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Tema 40. Libertad y excarcelación en sus distintas formas. El procedimiento de expulsión de extranjeros. Suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional: Requisitos para su concesión y revocación. Mecanismos de control de esta situación. Los beneficios penitenciarios y sus clases.

Convocatoria 2026, turno libre · Índice oficial del BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226).

Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.

Este tema estudia las distintas formas de excarcelación y libertad reguladas en el ordenamiento español, con especial atención al procedimiento de expulsión de extranjeros como sustitutivo de la pena de prisión (art. 89 CP, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015), y a la libertad condicional tras su reconfiguración como modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena por esa misma reforma, analizando sus requisitos de concesión y revocación, los mecanismos de control de esta situación, y el catálogo de beneficios penitenciarios distintos de la propia libertad condicional.

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Formas de libertad y excarcelación

El ordenamiento penitenciario y penal español contempla distintas formas de libertad y excarcelación de una persona privada de libertad, en función de la causa que la motiva: la libertad definitiva, por cumplimiento íntegro de la condena o por cualquier otra causa de extinción de la responsabilidad criminal ya estudiada (indulto, prescripción); la libertad provisional del preso preventivo, cuando desaparecen los presupuestos que justificaron la prisión provisional o esta alcanza su duración máxima legal; la libertad condicional, hoy reconfigurada como suspensión de la ejecución del resto de la pena; y la excarcelación derivada de la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional en el caso de extranjeros no residentes legalmente, que se estudia en este mismo tema por su singular naturaleza.

La libertad definitiva

La libertad definitiva se produce por el cumplimiento íntegro de la totalidad de la pena impuesta (licenciamiento definitivo), calculado conforme a la liquidación de condena aprobada por el órgano sentenciador, y comporta la extinción de la relación jurídico-penitenciaria, sin sujeción a control posterior por parte de la Administración Penitenciaria, a diferencia de la libertad condicional, que mantiene obligaciones y controles durante el periodo de suspensión. La fecha de licenciamiento definitivo, que se actualiza conforme a las modificaciones de la situación penal del interno (acumulación de condenas, abonos de prisión preventiva, nuevas liquidaciones), constituye uno de los datos de referencia más relevantes del expediente penitenciario.

La libertad provisional del preso preventivo

La libertad provisional del preso preventivo se acuerda por la autoridad judicial competente cuando desaparecen los presupuestos que justificaron la adopción de la prisión provisional (por ejemplo, por haberse practicado las diligencias que se pretendían asegurar, o por haber disminuido el riesgo de fuga), o cuando se alcanza el plazo máximo legal de duración de dicha medida cautelar. Conforme al art. 504 de la LECrim, la prisión provisional no puede exceder de un año si la pena señalada al delito es igual o inferior a tres años, ni de dos años si la pena es superior, con posibilidad de prórroga excepcional (hasta seis meses en el primer caso y hasta dos años en el segundo), y se computa por plazos adicionales en caso de recurso. Su ejecución material corresponde a la Administración Penitenciaria, que debe proceder a la inmediata puesta en libertad del interno tan pronto como reciba el mandamiento judicial, sin demora alguna dada la trascendencia del derecho a la libertad afectado.

El procedimiento de expulsión de extranjeros: fundamento

El procedimiento de expulsión de extranjeros como sustitutivo de la ejecución de penas privativas de libertad se fundamenta en la consideración de que, respecto de ciudadanos extranjeros sin residencia legal en España, la finalidad resocializadora de la pena de prisión (orientada a su reinserción en la sociedad española) pierde gran parte de su sentido práctico, resultando más coherente con los fines de la política criminal y de extranjería su expulsión del territorio nacional, sin perjuicio de la prohibición de retorno a España durante un periodo determinado, evitándose además el coste, tanto económico como de gestión penitenciaria, que supone el cumplimiento íntegro de la pena de prisión por parte de extranjeros que, en la generalidad de los casos, carecen de arraigo social o familiar estable en territorio español.

La expulsión sustitutiva de la pena de prisión

El art. 89 del Código Penal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, regula la sustitución de las penas de prisión impuestas a ciudadanos extranjeros por su expulsión del territorio español. Tras la reforma, la regla general es que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las demás partes personadas, aprecie excepcionalmente y de forma motivada que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en un centro penitenciario en España; para valorar la expulsión se atiende a las circunstancias del hecho y personales del autor, en particular a su arraigo en España. Cuando se trate de pena de prisión de más de cinco años, o de varias penas que excedan de esa duración, el juez acordará la ejecución de todo o parte de la pena en la medida necesaria para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida, y sustituirá el resto por la expulsión cuando el penado haya cumplido la parte determinada o alcanzado el tercer grado.

La expulsión como sustitución de medidas de seguridad

El art. 108 del Código Penal regula, de forma paralela al art. 89 CP, la posibilidad de que el juez o tribunal sustituya las medidas de seguridad aplicables a un extranjero no residente legalmente en España por su expulsión del territorio español, salvo que, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, estime razonadamente que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la medida en España. La expulsión lleva consigo la prohibición de regresar a España durante un plazo que la ley fija en diez años, y se aplica un régimen próximo al de la sustitución de las penas, con las adaptaciones derivadas de la distinta naturaleza y finalidad de las medidas de seguridad.

Requisitos para la expulsión de extranjeros en el Código Penal

Efectos y reglas del art. 89 CP tras la reforma de 2015: (1) la expulsión se acuerda en la propia sentencia o, si no es posible, en auto posterior, siempre previa audiencia del penado y del Ministerio Fiscal; (2) conlleva el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España; (3) el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado; (4) la expulsión de ciudadanos de la Unión Europea solo procede si constituyen una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, atendidas las circunstancias del hecho y del autor, así como su arraigo; (5) si el penado regresa a España antes de agotar el plazo de prohibición, se ejecutará la pena sustituida en los términos que prevé el propio art. 89. La reforma de 2015 suprimió el requisito de que el extranjero fuera no residente legalmente (exigido en versiones anteriores) y las listas de delitos exceptuados.

La suspensión de la ejecución del resto de la pena tras la reforma de 2015

La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 suprimió la anterior configuración de la libertad condicional como forma de cumplimiento de la pena (tradicionalmente conocida como el «cuarto grado» o último periodo del sistema de individualización científica) y la reguló, en los arts. 90 a 92 del Código Penal, como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión pendiente de cumplimiento, que acuerda el Juez de Vigilancia Penitenciaria, o el tribunal sentenciador en el caso de la prisión permanente revisable. Se mantiene, no obstante, en la práctica penitenciaria la denominación tradicional de libertad condicional.

La libertad condicional: naturaleza jurídica de suspensión de la ejecución

El art. 90.1 del Código Penal dispone que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los requisitos legalmente exigidos. Desde el punto de vista técnico-jurídico actual, la libertad condicional no es ya la ejecución de la pena en un régimen distinto, sino la suspensión de dicha ejecución respecto del periodo de condena pendiente, sujeta a un plazo de suspensión que es de dos a cinco años (sin que pueda ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento) y, en su caso, a determinadas reglas de conducta, cuyo incumplimiento puede determinar la revocación y el reingreso en prisión.

Requisitos generales para la libertad condicional

El art. 90.1 del Código Penal exige, para la concesión de la suspensión de la ejecución del resto de la pena (libertad condicional): a) que el penado se encuentre clasificado en tercer grado; b) que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta; y c) que haya observado buena conducta y exista respecto de él un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido en el informe final previsto en el art. 67 de la LOGP. Para valorar la concurrencia del pronóstico, el juez atiende a la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración delictiva, su conducta durante el cumplimiento, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la suspensión y de las medidas impuestas.

El período de seguridad para la libertad condicional

Existen exigencias adicionales o especiales en determinados supuestos. En primer lugar, el período de seguridad del art. 36.2 CP (aplicable a penas de prisión superiores a cinco años, con carácter facultativo u obligatorio según el delito) impide la clasificación en tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena, por lo que, al exigir la libertad condicional el tercer grado, queda condicionada indirectamente. En segundo lugar, para los condenados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, el art. 90 CP exige, además, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y colaboren activamente con las autoridades, lo que puede acreditarse mediante declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas, así como mediante informes técnicos.

La libertad condicional anticipada

El art. 90.2 del Código Penal permite adelantar la concesión de la suspensión de la ejecución del resto de la pena a los penados clasificados en tercer grado, con buena conducta y pronóstico favorable, que hayan extinguido dos terceras partes de la condena, siempre que, además, hayan desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma efectiva o bien acreditando el aprovechamiento de las enseñanzas o la participación en programas, y previa valoración del informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes. Además, el art. 90.3 CP prevé un supuesto excepcional de acceso a la libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena, referido a penados que cumplan condena de prisión por primera vez, con penas no superiores a tres años y participación en programas de reparación a las víctimas, tratamiento o desintoxicación. Se trata de incentivos a la participación en el tratamiento penitenciario.

La libertad condicional para septuagenarios y enfermos muy graves

El art. 91 del Código Penal contempla un régimen especial y más favorable de acceso a la suspensión de la ejecución del resto de la pena para dos colectivos: los penados que hayan cumplido setenta años, o los cumplan durante la extinción de la condena, y los enfermos muy graves con padecimientos incurables, en ambos casos siempre que reúnan los demás requisitos del art. 90 salvo el relativo al tiempo mínimo de cumplimiento, y con valoración de los dictámenes médicos y de la escasa peligrosidad. Este régimen responde a razones humanitarias y de política criminal que reconocen la escasa utilidad preventiva de mantener recluida a una persona de edad muy avanzada o gravemente enferma. Conviene recordar que este régimen está sujeto a las reglas específicas de los condenados por terrorismo y organizaciones criminales.

La libertad condicional para penados a prisión permanente revisable

El art. 92 del Código Penal regula un régimen específico de suspensión de la ejecución del resto de la pena para los penados a prisión permanente revisable, que decide el tribunal sentenciador (no el Juez de Vigilancia). Exige haber cumplido veinticinco años de condena (plazo ampliable en los supuestos de concurso de delitos del art. 78 bis CP), estar clasificado en tercer grado y un pronóstico favorable de reinserción social. El plazo de suspensión es de cinco a diez años, y el tribunal revisa de oficio el cumplimiento de los requisitos al menos cada dos años, sin equivalente en el régimen general de la libertad condicional de las penas de duración determinada.

La revocación de la libertad condicional

La revocación de la libertad condicional se rige por el art. 90 CP en relación con el régimen general de revocación de la suspensión del art. 86 CP. Procede revocarla cuando el penado delinca durante el periodo de suspensión (poniendo de manifiesto que la expectativa en que se fundaba no puede ser mantenida), incumpla de forma grave o reiterada las reglas de conducta impuestas, incumpla de forma grave o reiterada las condiciones o elude el control de los servicios de la Administración. La revocación obliga al cumplimiento de la parte de la pena pendiente en el momento de la concesión de la suspensión, y el tiempo pasado en libertad condicional no se descuenta, con carácter general, del cumplimiento. Con carácter alternativo a la revocación, el juez puede imponer nuevas condiciones, ampliar el plazo de suspensión o sustituir las reglas de conducta cuando las circunstancias lo justifiquen.

El control de la situación de libertad condicional

El control del cumplimiento de las condiciones impuestas al penado en situación de libertad condicional se articula a través de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Administración Penitenciaria, en coordinación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria competente, que supervisan el cumplimiento de las obligaciones de comparecencia periódica, de participación en programas de tratamiento en el exterior cuando así se hubiera acordado, de cumplimiento de las prohibiciones de residencia o de aproximación a determinadas personas cuando existan, y, en general, de la ausencia de comisión de nuevos delitos durante el periodo de suspensión, remitiendo al Juez de Vigilancia los correspondientes informes de seguimiento que permitan, en su caso, valorar la procedencia de mantener la suspensión, de modificar sus condiciones, o de proceder a su revocación.

Los Servicios de Gestión de Penas en el control de la libertad condicional

Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, ya mencionados en distintos temas de este bloque, desempeñan un papel central en el seguimiento práctico de los penados en situación de libertad condicional, especialmente en aquellos casos en que esta se hubiera condicionado al cumplimiento de determinadas reglas de conducta (comparecencias, sometimiento a control telemático, participación en programas de deshabituación o de intervención específica), coordinándose para ello tanto con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria competente como, cuando resulte necesario, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los servicios sociales comunitarios de la localidad de residencia del penado, constituyendo el eslabón administrativo imprescindible entre la resolución judicial de concesión de la libertad condicional y su efectivo cumplimiento en el día a día.

Los beneficios penitenciarios: concepto

Los beneficios penitenciarios son, conforme al art. 202 del Reglamento Penitenciario, aquellas medidas que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o del tiempo efectivo de internamiento. Se distinguen conceptualmente de los permisos de salida (que no reducen el tiempo de cumplimiento, sino que autorizan salidas temporales) y de la propia libertad condicional (que es una forma de suspensión de la ejecución del resto de la pena y no un beneficio adicional). El Título VIII del Reglamento Penitenciario regula este ámbito en los arts. 202 y siguientes.

Clases de beneficios penitenciarios

El Reglamento Penitenciario considera beneficios penitenciarios, a estos efectos, el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular, tras la desaparición del sistema de redención de penas por el trabajo (propio del Código Penal de 1973, derogado tras la entrada en vigor del Código Penal de 1995, pero todavía aplicable por razones de derecho transitorio a los penados condenados conforme al Código anterior, cuando les resulte más favorable). Son, por tanto, los dos únicos beneficios penitenciarios propiamente dichos en el sistema vigente.

El adelantamiento de la libertad condicional

El adelantamiento de la libertad condicional, regulado como beneficio penitenciario en el Reglamento Penitenciario (art. 205 y siguientes en su numeración original), permitía proponer al Juez de Vigilancia Penitenciaria la concesión de la libertad condicional antes de que se cumplieran los plazos generales, sobre la base de la participación continuada del penado en actividades laborales, culturales u ocupacionales; la Junta de Tratamiento formulaba la propuesta razonada y el Juez de Vigilancia resolvía, previo informe del Ministerio Fiscal. Tras la reforma de 2015, que reguló en el propio Código Penal los supuestos de libertad condicional anticipada (art. 90.2 y 90.3), la articulación práctica entre el adelantamiento reglamentario y las nuevas previsiones del Código es una cuestión que conviene contrastar con la normativa y práctica vigentes.

El indulto particular como beneficio penitenciario

El indulto particular, previsto en el Reglamento Penitenciario como segundo de los beneficios penitenciarios (art. 206), se diferencia del indulto general en que su tramitación se inicia a propuesta específica de la Junta de Tratamiento de un establecimiento respecto de un penado concreto que, por su ejemplaridad en el cumplimiento de la condena o por circunstancias personales excepcionales, se considera merecedor de esta medida de gracia. La propuesta se eleva por los cauces reglamentarios hasta el Ministerio de Justicia, que tramita el expediente conforme a la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, y su concesión definitiva corresponde, como cualquier otro indulto, al Consejo de Ministros, mediante real decreto.

La expulsión de extranjeros: vías judicial y administrativa

La expulsión puede acordarse por la autoridad judicial, como sustitución de la pena (art. 89 CP) o de la medida de seguridad (art. 108 CP), o por la autoridad administrativa conforme a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En este segundo ámbito, el art. 57.7 de dicha ley regula la autorización judicial de la expulsión de extranjeros sometidos a proceso penal o condenados, y la propia ley permite la expulsión como consecuencia de condena por delito doloso sancionado con pena superior a un año, salvo que los antecedentes se hayan cancelado. La distinción es útil: la expulsión del art. 89 CP la decide el órgano sentenciador y es una sustitución penal, mientras que la expulsión administrativa se tramita por la Administración con control judicial.

Traslado de personas condenadas a su país de origen

Como alternativa a la expulsión, existen instrumentos de cooperación internacional para que el extranjero cumpla la condena en su país: el Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, y otros convenios bilaterales, así como los mecanismos de la Unión Europea de reconocimiento mutuo de sentencias que imponen penas privativas de libertad. El traslado requiere, en general, el consentimiento del Estado de condena y del Estado de ejecución y, según el instrumento, del propio condenado.

Procedimiento de concesión de la libertad condicional

El procedimiento se inicia de oficio por el establecimiento penitenciario, que, cuando se aproxima el cumplimiento de los requisitos temporales, elabora el expediente con el informe final de evolución del art. 67 LOGP, el informe del Equipo Técnico y la propuesta de la Junta de Tratamiento, y lo remite al Juez de Vigilancia Penitenciaria. El Juez resuelve mediante auto motivado, previo informe del Ministerio Fiscal y audiencia de las partes, y puede imponer reglas de conducta (de entre las previstas para la suspensión de la ejecución de penas, como la prohibición de aproximación o la participación en programas formativos). Contra el auto cabe recurso de reforma y apelación ante la Audiencia Provincial o el órgano que corresponda, conforme a la disposición adicional quinta de la LOPJ.

Víctimas y libertad condicional

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, reconoce a las víctimas, en determinados delitos graves, el derecho a recibir información sobre las resoluciones penitenciarias relevantes y a recurrir ciertos autos del Juez de Vigilancia, entre ellos los relativos a la clasificación en tercer grado y a la concesión de la libertad condicional. Se trata de un mecanismo de garantía de los derechos de las víctimas que modula el procedimiento penitenciario, sin condicionar por sí mismo el sentido de la resolución.

Cuadro-resumen de plazos y requisitos de la libertad condicional

Régimen general: tercer grado + tres cuartas partes + buena conducta + pronóstico favorable. Adelantada (art. 90.2): dos terceras partes + actividades continuadas. Excepcional (art. 90.3): mitad en supuestos tasados (primarios, penas de hasta tres años y programas de reparación o tratamiento). Septuagenarios y enfermos muy graves (art. 91): sin exigencia de tiempo mínimo. Prisión permanente revisable (art. 92): veinticinco años, tercer grado y pronóstico favorable, con revisión al menos cada dos años y competencia del tribunal sentenciador. Plazo de suspensión: de dos a cinco años (cinco a diez en la prisión permanente revisable). Órgano competente: Juez de Vigilancia Penitenciaria (tribunal sentenciador en la prisión permanente revisable).

Errores típicos y diferencias con figuras afines

Conviene no confundir: (1) libertad condicional (suspensión del resto de la pena de prisión impuesta, con control del juez de vigilancia) y suspensión de la ejecución de la pena (arts. 80 y siguientes CP), que se decide al inicio por el tribunal sentenciador y no exige haber cumplido parte de la pena; (2) permisos de salida (temporales y sin variar la situación penitenciaria) y libertad condicional; (3) libertad provisional (preventivos) y libertad condicional (penados); (4) beneficios penitenciarios (art. 202 RP) y beneficios en sentido amplio como el tercer grado o los permisos; (5) la expulsión del art. 89 CP, que la acuerda el juez penal, de la expulsión administrativa de la ley de extranjería.

La suspensión ordinaria de la ejecución de la pena (arts. 80 y ss. CP): contraste

Para evitar confusiones, repásese la suspensión ordinaria: el tribunal sentenciador puede suspender la ejecución de las penas de prisión no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución no es necesaria para evitar la comisión futura de delitos, siempre que el delito sea el primero cometido por el condenado (con las precisiones legales sobre antecedentes), la pena o suma de penas no supere dos años, y se hayan satisfecho las responsabilidades civiles o se acredite la imposibilidad de hacerlo. El plazo de suspensión es de dos a cinco años para las penas de prisión (de tres meses a un año para las leves), y existen supuestos excepcionales (art. 80.3, cuando el penado no es primario pero las circunstancias lo aconsejan; art. 80.4, para el penado con enfermedad muy grave con padecimientos incurables, sin sujeción a requisito alguno; y art. 80.5, para penas de hasta cinco años cuando el delito se cometió a causa de la dependencia de sustancias y el penado se encuentra deshabituado o en tratamiento). A diferencia de la libertad condicional, se decide en sentencia o en auto posterior, no exige haber cumplido parte de la pena y la acuerda el tribunal sentenciador.

La sustitución de las penas de prisión y la acumulación de condenas

Tras la LO 1/2015 la sustitución de la pena de prisión (art. 88 CP) solo procede, con carácter general, para penas de hasta un año (excepcionalmente, hasta dos), por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y para extranjeros se aplica la expulsión del art. 89. Por otra parte, la acumulación jurídica de condenas (art. 76 CP) limita el cumplimiento máximo a un tiempo no superior al triple de la pena más grave, con un tope general de veinte años, ampliable a veinticinco, treinta o cuarenta años en los supuestos legales (determinados delitos con penas superiores a veinte años y delitos de terrorismo). Estos límites inciden en el cálculo de los licenciamientos y en el momento en que se alcanzan las tres cuartas partes o dos terceras partes exigidas para la libertad condicional.

Control telemático y reglas de conducta durante la libertad condicional

El juez puede imponer al liberado condicional reglas de conducta de entre las previstas para la suspensión de la ejecución de las penas, tales como la prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares, la prohibición de residir en determinados lugares, el deber de comparecer periódicamente ante la autoridad, la participación en programas formativos, laborales, de educación vial, sexual o de tratamiento de adicciones, y la obligación de cumplir los deberes que el juez estime convenientes para la rehabilitación. El control puede reforzarse con dispositivos telemáticos de localización cuando el juez lo acuerde. El incumplimiento grave o reiterado de las reglas es causa de revocación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Expulsión sustitutiva (art. 89 CP tras la LO 1/2015): penas de prisión de más de UN año impuestas a un extranjero; no se exige ya que sea no residente legal; excepción motivada si la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España; si la pena supera cinco años, se cumple parte necesaria y se sustituye el resto; prohibición de entrada de 5 a 10 años.
  • Art. 108 CP: expulsión como sustitución de medidas de seguridad para extranjeros no residentes legalmente; prohibición de regreso de diez años.
  • Tras la LO 1/2015 la libertad condicional es una modalidad de SUSPENSIÓN de la ejecución del resto de la pena (arts. 90-92 CP), ya no un 'cuarto grado' en sentido estricto.
  • Requisitos generales (art. 90.1 CP): tercer grado + 3/4 partes de la condena cumplidas + buena conducta con pronóstico favorable de reinserción (informe final del art. 67 LOGP).
  • Libertad condicional adelantada (art. 90.2 CP): 2/3 partes cumplidas + actividades laborales, culturales u ocupacionales continuadas; supuesto excepcional de la mitad para primarios con penas de hasta tres años (art. 90.3).
  • Plazo de suspensión de la libertad condicional: de 2 a 5 años, sin poder ser inferior a la parte de pena pendiente; en la prisión permanente revisable, de 5 a 10 años.
  • Régimen especial para septuagenarios y enfermos muy graves (art. 91 CP): sin exigencia de tiempo mínimo de cumplimiento, por razones humanitarias.
  • Prisión permanente revisable (art. 92 CP): 25 años (ampliables según art. 78 bis) + tercer grado + pronóstico favorable; decide el tribunal sentenciador, que revisa de oficio al menos cada dos años.
  • Beneficios penitenciarios (art. 202 RP): medidas que reducen la condena o el tiempo de internamiento; solo el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular; la redención de penas por el trabajo (CP 1973) solo pervive transitoriamente.
  • El indulto particular se propone desde la Junta de Tratamiento; tramita el Ministerio de Justicia (Ley de 18 de junio de 1870) y concede el Consejo de Ministros mediante real decreto.
  • Prisión provisional (art. 504 LECrim): máximo 1 año (pena hasta 3 años) o 2 años (pena superior), prorrogables excepcionalmente.
  • Error típico: confundir libertad condicional (JVP, resto de pena) con suspensión de la ejecución de la pena (tribunal sentenciador, desde el inicio), o los beneficios penitenciarios con los permisos.
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El plazo de suspensión de la libertad condicional ordinaria es de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 40 de Instituciones Penitenciarias?

Este tema estudia las distintas formas de excarcelación y libertad reguladas en el ordenamiento español, con especial atención al procedimiento de expulsión de extranjeros como sustitutivo de la pena de prisión (art. 89 CP, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015), y a la libertad condicional tras su reconfiguración como modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena por esa misma reforma, analizando sus requisitos de concesión y revocación, los mecanismos de control de esta situación, y el catálogo de beneficios penitenciarios distintos de la propia libertad condicional.

¿Qué hay que memorizar del Tema 40 para el examen?

Expulsión sustitutiva (art. 89 CP tras la LO 1/2015): penas de prisión de más de UN año impuestas a un extranjero; no se exige ya que sea no residente legal; excepción motivada si la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España; si la pena supera cinco años, se cumple parte necesaria y se sustituye el resto; prohibición de entrada de 5 a 10 años. Art. 108 CP: expulsión como sustitución de medidas de seguridad para extranjeros no residentes legalmente; prohibición de regreso de diez años. Tras la LO 1/2015 la libertad condicional es una modalidad de SUSPENSIÓN de la ejecución del resto de la pena (arts. 90-92 CP), ya no un 'cuarto grado' en sentido estricto. Requisitos generales (art. 90.1 CP): tercer grado + 3/4 partes de la condena cumplidas + buena conducta con pronóstico favorable de reinserción (informe final del art. 67 LOGP). Libertad condicional adelantada (art. 90.2 CP): 2/3 partes cumplidas + actividades laborales, culturales u ocupacionales continuadas; supuesto excepcional de la mitad para primarios con penas de hasta tres años (art. 90.3). Plazo de suspensión de la libertad condicional: de 2 a 5 años, sin poder ser inferior a la parte de pena pendiente; en la prisión permanente revisable, de 5 a 10 años. Régimen especial para septuagenarios y enfermos muy graves (art. 91 CP): sin exigencia de tiempo mínimo de cumplimiento, por razones humanitarias. Prisión permanente revisable (art. 92 CP): 25 años (ampliables según art. 78 bis) + tercer grado + pronóstico favorable; decide el tribunal sentenciador, que revisa de oficio al menos cada dos años. Beneficios penitenciarios (art. 202 RP): medidas que reducen la condena o el tiempo de internamiento; solo el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular; la redención de penas por el trabajo (CP 1973) solo pervive transitoriamente. El indulto particular se propone desde la Junta de Tratamiento; tramita el Ministerio de Justicia (Ley de 18 de junio de 1870) y concede el Consejo de Ministros mediante real decreto. Prisión provisional (art. 504 LECrim): máximo 1 año (pena hasta 3 años) o 2 años (pena superior), prorrogables excepcionalmente. Error típico: confundir libertad condicional (JVP, resto de pena) con suspensión de la ejecución de la pena (tribunal sentenciador, desde el inicio), o los beneficios penitenciarios con los permisos.

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 36, 78 bis, 86, 89, 90, 91, 92 y 108), en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
  • Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (art. 67; art. 76).
  • Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (arts. 202 y ss.).
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 504).
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
  • Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto.
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
  • Instrumento de ratificación del Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983.

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