Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. El Estado español como Estado social y democrático de derecho. Los derechos fundamentales y libertades públicas. Los derechos y deberes de la ciudadanía. Los principios rectores de la política social y económica. La protección y suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo. La reforma de la Constitución Española.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento español: fija en su Título Preliminar los valores superiores y principios de actuación de los poderes públicos, reconoce en el Título I un extenso catálogo de derechos y deberes fundamentales con distintos niveles de garantía, y contempla mecanismos excepcionales de suspensión (art. 55 y estados del art. 116), la figura del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos, y dos procedimientos de reforma (arts. 167 y 168) según la trascendencia de la materia afectada. Desde 1978 solo ha sido reformada tres veces: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011) y art. 49 (2024).
La Constitución de 1978 fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Consta de un preámbulo, un Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y los ciudadanos (art. 9.1 CE).
Contenido de los títulos de la Constitución
Título Preliminar (arts. 1-9); Título I, De los derechos y deberes fundamentales (10-55); Título II, De la Corona (56-65); Título III, De las Cortes Generales (66-96); Título IV, Del Gobierno y de la Administración (97-107); Título V, De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (108-116); Título VI, Del Poder Judicial (117-127); Título VII, Economía y Hacienda (128-136); Título VIII, De la Organización Territorial del Estado (137-158); Título IX, Del Tribunal Constitucional (159-165); Título X, De la reforma constitucional (166-169). Es una constitución escrita, rígida (reforma agravada), extensa y de origen consensuado.
El Estado social y democrático de Derecho (art. 1 CE)
El art. 1.1 CE define a España como «un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». El art. 1.2 sitúa la soberanía nacional en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y el art. 1.3 declara que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Alcance de cada componente: Estado de Derecho, democrático y social
Estado de Derecho: sometimiento de todos los poderes a la Constitución y a la ley (art. 9.1), imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, división de poderes, sujeción de la Administración a la ley y al Derecho con control judicial (arts. 103.1 y 106.1) y garantía de los derechos fundamentales. Estado democrático: soberanía popular (art. 1.2), sufragio y participación política (art. 23), pluralismo político y partidos (art. 6). Estado social: obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y a remover los obstáculos que las impidan (igualdad material, art. 9.2 CE), y se concreta en la función social de la propiedad (art. 33.2), los principios rectores (arts. 39-52) y la subordinación de la riqueza al interés general (art. 128.1).
Los principios del artículo 9.3 CE
Distintos de los valores superiores del art. 1.1, el art. 9.3 CE garantiza siete principios: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es habitual que los exámenes mezclen ambos preceptos para comprobar que no se confunden. El art. 9.2 impone además a los poderes públicos la tarea de promover la igualdad real y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social.
El Título Preliminar (arts. 1 a 9 CE)
Condensa las decisiones políticas fundamentales del constituyente: forma de Estado y valores superiores (art. 1), unidad de la Nación y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones (art. 2), régimen lingüístico (art. 3: el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos), bandera (art. 4: roja, gualda, roja, siendo la franja gualda de doble anchura que cada una de las rojas), capital (art. 5: Madrid), partidos políticos (art. 6), sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), Fuerzas Armadas (art. 8) y sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento (art. 9).
Unidad de la Nación y derecho a la autonomía (art. 2 CE)
El art. 2 CE equilibra dos principios: la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y el reconocimiento y garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, junto con la solidaridad entre todas ellas. Es el precepto matriz del Estado autonómico desarrollado en el Título VIII.
Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El art. 8 CE encomienda a las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire (hoy denominado Ejército del Aire y del Espacio), la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. La seguridad pública, en cambio, se regula en el art. 104 CE (Título IV), que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; una ley orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos (LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).
Estructura del Título I: derechos y deberes fundamentales (arts. 10-55)
El Título I se abre con el art. 10 (dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político) y se divide en cinco capítulos: Capítulo I, De los españoles y extranjeros (11-13); Capítulo II, Derechos y libertades (14-38), con la Sección 1ª, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (15-29), y la Sección 2ª, De los derechos y deberes de los ciudadanos (30-38); Capítulo III, De los principios rectores de la política social y económica (39-52); Capítulo IV, De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (53-54); y Capítulo V, De la suspensión de los derechos y libertades (55).
La dignidad de la persona (art. 10 CE)
El art. 10.1 CE proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social. El art. 10.2 fija una regla interpretativa esencial: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Españoles y extranjeros (Capítulo I, arts. 11-13 CE)
El art. 11 remite a la ley la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad; ningún español de origen puede ser privado de ella. El art. 12 fija la mayoría de edad en 18 años. El art. 13.1 reconoce a los extranjeros en España las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. El art. 13.2 reserva a los españoles los derechos del art. 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales (redacción dada por la reforma de 1992). El art. 13.3 dispone que la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos los delitos políticos, sin considerarse como tales los actos de terrorismo.
La igualdad ante la ley (art. 14 CE)
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Se trata de un derecho de tutela reforzada (amparo), aunque sistemáticamente se sitúa fuera de la Sección 1ª. No toda diferencia de trato es discriminatoria: el Tribunal Constitucional exige que la diferencia tenga justificación objetiva y razonable y sea proporcionada. La acción positiva compatible con el art. 9.2 CE no vulnera la igualdad.
Los derechos fundamentales de la Sección 1ª (arts. 15-29 CE)
Agrupa: derecho a la vida y a la integridad física y moral, con prohibición de torturas y penas o tratos inhumanos o degradantes y abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra (15); libertad ideológica, religiosa y de culto, sin que nadie esté obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias (16); libertad y seguridad (17); honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones y limitación del uso de la informática (18); libertad de residencia y circulación (19); libertad de expresión, información, producción y creación literaria, artística, científica y técnica, cátedra y secreto profesional (20); reunión (21); asociación (22); participación en los asuntos públicos y acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad (23); tutela judicial efectiva y garantías procesales (24); legalidad penal (25); prohibición de Tribunales de Honor (26); educación (27); sindicación y huelga (28) y petición (29).
Libertad y seguridad (art. 17 CE): garantías en la detención
Es el derecho más directamente ligado a la actuación policial. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (17.2). Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no puede ser obligada a declarar y tiene derecho a la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales (17.3). La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente (17.4; LO 6/1984), así como el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (art. 18 CE)
El domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito (18.2). Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial (18.3). El art. 18.4 encomienda a la ley limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos (base del derecho a la protección de datos de carácter personal).
Reunión y asociación (arts. 21 y 22 CE)
El derecho de reunión pacífica y sin armas se reconoce sin necesidad de autorización previa. En lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes (21.2). El derecho de asociación (art. 22) se reconoce con prohibición de las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito; las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar están prohibidas, y su disolución o suspensión solo procede en virtud de resolución judicial motivada.
Derechos y deberes de los ciudadanos de la Sección 2ª (arts. 30-38 CE)
Comprende el derecho y deber de defender a España y la objeción de conciencia (30), el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio (31), el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (32), a la propiedad privada y a la herencia, con función social (33), de fundación (34), el deber de trabajar y el derecho al trabajo (35), los colegios profesionales (36), la negociación colectiva y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (37) y la libertad de empresa (38). A diferencia de la Sección 1ª, no exigen ley orgánica para su desarrollo, solo ley ordinaria que respete su contenido esencial. Otros deberes constitucionales: cumplir la Constitución (9.1), colaborar con jueces y tribunales (118).
Los principios rectores de la política social y económica (Cap. III, arts. 39-52 CE)
Desarrollan el mandato de Estado social del art. 1.1 CE: protección social, económica y jurídica de la familia y de los hijos (39), progreso social y económico y orientación de la política al pleno empleo (40), régimen público de Seguridad Social (41), derechos económicos y sociales de los trabajadores en el extranjero (42), protección de la salud (43), acceso a la cultura (44), medio ambiente y deber de conservarlo (45), patrimonio histórico, cultural y artístico (46), vivienda digna y adecuada (47), participación de la juventud (48), atención a las personas con discapacidad (49; redactado por la reforma constitucional de 15 de febrero de 2024, que sustituyó la expresión «disminuidos» por «personas con discapacidad»), suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad (50), defensa de los consumidores y usuarios (51) y organizaciones profesionales (52). Conforme al art. 53.3 CE, informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen: no son directamente exigibles como derechos subjetivos autónomos.
Las garantías de los derechos: el artículo 53 CE
El art. 53.1 CE vincula a todos los poderes públicos a los derechos y libertades del Capítulo II; solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio, y se tutelan de acuerdo con el art. 161.1.a) (recurso de inconstitucionalidad contra la ley que los vulnere). El art. 53.2 permite a cualquier ciudadano recabar la tutela de las libertades y derechos del art. 14 y de la Sección 1ª del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; este último es aplicable también a la objeción de conciencia del art. 30. El art. 53.3 limita la eficacia de los principios rectores del Capítulo III a lo que dispongan sus leyes de desarrollo.
El recurso de amparo constitucional
Mecanismo extraordinario y subsidiario ante el Tribunal Constitucional (regulado en la LO 2/1979, del Tribunal Constitucional) frente a violaciones del art. 14 CE, de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) y de la objeción de conciencia (art. 30.2). Es subsidiario: exige agotar previamente la vía judicial ordinaria. Pueden interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b CE), frente a disposiciones, actos jurídicos o vías de hecho de los poderes públicos. Tras la reforma de 2007 de la LOTC, el recurso debe justificar su especial trascendencia constitucional. Plazo general: 20 días hábiles desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial previo (arts. 43 y 44 LOTC).
La reserva de ley orgánica para derechos fundamentales (art. 81 CE)
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª más, según la doctrina, el art. 14), los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE).
La suspensión general de derechos y libertades (art. 55.1 CE)
Permite suspender con carácter general, al acordarse la declaración del estado de excepción o de sitio (LO 4/1981), determinados derechos: libertad y seguridad (17), inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (18.2 y 3), libertad de residencia y circulación (19), libertad de expresión e información (20.1.a y d, y 20.5), reunión (21), huelga (28.2) y adopción de medidas de conflicto colectivo (37.2). Se exceptúa el art. 17.3 (asistencia de abogado al detenido) en el estado de excepción. El estado de alarma no permite suspender derechos fundamentales, solo limitarlos.
La suspensión individual de derechos en investigaciones antiterroristas (art. 55.2 CE)
Distinta de la suspensión general del art. 55.1, permite que una ley orgánica determine la forma y los casos en que, de forma individual, con la necesaria intervención judicial y adecuado control parlamentario, puedan suspenderse los derechos de los arts. 17.2 (plazo máximo de detención de 72 horas), 18.2 y 18.3 (domicilio y comunicaciones) respecto de personas determinadas, en relación con investigaciones sobre la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de esas facultades produce responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y LO 4/1981)
Los regula la LO 4/1981, de 1 de junio, por mandato del art. 116.1 CE. Alarma: lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso; solo con su autorización puede prorrogarse; procede ante catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o desabastecimiento de productos de primera necesidad. Excepción: lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso (decreto en Consejo de Ministros), por un máximo de 30 días prorrogables por otros 30, ante alteraciones graves del orden público que hagan insuficientes las potestades ordinarias. Sitio: lo declara el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno ante insurrección o acto de fuerza contra la soberanía, la independencia o la integridad territorial o el ordenamiento constitucional. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso (art. 116.5) y el funcionamiento de los poderes constitucionales no se interrumpe. El Tribunal Constitucional (SSTC 148/2021 y 183/2021) declaró que determinadas medidas adoptadas en los estados de alarma de la pandemia equivalían a una suspensión de derechos y excedían de lo permitido en alarma.
Prohibición de tribunales de honor (art. 26 CE)
El art. 26 CE prohíbe los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales, garantía frente a instancias corporativas de depuración de conducta al margen del sistema disciplinario y judicial ordinario. Sus infracciones se amparan, como el resto de la Sección 1ª.
El Defensor del Pueblo: designación y estatuto (art. 54 CE y LO 3/1981)
Alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, designado por estas, pudiendo supervisar a tal efecto la actividad de la Administración y dando cuenta a las Cortes Generales (art. 54 CE; LO 3/1981, de 6 de abril). Es elegido a propuesta de la Comisión Mixta Congreso-Senado por mayoría de 3/5 del Congreso y del Senado, para un mandato de cinco años; ha de ser español, mayor de edad y estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. No está sujeto a mandato imperativo, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, desempeña sus funciones con autonomía según su criterio y goza de inviolabilidad (no puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido ni juzgado por las opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias del cargo). Cuenta con dos Adjuntos que le auxilian y en los que puede delegar sus funciones.
Funciones, tramitación de quejas y legitimación procesal del Defensor del Pueblo
Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes. Cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna (también menores, internos de centros penitenciarios o de reclusión), puede dirigirle una queja, que debe presentarse firmada, motivada y en el plazo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos; no se requiere abogado ni procurador y es gratuita. La interposición de la queja no suspende los plazos para el ejercicio de otras acciones o recursos. Está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo y puede instar el procedimiento de habeas corpus. Presenta un informe anual a las Cortes Generales, además de informes extraordinarios cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseje. Desempeña también las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Su actividad queda en suspenso cuando las Cortes no están reunidas o disueltas.
Los Defensores del Pueblo autonómicos
Diversos Estatutos de Autonomía, entre ellos el de Andalucía, prevén una institución equivalente de ámbito autonómico (en Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz) que actúa como comisionado del Parlamento autonómico para la defensa de los derechos y libertades, coordinándose con el Defensor del Pueblo estatal sin relación de subordinación jerárquica entre ambos.
La reforma de la Constitución: procedimiento ordinario (art. 167 CE)
Exige la aprobación por mayoría de 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, se intenta mediante una comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores que presenta un texto que se vota en ambas Cámaras, y si aun así no se logra, siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de 2/3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (referéndum facultativo).
La reforma de la Constitución: procedimiento agravado (art. 168 CE)
Reservado a la revisión total de la Constitución o a la parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II (de la Corona). Exige aprobación del principio de reforma por 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación de la decisión por las Cámaras elegidas, estudio y aprobación del nuevo texto por 2/3 de ambas Cámaras y referéndum de ratificación obligatorio, a diferencia del facultativo del procedimiento ordinario.
Iniciativa y límites temporales de la reforma constitucional (arts. 166 y 169 CE)
La iniciativa de reforma se ejerce en los términos del art. 87.1 y 2 (art. 166): corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, quedando excluida la iniciativa popular. El art. 169 CE prohíbe iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra o vigente alguno de los estados de alarma, excepción o sitio del art. 116 CE, garantía frente a reformas impuestas en contextos de excepcionalidad.
Reformas constitucionales realizadas
Se han producido tres, todas por el procedimiento ordinario del art. 167: la de 1992 (art. 13.2, para añadir el sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales, por el Tratado de Maastricht); la de 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria); y la de 2024 (art. 49, sustitución del término «disminuidos» por «personas con discapacidad»).
Diferencia entre las dos vías de reforma constitucional
El criterio diferenciador no es la mera importancia política de la materia, sino su ubicación en el texto: solo exigen el procedimiento agravado del art. 168 la revisión total y la de los preceptos «núcleo duro» citados en dicho artículo; cualquier otra reforma, aunque afecte a materias sensibles, sigue el procedimiento ordinario del art. 167, más ágil. Por ejemplo, la reforma del art. 14 solo exige el procedimiento del art. 167, pero la del art. 15 exige el del art. 168.
La supremacía de la Constitución y el bloque de constitucionalidad
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento (art. 9.1 CE), de aplicación directa y eficacia vinculante para todos los poderes públicos y ciudadanos. Junto a ella, el llamado «bloque de constitucionalidad» integra otras normas (Estatutos de Autonomía, leyes orgánicas de delimitación de competencias) que sirven de parámetro para enjuiciar la constitucionalidad de otras leyes, sin perder la Constitución su posición de supremacía jerárquica. Su garantía jurisdiccional corresponde al Tribunal Constitucional (Título IX).
Derechos fundamentales de especial relevancia para la función policial
El desempeño policial incide de forma directa en derechos de la Sección 1ª del Título I: la vida e integridad (art. 15, con prohibición absoluta de tratos inhumanos o degradantes), la libertad y seguridad (art. 17, con sus garantías en la detención), la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones (art. 18), la libertad de circulación (art. 19), las libertades de reunión y manifestación (art. 21) y la tutela judicial efectiva y presunción de inocencia (art. 24), lo que exige un conocimiento preciso de su contenido y de sus límites legítimos por parte de los miembros de la Policía Local. Tienen además prohibido el derecho de huelga los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LO 2/1986).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
CE aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE el 29 de diciembre (BOE-A-1978-31229); 169 artículos.
Estructura: Preámbulo + Título Preliminar + 10 títulos + 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
Art. 1.1 CE: España, Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. No confundir con los principios del art. 9.3 (siete).
Solo los derechos de la Sección 1.ª (arts. 15-29), la igualdad del art. 14 y la objeción de conciencia (30.2) tienen tutela reforzada: procedimiento preferente y sumario + recurso de amparo ante el TC.
Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) no son directamente exigibles ante los tribunales (art. 53.3 CE): solo informan la legislación y pueden alegarse según lo dispongan las leyes de desarrollo.
El Defensor del Pueblo (art. 54 CE, LO 3/1981) es un alto comisionado de las Cortes Generales, elegido por 3/5 de ambas Cámaras para cinco años, con dos Adjuntos; plazo de queja: un año.
Reforma ordinaria (art. 167 CE): 3/5 en cada Cámara (referéndum facultativo si lo pide 1/10 de los miembros de una Cámara en 15 días). Reforma agravada (art. 168 CE): 2/3 + disolución de Cortes + ratificación + 2/3 nuevo texto + referéndum obligatorio, para revisión total, Título Preliminar, Sección 1.ª del Cap. II del Título I, o Título II.
Recurso de amparo: subsidiario, exige agotar la vía judicial ordinaria; legitimados el afectado con interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; requiere especial trascendencia constitucional.
Estados del art. 116 CE: alarma (Gobierno, decreto, 15 días prorrogables solo con autorización del Congreso, no suspende derechos), excepción (autorización previa del Congreso, 30 + 30 días) y sitio (mayoría absoluta del Congreso, a propuesta del Gobierno).
Art. 55.1 CE: suspensión general de derechos en excepción/sitio. Art. 55.2 CE: suspensión individual, con control judicial y parlamentario, en investigaciones de bandas armadas o terroristas (arts. 17.2 y 18.2 y 3).
La reforma constitucional no puede iniciarse en tiempo de guerra ni vigente ningún estado de alarma, excepción o sitio (art. 169 CE). Iniciativa: Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas autonómicas; no popular.
Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2 CE); habeas corpus (art. 17.4). Entrada en domicilio: consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2).
Reformas de la CE: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49, personas con discapacidad); las tres por el procedimiento del art. 167.
Trampa frecuente: el estado de alarma no suspende derechos; la suspensión del art. 55.1 solo opera en excepción y sitio. Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso (art. 81.2).
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Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué artículo de la Constitución proclama los valores superiores del ordenamiento jurídico español?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Policía Local?
La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento español: fija en su Título Preliminar los valores superiores y principios de actuación de los poderes públicos, reconoce en el Título I un extenso catálogo de derechos y deberes fundamentales con distintos niveles de garantía, y contempla mecanismos excepcionales de suspensión (art. 55 y estados del art. 116), la figura del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos, y dos procedimientos de reforma (arts. 167 y 168) según la trascendencia de la materia afectada. Desde 1978 solo ha sido reformada tres veces: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011) y art. 49 (2024).
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
CE aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE el 29 de diciembre (BOE-A-1978-31229); 169 artículos. Estructura: Preámbulo + Título Preliminar + 10 títulos + 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Art. 1.1 CE: España, Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. No confundir con los principios del art. 9.3 (siete). Solo los derechos de la Sección 1.ª (arts. 15-29), la igualdad del art. 14 y la objeción de conciencia (30.2) tienen tutela reforzada: procedimiento preferente y sumario + recurso de amparo ante el TC. Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) no son directamente exigibles ante los tribunales (art. 53.3 CE): solo informan la legislación y pueden alegarse según lo dispongan las leyes de desarrollo. El Defensor del Pueblo (art. 54 CE, LO 3/1981) es un alto comisionado de las Cortes Generales, elegido por 3/5 de ambas Cámaras para cinco años, con dos Adjuntos; plazo de queja: un año. Reforma ordinaria (art. 167 CE): 3/5 en cada Cámara (referéndum facultativo si lo pide 1/10 de los miembros de una Cámara en 15 días). Reforma agravada (art. 168 CE): 2/3 + disolución de Cortes + ratificación + 2/3 nuevo texto + referéndum obligatorio, para revisión total, Título Preliminar, Sección 1.ª del Cap. II del Título I, o Título II. Recurso de amparo: subsidiario, exige agotar la vía judicial ordinaria; legitimados el afectado con interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; requiere especial trascendencia constitucional. Estados del art. 116 CE: alarma (Gobierno, decreto, 15 días prorrogables solo con autorización del Congreso, no suspende derechos), excepción (autorización previa del Congreso, 30 + 30 días) y sitio (mayoría absoluta del Congreso, a propuesta del Gobierno). Art. 55.1 CE: suspensión general de derechos en excepción/sitio. Art. 55.2 CE: suspensión individual, con control judicial y parlamentario, en investigaciones de bandas armadas o terroristas (arts. 17.2 y 18.2 y 3). La reforma constitucional no puede iniciarse en tiempo de guerra ni vigente ningún estado de alarma, excepción o sitio (art. 169 CE). Iniciativa: Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas autonómicas; no popular. Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2 CE); habeas corpus (art. 17.4). Entrada en domicilio: consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2). Reformas de la CE: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49, personas con discapacidad); las tres por el procedimiento del art. 167. Trampa frecuente: el estado de alarma no suspende derechos; la suspensión del art. 55.1 solo opera en excepción y sitio. Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso (art. 81.2).
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Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, 27 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229)
Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 15 de febrero de 2024
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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