Tema 30. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Derechos de la persona detenida, derecho a la asistencia letrada. Procedimiento de habeas corpus. Responsabilidades penales del personal funcionario y autoridades derivadas de la detención. Detención de menores infractores.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
La detención es la privación de libertad cautelar más gravosa que puede practicar la Policía Local en el ejercicio de sus funciones y una de las materias de mayor exigencia de garantías constitucionales (art. 17 CE) y legales (arts. 489 y siguientes y 520 LECrim). Este tema estudia su concepto y clases, los supuestos que la habilitan (por particulares y por la autoridad o sus agentes), los plazos máximos, los derechos de la persona detenida y la asistencia letrada (reformados por las LO 5/2015 y 13/2015), el procedimiento de habeas corpus (LO 6/1984) como garantía urgente frente a la detención ilegal, las responsabilidades penales, disciplinarias y patrimoniales derivadas de una detención irregular y las especialidades de la detención de menores infractores (LO 5/2000). También se distingue la detención de otras actuaciones que limitan la libertad sin ser detención, como la identificación en dependencias policiales del art. 16 de la LO 4/2015.
Concepto, naturaleza y fundamento constitucional (art. 17 CE)
La detención es la privación cautelar y provisional de la libertad ambulatoria de una persona, practicada al margen de una resolución judicial firme, con la finalidad de ponerla a disposición de la autoridad judicial o de dejarla en libertad tras las diligencias de investigación imprescindibles. El art. 17.1 CE proclama que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y que nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en dicho artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. El art. 17.2 fija el límite temporal; el art. 17.3 reconoce el derecho del detenido a ser informado de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, sin poder ser obligado a declarar, y garantiza la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales; el art. 17.4 ordena regular el procedimiento de habeas corpus y fijar por ley el plazo máximo de la prisión provisional. El Tribunal Constitucional ha insistido en que la detención no es una pena ni un acto de la instrucción, sino una medida cautelar de naturaleza excepcional, que debe ser necesaria, proporcionada y limitada al tiempo imprescindible.
Clases de detención y figuras afines
Según quién la practica, la LECrim distingue: a) la detención por particulares (art. 490 LECrim), facultativa; b) la detención por la autoridad o sus agentes (arts. 492 y 493 LECrim), obligatoria en los supuestos que la ley establece; y c) la detención acordada por la autoridad judicial mediante mandamiento (que se ejecuta por la policía judicial). La Policía Local participa en las funciones de policía judicial en la forma establecida en el art. 29.2 de la LO 2/1986 (art. 53.1 de la misma ley) y en el Real Decreto 769/1987, sobre regulación de la Policía Judicial; practica detenciones, pone a los detenidos a disposición de las unidades competentes o de la autoridad judicial y levanta las diligencias de prevención. No son detención, aunque limitan la libertad ambulatoria, la identificación en dependencias policiales (art. 16.2 LO 4/2015: cuando no sea posible la identificación por cualquier medio, o la persona se niegue, los agentes pueden requerirla a acompañarles a dependencias próximas por el tiempo imprescindible, en ningún caso superior a seis horas, con constancia en el libro-registro); la retención de menores para su entrega a los representantes o a los servicios de protección; el internamiento de extranjeros en centros específicos (Ley Orgánica 4/2000), y la prisión provisional, que acuerda siempre el juez o tribunal.
Supuestos de detención por particulares (art. 490 LECrim)
El art. 490 LECrim permite a cualquier persona detener: 1.º al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo; 2.º al delincuente in fraganti; 3.º al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena; 4.º al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente; 5.º al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. El particular que detiene debe entregar inmediatamente al detenido a la autoridad judicial o policial más próxima (art. 496, último párrafo, y art. 491 LECrim: no puede detener a otro por su cuenta fuera de estos supuestos ni mantenerlo retenido). La detención del particular fuera de los supuestos legales es el delito del art. 163.4 CP (aprehensión de una persona para presentarla a la autoridad fuera de los casos permitidos por las leyes), castigado con multa de tres a seis meses, y el que retiene a otra persona más allá de lo imprescindible puede incurrir en detención ilegal (art. 163.1 CP).
Supuestos de detención por la autoridad o sus agentes (arts. 492 a 495 LECrim)
El art. 492 LECrim impone a la autoridad o agente de la policía judicial la obligación de detener: 1.º a quien intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo; 2.º al delincuente in fraganti; 3.º al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena; 4.º al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente; 5.º al que se hallare procesado por delito que tenga señalada pena superior a la de prisión correccional (en la actualidad se interpreta con arreglo a las reglas de gravedad de la pena); 6.º al procesado por delito al que la ley señale pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial; 7.º, en general, a quien hubiere indicios racionales de criminalidad contra él y se dé alguno de los fines legítimos de la detención. El art. 495 LECrim excluye la detención por delitos leves, salvo que el presunto reo no tuviere domicilio conocido ni diese fianza bastante. La flagrancia (percepción sensorial directa e inmediata de la comisión del delito o su inmediata persecución) es el supuesto más frecuente en la práctica de la Policía Local, y habilita además la entrada en domicilio sin autorización judicial (art. 18.2 CE) para la detención del autor. Los parlamentarios (art. 71.2 CE) solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito.
Requisitos, forma y principios de la detención
Para detener se requieren indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo por la persona a detener (no una mera sospecha) y que la detención sea necesaria, adecuada y proporcionada a los fines legítimos: evitar su fuga, asegurar su disponibilidad para el proceso o impedir la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. El art. 520.1 LECrim exige que la detención y la prisión provisional se practiquen en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio, y que quienes acuerden la detención informen de forma inmediata de sus razones y derechos. El art. 5.2.c de la LO 2/1986 exige actuar con congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y el art. 5.3 impone al agente identificarse como tal en el momento de efectuar una detención, velar por la vida e integridad física de las personas detenidas o que se encuentren bajo su custodia, respetar su honor y dignidad, y cumplir y observar con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando se proceda a la detención de una persona. La detención no debe ir acompañada de más uso de la fuerza o de medios de contención (esposas) que el necesario.
Plazos de la detención
El art. 17.2 CE establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. El art. 520.1 LECrim reproduce esta regla; el art. 496 obliga a la autoridad o agente que hubiere practicado la detención a ponerla en libertad o a entregarla al juez más próximo en los plazos legales, y al particular a entregar al detenido inmediatamente. El plazo se computa desde el momento de la privación efectiva de la libertad, no desde el ingreso en dependencias. Excepcionalmente, en delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, el art. 520 bis LECrim permite prorrogar la detención hasta un máximo de otras cuarenta y ocho horas, si lo solicita la policía dentro de las primeras cuarenta y ocho horas y lo autoriza el juez en las veinticuatro siguientes, con base en el art. 55.2 CE. Transcurrido el plazo sin poner al detenido a disposición judicial se incurre en detención ilegal. Para los menores de edad el plazo máximo es de veinticuatro horas (art. 17.4 LO 5/2000).
Derechos del detenido (art. 520.2 LECrim)
Tras la reforma operada por la LO 5/2015, de 27 de abril (que transpuso las Directivas 2010/64/UE, sobre interpretación y traducción, y 2012/13/UE, sobre el derecho a la información en los procesos penales) y por la LO 13/2015, de 5 de octubre (que transpuso en lo esencial la Directiva 2013/48/UE, sobre el derecho a la asistencia de letrado, y reformó el art. 520), toda persona detenida o presa debe ser informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyen y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten, y en especial: a) derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el juez; b) derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; c) derecho a designar abogado sin demora injustificada, y a ser asistido por él en las diligencias policiales y judiciales; d) derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención; e) derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia, y si es extranjero, a la autoridad consular de su país; f) derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección; g) derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando no comprenda o no hable castellano o la lengua oficial de la actuación, o se trate de personas sordas o con dificultades del lenguaje; h) derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre; e i) derecho a ser informado del plazo máximo legal de duración de la detención hasta su puesta a disposición judicial y del procedimiento por el que puede impugnar la legalidad de su detención.
El derecho a la asistencia letrada
La asistencia de abogado al detenido es preceptiva y gratuita en caso de insolvencia. Si el detenido no designa abogado, se solicita al Colegio de Abogados la designación de uno de oficio, que debe comparecer con la mayor rapidez y, como máximo, en un plazo de tres horas desde la comunicación al Colegio; si transcurrido ese plazo el abogado no comparece o no se hace cargo, la autoridad puede proceder a la práctica de las diligencias, comunicándolo al Colegio. El abogado tiene derecho a entrevistarse reservadamente con el detenido antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o el juez, a asistir a las diligencias de declaración, reconocimiento de identidad, careos y reconstrucción de hechos en las que participe el detenido, y a solicitar durante la declaración que se haga constar cualquier irregularidad. Solo puede renunciarse a la asistencia letrada cuando la detención lo sea por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delito contra la seguridad vial (art. 520.5 LECrim), supuesto de especial interés para la Policía Local (alcoholemia, conducción sin permiso). Las excepciones, en los casos de incomunicación judicial (arts. 509 y 527 LECrim), permiten restringir el derecho a elegir abogado y la entrevista reservada. La falta de información de los derechos, o la práctica de diligencias que exigen asistencia letrada sin ella, puede provocar la nulidad de lo actuado e incluso responsabilidad del agente.
Procedimiento de actuación y garantías durante la custodia
Practicada la detención, el agente debe: identificarse; informar de los motivos y derechos (con entrega por escrito de la declaración de derechos); registrar la detención en el libro-registro de detenidos de las dependencias con las horas de inicio y fin; efectuar el cacheo o registro externo (art. 20 LO 4/2015 en lo que no sea registro en una investigación penal, con respeto a la dignidad); retirar objetos peligrosos y realizar inventario de pertenencias; avisar al abogado y al familiar o persona designada; comunicar la detención a la autoridad consular si es extranjero; proporcionar asistencia médica cuando proceda; mantener separados a hombres, mujeres y menores en dependencias, y poner al detenido a disposición de la autoridad judicial o de las unidades policiales competentes en los plazos legales, con el atestado (arts. 292 y siguientes LECrim). Las declaraciones se prestan siempre con asistencia letrada y deben documentarse con precisión. Tiene especial relevancia la protección de las personas vulnerables (con discapacidad, menores, personas con problemas psíquicos o de salud).
El procedimiento de habeas corpus (art. 17.4 CE y LO 6/1984)
El habeas corpus es un procedimiento sumario y urgente para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Según el art. 1 de la LO 6/1984, se consideran personas ilegalmente detenidas: las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales o sin haberse cumplido las formalidades prescritas por las leyes; las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; las que lo estén por plazo superior al señalado por las leyes si, transcurrido el mismo, no son puestas en libertad o entregadas al juez; y aquellas a las que no se les haya respetado los derechos que la Constitución y las leyes procesales reconocen a toda persona detenida. Legitimación (art. 3): el privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, sus afines hasta el segundo grado; el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo; y de oficio el juez competente. Se tramita ante el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad (o, si se ignora, el del lugar donde se produjo la detención), sin necesidad de abogado ni procurador, es gratuito y se inicia por simple solicitud. El juez, previa audiencia del interesado y del fiscal, resuelve mediante auto en el plazo de veinticuatro horas: acuerda la puesta en libertad inmediata, la continuación de la detención con arreglo a la ley (con las modificaciones necesarias) o la puesta a disposición judicial.
Responsabilidad penal derivada de la detención
El agente que practica o prolonga indebidamente una detención puede incurrir en: a) detención ilegal por funcionario público fuera de los casos permitidos y sin causa por delito (art. 167 CP: penas de los arts. 163 a 166 en su mitad superior e inhabilitación absoluta de ocho a doce años); b) prolongación de la privación de libertad, mediando causa por delito, con infracción de los plazos o de las garantías constitucionales o legales (art. 530 CP: inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años); c) torturas y otros atentados contra la integridad moral (arts. 174 y 175 CP), así como la omisión de impedirlos por funcionario que faltare a los deberes de su cargo (art. 176 CP); d) coacciones, lesiones o amenazas durante la custodia; e) prevaricación (art. 404 CP) cuando se dicte, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo; y f) delitos contra la inviolabilidad del domicilio si la detención se acompaña de entradas ilegítimas (arts. 534 a 536 CP). La obediencia debida no ampara actuaciones manifiestamente contrarias a la ley.
Responsabilidad disciplinaria y patrimonial
Con independencia de la eventual responsabilidad penal, una detención irregular puede generar responsabilidad disciplinaria del agente (en la Policía Local, conforme a la normativa autonómica y al reglamento del Cuerpo, aplicándose supletoriamente el régimen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento anormal del servicio público, regulada en los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Administración puede exigir de oficio al agente la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo, culpa o negligencia graves (acción de regreso). Las declaraciones obtenidas con vulneración de derechos fundamentales son nulas (art. 11.1 LOPJ), con extensión a las pruebas derivadas de ellas.
Detención de menores infractores (LO 5/2000)
Los menores de edad penal son los mayores de catorce y menores de dieciocho años, a los que se aplica la LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Los menores de catorce años no responden con arreglo a esa ley (art. 3 LO 5/2000): el Ministerio Fiscal remite a la entidad pública de protección de menores testimonio de los hechos para que se adopten las medidas de protección adecuadas, y la actuación policial se limita a las diligencias de protección y, en su caso, a la custodia hasta su entrega a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda. La detención de un menor (art. 17 LO 5/2000) se rige por las garantías del art. 520 LECrim con las siguientes especialidades: se practica de la manera que menos perjudique al menor; debe informarse al menor, en un lenguaje comprensible, de los hechos, las razones y los derechos; se comunica inmediatamente a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda de hecho, y al Ministerio Fiscal, que dirige la instrucción; no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas el menor debe ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal; la asistencia letrada es preceptiva desde el inicio y el menor no puede renunciar a ella; los menores deben custodiarse en dependencias separadas de las de los adultos y, siempre que sea posible, en dependencias adecuadas a su edad. El menor detenido puede entrevistarse reservadamente con su letrado antes de declarar.
Otras situaciones: personas con discapacidad, extranjeros y personas vulnerables
Los derechos del detenido se adaptan a las circunstancias personales: las personas sordas o con dificultades del lenguaje tienen derecho a intérprete; el extranjero tiene derecho a que se informe a su consulado (art. 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963); las personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental requieren especial cuidado en la información y en la valoración de la necesidad de la detención. Los agentes deben atender a posibles situaciones de riesgo de autolesión en custodia (retirada de cordones, cinturones) y aplicar los protocolos médicos. En la detención de mujeres, la custodia, y el registro corporal, deben realizarse por personal del mismo sexo siempre que sea posible.
Esquema de memoria
Plazos: máximo constitucional de 72 horas (art. 17.2 CE); prórroga de 48 horas en terrorismo y bandas armadas (art. 520 bis LECrim); menores: 24 horas (art. 17 LO 5/2000); identificación en dependencias: 6 horas (art. 16 LO 4/2015); habeas corpus: auto en 24 horas. Normas: art. 17 CE; arts. 490, 492, 495, 496, 520, 520 bis LECrim; LO 6/1984; LO 5/2000; arts. 167, 530, 163.4 CP. Detención por particulares: facultativa (art. 490); por agentes: obligatoria en supuestos del art. 492. Asistencia letrada: renunciable solo en delitos contra la seguridad vial; abogado de oficio en tres horas. Habeas corpus: sin abogado ni procurador, gratuito, ante el juez de instrucción.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 17.2 CE: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, el plazo máximo es de 72 horas; prórroga de hasta 48 horas más en terrorismo (art. 520 bis LECrim), con solicitud en las primeras 48 horas y autorización judicial en 24 horas.
Art. 490 LECrim: la detención por particulares es facultativa y el detenido debe entregarse de inmediato; arts. 492 y ss.: la detención por agentes de la autoridad es obligatoria en los supuestos legales.
Art. 495 LECrim: no se detiene por delitos leves salvo que el presunto reo no tenga domicilio conocido ni dé fianza bastante.
Art. 520.1 LECrim: la detención se practica de la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio.
Art. 520.2 LECrim: derecho a información por escrito, a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a designar abogado, a acceder a las actuaciones esenciales, a comunicar la detención, a comunicarse telefónicamente, a intérprete, a reconocimiento médico y a ser informado del plazo máximo y de cómo impugnar la detención.
Asistencia letrada: obligatoria; renunciable solo en delitos exclusivamente contra la seguridad vial (art. 520.5 LECrim); el abogado de oficio debe comparecer en un máximo de tres horas.
Las LO 5/2015 (Directivas 2010/64/UE y 2012/13/UE) y 13/2015 (Directiva 2013/48/UE y garantías procesales) reformaron el art. 520 LECrim.
Habeas corpus (art. 17.4 CE, LO 6/1984): gratuito, sin abogado ni procurador, ante el juez de instrucción; auto en 24 horas: libertad, continuación con modificaciones o puesta a disposición judicial.
Legitimados para instar el habeas corpus: el privado de libertad, cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, hermanos, afines hasta segundo grado, Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo y, de oficio, el juez.
Art. 167 CP: detención ilegal por funcionario sin causa por delito (inhabilitación absoluta de 8 a 12 años); art. 530: prolongación con infracción de plazos o garantías (inhabilitación especial de 2 a 6 años).
Art. 163.4 CP: el particular que aprehende fuera de los casos legales para presentar a la autoridad, multa de 3 a 6 meses.
Menores (LO 5/2000, art. 17): plazo máximo de 24 horas para ponerlos en libertad o a disposición del Fiscal; comunicación a representantes legales y Fiscal; asistencia letrada preceptiva; separación de adultos. Menores de 14 años: no se aplica la LO 5/2000 (art. 3), solo medidas de protección.
Art. 16.2 LO 4/2015: la identificación en dependencias policiales no es detención y no puede exceder de 6 horas.
Los parlamentarios solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito (art. 71.2 CE).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cuál es el plazo máximo de detención de un menor de edad (entre 14 y 17 años) por funcionarios de policía antes de ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 30 de Policía Local?
La detención es la privación de libertad cautelar más gravosa que puede practicar la Policía Local en el ejercicio de sus funciones y una de las materias de mayor exigencia de garantías constitucionales (art. 17 CE) y legales (arts. 489 y siguientes y 520 LECrim). Este tema estudia su concepto y clases, los supuestos que la habilitan (por particulares y por la autoridad o sus agentes), los plazos máximos, los derechos de la persona detenida y la asistencia letrada (reformados por las LO 5/2015 y 13/2015), el procedimiento de habeas corpus (LO 6/1984) como garantía urgente frente a la detención ilegal, las responsabilidades penales, disciplinarias y patrimoniales derivadas de una detención irregular y las especialidades de la detención de menores infractores (LO 5/2000). También se distingue la detención de otras actuaciones que limitan la libertad sin ser detención, como la identificación en dependencias policiales del art. 16 de la LO 4/2015.
¿Qué hay que memorizar del Tema 30 para el examen?
Art. 17.2 CE: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, el plazo máximo es de 72 horas; prórroga de hasta 48 horas más en terrorismo (art. 520 bis LECrim), con solicitud en las primeras 48 horas y autorización judicial en 24 horas. Art. 490 LECrim: la detención por particulares es facultativa y el detenido debe entregarse de inmediato; arts. 492 y ss.: la detención por agentes de la autoridad es obligatoria en los supuestos legales. Art. 495 LECrim: no se detiene por delitos leves salvo que el presunto reo no tenga domicilio conocido ni dé fianza bastante. Art. 520.1 LECrim: la detención se practica de la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio. Art. 520.2 LECrim: derecho a información por escrito, a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a designar abogado, a acceder a las actuaciones esenciales, a comunicar la detención, a comunicarse telefónicamente, a intérprete, a reconocimiento médico y a ser informado del plazo máximo y de cómo impugnar la detención. Asistencia letrada: obligatoria; renunciable solo en delitos exclusivamente contra la seguridad vial (art. 520.5 LECrim); el abogado de oficio debe comparecer en un máximo de tres horas. Las LO 5/2015 (Directivas 2010/64/UE y 2012/13/UE) y 13/2015 (Directiva 2013/48/UE y garantías procesales) reformaron el art. 520 LECrim. Habeas corpus (art. 17.4 CE, LO 6/1984): gratuito, sin abogado ni procurador, ante el juez de instrucción; auto en 24 horas: libertad, continuación con modificaciones o puesta a disposición judicial. Legitimados para instar el habeas corpus: el privado de libertad, cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, hermanos, afines hasta segundo grado, Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo y, de oficio, el juez. Art. 167 CP: detención ilegal por funcionario sin causa por delito (inhabilitación absoluta de 8 a 12 años); art. 530: prolongación con infracción de plazos o garantías (inhabilitación especial de 2 a 6 años). Art. 163.4 CP: el particular que aprehende fuera de los casos legales para presentar a la autoridad, multa de 3 a 6 meses. Menores (LO 5/2000, art. 17): plazo máximo de 24 horas para ponerlos en libertad o a disposición del Fiscal; comunicación a representantes legales y Fiscal; asistencia letrada preceptiva; separación de adultos. Menores de 14 años: no se aplica la LO 5/2000 (art. 3), solo medidas de protección. Art. 16.2 LO 4/2015: la identificación en dependencias policiales no es detención y no puede exceder de 6 horas. Los parlamentarios solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito (art. 71.2 CE).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 17, 18.2, 55.2 y 71.2
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 489-496, 509, 520, 520 bis, 527)
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica
Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE y la Directiva 2012/13/UE
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (arts. 3 y 17)
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (arts. 5, 29 y 53)
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (art. 16)
Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 163, 167, 174-176, 404, 530, 534-536)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 32 y ss.)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Local.