Tema 42. Las infracciones de tráfico y seguridad vial. Clasificación de las infracciones. Aplicación Codipol. Las sanciones de tráfico. Procedimiento sancionador en materia de tráfico. Las personas responsables de las infracciones. Competencia sancionadora. Medidas provisionales y otras medidas. Ejecución de las sanciones.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
El régimen sancionador en materia de tráfico y seguridad vial se contiene en el Título V del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (TRLTSV), aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre (que sustituyó al texto refundido de 1990, de ahí que muchas fuentes antiguas citen la numeración del antiguo RDLeg 339/1990). Regula la clasificación de las infracciones (leves, graves y muy graves), las sanciones aplicables (multa, pérdida de puntos y suspensión de las autorizaciones), las personas responsables, la competencia sancionadora, el procedimiento sancionador (con sus especialidades de procedimiento abreviado y de pago voluntario con reducción), las medidas provisionales (inmovilización y retirada del vehículo) y la ejecución de las sanciones. La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 se aplican supletoriamente. Es la materia de tramitación administrativa más frecuente para la Policía Local, dado el volumen de denuncias de tráfico que genera su actividad diaria. El tema incluye la referencia a la aplicación informática Codipol, herramienta de apoyo a la formulación y gestión de denuncias cuyo manejo concreto debe estudiarse con su manual y con la convocatoria.
Principios del régimen sancionador y normativa aplicable
La potestad sancionadora en materia de tráfico se rige por los principios generales de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público): legalidad y tipicidad (solo son infracciones las conductas tipificadas en una norma con rango de ley), irretroactividad de las disposiciones desfavorables, culpabilidad (no hay sanción sin dolo o culpa), proporcionalidad, prescripción y non bis in idem (no se puede sancionar dos veces el mismo hecho cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento). Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito (alcoholemia por encima de los umbrales penales, conducción temeraria, conducción sin permiso en los términos del artículo 384 CP, etc.), la Administración pasa el tanto de culpa a la autoridad judicial y suspende el procedimiento sancionador hasta que recaiga resolución penal; si hay condena penal por los mismos hechos, no se sanciona administrativamente. El procedimiento sancionador de tráfico se regula en el propio TRLTSV, y, en lo no previsto, se aplica de forma supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015.
Clasificación de las infracciones (arts. 75 a 77 TRLTSV)
Las infracciones a las normas de tráfico se clasifican en leves, graves y muy graves. Son infracciones leves las que no se califican expresamente como graves o muy graves (art. 75): es una categoría residual, de modo que cualquier incumplimiento de las normas de tráfico que no esté tipificado como grave o muy grave es leve. Son infracciones graves las enumeradas en el artículo 76, entre otras: no respetar la prioridad de paso, adelantar de forma antirreglamentaria, circular en sentido contrario al establecido, no respetar la señal de semáforo en rojo, conducir utilizando manualmente el teléfono móvil u otros dispositivos incompatibles con la atención permanente a la conducción, no utilizar el cinturón de seguridad, el casco o los sistemas de retención infantil, estacionar en lugares que constituyan un peligro u obstaculicen gravemente la circulación, circular sin la inspección técnica periódica en vigor, y los excesos de velocidad que fije el anexo IV. Son infracciones muy graves las enumeradas en el artículo 77, entre otras: conducir con tasas de alcohol superiores a las reglamentarias o con presencia de drogas en el organismo, negarse a someterse a las pruebas de detección, conducir de forma temeraria, los excesos de velocidad más elevados fijados en el anexo IV, circular con el permiso suspendido o sin permiso en los supuestos no delictivos, participar en carreras no autorizadas, instalar o llevar en el vehículo inhibidores o sistemas que detecten o interfieran en el funcionamiento de cinemómetros, y el incumplimiento de la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción. La calificación determina la cuantía de la multa, la posible pérdida de puntos, los plazos de prescripción y el órgano competente.
Las sanciones de tráfico: la multa
El artículo 80 del TRLTSV fija las cuantías de las multas: las infracciones leves se sancionan con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros; y las muy graves, con multa de 500 euros, sin perjuicio de los importes superiores que la propia ley fija para determinadas infracciones (por ejemplo, la conducción con tasas elevadas de alcohol o con presencia de drogas, la negativa a las pruebas, los excesos de velocidad más elevados según el cuadro del anexo IV, o la instalación de inhibidores). La multa es la sanción principal, y se gradúa atendiendo a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor, la reincidencia y el peligro potencial creado. Las sanciones de multa por infracciones cometidas en vías urbanas constituyen ingresos del Ayuntamiento titular de la vía. El importe de la multa puede reducirse un 50% cuando el infractor opta por el pago voluntario en el plazo legal, en los términos que se verán más adelante. Un error frecuente de examen es afirmar que todas las infracciones graves se sancionan con 200 euros: es la cuantía general, con las excepciones tasadas que fije la ley.
Sanciones accesorias: pérdida de puntos y suspensión de las autorizaciones
Además de la multa, determinadas infracciones graves y muy graves llevan aparejada la pérdida de puntos del permiso o licencia de conducción, en el número que fija el anexo II del TRLTSV para cada conducta (con carácter general, entre 2 y 6 puntos). La pérdida de puntos no es una sanción formal impuesta por resolución distinta, sino un efecto que se anota en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT una vez firme la sanción en vía administrativa. Por su parte, la suspensión del permiso o licencia de conducción es una sanción distinta, de mayor entidad, que puede imponerse en los supuestos que fija la ley (infracciones muy graves de especial gravedad o reiteración, por ejemplo determinados excesos de velocidad extremos, la conducción temeraria o la participación en carreras), y que corresponde imponer a los órganos de la Administración General del Estado con competencia en la materia (Jefaturas Provinciales de Tráfico). Conducir durante el periodo de suspensión es infracción muy grave y, en determinados casos, delito. Debe distinguirse entre pérdida de puntos (se resta saldo), suspensión (se priva temporalmente de la autorización) y pérdida de vigencia por pérdida total del saldo.
Personas responsables de las infracciones
La responsabilidad por las infracciones de tráfico recae, con carácter general, en el autor del hecho, esto es, el conductor del vehículo en el momento de cometerse la infracción. No obstante, el titular del vehículo (o el arrendatario a largo plazo) tiene obligaciones propias: debe identificar verazmente al conductor responsable de la infracción cuando sea requerido para ello, en el plazo de veinte días naturales desde la notificación del requerimiento (art. 11 TRLTSV), y su incumplimiento sin causa justificada es una infracción muy grave autónoma. Cuando la infracción se detecta sin identificar al conductor (cinemómetros y sistemas automáticos, o vehículos estacionados sin conductor), el procedimiento se dirige al titular, que puede identificar al conductor o asumir la responsabilidad. El titular responde directamente de las infracciones relativas a las condiciones técnicas del vehículo y a su documentación (inspección técnica, seguro obligatorio, matriculación), así como de las relativas al estacionamiento en determinados supuestos. Cuando el infractor es menor de edad, responden solidariamente los padres, tutores o guardadores legales, salvo que acrediten que han actuado con la diligencia debida. Las personas jurídicas deben identificar a la persona física que conducía; los datos del conductor deben comunicarse con los medios de identificación que prevé la norma. Los peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía son igualmente sujetos responsables de las infracciones que cometan.
Competencia sancionadora
La competencia para sancionar las infracciones de tráfico corresponde a la Administración titular de la vía en que se cometió la infracción. En las vías urbanas, la competencia sancionadora corresponde a los Alcaldes de los municipios, que pueden delegarla en otros órganos municipales (concejales, órganos o unidades administrativas específicas); en las vías interurbanas, corresponde a las Jefaturas Provinciales de Tráfico (y, en su caso, a la Dirección General de Tráfico o a las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en la materia, como Cataluña y el País Vasco). Las sanciones de suspensión del permiso o licencia de conducción corresponden a los órganos de la Administración General del Estado. La competencia municipal se enmarca en el artículo 7 del TRLTSV, que atribuye a los municipios, entre otras, la denuncia de las infracciones cometidas en vías urbanas, la ordenación y control del tráfico, la regulación del estacionamiento, la retirada de vehículos y su inmovilización. Los agentes de la Policía Local denuncian las infracciones cometidas en vías urbanas y, cuando actúan en vías interurbanas en colaboración o por circunstancias excepcionales, las denuncias se remiten a la autoridad competente.
Procedimiento sancionador: iniciación y denuncia
El procedimiento sancionador se inicia de oficio, normalmente mediante la denuncia formulada por un agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico, o mediante denuncia de particulares, o mediante captación automatizada de imágenes (cinemómetros, cámaras de semáforos) que permitan identificar el vehículo. La denuncia debe contener, como mínimo, la identificación del vehículo, la identificación del denunciante (número de identificación profesional del agente), una descripción sucinta del hecho con indicación de la fecha, hora y lugar, el precepto infringido, la sanción propuesta (cuantía y puntos) y, en su caso, la identidad del denunciado. La denuncia debe notificarse en el acto al conductor, salvo que concurran las causas tasadas que lo impiden (por ejemplo, que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación, que se trate de denuncias automáticas, o que el vehículo esté estacionado sin conductor presente), en cuyo caso se notifica posteriormente al titular y debe constar el motivo de la no notificación inmediata. Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad tienen valor probatorio de los hechos denunciados, salvo prueba en contrario (art. 88 TRLTSV), lo que no exime al agente de reflejar con precisión los hechos y las circunstancias; las denuncias de particulares carecen de esa presunción reforzada y requieren verificación. La notificación se efectúa por los medios previstos en la ley, incluida la Dirección Electrónica Vial (DEV), obligatoria para las personas jurídicas y voluntaria para las personas físicas, y, cuando no es posible la notificación personal, mediante edicto en el tablón edictal correspondiente.
Procedimiento sancionador: alegaciones, pago voluntario y resolución
Notificada la denuncia, el denunciado dispone de veinte días naturales para optar entre: a) abonar la multa con la reducción del 50% de su importe, lo que implica la renuncia a formular alegaciones, la terminación del procedimiento sin necesidad de resolución expresa y la firmeza de la sanción en vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa (en los casos en que la ley admite esta reducción); b) formular alegaciones y proponer prueba, en cuyo caso el procedimiento continúa, con propuesta de resolución y resolución sancionadora expresa por el órgano competente; o c) no hacer nada, en cuyo caso, transcurrido el plazo sin alegaciones ni pago, la denuncia notificada surte el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador (procedimiento abreviado), pudiendo ejecutarse la sanción. El pago con reducción implica la pérdida de puntos que corresponda cuando la sanción la lleve aparejada. La resolución sancionadora debe notificarse y es motivada. El procedimiento caduca si transcurre un año desde su iniciación sin que se haya notificado la resolución. Las infracciones prescriben a los tres meses las leves y a los seis meses las graves y muy graves, contados desde su comisión, y las sanciones prescriben al año desde que la resolución sea firme. Estos plazos suelen ser objeto de preguntas de examen, por lo que conviene retenerlos.
Recursos
Contra la resolución sancionadora en materia de tráfico cabe, con carácter general, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución (un mes) o recurso contencioso-administrativo directo ante el juzgado competente (dos meses); en las resoluciones dictadas por órganos de la Administración del Estado cabe recurso de alzada ante el superior jerárquico, en los términos de la Ley 39/2015. El pago voluntario con reducción pone fin a la vía administrativa y solo deja abierta la vía contencioso-administrativa. La interposición del recurso no suspende por sí misma la ejecutividad de la sanción de multa si se ha pagado; en las demás, la suspensión puede solicitarse en los términos generales.
Medidas provisionales y otras medidas (arts. 104 y 105 TRLTSV)
Con independencia de la sanción, los agentes pueden adoptar medidas provisionales. La inmovilización del vehículo (art. 104) se acuerda, entre otros supuestos, cuando el conductor carece de la autorización administrativa para conducir o no puede acreditarla, cuando hay indicios de conducción bajo los efectos del alcohol o de drogas, o en caso de negativa a las pruebas, cuando el vehículo presenta deficiencias que suponen riesgo grave para la circulación, carece del seguro obligatorio o de la inspección técnica requerida, o en otros supuestos previstos por la ley. La inmovilización se mantiene hasta que se subsane la causa o se acredite lo que falte, y se levanta cuando otra persona habilitada pueda hacerse cargo del vehículo. La retirada del vehículo de la vía y su depósito (art. 105) procede, entre otros casos, cuando el vehículo constituye peligro o perturba gravemente la circulación o el funcionamiento de un servicio público, deteriora el patrimonio público, o ha sido objeto de inmovilización y no puede continuarse. Los gastos de inmovilización, retirada y depósito corren a cargo del titular, del arrendatario a largo plazo o del conductor habitual, y su pago es condición para la entrega del vehículo, sin perjuicio de los recursos. La inmovilización y la retirada son medidas cautelares o provisionales, no sanciones, y no sustituyen a la multa. El agente debe motivar la medida y reflejarla en la denuncia o atestado. Para los vehículos abandonados en la vía pública se aplica además la normativa de residuos.
Ejecución de las sanciones
Una vez firme la sanción en vía administrativa (por pago voluntario, por transcurso del plazo sin recurso o por desestimación del recurso), es ejecutiva. Si la multa no se abona voluntariamente en el periodo que establezca la ley, se exige por la vía de apremio, conforme a la normativa de recaudación de los ingresos de derecho público (Reglamento General de Recaudación y ordenanzas fiscales de la entidad local), con recargos de apremio e intereses de demora; el vehículo del deudor puede ser embargado. Las Administraciones deben comunicar las sanciones firmes que lleven aparejada pérdida de puntos o suspensión al Registro de Conductores e Infractores de la DGT, que practica la detracción y la notifica al titular. Las sanciones de suspensión se cumplen con independencia de la situación del pago de la multa y, durante la suspensión, el conductor debe abstenerse de conducir. Las anotaciones de sanciones en el registro pueden cancelarse por el transcurso del tiempo legalmente establecido sin cometer nuevas infracciones.
Aplicación Codipol
El temario oficial incluye el estudio de la aplicación Codipol como herramienta informática de apoyo a la gestión de denuncias de tráfico. Con carácter general, este tipo de aplicaciones permite grabar los datos de la denuncia (vehículo, conductor o titular, hecho, precepto, lugar, hora, cuantía y puntos), emitir el boletín de denuncia con los datos exigidos por el TRLTSV, tramitar el expediente y consultar bases de datos para identificar al vehículo y al titular, lo que reduce errores formales que podrían viciar la denuncia y agiliza la tramitación. Dado que el funcionamiento exacto y las pantallas de Codipol dependen de la versión y de la entidad que la utilice, el opositor debe complementar este tema con la documentación específica de la convocatoria; lo relevante para el examen suele ser la finalidad de la herramienta y los requisitos formales de una denuncia correcta.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El régimen sancionador está en el Título V del TRLTSV (RDLeg 6/2015, de 30 de octubre); la numeración del antiguo RDLeg 339/1990 ya no es válida.
Clasificación: leves (residual, art. 75), graves (art. 76) y muy graves (art. 77).
Multas (art. 80): leves hasta 100 euros; graves 200 euros; muy graves 500 euros, con importes superiores en infracciones específicas (alcohol, drogas, excesos de velocidad elevados, inhibidores).
Puntos: se anotan en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT cuando la sanción es firme en vía administrativa (con carácter general, entre 2 y 6 puntos por infracción).
Pérdida de puntos, suspensión del permiso y pérdida de vigencia son figuras distintas; la suspensión la imponen los órganos de la Administración General del Estado.
Responsable: el conductor. El titular debe identificar al conductor en 20 días naturales desde el requerimiento; no hacerlo sin causa justificada es infracción muy grave autónoma (art. 11 TRLTSV).
El titular responde de las infracciones sobre documentación y condiciones técnicas del vehículo; los padres o tutores responden solidariamente por los menores.
Competencia: Alcalde (o delegado) en vías urbanas; Jefatura Provincial de Tráfico en vías interurbanas; Comunidades Autónomas con competencias asumidas.
La denuncia del agente tiene valor probatorio de los hechos salvo prueba en contrario; la de un particular no tiene esa presunción reforzada.
Plazo de 20 días naturales desde la notificación de la denuncia para alegar o pagar con reducción del 50% (pago = renuncia a alegaciones, fin del procedimiento y firmeza en vía administrativa).
Sin alegaciones ni pago, la denuncia notificada surte efecto de acto resolutorio (procedimiento abreviado).
Prescripción de infracciones: 3 meses las leves y 6 meses las graves y muy graves; prescripción de sanciones: 1 año; caducidad del procedimiento: 1 año desde su iniciación.
Dirección Electrónica Vial (DEV): obligatoria para personas jurídicas, voluntaria para personas físicas.
Inmovilización (art. 104) y retirada del vehículo (art. 105) son medidas cautelares, no sanciones; los gastos corren a cargo del titular, arrendatario o conductor habitual.
Si los hechos pueden ser delito, se suspende el procedimiento administrativo y se pasa el tanto de culpa a la autoridad judicial (non bis in idem).
Ejecución: sanciones firmes exigibles por vía de apremio; las suspensiones se cumplen con independencia del pago.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué plazo tiene el titular de un vehículo para identificar al conductor infractor cuando no se identificó en el momento de los hechos?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 42 de Policía Local?
El régimen sancionador en materia de tráfico y seguridad vial se contiene en el Título V del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (TRLTSV), aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre (que sustituyó al texto refundido de 1990, de ahí que muchas fuentes antiguas citen la numeración del antiguo RDLeg 339/1990). Regula la clasificación de las infracciones (leves, graves y muy graves), las sanciones aplicables (multa, pérdida de puntos y suspensión de las autorizaciones), las personas responsables, la competencia sancionadora, el procedimiento sancionador (con sus especialidades de procedimiento abreviado y de pago voluntario con reducción), las medidas provisionales (inmovilización y retirada del vehículo) y la ejecución de las sanciones. La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 se aplican supletoriamente. Es la materia de tramitación administrativa más frecuente para la Policía Local, dado el volumen de denuncias de tráfico que genera su actividad diaria. El tema incluye la referencia a la aplicación informática Codipol, herramienta de apoyo a la formulación y gestión de denuncias cuyo manejo concreto debe estudiarse con su manual y con la convocatoria.
¿Qué hay que memorizar del Tema 42 para el examen?
El régimen sancionador está en el Título V del TRLTSV (RDLeg 6/2015, de 30 de octubre); la numeración del antiguo RDLeg 339/1990 ya no es válida. Clasificación: leves (residual, art. 75), graves (art. 76) y muy graves (art. 77). Multas (art. 80): leves hasta 100 euros; graves 200 euros; muy graves 500 euros, con importes superiores en infracciones específicas (alcohol, drogas, excesos de velocidad elevados, inhibidores). Puntos: se anotan en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT cuando la sanción es firme en vía administrativa (con carácter general, entre 2 y 6 puntos por infracción). Pérdida de puntos, suspensión del permiso y pérdida de vigencia son figuras distintas; la suspensión la imponen los órganos de la Administración General del Estado. Responsable: el conductor. El titular debe identificar al conductor en 20 días naturales desde el requerimiento; no hacerlo sin causa justificada es infracción muy grave autónoma (art. 11 TRLTSV). El titular responde de las infracciones sobre documentación y condiciones técnicas del vehículo; los padres o tutores responden solidariamente por los menores. Competencia: Alcalde (o delegado) en vías urbanas; Jefatura Provincial de Tráfico en vías interurbanas; Comunidades Autónomas con competencias asumidas. La denuncia del agente tiene valor probatorio de los hechos salvo prueba en contrario; la de un particular no tiene esa presunción reforzada. Plazo de 20 días naturales desde la notificación de la denuncia para alegar o pagar con reducción del 50% (pago = renuncia a alegaciones, fin del procedimiento y firmeza en vía administrativa). Sin alegaciones ni pago, la denuncia notificada surte efecto de acto resolutorio (procedimiento abreviado). Prescripción de infracciones: 3 meses las leves y 6 meses las graves y muy graves; prescripción de sanciones: 1 año; caducidad del procedimiento: 1 año desde su iniciación. Dirección Electrónica Vial (DEV): obligatoria para personas jurídicas, voluntaria para personas físicas. Inmovilización (art. 104) y retirada del vehículo (art. 105) son medidas cautelares, no sanciones; los gastos corren a cargo del titular, arrendatario o conductor habitual. Si los hechos pueden ser delito, se suspende el procedimiento administrativo y se pasa el tanto de culpa a la autoridad judicial (non bis in idem). Ejecución: sanciones firmes exigibles por vía de apremio; las suspensiones se cumplen con independencia del pago.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE-A-2015-11722), Título V y arts. 7, 11, 75-77, 80, 88, 104-105 y anexos II y IV
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (principios de la potestad sancionadora)
Documentación específica de la aplicación Codipol (manual de usuario de la convocatoria o cuerpo correspondiente)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Local.