Tema 25. Delitos contra la Administración de Justicia. Especial referencia al quebrantamiento de condena. Delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes. Especial referencia a la usurpación de atribuciones. Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales en especial los cometidos en el ámbito penitenciario.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema cierra el bloque de Derecho Penal estudiando cuatro grandes grupos de delitos del Libro II del Código Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre): los delitos contra la Administración de Justicia, con especial detenimiento en el quebrantamiento de condena y en las conductas de evasión de presos; los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes, con referencia a la usurpación de atribuciones; los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas; y los delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales, en especial los del ámbito penitenciario (art. 533 CP). Son tipos de máximo interés práctico para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que custodia a personas privadas de libertad y ejerce potestades de registro, intervención de comunicaciones y uso de la fuerza.
Delitos contra la Administración de Justicia: sistemática y bien jurídico
El Título XX del Libro II del Código Penal (arts. 446 a 471 bis) tipifica los delitos contra la Administración de Justicia. El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento del Poder Judicial, entendido en dos vertientes: la recta administración de justicia (evitar resoluciones injustas, falsedades procesales, obstrucciones a la investigación) y la eficacia de las resoluciones judiciales ya dictadas (evitar el quebrantamiento de penas y medidas). Sistemática por capítulos: I, de la prevaricación judicial (arts. 446 a 449); II, de la omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución (art. 450); III, del encubrimiento (arts. 451 a 454); IV, de la realización arbitraria del propio derecho (arts. 455 y 456); V, de la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos (arts. 456 a 458); VI, del falso testimonio (arts. 458 a 462); VII, de la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional (arts. 463 a 467); VIII, del quebrantamiento de condena (arts. 468 a 471); y IX, de los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional (art. 471 bis). La numeración exacta de cada capítulo debe contrastarse con el texto consolidado del BOE.
Otras figuras del Título XX con relevancia práctica
Aunque el epígrafe oficial destaca el quebrantamiento de condena, conviene conocer las demás figuras del Título XX. Omisión del deber de impedir delitos (art. 450): castiga a quien, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impide un delito contra la vida, la integridad, la libertad o la libertad sexual, y a quien no acude a la autoridad para que impida un delito de esa naturaleza del que tenga noticia. Encubrimiento (art. 451): auxilio a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho del delito, ocultación o inutilización de pruebas, o ayuda para eludir la investigación, con conocimiento de la comisión del delito y sin haber intervenido en él como autor o cómplice. Están exentos de pena por encubrimiento los parientes próximos del autor, con la excepción del aprovechamiento del provecho del delito (art. 454). Acusación y denuncia falsas (art. 456) y simulación de delitos (art. 457). Falso testimonio (art. 458): testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial. Obstrucción a la Justicia (arts. 463 y siguientes): incomparecencia de testigos o peritos citados en causa criminal, y coacciones o intimidaciones a denunciantes, partes, abogados, procuradores, peritos, intérpretes o testigos (art. 464). Deslealtad profesional (art. 467): abogado o procurador que perjudica a su cliente con abuso de funciones o revela secretos.
El quebrantamiento de condena: concepto y bien jurídico
El art. 468 del Código Penal castiga a quienes quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia. Su apartado 1 prevé pena de prisión de seis meses a un año si el autor estuviera privado de libertad, y multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos. El apartado 2 impone en todo caso pena de prisión de seis meses a un año a quienes quebrantaren una pena del art. 48 CP (privación del derecho a residir en determinados lugares, prohibición de aproximarse a la víctima o a otras personas, prohibición de comunicarse con ellas) o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, impuestas en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas del art. 173.2 CP (ámbito de la violencia de género y doméstica), así como a quienes inutilizaren o perturbaren el funcionamiento de los dispositivos técnicos dispuestos para controlar su cumplimiento (pulseras y similares). El bien jurídico es la autoridad y efectividad de las resoluciones judiciales; por ello la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de 25 de noviembre de 2008) entiende que el consentimiento de la persona protegida no excluye el delito, porque no es ella quien dispone del bien jurídico.
Elementos y modalidades del quebrantamiento
El quebrantamiento es un delito doloso y de mera actividad: se consuma con el acto de infracción, sin necesidad de resultado ulterior. El sujeto activo es quien está sometido a la pena, medida o custodia, por lo que se trata de un delito especial propio. Admite múltiples modalidades según el objeto quebrantado: el quebrantamiento de la pena de prisión (fuga del establecimiento), la no reincorporación al centro tras un permiso de salida o tras una salida autorizada, el incumplimiento de una medida de seguridad privativa de libertad, el quebrantamiento de una medida cautelar personal (prisión provisional o medidas de alejamiento acordadas cautelarmente) y el quebrantamiento de la conducción o custodia durante un traslado. Se exige voluntariedad: la imposibilidad material de cumplir, ajena a la voluntad del sujeto, excluye el dolo. La resolución quebrantada debe ser formalmente válida y haber sido notificada al sujeto. En el ámbito penitenciario, la evasión de un penado o preso constituye además una infracción disciplinaria muy grave (art. 108 del Reglamento Penitenciario) con efectos sobre la clasificación y los beneficios.
La evasión de presos: arts. 469 a 471
Los arts. 469 a 471 del Código Penal completan el capítulo del quebrantamiento de condena. El art. 469 agrava el quebrantamiento cuando el sujeto se evade empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sin perjuicio de la pena que corresponda a los resultados lesivos que se causen (concurso con otros delitos). Los arts. 470 y 471 se ocupan de los terceros que facilitan o favorecen la evasión de un condenado, preso o detenido, con un tratamiento diferenciado según el favorecedor sea un particular o una autoridad o funcionario encargado de la conducción o custodia del evadido: en este último caso el reproche es superior y se acompaña de la pena de inhabilitación, por la infracción del deber específico de custodia. Para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que tiene encomendada la vigilancia directa de los internos dentro del centro y durante las conducciones, la importancia es doble: como garantes de la custodia pueden incurrir en responsabilidad penal si cooperan o consienten la evasión, y además, con independencia de la responsabilidad penal, la negligencia en el servicio puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria conforme a la normativa de personal. La graduación exacta de las penas de cada modalidad debe consultarse en el texto vigente del Código Penal.
Delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes: sistemática
El Capítulo III del Título XXI del Libro II (delitos contra la Constitución) agrupa los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes (arts. 492 y siguientes). El Título XXI se compone, a su vez, de capítulos dedicados a la rebelión, los delitos contra la Corona, los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes, los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, los delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales y los ultrajes a España. En lo que se refiere a las Instituciones del Estado, se protegen la Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, el Gobierno de la Nación y los Consejos de Gobierno autonómicos, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. El bien jurídico es el normal funcionamiento de los órganos constitucionales y el respeto al equilibrio entre poderes que consagra la Constitución.
Conductas típicas contra las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas
Entre las conductas más relevantes de este bloque se encuentran: la invasión violenta o con intimidación de la sede de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa autonómica; la promoción, dirección o presidencia de manifestaciones u otras reuniones ante las sedes de las Cortes o Asambleas cuando estén reunidas, alterando gravemente su normal funcionamiento (art. 494), con una modalidad agravada para quienes porten armas u objetos peligrosos (art. 495); el empleo de fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro de las Cortes o de una Asamblea asistir a las reuniones o para coartar la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto (art. 498); la perturbación grave del orden de las sesiones; y las injurias o amenazas graves a las Cortes Generales, a las Asambleas, al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o a los órganos de gobierno y justicia autonómicos (art. 504). Estos delitos son de aplicación general a cualquier persona, no solo a funcionarios, y protegen la libre formación de la voluntad institucional frente a la presión violenta o intimidatoria.
La usurpación de atribuciones
La usurpación de atribuciones es la figura que, dentro de los delitos contra la división de poderes, protege la distribución de competencias entre los poderes del Estado. Se castiga a la autoridad o funcionario público que invade funciones que corresponden a otro poder o a otra instancia: el art. 506 CP sanciona a la autoridad o funcionario que, careciendo de atribuciones para ello, dicta una disposición general o suspende su ejecución (invasión de la potestad normativa, propia del Poder Legislativo y de quien tenga atribuida la potestad reglamentaria), y el art. 508 CP sanciona a la autoridad o funcionario administrativo o militar que se arroga atribuciones judiciales o impide la ejecución de una resolución dictada por la autoridad judicial competente (invasión del Poder Judicial por el Ejecutivo). Conviene retener el esquema conceptual: la usurpación se comete siempre invadiendo la esfera de otro poder; el sujeto activo es autoridad o funcionario público (delito especial propio); y la pena principal es la de inhabilitación, que acompaña a otras penas según la modalidad. El principio constitucional que se tutela es la separación de poderes, base de la organización del Estado de Derecho (arts. 1.1, 9.3, 97, 117 y 118 CE).
Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas: visión general
El Capítulo IV del Título XXI del Libro II (arts. 510 y siguientes) agrupa los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Dentro de él pueden distinguirse varios bloques: los delitos de odio y discriminación (art. 510 y los preceptos sobre denegación discriminatoria de prestaciones, arts. 511 y 512); los delitos relativos a las reuniones y manifestaciones ilícitas; los delitos relativos a las asociaciones ilícitas (art. 515 y siguientes); y los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. El bien jurídico común es el ejercicio pacífico y en condiciones de igualdad de los derechos y libertades reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución, que a su vez enlaza con el art. 25.2 CE en cuanto a los derechos que conserva la persona privada de libertad.
Discriminación y delitos de odio (arts. 510 a 512 CP)
El art. 510 CP, reformado por la LO 1/2015, castiga a quienes fomenten, promuevan o inciten públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o una persona determinada por referencia a su pertenencia a él, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad. El art. 511 CP castiga al particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por alguno de esos motivos discriminatorios y, con la misma conducta, al funcionario público que la deniegue (con pena de inhabilitación); el art. 512 CP castiga a quienes, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, denieguen una prestación por los mismos motivos, con pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o comercio. Estos preceptos se complementan con la agravante genérica de actuar por motivos discriminatorios (art. 22.4 CP) y con el principio de igualdad de los arts. 14 y 9.2 CE. En el ámbito penitenciario, la LOGP (art. 3) y el Reglamento prohíben toda discriminación por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social u otras circunstancias análogas.
Reuniones y asociaciones ilícitas
La libertad de reunión y manifestación (art. 21 CE) y el derecho de asociación (art. 22 CE) cuentan en el Código Penal con una protección y a la vez con límites penales. Son punibles las reuniones o manifestaciones que tengan por objeto cometer algún delito, o en las que concurran personas con armas u objetos peligrosos, castigándose con particular intensidad a quienes las promuevan o dirijan. El art. 515 CP declara asociaciones ilícitas las que tengan por objeto cometer algún delito o promover su comisión, las que tengan por objeto cometer o promover de modo organizado, coordinado y reiterado delitos leves, las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución, las organizaciones de carácter paramilitar y las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia. A estos efectos, el art. 22 CE prohíbe las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, y establece que la disolución o suspensión de actividades de las asociaciones solo puede acordarse por resolución judicial motivada.
Delitos de funcionarios contra las garantías constitucionales: concepto y sujeto activo
El Capítulo V del Título XXI del Libro II (arts. 529 a 542) tipifica los delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Son delitos especiales propios, cuyo sujeto activo es la autoridad o el funcionario público que, abusando de su cargo o prevaliéndose de él, infringe las garantías que la Constitución y las leyes establecen frente a la actuación de los poderes públicos. A efectos penales, se reputa autoridad al que por sí solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, y funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas (art. 24 CP). Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias son, por tanto, funcionarios públicos a todos los efectos penales. La estructura del capítulo distingue entre delitos contra la libertad individual, contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad, y contra otros derechos individuales. Esta sistemática se completa con los tipos generales de los Títulos VI, VII, X y XIX del Libro II.
Privación de libertad y garantías de plazo (arts. 530 y 531 CP)
El art. 530 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquier persona (detenido, preso o penado) con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El art. 531 CP castiga con pena de inhabilitación a la autoridad o funcionario que, mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o penado, con violación de los plazos o garantías legales. Hay que distinguir estos tipos de los supuestos en los que no medie causa por delito: la detención ilegal practicada por autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito se castiga con las penas de los arts. 163 y siguientes agravadas, conforme al art. 167 CP, que además impone inhabilitación absoluta. El criterio de distinción es el siguiente: si hay causa por delito y el exceso es de plazo o de garantías, se aplican los arts. 530 y 531; si no hay causa por delito alguna, se aplica el art. 167. Estos tipos se relacionan con el art. 17 CE (plazo máximo de setenta y dos horas de detención) y con el procedimiento de «Habeas Corpus».
Registro, entrada en domicilio e interceptación de comunicaciones por funcionario (arts. 534 a 536 CP)
El art. 534 CP castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público a la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales, entre en un domicilio sin el consentimiento del morador, registre sus papeles o documentos o los efectos que se hallen en su domicilio, o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen. Se sanciona también a quien no devolviere inmediatamente después del registro los papeles, documentos y efectos registrados. Los arts. 535 y 536 se ocupan de la interceptación de la correspondencia y de las telecomunicaciones: el 535, mediando causa por delito, y el 536, fuera de los casos permitidos por la ley y sin causa por delito. Cuando no medie causa por delito, el allanamiento de morada por autoridad o funcionario se castiga en el art. 204 CP. Estos tipos son especialmente relevantes en el ámbito penitenciario: el art. 23 LOGP y el art. 68 del Reglamento Penitenciario regulan los registros, cacheos y requisas, que deben practicarse con las garantías y la periodicidad reglamentarias y siempre con respeto a la dignidad de la persona.
El art. 533 CP: sanciones indebidas y rigor innecesario en el ámbito penitenciario
El art. 533 CP contiene el tipo específicamente penitenciario: el funcionario de Instituciones Penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que, con ocasión del ejercicio de su cargo, impusiere a los internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, es castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, sin perjuicio de la pena que corresponda si el hecho constituyera otro delito más grave (por ejemplo, lesiones, trato degradante, torturas o abuso). Se trata de un delito especial propio (solo puede cometerlo el funcionario de los centros indicados) y de naturaleza subsidiaria respecto de los tipos más graves. Se distinguen dos modalidades: la imposición de sanciones o privaciones indebidas (sanción disciplinaria no prevista legalmente, aplicada sin procedimiento, por órgano incompetente o desbordando la ley, o privación de derechos no amparada por la normativa penitenciaria) y el uso de un rigor innecesario (empleo de medios de seguridad, de control o de coerción más allá de lo estrictamente necesario). Esta segunda modalidad enlaza directamente con el art. 45 LOGP, que limita el empleo de medios coercitivos a los casos de evasión, violencia o daños de los internos y de resistencia activa o pasiva a las órdenes del personal, con la medida estrictamente indispensable y cesando en cuanto se restablezca la normalidad.
Torturas, trato degradante y deber de custodia (arts. 173, 174, 175 y 176 CP)
Además del art. 533, el ámbito penitenciario conecta con los delitos contra la integridad moral. El art. 173.1 CP castiga al que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, y el art. 15 CE proscribe las torturas y las penas o tratos inhumanos o degradantes. El art. 174 CP define la tortura como la conducta de la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. El art. 175 CP castiga al funcionario que, abusando de su cargo y fuera de los casos de tortura, atenta contra la integridad moral. El art. 176 CP extiende las penas a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten estos hechos: es la llamada comisión por omisión impropia, de enorme interés para el funcionario de prisiones, garante de los internos. El art. 177 prevé que, si además se produce un resultado lesivo (lesiones o muerte), se castigue por separado.
Intervención de comunicaciones de internos sin autorización: art. 198 CP y art. 51 LOGP
El art. 51 LOGP regula las comunicaciones de los internos. Las comunicaciones con el Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales, así como con los Procuradores que los representen, no pueden ser suspendidas ni intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo. Las demás comunicaciones solo pueden ser suspendidas o intervenidas motivadamente por el Director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial competente. Si un funcionario interviene o accede a las comunicaciones de un interno fuera de estos casos, o excediendo los límites de la autorización, puede incurrir en el delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 198 CP, que sanciona a la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa legal por delito y prevaliéndose de su cargo, realice las conductas descritas en el art. 197 CP (apoderarse de papeles o cartas, interceptar telecomunicaciones o utilizar artificios técnicos de escucha), con la pena de dicho precepto en su mitad superior y la inhabilitación absoluta. Si existe causa por delito y se incumplen las garantías, se aplican los arts. 535 y 536 CP.
Impedimento del ejercicio de derechos cívicos (art. 542 CP) y otros tipos del capítulo
El art. 542 CP castiga con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impidiere a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. Es un precepto residual o de cierre del capítulo: se aplica cuando la conducta no encaja en ninguno de los tipos más específicos anteriores. En el ámbito penitenciario puede resultar relevante cuando se impide a un interno el ejercicio de derechos que no están afectados por la condena ni limitados por la ley penitenciaria: por ejemplo, el derecho de sufragio activo, que conserva el interno salvo que la sentencia le haya privado expresamente de él (art. 3 LOGP y art. 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General), o la libertad religiosa (art. 16 CE y art. 54 LOGP sobre asistencia religiosa). Para otros impedimentos de derechos (por ejemplo, arbitrariamente denegar la información o las comunicaciones), debe analizarse caso por caso si la conducta puede constituir prevaricación administrativa (art. 404 CP), un atentado contra la integridad moral (arts. 173 y 175 CP) o simplemente una infracción administrativa o disciplinaria.
Responsabilidad del funcionario penitenciario: penal, disciplinaria y civil
La actuación del funcionario de prisiones puede generar tres tipos de responsabilidad que son compatibles entre sí. La responsabilidad penal, derivada de los tipos estudiados (arts. 468 a 471, 530 a 542, 173 a 176, 198, 404), con penas generalmente de inhabilitación (arts. 41 y 42 CP: la inhabilitación absoluta priva definitivamente de todos los honores, empleos y cargos públicos del penado; la especial para empleo o cargo público, del empleo o cargo sobre el que recaiga y de la capacidad para obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo de la condena), y prisión en los casos más graves. La responsabilidad disciplinaria, regulada por la normativa de personal funcionario de la Administración General del Estado y el régimen específico del Cuerpo, que puede coexistir con la penal salvo el principio non bis in idem cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Y la responsabilidad civil, que se extiende a la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos (responsabilidad patrimonial del Estado conforme a la normativa de régimen jurídico del sector público) y subsidiariamente a la persona del funcionario, y a la que se añade la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración respecto a los delitos de sus funcionarios en los supuestos del art. 121 CP.
Procedimiento: competencia y particularidades procesales de estos delitos
Los delitos de este tema se enjuician con arreglo a las reglas generales de competencia y procedimiento: el abreviado para la mayoría de ellos, y el ordinario para los castigados con pena superior a nueve años. Algunos de los delitos conexos que pueden concurrir con los estudiados (por ejemplo, el allanamiento de morada o las amenazas) figuran entre los que enjuicia el Tribunal del Jurado según el art. 1.2 de la LO 5/1995. El perjudicado, que normalmente será el interno o sus familiares, podrá personarse como acusación particular y la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria interviene en la defensa de los derechos de los internos. A efectos de prescripción de los delitos, deben atenderse los plazos del art. 131 CP en función de la pena máxima señalada, y a efectos de ejecución de la pena de inhabilitación, la condena firme tendrá repercusión en la relación funcionarial, pues la pérdida de la condición de funcionario es consecuencia de la pena de inhabilitación absoluta o especial (art. 63 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Título XX CP (arts. 446 a 471 bis): delitos contra la Administración de Justicia. El quebrantamiento de condena se encuentra en el Capítulo VIII (arts. 468 y siguientes).
Quebrantamiento de condena (art. 468.1 CP): prisión de 6 meses a 1 año si el autor está privado de libertad; multa de 12 a 24 meses en los demás casos.
Art. 468.2 CP: SIEMPRE prisión de 6 meses a 1 año (nunca multa) si se quebranta una pena, medida cautelar o medida de seguridad del art. 48 CP en procesos con víctima del art. 173.2 CP, o se inutilizan los dispositivos técnicos de control.
El consentimiento de la víctima no excluye el quebrantamiento de una pena de alejamiento: el bien jurídico es la autoridad de la resolución judicial (Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del TS de 25-11-2008).
Art. 469 CP: la evasión con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas se agrava, sin perjuicio de la pena por los resultados lesivos causados.
El favorecimiento de la evasión por autoridad o funcionario encargado de la custodia se castiga con mayor severidad e inhabilitación (arts. 470 y 471 CP); es el supuesto de mayor interés para el Cuerpo de Ayudantes.
Instituciones del Estado: Capítulo III del Título XXI (desde el art. 492). Conductas: invadir la sede de las Cortes, manifestaciones ante ellas cuando están reunidas (art. 494), impedir asistir a un parlamentario o coartar su voto (art. 498) e injurias o amenazas graves a instituciones (art. 504).
Usurpación de atribuciones: art. 506 CP (autoridad o funcionario que, sin atribuciones, dicta disposición general o suspende su ejecución) y art. 508 CP (se arroga atribuciones judiciales o impide ejecutar una resolución judicial). Es siempre un delito especial propio.
Delitos de odio y discriminación: art. 510 (odio), art. 511 (denegación de prestaciones por servicio público), art. 512 (denegación en actividad profesional o empresarial). Asociaciones ilícitas: art. 515.
Arts. 530 y 531 CP: funcionario que, CON causa por delito, acuerda o prolonga la privación de libertad o la incomunicación vulnerando plazos o garantías. Sin causa por delito, se aplica la detención ilegal agravada del art. 167 CP.
Art. 534 CP: funcionario que, CON causa por delito y sin respetar las garantías, entra en un domicilio sin consentimiento, registra papeles o intercepta telecomunicaciones. Sin causa por delito: arts. 204 (allanamiento), 198 y 536 CP.
Art. 533 CP: delito ESPECÍFICO del funcionario de Instituciones Penitenciarias (o de centros de menores) que impone sanciones o privaciones indebidas o usa rigor innecesario con los internos; inhabilitación especial para empleo o cargo público y subsidiario si el hecho es más grave.
Tortura (art. 174 CP) y atentado contra la integridad moral por funcionario (art. 175 CP); el art. 176 castiga al que, faltando a los deberes de su cargo, PERMITE que otros los cometan (comisión por omisión).
Art. 51 LOGP: las comunicaciones con el abogado defensor solo pueden intervenirse por orden judicial (y en supuestos de terrorismo); las demás, motivadamente por el Director dando cuenta a la autoridad judicial. Fuera de estos casos puede haber delito (art. 198 CP).
Art. 542 CP: cláusula de cierre del capítulo; el funcionario que, a sabiendas, impide a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Es un delito cometido por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 25 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema cierra el bloque de Derecho Penal estudiando cuatro grandes grupos de delitos del Libro II del Código Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre): los delitos contra la Administración de Justicia, con especial detenimiento en el quebrantamiento de condena y en las conductas de evasión de presos; los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes, con referencia a la usurpación de atribuciones; los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas; y los delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales, en especial los del ámbito penitenciario (art. 533 CP). Son tipos de máximo interés práctico para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que custodia a personas privadas de libertad y ejerce potestades de registro, intervención de comunicaciones y uso de la fuerza.
¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?
Título XX CP (arts. 446 a 471 bis): delitos contra la Administración de Justicia. El quebrantamiento de condena se encuentra en el Capítulo VIII (arts. 468 y siguientes). Quebrantamiento de condena (art. 468.1 CP): prisión de 6 meses a 1 año si el autor está privado de libertad; multa de 12 a 24 meses en los demás casos. Art. 468.2 CP: SIEMPRE prisión de 6 meses a 1 año (nunca multa) si se quebranta una pena, medida cautelar o medida de seguridad del art. 48 CP en procesos con víctima del art. 173.2 CP, o se inutilizan los dispositivos técnicos de control. El consentimiento de la víctima no excluye el quebrantamiento de una pena de alejamiento: el bien jurídico es la autoridad de la resolución judicial (Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del TS de 25-11-2008). Art. 469 CP: la evasión con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas se agrava, sin perjuicio de la pena por los resultados lesivos causados. El favorecimiento de la evasión por autoridad o funcionario encargado de la custodia se castiga con mayor severidad e inhabilitación (arts. 470 y 471 CP); es el supuesto de mayor interés para el Cuerpo de Ayudantes. Instituciones del Estado: Capítulo III del Título XXI (desde el art. 492). Conductas: invadir la sede de las Cortes, manifestaciones ante ellas cuando están reunidas (art. 494), impedir asistir a un parlamentario o coartar su voto (art. 498) e injurias o amenazas graves a instituciones (art. 504). Usurpación de atribuciones: art. 506 CP (autoridad o funcionario que, sin atribuciones, dicta disposición general o suspende su ejecución) y art. 508 CP (se arroga atribuciones judiciales o impide ejecutar una resolución judicial). Es siempre un delito especial propio. Delitos de odio y discriminación: art. 510 (odio), art. 511 (denegación de prestaciones por servicio público), art. 512 (denegación en actividad profesional o empresarial). Asociaciones ilícitas: art. 515. Arts. 530 y 531 CP: funcionario que, CON causa por delito, acuerda o prolonga la privación de libertad o la incomunicación vulnerando plazos o garantías. Sin causa por delito, se aplica la detención ilegal agravada del art. 167 CP. Art. 534 CP: funcionario que, CON causa por delito y sin respetar las garantías, entra en un domicilio sin consentimiento, registra papeles o intercepta telecomunicaciones. Sin causa por delito: arts. 204 (allanamiento), 198 y 536 CP. Art. 533 CP: delito ESPECÍFICO del funcionario de Instituciones Penitenciarias (o de centros de menores) que impone sanciones o privaciones indebidas o usa rigor innecesario con los internos; inhabilitación especial para empleo o cargo público y subsidiario si el hecho es más grave. Tortura (art. 174 CP) y atentado contra la integridad moral por funcionario (art. 175 CP); el art. 176 castiga al que, faltando a los deberes de su cargo, PERMITE que otros los cometan (comisión por omisión). Art. 51 LOGP: las comunicaciones con el abogado defensor solo pueden intervenirse por orden judicial (y en supuestos de terrorismo); las demás, motivadamente por el Director dando cuenta a la autoridad judicial. Fuera de estos casos puede haber delito (art. 198 CP). Art. 542 CP: cláusula de cierre del capítulo; el funcionario que, a sabiendas, impide a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes.
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Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 15, 17, 24, 25.2, 117 y 118)
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Título XX, arts. 446 a 471 bis; Título XXI, arts. 492 y siguientes y 529 a 542; arts. 24, 41, 42, 167, 173 a 177, 198, 204, 404)
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (arts. 3, 23, 45, 51)
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (arts. 68, 108 y concordantes)
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal (art. 510)
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
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