Tema 6. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Oficina Andaluza contra el fraude y la corrupción. Organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007) articula el autogobierno de la Comunidad en torno a tres instituciones básicas: el Parlamento, el Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno, a las que se suman órganos de garantía y control como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Este tema describe cada una de estas instituciones y la organización, central y territorial (provincial), de la Administración de la Junta de Andalucía, regulada por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y por la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Las instituciones de autogobierno: visión de conjunto
El Estatuto distingue entre las instituciones de autogobierno de la Comunidad (Parlamento de Andalucía, Presidente de la Junta y Consejo de Gobierno), el Tribunal Superior de Justicia como órgano culminante de la organización judicial en Andalucía (integrado en el Poder Judicial del Estado, no en el autogobierno), y otras instituciones de relevancia estatutaria (Defensor del Pueblo Andaluz, Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, Consejo Económico y Social y Consejo Audiovisual). El modelo es el de un régimen parlamentario: el Presidente es elegido por el Parlamento y responde ante él, siguiendo el esquema de las Cortes y el Gobierno de la Nación.
El Parlamento de Andalucía: naturaleza y composición
El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma, impulsa y controla la acción del Consejo de Gobierno y elige al Presidente o Presidenta de la Junta; es inviolable. Está integrado por 109 diputados y diputadas, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante un sistema de representación proporcional (regla D'Hondt) con la provincia como circunscripción electoral, por un mandato de cuatro años salvo disolución anticipada. El régimen electoral se contiene en la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía. Tiene su sede en Sevilla. Su funcionamiento se rige por su Reglamento, y se organiza en Pleno, Comisiones, Mesa, Presidente, Junta de Portavoces y Diputación Permanente.
Funciones del Parlamento de Andalucía
Además de la función legislativa (elaboración y aprobación de las leyes autonómicas) y presupuestaria, el Parlamento ejerce el control político del Consejo de Gobierno mediante preguntas, interpelaciones, mociones y comisiones de investigación, puede exigir la responsabilidad política del Presidente mediante moción de censura o negarle la confianza en una cuestión de confianza, y participa en la elección o designación de los titulares de las instituciones propias de la Comunidad Autónoma (Defensor del Pueblo Andaluz, Cámara de Cuentas, Consejo Audiovisual, entre otras). Los diputados gozan de inviolabilidad por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad durante su mandato; su aforamiento corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La iniciativa legislativa y las normas con rango de ley en Andalucía
La iniciativa legislativa corresponde a los diputados, al Consejo de Gobierno y, en los términos de la ley, a los Ayuntamientos y a la ciudadanía mediante iniciativa popular. El Parlamento puede delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley (decretos legislativos), y en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno puede dictar decretos-leyes, que no pueden afectar a determinadas materias y deben ser convalidados por el Parlamento en el plazo que fija el Estatuto.
La investidura del Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía
Tras cada renovación del Parlamento, el Presidente de la Cámara propone entre sus miembros un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta, que debe obtener la confianza de la Cámara: mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en una votación posterior (48 horas después, según el modelo del art. 99 CE). Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación ningún candidato obtiene la confianza, el Parlamento queda disuelto y se convocan nuevas elecciones. El Presidente o Presidenta es nombrado formalmente por el Rey, y el nombramiento se publica en el BOE y en el BOJA.
Funciones del Presidente de la Junta de Andalucía
El Presidente o Presidenta ostenta la más alta representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía, dirige y coordina la acción del Consejo de Gobierno, y responde políticamente ante el Parlamento de Andalucía, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero o Consejera en su respectivo ámbito de gestión. Le corresponden, entre otras, convocar elecciones y disolver el Parlamento en los términos del Estatuto, nombrar y separar a los Consejeros, fijar el número y la denominación de las Consejerías mediante decreto del Presidente, y plantear la cuestión de confianza. La Ley 6/2006 regula su estatuto personal y el del Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno: composición y naturaleza
El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de la Comunidad Autónoma, dirige la política de la Junta y la Administración de la Junta de Andalucía, y está compuesto por el Presidente o Presidenta, quien lo preside, uno o varios Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros y Consejeras. Responde política y solidariamente de su gestión ante el Parlamento. Cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento del Presidente; el Consejo cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.
La responsabilidad política del Consejo de Gobierno ante el Parlamento
El Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Presidente y, con él, de todo el Consejo de Gobierno mediante la moción de censura, que debe ser propuesta por un número mínimo de diputados e incluir un candidato alternativo (moción de censura constructiva, siguiendo el modelo del art. 113 CE); alternativamente, el propio Presidente puede plantear ante la Cámara una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: naturaleza, sedes y competencias
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo (art. 152.1 CE), y agota las sucesivas instancias procesales dentro de Andalucía. Su sede está en Granada, con Salas en Sevilla y Málaga, y su jurisdicción comprende también Ceuta y Melilla. Se estructura en Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre otras competencias, conoce de las causas penales contra aforados (entre ellos el Presidente de la Junta, los Consejeros y los diputados autonómicos), de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones de las Administraciones autonómica y local en los supuestos legales y de los recursos de suplicación en materia social.
El Defensor del Pueblo Andaluz
El Defensor del Pueblo Andaluz es el alto comisionado del Parlamento de Andalucía designado por este para la defensa de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del Estatuto, con capacidad para supervisar la actividad de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Administraciones locales andaluzas en materias de competencia autonómica. Su regulación básica se encuentra en la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, modificada posteriormente. Actúa por iniciativa propia o a instancia de parte, sin sujeción a mandato imperativo, con las mismas garantías de independencia e inviolabilidad que el Defensor del Pueblo estatal con el que coordina su actuación sin relación de jerarquía, y remite un informe anual al Parlamento de Andalucía. Asume además las funciones de Defensor del Menor de Andalucía.
Funciones y actuación del Defensor del Pueblo Andaluz
Supervisa la actividad de la Administración de la Junta de Andalucía y de la Administración local andaluza en las materias de competencia autonómica, tramitando quejas de la ciudadanía e investigaciones de oficio, formulando recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las Administraciones supervisadas, y presentando un informe anual al Parlamento de Andalucía, además de informes extraordinarios. Sus resoluciones no son jurídicamente vinculantes, y las autoridades están obligadas a auxiliarle preferente y urgentemente. No sustituye a los recursos administrativos ni judiciales.
La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción
Es la institución autonómica creada por la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, vinculada al Parlamento de Andalucía y encargada de la promoción de la integridad pública y de la prevención e investigación de conductas que puedan ser constitutivas de fraude o corrupción en el ámbito del sector público andaluz (Administración de la Junta de Andalucía, entidades locales de Andalucía y entidades instrumentales dependientes de ellas). Ejerce sus funciones con independencia orgánica y funcional respecto de la Administración autonómica; puede recibir denuncias de la ciudadanía y del propio personal empleado público, protege a las personas denunciantes (informantes o «alertadores») y traslada sus conclusiones al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial cuando aprecie indicios de delito. A escala estatal, la protección de los informantes se regula en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que transpone la Directiva (UE) 2019/1937.
Organización central de la Administración de la Junta de Andalucía
La Administración de la Junta de Andalucía (Ley 9/2007) se organiza en una estructura central, integrada por la Presidencia, las Vicepresidencias en su caso, y las Consejerías, cada una bajo la responsabilidad de un Consejero o Consejera y estructurada en órganos directivos (Viceconsejería, Secretaría General Técnica, Secretarías Generales y Direcciones Generales). El Presidente determina el número, denominación y competencias de las Consejerías mediante decreto, y el Consejo de Gobierno aprueba la estructura orgánica de cada una. A esta estructura se suma un amplio sector público institucional (agencias administrativas, agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones).
La organización territorial periférica de la Junta de Andalucía
En cada una de las ocho provincias (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla) existe una Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, que representa de forma unificada al Consejo de Gobierno en su ámbito territorial y coordina la actuación administrativa periférica, sin perjuicio de las Delegaciones Territoriales de las distintas Consejerías, que despliegan en cada provincia los servicios de su departamento correspondiente. Es preciso distinguir al Delegado del Gobierno de la Junta (órgano de la Administración autonómica) del Delegado del Gobierno en Andalucía (órgano de la Administración General del Estado, art. 154 CE).
La Cámara de Cuentas de Andalucía
Es el órgano estatutario de control económico y presupuestario externo de la actividad económico-financiera del sector público andaluz, dependiente del Parlamento de Andalucía (Ley 1/1988, de 17 de marzo), cuya función es análoga en el ámbito autonómico a la que ejerce el Tribunal de Cuentas en el ámbito estatal, y actúa sin perjuicio de la competencia de este.
El Consejo Consultivo de Andalucía
Es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía y, en los términos legales, de las demás Administraciones públicas andaluzas (Ley 4/2005, de 8 de abril), que dictamina preceptivamente sobre determinados proyectos normativos y expedientes (entre otros, anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos ejecutivos de leyes, revisión de oficio de actos administrativos), desempeñando en Andalucía una función equivalente a la del Consejo de Estado en el ámbito estatal.
Otras instituciones estatutarias de la Comunidad Autónoma
El Estatuto de Autonomía para Andalucía prevé además otras instituciones propias, como el Consejo Audiovisual de Andalucía (garantía de los derechos y principios en materia de comunicación audiovisual) y el Consejo Económico y Social de Andalucía (órgano consultivo de participación de los agentes económicos y sociales), que completan el entramado institucional de autogobierno junto a los órganos ya señalados.
Relación entre estas instituciones y la Policía Local
Los Cuerpos de Policía Local dependen de los Alcaldes y de los Ayuntamientos, pero se integran en el marco de coordinación que ejerce la Junta de Andalucía a través de la Consejería competente en materia de seguridad (Ley 13/2001), y colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las Juntas Locales de Seguridad. Conocer las instituciones autonómicas resulta necesario para comprender el régimen jurídico de sus normas, sus recursos y la supervisión de sus actuaciones por el Defensor del Pueblo Andaluz.
Principios de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta
La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto, a la ley y al Derecho (art. 103 CE), y bajo el control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Conforme a la Ley 9/2007, se rige además por criterios de transparencia, participación ciudadana, simplificación y calidad de los servicios, y por el principio de buena administración recogido en el Estatuto.
El sector público instrumental de la Junta de Andalucía
La Ley 9/2007 distingue, dentro de la Administración instrumental, las agencias administrativas (que realizan actividades de fomento, prestación o gestión de servicios), las agencias públicas empresariales (que realizan actividades prestacionales o de gestión económica sometidas al derecho privado), las agencias de régimen especial (que, por sus funciones, requieren autonomía reforzada) y otros entes, así como sociedades mercantiles de capital público, consorcios y fundaciones. Todas están vinculadas o adscritas a una Consejería, que ejerce el control de eficacia.
Los instrumentos de control parlamentario en Andalucía
El Reglamento del Parlamento articula los instrumentos de control: preguntas (orales o escritas) dirigidas a los miembros del Consejo de Gobierno, interpelaciones, proposiciones no de ley, mociones consecuencia de interpelación, comparecencias de miembros del Gobierno y de autoridades, comisiones de investigación y peticiones de información. El Presidente de la Junta responde en sesiones de control semanales o periódicas. Estos mecanismos reproducen en el ámbito autonómico los previstos en la Constitución para las Cortes Generales (arts. 109 a 111 CE).
Comparación entre el Defensor del Pueblo estatal y el Defensor del Pueblo Andaluz
Ambos son altos comisionados de sus respectivos Parlamentos, actúan de oficio o a instancia de parte y rinden informe anual. El estatal (LO 3/1981) supervisa a la Administración del Estado y, en relación con las CCAA, coordina con los comisionados autonómicos; el andaluz (Ley 9/1983) supervisa a la Administración de la Junta y a la local andaluza en las materias de competencia autonómica. Solo el Defensor del Pueblo estatal está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y amparo. No existe relación de jerarquía entre ambos, aunque colaboran.
Aforamiento y garantías de los miembros de las instituciones autonómicas
Los diputados andaluces gozan de inviolabilidad por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo y de inmunidad, y durante su mandato solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito. Las causas penales contra los aforados autonómicos (diputados, Presidente y miembros del Consejo de Gobierno) se atribuyen, por delitos cometidos en el territorio de la Comunidad, a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, y fuera de dicho territorio a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El Poder Judicial en Andalucía: órganos y principios
En Andalucía la organización judicial se estructura, de menor a mayor ámbito, en Juzgados de Paz, Tribunales de Instancia por partido judicial, Audiencias Provinciales (una por provincia, con sedes complementarias en algunas ciudades), Tribunal Superior de Justicia y, en el vértice estatal, el Tribunal Supremo. La planta y demarcación judicial es competencia del Estado, mientras que la Comunidad Autónoma ejerce competencias sobre los medios materiales y personales de la Administración de Justicia en los términos del Estatuto, y participa en la demarcación y planta. El gobierno del Poder Judicial corresponde en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial, y el TSJA se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que la Junta de Andalucía no ejerce potestades jurisdiccionales.
Plazos y reglas de funcionamiento del Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno se reúne en sesión ordinaria con la periodicidad que determine su Presidente, y actúa en forma colegiada: los acuerdos se adoptan por consenso o, en su defecto, por votación. Aprueba los proyectos de ley, los presupuestos, los decretos y los acuerdos, que se publican en el BOJA. Sus normas reglamentarias adoptan la forma de decreto, mientras que las del Presidente adoptan la forma de decreto del Presidente (nombramientos, estructura de Consejerías) y las de los Consejeros la de orden. Esta jerarquía normativa interna (ley, decreto-ley, decreto, orden) es relevante para identificar el rango de las disposiciones autonómicas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Parlamento de Andalucía (109 diputados, cuatro años, sede en Sevilla) elige a la Presidencia de la Junta de entre sus miembros; esta es después nombrada por el Rey.
El Consejo de Gobierno (Presidencia, Vicepresidencias en su caso, Consejerías) ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de la Comunidad. Normas: Ley 6/2006 (Gobierno) y Ley 9/2007 (Administración de la Junta).
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene su sede en Granada, con Salas en Sevilla y Málaga; forma parte del Poder Judicial del Estado.
El Defensor del Pueblo Andaluz se regula por la Ley 9/1983, de 1 de diciembre; es comisionado del Parlamento y asume la defensa del menor en Andalucía.
La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (Ley 2/2021, de 18 de junio) está vinculada al Parlamento, actúa con independencia y protege a las personas denunciantes.
La Administración periférica de la Junta se organiza mediante Delegaciones del Gobierno de la Junta en cada una de las ocho provincias andaluzas.
La investidura del Presidente exige mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en votación posterior; si no se logra, disolución y nuevas elecciones.
El Consejo de Gobierno responde política y solidariamente ante el Parlamento; puede cesar por moción de censura constructiva o por pérdida de una cuestión de confianza.
El TSJA culmina la organización judicial en Andalucía sin perjuicio del Tribunal Supremo (art. 152.1 CE); Salas de lo Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social.
No confundir: Cámara de Cuentas (control económico-financiero externo, como el Tribunal de Cuentas estatal) vs. Consejo Consultivo (dictamen jurídico, como el Consejo de Estado).
No confundir: Delegado del Gobierno de la Junta (autonómico, provincial) con Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma (estatal, art. 154 CE).
Régimen electoral: Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía; circunscripción provincial y fórmula D'Hondt.
Principios de la Administración autonómica (art. 103 CE y Ley 9/2007): eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Solo el Defensor del Pueblo estatal puede interponer recursos de inconstitucionalidad y amparo; el andaluz carece de esa legitimación.
Rangos normativos autonómicos: ley (Parlamento) y decreto-ley (Consejo de Gobierno) con rango de ley; decreto del Presidente y decreto del Consejo de Gobierno; orden de la Consejería.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué ley regula la organización y el funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Policía Local?
El Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007) articula el autogobierno de la Comunidad en torno a tres instituciones básicas: el Parlamento, el Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno, a las que se suman órganos de garantía y control como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Este tema describe cada una de estas instituciones y la organización, central y territorial (provincial), de la Administración de la Junta de Andalucía, regulada por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y por la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
El Parlamento de Andalucía (109 diputados, cuatro años, sede en Sevilla) elige a la Presidencia de la Junta de entre sus miembros; esta es después nombrada por el Rey. El Consejo de Gobierno (Presidencia, Vicepresidencias en su caso, Consejerías) ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de la Comunidad. Normas: Ley 6/2006 (Gobierno) y Ley 9/2007 (Administración de la Junta). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene su sede en Granada, con Salas en Sevilla y Málaga; forma parte del Poder Judicial del Estado. El Defensor del Pueblo Andaluz se regula por la Ley 9/1983, de 1 de diciembre; es comisionado del Parlamento y asume la defensa del menor en Andalucía. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (Ley 2/2021, de 18 de junio) está vinculada al Parlamento, actúa con independencia y protege a las personas denunciantes. La Administración periférica de la Junta se organiza mediante Delegaciones del Gobierno de la Junta en cada una de las ocho provincias andaluzas. La investidura del Presidente exige mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en votación posterior; si no se logra, disolución y nuevas elecciones. El Consejo de Gobierno responde política y solidariamente ante el Parlamento; puede cesar por moción de censura constructiva o por pérdida de una cuestión de confianza. El TSJA culmina la organización judicial en Andalucía sin perjuicio del Tribunal Supremo (art. 152.1 CE); Salas de lo Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social. No confundir: Cámara de Cuentas (control económico-financiero externo, como el Tribunal de Cuentas estatal) vs. Consejo Consultivo (dictamen jurídico, como el Consejo de Estado). No confundir: Delegado del Gobierno de la Junta (autonómico, provincial) con Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma (estatal, art. 154 CE). Régimen electoral: Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía; circunscripción provincial y fórmula D'Hondt. Principios de la Administración autonómica (art. 103 CE y Ley 9/2007): eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Solo el Defensor del Pueblo estatal puede interponer recursos de inconstitucionalidad y amparo; el andaluz carece de esa legitimación. Rangos normativos autonómicos: ley (Parlamento) y decreto-ley (Consejo de Gobierno) con rango de ley; decreto del Presidente y decreto del Consejo de Gobierno; orden de la Consejería.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía
Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz
Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Constitución Española, arts. 152.1 y 154
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Local.