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Tema 9. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos de la Alcaldía. La Policía Local como policía administrativa. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

Las Entidades Locales disponen de potestad reglamentaria propia (art. 4.1.a LRBRL) para regular, mediante ordenanzas y reglamentos, las materias de su competencia, dentro del marco de la legislación estatal y autonómica. Este tema estudia las clases de disposiciones locales, su procedimiento de elaboración y aprobación (art. 49 LRBRL), su entrada en vigor y control, los bandos de la Alcaldía, el papel de la Policía Local como policía administrativa encargada de velar por el cumplimiento de ordenanzas y bandos (art. 53.1.d LO 2/1986) y el régimen de las licencias municipales: concepto, tipos, actividades sometidas, tramitación y su relación con la declaración responsable y la comunicación previa.

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La potestad reglamentaria local: concepto de ordenanza y de reglamento

Los municipios, provincias e islas gozan de potestad reglamentaria y de autoorganización (art. 4.1.a LRBRL), que se ejerce mediante ordenanzas y reglamentos. Las ordenanzas son disposiciones administrativas de carácter general, aprobadas por el Pleno de la Entidad Local, con eficacia frente a terceros (vecinos o un sector de actividad) y contenido normativo: regulan conductas, servicios y relaciones de convivencia y se aplican a todas las personas que se encuentren en el supuesto de hecho regulado dentro del término municipal. Los reglamentos son disposiciones que regulan, con carácter general, la organización y funcionamiento de la propia Entidad (Reglamento Orgánico, reglamentos de servicios, de participación ciudadana, del personal) o de un servicio determinado. En la práctica la LRBRL aplica a ambos el mismo procedimiento de aprobación (art. 49). Son normas jurídicas escritas de rango reglamentario, subordinadas a la Constitución, a las leyes y a los reglamentos estatales y autonómicos (jerarquía normativa, art. 9.3 CE y art. 128 LPAC), y su ámbito se limita al término municipal. Para la Policía Local las ordenanzas son la fuente principal de su función de policía administrativa.

Clases de ordenanzas y reglamentos más habituales

Entre las clases más frecuentes cabe distinguir: a) El Reglamento Orgánico (ROM), que regula la organización y funcionamiento de los órganos de gobierno propios, en el marco de la legislación básica; su aprobación y modificación requiere mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno (art. 47.2 LRBRL). b) Las ordenanzas de convivencia ciudadana o de civismo, que regulan el uso de los espacios públicos y tipifican como infracciones conductas incívicas (consumo de alcohol en la vía pública, ruidos, grafitis, ocupación de la vía pública, necesidades fisiológicas, etc.). c) Las ordenanzas de circulación o de movilidad, que regulan el tráfico, el estacionamiento y el transporte en las vías urbanas dentro de lo no reservado a la legislación estatal de tráfico (Real Decreto Legislativo 6/2015); la competencia municipal la reconoce también el art. 7 de dicho texto legal. d) Las ordenanzas medioambientales y de ruidos, de limpieza, de tenencia de animales y de gestión de residuos. e) Las ordenanzas urbanísticas y de edificación. f) Las ordenanzas fiscales, que establecen y regulan los tributos y precios de la Entidad Local (impuestos, tasas y contribuciones especiales), con un procedimiento singular regulado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004). g) Las ordenanzas reguladoras de licencias, de terrazas y de ocupación del dominio público. Existen además las ordenanzas-tipo y modelos aprobados por las Diputaciones o asociaciones de municipios, que no tienen valor normativo hasta que el Pleno las aprueba.

Límites de la potestad normativa local: jerarquía y reserva de ley

Las ordenanzas no pueden contradecir normas de rango superior ni regular materias reservadas a la ley; son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior y las que regulen materias reservadas a la ley (art. 47.2 LPAC). En materia sancionadora, la reserva de ley (art. 25.1 CE) exige cobertura legal para tipificar infracciones y sanciones; el Título XI de la LRBRL (arts. 139 a 141), añadido por la Ley 57/2003, la proporciona para las ordenanzas locales: en defecto de normativa sectorial específica, los municipios pueden tipificar infracciones y sanciones por incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y limitaciones de sus ordenanzas, para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, y las multas no pueden exceder, salvo que otra ley disponga otra cuantía, de 3.000 euros para las muy graves, 1.500 euros para las graves y 750 euros para las leves (art. 141). Los criterios de graduación incluyen la existencia de intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia y la reiteración. Una ordenanza no puede, por tanto, crear sanciones superiores ni tipificar infracciones en materias reguladas por ley sectorial sin amparo legal.

Procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas (art. 49 LRBRL)

El art. 49 LRBRL fija el procedimiento común de aprobación de las ordenanzas locales, que se sigue también para los reglamentos locales (con las especialidades de las ordenanzas fiscales y del ROM): a) aprobación inicial por el Pleno (mayoría simple, salvo los supuestos del art. 47.2 que exigen mayoría absoluta); b) información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias; c) resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva por el Pleno. Si no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Con anterioridad a la aprobación inicial, la elaboración del proyecto está sujeta a los principios de buena regulación del art. 129 LPAC (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) y a la consulta pública previa del art. 133 LPAC, salvo las exclusiones legales (normas organizativas y razones graves de interés público). Tras la aprobación definitiva, se publica el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) (art. 70.2 LRBRL).

Entrada en vigor, comunicación y control de las ordenanzas

Las ordenanzas, incluidas las normas de los planes urbanísticos, se publican en el Boletín Oficial de la Provincia (o de la Comunidad Autónoma en las uniprovinciales) y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LRBRL, esto es, quince días hábiles desde la recepción de la comunicación a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, plazo en el que estas pueden formular el requerimiento previo (art. 70.2). Las Entidades Locales están obligadas a remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma copia o extracto de sus actos y acuerdos (art. 56). El control de legalidad de la ordenanza se realiza en vía contencioso-administrativa: contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3 LPAC), sino recurso contencioso-administrativo directo ante el Tribunal Superior de Justicia, con plazo de dos meses desde la publicación, o indirecto contra los actos de aplicación de la ordenanza, sin plazo de caducidad. Están legitimados para impugnar los acuerdos locales las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma (art. 65 y ss. LRBRL), los miembros de la Corporación que hubieran votado en contra (art. 63.1.b), y los vecinos y personas con interés legítimo. La sentencia anulatoria de una disposición general produce efectos generales desde su publicación.

Las ordenanzas fiscales

Las Entidades Locales aprueban los tributos propios mediante ordenanzas fiscales (arts. 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, TRLRHL, RDL 2/2004). El procedimiento de aprobación es el siguiente: acuerdo provisional del Pleno, exposición pública del expediente durante un plazo mínimo de treinta días hábiles para que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones, resolución de estas y adopción del acuerdo definitivo; si no se presentan reclamaciones, el acuerdo provisional se eleva automáticamente a definitivo. El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza se publican en el BOP, y la ordenanza entra en vigor y comienza a aplicarse a partir de su publicación, o del día que indique, sin que pueda aplicarse con carácter retroactivo desfavorable. Los tributos potestativos (tasas, contribuciones especiales, impuestos como el de construcciones, instalaciones y obras) requieren acuerdo de imposición y ordenanza fiscal; los de exigencia obligatoria (como el IBI) se aplican en cada municipio con su correspondiente ordenanza reguladora. Por su relación con la Policía Local, son relevantes las tasas por ocupación del dominio público (terrazas, vados, contenedores) y por retirada de vehículos mediante grúa.

Los bandos de la Alcaldía

El bando es el instrumento tradicional mediante el cual el Alcalde, en ejercicio de las atribuciones de dirección del gobierno y la administración municipal, comunica a los vecinos disposiciones o instrucciones; la LRBRL atribuye al Alcalde la facultad de dictar bandos (art. 21.1) y la cita entre los medios de intervención de los entes locales en la actividad de los ciudadanos (art. 84.1.a: ordenanzas y bandos). No es una fuente del Derecho con entidad propia: no sigue el procedimiento reforzado del art. 49 LRBRL (no requiere aprobación plenaria ni información pública), por lo que no puede, en rigor, innovar el ordenamiento jurídico creando obligaciones o infracciones nuevas sin amparo en una norma de rango superior u ordenanza vigente. Su función típica es: a) recordar o divulgar el cumplimiento de normas ya vigentes (ordenanzas, normativa de tráfico, de medio ambiente o de fiestas); b) concretar la aplicación de una ordenanza a una circunstancia concreta (cortes de tráfico por un evento, calendario de la campaña de quema o de limpieza); y c) adoptar medidas urgentes y excepcionales en situaciones de necesidad, catástrofe o grave riesgo, que el Alcalde puede adoptar personalmente (art. 21.1 LRBRL) dando cuenta inmediata al Pleno. La atribución de dictar bandos no es delegable. Se publican mediante fijación en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal, y por los medios de difusión local que se estimen oportunos. Los bandos de contenido normativo requieren habilitación legal expresa, y no pueden suplir a la ordenanza cuando la ley exija esta forma.

La Policía Local como policía administrativa

La policía administrativa, en sentido jurídico (distinto de policía como cuerpo), es la actividad de limitación mediante la cual la Administración restringe la libertad o los derechos de los particulares para proteger el interés general, empleando las técnicas de reglamentación, autorización (licencia), orden, inspección y sanción. Entre las funciones de los Cuerpos de Policía Local, el art. 53.1.d de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, enumera la de ejercer la policía administrativa en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de sus competencias (junto con otras como ordenar, señalizar y dirigir el tráfico urbano, instruir atestados por accidentes de circulación en casco urbano, participar en las funciones de policía judicial, prestar auxilio en accidentes y catástrofes y cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos). En el ejercicio de esta función los agentes vigilan, inspeccionan y, en su caso, denuncian el incumplimiento de la normativa local y de la sectorial (consumo, espectáculos públicos, urbanismo, medio ambiente, tráfico), lo que da inicio al procedimiento sancionador conforme a la Ley 39/2015 y a la Ley 40/2015. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, en los que se recojan los hechos constatados por ellos con los requisitos legales, hacen prueba de estos salvo que se acredite lo contrario (art. 77.5 LPAC); en materia de seguridad ciudadana, la Ley Orgánica 4/2015 contiene una regla análoga (art. 52). La función de policía administrativa debe distinguirse de la de policía judicial (auxilio a jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la investigación de delitos) y de la de seguridad ciudadana en sentido estricto, aunque en la práctica se entrelazan en la actuación de un mismo agente.

Medios de intervención de las Entidades Locales en la actividad de los ciudadanos

El art. 84.1 LRBRL enumera los medios de intervención de las Entidades Locales en la actividad de los ciudadanos: a) ordenanzas y bandos; b) sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo; c) sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable; d) sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma; y e) órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. La actividad de intervención debe respetar el principio de intervención mínima: las Administraciones que limiten el ejercicio de derechos o exijan requisitos para una actividad deben aplicar el principio de proporcionalidad, elegir la medida menos restrictiva y motivar su necesidad (art. 4 de la Ley 40/2015). El art. 84 bis LRBRL (introducido por la Ley 2/2011, de Economía Sostenible; la Ley 25/2009, «Ley Ómnibus», que adaptó la legislación a la Directiva de Servicios, había modificado ya el art. 84) establece que, con carácter general, el ejercicio de actividades no se somete a licencia ni a otro medio de control preventivo; solo podrá exigirse por razones tasadas (orden público, seguridad y salud públicas, protección del medio ambiente y del patrimonio, uso del dominio público u otras razones imperiosas de interés general), de forma motivada y proporcionada.

Declaración responsable y comunicación previa

Frente a la técnica clásica de autorización o licencia previa (control ex ante), la normativa reciente (Ley 17/2009, Ley 25/2009, Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y el art. 69 LPAC) ha generalizado para actividades de bajo riesgo la declaración responsable y la comunicación previa. La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho ejercicio. La comunicación es el documento por el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Ambas permiten, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario, el reconocimiento o ejercicio del derecho o el inicio de la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración (art. 69.3 LPAC). La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o documento que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (art. 69.4).

La licencia municipal: concepto y naturaleza jurídica

La licencia es un acto administrativo por el que la Administración, tras comprobar que la actuación proyectada se ajusta al ordenamiento jurídico, remueve el obstáculo que impedía su ejercicio y reconoce (no otorga ex novo) un derecho preexistente del solicitante. Es un acto reglado, no discrecional: si el proyecto se ajusta a la normativa aplicable, la Administración está obligada a concederla, sin que pueda denegarla por razones de oportunidad. Se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, Decreto de 17 de junio de 1955), por lo que no resuelve cuestiones civiles de titularidad. Se rige por la normativa vigente en el momento de su otorgamiento, y las licencias de obras y de actividades se otorgan con un plazo y condiciones. Las licencias reales (que dependen de las condiciones del objeto) son transmisibles, debiendo comunicarse por escrito a la Corporación por el antiguo y el nuevo titular; las personales (que dependen de las cualidades del sujeto, como la de animales potencialmente peligrosos o la de autotaxi) no lo son (art. 13 RSCL).

Tipos de licencias y actividades sometidas a licencia

Entre las licencias municipales más relevantes para la actuación de la Policía Local pueden distinguirse: a) Licencias urbanísticas: de obras (mayores y menores, según la entidad de la intervención constructiva), de ocupación o utilización de edificaciones (antes, de primera ocupación), de parcelación o segregación y de usos del suelo; su régimen en Andalucía se encuentra en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) y en su reglamento general (Decreto 550/2022, de 29 de noviembre), que distingue actos sujetos a licencia y actos sujetos a declaración responsable. b) Licencias de actividad (apertura o funcionamiento): control de las condiciones de los establecimientos y de las actividades susceptibles de generar molestias, riesgos o daños al medio ambiente (en Andalucía, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), sustituidas en muchos casos por declaración responsable (comercio minorista y determinados servicios, Ley 12/2012). c) Licencias de ocupación del dominio público: terrazas de hostelería, vados y reserva de espacio, contenedores y andamios, quioscos, mercadillos y venta ambulante, que son autorizaciones discrecionales en cuanto uso privativo del dominio público. d) Autorizaciones para espectáculos públicos y actividades recreativas (Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y su normativa de desarrollo) para eventos extraordinarios o no permanentes. e) Licencia de autotaxi y otras de transporte urbano. f) Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y Real Decreto 287/2002), que concede el Ayuntamiento de residencia, previa acreditación de requisitos (mayoría de edad, ausencia de antecedentes por determinados delitos ni sanciones graves o muy graves previas, capacidad física y aptitud psicológica, y seguro de responsabilidad civil con cobertura mínima de 120.000 euros), tiene una validez de cinco años renovable y debe acompañarse de la inscripción del animal en el registro correspondiente.

Tramitación de las licencias y silencio administrativo

La tramitación general sigue el esquema de la Ley 39/2015 (LPAC): solicitud del interesado con la documentación técnica exigida (proyecto técnico, memoria, planos), requerimiento de subsanación (diez días, art. 68 LPAC), informes técnicos y jurídicos municipales, resolución motivada y notificación al interesado, dentro del plazo máximo fijado por la normativa aplicable (a falta de plazo específico, tres meses, art. 21.3 LPAC). La resolución estimatoria suele establecer plazos de inicio y de terminación de las obras o de la actividad. La Administración municipal debe resolver expresamente (art. 21 LPAC); si no lo hace, opera el silencio administrativo, que con carácter general es positivo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 24 LPAC), con las excepciones legales de silencio negativo (entre ellas, los procedimientos cuya estimación transfiera al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, o impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente). En materia urbanística, la legislación estatal del suelo (Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, Real Decreto Legislativo 7/2015, art. 11.4) impide que se adquieran por silencio facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística, y la legislación autonómica regula supuestos de silencio negativo. La licencia otorgada por silencio no puede amparar actuaciones contrarias al ordenamiento. La actuación sin la licencia preceptiva, o excediendo su contenido, constituye una infracción administrativa (habitualmente urbanística o de la ordenanza de la actividad) que la Policía Local puede denunciar mediante el boletín o acta correspondiente, y puede dar lugar a órdenes de suspensión y a procedimientos de restablecimiento de la legalidad.

Control posterior, caducidad, revocación y extinción de las licencias

Con independencia del régimen de intervención (previa o posterior), la Administración municipal conserva las potestades de comprobación, inspección, sanción y orden de cesación de las actividades que se desarrollen sin la habilitación exigida o incumpliendo las condiciones bajo las que se otorgaron, correspondiendo con frecuencia a la Policía Local un papel de vigilancia y auxilio en estas labores. Las licencias pueden caducar por el transcurso de los plazos fijados para iniciar o terminar la obra o actividad sin haberla ejecutado, o por interrupción prolongada de la actividad, previa declaración con audiencia del interesado. Pueden anularse, mediante la revisión de oficio de los arts. 106 y siguientes de la LPAC, cuando incurran en nulidad de pleno derecho o en anulabilidad (previa declaración de lesividad), y pueden revocarse las licencias de carácter desfavorable o de gravamen, no las favorables, salvo que su otorgamiento haya sido sometido a condiciones legalmente previstas. Pueden extinguirse también por el cese del uso o actividad, por incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización o por sobrevenir circunstancias que, de haber existido, habrían justificado su denegación, con derecho a indemnización cuando proceda conforme a la responsabilidad patrimonial.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 4.1.a LRBRL: potestad reglamentaria y de autoorganización de los entes locales. Las ordenanzas están subordinadas a la ley (art. 9.3 CE) y son nulas si la contradicen (art. 47.2 LPAC).
  • Art. 49 LRBRL: aprobación inicial por el Pleno -> información pública y audiencia, mínimo treinta días -> resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno -> publicación en el BOP. Si no hay reclamaciones, el acuerdo provisional se eleva a definitivo sin nuevo acuerdo plenario.
  • La ordenanza entra en vigor cuando se publica íntegramente en el BOP y transcurre el plazo del art. 65.2 LRBRL (quince días hábiles desde la comunicación a las Administraciones estatal y autonómica) (art. 70.2 LRBRL).
  • Contra las ordenanzas no cabe recurso administrativo (art. 112.3 LPAC): recurso contencioso directo (dos meses) o indirecto contra el acto de aplicación (sin plazo).
  • Ordenanzas fiscales: acuerdo provisional, exposición pública mínima de treinta días hábiles, acuerdo definitivo y publicación (TRLRHL, arts. 15 a 19).
  • Las ordenanzas pueden tipificar infracciones y sanciones en defecto de ley sectorial (Título XI LRBRL, arts. 139-141): multas máximas de 3.000 euros (muy graves), 1.500 euros (graves) y 750 euros (leves).
  • Los bandos de Alcaldía no innovan el ordenamiento jurídico ni siguen el procedimiento del art. 49: recuerdan normas vigentes o adoptan medidas urgentes en el ámbito de competencias del Alcalde; la facultad de dictar bandos es indelegable.
  • Art. 53.1.d LO 2/1986: la Policía Local ejerce la policía administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales.
  • Art. 77.5 LPAC: los documentos formalizados por funcionarios con condición de autoridad (denuncias de agentes) hacen prueba de los hechos constatados salvo prueba en contrario.
  • Art. 84.1 LRBRL: medios de intervención local = ordenanzas y bandos, licencia, comunicación previa o declaración responsable, control posterior, y órdenes individuales.
  • Art. 84 bis LRBRL: como regla general, el ejercicio de actividades no se somete a licencia; solo puede exigirse por razones tasadas (orden público, seguridad y salud públicas, medio ambiente y patrimonio, uso del dominio público u otras razones imperiosas de interés general), de forma motivada y proporcionada.
  • La licencia es un acto reglado, que reconoce un derecho preexistente; se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
  • Declaración responsable y comunicación previa (art. 69 LPAC): permiten iniciar la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio del control posterior.
  • Silencio en licencias: positivo como regla (art. 24 LPAC), negativo en dominio público, servicio público y supuestos legales; en urbanismo no se adquieren por silencio facultades contrarias a la ordenación.
  • Licencia de animales potencialmente peligrosos: la concede el Ayuntamiento de residencia; seguro de responsabilidad civil mínimo de 120.000 euros; validez de cinco años.
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Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Policía Local?

Las Entidades Locales disponen de potestad reglamentaria propia (art. 4.1.a LRBRL) para regular, mediante ordenanzas y reglamentos, las materias de su competencia, dentro del marco de la legislación estatal y autonómica. Este tema estudia las clases de disposiciones locales, su procedimiento de elaboración y aprobación (art. 49 LRBRL), su entrada en vigor y control, los bandos de la Alcaldía, el papel de la Policía Local como policía administrativa encargada de velar por el cumplimiento de ordenanzas y bandos (art. 53.1.d LO 2/1986) y el régimen de las licencias municipales: concepto, tipos, actividades sometidas, tramitación y su relación con la declaración responsable y la comunicación previa.

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

Art. 4.1.a LRBRL: potestad reglamentaria y de autoorganización de los entes locales. Las ordenanzas están subordinadas a la ley (art. 9.3 CE) y son nulas si la contradicen (art. 47.2 LPAC). Art. 49 LRBRL: aprobación inicial por el Pleno -> información pública y audiencia, mínimo treinta días -> resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno -> publicación en el BOP. Si no hay reclamaciones, el acuerdo provisional se eleva a definitivo sin nuevo acuerdo plenario. La ordenanza entra en vigor cuando se publica íntegramente en el BOP y transcurre el plazo del art. 65.2 LRBRL (quince días hábiles desde la comunicación a las Administraciones estatal y autonómica) (art. 70.2 LRBRL). Contra las ordenanzas no cabe recurso administrativo (art. 112.3 LPAC): recurso contencioso directo (dos meses) o indirecto contra el acto de aplicación (sin plazo). Ordenanzas fiscales: acuerdo provisional, exposición pública mínima de treinta días hábiles, acuerdo definitivo y publicación (TRLRHL, arts. 15 a 19). Las ordenanzas pueden tipificar infracciones y sanciones en defecto de ley sectorial (Título XI LRBRL, arts. 139-141): multas máximas de 3.000 euros (muy graves), 1.500 euros (graves) y 750 euros (leves). Los bandos de Alcaldía no innovan el ordenamiento jurídico ni siguen el procedimiento del art. 49: recuerdan normas vigentes o adoptan medidas urgentes en el ámbito de competencias del Alcalde; la facultad de dictar bandos es indelegable. Art. 53.1.d LO 2/1986: la Policía Local ejerce la policía administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales. Art. 77.5 LPAC: los documentos formalizados por funcionarios con condición de autoridad (denuncias de agentes) hacen prueba de los hechos constatados salvo prueba en contrario. Art. 84.1 LRBRL: medios de intervención local = ordenanzas y bandos, licencia, comunicación previa o declaración responsable, control posterior, y órdenes individuales. Art. 84 bis LRBRL: como regla general, el ejercicio de actividades no se somete a licencia; solo puede exigirse por razones tasadas (orden público, seguridad y salud públicas, medio ambiente y patrimonio, uso del dominio público u otras razones imperiosas de interés general), de forma motivada y proporcionada. La licencia es un acto reglado, que reconoce un derecho preexistente; se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. Declaración responsable y comunicación previa (art. 69 LPAC): permiten iniciar la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio del control posterior. Silencio en licencias: positivo como regla (art. 24 LPAC), negativo en dominio público, servicio público y supuestos legales; en urbanismo no se adquieren por silencio facultades contrarias a la ordenación. Licencia de animales potencialmente peligrosos: la concede el Ayuntamiento de residencia; seguro de responsabilidad civil mínimo de 120.000 euros; validez de cinco años.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 9.3, 25.1 y 140
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 4, 21, 47, 49, 56, 63, 65, 70, 84, 84 bis y Título XI (arts. 139 a 141)
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 15 a 19
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 21, 24, 47, 69, 77 y 112
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 4
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 53
  • Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, arts. 12 y 13
  • Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, art. 11
  • Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)
  • Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios
  • Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y Real Decreto 287/2002

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