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Tema 18. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I: Regulación en materia de consumidores. Hojas de Quejas y Reclamaciones. Actividades comerciales. Horarios. Comercio minorista de alimentación. Comercio ambulante. Etiquetado de productos. Inspección de consumo de las Administraciones Locales.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

La protección de las personas consumidoras y usuarias es un mandato constitucional (art. 51 CE) que se desarrolla en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), de ámbito estatal, y en Andalucía en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Este tema estudia el papel de la Policía Local, como policía administrativa, en esta materia: los derechos básicos de las personas consumidoras, las hojas de quejas y reclamaciones (Decreto 72/2008), las actividades comerciales y sus horarios, el comercio minorista de alimentación, el comercio ambulante, el etiquetado de productos y la inspección de consumo en el ámbito local. La Policía Local colabora con los servicios municipales de consumo (OMIC) y de salud pública y con la inspección autonómica, constatando hechos, levantando denuncias y actas, e interviniendo cautelarmente productos cuando procede.

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El marco constitucional y legal de la protección de las personas consumidoras

El art. 51 CE, incluido entre los principios rectores de la política social y económica, ordena a los poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos; promover su información y educación, fomentar sus organizaciones y oírlas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos. Al ser un principio rector (art. 53.3 CE), no es un derecho fundamental directamente exigible, sino que informa la legislación y la práctica judicial y administrativa. La legislación básica estatal es el TRLGDCU, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que reconoce como derechos básicos de las personas consumidoras: la protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad; la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos; la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute; la audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios; y la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, especialmente en situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. En Andalucía, la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, desarrolla esta protección en el ámbito autonómico y atribuye a los Ayuntamientos funciones de información, educación, inspección y, en los términos de la ley, sanción. Conforme al art. 25.2 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, el municipio ejerce competencias propias en materia de ferias, abastos, mercados, lonjas, comercio ambulante y defensa de usuarios y consumidores. Entre las novedades legislativas recientes, el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, reformó el TRLGDCU en materia de garantías (el plazo de garantía legal de los bienes pasó a tres años), y la Ley 4/2022, de 25 de febrero, incorporó medidas de protección de las personas consumidoras vulnerables.

Las Hojas de Quejas y Reclamaciones

En Andalucía las hojas de quejas y reclamaciones se regulan por el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía. Las personas titulares de establecimientos abiertos al público, y las empresas y profesionales que comercialicen bienes o presten servicios, están obligadas a disponer de hojas oficiales (de modelo normalizado), a exhibir el cartel anunciador de su existencia en un lugar visible, y a facilitarlas a quien las solicite. La hoja se cumplimenta en el acto, en presencia de la persona titular o su representante, y se extienden varios ejemplares: uno para la Administración de consumo, otro para la persona reclamante y otro que queda en el establecimiento. Si el establecimiento se niega a facilitar la hoja, a cumplimentarla o a entregar el ejemplar correspondiente, la persona consumidora puede requerir la presencia de la Policía Local, cuyos agentes dejan constancia de los hechos (denuncia o acta) y la remiten al servicio de consumo competente para que incoe, en su caso, el procedimiento sancionador: la negativa a disponer o entregar las hojas constituye infracción administrativa en materia de consumo. La reclamación no equivale a una demanda judicial ni a un arbitraje de consumo, pero es el cauce administrativo para dejar constancia de la queja e iniciar la intervención de la Administración. La Policía Local no resuelve la reclamación (el conflicto civil se dirime ante los órganos de consumo, la mediación, el arbitraje o los tribunales), pero puede y debe constatar el cumplimiento de la obligación de disponer de hojas y cartel.

Actividades comerciales: régimen general

El comercio minorista se rige por la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (que regula, entre otras cosas, las ventas con descuento, las rebajas, las ventas en liquidación, las ventas especiales y las ventas a distancia) y, en Andalucía, por el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo. El ejercicio de la actividad comercial exige, con carácter general, el cumplimiento de la normativa de apertura (licencia o declaración responsable municipal, según la actividad y la legislación aplicable), de la normativa urbanística y medioambiental, de seguridad e higiene y de consumo (precios, información, hojas de reclamaciones, garantías). La Directiva de Servicios y su trasposición (Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios, y Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado) han sustituido, en muchos casos, la licencia previa por la declaración responsable y el control posterior. La Policía Local comprueba que los establecimientos abiertos al público disponen de la documentación exigible (licencia o declaración responsable), que se respeta el horario, que los precios están exhibidos y que no se invade la vía pública (veladores, mercancías en la acera) sin autorización. Las ventas con descuento y rebajas están sometidas a reglas de información (indicación del precio anterior y del rebajado, productos efectivamente rebajados, etc.), y la venta a pérdida está prohibida salvo excepciones.

Horarios comerciales

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, fija el marco básico estatal: las Comunidades Autónomas ejercen sus competencias en la materia dentro de ese marco. La reforma operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, amplió el horario global semanal mínimo garantizado y el número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada, y estableció libertad de horarios para determinadas categorías de establecimientos (por ejemplo, los de reducida superficie útil de exposición y venta, o las tiendas de conveniencia, y los dedicados a venta de pastelería, pan, platos preparados, prensa, combustible y floristería, entre otros). Las Comunidades Autónomas pueden declarar zonas de gran afluencia turística con régimen especial de apertura. En Andalucía la regulación de horarios se contiene en el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2012), que fija el horario global semanal y la apertura en domingos y festivos dentro del marco estatal; las cifras concretas han variado y deben consultarse en el texto vigente. Los horarios de los establecimientos de hostelería y de espectáculos públicos y actividades recreativas (bares, pubs, discotecas) se regulan por la normativa autonómica sobre espectáculos públicos y actividades recreativas (Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y su reglamento, aprobado por Decreto 155/2018, de 31 de julio) y por la orden autonómica de horarios de cierre y apertura, completada con las ordenanzas municipales. El incumplimiento del horario es infracción administrativa que la Policía Local denuncia: su tramitación corresponde al órgano municipal o autonómico competente según la materia (comercio interior, espectáculos públicos).

Comercio minorista de alimentación

El comercio minorista de alimentación está sometido a una regulación específica de seguridad alimentaria, higiene e información al consumidor, de origen principalmente europeo y estatal: Reglamento (CE) n.º 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios; Reglamento (CE) n.º 178/2002, sobre los principios generales de la legislación alimentaria; Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición; y el Reglamento (UE) n.º 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. La inspección técnica (condiciones higiénico-sanitarias, trazabilidad, cadena de frío, caducidades, registros sanitarios) corresponde a los servicios de salud pública de la Junta de Andalucía y de las Entidades Locales (Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía), no a la Policía Local, que carece de formación técnica para inspeccionar. La Policía Local actúa en este ámbito constatando irregularidades evidentes (apertura sin licencia o declaración responsable, venta de alimentos en la vía pública sin condiciones sanitarias, ocupación indebida del espacio público, productos manifiestamente caducados o en mal estado), levantando denuncia o acta, adoptando, si procede, medidas cautelares (inmovilización o retirada de productos que presenten riesgo inmediato para la salud), y trasladando las incidencias a los servicios de salud pública o de consumo. Las empresas alimentarias deben figurar inscritas en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero), salvo las excepciones legales. Los alimentos que se ofrecen sin envasar (carnicería, panadería, restauración) deben informar al menos de los alérgenos, conforme al Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero.

Comercio ambulante

El comercio ambulante o no sedentario es el que se ejerce por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en los perímetros o lugares debidamente autorizados (mercadillos, mercados ocasionales o periódicos, vía pública, o de forma itinerante). Está regulado a nivel estatal por la Ley 7/1996 (que exige autorización municipal para su ejercicio) y por el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, de regulación de la venta ambulante o no sedentaria, y en Andalucía por el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, y su desarrollo reglamentario. Los Ayuntamientos son competentes para autorizar el comercio ambulante en su término municipal (determinando emplazamientos, número de puestos, productos, horarios y superficie), para ordenar los mercadillos mediante ordenanza y para vigilar su cumplimiento. Quien ejerce la actividad debe contar con la autorización municipal, que ha de exhibir en el puesto de forma visible, y cumplir los requisitos generales (alta en la actividad económica, estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y seguro de responsabilidad civil, entre otros) y los específicos del producto (condiciones sanitarias si es alimentación, etiquetado y precios). La Policía Local comprueba la autorización, que el vendedor se ajusta a ella (ubicación, productos, horarios, superficie), que cumple las obligaciones de información (precios y, en su caso, hojas de reclamaciones), que no se invade la vía pública, y que no se ofrecen productos prohibidos. La venta ambulante sin autorización es infracción administrativa conforme a la normativa de comercio ambulante (con intervención cautelar de la mercancía); si los productos son falsificaciones o copias ilícitas de obras o marcas, los hechos pueden constituir además delito contra la propiedad intelectual o industrial (arts. 270 y 274 del Código Penal), en cuyo caso la Policía Local actúa conforme a sus funciones de prevención e interviene los efectos para ponerlos a disposición judicial.

Etiquetado, presentación y publicidad de los productos

El etiquetado debe proporcionar información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del producto, sin inducir a error. El art. 18 del TRLGDCU establece, para los bienes y servicios en general, que el etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzcan a error al consumidor, especialmente sobre las características del bien o servicio, y que la información obligatoria deberá figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado. Para los alimentos envasados, el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 impone, entre otras, las menciones obligatorias siguientes: la denominación del alimento; la lista de ingredientes; cualquier ingrediente o coadyuvante tecnológico que cause alergias o intolerancias, destacado en la lista (los 14 grupos de alérgenos: cereales con gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, dióxido de azufre y sulfitos, altramuces y moluscos); la cantidad de determinados ingredientes o categorías; la cantidad neta del alimento; la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad (los alimentos muy perecederos desde el punto de vista microbiológico llevan fecha de caducidad; los demás, fecha de consumo preferente); las condiciones especiales de conservación o de utilización; el nombre o la razón social y la dirección del operador responsable; el país de origen o lugar de procedencia en los casos exigidos; el modo de empleo cuando su omisión dificulte el uso adecuado; el grado alcohólico volumétrico adquirido en bebidas con más de 1,2 por ciento; y la declaración nutricional. Además, la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores se rige por el Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, que obliga a indicar el precio de venta y el precio por unidad de medida. La Policía Local verifica a simple vista el cumplimiento de las exigencias básicas (idioma, caducidad, precios, etiquetado ausente o ilegible) y deriva a los servicios competentes.

La inspección de consumo en el ámbito local y papel de la Policía Local

La inspección de consumo es una función de las Administraciones Públicas (autonómica y local) dirigida a comprobar el cumplimiento de la normativa de protección de las personas consumidoras. Los Ayuntamientos ejercen competencias propias en defensa de usuarios y consumidores (art. 25.2 LBRL), que en la práctica se concretan en la información y atención a la ciudadanía a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), la educación del consumidor, el fomento del asociacionismo, la inspección en el ámbito local y, según la ley, la sanción de infracciones. La Junta de Andalucía conserva las competencias de inspección y sanción de mayor entidad. El personal inspector de consumo tiene la condición de agente de la autoridad: puede acceder a los establecimientos, solicitar la documentación necesaria, tomar muestras y levantar actas de inspección. Los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales, tienen valor probatorio salvo prueba en contrario (art. 77.5 de la Ley 39/2015). La Policía Local colabora con la inspección de consumo prestando auxilio (acompañamiento, garantía de acceso, identificación de personas) y por iniciativa propia cuando, en su vigilancia ordinaria, detecta infracciones evidentes (falta de hojas de reclamaciones, carencia de precios, comercio ambulante sin autorización, incumplimiento de horarios). Tras la denuncia o el acta, el procedimiento sancionador se instruye por el órgano competente: la normativa de consumo califica las infracciones como leves, graves y muy graves y fija las multas (en el TRLGDCU, hasta 3.005,06 euros las leves, de 3.005,07 a 15.025,30 euros las graves y de 15.025,31 a 601.012,10 euros las muy graves, sin perjuicio de las cuantías que establezca la legislación autonómica y de las reglas especiales de las leyes sectoriales).

Garantías, desistimiento y resolución de conflictos de consumo

Los bienes de consumo tienen una garantía legal que obliga al vendedor a responder de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega y que se manifiesten en el plazo de tres años desde la entrega del bien (reforma de 2021 del TRLGDCU, que sustituyó al plazo anterior de dos años), con independencia de la garantía comercial adicional que ofrezca voluntariamente el vendedor o fabricante. El consumidor tiene derecho a la reparación o sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, según los casos. En los contratos a distancia y fuera del establecimiento mercantil existe un derecho de desistimiento de catorce días naturales, sin necesidad de justificar la decisión y sin penalización. Para resolver los conflictos de consumo se fomentan vías extrajudiciales: el arbitraje de consumo (Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, con adhesión voluntaria de las empresas a las Juntas Arbitrales de Consumo y el distintivo oficial de adhesión), la mediación y los demás mecanismos de resolución alternativa de litigios regulados por la Ley 7/2017, de 2 de noviembre. Las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas ostentan legitimación para defender los intereses generales, colectivos y difusos, incluida la acción de cesación frente a conductas contrarias a la normativa de consumo.

Competencia desleal y prácticas comerciales: aspectos de interés policial

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, prohíbe, entre otras, las prácticas engañosas, agresivas y de confusión que perjudiquen al consumidor o al competidor, y el TRLGDCU recoge la protección frente a prácticas comerciales desleales. En la práctica policial son frecuentes: la venta de productos sin información suficiente o con información engañosa, las ofertas que no se ajustan a la realidad, la venta piramidal, el cobro de precios superiores a los exhibidos, la negativa a facilitar factura o ticket (la persona consumidora tiene derecho a documento justificativo de la compra) y la venta ambulante fraudulenta. Cuando la conducta pueda ser constitutiva de estafa u otro delito, la Policía Local debe actuar como en cualquier delito (prevención, diligencias, atestado o puesta en conocimiento de la Policía Judicial y de la autoridad judicial), diferenciando la mera infracción de consumo de los hechos penalmente relevantes.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 51 CE: principio rector (no derecho fundamental) que obliga a los poderes públicos a garantizar la defensa de consumidores y usuarios (seguridad, salud e intereses económicos legítimos).
  • Norma estatal: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (TRLGDCU). Norma andaluza: Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
  • Decreto 72/2008, de 4 de marzo: hojas de quejas y reclamaciones en Andalucía (hojas oficiales, cartel anunciador y entrega de ejemplares). Si el establecimiento se niega, se puede requerir a la Policía Local, que levanta denuncia o acta.
  • Comercio interior en Andalucía: Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo (Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior). Comercio ambulante en Andalucía: Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.
  • Ley 1/2004, de Horarios Comerciales (reformada por el Real Decreto-ley 20/2012): marco básico estatal de horarios; zonas de gran afluencia turística con régimen especial.
  • Hostelería, pubs y discotecas: horarios regulados por la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas (Ley 13/1999 y Decreto 155/2018) y la orden autonómica de horarios, más la ordenanza municipal.
  • La inspección sanitaria de los alimentos corresponde a los servicios de salud pública, no a la Policía Local; esta constata irregularidades evidentes y puede adoptar medidas cautelares urgentes.
  • Comercio ambulante: autorización municipal previa, exhibida en el puesto; sin ella, infracción administrativa e intervención de la mercancía. Si hay falsificaciones, posible delito (arts. 270 y 274 CP).
  • Etiquetado de alimentos envasados: Reglamento (UE) 1169/2011 (denominación, ingredientes, alérgenos destacados, cantidad neta, fecha de caducidad o consumo preferente, operador responsable, declaración nutricional). 14 grupos de alérgenos.
  • El etiquetado debe figurar, al menos, en castellano (art. 18 TRLGDCU). Precios: Real Decreto 3423/2000 (precio de venta y precio por unidad de medida).
  • Los hechos constatados por inspectores con condición de autoridad y plasmados en documento público tienen valor probatorio salvo prueba en contrario (art. 77.5 Ley 39/2015).
  • Garantía legal de bienes de consumo: tres años desde la entrega (reforma de 2021). Desistimiento de contratos a distancia y fuera de establecimiento: catorce días naturales.
  • Arbitraje de consumo: Real Decreto 231/2008; resolución alternativa de litigios: Ley 7/2017.
  • Las multas del TRLGDCU: leves hasta 3.005,06 euros; graves de 3.005,07 a 15.025,30 euros; muy graves de 15.025,31 a 601.012,10 euros (a contrastar con la legislación autonómica aplicable).
  • Error típico: atribuir a la Policía Local la resolución de la reclamación o la inspección técnica sanitaria; su papel es constatar, denunciar, auxiliar y adoptar medidas cautelares urgentes.
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¿Qué norma regula en Andalucía, con carácter general, la defensa y protección de los consumidores y usuarios?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 18 de Policía Local?

La protección de las personas consumidoras y usuarias es un mandato constitucional (art. 51 CE) que se desarrolla en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), de ámbito estatal, y en Andalucía en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Este tema estudia el papel de la Policía Local, como policía administrativa, en esta materia: los derechos básicos de las personas consumidoras, las hojas de quejas y reclamaciones (Decreto 72/2008), las actividades comerciales y sus horarios, el comercio minorista de alimentación, el comercio ambulante, el etiquetado de productos y la inspección de consumo en el ámbito local. La Policía Local colabora con los servicios municipales de consumo (OMIC) y de salud pública y con la inspección autonómica, constatando hechos, levantando denuncias y actas, e interviniendo cautelarmente productos cuando procede.

¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?

Art. 51 CE: principio rector (no derecho fundamental) que obliga a los poderes públicos a garantizar la defensa de consumidores y usuarios (seguridad, salud e intereses económicos legítimos). Norma estatal: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (TRLGDCU). Norma andaluza: Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Decreto 72/2008, de 4 de marzo: hojas de quejas y reclamaciones en Andalucía (hojas oficiales, cartel anunciador y entrega de ejemplares). Si el establecimiento se niega, se puede requerir a la Policía Local, que levanta denuncia o acta. Comercio interior en Andalucía: Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo (Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior). Comercio ambulante en Andalucía: Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo. Ley 1/2004, de Horarios Comerciales (reformada por el Real Decreto-ley 20/2012): marco básico estatal de horarios; zonas de gran afluencia turística con régimen especial. Hostelería, pubs y discotecas: horarios regulados por la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas (Ley 13/1999 y Decreto 155/2018) y la orden autonómica de horarios, más la ordenanza municipal. La inspección sanitaria de los alimentos corresponde a los servicios de salud pública, no a la Policía Local; esta constata irregularidades evidentes y puede adoptar medidas cautelares urgentes. Comercio ambulante: autorización municipal previa, exhibida en el puesto; sin ella, infracción administrativa e intervención de la mercancía. Si hay falsificaciones, posible delito (arts. 270 y 274 CP). Etiquetado de alimentos envasados: Reglamento (UE) 1169/2011 (denominación, ingredientes, alérgenos destacados, cantidad neta, fecha de caducidad o consumo preferente, operador responsable, declaración nutricional). 14 grupos de alérgenos. El etiquetado debe figurar, al menos, en castellano (art. 18 TRLGDCU). Precios: Real Decreto 3423/2000 (precio de venta y precio por unidad de medida). Los hechos constatados por inspectores con condición de autoridad y plasmados en documento público tienen valor probatorio salvo prueba en contrario (art. 77.5 Ley 39/2015). Garantía legal de bienes de consumo: tres años desde la entrega (reforma de 2021). Desistimiento de contratos a distancia y fuera de establecimiento: catorce días naturales. Arbitraje de consumo: Real Decreto 231/2008; resolución alternativa de litigios: Ley 7/2017. Las multas del TRLGDCU: leves hasta 3.005,06 euros; graves de 3.005,07 a 15.025,30 euros; muy graves de 15.025,31 a 601.012,10 euros (a contrastar con la legislación autonómica aplicable). Error típico: atribuir a la Policía Local la resolución de la reclamación o la inspección técnica sanitaria; su papel es constatar, denunciar, auxiliar y adoptar medidas cautelares urgentes.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 51 y 53.3
  • Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
  • Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea (reforma de garantías del TRLGDCU)
  • Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
  • Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía
  • Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista
  • Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía
  • Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante (Andalucía)
  • Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales; Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio
  • Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía; Decreto 155/2018, de 31 de julio
  • Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, de regulación de la venta ambulante o no sedentaria
  • Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor; Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero
  • Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, sobre indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores
  • Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo; Ley 7/2017, de 2 de noviembre, de resolución alternativa de litigios en materia de consumo
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 25.2

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