéndum consultivo (art. 92); y crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales y las Secretarías de Estado. El Consejo de Ministros es el órgano colegiado de dirección política que aprueba los proyectos de ley, los reglamentos mediante Real Decreto, los decretos-leyes y los nombramientos de su competencia, y que decide el ejercicio del derecho de gracia. Las Comisiones Delegadas del Gobierno, creadas por Real Decreto a propuesta del Presidente, examinan cuestiones que afectan a varios departamentos. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios prepara las reuniones del Consejo de Ministros. Todo ello se complementa con el Gabinete del Presidente y de los demás órganos de apoyo político y técnico.

Los restantes preceptos del Título IV: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, control judicial, audiencia y Consejo de Estado (arts. 104 a 107 CE)

El art. 104 CE encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; su estatuto se regula en la Ley Orgánica 2/1986. El art. 105 CE ordena que la ley regule la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas; y el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. El art. 106 encomienda a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, así como del sometimiento de ésta a los fines que la justifican, y reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión de sus bienes o derechos causada por el funcionamiento de los servicios públicos (responsabilidad patrimonial). El art. 107 configura el Consejo de Estado como el supremo órgano consultivo del Gobierno, con composición y competencias reguladas por ley orgánica (Ley Orgánica 3/1980).

El estatuto de los funcionarios y el acceso al empleo público (arts. 23.2 y 103.2 y 3 CE)

El art. 103.2 CE establece que los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. El art. 103.3 reserva a la ley el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Junto con el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos del art. 23.2 CE, estos preceptos constituyen la base de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen las oposiciones. La regulación vigente del empleo público se contiene en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), dictado al amparo de la competencia estatal sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18.ª CE).

Principios generales de actuación del sector público en la Ley 40/2015

El art. 3 de la Ley 40/2015 reproduce los principios constitucionales del art. 103.1 y añade que las Administraciones respetarán en su actuación y relaciones, entre otros, los de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; racionalización y agilidad de los procedimientos; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública; planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados; economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; y cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones. La competencia para fijar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común corresponde en exclusiva al Estado (art. 149.1.18.ª CE), sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.

Servicios integrados y no integrados; la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid

En la organización periférica se distingue entre servicios integrados, que están bajo la dirección del Delegado o Subdelegado del Gobierno y dependen orgánicamente de él (a través de las áreas funcionales sectoriales de la Delegación), y servicios no integrados, que mantienen su dependencia de los órganos de su Ministerio o entidad correspondiente, aunque el Delegado ha de ser informado de su actividad y puede coordinarlos. Las Comunidades Autónomas uniprovinciales, como la de Madrid, tienen Delegación del Gobierno pero no Subdelegaciones, de modo que el Delegado asume las funciones del Subdelegado. La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid se integra en la Administración General del Estado, con sede en la capital, y ejerce las competencias que la legislación estatal atribuye a los Delegados, incluida la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el territorio, en coordinación con la Policía local y con los demás cuerpos competentes. Debe distinguirse de la Administración de la Comunidad de Madrid, cuyo órgano ejecutivo es el Consejo de Gobierno.

Estructura interna de los Ministerios y régimen de los altos cargos

Cada Ministerio se estructura conforme a un Real Decreto de estructura orgánica básica del departamento, que desarrolla el Real Decreto del Presidente del Gobierno por el que se establece la estructura de los departamentos ministeriales. Los órganos superiores (Ministro y Secretarios de Estado) dirigen y fijan los planes de actuación; los órganos directivos (Subsecretario, Secretarios Generales, Secretario General Técnico, Directores Generales y Subdirectores Generales) los desarrollan y ejecutan. Por debajo de los órganos directivos se sitúan las unidades administrativas, con las denominaciones y niveles que establezcan las relaciones de puestos de trabajo (por ejemplo, Jefaturas de Área, de Servicio o de Sección). Los altos cargos de la Administración General del Estado están sujetos al régimen de incompatibilidades, declaraciones de actividades y bienes y prevención de conflictos de intereses de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y a las reglas de transparencia de la Ley 19/2013.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Gobierno 'dirige' la política (interior, exterior, Administración civil y militar, defensa) y 'ejerce' la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE); no confundir ambos verbos si el examen los intercambia.
  • Moción de censura: la propone el Congreso (mín. 1/10 Diputados), exige mayoría absoluta y candidato alternativo incorporado (constructiva). Cuestión de confianza: la plantea el Presidente del Gobierno, basta mayoría simple.
  • Órganos superiores de la AGE = Ministros y Secretarios de Estado (fijan planes); órganos directivos = Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales (ejecutan esos planes).
  • Los cinco principios del art. 103.1 CE en orden: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación — descentralización traslada la titularidad de la competencia (a otro ente), desconcentración solo su ejercicio (dentro del mismo ente).
  • El Delegado del Gobierno no necesita ser funcionario; el Subdelegado del Gobierno SÍ debe ser funcionario de carrera del Subgrupo A1, nombrado por libre designación del propio Delegado.
  • En Comunidades Autónomas uniprovinciales (como Madrid) no existe Subdelegado del Gobierno: sus funciones las asume el propio Delegado.
  • La Ley 50/1997 regula el Gobierno como órgano constitucional; la Ley 40/2015 regula la Administración General del Estado y el sector público institucional — son leyes distintas y no intercambiables en una pregunta de examen.
  • Art. 101.1 CE: el Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria (moción de censura aprobada o cuestión de confianza denegada), o por dimisión o fallecimiento del Presidente; en todos los casos continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (art. 101.2).
  • Art. 102 CE: la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; la acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado requiere iniciativa de una cuarta parte de los Diputados y mayoría absoluta del Congreso; no cabe el derecho de gracia.
  • La moción de censura no puede votarse hasta pasados cinco días desde su presentación (art. 113.3); los signatarios de una moción no aprobada no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones (art. 113.4).
  • El Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, presentar proyectos de ley a las Cortes, plantear la cuestión de confianza ni proponer la disolución de las Cámaras; debe limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos.
  • Art. 103.2 y 3 CE: los órganos de la Administración se crean, rigen y coordinan por ley; el estatuto de los funcionarios, el acceso por mérito y capacidad, la sindicación, las incompatibilidades y la imparcialidad se reservan a la ley.
  • El Consejo de Estado (art. 107 CE) es el supremo órgano consultivo del Gobierno; el Defensor del Pueblo (art. 54) es comisionado de las Cortes; no confundir ambos.
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La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran, desde su presentación:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Administrativo C. Madrid?

Este tema conecta el Título IV de la Constitución (arts. 97 a 107, «Del Gobierno y de la Administración») con su desarrollo legal en la Ley 50/1997, del Gobierno, y en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que sustituyó a la antigua LOFAGE. Es un tema nuclear para cualquier temario de Administrativo porque de él derivan los principios de actuación (art. 103 CE) que rigen toda la actividad administrativa posterior, y porque describe la estructura concreta —órganos superiores, órganos directivos, Administración Periférica— en la que el propio Cuerpo de Administrativos presta servicio.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

El Gobierno 'dirige' la política (interior, exterior, Administración civil y militar, defensa) y 'ejerce' la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE); no confundir ambos verbos si el examen los intercambia. Moción de censura: la propone el Congreso (mín. 1/10 Diputados), exige mayoría absoluta y candidato alternativo incorporado (constructiva). Cuestión de confianza: la plantea el Presidente del Gobierno, basta mayoría simple. Órganos superiores de la AGE = Ministros y Secretarios de Estado (fijan planes); órganos directivos = Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales (ejecutan esos planes). Los cinco principios del art. 103.1 CE en orden: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación — descentralización traslada la titularidad de la competencia (a otro ente), desconcentración solo su ejercicio (dentro del mismo ente). El Delegado del Gobierno no necesita ser funcionario; el Subdelegado del Gobierno SÍ debe ser funcionario de carrera del Subgrupo A1, nombrado por libre designación del propio Delegado. En Comunidades Autónomas uniprovinciales (como Madrid) no existe Subdelegado del Gobierno: sus funciones las asume el propio Delegado. La Ley 50/1997 regula el Gobierno como órgano constitucional; la Ley 40/2015 regula la Administración General del Estado y el sector público institucional — son leyes distintas y no intercambiables en una pregunta de examen. Art. 101.1 CE: el Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria (moción de censura aprobada o cuestión de confianza denegada), o por dimisión o fallecimiento del Presidente; en todos los casos continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (art. 101.2). Art. 102 CE: la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; la acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado requiere iniciativa de una cuarta parte de los Diputados y mayoría absoluta del Congreso; no cabe el derecho de gracia. La moción de censura no puede votarse hasta pasados cinco días desde su presentación (art. 113.3); los signatarios de una moción no aprobada no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones (art. 113.4). El Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, presentar proyectos de ley a las Cortes, plantear la cuestión de confianza ni proponer la disolución de las Cámaras; debe limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos. Art. 103.2 y 3 CE: los órganos de la Administración se crean, rigen y coordinan por ley; el estatuto de los funcionarios, el acceso por mérito y capacidad, la sindicación, las incompatibilidades y la imparcialidad se reservan a la ley. El Consejo de Estado (art. 107 CE) es el supremo órgano consultivo del Gobierno; el Defensor del Pueblo (art. 54) es comisionado de las Cortes; no confundir ambos.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), Título IV (arts. 97 a 107), art. 154, art. 149.1.18.ª y Título V (arts. 108 a 116)
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado
  • Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado

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