Tema 11. Legislación básica de procedimiento administrativo común. Las personas interesadas en el procedimiento. La actividad de las administraciones públicas. Los actos administrativos. Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. La revisión de los actos en vía administrativa.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en vigor desde el 2 de octubre de 2016, es la norma básica estatal que regula, con carácter general y de aplicación a todas las Administraciones Públicas, incluidas las Entidades Locales, la relación de estas con la ciudadanía y la tramitación de sus decisiones. Este tema recorre la posición jurídica de las personas interesadas, los derechos de la ciudadanía, el concepto, requisitos, eficacia e invalidez del acto administrativo, las fases del procedimiento administrativo común (iniciación, ordenación e instrucción, terminación y ejecución) y los mecanismos de revisión de los actos en vía administrativa (revisión de oficio y recursos), materias de aplicación directa a cualquier expediente sancionador que la Policía Local inicie mediante denuncia.
La LPAC regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas (incluyendo el sancionador y el de responsabilidad patrimonial, que dejan de ser procedimientos especiales con regulación reglamentaria propia y se integran en la Ley con sus especialidades), la iniciativa legislativa y la potestad para dictar normas con rango de ley y reglamentos (Título VI) y los principios de buena regulación (art. 1). Se aplica al sector público en su conjunto: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como al sector público institucional (art. 2). Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos de los contemplados en la Ley (art. 1.2); las especialidades de procedimiento por razón de la materia solo podrán establecerse por ley. Junto a la Ley 40/2015 (régimen jurídico del sector público: organización y funcionamiento, potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial), constituye la reforma de 2015 que sustituyó a la antigua Ley 30/1992. La LPAC ha sido objeto de modificaciones posteriores, por lo que debe consultarse el texto consolidado vigente.
Las personas interesadas en el procedimiento: capacidad, concepto y representación
Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas (art. 3) las personas físicas y jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles; los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuyo ejercicio esté permitido por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela; y, cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (art. 4): a) quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y c) aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento (art. 62.3), mientras que la persona denunciada sí es interesada desde el inicio del procedimiento sancionador. Los interesados pueden actuar por medio de representante (art. 5): se presume la representación para los actos y gestiones de mero trámite, pero debe acreditarse (por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal) para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Existen registros electrónicos de apoderamientos (art. 6).
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas
El art. 13 LPAC reconoce a quienes se relacionan con las Administraciones los siguientes derechos: a comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico; a ser asistidos en el uso de medios electrónicos; a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; al acceso a la información pública, archivos y registros; a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos; a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente; a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica; a la protección de datos de carácter personal; y cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. En el procedimiento, los interesados tienen además los derechos del art. 53: conocer el estado de tramitación y obtener copia de los documentos; identificar a las autoridades y personal bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos; no presentar documentos originales salvo que una norma establezca lo contrario, ni datos y documentos no exigidos por las normas aplicables o que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas (art. 28); formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento y aportar documentos en cualquier momento anterior al trámite de audiencia; y actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente. En los procedimientos sancionadores, los presuntos responsables tienen además derecho a ser notificados de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario (art. 53.2). Existe el derecho y, para determinados sujetos, la obligación de relacionarse con las Administraciones por medios electrónicos (art. 14): están obligados, al menos, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, quienes representen a un interesado obligado, y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición. Las solicitudes pueden presentarse en el registro electrónico y en las oficinas de asistencia en materia de registros (art. 16).
Cómputo de plazos
Los plazos expresados por días se entienden hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo (art. 30.2). Los plazos señalados por meses o años se computan de fecha a fecha; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día del mes (art. 30.4 y 30.5). Se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Los plazos expresados en días se computan a partir del día siguiente a la notificación o publicación. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente (art. 30.5). La Administración puede conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de plazos que no exceda de la mitad de los mismos (art. 32) y declarar la tramitación de urgencia, con reducción a la mitad de los plazos del procedimiento, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos (art. 33).
El acto administrativo: concepto, elementos y requisitos
El acto administrativo es la declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria, que produce efectos jurídicos directos sobre un particular concreto, una pluralidad de personas o una Administración. Se distingue del reglamento (norma general que innova el ordenamiento) en que el acto se agota con su aplicación al caso concreto: la resolución de un procedimiento sancionador contra una persona por infracción de tráfico es el ejemplo típico en la práctica policial. Elementos: subjetivo (órgano competente), objetivo (contenido y presupuesto de hecho), causal (motivo o finalidad que lo justifica), formal (procedimiento y forma de exteriorización) y, en su caso, accesorio (término, condición o modo). Requisitos de los actos (arts. 34 a 36): se producen por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecidos; su contenido se ajusta al ordenamiento jurídico y es determinado y adecuado a los fines; y se producen por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. La motivación (art. 35), con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, es obligatoria, entre otros, para los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje; los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; los de suspensión de actos; los de aplicación de la tramitación de urgencia y ampliación de plazos; y los dictados en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. La inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37) prohíbe que los actos de carácter particular vulneren una disposición general.
Eficacia de los actos administrativos: presunción de validez, ejecutividad y retroactividad
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39.1). La eficacia queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). Cabe la retroactividad de los actos favorables cuando se dicten en sustitución de actos anulados y cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas (art. 39.3). Los actos son inmediatamente ejecutivos (art. 38, con desarrollo en el art. 98), salvo que se produzca la suspensión de la ejecución, que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición, que una disposición establezca lo contrario o que necesite aprobación o autorización superior. Por ello, la sanción administrativa (p. ej. una multa de tráfico) no es ejecutiva mientras sea recurrible en vía administrativa. La Administración puede recurrir a la ejecución forzosa (arts. 99 y ss.) a través de los medios de apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas, que se ejercen respetando el principio de proporcionalidad y eligiendo el medio menos restrictivo; la compulsión directa sobre las personas solo es posible cuando la ley expresamente lo autorice y con respeto a la dignidad y a los derechos constitucionales.
Notificación y publicación de los actos administrativos
Se notifican a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses (art. 40). La notificación se cursa dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y debe contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. Las notificaciones que contuvieran el texto íntegro pero omitiesen alguno de los demás requisitos surten efecto desde la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o interponga cualquier recurso. La notificación se practica preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (arts. 41 y 43); la notificación electrónica se entiende rechazada cuando transcurran diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. Cuando la notificación se practica en papel, se hace en el domicilio del interesado; si nadie se hace cargo, se repite por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes (art. 42). Si no se consigue practicar, o el interesado es desconocido o se ignora el lugar, se publica un anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 44), sin perjuicio de su publicación previa en el tablón edictal del Ayuntamiento. Procede la publicación (en lugar de la notificación) cuando así lo establezcan las normas reguladoras del procedimiento, cuando los destinatarios sean una pluralidad indeterminada o cuando la notificación fuere impracticable (art. 45).
Nulidad, anulabilidad y conservación de los actos administrativos (arts. 47 a 52)
Son nulos de pleno derecho (art. 47.1) los actos de las Administraciones Públicas: a) que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) que tengan un contenido imposible; d) que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; e) dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y g) cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. También son nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables (art. 47.2). Son anulables (art. 48) los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder; el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; y la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero (art. 49); el acto nulo o anulable que contenga los elementos constitutivos de otro distinto producirá los efectos de este (conversión, art. 50); y la Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan (art. 52); el acto nulo no es convalidable.
Iniciación del procedimiento administrativo común
El procedimiento administrativo común se desarrolla en fases sucesivas: iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución (a las que se suman, en su caso, las actuaciones previas). El procedimiento puede iniciarse de oficio o a solicitud del interesado (art. 54). La iniciación de oficio se produce por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia (art. 59). Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo (art. 62); es el supuesto típico de la actuación de la Policía Local mediante el boletín de denuncia. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, el órgano competente puede abrir un período de información o actuaciones previas (art. 55). Las medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución pueden adoptarse una vez iniciado el procedimiento y también, en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, antes de la iniciación; en este último caso, deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que debe efectuarse en los quince días siguientes a su adopción (art. 56). En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la solicitud debe contener el nombre y apellidos del interesado y, en su caso, del representante, la identificación del medio electrónico o lugar físico de notificaciones, los hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud, lugar y fecha, firma y órgano al que se dirige (art. 66). Si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que la subsane en el plazo de diez días, con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición (art. 68). Las declaraciones responsables y las comunicaciones están reguladas en el art. 69.
Ordenación e instrucción del procedimiento
En la ordenación rige el principio de impulso de oficio en todos los trámites (art. 71), con sujeción a los principios de celeridad, simplificación y economía procesal. La instrucción comprende los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución (art. 75), que se realizan de oficio y sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer actuaciones. Los interesados pueden, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio (art. 76). La prueba (art. 77) se practica cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, abriendo un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez; la Administración solo puede rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean innecesarias, mediante resolución motivada. Los hechos relevantes para la decisión podrán acreditarse por cualquier medio de prueba, y los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien (art. 77.4). Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que se recojan los hechos constatados por ellos hacen prueba de estos salvo que se acredite lo contrario (art. 77.5), de gran relevancia para las denuncias de los agentes de la Policía Local. Los informes son facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa en contrario (art. 80), y se emiten en el plazo de diez días. Una vez instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pone de manifiesto a los interesados (audiencia, art. 82) por un plazo no inferior a diez días ni superior a quince; puede prescindirse de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. El trámite de información pública (art. 83) tiene un plazo no inferior a veinte días.
Terminación del procedimiento, plazos para resolver y silencio administrativo
Ponen fin al procedimiento (art. 84) la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico), la declaración de caducidad, y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; también el pacto, acuerdo, convenio o contrato con los interesados. El desistimiento es la renuncia a la acción procedimental concreta (permite iniciar un nuevo procedimiento); la renuncia al derecho es más amplia. La caducidad se produce, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se paraliza por causa imputable al mismo durante tres meses desde la advertencia de la Administración (art. 95); y, en los iniciados de oficio, cuando no se resuelve en plazo si son susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen (art. 25). La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla (art. 21). El plazo máximo para resolver es el fijado por la norma reguladora, que no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea; si la norma no fija plazo, este es de tres meses (art. 21.2 y 21.3). El plazo se cuenta desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio, y desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación en los iniciados a solicitud del interesado; puede suspenderse (art. 22) y ampliarse (art. 23). Silencio administrativo (art. 24): en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin notificarse resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo (silencio positivo), excepto en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, los de responsabilidad patrimonial y los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio es desestimatorio (negativo); el silencio en el recurso de alzada es, no obstante, estimatorio cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud, salvo en los supuestos excepcionados. En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio tiene efecto desestimatorio si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, y produce la caducidad en los de los que pudieran derivarse efectos desfavorables o de intervención.
Especialidades del procedimiento sancionador y del procedimiento de responsabilidad patrimonial
La LPAC regula, dentro del procedimiento común, las especialidades del procedimiento sancionador (arts. 63 y 64, 85, 89 y 90): el ejercicio de la potestad sancionadora requiere procedimiento legalmente establecido y la separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos; el acuerdo de iniciación debe comunicarse al instructor y notificarse a los interesados, con indicación de los hechos que motivan la incoación, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, el instructor y la autoridad competente, y el derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, con indicación de los plazos para su ejercicio (art. 64). Si el infractor reconoce su responsabilidad, o efectúa el pago voluntario de la sanción pecuniaria, en cualquier momento anterior a la resolución, se aplica una reducción de, al menos, el 20 por 100 sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí; la efectividad de estas reducciones está condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa (art. 85). La propuesta de resolución se notifica a los interesados, que disponen del trámite de audiencia para formular alegaciones (arts. 82 y 89), y la resolución, que debe ser motivada, no podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento (art. 90). El procedimiento de responsabilidad patrimonial se inicia de oficio o por reclamación del interesado (arts. 65 y 67) y se estudia en el tema siguiente. Existe, además, un procedimiento simplificado cuando razones de interés público o la falta de complejidad lo aconsejen (art. 96), con plazo de resolución de treinta días.
La revisión de oficio de los actos administrativos (arts. 106 a 111)
La revisión de oficio permite a la propia Administración, sin necesidad de recurso previo, dejar sin efecto sus actos. a) Nulidad de pleno derecho (art. 106.1): las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art. 47.1. Se pueden declarar en cualquier momento también las disposiciones nulas (art. 106.2). El órgano competente puede inadmitir a trámite las solicitudes de revisión cuando no se basen en alguna de las causas de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento (art. 106.3). El plazo máximo para dictar y notificar resolución es de seis meses desde su inicio, transcurrido el cual se produce la caducidad en los procedimientos iniciados de oficio y el silencio desestimatorio en los iniciados a solicitud (art. 106.5). b) Anulabilidad: la Administración no puede anular directamente un acto favorable anulable; debe declararlo lesivo para el interés público y, a continuación, impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 107). La declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo, y requiere audiencia de los interesados; el recurso contencioso debe interponerse en el plazo de dos meses a partir de la declaración de lesividad. c) Revocación de actos de gravamen o desfavorables (art. 109.1): mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. d) Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados (art. 109.2). e) Límites (art. 110): las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
Los recursos administrativos: disposiciones generales y recurso de alzada
Los recursos administrativos (arts. 112 a 126) se interponen por los interesados contra resoluciones y actos de trámite si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos (actos de trámite cualificados); la oposición a los restantes actos de trámite puede alegarse para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3). El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no es obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter (art. 115.2). La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado (art. 117.1), salvo que el órgano competente acuerde la suspensión cuando la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho; la suspensión se entiende producida si, transcurrido un mes desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente, este no ha dictado resolución expresa (art. 117.3). La resolución del recurso no puede agravar la situación inicial del recurrente (prohibición de reformatio in peius, art. 119.3). Ponen fin a la vía administrativa (art. 114) las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de los procedimientos de impugnación, las dictadas por órganos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario, y las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca; en el ámbito local, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones del Pleno, del Alcalde y de la Junta de Gobierno Local (art. 52.2 LRBRL), salvo los supuestos en que una ley sectorial exija ulterior recurso ante órgano de otra Administración. El recurso de alzada (arts. 121 y 122) se interpone contra las resoluciones y actos de trámite cualificados que no pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo (el superior jerárquico); el plazo es de un mes si el acto es expreso, y si no lo fuera, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo; el plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses, transcurridos los cuales se entiende desestimado (silencio negativo), salvo los supuestos de estimación por silencio ya señalados.
El recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión
El recurso potestativo de reposición (arts. 123 y 124) se interpone contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los hubiera dictado, o bien directamente el recurso contencioso-administrativo (vías alternativas: no pueden simultanearse). El plazo para interponerlo es de un mes si el acto es expreso; si no lo fuera, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de un mes, transcurrido el cual se entiende desestimado. No se puede interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente el recurso de reposición o se haya producido su desestimación presunta (art. 123.2). El recurso extraordinario de revisión (arts. 125 y 126) procede contra los actos firmes en vía administrativa, ante el órgano administrativo que los dictó, que también es competente para resolverlo, cuando concurra alguna de las causas tasadas del art. 125.1: a) que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; b) que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; c) que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución; d) que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. El plazo es de cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada en los dos primeros casos, y de tres meses desde que la sentencia judicial quedó firme en los dos últimos.
La vía contencioso-administrativa y su relación con la vía administrativa
Agotada la vía administrativa, procede el recurso contencioso-administrativo ante los órganos de esta jurisdicción (Ley 29/1998, LJCA). El plazo para interponerlo es de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto expreso, y de seis meses si el acto es presunto, contados a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con la normativa específica, se produzca el acto presunto (art. 46 LJCA). Si se interpone el recurso potestativo de reposición, no cabe acudir a la vía judicial hasta que se resuelva expresamente o se produzca su desestimación presunta, y el plazo para recurrir en vía contenciosa se cuenta desde la notificación de la resolución expresa o desde el día siguiente a la desestimación presunta. Es habitual, en la práctica policial y sancionadora local, que la resolución del procedimiento sancionador dictada por el Alcalde o por el órgano en quien delegue ponga fin a la vía administrativa, de modo que frente a ella cabe el recurso potestativo de reposición o el recurso contencioso-administrativo directo, nunca ambos a la vez.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 39/2015 (LPAC): procedimiento administrativo común; en vigor desde el 2 de octubre de 2016; se aplica a todas las Administraciones, incluidas las Entidades Locales. La Ley 40/2015 regula el régimen jurídico del sector público (organización, potestad sancionadora, responsabilidad patrimonial).
Art. 4 LPAC: es interesado quien promueve el procedimiento, quien puede ver afectados sus derechos y quien se persona por intereses legítimos antes de la resolución. La mera denuncia no otorga la condición de interesado (art. 62.3), pero el denunciado sí es interesado en el procedimiento sancionador.
La representación se presume para los actos de mero trámite; debe acreditarse para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimiento y renuncia (art. 5).
Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales con colegiación obligatoria, sus representantes, y empleados públicos por razón de su condición.
Plazos por días: hábiles (excluidos sábados, domingos y festivos); por meses: de fecha a fecha, a partir del día siguiente a la notificación o publicación (art. 30).
Los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan (art. 39.1); son inmediatamente ejecutivos (arts. 38 y 98), salvo la sanción recurrible en vía administrativa.
Notificación: dentro de los diez días desde que se dicta el acto, con texto íntegro, indicación de si pone fin a la vía administrativa, recursos, órgano y plazo (art. 40). La notificación electrónica se entiende rechazada a los diez días naturales (art. 43).
Motivación obligatoria (art. 35): actos limitativos de derechos, resolutorios de recursos y revisión de oficio, los que se aparten de precedentes, de suspensión, y los discrecionales.
Nulidad de pleno derecho (art. 47): lesión de derechos fundamentales, incompetencia manifiesta por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento, actos contrarios al ordenamiento por los que se adquieren derechos sin requisitos esenciales.
Anulabilidad (art. 48): cualquier infracción del ordenamiento no subsumible en nulidad, incluida la desviación de poder; el defecto de forma solo anula si genera indefensión; el plazo solo anula si lo impone la naturaleza del término.
El procedimiento común tiene fases de iniciación (de oficio o a solicitud), ordenación e instrucción, terminación y ejecución. Iniciación de oficio: acuerdo, orden superior, petición razonada o denuncia.
Subsanación de solicitudes: diez días (art. 68). Audiencia: no inferior a diez ni superior a quince días (art. 82). Información pública: no inferior a veinte días (art. 83). Período de prueba: de diez a treinta días (art. 77).
Art. 77.5 LPAC: los documentos de funcionarios con condición de autoridad (denuncias de agentes) hacen prueba de los hechos constatados salvo prueba en contrario.
Plazo máximo para resolver: el fijado por la norma (máximo seis meses salvo ley o Derecho de la UE) y, si no hay, tres meses (art. 21). Silencio positivo como regla en los procedimientos a solicitud; negativo en petición, dominio público y servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial e impugnación de actos y disposiciones.
Procedimientos de oficio: el silencio produce caducidad si pueden derivarse efectos desfavorables, y desestimación si pueden derivarse derechos u otras situaciones favorables.
Procedimiento sancionador: la reducción por reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario es de, al menos, un 20 por 100 y son acumulables; exige desistir o renunciar a recursos (art. 85).
Revisión de oficio de actos nulos (art. 106): en cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente; seis meses para resolver.
Actos anulables favorables: declaración de lesividad (en cuatro años desde que se dictó el acto) y recurso contencioso en dos meses (art. 107). Revocación de actos de gravamen: mientras no haya prescrito (art. 109.1). Rectificación de errores materiales: en cualquier momento (art. 109.2).
Alzada (arts. 121-122): contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, un mes, resuelve el superior jerárquico, tres meses. Reposición (arts. 123-124): potestativa, contra actos que ponen fin a la vía administrativa, un mes, resuelve el mismo órgano, un mes. Extraordinario de revisión: actos firmes, causas tasadas.
Contra las disposiciones de carácter general no cabe recurso administrativo (art. 112.3). Contencioso: dos meses si el acto es expreso, seis si es presunto (art. 46 LJCA).
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Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué recurso administrativo procede, con carácter potestativo, contra un acto que pone fin a la vía administrativa?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 11 de Policía Local?
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en vigor desde el 2 de octubre de 2016, es la norma básica estatal que regula, con carácter general y de aplicación a todas las Administraciones Públicas, incluidas las Entidades Locales, la relación de estas con la ciudadanía y la tramitación de sus decisiones. Este tema recorre la posición jurídica de las personas interesadas, los derechos de la ciudadanía, el concepto, requisitos, eficacia e invalidez del acto administrativo, las fases del procedimiento administrativo común (iniciación, ordenación e instrucción, terminación y ejecución) y los mecanismos de revisión de los actos en vía administrativa (revisión de oficio y recursos), materias de aplicación directa a cualquier expediente sancionador que la Policía Local inicie mediante denuncia.
¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?
Ley 39/2015 (LPAC): procedimiento administrativo común; en vigor desde el 2 de octubre de 2016; se aplica a todas las Administraciones, incluidas las Entidades Locales. La Ley 40/2015 regula el régimen jurídico del sector público (organización, potestad sancionadora, responsabilidad patrimonial). Art. 4 LPAC: es interesado quien promueve el procedimiento, quien puede ver afectados sus derechos y quien se persona por intereses legítimos antes de la resolución. La mera denuncia no otorga la condición de interesado (art. 62.3), pero el denunciado sí es interesado en el procedimiento sancionador. La representación se presume para los actos de mero trámite; debe acreditarse para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimiento y renuncia (art. 5). Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales con colegiación obligatoria, sus representantes, y empleados públicos por razón de su condición. Plazos por días: hábiles (excluidos sábados, domingos y festivos); por meses: de fecha a fecha, a partir del día siguiente a la notificación o publicación (art. 30). Los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan (art. 39.1); son inmediatamente ejecutivos (arts. 38 y 98), salvo la sanción recurrible en vía administrativa. Notificación: dentro de los diez días desde que se dicta el acto, con texto íntegro, indicación de si pone fin a la vía administrativa, recursos, órgano y plazo (art. 40). La notificación electrónica se entiende rechazada a los diez días naturales (art. 43). Motivación obligatoria (art. 35): actos limitativos de derechos, resolutorios de recursos y revisión de oficio, los que se aparten de precedentes, de suspensión, y los discrecionales. Nulidad de pleno derecho (art. 47): lesión de derechos fundamentales, incompetencia manifiesta por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento, actos contrarios al ordenamiento por los que se adquieren derechos sin requisitos esenciales. Anulabilidad (art. 48): cualquier infracción del ordenamiento no subsumible en nulidad, incluida la desviación de poder; el defecto de forma solo anula si genera indefensión; el plazo solo anula si lo impone la naturaleza del término. El procedimiento común tiene fases de iniciación (de oficio o a solicitud), ordenación e instrucción, terminación y ejecución. Iniciación de oficio: acuerdo, orden superior, petición razonada o denuncia. Subsanación de solicitudes: diez días (art. 68). Audiencia: no inferior a diez ni superior a quince días (art. 82). Información pública: no inferior a veinte días (art. 83). Período de prueba: de diez a treinta días (art. 77). Art. 77.5 LPAC: los documentos de funcionarios con condición de autoridad (denuncias de agentes) hacen prueba de los hechos constatados salvo prueba en contrario. Plazo máximo para resolver: el fijado por la norma (máximo seis meses salvo ley o Derecho de la UE) y, si no hay, tres meses (art. 21). Silencio positivo como regla en los procedimientos a solicitud; negativo en petición, dominio público y servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial e impugnación de actos y disposiciones. Procedimientos de oficio: el silencio produce caducidad si pueden derivarse efectos desfavorables, y desestimación si pueden derivarse derechos u otras situaciones favorables. Procedimiento sancionador: la reducción por reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario es de, al menos, un 20 por 100 y son acumulables; exige desistir o renunciar a recursos (art. 85). Revisión de oficio de actos nulos (art. 106): en cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente; seis meses para resolver. Actos anulables favorables: declaración de lesividad (en cuatro años desde que se dictó el acto) y recurso contencioso en dos meses (art. 107). Revocación de actos de gravamen: mientras no haya prescrito (art. 109.1). Rectificación de errores materiales: en cualquier momento (art. 109.2). Alzada (arts. 121-122): contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, un mes, resuelve el superior jerárquico, tres meses. Reposición (arts. 123-124): potestativa, contra actos que ponen fin a la vía administrativa, un mes, resuelve el mismo órgano, un mes. Extraordinario de revisión: actos firmes, causas tasadas. Contra las disposiciones de carácter general no cabe recurso administrativo (art. 112.3). Contencioso: dos meses si el acto es expreso, seis si es presunto (art. 46 LJCA).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 1 a 5, 13, 14, 21 a 25, 28, 30 a 33, 34 a 52, 53, 54 a 69, 75 a 85, 89 a 90, 95 a 96, 98 a 103, 106 a 126
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 52.2
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 46
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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