Tema 10. Fuentes del Derecho administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
El sistema de fuentes del Derecho administrativo español se articula en torno al principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE): cada norma debe respetar lo dispuesto por las de rango superior, so pena de nulidad. Este tema recorre la clasificación de las fuentes, el concepto y clases de ley, las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley (decreto-ley y decreto legislativo), y el Reglamento como norma jerárquicamente subordinada a la ley, con especial atención a la potestad reglamentaria (fundamento, titularidad y límites) y a su procedimiento de elaboración, de directa aplicación a las ordenanzas municipales que rigen buena parte de la actuación de la Policía Local.
Concepto y clasificación de las fuentes del Derecho administrativo
Las fuentes del Derecho son los modos de producción de normas jurídicas. El art. 1.1 del Código Civil enumera como fuentes del ordenamiento jurídico español la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. En el Derecho administrativo la fuente predominante es la norma escrita (ley y reglamento), con un papel subsidiario de las demás. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada (art. 1.3 CC); en el Derecho administrativo su papel es muy limitado, por el principio de legalidad (art. 103.1 CE) y la mayor relevancia del reglamento. Los principios generales del Derecho se aplican en defecto de ley o costumbre (art. 1.4 CC), sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento; entre ellos, los que la Constitución consagra en el art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos). La jurisprudencia no es fuente en sentido estricto, sino que complementa el ordenamiento con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales (art. 1.6 CC); las sentencias del Tribunal Constitucional, en cambio, vinculan a todos los poderes públicos. Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE y art. 1.5 CC), y el Derecho de la Unión Europea tiene primacía en el ámbito de sus competencias (art. 93 CE).
La jerarquía normativa y otros principios de ordenación de las fuentes
El art. 9.3 CE garantiza el principio de jerarquía normativa: una norma de rango inferior no puede contradecir a otra de rango superior (art. 1.2 CC), siendo nula en caso de conflicto (lex superior derogat legi inferiori). Se completa con otros principios: el de competencia (relevante en un Estado compuesto como el español, donde conviven ordenamientos estatal, autonómico y local sin relación de jerarquía entre ellos, sino de distribución de competencias; también explica la relación entre ley orgánica y ley ordinaria), el de temporalidad (la norma posterior deroga la anterior) y el de especialidad (la norma especial prevalece sobre la general). Escala de rango, de mayor a menor: la Constitución; los tratados internacionales (art. 96 CE: solo pueden ser derogados, modificados o suspendidos en la forma prevista en ellos o conforme a las normas generales del Derecho internacional); las normas con rango de ley (leyes orgánicas y ordinarias, estatales y autonómicas, decretos-leyes y decretos legislativos); los reglamentos, ordenados entre sí según el órgano que los dicta (art. 128.3 LPAC): disposiciones del Consejo de Ministros o del Gobierno autonómico, órdenes ministeriales o de las Consejerías y disposiciones de órganos inferiores; y, en el ámbito local, las ordenanzas y los reglamentos locales, subordinados a todo lo anterior. La infracción de la jerarquía produce la nulidad de pleno derecho de la disposición administrativa que vulnere la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, que regule materias reservadas a la ley o establezca la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2 LPAC).
La ley: concepto y características
La ley es la norma jurídica escrita aprobada por el poder legislativo (las Cortes Generales, o los Parlamentos autonómicos en el ámbito de sus competencias) siguiendo el procedimiento legislativo constitucionalmente previsto, que ocupa el escalón inmediatamente inferior a la Constitución. Sus caracteres: generalidad y abstracción, innovación del ordenamiento, y fuerza activa (capacidad de modificar y derogar el ordenamiento anterior) y pasiva (resistencia frente a normas de rango inferior). La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y, mediante iniciativa popular, a quinientas mil firmas acreditadas (arts. 87 y 88 CE). Aprobada por las Cámaras, el Rey sanciona la ley en el plazo de quince días, la promulga y ordena su inmediata publicación (art. 91 CE); la publicidad de las normas es principio constitucional (art. 9.3 CE). Con carácter general, las normas entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa (art. 2.1 CC).
Clases de leyes: orgánicas y ordinarias, y otras categorías
Ley orgánica (art. 81 CE): son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Sección 1.ª del Capítulo II del Título I, arts. 15 a 29, y objeción de conciencia, art. 30.2), las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución (por ejemplo, la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 104.2, que es la Ley Orgánica 2/1986). La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE). La reserva de ley orgánica se interpreta restrictivamente. Ley ordinaria: se aprueba por mayoría simple para el resto de materias. La relación entre ley orgánica y ley ordinaria no es de jerarquía, sino de competencia o distribución material. Dentro de las leyes estatales existen también: las leyes de bases (que fijan los principios y criterios para que el Gobierno elabore un texto articulado, art. 82.4 CE); las leyes marco, de transferencia o delegación y de armonización (art. 150 CE); y la Ley de Presupuestos Generales del Estado (art. 134 CE). Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas (arts. 81 y 147.3 CE). Las leyes de las Comunidades Autónomas, aprobadas por sus Parlamentos en materias de su competencia, tienen el mismo rango que las estatales. En las materias de competencia exclusiva estatal o autonómica, rige el principio de competencia; la ley estatal sirve de norma supletoria (art. 149.3 CE) solo en defecto de Derecho propio de la Comunidad.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: el decreto-ley
La Constitución habilita al Gobierno, con carácter excepcional, para dictar normas con rango de ley sin pasar por el procedimiento legislativo ordinario. El Decreto-ley (art. 86 CE), llamado Real Decreto-ley, es una disposición legislativa provisional que el Gobierno puede dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Límites materiales: no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Debe ser sometido a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación, para su convalidación o derogación; durante ese plazo, las Cortes podrán tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3). La convalidación no lo convierte en ley formal, pero mantiene su vigencia como norma con rango de ley. Tiene la misma fuerza y valor que una ley, por lo que no es jerárquicamente inferior a esta. El Tribunal Constitucional controla la concurrencia del presupuesto habilitante. Los Estatutos de Autonomía (el andaluz, en sus arts. 109 y 110) prevén también decretos legislativos y decretos-leyes autonómicos, con límites propios.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: el decreto legislativo
El Decreto Legislativo (arts. 82 a 85 CE) es la norma con rango de ley que dicta el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales. La delegación se otorga mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo (Texto Refundido). La delegación debe otorgarse de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio; no puede entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado; se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente; y no puede subdelegarse a autoridades distintas del propio Gobierno (art. 82.3). No cabe delegación en materias reservadas a ley orgánica (art. 82.1). Las leyes de bases no podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo (art. 83). La autorización para refundir determinará el ámbito normativo, y precisará si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos (art. 82.5). Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer fórmulas adicionales de control (art. 82.6), y los tribunales ordinarios controlan el exceso de delegación (ultra vires). Ejemplos relevantes: los textos refundidos (RDL 781/1986 de régimen local, el Texto Refundido de la Ley de Tráfico, RDL 6/2015).
El Reglamento: concepto y características
El Reglamento es toda norma escrita, de rango inferior a la ley, dictada por la Administración en ejercicio de su potestad reglamentaria. Se caracteriza por su generalidad y carácter innovador del ordenamiento (lo que lo distingue del acto administrativo, que se agota con su aplicación a un caso concreto), por estar siempre subordinado a la ley (de la que trae causa y a la que no puede contradecir) y a las normas de rango superior, y por su control por los tribunales del orden contencioso-administrativo (art. 106.1 CE). A diferencia de la ley, que emana de un órgano representativo mediante un procedimiento con debate y publicidad parlamentaria, el reglamento lo dicta el poder ejecutivo o la Administración correspondiente. La denominación depende del órgano que lo dicta: Real Decreto (del Consejo de Ministros o del Presidente del Gobierno), Orden ministerial, Decreto del Consejo de Gobierno autonómico y Orden de la Consejería, y, en el ámbito local, Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el Pleno.
Clasificación de los reglamentos
Según su relación con la ley: a) reglamentos ejecutivos, que desarrollan y complementan una ley preexistente, precisando su aplicación, y exigen dictamen preceptivo del Consejo de Estado (o del órgano consultivo autonómico equivalente, que en Andalucía es el Consejo Consultivo, Ley 4/2005); b) reglamentos independientes o autónomos, que regulan materias no reservadas a la ley y no desarrollan ninguna norma legal, típicamente en el ámbito de la organización interna de la propia Administración; c) reglamentos de necesidad, dictados ante situaciones de urgencia para adoptar medidas que, de otro modo, serían ilegales (por ejemplo, las medidas que el Alcalde puede adoptar personalmente en caso de catástrofe o grave riesgo). Según el órgano del que emanan: reglamentos estatales, autonómicos y locales. Según su ámbito: generales o sectoriales; y, en el ámbito de la organización, reglamentos organizativos o de ordenación interna. Los reglamentos administrativos no deben confundirse con las instrucciones y órdenes de servicio, mediante las cuales los órganos administrativos dirigen la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes: el incumplimiento de estas no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pueda derivarse (art. 6 de la Ley 40/2015), y solo se publican cuando una disposición específica lo establezca.
La potestad reglamentaria: fundamento y titularidad
La potestad reglamentaria es la capacidad que el ordenamiento atribuye a determinados órganos de la Administración para dictar normas de rango reglamentario. Su fundamento constitucional se encuentra en el art. 97 CE, que atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y el ejercicio de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria «de acuerdo con la Constitución y las leyes». El art. 128.1 LPAC establece que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. En el ámbito autonómico andaluz corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, conforme al Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 2/2007) y a la Ley 6/2006, del Gobierno de la Comunidad Autónoma. En el ámbito local, el art. 4.1.a LRBRL la reconoce a municipios, provincias e islas, y su ejercicio corresponde al Pleno (art. 22.2.d LRBRL). Los Ministros y, en su caso, los Consejeros solo pueden dictar reglamentos cuando una ley o un reglamento superior les habilite para ello (potestad reglamentaria derivada).
Límites de la potestad reglamentaria
Límites formales: competencia del órgano, procedimiento de elaboración y publicación. Límites materiales: a) jerarquía normativa: los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular materias que la Constitución o los Estatutos reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas legislativas (art. 128.2 LPAC), sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley; b) reserva de ley: determinadas materias (derechos fundamentales, art. 53.1 CE; tipificación de delitos, infracciones y sanciones, art. 25.1 CE; prestaciones patrimoniales de carácter público y tributos, arts. 31.3 y 133.1 CE) no pueden regularse por reglamento sin cobertura legal. En consecuencia, los reglamentos no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, cánones u otras cargas, salvo habilitación legal expresa (art. 128.4 LPAC), aunque las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones legalmente establecidas (art. 27.3 de la Ley 40/2015); c) irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE); d) inderogabilidad singular: las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general (art. 37 LPAC); e) principios generales del Derecho, en particular la interdicción de la arbitrariedad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica; y f) principio de competencia: cada Administración solo puede reglamentar dentro de su ámbito material y territorial.
Procedimiento de elaboración de los reglamentos
En el ámbito estatal, el procedimiento de elaboración de reglamentos se rige por el art. 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y por la Ley 39/2015 (Título VI, arts. 127 a 133, sobre iniciativa legislativa y potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones). Fases: a) planificación normativa anual (Plan Anual Normativo, art. 25 Ley 50/1997 y art. 132 LPAC) y respeto de los principios de buena regulación de los poderes públicos (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, art. 129 LPAC); b) consulta pública previa a través del portal web de la Administración competente para recabar la opinión de los sujetos y organizaciones potencialmente afectados sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la norma, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas (art. 133.1 LPAC), con excepciones (normas presupuestarias u organizativas, razones graves de interés público); c) redacción del texto por el centro directivo competente, acompañado de la memoria del análisis de impacto normativo (Real Decreto 931/2017); d) informes y dictámenes preceptivos, entre ellos el informe de la Secretaría General Técnica y, en su caso, el dictamen del Consejo de Estado cuando se trate de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes; e) audiencia a los ciudadanos afectados e información pública (art. 133.2 LPAC), salvo excepciones por razones graves de interés público; f) aprobación por el órgano competente (Consejo de Ministros, Ministro, etc.); y g) publicación íntegra en el diario oficial correspondiente. Tras la STC 55/2018, que limitó la aplicación a las Comunidades Autónomas de varios preceptos del Título VI LPAC, cada Comunidad regula su propio procedimiento (en Andalucía, la Ley 6/2006 y su normativa de desarrollo). En el ámbito local, el procedimiento de aprobación de ordenanzas y reglamentos es el del art. 49 LRBRL: aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia por un plazo mínimo de treinta días para reclamaciones y sugerencias, resolución de estas y aprobación definitiva por el Pleno, y publicación íntegra en el BOP; la disposición no entra en vigor antes de su íntegra publicación oficial.
Publicación, entrada en vigor y control de los reglamentos
El reglamento solo produce efectos desde su publicación íntegra en el diario oficial correspondiente (BOE, boletín autonómico o provincial), entrando en vigor a los veinte días de su completa publicación (vacatio legis), salvo que la propia norma disponga otro plazo (art. 2.1 CC). La Constitución encomienda a los tribunales el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, así como del sometimiento de esta a los fines que la justifican (art. 106.1 CE). Los reglamentos no están sujetos al control directo del Tribunal Constitucional (salvo supuestos singulares, como el conflicto positivo de competencia), sino al de la jurisdicción contencioso-administrativa, que puede anular total o parcialmente el reglamento ilegal mediante recurso directo, en el plazo de dos meses desde su publicación, o indirecto contra los actos de aplicación del reglamento, sin plazo (art. 26 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), pudiendo acudirse además a la cuestión de ilegalidad (art. 27). Contra los reglamentos no cabe recurso administrativo (art. 112.3 LPAC). La sentencia que anule una disposición general produce efectos generales desde el día de la publicación de su fallo (art. 72.2 LJCA). Las leyes, en cambio, solo pueden controlarse por el Tribunal Constitucional mediante recurso o cuestión de inconstitucionalidad (arts. 161 y 163 CE), por lo que el juez ordinario no puede inaplicarlas por considerarlas inconstitucionales.
Diferencias entre ley y reglamento
La ley emana del poder legislativo (o del Gobierno con habilitación de las Cortes, en el caso de las normas con rango de ley), mediante un procedimiento parlamentario público y con participación de las minorías; tiene fuerza activa y pasiva superior a la del reglamento; puede regular cualquier materia (salvo los límites constitucionales) y es la única que puede regular las materias reservadas a ley; no puede ser dejada sin efecto por disposición de rango inferior; y su control corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional. El reglamento emana del poder ejecutivo o de la Administración; está siempre subordinado a la ley, de la que es desarrollo o complemento, no pudiendo regular materias reservadas a ella ni contradecirla; su elaboración sigue un procedimiento administrativo; es controlable por los jueces ordinarios (contencioso-administrativo), que pueden inaplicarlo si es ilegal (art. 6 LOPJ), y su infracción de la ley genera nulidad de pleno derecho (art. 47.2 LPAC). Ambos son normas generales, abstractas y publicadas oficialmente, a diferencia del acto administrativo, que es singular o de destinatarios determinados, no innova el ordenamiento y se consume con su cumplimiento.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 1.1 Código Civil: fuentes del ordenamiento = ley, costumbre y principios generales del Derecho. La jurisprudencia complementa el ordenamiento (art. 1.6 CC).
Art. 9.3 CE: principio de jerarquía normativa; toda disposición contraria a una norma de rango superior es nula de pleno derecho (art. 47.2 LPAC).
Escala de rango: Constitución > tratados internacionales > normas con rango de ley (orgánicas, ordinarias, decretos-leyes, decretos legislativos) > reglamentos (según el órgano) > ordenanzas locales.
La relación entre ley orgánica y ley ordinaria es de competencia material, no de jerarquía.
Ley orgánica (art. 81 CE): derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29 y art. 30.2), Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución; mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto.
Sanción real de la ley: el Rey la sanciona en quince días, la promulga y ordena su publicación (art. 91 CE). Iniciativa popular: 500.000 firmas (art. 87.3 CE).
Decreto-ley (art. 86 CE): extraordinaria y urgente necesidad; convalidación o derogación por el Congreso en treinta días; no puede afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general.
Decreto legislativo (arts. 82-85 CE): delegación expresa, para materia concreta y plazo fijado; ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria (texto refundido); no cabe en materias de ley orgánica ni subdelegación.
El reglamento innova el ordenamiento (a diferencia del acto administrativo) pero siempre está subordinado a la ley.
Reglamento ejecutivo (desarrolla una ley, dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente) frente a reglamento independiente (organización).
Art. 97 CE: fundamento de la potestad reglamentaria del Gobierno. Art. 128.1 LPAC: titulares = Gobierno de la Nación, órganos de gobierno de las CCAA y órganos de gobierno locales. Local: Pleno (art. 4.1.a y 22.2.d LRBRL).
Art. 128.4 LPAC: los reglamentos no pueden tipificar infracciones ni sanciones, ni tributos, salvo habilitación legal expresa.
Inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 LPAC): un acto particular no puede vulnerar una disposición general, aunque lo dicte un órgano de igual o superior jerarquía.
Control de leyes: Tribunal Constitucional. Control de reglamentos: jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE), con recurso directo (dos meses) o indirecto (sin plazo); contra reglamentos no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3 LPAC).
Instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015): dirigen a órganos dependientes; su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos.
Procedimiento local de ordenanzas: art. 49 LRBRL (aprobación inicial, información pública mínima de treinta días, resolución de reclamaciones, aprobación definitiva y publicación en el BOP).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué materias no puede afectar un Decreto-ley conforme al artículo 86 CE?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 10 de Policía Local?
El sistema de fuentes del Derecho administrativo español se articula en torno al principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE): cada norma debe respetar lo dispuesto por las de rango superior, so pena de nulidad. Este tema recorre la clasificación de las fuentes, el concepto y clases de ley, las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley (decreto-ley y decreto legislativo), y el Reglamento como norma jerárquicamente subordinada a la ley, con especial atención a la potestad reglamentaria (fundamento, titularidad y límites) y a su procedimiento de elaboración, de directa aplicación a las ordenanzas municipales que rigen buena parte de la actuación de la Policía Local.
¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?
Art. 1.1 Código Civil: fuentes del ordenamiento = ley, costumbre y principios generales del Derecho. La jurisprudencia complementa el ordenamiento (art. 1.6 CC). Art. 9.3 CE: principio de jerarquía normativa; toda disposición contraria a una norma de rango superior es nula de pleno derecho (art. 47.2 LPAC). Escala de rango: Constitución > tratados internacionales > normas con rango de ley (orgánicas, ordinarias, decretos-leyes, decretos legislativos) > reglamentos (según el órgano) > ordenanzas locales. La relación entre ley orgánica y ley ordinaria es de competencia material, no de jerarquía. Ley orgánica (art. 81 CE): derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29 y art. 30.2), Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución; mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto. Sanción real de la ley: el Rey la sanciona en quince días, la promulga y ordena su publicación (art. 91 CE). Iniciativa popular: 500.000 firmas (art. 87.3 CE). Decreto-ley (art. 86 CE): extraordinaria y urgente necesidad; convalidación o derogación por el Congreso en treinta días; no puede afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general. Decreto legislativo (arts. 82-85 CE): delegación expresa, para materia concreta y plazo fijado; ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria (texto refundido); no cabe en materias de ley orgánica ni subdelegación. El reglamento innova el ordenamiento (a diferencia del acto administrativo) pero siempre está subordinado a la ley. Reglamento ejecutivo (desarrolla una ley, dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente) frente a reglamento independiente (organización). Art. 97 CE: fundamento de la potestad reglamentaria del Gobierno. Art. 128.1 LPAC: titulares = Gobierno de la Nación, órganos de gobierno de las CCAA y órganos de gobierno locales. Local: Pleno (art. 4.1.a y 22.2.d LRBRL). Art. 128.4 LPAC: los reglamentos no pueden tipificar infracciones ni sanciones, ni tributos, salvo habilitación legal expresa. Inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 LPAC): un acto particular no puede vulnerar una disposición general, aunque lo dicte un órgano de igual o superior jerarquía. Control de leyes: Tribunal Constitucional. Control de reglamentos: jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE), con recurso directo (dos meses) o indirecto (sin plazo); contra reglamentos no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3 LPAC). Instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015): dirigen a órganos dependientes; su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos. Procedimiento local de ordenanzas: art. 49 LRBRL (aprobación inicial, información pública mínima de treinta días, resolución de reclamaciones, aprobación definitiva y publicación en el BOP).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 9.3, 25.1, 53.1, 81, 82 a 86, 87, 91, 97 y 106.1
Código Civil, arts. 1 y 2
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 37, 47.2, 112.3 y 127 a 133
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 6 y 27.3
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 26
Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 4.1.a), 22.2.d) y 49
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 26, 27 y 72
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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