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Tema 31. Principios de actuación de la policía judicial. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Policía Local como policía judicial. Unidades adscritas de policía judicial.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

La función de policía judicial, prevista en el artículo 126 CE, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la tarea de auxiliar a Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Este tema estudia los principios de actuación de esta función (dependencia funcional, legalidad, colaboración, secreto, proporcionalidad), el atestado policial como documento nuclear de la investigación y su valor procesal, la participación de la Policía Local en funciones de policía judicial (arts. 29.2 y 53.1 LOFCS) y la distinción entre la policía judicial en sentido genérico, las Unidades Orgánicas y las unidades adscritas.

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Fundamento constitucional y legal de la Policía Judicial

El artículo 126 CE dispone que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. La dependencia es FUNCIONAL, no orgánica: el agente sigue perteneciendo a su Cuerpo de origen, con su propia cadena de mando, retribuciones y régimen disciplinario administrativo, pero en cada investigación concreta debe cumplir las instrucciones de la autoridad judicial o fiscal. El artículo 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) define la función de la Policía Judicial como el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, y añade que compete, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, arts. 282 y siguientes) desarrolla la materia: el artículo 282 señala que la Policía Judicial tiene por objeto y es obligación de todos los que la componen averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación, practicar según sus atribuciones las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.

Quiénes integran la Policía Judicial: el artículo 283 LECrim

El artículo 283 LECrim enumera, en una redacción histórica que conserva parte de su vigencia, quiénes constituyen la Policía Judicial y son auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal: las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública, los empleados y subalternos de la policía de seguridad, los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y demás funcionarios del orden municipal, la Guardia Civil, los agentes municipales de policía urbana o rural, los guardas de montes y otros cuerpos de vigilancia, los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones y los agentes judiciales. De este precepto, junto con el art. 547 LOPJ, deriva que la Policía Local forma parte de la Policía Judicial en sentido genérico. El artículo 284 LECrim impone a los funcionarios de Policía Judicial que tengan conocimiento de un delito público, o que sean requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de un delito privado, el deber de participarlo inmediatamente a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, si pueden hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención; en otro caso, lo harán en cuanto terminen de practicarlas. Tras la reforma de 2015, cuando no exista autor conocido del delito, la Policía Judicial conserva el atestado a disposición del Fiscal y de la autoridad judicial sin enviárselo, salvo que concurran las circunstancias legalmente previstas (por ejemplo, delitos de especial gravedad contra las personas, o que el Juez o el Fiscal lo soliciten).

Principios de actuación de la Policía Judicial

La actuación de cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en funciones de policía judicial está sometida, además de a la dependencia funcional del art. 126 CE, a los principios básicos de actuación del art. 5 LOFCS. Esquema para memorizar: 1) Adecuación al ordenamiento jurídico: absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento; actuar con integridad y dignidad, absteniéndose de todo acto de corrupción; sujeción a los principios de jerarquía y subordinación, sin que la obediencia debida pueda amparar órdenes que entrañen actos manifiestamente delictivos o contrarios a la Constitución o a las leyes; y colaboración con la Administración de Justicia y auxilio a la misma en los términos legales. 2) Relaciones con la comunidad: trato correcto, impedimento de prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, y actuación con congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el empleo de los medios. 3) Tratamiento de detenidos: identificarse como policías al efectuar la detención, velar por la vida e integridad física de los detenidos, respetar su honor y dignidad y observar estrictamente los trámites, plazos y requisitos legales. 4) Dedicación profesional. 5) Secreto profesional: guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. 6) Responsabilidad personal y directa por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo infringiendo o vulnerando las normas legales. A ellos se añaden los principios propios de la función: dependencia funcional de Jueces, Tribunales y Fiscalía; deber de comunicación inmediata de los hechos delictivos (art. 284 LECrim); deber de aseguramiento de las pruebas; neutralidad e imparcialidad; y respeto a los derechos fundamentales, singularmente en detención, registros e intervenciones.

Policía judicial genérica, Unidades Orgánicas y unidades adscritas

Conviene distinguir tres planos. a) Policía Judicial en sentido genérico: función que corresponde, cuando son requeridos, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 547 LOPJ), incluidas las Policías autonómicas y locales; es la que desempeña cualquier agente que interviene en la primera respuesta ante un delito (art. 11.1.g LOFCS asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, ponerlos a disposición del Juez y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes). b) Unidades Orgánicas de Policía Judicial: unidades especializadas y de carácter permanente, integradas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, con formación específica y dedicación exclusiva a la investigación criminal para los órganos judiciales y fiscales; orgánicamente siguen perteneciendo a su Cuerpo y al Ministerio del Interior, y dependen funcionalmente de Jueces, Tribunales y Fiscalía. Se regulan en los arts. 29 a 31 LOFCS y en el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, que prevé además una Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial. c) Unidades adscritas: unidades o funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se adscriben a Juzgados, Tribunales o Fiscalías para su auxilio directo, sin estar integrados en la estructura de las Unidades Orgánicas, así como la colaboración de otros Cuerpos (autonómicos y locales) en esta función; en la normativa la adscripción se articula mediante convenios o por decisión de los órganos competentes. Los miembros de estas unidades de policía judicial no pueden ser removidos ni apartados de la investigación que tengan encomendada mientras esta no finalice o se archive, salvo causa motivada, garantía de la independencia funcional de la investigación.

El atestado policial: concepto y fundamento legal

El atestado es el documento oficial en el que la Policía Judicial recoge las diligencias de investigación practicadas en relación con un hecho de apariencia delictiva: inspección ocular, identificación de testigos y de posibles responsables, recogida y aseguramiento de efectos, instrumentos y pruebas del delito, y cuantas circunstancias puedan influir en su calificación. El artículo 292 LECrim ordena a los funcionarios de Policía Judicial extender un atestado de las diligencias que practiquen, en el que se especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. En el procedimiento abreviado y en el enjuiciamiento rápido, los arts. 770 y siguientes (y 796 y siguientes) de la LECrim detallan la actuación de la Policía Judicial: acudir de inmediato al lugar de los hechos, prestar auxilio a las víctimas, adoptar medidas urgentes de aseguramiento, practicar inspección ocular, identificar y recoger las manifestaciones de testigos, requerir informes periciales o médicos cuando proceda, informar a la víctima de sus derechos y citar, en su caso, ante el Juzgado de Guardia.

Valor procesal del atestado

Es una de las cuestiones más preguntadas. Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía Judicial a consecuencia de las averiguaciones practicadas se considerarán denuncias para los efectos legales (art. 297 LECrim, párrafo primero). Las demás declaraciones que los funcionarios prestaren, en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio, tendrán el valor de declaraciones testificales (art. 297, párrafo segundo), y el art. 717 LECrim precisa que las declaraciones de las autoridades y funcionarios de Policía Judicial tendrán el valor de declaraciones testificales, apreciables como estas según las reglas del criterio racional. De ello se desprende la doctrina constante del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo: el atestado, por sí solo, no es prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), sino un elemento de la investigación que debe incorporarse al juicio oral mediante pruebas practicadas con inmediación, oralidad y contradicción, esto es, normalmente mediante la declaración de los agentes que lo elaboraron. Excepciones relevantes: las diligencias objetivas e irrepetibles practicadas por la Policía (inspección ocular, croquis, fotografías, pruebas de alcoholemia, ocupación de efectos) pueden valorarse como prueba cuando se reproducen en el plenario, ratifican los agentes y se someten a contradicción. Las manifestaciones del detenido o investigado ante la Policía, aun con asistencia letrada, no constituyen prueba por sí mismas y no pueden introducirse en el juicio a través de la declaración de los agentes; solo valen como medio de investigación salvo que se reproduzcan ante el Juez y con las garantías legales. Las declaraciones obtenidas con vulneración de derechos fundamentales son nulas (art. 11.1 LOPJ).

Estructura y contenido del atestado

Conviene que el atestado refleje de forma ordenada y completa: a) la identificación de los agentes instructores (con su número de carné profesional), la unidad y la forma en que llegó a su conocimiento el hecho (aviso, denuncia, flagrancia); b) lugar, fecha y hora de los hechos y de la intervención; c) descripción objetiva y detallada de los hechos y del estado y circunstancias de los lugares; d) identificación de los implicados (presuntos autores, víctimas, testigos) y sus declaraciones; e) en caso de detención, motivo, hora, lectura de derechos y comunicaciones realizadas (letrado, familiar, consulado, forense); f) diligencias practicadas (inspección ocular, croquis, fotografías, recogida de vestigios, pruebas de alcoholemia, informes periciales o médicos); g) efectos y pruebas intervenidos, con su correspondiente cadena de custodia; h) la remisión a la autoridad judicial o fiscal. La documentación debe ordenarse, numerarse y foliarse, y el relato debe distinguir lo directamente percibido por el agente de lo manifestado por terceros. Como regla de prudencia, el atestado se remite a la autoridad judicial o fiscal con la mayor urgencia, y en todo caso los funcionarios de Policía Judicial no pueden, salvo fuerza mayor, dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento al Juez de las diligencias practicadas (art. 295 LECrim); si hay detenido, hay que respetar además el límite de la detención preventiva (art. 17.2 CE: el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones y, como máximo, setenta y dos horas, plazo tras el cual debe ponerse al detenido en libertad o a disposición de la autoridad judicial).

Derechos del detenido y atestado

Cuando el atestado incluye detenido, la Policía debe informarle, de forma inmediata y en un lenguaje comprensible, de los hechos que se le atribuyen y las razones de su privación de libertad, y de los derechos que le asisten (art. 520 LECrim): derecho a guardar silencio y a no declarar si no quiere, derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, derecho a designar abogado (o a que se le designe de oficio) y a su asistencia en las diligencias policiales y judiciales de declaración y en las de reconocimiento, derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee el hecho de la detención y el lugar de custodia, derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando no comprenda o no hable el castellano, derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal, y derecho a conocer el plazo máximo de duración de la detención hasta su puesta a disposición judicial y el procedimiento de habeas corpus (Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de habeas corpus). La información se facilita por escrito, en una declaración de derechos que el detenido puede conservar. La inobservancia de estas garantías puede determinar la nulidad de la diligencia y la imposibilidad de valorar las declaraciones prestadas, además de la posible responsabilidad del agente.

La Policía Local como policía judicial (arts. 29.2 y 53.1 LOFCS)

El artículo 53.1 LOFCS incluye entre las funciones de los Cuerpos de Policía Local la de participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el art. 29.2 de la propia Ley. La Policía Local tiene, por tanto, una participación en policía judicial más limitada que la de los Cuerpos con competencia genérica de investigación criminal (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil): carece de Unidades Orgánicas de Policía Judicial en sentido estricto y actúa en régimen de colaboración con aquellos. En la práctica, su intervención se concreta en: 1) la primera intervención en el lugar de los hechos (aseguramiento del lugar, auxilio a las víctimas, identificación de testigos, aprehensión de efectos e instrumentos del delito, detención en flagrancia); 2) la instrucción de atestados por los hechos de su competencia ordinaria, y de modo muy destacado por los accidentes de circulación dentro del casco urbano (art. 53.1 LOFCS) y los delitos contra la seguridad vial; 3) la instrucción de atestados por hechos delictivos de menor entidad detectados en su término municipal; y 4) el auxilio a las Unidades de Policía Judicial de los Cuerpos estatales cuando estas lo requieran. Su ámbito territorial es el término municipal: solo pueden actuar fuera de él en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes (art. 51.3 LOFCS). La coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se canaliza a través de la Junta Local de Seguridad (art. 54 LOFCS) y de los protocolos o convenios que se suscriban. En Andalucía, la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las Policías Locales, recoge entre sus funciones la participación en funciones de policía judicial en los términos de la legislación estatal.

Actuación de la Policía Local ante un delito: esquema operativo

Cuando la Policía Local percibe directamente un hecho de apariencia delictiva no necesita denuncia previa: la percepción por el agente le habilita y obliga a actuar de oficio. Secuencia habitual: 1) asegurar el lugar y atender a las personas heridas o en peligro; 2) impedir la desaparición de pruebas y la huida de los autores, procediendo a la detención cuando concurra flagrancia o los supuestos legales; 3) identificar a víctimas y testigos y recoger los datos de contacto; 4) preservar y documentar la escena sin alterar vestigios, y avisar a la Policía Científica o a la unidad especializada si procede; 5) informar de sus derechos al detenido y al perjudicado; 6) elaborar el atestado y comunicarlo a la autoridad judicial o fiscal; 7) dar traslado inmediato de lo actuado a la Unidad especializada de los Cuerpos estatales cuando la gravedad, complejidad o naturaleza del delito excedan de su ámbito (homicidios, delitos graves contra las personas, delincuencia organizada, delitos económicos complejos), sin dejar de prestar el auxilio que se le requiera. En delitos de especial sensibilidad (violencia de género, delitos sexuales, menores) la intervención incluye medidas específicas de protección a la víctima y comunicación a las unidades especializadas. Las diligencias de investigación pueden ser declaradas secretas por el Juez instructor, en cuyo caso los agentes que participen deben guardar la más estricta reserva.

Procedimientos en los que interviene el atestado: delitos leves, enjuiciamiento rápido

Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, desaparecieron las faltas y se introdujo la categoría de delitos leves (art. 13.3 del Código Penal: los castigados con pena leve). Para los delitos leves, la LECrim regula un juicio inmediato en el que la Policía Judicial puede citar directamente a denunciante, denunciado y testigos (arts. 962 y siguientes). Para delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con otras penas cuya duración no exceda de diez años, cuando el proceso se inicie por atestado policial y concurran flagrancia, instrucción sencilla o determinados delitos tasados (como lesiones, violencia doméstica o de género del art. 153 y 173.2 CP, hurtos, robos, delitos contra la seguridad vial, entre otros), procede el procedimiento para el enjuiciamiento rápido (arts. 795 y siguientes LECrim), en el que la Policía Judicial tiene un papel destacado: reúne las diligencias, cita al denunciado a comparecer ante el Juzgado de Guardia y remite el atestado. Se aconseja al opositor comprobar con el texto consolidado las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha afectado a diversos preceptos procesales.

La cadena de custodia

La cadena de custodia es el procedimiento formal y documentado que garantiza que un objeto, sustancia o efecto recogido como prueba en la escena de un hecho delictivo llega al proceso judicial sin alteración, sustitución ni contaminación desde su hallazgo hasta su valoración en juicio, de modo que se acredite la mismidad de la prueba. El art. 282 LECrim obliga a recoger los efectos, instrumentos o pruebas de cuya desaparición hubiere peligro; el art. 326 LECrim regula la recogida de vestigios, en particular los de naturaleza biológica, a cargo de la Policía Judicial o del médico forense por orden del Juez; y el art. 338 LECrim exige conservar los instrumentos y efectos del delito de forma que se garantice su integridad. La cadena comprende: identificación del lugar y del momento de recogida; recogida con medios adecuados y evitando la contaminación; embalaje o precinto; etiquetado con los datos del agente, fecha y hora; registro documentado (acta) de cada persona que tiene acceso al objeto hasta su entrega al órgano competente (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, laboratorio de Policía Científica, Juzgado). La Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, regula las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Según la jurisprudencia, la ruptura no justificada de la cadena de custodia no determina automáticamente la nulidad, pero puede privar de valor probatorio a la prueba afectada por las dudas razonables sobre su autenticidad o integridad; es una cuestión de fiabilidad probatoria, no de legalidad de la obtención.

Protección de datos y deber de secreto en la investigación policial

El tratamiento de datos personales por las autoridades competentes con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales se rige por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, y no por el régimen general. Los agentes están sujetos al deber de secreto profesional (art. 5.5 LOFCS) y la revelación indebida de información conocida por razón del cargo puede constituir infracción disciplinaria o, en su caso, delito. Las diligencias sumariales son, por regla general, reservadas respecto de terceros y pueden ser declaradas secretas por el Juez de Instrucción, durante un plazo limitado, para las partes personadas (art. 302 LECrim). La difusión de datos de víctimas, menores o investigados debe limitarse a lo estrictamente necesario.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 126 CE: la Policía Judicial depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y el aseguramiento del delincuente; la dependencia es FUNCIONAL, no orgánica.
  • Art. 547 LOPJ: la función de Policía Judicial compete, cuando son requeridos, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (estatales, autonómicos y locales), dentro de sus competencias.
  • Art. 297 LECrim: el atestado y las manifestaciones de los funcionarios de Policía Judicial a consecuencia de sus averiguaciones tienen valor de DENUNCIA; el resto de sus declaraciones, sobre hechos de conocimiento propio, valen como declaraciones testificales; art. 717 LECrim: apreciables según el criterio racional.
  • El atestado por sí solo no es prueba de cargo suficiente (presunción de inocencia): ha de ser ratificado en juicio, normalmente por los agentes; excepciones: diligencias objetivas e irrepetibles reproducidas y sometidas a contradicción.
  • Las manifestaciones del detenido ante la Policía no son prueba por sí mismas ni se introducen en el juicio por testimonio de los agentes.
  • Art. 295 LECrim: los funcionarios de Policía Judicial no pueden, salvo fuerza mayor, dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento al Juez de las diligencias practicadas.
  • Art. 284 LECrim: deber de comunicar inmediatamente a la autoridad judicial o al Fiscal el conocimiento de un delito; sin autor conocido, el atestado se conserva a disposición del Fiscal y del Juez salvo los supuestos legales de remisión.
  • Art. 53.1 LOFCS: la Policía Local participa en funciones de Policía Judicial en la forma del art. 29.2 y instruye atestados por accidentes de circulación en el casco urbano.
  • La Policía Local carece de Unidades Orgánicas de Policía Judicial en sentido estricto, que son exclusivas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
  • Art. 51.3 LOFCS: la Policía Local solo actúa fuera de su término municipal en situaciones de emergencia y previo requerimiento de autoridad competente.
  • Trampa de examen: confundir el valor de denuncia del atestado (art. 297) con el de prueba plena; o decir que la Policía Judicial depende ORGÁNICAMENTE de los Jueces.
  • Trampa de examen: las Unidades Orgánicas de Policía Judicial dependen orgánicamente del Ministerio del Interior (CNP, Guardia Civil) y funcionalmente de Jueces y Fiscales.
  • Art. 17.2 CE: detención preventiva máxima de 72 horas, por el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones; después, libertad o puesta a disposición judicial.
  • Cadena de custodia: asegura la mismidad e integridad de los efectos y vestigios; su ruptura no justificada puede privar de valor probatorio a la prueba afectada.
  • Art. 5 LOFCS: principios básicos de actuación (adecuación al ordenamiento, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional, responsabilidad); la obediencia debida no ampara órdenes manifiestamente delictivas.
  • La Policía Local debe dar traslado inmediato a las Unidades de Policía Judicial del Estado de los delitos que excedan de su ámbito, sin dejar de prestar auxilio.
  • Datos policiales de la investigación penal: LO 7/2021, no el régimen general de protección de datos.
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¿De quién depende funcionalmente la Policía Judicial conforme al artículo 126 CE?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 31 de Policía Local?

La función de policía judicial, prevista en el artículo 126 CE, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la tarea de auxiliar a Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Este tema estudia los principios de actuación de esta función (dependencia funcional, legalidad, colaboración, secreto, proporcionalidad), el atestado policial como documento nuclear de la investigación y su valor procesal, la participación de la Policía Local en funciones de policía judicial (arts. 29.2 y 53.1 LOFCS) y la distinción entre la policía judicial en sentido genérico, las Unidades Orgánicas y las unidades adscritas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 31 para el examen?

Art. 126 CE: la Policía Judicial depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y el aseguramiento del delincuente; la dependencia es FUNCIONAL, no orgánica. Art. 547 LOPJ: la función de Policía Judicial compete, cuando son requeridos, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (estatales, autonómicos y locales), dentro de sus competencias. Art. 297 LECrim: el atestado y las manifestaciones de los funcionarios de Policía Judicial a consecuencia de sus averiguaciones tienen valor de DENUNCIA; el resto de sus declaraciones, sobre hechos de conocimiento propio, valen como declaraciones testificales; art. 717 LECrim: apreciables según el criterio racional. El atestado por sí solo no es prueba de cargo suficiente (presunción de inocencia): ha de ser ratificado en juicio, normalmente por los agentes; excepciones: diligencias objetivas e irrepetibles reproducidas y sometidas a contradicción. Las manifestaciones del detenido ante la Policía no son prueba por sí mismas ni se introducen en el juicio por testimonio de los agentes. Art. 295 LECrim: los funcionarios de Policía Judicial no pueden, salvo fuerza mayor, dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento al Juez de las diligencias practicadas. Art. 284 LECrim: deber de comunicar inmediatamente a la autoridad judicial o al Fiscal el conocimiento de un delito; sin autor conocido, el atestado se conserva a disposición del Fiscal y del Juez salvo los supuestos legales de remisión. Art. 53.1 LOFCS: la Policía Local participa en funciones de Policía Judicial en la forma del art. 29.2 y instruye atestados por accidentes de circulación en el casco urbano. La Policía Local carece de Unidades Orgánicas de Policía Judicial en sentido estricto, que son exclusivas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Art. 51.3 LOFCS: la Policía Local solo actúa fuera de su término municipal en situaciones de emergencia y previo requerimiento de autoridad competente. Trampa de examen: confundir el valor de denuncia del atestado (art. 297) con el de prueba plena; o decir que la Policía Judicial depende ORGÁNICAMENTE de los Jueces. Trampa de examen: las Unidades Orgánicas de Policía Judicial dependen orgánicamente del Ministerio del Interior (CNP, Guardia Civil) y funcionalmente de Jueces y Fiscales. Art. 17.2 CE: detención preventiva máxima de 72 horas, por el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones; después, libertad o puesta a disposición judicial. Cadena de custodia: asegura la mismidad e integridad de los efectos y vestigios; su ruptura no justificada puede privar de valor probatorio a la prueba afectada. Art. 5 LOFCS: principios básicos de actuación (adecuación al ordenamiento, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional, responsabilidad); la obediencia debida no ampara órdenes manifiestamente delictivas. La Policía Local debe dar traslado inmediato a las Unidades de Policía Judicial del Estado de los delitos que excedan de su ámbito, sin dejar de prestar auxilio. Datos policiales de la investigación penal: LO 7/2021, no el régimen general de protección de datos.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 17, 24 y 126
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882), arts. 282-298, 326, 338, 520, 717, 770 y ss., 795 y ss., 962 y ss.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 547 y ss.
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, arts. 5, 11, 29 a 31, 51, 53 y 54
  • Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial
  • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales
  • Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
  • Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía

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