Tema 45. El principio de igualdad entre hombres y mujeres y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad. Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas en Andalucía. El principio de igualdad en el empleo público.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
El principio de igualdad entre mujeres y hombres, proclamado por los arts. 1.1, 9.2 y 14 CE y reconocido por el Derecho internacional y de la Unión Europea, se desarrolla en España por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en Andalucía por la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género. Este tema estudia la igualdad formal y material, la tutela contra la discriminación (discriminación directa e indirecta, acoso, acciones positivas, tutela judicial y carga de la prueba), las políticas públicas de igualdad (planificación, órganos, informes de impacto de género, estadística), la integración de la perspectiva de género (mainstreaming) en las políticas públicas de Andalucía y el principio de igualdad en el empleo público (acceso, carrera, conciliación y acoso), con especial proyección sobre el acceso y la vida profesional en las Policías Locales.
Fundamento constitucional: igualdad formal y material
El artículo 1.1 CE propugna la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. El artículo 14 CE proclama la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social: es la igualdad formal, entendida como prohibición de trato discriminatorio. El artículo 9.2 CE va más allá y consagra la igualdad material o real: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Esta distinción es la base doctrinal que legitima las «acciones positivas»: medidas específicas a favor de un colectivo históricamente discriminado, como las mujeres, para compensar una desigualdad de partida, que no vulneran el art. 14 CE porque persiguen la igualdad material del art. 9.2 CE (doctrina del Tribunal Constitucional desde la STC 128/1987). Otros preceptos relevantes: el art. 35.1 CE (derecho al trabajo sin discriminación por razón de sexo), el art. 39 CE (protección de la familia y de la infancia) y el art. 23.2 CE (acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos). El sexo es una de las causas de discriminación expresamente prohibidas, lo que somete a un escrutinio especialmente estricto cualquier diferencia de trato basada en él.
Marco internacional y de la Unión Europea
La igualdad entre mujeres y hombres tiene un amplio fundamento supranacional. En el ámbito de Naciones Unidas destacan la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979) y la Plataforma de Acción de Pekín (IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995), que impulsó el enfoque de transversalidad de género (gender mainstreaming). En la Unión Europea, la igualdad es un valor (art. 2 TUE) y un objetivo transversal (art. 8 TFUE: eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres en todas las acciones); el art. 157 TFUE consagra la igualdad de retribución para un mismo trabajo o de igual valor. Entre el Derecho derivado figuran la Directiva 2006/54/CE (refundida, sobre igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación), la Directiva (UE) 2019/1158 (conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores) y la Directiva (UE) 2023/970 (transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición vence el 7 de junio de 2026; debe comprobarse el estado de su transposición en España). La jurisprudencia del Tribunal de Justicia (casos Kalanke, 1995, y Marschall, 1997) admite las acciones positivas siempre que no establezcan preferencias automáticas e incondicionales y se valoren las circunstancias de cada candidatura.
La Ley Orgánica 3/2007: objeto, ámbito y estructura
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115), tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Es una ley transversal, que integra la perspectiva de género en el conjunto del ordenamiento y modifica numerosas normas sectoriales. Su estructura básica: Título I (el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación); Título II (políticas públicas para la igualdad); Título III (igualdad y medios de comunicación); Título IV (el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades); Título V (el principio de igualdad en el empleo público); Título VI (igualdad en el acceso a bienes y servicios); Título VII (igualdad en la responsabilidad social de las empresas); y Título VIII (disposiciones organizativas, como la Comisión Interministerial de Igualdad y el Consejo de Participación de la Mujer). Conviene recordar que los Títulos II y V se corresponden con los dos apartados centrales de este tema.
El principio de igualdad de trato y la tutela contra la discriminación
El art. 3 LO 3/2007 define el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El art. 4 establece que la igualdad de trato y de oportunidades es un principio informador del ordenamiento y debe observarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. El art. 5 la garantiza en el acceso al empleo (público y privado), la formación y la promoción profesional, las condiciones de trabajo, la retribución y el despido; admite como excepción la diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, por la naturaleza de la actividad o su contexto, constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre que el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. El art. 6 define las formas de discriminación (directa e indirecta); el art. 7, el acoso sexual y por razón de sexo; el art. 8, la discriminación por embarazo o maternidad; el art. 9, la indemnidad frente a represalias; el art. 10, las consecuencias jurídicas de los actos discriminatorios (nulidad y reparación); el art. 11, las acciones positivas; el art. 12, la tutela judicial efectiva; y el art. 13, la prueba (inversión de la carga de la prueba).
Discriminación directa e indirecta
La discriminación directa por razón de sexo es la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de su sexo (art. 6.1). La discriminación indirecta es la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados (art. 6.2). Se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo (art. 6.3), y también todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad (art. 8). Ejemplos: un anuncio que excluya a mujeres de un puesto sin justificación es discriminación directa; fijar un requisito físico o de altura que no guarde relación con la función y que excluya desproporcionadamente a las mujeres puede ser discriminación indirecta. El Tribunal Constitucional ha declarado que la discriminación indirecta no exige intención de discriminar, sino que basta con el efecto desventajoso desproporcionado (STC 145/1991, sobre diferencias retributivas entre categorías feminizadas y masculinizadas). Según el art. 9, la persona que reclame o denuncie no puede sufrir represalias (garantía de indemnidad).
Acoso sexual y acoso por razón de sexo
El art. 7 LO 3/2007 define el acoso sexual como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y el acoso por razón de sexo, como cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Ambos se consideran en todo caso actos discriminatorios, y el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo es también un acto de discriminación. La diferencia clave: el acoso sexual es de naturaleza sexual; el acoso por razón de sexo se funda en el sexo de la persona, sin ser necesariamente de contenido sexual. Se exige un protocolo de actuación: el art. 62 de la ley dispone que las Administraciones Públicas negociarán con la representación legal de los empleados públicos un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo (compromiso de prevenir, formación, tratamiento reservado, identificación de las personas responsables de atender las quejas). Las conductas más graves pueden ser además delito (acoso sexual, art. 184 del Código Penal) e infracción muy grave en el régimen disciplinario.
Acciones positivas y presencia equilibrada
El art. 11 LO 3/2007 impone a los poderes públicos la adopción de medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres; tales medidas serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. El Tribunal Constitucional las ha avalado (STC 128/1987) y también ha confirmado la constitucionalidad de las listas electorales paritarias (STC 12/2008). El principio de presencia o composición equilibrada se regula en la disposición adicional primera: se entiende por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. Es decir, un mínimo del 40% de cada sexo (y máximo del 60%). Recientemente, la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, ha reforzado y ampliado estos criterios de paridad en órganos de decisión; el detalle de su alcance debe consultarse en el texto vigente de ambas leyes.
La tutela judicial y la carga de la prueba
El art. 12 LO 3/2007 reconoce la tutela judicial efectiva: cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, incluso tras la terminación de la relación en que se hubiera producido la discriminación; la capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, y también a los organismos públicos y asociaciones cuando se les atribuya legitimación. El art. 13 invierte la carga de la prueba: en los procedimientos en que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, corresponderá a la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, una vez que la parte actora acredite indicios fundados de discriminación por razón de sexo; esta regla no se aplica a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores. Esta es una de las claves de la tutela: basta con aportar indicios racionales para que se traslade a la otra parte la prueba de la justificación. En el ámbito del empleo público, el control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y, tratándose de derechos fundamentales, procede el procedimiento especial de protección y el recurso de amparo.
La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, completa el marco de tutela con carácter general y ampliando los motivos de discriminación (nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social). Regula la discriminación por asociación y por error, la discriminación múltiple e interseccional, el acoso, la inducción u orden de discriminar, y las medidas de acción positiva, y crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Es de aplicación supletoria en aquellas materias reguladas por normas sectoriales como la LO 3/2007. Junto a ella, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, desarrolla la tutela por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.
Políticas públicas para la igualdad: principios, criterios y planificación
El Título II de la LO 3/2007 regula las políticas públicas para la igualdad. El art. 14 enumera los criterios generales de actuación de los poderes públicos (compromiso con la efectividad del derecho de igualdad; remoción de obstáculos; promoción de la mujer en los ámbitos en que esté infrarrepresentada; protección de la maternidad; fomento de la conciliación y de la corresponsabilidad; establecimiento de medidas contra la violencia de género; implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo, entre otros). El art. 15 consagra el principio de transversalidad de género: la igualdad de trato y de oportunidades informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos, que la integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. El art. 17 prevé que el Gobierno apruebe periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad (el vigente en los últimos años ha sido el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025; debe comprobarse si se ha aprobado uno posterior). Las competencias de promoción de la igualdad corresponden también a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, que pueden desarrollar sus propios planes en su ámbito.
Instrumentos de las políticas de igualdad: informes de impacto, estadísticas y órganos
Entre los instrumentos de la transversalidad figuran: a) El informe de impacto de género (art. 19 LO 3/2007): los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género, que permite valorar los efectos diferenciados sobre mujeres y hombres antes de la aprobación. b) La adecuación de las estadísticas y estudios (art. 20): los poderes públicos incluirán sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos. c) La colaboración entre Administraciones (art. 21). d) Los órganos: a escala estatal, el Ministerio de Igualdad (departamento que ostenta las competencias en la materia en la estructura vigente del Gobierno, a comprobar) y el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo; la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres; el Consejo de Participación de la Mujer. e) Los planes de igualdad en las empresas: obligatorios para empresas de cincuenta o más personas trabajadoras (la obligación se amplió progresivamente desde las empresas de más de doscientas cincuenta personas a partir de la reforma de 2019; los planes se desarrollan reglamentariamente por el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, y la igualdad retributiva por el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre). Es útil distinguir las medidas de igualdad en el empleo privado (Título IV) de las del empleo público (Título V).
Políticas de igualdad frente a la violencia de género
Las políticas de igualdad se complementan con las específicas contra la violencia de género: la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) y la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas. La violencia de género es considerada la manifestación más grave de la desigualdad, de lo que se deriva que la formación de los cuerpos policiales (incluidas las Policías Locales) en perspectiva de género, detección del riesgo y atención a las víctimas es un elemento central de las políticas públicas de seguridad (valoración del riesgo con el sistema VioGén, coordinación con las Unidades de Violencia sobre la Mujer, órdenes de protección). Estas materias se estudian en otros temas del programa; aquí interesa su dimensión como parte de la política de igualdad y su incidencia en la actuación de la Policía Local. Se amplían también las medidas de apoyo a las víctimas en el empleo público: reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, excedencia y justificación de ausencias (arts. 48 y 49 TREBEP).
Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas de Andalucía: el marco normativo
El Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) recoge la igualdad de género entre sus objetivos y derechos (entre otros, los arts. 10, 14 y 15 sobre objetivos básicos, prohibición de discriminación y protección contra la violencia de género) y atribuye competencias a la Junta de Andalucía en materia de políticas de género (art. 114). La norma de referencia es la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Incorpora la perspectiva de género de forma transversal en la actuación de la Administración andaluza y de las entidades locales de su territorio, mediante instrumentos como la evaluación previa del impacto de género de las normas y planes, el uso no sexista del lenguaje, la presencia equilibrada en los órganos, la integración de la perspectiva de género en la estadística, los presupuestos y la contratación, y las unidades de igualdad de género. Se completa con la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, y con el marco de igualdad de trato de las personas LGTBI y trans (Ley 8/2017, de 28 de diciembre, y Ley 2/2014, de 8 de julio).
Instrumentos andaluces: Instituto Andaluz de la Mujer, impacto de género y presupuestos
El Instituto Andaluz de la Mujer (creado por la Ley 10/1988, de 29 de diciembre) es un organismo autónomo de la Junta de Andalucía adscrito a la Consejería competente en la materia, que impulsa, coordina y evalúa las políticas de igualdad de la Comunidad Autónoma, ejecuta los sucesivos planes estratégicos para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía y presta servicios directos de información, asesoramiento jurídico y atención psicológica a las mujeres, con especial atención a las víctimas de violencia de género (red de centros provinciales y municipales de información a la mujer). La evaluación del impacto de género se aplica a los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno y a los planes de especial relevancia. En materia presupuestaria, Andalucía ha sido una de las comunidades pioneras en incorporar la perspectiva de género a los presupuestos («presupuestos con enfoque de género»), mediante un informe de evaluación de impacto de género que acompaña al proyecto de presupuesto y valora el impacto diferencial de cada programa de gasto sobre mujeres y hombres; existe una comisión especializada que lo asesora. Las unidades de igualdad de género, presentes en las consejerías y en sus entes instrumentales, impulsan la transversalidad, asesoran técnicamente y realizan el seguimiento de los informes de impacto de género.
El principio de igualdad en el empleo público: marco constitucional y legal
El artículo 23.2 CE reconoce el derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, y el art. 103.3 CE exige que el acceso a la función pública se regule conforme a los principios de mérito y capacidad. El TREBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) garantiza la igualdad en el acceso (art. 55: igualdad, mérito y capacidad, junto con publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección), establece que los órganos de selección tenderán a la paridad entre mujer y hombre (art. 60) y reconoce a los empleados públicos, entre sus derechos individuales (art. 14), el respeto a su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral, la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad u otra condición o circunstancia personal o social, y los derechos de conciliación. El Título V de la LO 3/2007 desarrolla el principio de igualdad en el empleo público: el art. 51 enumera los criterios de actuación de las Administraciones Públicas (remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación; facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional; fomentar la formación en igualdad; promover la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración; establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y por razón de sexo; eliminar toda discriminación retributiva; y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus ámbitos).
Igualdad en los procesos selectivos de la Policía Local
En el acceso a los Cuerpos de Policía Local rige el principio de igualdad, mérito y capacidad. Las pruebas de acceso (físicas, psicotécnicas, de conocimientos y médicas) deben guardar relación objetiva con las funciones del puesto: el art. 5 LO 3/2007 permite una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo solo cuando constituya un requisito profesional esencial y determinante con un objetivo legítimo y proporcionado, y la jurisprudencia exige justificar objetivamente los requisitos que puedan generar discriminación indirecta (por ejemplo, exigencias de estatura o de marcas físicas idénticas para ambos sexos sin vinculación con la función). Las convocatorias y la normativa de coordinación de las Policías Locales incorporan, en general, baremos de pruebas físicas diferenciados por sexo y edad, precisamente para respetar la igualdad material; el contenido concreto de cada convocatoria debe consultarse en sus bases. Los tribunales y órganos de selección tenderán a la paridad entre mujeres y hombres (art. 60 TREBEP, art. 51 LO 3/2007). Asimismo, se prohíbe cualquier exclusión del proceso selectivo por embarazo, maternidad o situación familiar, y son aplicables las previsiones para aplazar pruebas físicas en situaciones de embarazo, parto o posparto, según las bases de cada convocatoria.
Conciliación y corresponsabilidad en el empleo público
El TREBEP reconoce a los empleados públicos, incluidos los agentes de Policía Local, un catálogo de derechos orientados a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la corresponsabilidad. Permisos por nacimiento: tras el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, el art. 49 TREBEP reconoce un permiso de diecinueve semanas tanto a la madre biológica como al progenitor distinto de ella, en condiciones de igualdad e intransferibles, y de treinta y dos semanas en los supuestos de monoparentalidad, con un período inicial obligatorio de seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, once semanas voluntarias hasta que el menor cumpla doce meses y dos hasta que cumpla ocho años; permiso por adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, con las mismas características. Se han añadido el permiso parental para el cuidado de hijos y otras ausencias según la normativa vigente (Real Decreto-ley 5/2023, que traspuso la Directiva 2019/1158; deben verificarse los plazos y condiciones vigentes). Otros derechos: reducción de jornada por cuidado de menores o de familiares dependientes, excedencia por cuidado de hijos o de familiares (art. 89), permisos y reducciones por razón de violencia de género y adaptación de la jornada de trabajo. Estos derechos, de aplicación general a todo el empleo público, presentan en la Policía Local particularidades derivadas del régimen de turnos y de la necesidad de cobertura permanente del servicio, lo que exige a las Corporaciones Locales articular fórmulas organizativas que hagan compatibles la prestación del servicio y el ejercicio real de los derechos. El Tribunal Constitucional ha reconocido la dimensión constitucional de la conciliación (art. 14 en relación con el art. 39 CE, STC 3/2007).
Planes de igualdad y protocolos de acoso en las Administraciones Públicas
La LO 3/2007 obliga al Gobierno a aprobar, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (art. 64), que fija los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias y prácticas para su consecución; el plan se negocia con la representación legal del personal y se evalúa. Para el resto de Administraciones, el art. 51 impone criterios de actuación, y la práctica y la normativa autonómica y local han generalizado la aprobación de planes de igualdad propios (por ejemplo, planes de igualdad de los ayuntamientos y de los cuerpos de Policía Local), que suelen incluir diagnóstico de la plantilla, medidas de selección, formación, promoción, conciliación, prevención del acoso y uniformidad adaptada a las mujeres (adecuación de equipamiento y uniformes). El art. 62 exige negociar con la representación del personal un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. En la Administración andaluza existen protocolos específicos y unidades de igualdad de género que apoyan su aplicación. En relación con los planes de igualdad, conviene no confundir la obligación de las empresas privadas de cincuenta o más personas con el régimen del empleo público.
Medidas específicas de igualdad en el acceso y en el ejercicio profesional en la Policía Local
La proyección del principio de igualdad en las Policías Locales abarca: a) la eliminación de requisitos de acceso sin justificación objetiva que discriminen indirectamente por razón de sexo; b) la composición paritaria, en la medida de lo posible, de los tribunales de selección; c) la protección de la maternidad y del embarazo en el servicio (adaptación del puesto, cambio temporal a puestos sin riesgo, ajuste del uniforme y del equipo, y exención del servicio armado en situaciones de riesgo según la normativa de riesgos laborales); d) la conciliación compatible con el régimen de turnos; e) la prevención del acoso sexual y por razón de sexo dentro del propio Cuerpo, mediante protocolo, formación y canales de denuncia confidenciales; f) la formación en igualdad y en perspectiva de género, incluida la atención a víctimas de violencia de género; y g) la promoción profesional en condiciones de igualdad (acceso de las mujeres a las escalas superiores y a las unidades especializadas, y presencia equilibrada). Su incumplimiento puede generar responsabilidad disciplinaria y, en su caso, penal.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 14 CE: igualdad formal (prohibición de discriminación, también por razón de sexo). Art. 9.2 CE: igualdad material (los poderes públicos deben promover condiciones reales y efectivas de igualdad y remover obstáculos).
Las acciones positivas no vulneran el art. 14 CE porque persiguen la igualdad material del art. 9.2 CE; deben ser razonables, proporcionadas y temporales (art. 11 LO 3/2007; STC 128/1987).
LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115): transversalidad (art. 15), acciones positivas (art. 11), planes de igualdad, presencia equilibrada, empleo público (Título V).
Presencia o composición equilibrada (disp. adic. 1.ª LO 3/2007): ninguno de los sexos supera el 60% ni baja del 40%. La LO 2/2024, de 1 de agosto, ha reforzado la paridad en órganos de decisión.
Discriminación directa (trato menos favorable por razón de sexo) frente a indirecta (criterio aparentemente neutro con efecto desventajoso, salvo justificación objetiva); toda orden de discriminar y el trato desfavorable por embarazo o maternidad son discriminatorios.
Acoso sexual (comportamiento de naturaleza sexual) frente a acoso por razón de sexo (en función del sexo, sin ser necesariamente de contenido sexual): ambos son actos discriminatorios (art. 7 LO 3/2007); las Administraciones deben negociar un protocolo (art. 62).
Tutela: legitimación (art. 12) e inversión de la carga de la prueba (art. 13), no aplicable en procesos penales ni sancionadores; garantía de indemnidad (art. 9).
Art. 15 LO 3/2007: principio de transversalidad (mainstreaming) de género; art. 17: Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades; art. 19: informe de impacto de género en proyectos normativos y planes de especial relevancia.
Instituto Andaluz de la Mujer: organismo autónomo de la Junta de Andalucía (Ley 10/1988) que impulsa, coordina y evalúa las políticas de igualdad.
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre): marco de la perspectiva de género andaluza; Ley 13/2007 sobre violencia de género.
Art. 23.2 CE: acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos; arts. 103.3 CE y 55 TREBEP: mérito y capacidad; art. 60 TREBEP: órganos de selección tenderán a la paridad.
Art. 14 TREBEP: derecho a la no discriminación y al respeto a la dignidad frente al acoso; art. 49 TREBEP: permisos de nacimiento de 19 semanas para ambos progenitores, 32 en monoparentalidad, intransferibles, con seis semanas obligatorias.
Art. 5 LO 3/2007: solo es admisible una diferencia de trato por sexo en el acceso al empleo si es un requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y proporcionado.
Art. 51 LO 3/2007: criterios de actuación de las Administraciones Públicas en el empleo público; art. 64: Plan de igualdad de la AGE; las empresas de 50 o más personas están obligadas a tener plan de igualdad.
Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI), complementan la tutela antidiscriminatoria.
La Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva tenía plazo de transposición hasta el 7 de junio de 2026.
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¿Cómo define el art. 6 de la LO 3/2007 la discriminación indirecta por razón de sexo?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 45 de Policía Local?
El principio de igualdad entre mujeres y hombres, proclamado por los arts. 1.1, 9.2 y 14 CE y reconocido por el Derecho internacional y de la Unión Europea, se desarrolla en España por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en Andalucía por la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género. Este tema estudia la igualdad formal y material, la tutela contra la discriminación (discriminación directa e indirecta, acoso, acciones positivas, tutela judicial y carga de la prueba), las políticas públicas de igualdad (planificación, órganos, informes de impacto de género, estadística), la integración de la perspectiva de género (mainstreaming) en las políticas públicas de Andalucía y el principio de igualdad en el empleo público (acceso, carrera, conciliación y acoso), con especial proyección sobre el acceso y la vida profesional en las Policías Locales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 45 para el examen?
Art. 14 CE: igualdad formal (prohibición de discriminación, también por razón de sexo). Art. 9.2 CE: igualdad material (los poderes públicos deben promover condiciones reales y efectivas de igualdad y remover obstáculos). Las acciones positivas no vulneran el art. 14 CE porque persiguen la igualdad material del art. 9.2 CE; deben ser razonables, proporcionadas y temporales (art. 11 LO 3/2007; STC 128/1987). LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115): transversalidad (art. 15), acciones positivas (art. 11), planes de igualdad, presencia equilibrada, empleo público (Título V). Presencia o composición equilibrada (disp. adic. 1.ª LO 3/2007): ninguno de los sexos supera el 60% ni baja del 40%. La LO 2/2024, de 1 de agosto, ha reforzado la paridad en órganos de decisión. Discriminación directa (trato menos favorable por razón de sexo) frente a indirecta (criterio aparentemente neutro con efecto desventajoso, salvo justificación objetiva); toda orden de discriminar y el trato desfavorable por embarazo o maternidad son discriminatorios. Acoso sexual (comportamiento de naturaleza sexual) frente a acoso por razón de sexo (en función del sexo, sin ser necesariamente de contenido sexual): ambos son actos discriminatorios (art. 7 LO 3/2007); las Administraciones deben negociar un protocolo (art. 62). Tutela: legitimación (art. 12) e inversión de la carga de la prueba (art. 13), no aplicable en procesos penales ni sancionadores; garantía de indemnidad (art. 9). Art. 15 LO 3/2007: principio de transversalidad (mainstreaming) de género; art. 17: Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades; art. 19: informe de impacto de género en proyectos normativos y planes de especial relevancia. Instituto Andaluz de la Mujer: organismo autónomo de la Junta de Andalucía (Ley 10/1988) que impulsa, coordina y evalúa las políticas de igualdad. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre): marco de la perspectiva de género andaluza; Ley 13/2007 sobre violencia de género. Art. 23.2 CE: acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos; arts. 103.3 CE y 55 TREBEP: mérito y capacidad; art. 60 TREBEP: órganos de selección tenderán a la paridad. Art. 14 TREBEP: derecho a la no discriminación y al respeto a la dignidad frente al acoso; art. 49 TREBEP: permisos de nacimiento de 19 semanas para ambos progenitores, 32 en monoparentalidad, intransferibles, con seis semanas obligatorias. Art. 5 LO 3/2007: solo es admisible una diferencia de trato por sexo en el acceso al empleo si es un requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y proporcionado. Art. 51 LO 3/2007: criterios de actuación de las Administraciones Públicas en el empleo público; art. 64: Plan de igualdad de la AGE; las empresas de 50 o más personas están obligadas a tener plan de igualdad. Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI), complementan la tutela antidiscriminatoria. La Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva tenía plazo de transposición hasta el 7 de junio de 2026.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115)
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 14, 49, 55, 60 y 89
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género (Andalucía)
Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de creación del Instituto Andaluz de la Mujer
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