Tema 25. Delitos de odio y discriminación. Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Delitos cometidos por el personal funcionario público contra las garantías constitucionales. Delitos contra el orden público: Atentados contra la autoridad y sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
Este tema reúne un bloque de delitos de gran relevancia práctica para la Policía Local: los delitos de odio y discriminación (art. 510 CP y concordantes, junto con la agravante del art. 22.4.ª CP), los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos (arts. 522 a 526 CP), los delitos cometidos por autoridad o funcionario público contra las garantías constitucionales (Capítulo V del Título XXI) y, con especial incidencia en el servicio diario, los delitos contra el orden público del Título XXII del Libro II CP: el atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos (art. 550 y ss.), la resistencia y la desobediencia grave (art. 556) y los desórdenes públicos (arts. 557 y ss.). Es fundamental distinguir cada figura por su bien jurídico, su sujeto pasivo y la intensidad de la conducta, y deslindarlas de las infracciones administrativas de la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.
Delitos de odio y discriminación (art. 510 CP): conductas del apartado 1
El artículo 510.1 CP castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quienes: a) públicamente fomenten, promuevan o inciten, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, origen nacional, sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia o exclusión social, enfermedad o discapacidad; b) produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente a ese odio, hostilidad, discriminación o violencia; c) públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o persona por los motivos indicados y de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación. El bien jurídico protegido es la dignidad de la persona y la convivencia pacífica en una sociedad plural; no se castiga el mero pensamiento ni cualquier opinión chocante, sino los discursos que, por su contenido y contexto, generan un riesgo real de hostilidad.
Delitos de odio: apartados 2 a 5 del art. 510, personas jurídicas y figuras conexas
El artículo 510.2 CP castiga con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses a quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos o personas referidos, o produzcan, elaboren, posean, distribuyan o difundan materiales idóneos para ello, y a quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos cometidos contra esos grupos o personas, o a quienes hayan participado en su ejecución. Los apartados siguientes agravan la pena: se impone en su mitad superior cuando los hechos se lleven a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que el delito resulte accesible a un elevado número de personas (art. 510.3), y también cuando los hechos sean idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, pudiendo elevarse hasta la pena superior en grado (art. 510.4). El art. 510 bis prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Figuras conexas: los artículos 511 y 512 castigan la denegación discriminatoria de una prestación pública (por funcionario o autoridad, art. 511) o de una prestación de servicios profesional o empresarial (art. 512) por los mismos motivos discriminatorios, con inhabilitación especial; y la promoción de asociaciones que fomenten o inciten al odio o a la discriminación puede dar lugar a su consideración como asociación ilícita (art. 515 CP). La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y su ley orgánica complementaria (LO 6/2022, de 12 de julio) reforzaron este marco, ampliando los motivos discriminatorios protegidos.
La agravante genérica de discriminación (art. 22.4.ª CP) y su diferencia con el delito de odio
El artículo 22.4.ª CP recoge como circunstancia agravante, aplicable a cualquier delito, cometer el hecho por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia o exclusión social, la situación familiar, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Esta agravante no crea un delito nuevo: eleva la pena de un delito común (lesiones, amenazas, daños, coacciones...) cuando el móvil determinante es la discriminación. En cambio, el art. 510 tipifica por sí mismo conductas de incitación, difusión o humillación, aunque no se haya cometido ningún otro delito. Ambos regímenes pueden concurrir en el mismo suceso (por ejemplo, una agresión con insultos racistas que además se difunde en redes). En la práctica policial, el atestado debe recoger los indicadores de polarización que permiten apreciar el móvil discriminatorio: expresiones empleadas, símbolos, percepción de la víctima y de testigos, relación previa entre las partes, pertenencia del autor a grupos organizados y contexto del hecho. El Ministerio del Interior dispone de un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio, y la Fiscalía cuenta con fiscales especializados y con una circular específica sobre estos delitos (Circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado).
Delitos de odio en internet y redes sociales: aspectos de investigación
La difusión de discursos de odio a través de internet y redes sociales plantea especialidades probatorias: identificación del autor (direcciones IP, cuentas, requerimientos a prestadores de servicios), determinación de la competencia territorial y, sobre todo, conservación de las evidencias digitales. La actuación policial inicial debe asegurar la captura íntegra del contenido (con fecha, hora, URL y perfil), su preservación con garantías de cadena de custodia y la remisión al órgano judicial o a la Fiscalía a través del correspondiente atestado. La agravación del art. 510.3 CP por el uso de medios de comunicación, internet o tecnologías de la información se funda en la mayor difusión potencial del mensaje. Los hechos de naturaleza pública y relevantes pueden requerir también la solicitud de retirada de contenidos a las plataformas, sin perjuicio de la acción penal.
Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos (arts. 522 a 526 CP)
Estos preceptos integran la Sección 2.ª del Capítulo IV del Título XXI del Libro II. Art. 522 CP: multa de cuatro a diez meses a quienes, por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo, impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen, o asistir a los mismos, o fuercen a otros a practicar o concurrir a actos de culto o ritos, a realizar actos reveladores de profesar o no profesar religión, o a mudar la que profesen. Art. 523 CP: el que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia, con pena agravada si se hace en lugar destinado al culto. Art. 524 CP: ejecutar actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados en lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas. Art. 525 CP: escarnio público, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión, o vejación pública de quienes los profesan, con el fin de ofender sus sentimientos (multa de ocho a doce meses); el apartado 2 extiende la misma pena al escarnio público de quienes no profesan religión o creencia alguna. Art. 526 CP: faltar al respeto debido a la memoria de los muertos violando sepulcros o sepulturas, profanando un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultrajar, destruyendo, alterando o dañando urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos (prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses). Es relevante la intervención policial en cementerios ante actos vandálicos.
Delitos cometidos por autoridad o funcionario público contra las garantías constitucionales: estructura
El Capítulo V del Título XXI (arts. 529 y siguientes hasta el 542) agrupa los delitos que solo pueden cometer la autoridad o el funcionario público (delitos especiales propios) al vulnerar derechos y garantías constitucionales. Se organiza en tres secciones: delitos contra la libertad individual (privaciones de libertad con infracción de plazos y garantías), delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad (registros, entradas e interceptaciones sin respetar las garantías, arts. 534 a 536) y delitos contra otros derechos individuales (arts. 537 a 542). Para el agente de Policía Local, que a efectos penales es funcionario público (art. 24.2 CP: todo el que por disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participa en el ejercicio de funciones públicas), son los preceptos que sancionan su propia extralimitación. Las penas habituales son de inhabilitación (especial o absoluta, según el tipo) y, en los supuestos más graves, prisión y multa.
Principales tipos: detención, domicilio, comunicaciones y derechos cívicos
Privación de libertad: el art. 530 CP castiga a la autoridad o funcionario que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquier persona con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, con inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años. Conviene recordar el marco constitucional del art. 17 CE: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (plazo máximo del art. 17.2 CE; el art. 520 LECrim fija igualmente el máximo de 72 horas y reconoce al detenido los derechos de información, asistencia letrada y comunicación). Domicilio y comunicaciones: los arts. 534 a 536 CP sancionan al funcionario que, mediando o no causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales, practique registros o intercepte comunicaciones o utilice artificios de escucha, grabación o reproducción del sonido o la imagen; el art. 204 CP agrava el allanamiento de morada cometido por autoridad o funcionario público fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa legal por delito. Derechos cívicos: el art. 542 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impidiere a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, con inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años. Estos preceptos están en relación con el delito de torturas y otros atentados contra la integridad moral cometidos por funcionarios (arts. 174 y 175 CP). Las irregularidades en una detención o entrada en domicilio pueden generar, además de nulidad procesal de la prueba obtenida, responsabilidad penal y disciplinaria del agente.
Concepto de autoridad, funcionario público y agente de la autoridad
A efectos penales, el art. 24.1 CP reputa autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia; en todo caso, tienen esta consideración los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo, y los funcionarios del Ministerio Fiscal. El alcalde, como cargo con mando, tiene la consideración de autoridad. El art. 24.2 CP considera funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre ellos los Cuerpos de Policía Local, tienen a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones (art. 7.1 LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; los Cuerpos de Policía Local son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme a su art. 2.c). Por tanto, el policía local es sujeto pasivo de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia, y a su vez es funcionario público a efectos de los delitos que pueden cometer los funcionarios.
El delito de atentado (art. 550 CP): conducta y elementos
Según el art. 550.1 CP, son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. La pena básica es de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuere contra autoridad, y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos (agentes de la autoridad y funcionarios públicos). Elementos: a) sujeto pasivo cualificado (autoridad, agente o funcionario público); b) que se halle en el ejercicio de sus funciones o que la agresión se produzca con ocasión de ellas, incluso aunque en ese momento no esté de servicio si el ataque responde a su condición; c) conducta típica: agresión, acometimiento, o resistencia grave con violencia o intimidación grave; d) dolo, esto es, conocimiento de la condición del sujeto pasivo y voluntad de atacar el principio de autoridad; e) legitimidad de la actuación del agente: no hay atentado si la intervención es manifiestamente arbitraria o ilegal, aunque la jurisprudencia exige que la ilegalidad sea clara. El bien jurídico protegido es el principio de autoridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos. La amplitud del tipo se ha reforzado con reformas sucesivas, que equiparan también a determinados sujetos (por ejemplo, el personal de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y otros colectivos que desarrollan funciones públicas esenciales).
Tipos agravados del atentado y reglas concursales
Los artículos 551 y 552 CP prevén penas agravadas del atentado cuando concurren circunstancias de especial peligrosidad, entre ellas que la agresión se verifique con armas u otros medios igualmente peligrosos o que se ponga en peligro la vida, de modo que la pena se eleva respecto a la del tipo básico (el art. 552 llega a la pena superior en grado en determinados supuestos). Además, la conducta que consista en lesionar al agente se castiga conforme a las reglas del concurso con el delito de lesiones que corresponda, y los resultados lesivos se penan por separado cuando exceden de lo propio del atentado (por ejemplo, lesiones graves). Las lesiones leves producidas en el acto de acometimiento quedan generalmente absorbidas por el atentado. Conviene también tener presente la relación con el delito de homicidio (si hay ánimo de matar) y con las amenazas o coacciones contra la autoridad. Todo ello tiene como contrapartida que el agente, al intervenir, debe respetar los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad (art. 5.2.c LO 2/1986), pues el uso desproporcionado de la fuerza puede deslegitimar la actuación o dar lugar a responsabilidad del propio agente.
Resistencia y desobediencia grave (art. 556 CP) frente al atentado
El art. 556.1 CP castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses a quienes, sin estar comprendidos en el art. 550, resistieren a la autoridad o a sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones. Se trata de un tipo de menor gravedad que el atentado: no exige acometimiento, agresión ni intimidación grave. Desobediencia grave: negativa abierta, terminante y reiterada o persistente a cumplir una orden legítima, concreta y directa, dictada por la autoridad o sus agentes dentro de sus competencias, notificada de forma personal; no basta un simple incumplimiento ocasional o una conducta pasiva leve. Resistencia: oposición activa, física pero sin violencia ni intimidación graves, a la actuación del agente (por ejemplo, forcejeo para evitar una detención o un cacheo sin llegar a agredir). La jurisprudencia suele entender que la mera resistencia pasiva no constituye atentado, y solo en supuestos de especial gravedad (negativa terminante y persistente) puede integrar el delito del art. 556. Otra figura relacionada es la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o de detección de drogas en la conducción, que no se castiga como desobediencia genérica sino como delito autónomo del art. 383 CP (prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años). Entre el atentado y la desobediencia grave se sitúa un gradiente: agresión o intimidación grave (art. 550), resistencia activa sin violencia grave o desobediencia grave (art. 556), desobediencia o resistencia leve (infracción administrativa).
Frontera con la LO 4/2015 de Seguridad Ciudadana (arts. 36.6 y 37.4)
Cuando la conducta no alcanza el umbral penal, la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ofrece una respuesta administrativa. Art. 36.6 (infracción grave): la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Art. 37.4 (infracción leve): las faltas de respeto y consideración cuya gravedad no constituya infracción penal a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando esas conductas tengan por objeto impedir, dificultar o condicionar el ejercicio de sus funciones. Las sanciones se gradúan en el art. 39: leves, multa de 100 a 600 euros; graves, de 601 a 30.000 euros; muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. Criterio de examen: si hay violencia o intimidación graves, atentado; si hay oposición o desobediencia grave sin ese nivel de violencia, art. 556 CP; si la oposición o falta de respeto es de menor entidad, infracción de la LOPSC. Conviene recordar que un mismo hecho no puede sancionarse penal y administrativamente por los mismos fundamentos (principio non bis in idem); si hay proceso penal, se suspende el procedimiento sancionador.
Desórdenes públicos: tipo básico y agravaciones (arts. 557 y 557 bis CP)
El Capítulo III del Título XXII regula los desórdenes públicos. El art. 557.1 CP castiga con prisión de seis meses a tres años a los que, actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la paz pública, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo. Se trata de un delito de carácter colectivo, que exige actuar en grupo (por el propio grupo o amparándose en él) y que la alteración sea de cierta entidad, a diferencia de la mera perturbación de poca importancia. El art. 557 bis contiene un catálogo de circunstancias que elevan la pena (prisión de uno a seis años en los supuestos que contempla), entre ellas portar armas u otros instrumentos peligrosos, utilizar tales instrumentos en los actos de violencia, cometer los hechos aprovechando la multitud, o ser cometidos prevaliéndose el culpable de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Los hechos pueden darse en el interior o en las inmediaciones de espectáculos deportivos o culturales, en transportes públicos, o con ocasión de reuniones y manifestaciones. La LO 14/2022, de 22 de diciembre, derogó el delito de sedición (antiguos arts. 544 a 549 CP) y reformó el régimen de los desórdenes públicos, de modo que la perturbación grave de la paz pública con actos de violencia o intimidación se reconduce al capítulo de desórdenes.
Otras figuras del Capítulo de desórdenes públicos (arts. 557 ter a 561 CP)
El art. 557 ter CP sanciona a quienes, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, un edificio, instalación, despacho, oficina o establecimiento, perturbando gravemente la actividad normal. El art. 558 CP castiga con multa de tres a seis meses a quienes perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegios electorales, oficinas o establecimientos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, o en cualquier otro lugar donde se desarrolle actividad pública. El art. 559 CP castiga la distribución o difusión pública de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de desórdenes públicos del art. 557 bis o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. El art. 560 CP castiga los daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o de la correspondencia postal, o la producción, el mantenimiento o el suministro de agua, electricidad, gas u otros recursos básicos. El art. 561 CP castiga a quien, con ánimo de atentar contra la paz pública, afirmare falsamente o simulare una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento (prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses): es el delito de falsa alarma. Con la misma dirección, la LO 14/2022 mantuvo y reajustó estas figuras tras la supresión de la sedición.
Reuniones y manifestaciones: derecho, límites y relación con los desórdenes públicos
El derecho de reunión pacífica y sin armas se reconoce en el art. 21 CE; las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones requieren comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. La LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, exige la comunicación por escrito con una antelación de diez días naturales como mínimo y treinta como máximo (veinticuatro horas si concurren causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia), y permite a la autoridad gubernativa suspender o disolver las reuniones cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. La falta de comunicación previa o el incumplimiento de las condiciones fijadas no convierten automáticamente la reunión en delito: puede generar responsabilidad administrativa, y solo si hay violencia o actos de alteración del orden con la entidad exigida por el art. 557 CP se produce el delito de desórdenes públicos. Los arts. 513 y 514 CP consideran ilícitas las reuniones o manifestaciones que se celebren con el fin de cometer algún delito y aquellas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, castigando a promotores, directores y asistentes. La actuación policial debe guiarse por la proporcionalidad y la graduación del uso de la fuerza.
Distinción entre desórdenes públicos, atentado y las infracciones administrativas
Debe distinguirse: el delito de desórdenes públicos (bien jurídico: paz pública; sujeto activo: grupo; conducta: violencia o amenaza de violencia sobre personas o cosas con finalidad de atentar contra la paz pública), el delito de atentado (bien jurídico: principio de autoridad; sujeto pasivo cualificado: autoridad, agente o funcionario; conducta individual o colectiva de agresión, acometimiento, intimidación o resistencia grave) y las infracciones de la LO 4/2015 (perturbaciones de la seguridad ciudadana de menor entidad, sancionables administrativamente). Un mismo suceso puede dar lugar a varios delitos en concurso: por ejemplo, en una algarada los participantes pueden responder por desórdenes públicos y, además, por atentado si agreden a los agentes, por daños, lesiones, etc. En la práctica, el agente deberá recoger en el atestado la descripción pormenorizada de los hechos, la identificación de autores, los instrumentos empleados, los daños y lesiones, y los testigos, para permitir la correcta calificación por el juez o la Fiscalía.
Actuación de la Policía Local y consideraciones prácticas
Cuando el agente sea víctima de un atentado, resistencia o desobediencia, debe: identificarse como agente cuando no sea evidente, dar las órdenes de forma clara, directa y comprensible, advirtiendo, si procede, de las consecuencias de su incumplimiento; actuar con proporcionalidad; asegurar la prueba (testigos, grabaciones de videovigilancia, partes de lesiones); y proceder a la detención cuando concurra delito flagrante, con información inmediata de sus derechos (art. 520 LECrim) y puesta a disposición judicial en el plazo legalmente previsto, recordando que cualquier ciudadano puede detener al delincuente in fraganti. El atestado debe diferenciar los hechos que se atribuyen a cada interviniente. Las faltas de respeto, insultos o amenazas a los agentes deben valorarse caso por caso: pueden constituir delito leve de injurias o amenazas, atentado o infracción administrativa (art. 37.4 LOPSC) según su gravedad y finalidad. Al tratarse de delitos que protegen a los propios agentes, es recomendable que el agente conozca la importancia de los partes de lesiones y la ratificación posterior en sede judicial.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 510.1 CP: fomentar, promover o incitar pública y directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia: prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. El art. 510.2 (humillación, menosprecio, enaltecimiento): prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses.
Art. 510.3 CP: pena en su mitad superior si se comete por medios de comunicación social, internet o tecnologías de la información. Art. 510.4: igual si altera la paz pública o crea temor grave entre los integrantes del grupo.
Delito de odio específico (art. 510) vs. agravante genérica de discriminación (art. 22.4.ª CP): el primero castiga la incitación o difusión; la segunda agrava cualquier delito cometido por móvil discriminatorio. Pueden coexistir.
Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación) y LO 6/2022 complementaria, ambas de 12 de julio de 2022: ampliaron los motivos discriminatorios protegidos.
Arts. 522-526 CP: libertad de conciencia, sentimientos religiosos y respeto a los difuntos. Art. 526: violación de sepulcros o sepulturas, profanación de cadáver o cenizas; art. 525: escarnio público de creencias o de quienes no profesan religión.
Art. 530 CP: funcionario que prolonga la detención con infracción de plazos o garantías: inhabilitación especial de 2 a 6 años. El plazo máximo de detención preventiva es de 72 horas (art. 17.2 CE).
Art. 542 CP: funcionario que impide a sabiendas otros derechos cívicos: inhabilitación especial de 1 a 3 años.
Art. 24 CP: define autoridad y funcionario público a efectos penales. El agente de Policía Local es agente de la autoridad (art. 7.1 LO 2/1986) y funcionario público.
Art. 550 CP (atentado): agredir, acometer o resistir gravemente con violencia o intimidación grave a autoridad, agentes o funcionarios en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Pena: prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si es contra autoridad; prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos.
Arts. 551 y 552 CP: tipos agravados del atentado (armas u otros medios peligrosos, peligro para la vida, entre otros supuestos).
Art. 556.1 CP: resistencia o desobediencia grave sin estar comprendida en el art. 550: prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. No requiere violencia o intimidación grave.
Art. 36.6 LOPSC (grave): desobediencia o resistencia no delictiva, negativa a identificarse o alegar datos falsos. Art. 37.4 LOPSC (leve): faltas de respeto y consideración no constitutivas de delito a los agentes.
Art. 383 CP: la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas es un delito autónomo, no un simple delito de desobediencia genérica.
Art. 557.1 CP: desórdenes públicos = actuar en grupo, con el fin de atentar contra la paz pública, con violencia o amenaza de violencia sobre personas o cosas (prisión de 6 meses a 3 años). Art. 557 bis: agravantes (armas, instrumentos peligrosos, aprovechar la multitud, condición de funcionario).
Art. 561 CP: falsa alarma. Art. 558: perturbación grave del orden en actos públicos. Art. 559: difusión de mensajes que inciten a los desórdenes. Art. 560: daños en instalaciones de telecomunicaciones o suministros.
La LO 14/2022, de 22 de diciembre, derogó el delito de sedición (antiguos arts. 544-549 CP) y reformó el régimen de desórdenes públicos.
LO 9/1983 (reunión): comunicación previa con 10 días naturales mínimo y 30 máximo (24 horas si urgencia). El incumplimiento formal no equivale automáticamente a desórdenes públicos. Arts. 513-514 CP: reuniones ilícitas (fines delictivos o con armas).
Trampa de examen: la resistencia pasiva no suele constituir atentado; la gradación es atentado (violencia o intimidación grave) > art. 556 (resistencia/desobediencia grave) > LOPSC (resistencia/desobediencia leve o falta de respeto).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Respecto a la comunicación previa de manifestaciones en lugares de tránsito público, la LO 9/1983 exige que se realice:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 25 de Policía Local?
Este tema reúne un bloque de delitos de gran relevancia práctica para la Policía Local: los delitos de odio y discriminación (art. 510 CP y concordantes, junto con la agravante del art. 22.4.ª CP), los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos (arts. 522 a 526 CP), los delitos cometidos por autoridad o funcionario público contra las garantías constitucionales (Capítulo V del Título XXI) y, con especial incidencia en el servicio diario, los delitos contra el orden público del Título XXII del Libro II CP: el atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos (art. 550 y ss.), la resistencia y la desobediencia grave (art. 556) y los desórdenes públicos (arts. 557 y ss.). Es fundamental distinguir cada figura por su bien jurídico, su sujeto pasivo y la intensidad de la conducta, y deslindarlas de las infracciones administrativas de la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.
¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?
Art. 510.1 CP: fomentar, promover o incitar pública y directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia: prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. El art. 510.2 (humillación, menosprecio, enaltecimiento): prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses. Art. 510.3 CP: pena en su mitad superior si se comete por medios de comunicación social, internet o tecnologías de la información. Art. 510.4: igual si altera la paz pública o crea temor grave entre los integrantes del grupo. Delito de odio específico (art. 510) vs. agravante genérica de discriminación (art. 22.4.ª CP): el primero castiga la incitación o difusión; la segunda agrava cualquier delito cometido por móvil discriminatorio. Pueden coexistir. Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación) y LO 6/2022 complementaria, ambas de 12 de julio de 2022: ampliaron los motivos discriminatorios protegidos. Arts. 522-526 CP: libertad de conciencia, sentimientos religiosos y respeto a los difuntos. Art. 526: violación de sepulcros o sepulturas, profanación de cadáver o cenizas; art. 525: escarnio público de creencias o de quienes no profesan religión. Art. 530 CP: funcionario que prolonga la detención con infracción de plazos o garantías: inhabilitación especial de 2 a 6 años. El plazo máximo de detención preventiva es de 72 horas (art. 17.2 CE). Art. 542 CP: funcionario que impide a sabiendas otros derechos cívicos: inhabilitación especial de 1 a 3 años. Art. 24 CP: define autoridad y funcionario público a efectos penales. El agente de Policía Local es agente de la autoridad (art. 7.1 LO 2/1986) y funcionario público. Art. 550 CP (atentado): agredir, acometer o resistir gravemente con violencia o intimidación grave a autoridad, agentes o funcionarios en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Pena: prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si es contra autoridad; prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos. Arts. 551 y 552 CP: tipos agravados del atentado (armas u otros medios peligrosos, peligro para la vida, entre otros supuestos). Art. 556.1 CP: resistencia o desobediencia grave sin estar comprendida en el art. 550: prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. No requiere violencia o intimidación grave. Art. 36.6 LOPSC (grave): desobediencia o resistencia no delictiva, negativa a identificarse o alegar datos falsos. Art. 37.4 LOPSC (leve): faltas de respeto y consideración no constitutivas de delito a los agentes. Sanciones LOPSC (art. 39): leves 100-600 euros; graves 601-30.000 euros; muy graves 30.001-600.000 euros. Art. 383 CP: la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas es un delito autónomo, no un simple delito de desobediencia genérica. Art. 557.1 CP: desórdenes públicos = actuar en grupo, con el fin de atentar contra la paz pública, con violencia o amenaza de violencia sobre personas o cosas (prisión de 6 meses a 3 años). Art. 557 bis: agravantes (armas, instrumentos peligrosos, aprovechar la multitud, condición de funcionario). Art. 561 CP: falsa alarma. Art. 558: perturbación grave del orden en actos públicos. Art. 559: difusión de mensajes que inciten a los desórdenes. Art. 560: daños en instalaciones de telecomunicaciones o suministros. La LO 14/2022, de 22 de diciembre, derogó el delito de sedición (antiguos arts. 544-549 CP) y reformó el régimen de desórdenes públicos. LO 9/1983 (reunión): comunicación previa con 10 días naturales mínimo y 30 máximo (24 horas si urgencia). El incumplimiento formal no equivale automáticamente a desórdenes públicos. Arts. 513-514 CP: reuniones ilícitas (fines delictivos o con armas). Trampa de examen: la resistencia pasiva no suele constituir atentado; la gradación es atentado (violencia o intimidación grave) > art. 556 (resistencia/desobediencia grave) > LOPSC (resistencia/desobediencia leve o falta de respeto).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 22.4.ª, 24, 174-175, 204, 383, 510-512, 513-514, 522-526, 530, 534-536, 542, 550-552, 556, 557-561)
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de reforma del Código Penal (derogación de la sedición y reforma de desórdenes públicos)
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la anterior (modificación del Código Penal)
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (arts. 36.6, 37.4 y 39)
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (arts. 2, 5 y 7)
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 520)
Constitución Española (arts. 17 y 21)
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