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Tema 34. Estatuto de la víctima del delito. Ámbito. Concepto general de víctima. Derechos básicos. Protección de las víctimas. Medidas de protección a la víctima.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, transpuso al ordenamiento español la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y estableció, por primera vez de forma unificada, un catálogo general de derechos de toda víctima de un delito, con independencia de su tipología, aplicable desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios públicos, entre ellos los agentes de la Policía Local. Este tema recorre su ámbito de aplicación, el concepto de víctima, los derechos básicos, la protección de las víctimas y las medidas de protección, con especial atención a la evaluación individualizada de las necesidades de protección.

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Naturaleza, finalidad y estructura de la Ley 4/2015

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE de 28 de abril de 2015; entró en vigor a los seis meses de su publicación, el 28 de octubre de 2015) reconoce, con independencia de cuál sea su situación procesal, a las víctimas de toda clase de delitos un catálogo amplio de derechos, tanto procesales como extraprocesales, ofreciendo una respuesta jurídica, social y asistencial en todos los órdenes jurisdiccionales, con la finalidad de que reciban la protección, información, apoyo, asistencia y atención adecuados a sus necesidades. Es un Estatuto general, transversal a cualquier tipo penal, que no sustituye las normas específicas de determinados colectivos (violencia de género, terrorismo, menores), sino que establece un marco mínimo común. Se completa con el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, que la desarrolla y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes. Estructura general: Título Preliminar (ámbito y concepto de víctima); Título I, derechos básicos; Título II, participación de la víctima en el proceso penal; Título III, protección de las víctimas; Título IV, asistencia a las víctimas (Oficinas de Asistencia); y disposiciones sobre sensibilización y formación de los profesionales.

Ámbito de aplicación (art. 1)

El artículo 1 dispone que las disposiciones de la ley son aplicables a todas las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad, o de si gozan o no de residencia legal, así como, en su caso, a los familiares de las víctimas fallecidas. Los derechos se reconocen con independencia del estatus procesal de la víctima (no es preciso haberse personado como parte) y de que se conozca o no la identidad del infractor o el resultado del proceso. Es un estatuto de vocación universal: no se limita a delitos graves o a colectivos concretos.

Concepto de víctima (art. 2)

El artículo 2 distingue dos categorías. a) Víctima directa: toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. b) Víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona causada directamente por un delito, salvo que se trate de los responsables de los hechos: 1.º el cónyuge no separado legalmente o de hecho y los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición convivieran con ellos; la persona que hasta ese momento hubiera estado unida a la víctima por una análoga relación de afectividad y los hijos de esta que convivieran con ella; los progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, y las personas sujetas a su tutela o curatela o bajo su acogimiento familiar; 2.º en defecto de los anteriores, los demás parientes en línea recta y los hermanos, con preferencia, entre ellos, de quien ostentara la representación legal de la víctima. La ley no es de aplicación a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito. El concepto de víctima es independiente de que el autor haya sido identificado, aprehendido, enjuiciado o condenado, y de la relación familiar que exista entre ambos. No debe confundirse con el de perjudicado ni con el de parte acusadora personada.

Derechos básicos (art. 3 y siguientes)

El artículo 3 recoge el elenco de derechos: toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. Derechos básicos de carácter extraprocesal: a) Derecho a entender y ser entendida (art. 4): las comunicaciones deben ser claras, sencillas y accesibles, adaptadas a la edad, el grado de madurez, la discapacidad y las circunstancias de la víctima, que podrá estar acompañada por una persona de su elección desde el primer contacto. b) Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes (art. 5), sin retrasos innecesarios y antes incluso de interponer denuncia: sobre las medidas de asistencia y apoyo disponibles (médicas, psicológicas o materiales) y el procedimiento para obtenerlas, el derecho a denunciar y cómo hacerlo, el procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y las condiciones de gratuidad, las medidas de protección, la forma y condiciones de acceso a interpretación y traducción, los servicios de justicia restaurativa, el procedimiento para obtener indemnizaciones o ayudas y la posibilidad de contactar con la autoridad que lleve la causa. c) Derechos de la víctima como denunciante y a recibir información sobre la causa penal (fecha, hora y lugar del juicio, resoluciones de archivo o sobreseimiento, sentencia y, en delitos graves, ciertas decisiones de ejecución). d) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas cuando no se comprenda o hable la lengua. e) Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo, gratuitos y confidenciales, con independencia de que se haya presentado denuncia.

Participación de la víctima en el proceso penal

El Título II regula la participación activa de la víctima en el proceso (art. 11): ejercicio de la acción penal y civil conforme a la LECrim, comparecencia y aportación de pruebas, solicitud de medidas de protección, derecho a ser oída, a la justicia gratuita en los términos de la Ley 1/1996 y a la restitución de bienes y reembolso de gastos. Se reconoce el derecho a recurrir determinadas resoluciones, entre ellas el sobreseimiento, aunque la víctima no se hubiera personado como parte, y a la revisión de las resoluciones de archivo; y, en delitos graves, la participación en la fase de ejecución. Los servicios de justicia restaurativa (art. 15) pueden utilizarse, en los términos reglamentarios, cuando: el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad; la víctima haya prestado su consentimiento, tras información exhaustiva e imparcial; el infractor haya prestado su consentimiento; el procedimiento no entrañe riesgo para la seguridad de la víctima ni peligro de nuevos perjuicios materiales o morales; y no esté prohibida por la ley para el delito cometido.

Derecho a la protección (Título III): principios

El artículo 19 impone a las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con la LECrim, para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psicológica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente al prestar declaración o testimonio, y para evitar el riesgo de victimización secundaria o reiterada. A continuación se prevén: evitar el contacto entre víctima e infractor en las dependencias donde se desarrollen las actuaciones (art. 20); derechos durante la investigación (art. 21): declarar sin dilaciones injustificadas, reducir al mínimo las declaraciones y reconocimientos médicos, y estar acompañada por su representante procesal y por una persona de su elección salvo resolución motivada en contrario; protección de la intimidad (art. 22), con deber de no difundir datos que permitan identificar a víctimas menores o con discapacidad y evitar preguntas sobre la vida privada que no tengan relevancia para el hecho.

La evaluación individual de las víctimas (art. 23)

El artículo 23 ordena realizar una evaluación individual de las víctimas para determinar sus necesidades especiales de protección y si precisan medidas especiales durante el proceso penal. Debe tener en cuenta: a) las características personales de la víctima, especialmente si tiene discapacidad, si existe relación de dependencia con el supuesto autor, si es menor de edad o si concurren factores de especial vulnerabilidad; b) la naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios, así como el riesgo de reiteración, valorando especialmente las necesidades de protección de las víctimas de terrorismo, criminalidad organizada, trata de seres humanos, violencia de género, violencia sexual, violencia en el ámbito familiar y delitos de odio; y c) las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos. Se tendrán en cuenta la opinión y los intereses de la víctima, y la evaluación se actualiza en función de los cambios. Durante la fase de investigación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad efectúan en la práctica una primera evaluación de las circunstancias de la víctima, conforme a los protocolos e instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin perjuicio de la evaluación que corresponda al Juez de Instrucción, al Fiscal o a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas; los menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección se presumen en situación de necesidad especial.

Medidas de protección (art. 25) y víctimas menores o con discapacidad (art. 26)

Durante la fase de investigación, según el artículo 25.1, pueden adoptarse las siguientes medidas: a) recibir declaración en dependencias concebidas o adaptadas a tal fin; b) que la declaración sea recibida por profesionales con formación especial para reducir o limitar los perjuicios a la víctima, o con su ayuda; c) que todas las tomas de declaración a una misma víctima las realice la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarla directamente un Juez o Fiscal; d) que, cuando se trate de una víctima de violencia sexual, de género o doméstica, la declaración sea tomada por una persona del mismo sexo si la víctima lo solicita, con las mismas salvedades. En la fase de enjuiciamiento (art. 25.2): evitar el contacto visual entre víctima y supuesto autor, incluso durante la práctica de la prueba, utilizando tecnologías de la comunicación; garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas; celebrar la vista oral sin presencia de público; y no admitir preguntas sobre la vida privada que carezcan de relevancia para el hecho. El artículo 26 refuerza la protección de los menores y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección: grabación audiovisual de las declaraciones, asistencia de expertos, intervención de defensor judicial cuando haya conflicto de intereses con sus representantes y, en los delitos del art. 449 bis LECrim, declaración mediante prueba preconstituida.

Oficinas de Asistencia a las Víctimas y otros servicios

La ley (Título IV) y el Real Decreto 1109/2015 regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, dependientes de las Administraciones competentes en materia de justicia, que prestan servicios gratuitos y confidenciales: información sobre derechos, asesoramiento y apoyo emocional, asistencia psicológica y social, evaluación de necesidades, coordinación con los servicios sociales, sanitarios y asistenciales, acompañamiento durante el proceso y, en su caso, derivación a la justicia restaurativa. Existen además servicios específicos en materia de violencia de género y de terrorismo (Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo), y el sistema de ayudas e indemnizaciones públicas de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, que reconoce ayudas a las víctimas de delitos dolosos violentos con resultado de muerte o lesiones graves, y de delitos contra la libertad sexual, con independencia de la nacionalidad en los términos legales. Los profesionales que entran en contacto con víctimas, incluidos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deben recibir formación específica.

Posición del agente de Policía Local

La Policía Local suele ser el primer contacto de la víctima con el sistema penal. Obligaciones prácticas derivadas de la Ley 4/2015: 1) Trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el primer contacto, sin culpabilizar ni cuestionar a la víctima. 2) Informar sin retrasos, en términos comprensibles y adaptados a su situación (si no comprende el idioma, recurrir a intérprete, medios telefónicos o documentos informativos traducidos), de los derechos, recursos de asistencia (Oficina de Asistencia a las Víctimas, servicios sociales, 016 en violencia de género), medidas de protección y la posibilidad de denunciar, incluso antes de que haya denuncia. 3) Al recibir una denuncia, facilitar a la víctima una copia o justificante de la denuncia presentada, tomada en lengua que comprenda. 4) Realizar o aportar la valoración inicial de sus necesidades de protección. 5) Adoptar medidas urgentes de protección (separar a víctima e infractor, evitar contactos, proteger a menores) y comunicar a la autoridad judicial o fiscal, y a las unidades especializadas. 6) Recoger la declaración evitando reiteraciones innecesarias, en lugares adecuados y con la persona de su elección acompañándola si lo solicita. 7) Proteger la intimidad y los datos, evitar la identificación pública de víctimas especialmente vulnerables (menores, delitos sexuales). 8) Prevenir la victimización secundaria, que es el sufrimiento adicional derivado de la relación con el sistema (reiteración de declaraciones, trato inadecuado, dilaciones), mediante coordinación con otras instituciones.

Normas relacionadas

La Ley 4/2015 debe leerse junto a: la Directiva 2012/29/UE; el art. 109 y concordantes de la LECrim (instrucción de derechos a ofendidos y perjudicados); la LO 1/2004 (violencia de género) y la LO 10/2022 (garantía integral de la libertad sexual), que prevén recursos específicos; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que refuerza la protección de los menores víctimas; la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que reconoce la gratuidad de la defensa a determinadas víctimas con independencia de sus recursos; y la Ley Orgánica 7/2021 sobre tratamiento de datos personales en el ámbito penal y policial. La protección en el ámbito andaluz se completa con la normativa autonómica de atención a las víctimas, incluido el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito: transpone la Directiva 2012/29/UE; entró en vigor el 28 de octubre de 2015.
  • Ámbito (art. 1): víctimas de delitos cometidos en España o perseguibles en España, con independencia de su nacionalidad, edad o residencia legal; incluye a familiares de fallecidos.
  • Art. 2: víctima directa (daño sobre su persona o patrimonio) y víctima indirecta (familiares en casos de muerte o desaparición causada por delito, con orden de preferencia).
  • Los derechos se reconocen aunque no se conozca al infractor y aunque la víctima no se haya personado como parte.
  • Art. 3: derecho a protección, información, apoyo, asistencia y atención, participación activa y trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el primer contacto.
  • Art. 4: derecho a entender y ser entendida; art. 5: derecho de información desde el primer contacto, incluso antes de denunciar.
  • Art. 15: justicia restaurativa solo si el infractor reconoce los hechos esenciales, ambos consienten, no hay riesgo para la víctima y la ley no la prohíbe para ese delito.
  • Art. 19: derecho a la protección; art. 20: evitar contacto víctima-infractor; art. 21: derechos durante la investigación; art. 22: intimidad.
  • Art. 23: evaluación individual de las necesidades especiales de protección (características personales, naturaleza del delito, circunstancias y riesgo de reiteración).
  • Art. 25.1: medidas en investigación (dependencias adaptadas, profesionales formados, misma persona, persona del mismo sexo en violencia sexual, de género o doméstica si lo solicita).
  • Art. 25.2: medidas en el enjuiciamiento (evitar contacto visual, declarar sin estar presente en sala, vista sin público, no preguntas irrelevantes sobre vida privada).
  • Art. 26: protección reforzada de menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
  • Oficinas de Asistencia a las Víctimas: servicio gratuito y confidencial; regulado por el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre.
  • Ley 35/1995: ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
  • Trampa de examen: la toma de declaración por persona del mismo sexo se garantiza, si la víctima lo solicita, solo en violencia sexual, de género o doméstica.
  • Trampa de examen: la Ley 4/2015 no se aplica a los terceros que sufran perjuicios derivados del delito; sí a víctimas directas e indirectas.
  • Victimización secundaria: sufrimiento adicional derivado del contacto con el sistema de justicia; su prevención es objetivo esencial del Estatuto.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Conforme al artículo 3 de la Ley 4/2015, los derechos de la víctima se reconocen:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 34 de Policía Local?

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, transpuso al ordenamiento español la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y estableció, por primera vez de forma unificada, un catálogo general de derechos de toda víctima de un delito, con independencia de su tipología, aplicable desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios públicos, entre ellos los agentes de la Policía Local. Este tema recorre su ámbito de aplicación, el concepto de víctima, los derechos básicos, la protección de las víctimas y las medidas de protección, con especial atención a la evaluación individualizada de las necesidades de protección.

¿Qué hay que memorizar del Tema 34 para el examen?

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito: transpone la Directiva 2012/29/UE; entró en vigor el 28 de octubre de 2015. Ámbito (art. 1): víctimas de delitos cometidos en España o perseguibles en España, con independencia de su nacionalidad, edad o residencia legal; incluye a familiares de fallecidos. Art. 2: víctima directa (daño sobre su persona o patrimonio) y víctima indirecta (familiares en casos de muerte o desaparición causada por delito, con orden de preferencia). Los derechos se reconocen aunque no se conozca al infractor y aunque la víctima no se haya personado como parte. Art. 3: derecho a protección, información, apoyo, asistencia y atención, participación activa y trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el primer contacto. Art. 4: derecho a entender y ser entendida; art. 5: derecho de información desde el primer contacto, incluso antes de denunciar. Art. 15: justicia restaurativa solo si el infractor reconoce los hechos esenciales, ambos consienten, no hay riesgo para la víctima y la ley no la prohíbe para ese delito. Art. 19: derecho a la protección; art. 20: evitar contacto víctima-infractor; art. 21: derechos durante la investigación; art. 22: intimidad. Art. 23: evaluación individual de las necesidades especiales de protección (características personales, naturaleza del delito, circunstancias y riesgo de reiteración). Art. 25.1: medidas en investigación (dependencias adaptadas, profesionales formados, misma persona, persona del mismo sexo en violencia sexual, de género o doméstica si lo solicita). Art. 25.2: medidas en el enjuiciamiento (evitar contacto visual, declarar sin estar presente en sala, vista sin público, no preguntas irrelevantes sobre vida privada). Art. 26: protección reforzada de menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Oficinas de Asistencia a las Víctimas: servicio gratuito y confidencial; regulado por el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre. Ley 35/1995: ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Trampa de examen: la toma de declaración por persona del mismo sexo se garantiza, si la víctima lo solicita, solo en violencia sexual, de género o doméstica. Trampa de examen: la Ley 4/2015 no se aplica a los terceros que sufran perjuicios derivados del delito; sí a víctimas directas e indirectas. Victimización secundaria: sufrimiento adicional derivado del contacto con el sistema de justicia; su prevención es objetivo esencial del Estatuto.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
  • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015 y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes
  • Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos
  • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
  • Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
  • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo
  • Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

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