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Tema 2. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión. Derecho de reunión. Derecho de asociación. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia al personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

La Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución (arts. 15-29) reconoce los derechos fundamentales y libertades públicas con máxima garantía: libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión, reunión, asociación y tutela judicial efectiva. El art. 25 CE fija el principio de legalidad penal y sancionadora y el sentido reeducador de penas y medidas de seguridad, el art. 26 prohíbe los Tribunales de Honor, y el art. 28 CE reconoce el derecho de sindicación y huelga con límites específicos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: sus miembros no pueden ejercer el derecho de huelga (LO 2/1986).

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Libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16 CE)

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley (16.1). Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias (16.2), y ninguna confesión tendrá carácter estatal (aconfesionalidad), si bien los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones (16.3, desarrollado por la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa). La libertad ideológica tiene una dimensión interna (formar y mantener convicciones) y otra externa (manifestarlas y actuar conforme a ellas), con el único límite del orden público protegido por la ley.

Derecho a la libertad y seguridad (art. 17.1 CE)

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La libertad protegida es la libertad física (ambulatoria), no la libertad general de actuación. Es la base constitucional de la que derivan las garantías específicas de la detención (plazo máximo, información de derechos, asistencia letrada) desarrolladas en el art. 17.2 a 17.4 CE y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Plazo de detención y habeas corpus (art. 17.2 a 17.4 CE)

La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, la persona detenida deberá ser puesta en libertad o a disposición de la autoridad judicial (17.2). Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar, y se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca (17.3). La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente (17.4; LO 6/1984), así como el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Están legitimados para instar el habeas corpus el propio detenido, su cónyuge o familiares, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, y el juez resuelve en un plazo breve.

Derechos del detenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La LECrim (art. 520) desarrolla el art. 17.3 CE: el detenido debe ser informado por escrito, en lenguaje sencillo y accesible, de los hechos que se le atribuyen y las razones de su privación de libertad, y de sus derechos: guardar silencio, no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable, designar abogado o solicitar uno de oficio, que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee el hecho de la detención y el lugar de custodia, comunicarse con las autoridades consulares si es extranjero, asistencia de intérprete y ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal. Los agentes que practican la detención deben procurar la menor afectación posible a la dignidad y al honor de la persona detenida (art. 5 LO 2/1986).

Inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE)

El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. La actuación policial debe ajustarse estrictamente a estos tres supuestos habilitantes, siendo el flagrante delito la habilitación de mayor relevancia práctica en la actuación de la Policía Local. Domicilio es el espacio cerrado donde la persona vive sin estar sujeta a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima (incluye, por ejemplo, la habitación de hotel mientras se ocupa); el Tribunal Constitucional ha exigido para el flagrante delito la evidencia sensorial del hecho delictivo, la inmediatez y la urgencia de la intervención (STC 341/1993, que anuló la entrada policial por simple sospecha).

Secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE)

Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Este derecho protege el proceso de comunicación con independencia del contenido transmitido, y su intervención exige siempre autorización judicial motivada, salvo los supuestos excepcionales tasados por la ley. La LECrim regula las medidas de investigación tecnológica (interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas) tras la reforma operada por la LO 13/2015, con sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Honor, intimidad y propia imagen; protección de datos (art. 18.1 y 18.4 CE)

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (18.1), desarrollado por la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil de estos derechos. El art. 18.4 CE limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, fundamento constitucional del derecho a la protección de datos de carácter personal, desarrollado por el Reglamento (UE) 2016/679 y la LO 3/2018, de 5 de diciembre. El tratamiento de datos por las autoridades competentes para la prevención, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales se rige por la LO 7/2021, de 26 de mayo.

Libertad de residencia y de circulación (art. 19 CE)

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca; este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Es uno de los derechos susceptibles de suspensión general en los estados de excepción o sitio (art. 55.1 CE). Las potestades policiales de identificación, comprobación y restricción de tránsito se regulan en la LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y deben respetar el principio de proporcionalidad.

Libertad de expresión e información (art. 20 CE)

Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones (20.1.a), a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (20.1.b), a la libertad de cátedra (20.1.c) y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, con regulación por ley de la cláusula de conciencia y el secreto profesional (20.1.d). Estas libertades no tienen más límite que el respeto a los derechos reconocidos en el Título I, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia (20.4), y no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa (20.2). Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial (20.5). La libertad de expresión (opiniones, juicios de valor) no exige veracidad, pero no ampara expresiones vejatorias; la libertad de información exige veracidad, entendida como diligencia profesional en la comprobación, y relevancia pública. El derecho de rectificación se regula en la LO 2/1984.

Derecho de reunión (art. 21 CE)

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, que no necesita autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes (21.2), desarrollado por la LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión. La comunicación se hace por escrito con una antelación de 10 días naturales como mínimo y 30 como máximo; si concurren causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia, basta una antelación mínima de 24 horas. La autoridad gubernativa puede prohibir o proponer la modificación de las circunstancias de la reunión, mediante resolución motivada notificada en el plazo de 72 horas desde la comunicación, y puede suspender y disolver reuniones cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. Los promotores pueden recurrir la decisión por un procedimiento judicial de carácter urgente.

Derecho de asociación (art. 22 CE)

Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales; solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada; y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, desarrollado por la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Comprende la libertad positiva de asociarse y de crear asociaciones y la negativa de no asociarse; la inscripción registral tiene efectos de publicidad y no es constitutiva.

Derecho de participación política (art. 23 CE)

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, así como a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Este segundo apartado (23.2) garantiza la igualdad en el acceso al empleo público, que se complementa con los principios de mérito y capacidad del art. 103.3 CE, base de los procesos selectivos de los Cuerpos de la Policía Local.

Tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión (art. 24.1 CE)

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Comprende el derecho de acceso a la jurisdicción, a obtener una resolución fundada en Derecho, motivada y congruente (favorable o no), a los recursos legalmente previstos y a la ejecución de lo resuelto, así como la prohibición de indefensión, entendida como la privación real y efectiva del derecho de defensa (indefensión material, no meramente formal).

Garantías del proceso (art. 24.2 y 24.3 CE)

Se reconoce el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación formulada, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. El art. 24.3 remite a la ley los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Estas garantías se proyectan directamente sobre la actuación policial en la instrucción de atestados: las diligencias practicadas con vulneración de derechos fundamentales no pueden surtir efecto probatorio (art. 11.1 LOPJ).

El principio de legalidad penal y sancionadora (art. 25.1 CE)

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento (principio «nullum crimen, nulla poena sine lege»). Aunque el Código Penal ya no contempla las faltas, que pasaron a delitos leves (LO 1/2015), el texto constitucional las conserva. Consagra las garantías de reserva de ley, tipicidad (taxatividad) e irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables (art. 9.3), con proyección tanto en el ámbito penal como en el sancionador administrativo, y de él se deduce el principio non bis in idem. En el ámbito local, la Ley 7/1985 (arts. 139 a 141) permite a las ordenanzas tipificar infracciones y sanciones en defecto de normativa sectorial, con la clasificación en muy graves, graves y leves.

El sentido de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad (art. 25.2 CE)

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Según el Tribunal Constitucional, la reeducación y reinserción es un mandato dirigido al legislador y a la Administración penitenciaria, no un derecho fundamental susceptible de amparo.

La Administración civil y las sanciones privativas de libertad (art. 25.3 CE)

La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad, garantía que refuerza el monopolio judicial de la privación de libertad y limita el alcance de la potestad sancionadora administrativa, incluida la de las Entidades Locales en el ejercicio de sus competencias de policía administrativa.

Prohibición de tribunales de honor (art. 26 CE)

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales, garantía frente a instancias corporativas de depuración de conducta al margen del sistema disciplinario y judicial ordinario. El régimen disciplinario del personal de la Policía Local debe tramitarse conforme al procedimiento legalmente establecido, con las garantías del art. 24 y 25 CE.

El derecho de petición (art. 29 CE)

Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley (LO 4/2001, de 12 de noviembre), con la particularidad de que los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica (art. 29.2).

El derecho de sindicación (art. 28.1 CE)

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se desarrolla en la LO 11/1985, de Libertad Sindical.

El derecho de huelga (art. 28.2 CE)

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Es uno de los derechos susceptibles de suspensión general en los estados de excepción o de sitio (art. 55.1 CE). Para los empleados públicos, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público lo reconoce como derecho individual de ejercicio colectivo, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales.

Régimen específico de sindicación y huelga en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, prohíbe expresamente a sus miembros el ejercicio del derecho de huelga, así como de acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios (art. 6.8). Dicha prohibición alcanza a los Cuerpos de Policía Local, que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 2.c). El derecho de sindicación no está prohibido a los miembros de los cuerpos policiales de naturaleza civil, aunque su ejercicio se rige por las peculiaridades de su normativa específica (LO 11/1985 y LO 2/1986), a diferencia de los Institutos armados de carácter militar, excluidos de la sindicación. En el caso de la Guardia Civil, instituto armado de naturaleza militar, se reconoce el derecho de asociación profesional (LO 11/2007).

Representación y negociación del personal de la Policía Local

El personal funcionario de los Cuerpos de la Policía Local, como empleado público de la Administración local, ejerce sus derechos de participación y representación colectiva a través de los órganos de representación previstos en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (delegados de personal y juntas de personal) y de las secciones sindicales, así como mediante la negociación colectiva en las Mesas de Negociación, sin perjuicio de las peculiaridades que establezca su normativa específica por su condición de Instituto armado de naturaleza civil (art. 52 LO 2/1986).

Titularidad de los derechos: «todos», «toda persona» y «los españoles»

La Constitución distingue con precisión terminológica la titularidad de cada derecho: usa «toda persona» o «todos» para derechos universales (arts. 15, 16, 17, 24, 25), y «los españoles» cuando reserva el derecho a los nacionales (arts. 19, 29, 30, y, en el art. 23, «los ciudadanos»). Esta distinción es relevante para determinar el alcance subjetivo de cada garantía respecto de los extranjeros, conforme a la remisión general del art. 13 CE.

Los límites inmanentes de los derechos fundamentales

Ningún derecho fundamental es absoluto: todos encuentran su límite en el respeto a los derechos de los demás, en el orden público protegido por la ley y, en su caso, en bienes constitucionalmente protegidos como la seguridad ciudadana (art. 104 CE). La ponderación entre derechos en conflicto (por ejemplo, libertad de información frente a intimidad, o libertad de reunión frente a orden público) corresponde, en última instancia, a los Tribunales, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar la autoridad gubernativa o policial en el ejercicio de sus competencias. La limitación debe estar prevista en la ley, perseguir un fin legítimo y respetar el contenido esencial del derecho (art. 53.1 CE).

El principio de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales

Toda actuación de los poderes públicos, y en especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que limite el ejercicio de un derecho fundamental debe superar un triple juicio de proporcionalidad: idoneidad (la medida debe ser apta para el fin perseguido), necesidad (no debe existir otra medida menos gravosa igualmente eficaz) y proporcionalidad en sentido estricto (las ventajas obtenidas deben compensar los sacrificios impuestos), doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional y reconocida entre los principios que rigen la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y en la LO 2/1986.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 18.2 CE: el domicilio es inviolable; solo cabe entrada con consentimiento del titular, resolución judicial o, sin ellos, en caso de flagrante delito.
  • Art. 17 CE: la detención preventiva no puede durar más de 72 horas; transcurridas, el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial. Habeas corpus: art. 17.4 y LO 6/1984.
  • Art. 21 CE: el derecho de reunión pacífica no exige autorización previa; comunicación previa (10 a 30 días naturales; 24 horas si es urgente) solo en lugares de tránsito público y manifestaciones (LO 9/1983).
  • Art. 25.1 CE: principio de legalidad penal y sancionadora; nadie puede ser sancionado por hechos que no fueran infracción en el momento de cometerse.
  • Art. 25.3 CE: la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad.
  • Art. 26 CE: prohibición constitucional expresa de los Tribunales de Honor en la Administración civil y en las organizaciones profesionales.
  • Art. 6.8 LO 2/1986: los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden ejercer el derecho de huelga ni acciones sustitutivas o concertadas para alterar el funcionamiento de los servicios.
  • Art. 18.3 CE: el secreto de las comunicaciones solo puede levantarse por resolución judicial.
  • Art. 19 CE: libertad de residencia y de circulación por el territorio nacional; incluye el derecho a entrar y salir libremente de España; es un derecho de los españoles.
  • Art. 20 CE: libertad de expresión y de información, con distinto régimen de protección (la información debe ser veraz); no cabe censura previa y el secuestro solo por resolución judicial.
  • Art. 24 CE: tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión; incluye el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia.
  • Art. 25.2 CE: penas y medidas de seguridad orientadas a la reeducación y reinserción social; no pueden consistir en trabajos forzados.
  • Art. 22 CE: prohibidas las asociaciones secretas y paramilitares; disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada (LO 1/2002).
  • Art. 16 CE: nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; ninguna confesión tiene carácter estatal (LO 7/1980).
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¿Qué dispone el artículo 16.3 de la Constitución respecto de la religión del Estado?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Policía Local?

La Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución (arts. 15-29) reconoce los derechos fundamentales y libertades públicas con máxima garantía: libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión, reunión, asociación y tutela judicial efectiva. El art. 25 CE fija el principio de legalidad penal y sancionadora y el sentido reeducador de penas y medidas de seguridad, el art. 26 prohíbe los Tribunales de Honor, y el art. 28 CE reconoce el derecho de sindicación y huelga con límites específicos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: sus miembros no pueden ejercer el derecho de huelga (LO 2/1986).

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

Art. 18.2 CE: el domicilio es inviolable; solo cabe entrada con consentimiento del titular, resolución judicial o, sin ellos, en caso de flagrante delito. Art. 17 CE: la detención preventiva no puede durar más de 72 horas; transcurridas, el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial. Habeas corpus: art. 17.4 y LO 6/1984. Art. 21 CE: el derecho de reunión pacífica no exige autorización previa; comunicación previa (10 a 30 días naturales; 24 horas si es urgente) solo en lugares de tránsito público y manifestaciones (LO 9/1983). Art. 25.1 CE: principio de legalidad penal y sancionadora; nadie puede ser sancionado por hechos que no fueran infracción en el momento de cometerse. Art. 25.3 CE: la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad. Art. 26 CE: prohibición constitucional expresa de los Tribunales de Honor en la Administración civil y en las organizaciones profesionales. Art. 6.8 LO 2/1986: los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden ejercer el derecho de huelga ni acciones sustitutivas o concertadas para alterar el funcionamiento de los servicios. Art. 18.3 CE: el secreto de las comunicaciones solo puede levantarse por resolución judicial. Art. 19 CE: libertad de residencia y de circulación por el territorio nacional; incluye el derecho a entrar y salir libremente de España; es un derecho de los españoles. Art. 20 CE: libertad de expresión y de información, con distinto régimen de protección (la información debe ser veraz); no cabe censura previa y el secuestro solo por resolución judicial. Art. 24 CE: tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión; incluye el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Art. 25.2 CE: penas y medidas de seguridad orientadas a la reeducación y reinserción social; no pueden consistir en trabajos forzados. Art. 22 CE: prohibidas las asociaciones secretas y paramilitares; disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada (LO 1/2002). Art. 16 CE: nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; ninguna confesión tiene carácter estatal (LO 7/1980).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, arts. 16 a 29 (BOE-A-1978-31229)
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, arts. 6.8 y 52
  • Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión
  • Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
  • Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa
  • Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición
  • Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus
  • Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
  • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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