Tema 44. Deontología policial. Normas que la establecen. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Código Europeo de Ética de la Policía. Principios básicos de actuación policial desde la perspectiva deontológica.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
La deontología policial es el conjunto de principios y normas éticas que orientan la actuación de los agentes de policía más allá de la mera legalidad formal, situando la dignidad de la persona en el centro de toda intervención. Este tema recorre su concepto y las normas que la establecen (Constitución, art. 5 de la LOFCS, Código Penal, estatuto del empleado público), el fundamento en la dignidad de la persona (arts. 10.1 y 15 CE), el sentido ético de la prevención y la represión (necesidad, proporcionalidad e intervención mínima) y los principales instrumentos internacionales y europeos que codifican la ética profesional: la Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía (Resolución 690 de 1979), el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 34/169, de 1979) y el Código Europeo de Ética de la Policía (Recomendación Rec(2001)10). Se cierra con los principios básicos de actuación policial vistos desde la perspectiva deontológica: legalidad, jerarquía y límites de la obediencia debida, imparcialidad, integridad, trato correcto a la ciudadanía, secreto profesional, responsabilidad y ejemplaridad.
La deontología (del griego deon, «deber») es la rama de la ética que estudia los deberes propios de una profesión. La deontología policial es el conjunto de principios y normas éticas que orientan la actuación profesional de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluidas las Policías Locales. Se distingue de la ética general en cuanto se proyecta sobre las exigencias particulares de una profesión que ejerce el uso legítimo de la fuerza y limita derechos y libertades de los ciudadanos, lo que exige un reforzamiento de las garantías de actuación conforme a Derecho y a los valores constitucionales. Va más allá de la legalidad: no basta con cumplir formalmente la ley, sino que la actuación debe ser también justa, proporcionada, respetuosa y transparente. Su finalidad es doble: garantizar a la ciudadanía un servicio policial legítimo y confiable, y orientar al agente en situaciones en las que la norma deja un margen de decisión (discrecionalidad), donde la ética es el criterio para decidir bien. Se caracteriza por tener un fuerte contenido de derechos humanos, de servicio público y de responsabilidad personal.
Normas que establecen la deontología policial en España
La deontología policial se articula en España a través de varias capas normativas. a) La Constitución: art. 10.1 (dignidad de la persona), art. 15 (integridad física y moral y prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes), art. 9.3 (interdicción de la arbitrariedad), art. 103.1 (objetividad y sometimiento pleno a la ley y al Derecho de la Administración) y art. 104.1 (misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana); el art. 10.2 manda interpretar los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España. b) El art. 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), que enuncia los principios básicos de actuación y es de naturaleza jurídica vinculante, aplicable también a las Policías Locales (art. 52 LOFCS). c) El Código Penal, que tipifica las conductas más graves (tortura y atentados contra la integridad moral, cohecho, revelación de secretos, detenciones ilegales, etc.). d) El régimen disciplinario aplicable a cada cuerpo y el estatuto del empleado público (Real Decreto Legislativo 5/2015, TREBEP, arts. 52 a 54). e) La normativa autonómica de coordinación de las Policías Locales (en Andalucía, la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales) y las normas municipales. f) Los instrumentos internacionales (Declaración del Consejo de Europa, Código de la ONU, Código Europeo de Ética), de valor orientador (soft law), que no son normas de Derecho interno directamente aplicables, pero inspiran su interpretación y desarrollo.
La dignidad de la persona como fundamento (arts. 10.1 y 15 CE)
El artículo 10.1 CE proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Situado al inicio del Título I, constituye el fundamento último de toda la deontología policial: la persona, incluso cuando es presunta autora de un delito o infractora de una norma administrativa, conserva en todo momento su dignidad intrínseca, que ningún fin legítimo de la actuación policial (mantenimiento del orden, investigación de un delito) puede menoscabar. De este principio derivan exigencias concretas de trato: el art. 15 CE reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral y prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes; el art. 17 CE regula las garantías de la detención y el art. 24.2 CE reconoce la presunción de inocencia; el art. 18 CE protege el honor, la intimidad y la propia imagen. La prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes es absoluta: no admite excepciones ni justificación alguna, ni siquiera la persecución de delitos graves, el estado de necesidad ni la obediencia a una orden superior.
Dignidad de la persona detenida y bajo custodia
La dignidad adquiere una proyección especial respecto de las personas detenidas o bajo custodia, por su situación de vulnerabilidad frente al poder público. El art. 5.3 LOFCS impone a los agentes: identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención; velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieran o que se encuentren bajo su custodia y respetar su honor y dignidad; y cumplir con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento cuando haya de procederse a una detención. En el plano penal, el Código Penal castiga la tortura y los atentados contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario (art. 174 y siguientes), con penas agravadas por la condición de funcionario público. En el plano internacional, resultan de aplicación el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (1987), que creó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), con facultad de visitar los lugares de detención.
El sentido ético de la prevención y la represión
La deontología policial moderna sitúa la función preventiva por delante de la meramente represiva: la actuación policial ideal es aquella que evita la comisión de un hecho lesivo antes de que se produzca (mediante la presencia disuasoria, la mediación en conflictos, la información y la colaboración ciudadana, la policía de proximidad), reservando el uso de la coacción para cuando la prevención ha fracasado y resulta estrictamente necesario intervenir. Esta prioridad ética no es una mera preferencia de eficacia, sino una exigencia derivada del principio de intervención mínima: el uso de la fuerza y de cualquier medio coactivo debe ser siempre el último recurso, empleado únicamente en la medida estrictamente necesaria y durante el tiempo estrictamente indispensable. La represión (la actuación coactiva o sancionadora) tiene sentido ético cuando es legal, necesaria, proporcionada, no discriminatoria y respetuosa con la dignidad de la persona; pierde su legitimidad cuando degenera en abuso, arbitrariedad o trato vejatorio. El fin no justifica los medios: ningún objetivo, por legítimo que sea, autoriza a utilizar medios ilícitos, y las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales carecen de validez en el proceso.
Congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza
El art. 5.2.c) LOFCS dispone que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Congruencia: adecuación entre el medio empleado y el fin perseguido; oportunidad: el momento adecuado; proporcionalidad: equilibrio entre el daño que se causa y el que se pretende evitar. El art. 5.2.d) limita el uso de las armas a las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física del agente o de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, y de conformidad con los principios anteriores. En el plano internacional, el art. 3 del Código de conducta de la ONU (solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de las tareas) se completa con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados en el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, 1990), que insisten en recurrir a medios no violentos antes de emplear la fuerza y en reservar las armas de fuego como último recurso. Cesada la necesidad, debe cesar el empleo de la fuerza.
La Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía (1979)
La Declaración sobre la Policía fue aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mediante la Resolución 690 (1979). Fue uno de los primeros instrumentos internacionales en sistematizar la ética policial en el contexto europeo, con especial atención a las garantías del Estado de Derecho tras las experiencias autoritarias del continente. Se estructura en tres apartados: a) Ética: el agente de policía debe cumplir los deberes que la ley le impone, protegiendo a sus conciudadanos y a la comunidad contra los actos de violencia, de expolio y demás actos perjudiciales definidos por la ley, y debe actuar con integridad, imparcialidad y dignidad; no puede infligir, instigar ni tolerar actos de tortura y debe desobedecer las órdenes manifiestamente ilegales; solo debe emplear la fuerza en la medida estrictamente necesaria y es personalmente responsable de sus actos. b) Estatuto: garantías profesionales del agente de policía, que goza de los derechos cívicos y políticos de los demás ciudadanos con las limitaciones estrictamente necesarias para el ejercicio de sus funciones. c) Guerra y otras situaciones de peligro público (conflicto armado y ocupación): aplicación de los principios humanitarios incluso en tales contextos excepcionales. Es una resolución de una asamblea parlamentaria, sin fuerza vinculante, pero con gran valor orientador; su contenido se desarrolló después en el Código Europeo de Ética de la Policía.
El Código de Conducta de Naciones Unidas (1979)
El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. Establece, en ocho artículos, un marco ético de vocación universal. Art. 1: los funcionarios cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. Art. 2: respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. Art. 3: solo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Art. 4: mantendrán en secreto las cuestiones de carácter confidencial, salvo que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. Art. 5: ninguno podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar órdenes superiores o circunstancias especiales como justificación. Art. 6: asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. Art. 7: no cometerán ningún acto de corrupción y se opondrán rigurosamente a todos los actos de esta índole. Art. 8: respetarán la ley y el presente Código y, en la medida de sus posibilidades, prevendrán y combatirán cualquier violación de ellos, comunicándola a las autoridades competentes. Es un instrumento de soft law, no un tratado vinculante.
El Código Europeo de Ética de la Policía (2001)
El Código Europeo de Ética de la Policía fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa mediante la Recomendación Rec(2001)10, de 19 de septiembre de 2001. Es el instrumento europeo de referencia más completo en la materia; como recomendación, carece de fuerza vinculante directa, pero marca el estándar de conducta exigible. Su contenido se organiza en apartados temáticos: a) Objetivos de la policía: mantener la paz y el orden público en la sociedad, proteger y respetar los derechos y libertades fundamentales de las personas, prevenir y combatir el delito, detectar la delincuencia, y prestar asistencia y servicios a la población. b) Bases jurídicas: la policía es un organismo público establecido por ley y está sometido al Derecho, en las mismas condiciones que cualquier ciudadano, salvo disposición específica justificada y necesaria. c) La policía y el sistema de justicia penal: respeto de la presunción de inocencia, de las garantías de las personas detenidas y de la separación de funciones. d) Estructura organizativa: personal cualificado, selección con criterios objetivos y no discriminatorios, formación continua en derechos humanos y en resolución de conflictos, y reconocimiento de los derechos del personal policial. e) Directrices para la actuación o intervención policial: legalidad, proporcionalidad, necesidad, respeto de los derechos humanos, uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, y trato debido a los detenidos. f) Rendición de cuentas y control: la policía es responsable ante el Estado, los ciudadanos y sus representantes, sujeta a control externo e independiente (incluido el control judicial). g) Investigación y cooperación internacional. En sus principios generales exige, además, que la policía actúe de forma imparcial y no discriminatoria y que los agentes desobedezcan las órdenes manifiestamente ilegales.
Cuadro comparativo de los tres instrumentos
Declaración sobre la Policía: órgano emisor, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; forma, Resolución 690; año, 1979; ámbito, europeo; valor, orientador. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: órgano emisor, Asamblea General de las Naciones Unidas; forma, Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979; ámbito, universal; ocho artículos; valor, orientador. Código Europeo de Ética de la Policía: órgano emisor, Comité de Ministros del Consejo de Europa; forma, Recomendación Rec(2001)10, de 19 de septiembre de 2001; ámbito, europeo; valor, orientador, pero con estándares más detallados y actualizados. Errores típicos de examen: confundir el órgano que aprueba cada instrumento (Asamblea Parlamentaria frente a Comité de Ministros, o Consejo de Europa frente a ONU y Unión Europea), el rango (resolución frente a recomendación) y el año (1979 frente a 2001). Ninguno de los tres es un tratado vinculante: son instrumentos de soft law. El Consejo de Europa no es una institución de la Unión Europea.
El artículo 5 LOFCS: principios básicos de actuación
El art. 5 LOFCS es la traducción al Derecho interno de la deontología policial y es vinculante para todos los cuerpos, incluidas las Policías Locales (art. 52). Se estructura en seis bloques. 1. Adecuación al ordenamiento jurídico: a) ejercer sus funciones con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; b) actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión; c) actuar con integridad y dignidad, absteniéndose de todo acto de corrupción y oponiéndose a él resueltamente; d) sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación, sin que la obediencia debida pueda amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes; e) colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley. 2. Relaciones con la comunidad: a) impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral; b) observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, proporcionando información cumplida y tan amplia como sea posible sobre las causas y finalidad de sus intervenciones; c) actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad; d) utilizar las armas solo en las situaciones previstas. 3. Tratamiento de los detenidos. 4. Dedicación profesional: intervenir siempre, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, en cualquier tiempo y lugar, se hallen o no de servicio. 5. Secreto profesional. 6. Responsabilidad: son responsables personal y directamente por los actos que lleven a cabo infringiendo o vulnerando las normas legales y los principios enunciados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Conviene contrastar la ordenación exacta de las letras con el texto consolidado.
Proyección sobre los principios básicos de actuación de la LOFCS
Los instrumentos internacionales no son meras declaraciones programáticas sin efecto práctico: se reflejan en los principios del art. 5 LOFCS. La adecuación al ordenamiento jurídico con respeto a la Constitución equivale al «fundamento jurídico» del Código Europeo y al deber de cumplir los deberes que impone la ley (art. 1 del Código de la ONU). La imparcialidad y no discriminación del art. 5.1.b) se corresponde con la exigencia de actuación imparcial y no discriminatoria del Código Europeo. La integridad y la lucha contra la corrupción (art. 5.1.c) se corresponden con el art. 7 del Código de la ONU. La obediencia debida limitada por la manifiesta ilegalidad (art. 5.1.d) responde al deber de desobedecer las órdenes manifiestamente ilegales de la Declaración de 1979 y del Código Europeo. El trato correcto a la ciudadanía y la prohibición de prácticas abusivas (art. 5.2.a y b) se corresponden con los arts. 2 y 5 del Código de la ONU (dignidad humana, prohibición de tortura). El tratamiento de los detenidos (art. 5.3) se vincula con el art. 6 del Código de la ONU (salud de los detenidos). El uso proporcionado de la fuerza y de las armas (art. 5.2.c y d) se corresponde con el art. 3 del Código de la ONU y con las directrices de actuación del Código Europeo. El secreto profesional (art. 5.5) se corresponde con el art. 4 del Código de la ONU. La responsabilidad personal (art. 5.6) enlaza con el art. 8 del Código de la ONU y con los mecanismos de rendición de cuentas del Código Europeo.
Principios deontológicos: legalidad, jerarquía y obediencia debida
El principio de legalidad tiene también una dimensión deontológica: el sometimiento pleno de la actuación policial a la ley es la expresión del compromiso ético del agente con el Estado de Derecho, que legitima su propia función y le distingue de cualquier forma de ejercicio arbitrario del poder. La estructura policial es jerarquizada (principios de jerarquía y subordinación, art. 5.1.d LOFCS), pero la obediencia debida tiene un límite: nunca ampara órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Este límite no es solo un derecho, sino un deber: obedecer una orden manifiestamente ilegal no exime de responsabilidad. Ante una orden de legalidad dudosa, el agente debe cumplirla si no es manifiestamente ilegal, y puede hacer constar su discrepancia por los cauces oportunos. La responsabilidad es personal y directa (art. 5.6 LOFCS), sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Las responsabilidades derivadas son penal, disciplinaria, civil y patrimonial, compatibles entre sí con las reglas del ordenamiento.
Principios deontológicos: imparcialidad, neutralidad e integridad
El deber de actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad (art. 5.1.b LOFCS) implica que el agente debe dispensar el mismo trato y aplicar el mismo rigor en el cumplimiento de la ley con independencia de las características personales, ideológicas, sociales o económicas de las personas con las que interactúa; es una exigencia ética esencial para la legitimidad social de la función policial. Se complementa con el art. 14 CE (igualdad y no discriminación) y con la prohibición de prácticas discriminatorias (art. 5.2.a LOFCS). El deber de integridad exige un comportamiento honesto y coherente, tanto en el ejercicio de las funciones como fuera de ellas, rechazando toda forma de corrupción, favoritismo o abuso de la posición de autoridad para obtener beneficios personales o para terceros (art. 5.1.c LOFCS), valor especialmente exigible dado el acceso privilegiado a información y a situaciones sensibles. Los comportamientos más graves están tipificados como delito: cohecho (arts. 419 y siguientes del Código Penal), revelación de secretos por funcionario, prevaricación, tráfico de influencias y malversación, entre otros. Los regalos o ventajas indebidas, aunque no sean de elevada cuantía, comprometen la apariencia de imparcialidad.
Trato a la ciudadanía, información y policía de proximidad
El art. 5.2.b) LOFCS exige un trato correcto y esmerado en las relaciones con los ciudadanos, a quienes los agentes procurarán auxiliar y proteger siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello, proporcionando información cumplida y tan amplia como sea posible sobre las causas y la finalidad de sus intervenciones. La cercanía a la ciudadanía es un rasgo característico de las Policías Locales (policía de proximidad o comunitaria): la legitimidad del servicio policial se apoya en la confianza social, que se construye con comportamientos profesionales, respetuosos, comprensibles y coherentes. Las actuaciones deben ser comunicadas con lenguaje claro, evitando la humillación, la burla o el trato paternalista; el agente se identifica y explica el motivo de la intervención. Para ello son útiles técnicas de comunicación, mediación y desescalada, que reducen la necesidad de recurrir a la coacción y se alinean con el sentido preventivo de la deontología.
Secreto profesional y dedicación profesional
El secreto profesional (art. 5.5 LOFCS) obliga a guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que se conozcan por razón o con ocasión del desempeño de las funciones, sin que estén obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera. Enlaza con el art. 4 del Código de la ONU y con los deberes de los empleados públicos (confidencialidad, art. 52 TREBEP). La revelación indebida de secretos por funcionario público puede constituir delito. El principio de dedicación profesional (art. 5.4 LOFCS) obliga a llevar a cabo las funciones con total dedicación e intervenir siempre, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, en cualquier tiempo y lugar, se hallen o no de servicio, en los supuestos en que la gravedad de la situación así lo exija, sin menoscabo de las limitaciones legales. Esta exigencia refleja la condición de agente de la autoridad y el compromiso permanente con el servicio público.
Ejemplaridad como exigencia deontológica reforzada
La condición de agente de la autoridad conlleva una exigencia de ejemplaridad en el ejercicio de las funciones profesionales y también en la conducta personal fuera de servicio, porque la confianza social en la institución policial depende, en gran parte, de la coherencia entre los valores que se exige respetar a la ciudadanía y los que efectivamente observa quien tiene encomendada la función de hacerlos cumplir. La ejemplaridad figura entre los principios de conducta de los empleados públicos del art. 52 TREBEP y se concreta en comportamientos como la puntualidad, la corrección en el uso de uniformes y medios, el buen uso de los recursos públicos, el respeto a compañeros y la abstención de conductas indecorosas. Se espera especial ejemplaridad en el cumplimiento de las normas de tráfico y de seguridad ciudadana que los propios agentes deben hacer cumplir.
El Código de Conducta del TREBEP como marco ético general del empleado público
Más allá de la deontología específicamente policial, los arts. 52 a 54 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) establecen un marco ético común a todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas: el art. 52 enuncia los deberes y principios éticos (diligencia, servicio a los intereses generales, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres), y los arts. 53 y 54 los desarrollan en forma de principios éticos y de conducta. Dentro de este marco se inserta el régimen deontológico particular de la Policía Local, que añade a los deberes generales los propios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el ejercicio de funciones de autoridad y por el uso potencial de la fuerza. El incumplimiento de los deberes puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, con independencia de la penal.
Formación deontológica continua de los miembros de la Policía Local
La formación en valores éticos y deontología policial no se agota en la formación básica inicial (acceso por oposición y curso selectivo en la Escuela de Seguridad Pública o equivalente), sino que debe mantenerse a lo largo de toda la carrera profesional mediante formación continua, en la convicción de que la interiorización de estos principios es una garantía tanto para la ciudadanía como para el propio agente. El Código Europeo de Ética de la Policía exige una formación basada en los valores fundamentales de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, así como en técnicas de resolución de conflictos. En Andalucía, la formación de las Policías Locales se canaliza a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), conforme a la normativa autonómica de coordinación de las Policías Locales.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 10.1 CE: la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, base última de la deontología policial; art. 15 CE: integridad física y moral y prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes (prohibición absoluta).
La deontología va más allá de la legalidad: es el conjunto de deberes éticos propios de la profesión policial.
La prevención tiene prioridad ética sobre la represión; el uso de la fuerza es siempre el último recurso, estrictamente necesario y proporcional.
El fin no justifica los medios: ningún objetivo legítimo autoriza medios ilícitos.
Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía: Resolución 690 (1979) de la ASAMBLEA PARLAMENTARIA; tres apartados: ética, estatuto, guerra y situaciones excepcionales.
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: Resolución 34/169 de la ASAMBLEA GENERAL de la ONU, de 17 de diciembre de 1979; OCHO artículos.
Código ONU, art. 3: fuerza solo cuando sea estrictamente necesario; art. 5: prohibición de tortura sin justificación por órdenes superiores; art. 6: salud de los detenidos; art. 7: corrupción; art. 8: respetar la ley y el Código.
Código Europeo de Ética de la Policía: Recomendación Rec(2001)10 del COMITÉ DE MINISTROS del Consejo de Europa, de 19 de septiembre de 2001.
Los tres instrumentos son soft law (orientadores, no vinculantes); el art. 5 LOFCS sí es norma jurídica vinculante, aplicable también a las Policías Locales (art. 52 LOFCS).
Art. 5 LOFCS: 1 adecuación al ordenamiento; 2 relaciones con la comunidad; 3 tratamiento de detenidos; 4 dedicación profesional; 5 secreto profesional; 6 responsabilidad.
Art. 5.2.c LOFCS: congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de los medios; art. 5.2.d: armas solo ante riesgo racionalmente grave.
Obediencia debida: nunca ampara órdenes que manifiestamente constituyan delito o sean contrarias a la Constitución o a las leyes; obedecerlas no exime de responsabilidad.
Responsabilidad personal y directa del agente (art. 5.6 LOFCS), sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Principios deontológicos clave: legalidad, imparcialidad/neutralidad, integridad, trato correcto, secreto profesional, dedicación y ejemplaridad (dentro y fuera de servicio).
El Consejo de Europa no es la Unión Europea; no confundir Asamblea Parlamentaria (1979) con Comité de Ministros (2001) ni resolución con recomendación.
TREBEP arts. 52 a 54: marco ético general (principios éticos y de conducta) del empleado público, también de los policías locales.
Principios Básicos ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego (La Habana, 1990): complemento del art. 3 del Código ONU.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Según el art. 5.1.d) de la LOFCS, ¿qué límite tiene la obediencia debida a las órdenes de los superiores?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 44 de Policía Local?
La deontología policial es el conjunto de principios y normas éticas que orientan la actuación de los agentes de policía más allá de la mera legalidad formal, situando la dignidad de la persona en el centro de toda intervención. Este tema recorre su concepto y las normas que la establecen (Constitución, art. 5 de la LOFCS, Código Penal, estatuto del empleado público), el fundamento en la dignidad de la persona (arts. 10.1 y 15 CE), el sentido ético de la prevención y la represión (necesidad, proporcionalidad e intervención mínima) y los principales instrumentos internacionales y europeos que codifican la ética profesional: la Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía (Resolución 690 de 1979), el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 34/169, de 1979) y el Código Europeo de Ética de la Policía (Recomendación Rec(2001)10). Se cierra con los principios básicos de actuación policial vistos desde la perspectiva deontológica: legalidad, jerarquía y límites de la obediencia debida, imparcialidad, integridad, trato correcto a la ciudadanía, secreto profesional, responsabilidad y ejemplaridad.
¿Qué hay que memorizar del Tema 44 para el examen?
Art. 10.1 CE: la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, base última de la deontología policial; art. 15 CE: integridad física y moral y prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes (prohibición absoluta). La deontología va más allá de la legalidad: es el conjunto de deberes éticos propios de la profesión policial. La prevención tiene prioridad ética sobre la represión; el uso de la fuerza es siempre el último recurso, estrictamente necesario y proporcional. El fin no justifica los medios: ningún objetivo legítimo autoriza medios ilícitos. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía: Resolución 690 (1979) de la ASAMBLEA PARLAMENTARIA; tres apartados: ética, estatuto, guerra y situaciones excepcionales. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: Resolución 34/169 de la ASAMBLEA GENERAL de la ONU, de 17 de diciembre de 1979; OCHO artículos. Código ONU, art. 3: fuerza solo cuando sea estrictamente necesario; art. 5: prohibición de tortura sin justificación por órdenes superiores; art. 6: salud de los detenidos; art. 7: corrupción; art. 8: respetar la ley y el Código. Código Europeo de Ética de la Policía: Recomendación Rec(2001)10 del COMITÉ DE MINISTROS del Consejo de Europa, de 19 de septiembre de 2001. Los tres instrumentos son soft law (orientadores, no vinculantes); el art. 5 LOFCS sí es norma jurídica vinculante, aplicable también a las Policías Locales (art. 52 LOFCS). Art. 5 LOFCS: 1 adecuación al ordenamiento; 2 relaciones con la comunidad; 3 tratamiento de detenidos; 4 dedicación profesional; 5 secreto profesional; 6 responsabilidad. Art. 5.2.c LOFCS: congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de los medios; art. 5.2.d: armas solo ante riesgo racionalmente grave. Obediencia debida: nunca ampara órdenes que manifiestamente constituyan delito o sean contrarias a la Constitución o a las leyes; obedecerlas no exime de responsabilidad. Responsabilidad personal y directa del agente (art. 5.6 LOFCS), sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Principios deontológicos clave: legalidad, imparcialidad/neutralidad, integridad, trato correcto, secreto profesional, dedicación y ejemplaridad (dentro y fuera de servicio). El Consejo de Europa no es la Unión Europea; no confundir Asamblea Parlamentaria (1979) con Comité de Ministros (2001) ni resolución con recomendación. TREBEP arts. 52 a 54: marco ético general (principios éticos y de conducta) del empleado público, también de los policías locales. Principios Básicos ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego (La Habana, 1990): complemento del art. 3 del Código ONU.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5 y art. 52
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 52 a 54
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 174 y siguientes y 419 y siguientes
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales (Andalucía)
Consejo de Europa, Declaración sobre la Policía, Resolución 690 (1979) de la Asamblea Parlamentaria
Asamblea General de las Naciones Unidas, Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979
VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, 1990), Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Comité de Ministros del Consejo de Europa, Código Europeo de Ética de la Policía, Recomendación Rec(2001)10, de 19 de septiembre de 2001
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