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Tema 14. Los recursos administrativos: concepto y clases. Las reclamaciones económico-administrativas: especial referencia a las que se susciten en el ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Madrid. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Su organización. Las partes. Actos impugnables. Las fases principales del procedimiento contencioso-administrativo.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

El tema 14 cierra el ciclo de garantías del administrado frente a la Administración: qué hacer cuando un acto administrativo no se ajusta a Derecho. Estudia los recursos administrativos (alzada y potestativo de reposición como ordinarios; extraordinario de revisión), las reclamaciones económico-administrativas (Ley 58/2003, General Tributaria) con referencia al ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Madrid y, ya fuera de la vía administrativa, la organización de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las partes, los actos impugnables y las fases del proceso (Ley 29/1998, LJCA). Combina la Ley 39/2015 (arts. 112 a 126) con la LJCA, y conviene no confundir los plazos y órganos competentes de cada recurso, un clásico de examen tipo test: un mes en alzada y reposición, dos meses en el contencioso (seis si el acto es presunto), un mes en la reclamación económico-administrativa.

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Concepto de recurso administrativo

El recurso administrativo es el acto del administrado mediante el cual, en tiempo y forma, pide a la propia Administración que revoque, sustituya o reforme un acto o disposición, dando lugar a un procedimiento de revisión distinto de aquel en que se dictó el acto impugnado. Es manifestación de la autotutela administrativa: antes de acudir a un juez, se ofrece a la Administración la oportunidad de corregir sus decisiones, lo que explica que en muchos supuestos el agotamiento de la vía administrativa sea presupuesto para acceder a la vía contencioso-administrativa. El Título V de la Ley 39/2015 distingue la revisión de oficio (arts. 106 a 111: nulidad, lesividad, revocación y rectificación de errores) de los recursos administrativos (arts. 112 a 126), que se interponen a instancia del interesado.

Objeto y actos susceptibles de recurso (art. 112 LPAC)

Según el art. 112 LPAC, contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponer los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48. La oposición al resto de los actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa; los recursos contra un acto administrativo de carácter general no pueden fundarse en la nulidad de una disposición administrativa de carácter general, pero sí cabe la impugnación indirecta de los reglamentos con ocasión del recurso contra los actos dictados en su aplicación. Las reclamaciones económico-administrativas y otros procedimientos especiales constituyen cauces específicos.

Requisitos de los recursos administrativos

Para la válida interposición de un recurso administrativo se exige legitimación (ser interesado, titular de un derecho subjetivo o interés legítimo afectado por el acto), el respeto del plazo establecido para cada recurso, la formulación por escrito (con el contenido del art. 115: nombre y apellidos del recurrente, acto que se recurre y razón de su impugnación, lugar, fecha y firma, órgano al que se dirige y medio de notificación) y su presentación ante el órgano competente. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter (art. 115.2). El recurso se interpone, según el caso, ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo.

Actos que ponen fin a la vía administrativa (art. 114 LPAC)

Ponen fin a la vía administrativa, entre otros, las resoluciones de los recursos de alzada, las de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico (salvo que una ley establezca lo contrario), los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento, las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial (cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive) y las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. En el ámbito estatal, el art. 114.2 añade los actos de los miembros y órganos del Gobierno y los emanados de los Ministros y Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Los actos que agotan la vía administrativa son los recurribles en reposición (potestativo) o directamente ante la jurisdicción; los que no la agotan son recurribles en alzada.

Clases de recursos: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión

La Ley 39/2015 regula dos recursos ordinarios, el de alzada y el potestativo de reposición, y uno extraordinario, el de revisión. El recurso de alzada procede contra las resoluciones y actos que no ponen fin a la vía administrativa y es resuelto por el órgano jerárquicamente superior al que dictó el acto recurrido (art. 121). El recurso de reposición, de carácter potestativo, se interpone contra actos que sí ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó, con carácter previo y alternativo a la interposición directa del recurso contencioso-administrativo (art. 123). El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos firmes en vía administrativa y únicamente por los motivos tasados en la ley (art. 125).

El recurso de alzada: plazo y órgano competente

El recurso de alzada se interpone ante el órgano que dictó el acto que se impugna (que debe remitirlo al competente para resolver en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente) o directamente ante el órgano competente para resolverlo. Plazo: un mes si el acto fuera expreso, contado a partir del día siguiente a aquel en que se notifique al interesado; si no lo fuera, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurrido este plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses; transcurrido sin resolución expresa, el recurso podrá entenderse desestimado, a los solos efectos de poder interponer el recurso contencioso-administrativo (art. 122). La resolución estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas o declarará su inadmisión.

El recurso potestativo de reposición

Contra los actos que ponen fin a la vía administrativa podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 123). El plazo de interposición es de un mes si el acto fuera expreso; si no lo fuera, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio. El plazo máximo de resolución y notificación es de un mes, transcurrido el cual el recurso se entenderá desestimado por silencio (art. 124). Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Mientras no se haya resuelto expresamente o no se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa, salvo que se haya optado por esta.

El recurso extraordinario de revisión: motivos y plazos

El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguno de estos motivos (art. 125.1): a) que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; b) que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; c) que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución; d) que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Se interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto, que también es competente para resolver cuando se trate del error de hecho (motivo a), en el plazo de cuatro años siguientes a la notificación de la resolución impugnada; en los demás casos, en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. El órgano puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite cuando el recurso no se funde en alguno de los motivos o se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses, transcurrido el cual se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa (art. 126).

La suspensión de la ejecución del acto recurrido

Como regla general, la interposición de cualquier recurso, salvo que una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado (art. 117.1), en coherencia con la autotutela ejecutiva de la Administración. No obstante, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente por la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente la ejecución cuando concurra alguna de estas circunstancias: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del art. 47.1. Se entenderá suspendida la ejecución si, transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión tuvo entrada en el registro del órgano competente, este no ha dictado y notificado resolución expresa (art. 117.3). La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando el interesado haya interpuesto recurso contencioso y solicitado la medida cautelar de suspensión, hasta que el órgano judicial se pronuncie.

La revisión de oficio y la declaración de lesividad

Conviene no confundir los recursos con la revisión de oficio. La declaración de nulidad de pleno derecho (art. 106 LPAC) puede hacerse en cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (en Madrid, la Comisión Jurídica Asesora). Los actos favorables anulables pueden ser declarados lesivos para el interés público (art. 107): la declaración de lesividad no puede adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y exige audiencia previa de los interesados; transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento sin declaración de lesividad se produce su caducidad. Declarada la lesividad, la Administración debe impugnar el acto ante el orden contencioso-administrativo (recurso de lesividad, art. 43 LJCA), en el plazo de dos meses desde la declaración. La revocación de actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos pueden hacerse en cualquier momento (art. 109).

Las reclamaciones económico-administrativas: concepto y naturaleza

Las reclamaciones económico-administrativas son una vía de revisión administrativa especial, regulada en los arts. 226 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), y en el Real Decreto 520/2005 que aprueba su reglamento de desarrollo. Se resuelven por órganos especializados, los Tribunales Económico-Administrativos, que actúan con independencia funcional respecto de los órganos que dictaron los actos, lo que aporta garantías técnicas al contribuyente antes de acudir a la vía judicial. Esta vía sustituye, en su ámbito, a los recursos administrativos ordinarios de alzada de la Ley 39/2015. Frente a los actos de aplicación de los tributos puede interponerse con carácter previo y potestativo el recurso de reposición (art. 222 LGT), pero no pueden simultanearse reposición y reclamación económico-administrativa sobre el mismo acto.

Ámbito, plazos y órganos de las reclamaciones económico-administrativas

El ámbito de las reclamaciones económico-administrativas comprende, entre otros, los actos de gestión, inspección y recaudación de los tributos del Estado y de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, la imposición de sanciones tributarias y otros actos que la ley determine. El órgano competente en el ámbito estatal son los Tribunales Económico-Administrativos: el Tribunal Económico-Administrativo Central, los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y los Locales, organizados jerárquicamente pero independientes de los órganos de gestión. Plazo de interposición: un mes contado desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado (art. 235 LGT). Plazo de resolución: un año desde la interposición; transcurrido, el interesado puede considerar desestimada la reclamación para interponer el recurso que proceda (art. 240 LGT). La interposición de la reclamación no suspende por sí sola la ejecución, pero la ejecución quedará suspendida automáticamente si se garantiza su importe en los términos de la ley (art. 233 LGT). Contra las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos cabe, en su caso, recurso de alzada ordinario ante el TEAC y, agotada la vía económico-administrativa, recurso contencioso-administrativo.

Referencia a las reclamaciones en el ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Madrid

El epígrafe del programa se refiere a las reclamaciones económico-administrativas que se susciten en el ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Madrid, materia regulada en la normativa de Hacienda de la propia Comunidad (Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre). Debe distinguirse entre los actos tributarios (tributos propios y cedidos) y los demás actos de gestión económico-financiera (presupuestaria, de tesorería o de contratación y subvenciones). En el ámbito tributario, la revisión económico-administrativa de los tributos cedidos se rige por la LGT y la normativa de cesión; los actos de gestión económico-financiera no tributaria de la Comunidad se revisan por el procedimiento que establezca su normativa específica de Hacienda o por los recursos administrativos ordinarios de la Ley 39/2015. Al ser materia de detalle autonómico, se recomienda contrastar con el texto vigente del Decreto Legislativo 1/2002 el órgano concreto y los plazos aplicables.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: naturaleza y fundamento

El art. 106.1 de la Constitución establece que los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. Esta jurisdicción se regula en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), que atribuye a los órganos de este orden el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 1). El art. 2 LJCA enumera materias incluidas, entre otras: la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados de los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de otros contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público, y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive. El art. 3 excluye las cuestiones de índole civil, penal y social.

Organización de los órganos del orden contencioso-administrativo

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se estructura en: los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sala Tercera). La competencia se determina por el órgano autor del acto o disposición, la materia y, en ciertos casos, la cuantía. Debe tenerse presente que la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha reorganizado la planta judicial en Tribunales de Instancia, en cuyo seno se integran las secciones de lo contencioso-administrativo conforme se vaya implantando su despliegue territorial; conviene comprobar el estado de implantación en cada partido judicial.

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocen, en única o primera instancia, de los recursos contra actos de las Entidades Locales y de la Administración de las Comunidades Autónomas, con exclusión de las disposiciones generales, en materias como personal (salvo que se refiera al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera), propiedades especiales y expropiación forzosa, y las restantes que la ley les atribuye, siempre dentro del límite de su circunscripción. Los Juzgados Centrales conocen de determinados recursos contra actos de órganos de la Administración General del Estado con competencia en todo el territorio nacional y nivel inferior a Secretario de Estado en las materias que la ley señala.

Los Tribunales Superiores de Justicia en el orden contencioso-administrativo

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocen en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos de las Entidades Locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados, con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales y con las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales, y conocen en segunda instancia de las apelaciones interpuestas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de su circunscripción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid es, por tanto, el órgano de referencia para la impugnación de las disposiciones generales y de la mayor parte de los actos de la Comunidad de Madrid.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en el orden contencioso-administrativo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conoce, entre otros asuntos, de los recursos contra disposiciones y actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado, en los términos del art. 11 LJCA, y de las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conoce en única instancia de los recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno, así como del Consejo General del Poder Judicial, entre otros, y es el órgano competente para los recursos de casación, que, tras la Ley Orgánica 7/2015, exigen que el asunto presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Las partes en el proceso contencioso-administrativo

Es parte demandante quien ejercita la pretensión frente a la actuación administrativa que impugna, y parte demandada la Administración Pública, organismo o entidad autora del acto, disposición o actuación material objeto de recurso (art. 21 LJCA); también tienen esta condición las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones (codemandados). El Ministerio Fiscal está legitimado en los casos en que la ley se lo atribuya (art. 19.1.f LJCA). En cuanto a la postulación, las partes actúan representadas por procurador y asistidas de abogado, aunque pueden comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios cuando se trate de cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles (art. 23 LJCA). La defensa de las Administraciones Públicas corresponde a sus servicios jurídicos; en la Comunidad de Madrid, a los letrados de la Comunidad conforme a la Ley 3/1999, de Ordenación de los Servicios Jurídicos.

La legitimación activa y pasiva

Conforme al art. 19.1 LJCA, están legitimados ante el orden contencioso-administrativo: a) las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; b) las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades afectados o legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos; c) la Administración del Estado, cuando ostente derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, con las particularidades legalmente previstas; d) el Ministerio Fiscal; y e) cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las leyes. La legitimación pasiva corresponde a la Administración autora de la actuación impugnada y a las personas cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación del recurso.

Los actos impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa

Son impugnables ante este orden las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o causan perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (art. 25 LJCA). También son impugnables la inactividad de la Administración (art. 29: obligada a realizar una prestación concreta en favor de personas determinadas, si en el plazo de tres meses desde la reclamación la Administración no ha dado cumplimiento ni ha llegado a un acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso contencioso-administrativo) y la vía de hecho (art. 30: actuación material sin cobertura de un acto administrativo previo, con requerimiento previo de cesación; si en el plazo de diez días no se atiende, puede deducirse recurso). También cabe el recurso indirecto contra disposiciones generales con ocasión del recurso contra actos dictados en su aplicación (art. 26) y el recurso de lesividad de la Administración contra sus propios actos (art. 43).

La actividad administrativa no impugnable

No son impugnables ante este orden, entre otros supuestos, las actuaciones de las Administraciones sometidas al Derecho privado (competencia del orden civil o social según la naturaleza de la relación), las leyes en sentido estricto (que solo pueden ser cuestionadas ante el Tribunal Constitucional) y las cuestiones civiles, penales y sociales (art. 3). Respecto de los llamados actos políticos del Gobierno, la LJCA de 1998 no los excluye de forma absoluta: el control jurisdiccional se extiende, conforme al art. 2.a), a los elementos reglados de los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que sea la naturaleza de dichos actos, y a la determinación de las indemnizaciones procedentes.

El plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si es expreso. Si el acto no fuera expreso, el plazo es de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que, conforme a su normativa específica, se produzca el acto presunto. Si se interpone previamente recurso potestativo de reposición, el plazo para el contencioso se cuenta desde la notificación de la resolución expresa del recurso o desde que se produce su desestimación presunta. Contra la inactividad y la vía de hecho existen plazos propios (art. 46). Durante el mes de agosto no corre el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro de los previstos en la ley, salvo para el procedimiento de protección de los derechos fundamentales (art. 128.2).

El procedimiento contencioso-administrativo: fases

El procedimiento ordinario se articula, con carácter general, en las siguientes fases: a) interposición del recurso mediante escrito (art. 45), al que se acompañan los documentos que acrediten la representación y la actuación impugnada; b) admisión y reclamación del expediente administrativo a la Administración demandada, que debe remitirlo en el plazo improrrogable de veinte días (art. 48); c) emplazamiento de los demandados y de los interesados (art. 49); d) formalización de la demanda por el recurrente (veinte días, art. 52); e) contestación a la demanda (veinte días, art. 54); f) prueba, cuando haya hechos controvertidos relevantes, si se solicita en los escritos de demanda y contestación (art. 60); g) vista o conclusiones escritas (art. 62), por plazo sucesivo de diez días; y h) sentencia, que debe dictarse en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso (art. 67). Cabe, además, la terminación anticipada del proceso por desistimiento, allanamiento de la Administración demandada, satisfacción extraprocesal de la pretensión o convenio entre las partes (arts. 74 a 77).

El procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA) se sigue ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en los asuntos que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo, así como en todos aquellos cuyo conocimiento se atribuya a los Juzgados cuando la cuantía no exceda de 30.000 euros. Se inicia por demanda sucinta, y se caracteriza por la concentración de los trámites de alegaciones, prueba y conclusiones en una vista oral, lo que permite una resolución más rápida que en el procedimiento ordinario.

Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo

Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia (art. 129). La medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto; podrá denegarse cuando de ella pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero (art. 130). La doctrina resume los presupuestos en la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro por la duración del proceso (periculum in mora). La suspensión del acto es la medida más habitual, aunque puede adoptarse cualquier otra medida positiva o negativa. En casos de especial urgencia pueden acordarse medidas cautelarísimas sin audiencia de la parte contraria (art. 135).

La sentencia, las costas y los recursos contra las resoluciones judiciales

La sentencia puede declarar la inadmisibilidad del recurso, estimarlo o desestimarlo (art. 68). La estimación puede anular el acto o la disposición y reconocer una situación jurídica individualizada (art. 71). La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas, y los pronunciamientos de anulación de una disposición general se publican en el diario oficial en que ésta se insertó (art. 72.2). En materia de costas, rige en primera o única instancia el criterio del vencimiento, salvo que el órgano judicial aprecie y razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho (art. 139). Contra las sentencias de los Juzgados cabe recurso de apelación ante la Sala del TSJ (plazo de quince días, art. 85), salvo las dictadas en asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros (art. 81). Contra las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por las Salas de los TSJ, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo cabe recurso de casación, cuyo escrito de preparación se presenta en el plazo de treinta días (art. 89), condicionado a que el asunto presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, apreciado en el trámite de admisión.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Alzada: contra actos que NO agotan la vía administrativa; plazo de 1 mes (acto expreso); resolución en 3 meses (silencio desestimatorio si no se resuelve).
  • Reposición: potestativa, contra actos que SÍ agotan la vía administrativa; plazo de 1 mes; resolución en 1 mes (silencio negativo); mientras no se resuelva o desestime, no cabe ir al contencioso (salvo que se haya optado por este).
  • Revisión extraordinaria: solo contra actos firmes y por 4 motivos tasados; plazo de 4 años para el error de hecho y 3 meses en los demás casos; resolución en 3 meses.
  • La interposición de un recurso NO suspende automáticamente la ejecución (art. 117); si en 1 mes no se resuelve la solicitud de suspensión, esta se entiende concedida.
  • No cabe recurso administrativo contra reglamentos; solo contencioso-administrativo (directo o indirecto).
  • Reclamación económico-administrativa: plazo de 1 mes desde la notificación; resolución en 1 año; suspensión automática si se garantiza el importe.
  • Recurso contencioso-administrativo: 2 meses (acto expreso) o 6 meses (acto presunto); agosto es inhábil.
  • Procedimiento abreviado: cuestiones de personal, extranjería, asilo y cuantía hasta 30.000 euros; apelación excluida en asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros.
  • El recurso de casación exige 'interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia'; la apelación no requiere ese filtro. Apelación: 15 días; preparación de casación: 30 días.
  • Inactividad: reclamación previa a la Administración y 3 meses antes de ir al juez; vía de hecho: requerimiento de cesación y 10 días.
  • Declaración de lesividad: no puede adoptarse pasados 4 años desde que se dictó el acto; el recurso de lesividad se interpone en 2 meses desde la declaración.
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La declaración de lesividad de un acto favorable anulable (art. 107 LPAC) no podrá adoptarse transcurridos:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 14 de Administrativo C. Madrid?

El tema 14 cierra el ciclo de garantías del administrado frente a la Administración: qué hacer cuando un acto administrativo no se ajusta a Derecho. Estudia los recursos administrativos (alzada y potestativo de reposición como ordinarios; extraordinario de revisión), las reclamaciones económico-administrativas (Ley 58/2003, General Tributaria) con referencia al ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Madrid y, ya fuera de la vía administrativa, la organización de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las partes, los actos impugnables y las fases del proceso (Ley 29/1998, LJCA). Combina la Ley 39/2015 (arts. 112 a 126) con la LJCA, y conviene no confundir los plazos y órganos competentes de cada recurso, un clásico de examen tipo test: un mes en alzada y reposición, dos meses en el contencioso (seis si el acto es presunto), un mes en la reclamación económico-administrativa.

¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?

Alzada: contra actos que NO agotan la vía administrativa; plazo de 1 mes (acto expreso); resolución en 3 meses (silencio desestimatorio si no se resuelve). Reposición: potestativa, contra actos que SÍ agotan la vía administrativa; plazo de 1 mes; resolución en 1 mes (silencio negativo); mientras no se resuelva o desestime, no cabe ir al contencioso (salvo que se haya optado por este). Revisión extraordinaria: solo contra actos firmes y por 4 motivos tasados; plazo de 4 años para el error de hecho y 3 meses en los demás casos; resolución en 3 meses. La interposición de un recurso NO suspende automáticamente la ejecución (art. 117); si en 1 mes no se resuelve la solicitud de suspensión, esta se entiende concedida. No cabe recurso administrativo contra reglamentos; solo contencioso-administrativo (directo o indirecto). Reclamación económico-administrativa: plazo de 1 mes desde la notificación; resolución en 1 año; suspensión automática si se garantiza el importe. Recurso contencioso-administrativo: 2 meses (acto expreso) o 6 meses (acto presunto); agosto es inhábil. Procedimiento abreviado: cuestiones de personal, extranjería, asilo y cuantía hasta 30.000 euros; apelación excluida en asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros. El recurso de casación exige 'interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia'; la apelación no requiere ese filtro. Apelación: 15 días; preparación de casación: 30 días. Inactividad: reclamación previa a la Administración y 3 meses antes de ir al juez; vía de hecho: requerimiento de cesación y 10 días. Declaración de lesividad: no puede adoptarse pasados 4 años desde que se dictó el acto; el recurso de lesividad se interpone en 2 meses desde la declaración.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, art. 106
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 106 a 126)
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 222 y 226 y siguientes)
  • Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa
  • Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid
  • Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

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