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Tema 16. El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El Procedimiento Administrativo Común: garantías y fases. El procedimiento administrativo sancionador.

Convocatoria 2026, turno libre · Índice oficial del BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226).

Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.

Este tema cierra el bloque de Derecho Administrativo general estudiando la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, en lo relativo a las garantías y fases del procedimiento administrativo, para terminar con el estudio del procedimiento administrativo sancionador y sus principios propios, de aplicación directa al régimen disciplinario de los empleados públicos y, con matices, al régimen disciplinario penitenciario.

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El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas: Ley 40/2015

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula, junto con la Ley 39/2015 (con la que forma un binomio inseparable en la reforma administrativa de 2015), los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional, las relaciones interadministrativas, y el funcionamiento electrónico del sector público. Mientras la Ley 39/2015 tiene una vocación más procedimental (cómo se tramita un expediente), la Ley 40/2015 tiene una vocación más organizativa (cómo se estructuran los órganos y entes públicos y cómo se relacionan entre sí), completando ambas el marco jurídico básico de todas las Administraciones Públicas españolas.

Principios generales de actuación de las Administraciones Públicas

El art. 3 de la Ley 40/2015 establece que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE), debiendo respetar en su actuación y relaciones los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, racionalización y agilidad de los procedimientos, buena fe y confianza legítima, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, economía y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y cooperación, coordinación y colaboración entre Administraciones.

Los órganos administrativos: creación y competencia

El art. 5 de la Ley 40/2015 considera órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. La creación de cualquier órgano administrativo exige: a) determinar su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica; b) delimitar sus funciones y competencias; y c) dotar los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. No pueden crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. La competencia es la medida de la potestad que corresponde a cada órgano; es irrenunciable y se ejerce precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación (art. 8). La competencia se determina por la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las leyes, y su cambio sólo puede producirse por las vías legalmente previstas. Las técnicas de traslación del ejercicio de la competencia, reguladas en los arts. 9 a 13, son la delegación de competencias, la avocación, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia.

La abstención y la recusación

Los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 regulan la abstención y la recusación como técnicas orientadas a garantizar la imparcialidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Deben abstenerse quienes se encuentren en alguna de las causas tasadas del art. 23.2: a) tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel, ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; b) tener vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato; c) tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas; d) haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate; y e) tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. El superior jerárquico puede ordenar a las personas en quienes concurran las causas que se abstengan de toda intervención. Si no se abstienen, los interesados pueden promover la recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, mediante escrito en el que se exprese la causa; el recusado manifestará al día siguiente a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada y, si la niega, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones oportunos. La actuación de autoridades y personal en que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero sí puede dar lugar a responsabilidad. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabe recurso, sin perjuicio de alegar la recusación al interponer el recurso contra el acto que ponga fin al procedimiento.

El Procedimiento Administrativo Común: Ley 39/2015

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene por objeto (art. 1) regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, necesario y proporcionado para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos de los contemplados en la ley (art. 1.2). A diferencia de regulaciones anteriores, unifica en un único texto el procedimiento administrativo general y los procedimientos especiales sancionador y de responsabilidad patrimonial, que antes contaban con reglamentos propios, integrándolos como especialidades procedimentales dentro del procedimiento común, sin perjuicio de las especialidades por razón de la materia que puedan prever otras leyes sectoriales. Sustituyó, junto con la Ley 40/2015, a la Ley 30/1992 y entró en vigor, con carácter general, el 2 de octubre de 2016, con aplazamiento hasta octubre de 2020 de las previsiones sobre registro electrónico, punto de acceso general y archivo electrónico.

Garantías del procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo constituye en sí mismo una garantía del administrado frente a la Administración, en la medida en que su tramitación conforme a las reglas legalmente establecidas asegura el acierto de la decisión administrativa y la defensa de los derechos e intereses de los interesados. Entre las garantías fundamentales del procedimiento se encuentran el derecho de audiencia (posibilidad de alegar y de aportar los documentos que se estimen convenientes antes de la resolución), el derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que se tenga la condición de interesado, el derecho a obtener copia sellada de los documentos que se presenten, el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración, y la obligación de motivar los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y terminación

El procedimiento administrativo se estructura en cuatro grandes fases: la iniciación, que puede producirse de oficio o a solicitud del interesado; la ordenación, integrada por los trámites de impulso de oficio del procedimiento (que corresponde a la propia Administración con independencia de la actividad de las partes), acumulación de expedientes, y cuestiones incidentales que no suspenden la tramitación salvo la recusación; la instrucción, en la que se realizan los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución (alegaciones, informes, prueba, audiencia, información pública); y la terminación, que pone fin al procedimiento mediante resolución, desistimiento, renuncia, declaración de caducidad, o imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, o mediante terminación convencional.

La iniciación del procedimiento de oficio y a solicitud del interesado

El art. 54 de la Ley 39/2015 establece que los procedimientos se inician de oficio por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia; con carácter previo al acuerdo de iniciación puede abrirse un periodo de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. El art. 66 regula la iniciación a solicitud del interesado, que debe contener, entre otros extremos, la identificación del solicitante, los hechos, razones y petición en que se concrete su solicitud, el lugar y fecha, la firma, y el órgano al que se dirige; si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días (art. 68), con indicación de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del art. 21.

Los actos de instrucción: alegaciones, informes y prueba

Durante la fase de instrucción (arts. 75 a 83), los interesados pueden formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución (art. 76). Los informes pueden ser preceptivos por disposición legal o facultativos, si se juzgan necesarios para resolver; salvo disposición expresa en contrario, son facultativos y no vinculantes y deben evacuarse en el plazo de diez días (art. 80). Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor, de oficio o a petición de los interesados, puede acordar la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas pruebas juzgue pertinentes (art. 77.2); pueden practicarse todas las pruebas admitidas en Derecho, y solo pueden rechazarse mediante resolución motivada las propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 77.1).

El trámite de audiencia

El art. 82 de la Ley 39/2015 establece que, instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se puede prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Este trámite constituye una manifestación directa del derecho de defensa y de la interdicción de la indefensión (art. 24 CE), y su omisión indebida en un procedimiento sancionador o disciplinario puede determinar la anulabilidad, o incluso la nulidad, de la resolución que se dicte.

La terminación del procedimiento: resolución, desistimiento, renuncia y caducidad

El procedimiento administrativo puede terminar por resolución, que decide todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo; por desistimiento, mediante el cual el interesado abandona su pretensión sin renunciar al derecho que la fundamenta, pudiendo volver a ejercitarlo en un procedimiento posterior; por renuncia, mediante la cual el interesado abandona el derecho mismo en que se fundamenta su pretensión, siempre que tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico; y por declaración de caducidad, que opera en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando este permanezca paralizado por causa imputable al mismo y no realice las actividades necesarias para continuarlo, o en los iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables cuando venza el plazo máximo sin haberse dictado resolución expresa (caducidad-sanción de la propia Administración).

La terminación convencional

El art. 86 de la Ley 39/2015 permite que las Administraciones Públicas celebren acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. Estos instrumentos deben constar por escrito y establecer como contenido mínimo, entre otros extremos, la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial y el plazo de vigencia. Los acuerdos no suponen alteración de las competencias de los órganos administrativos ni de las responsabilidades de las autoridades y funcionarios. Con carácter general, los convenios entre Administraciones se rigen por la Ley 40/2015 (arts. 47 a 53).

El procedimiento administrativo sancionador: principios generales

El procedimiento administrativo sancionador no tiene un capítulo único en la Ley 39/2015, sino que se integra dentro del procedimiento administrativo común, con especialidades dispersas en el Título IV (entre otros, arts. 63 y 64 sobre la iniciación, art. 85 sobre la terminación, y arts. 89 y 90 sobre la propuesta de resolución y la resolución), sin perjuicio de las normas sectoriales aplicables. Se rige por los principios de la potestad sancionadora regulados en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015 (arts. 25 a 31): legalidad (art. 25), irretroactividad (art. 26), tipicidad (art. 27), responsabilidad (art. 28), proporcionalidad (art. 29), prescripción (art. 30) y concurrencia de sanciones o non bis in idem (art. 31). Estos principios, procedentes del Derecho Penal pero aplicados con matices al Derecho Administrativo sancionador (con menor rigor en cuanto a la reserva de ley y a la tipicidad, según reconoce la jurisprudencia constitucional), constituyen las garantías mínimas exigibles a cualquier procedimiento sancionador de una Administración Pública, incluido el régimen disciplinario penitenciario, que se regula en los arts. 41 a 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Título X del Reglamento Penitenciario.

El principio de tipicidad y de legalidad sancionadora

El art. 25 de la Ley 40/2015 recoge el principio de legalidad: la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio. El art. 26 establece la irretroactividad: serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa, y las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. El art. 27 exige que solo constituyan infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley, sin perjuicio de que las disposiciones reglamentarias de desarrollo puedan introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente, y que únicamente puedan imponerse sanciones cuando hayan sido previamente tipificadas por una ley. El principio de tipicidad exige que la conducta sancionable esté descrita con suficiente precisión y claridad, de modo que el ciudadano pueda conocer de antemano las conductas prohibidas y sus consecuencias, y las normas definidoras de infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica (art. 27.4).

El principio de culpabilidad

El art. 28 de la Ley 40/2015 (principio de responsabilidad) establece que solo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. El principio de culpabilidad, trasladado del Derecho Penal al Derecho Administrativo sancionador por la jurisprudencia constitucional, excluye toda forma de responsabilidad objetiva o por el mero resultado, exigiendo que se acredite, al menos, la existencia de negligencia en la conducta del infractor, y comporta la exigencia de que la persona sea imputable, esto es, que goce de capacidad de culpabilidad en el momento de cometer los hechos.

El principio de proporcionalidad en el procedimiento sancionador

El art. 29 de la Ley 40/2015 establece que las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad; que el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas; y que en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas, se observará la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) la continuidad o persistencia en la conducta infractora; c) la naturaleza de los perjuicios causados; y d) la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior.

La presunción de inocencia

El art. 53.2.b de la Ley 39/2015 reconoce a los presuntos responsables en un procedimiento sancionador el derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, garantía derivada del art. 24.2 CE que, aunque referido literalmente al proceso penal, la jurisprudencia constitucional ha extendido con plenitud al procedimiento administrativo sancionador. Esta garantía comporta que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción corresponde a la Administración, sin que el presunto infractor tenga que probar su inocencia, y que solo pueden tenerse en cuenta pruebas válidamente obtenidas y practicadas con las debidas garantías de defensa y contradicción, no bastando meras sospechas o indicios insuficientes para desvirtuar dicha presunción.

Las medidas provisionales en el procedimiento sancionador

El art. 56 de la Ley 39/2015 permite adoptar, de forma motivada, las medidas provisionales que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, con respeto al principio de proporcionalidad. Una vez iniciado el procedimiento, las adopta el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte. Antes de la iniciación del procedimiento, el órgano competente para iniciarlo o instruirlo puede acordarlas, de oficio o a instancia de parte, en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, debiendo ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que se dictará dentro de los quince días siguientes a su adopción; si no se inicia el procedimiento en ese plazo o el acuerdo de iniciación no contiene pronunciamiento expreso sobre ellas, quedan sin efecto. No pueden adoptarse medidas provisionales que puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. En el procedimiento disciplinario de los empleados públicos, la principal medida provisional es la suspensión provisional de funciones, de naturaleza cautelar y no sancionadora, cuya duración no puede exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado (art. 98.3 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).

La caducidad del procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador está sujeto a un plazo máximo de resolución y notificación, fijado por su norma reguladora o, en su defecto, de tres meses (art. 21.3 de la Ley 39/2015). Transcurrido el plazo sin haberse dictado y notificado resolución expresa, en los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad (art. 25.1.b): la resolución que la declare ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 95. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de la infracción, pero el procedimiento caducado no interrumpe el plazo de prescripción. La Administración puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador mientras no haya prescrito la infracción, pudiendo incorporar los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad, aunque en todo caso deben cumplimentarse de nuevo los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado (art. 95.3). Esta institución protege al presunto infractor frente a la inactividad injustificada de la Administración y contrasta con el silencio negativo propio de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

El principio non bis in idem en la concurrencia de sanciones

El principio non bis in idem, de fundamento constitucional en el art. 25.1 CE según la interpretación del Tribunal Constitucional (por ejemplo, la STC 2/1981), impide sancionar dos veces unos mismos hechos cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, tanto en el ámbito administrativo sancionador como en el penal, y posee una vertiente material (prohibición de doble sanción) y una procesal (prohibición de doble enjuiciamiento). El art. 31 de la Ley 40/2015 dispone que no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento, y que cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no se vulnere el principio non bis in idem, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla. Si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, la Administración debe poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y se suspenderá la tramitación del procedimiento sancionador hasta que recaiga resolución judicial, vinculando a la Administración los hechos declarados probados por sentencia penal firme (art. 77.4 de la Ley 39/2015). La doctrina constitucional admite la sanción disciplinaria penitenciaria, además de la penal, cuando existe una relación de sujeción especial que justifica un fundamento distinto en cada una de ellas.

La estructura de la Ley 40/2015: aspectos esenciales

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, se estructura en un Título Preliminar (disposiciones generales, principios de actuación y de funcionamiento, órganos administrativos, órganos colegiados, abstención y recusación, principios de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial, y funcionamiento electrónico del sector público), un Título I (Administración General del Estado), un Título II (organización y funcionamiento del sector público institucional, que comprende los organismos públicos, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público y los fondos sin personalidad jurídica), un Título III (relaciones interadministrativas: lealtad institucional, cooperación, colaboración y coordinación, y convenios) y un Título IV (relaciones electrónicas entre Administraciones). La Administración General del Estado se organiza en órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) y órganos directivos (Subsecretarios, Secretarios generales, Secretarios generales técnicos, Directores generales y Subdirectores generales). La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es, en este esquema, un órgano directivo integrado en el Ministerio del Interior. Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales forman parte del sector público institucional.

La delegación de competencias, la avocación y la encomienda de gestión

La delegación de competencias (art. 9 de la Ley 40/2015) permite que los órganos de las diferentes Administraciones deleguen el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes. No son delegables: los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, las Cortes Generales y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas legislativas; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de asuntos en los que haya emitido dictamen preceptivo el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, y las materias en que así se determine por norma con rango de ley. Las delegaciones son revocables en cualquier momento, deben publicarse en el diario oficial correspondiente, y las resoluciones dictadas por delegación indican expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante. La avocación (art. 10) permite al órgano superior avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente; contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque puede impugnarse con el que se interponga contra la resolución. La encomienda de gestión (art. 11) permite encomendar la realización de actividades de carácter material o técnico a otros órganos o entidades por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos, sin que suponga cesión de la titularidad de la competencia. La delegación de firma (art. 12) no altera la competencia del órgano delegante, no precisa publicación, exige hacer constar la autoridad de procedencia y no cabe en las resoluciones de carácter sancionador. La suplencia (art. 13) opera por ausencia, vacante o enfermedad.

Los órganos colegiados

Los órganos colegiados (arts. 15 a 22 de la Ley 40/2015) son aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración pública o en alguno de sus organismos públicos. Su funcionamiento exige la designación de un Presidente y un Secretario. Para su válida constitución, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requiere la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos, y en caso de empate decide el voto de calidad del Presidente. Los miembros que discrepen del acuerdo pueden formular voto particular. El Secretario levanta acta de cada sesión, con los asistentes, el orden del día, las circunstancias de lugar y tiempo y los puntos principales de las deliberaciones, y las actas se aprueban en la misma o siguiente sesión. Las Comisiones disciplinarias de los centros penitenciarios son órganos colegiados, por lo que les resultan aplicables estas reglas con las especialidades reglamentarias.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

La responsabilidad patrimonial, regulada en los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015 y en los arts. 65, 67, 81, 91 y 92 de la Ley 39/2015, parte del art. 106.2 CE: los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los requisitos son: daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; la antijuridicidad del daño (el particular no tenga el deber jurídico de soportarlo); y la relación de causalidad. Se excluye la fuerza mayor y los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos. El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo (art. 67 de la Ley 39/2015). El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses, y el silencio es negativo. La Administración responde directamente y puede exigir de oficio a las autoridades y personal a su servicio la responsabilidad por dolo, o culpa o negligencia graves (acción de regreso, art. 36). En el ámbito penitenciario, es frecuente la reclamación por fallecimientos, lesiones o agresiones sufridas por internos, en las que se examina si hubo funcionamiento anormal del servicio de vigilancia o sanitario.

Prescripción de infracciones y sanciones

El art. 30 de la Ley 40/2015 regula la prescripción en el ámbito sancionador. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan; si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido; en el caso de infracciones continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta infractora. Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla, y se interrumpe por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución; vuelve a transcurrir si el procedimiento de ejecución está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Iniciación, instrucción y resolución del procedimiento sancionador: especialidades

Los procedimientos de naturaleza sancionadora se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente (art. 63.1). Se debe distinguir entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos (art. 63.1). En ningún caso se puede imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. El acuerdo de iniciación debe contener (art. 64.2): la identificación de la persona o personas presuntamente responsables; los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder; el instructor y, en su caso, el secretario, con indicación del régimen de recusación; el órgano competente para la resolución y la norma que le atribuya tal competencia; las medidas provisionales; la indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como la indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se puede resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda; y si la sanción es solo pecuniaria o cabe imponer una pecuniaria y otra no pecuniaria, el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento (art. 85); las reducciones previstas son, al menos, del 20 por ciento del importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí, y su efectividad se condiciona al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa. La propuesta de resolución (art. 89) fija de forma motivada los hechos que se consideren probados y su calificación jurídica, la infracción, la persona responsable y la sanción. La resolución (art. 90) decidirá todas las cuestiones planteadas, no podrá aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción, salvo los derivados de actuaciones complementarias, y, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta, se notificará al inculpado la propuesta para que aporte las alegaciones que estime convenientes en un plazo de quince días.

El valor probatorio de los documentos de funcionarios con condición de autoridad

Un aspecto de enorme relevancia práctica para el régimen disciplinario penitenciario es el valor probatorio de los hechos constatados por funcionarios con condición de autoridad. El art. 77.5 de la Ley 39/2015 dispone que los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario. No se trata de una presunción de veracidad que invierta la carga de la prueba, sino de una prueba de cargo que puede ser desvirtuada por prueba en contrario; sigue correspondiendo a la Administración probar los hechos constitutivos de la infracción. Además, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien (art. 77.4). La jurisprudencia constitucional exige, para destruir la presunción de inocencia, la existencia de prueba de cargo lícita y suficiente, practicada con las garantías de contradicción, aunque la prueba pueda ser indiciaria si los indicios son plurales, probados y conducen de forma razonable a la conclusión.

Convenios interadministrativos y relaciones entre Administraciones

Las relaciones entre Administraciones (Título III de la Ley 40/2015) se rigen por los principios de lealtad institucional, adecuación al orden de distribución de competencias, colaboración, cooperación y coordinación, eficiencia en la gestión de los recursos públicos, responsabilidad de cada Administración en el cumplimiento de sus obligaciones y garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos (art. 140). Los convenios son acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes, o por estos y los sujetos de Derecho privado para un fin común (art. 47). Deben tener una duración determinada, que no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativa con rango de ley establezca un plazo superior, con posibilidad de prórroga por acuerdo unánime de los firmantes por hasta cuatro años adicionales. Los convenios no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos, y se inscriben en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. En el ámbito penitenciario, son frecuentes los convenios con entidades locales, entidades del tercer sector y empresas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, la inserción sociolaboral y la atención sanitaria.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La Ley 40/2015 (organización) y la Ley 39/2015 (procedimiento) son las dos leyes gemelas de la reforma administrativa de 2015 que sustituyeron a la antigua Ley 30/1992.
  • El procedimiento se estructura en cuatro fases: iniciación (de oficio o a solicitud), ordenación, instrucción (alegaciones, informes, prueba, audiencia) y terminación.
  • Terminación por caducidad: en procedimientos a solicitud del interesado paralizados por su causa; en los iniciados de oficio susceptibles de efectos desfavorables cuando se supera el plazo máximo sin resolución (caducidad-sanción, distinta del silencio negativo).
  • La presunción de inocencia en el procedimiento sancionador (art. 53.2.b Ley 39/2015) traslada la carga de la prueba a la Administración.
  • La caducidad del procedimiento sancionador PERJUDICA a la Administración: archivo de actuaciones, aunque cabe iniciar uno nuevo si no ha prescrito la infracción.
  • Las técnicas de traslación de competencia son: delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia; la competencia es irrenunciable salvo estas técnicas legalmente previstas.
  • Trámite de audiencia (art. 82 Ley 39/2015): plazo no inferior a diez días ni superior a quince; puede omitirse si no figuran en el procedimiento ni se tienen en cuenta otros hechos ni alegaciones y pruebas que las del interesado.
  • Principios de la potestad sancionadora (Ley 40/2015, arts. 25 a 31): legalidad (25), irretroactividad (26; la ley sancionadora más favorable es retroactiva), tipicidad (27), responsabilidad (28; dolo o culpa), proporcionalidad (29), prescripción (30) y concurrencia de sanciones/non bis in idem (31).
  • Las sanciones administrativas no pueden implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad (art. 29.1 Ley 40/2015). Reincidencia: más de una infracción de la misma naturaleza en el término de un año declarada por resolución firme en vía administrativa.
  • Prescripción supletoria (art. 30 Ley 40/2015): infracciones muy graves 3 años, graves 2 años y leves 6 meses; sanciones por faltas muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año.
  • Abstención y recusación (arts. 23 y 24 Ley 40/2015): cinco causas tasadas; la recusación se plantea por escrito, el recusado se pronuncia al día siguiente y el superior resuelve en tres días; la no abstención no invalida necesariamente el acto.
  • Delegación de competencias (art. 9): no delegables las disposiciones de carácter general, las relaciones con la Jefatura del Estado y las Cortes y los asuntos con dictamen preceptivo del Consejo de Estado; revocable y publicada. La delegación de firma no cabe en resoluciones sancionadoras.
  • Medidas provisionales previas al procedimiento (art. 56.2): deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, que se dicta en los quince días siguientes. Suspensión provisional del empleado público: máximo de seis meses (art. 98.3 TREBEP).
  • Responsabilidad patrimonial: daño efectivo, evaluable e individualizado; antijuridicidad; causalidad; prescripción al año; resolución en seis meses con silencio negativo; acción de regreso por dolo, culpa o negligencia graves (arts. 32 a 37 Ley 40/2015).
  • Los hechos constatados por funcionarios con condición de autoridad en documentos que cumplan los requisitos legales hacen prueba salvo prueba en contrario (art. 77.5 Ley 39/2015); la carga de la prueba sigue siendo de la Administración.
  • Pago voluntario o reconocimiento de responsabilidad en el procedimiento sancionador: reducciones de, al menos, el 20 por ciento de la sanción pecuniaria propuesta, acumulables y condicionadas al desistimiento de recursos (art. 85).
  • Convenios (art. 47 y ss. Ley 40/2015): duración máxima de cuatro años, prorrogable hasta cuatro años más; no pueden suplantar a los contratos.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Si las leyes no fijan plazos de prescripción, las infracciones administrativas leves prescriben a los:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 16 de Instituciones Penitenciarias?

Este tema cierra el bloque de Derecho Administrativo general estudiando la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, en lo relativo a las garantías y fases del procedimiento administrativo, para terminar con el estudio del procedimiento administrativo sancionador y sus principios propios, de aplicación directa al régimen disciplinario de los empleados públicos y, con matices, al régimen disciplinario penitenciario.

¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?

La Ley 40/2015 (organización) y la Ley 39/2015 (procedimiento) son las dos leyes gemelas de la reforma administrativa de 2015 que sustituyeron a la antigua Ley 30/1992. El procedimiento se estructura en cuatro fases: iniciación (de oficio o a solicitud), ordenación, instrucción (alegaciones, informes, prueba, audiencia) y terminación. Terminación por caducidad: en procedimientos a solicitud del interesado paralizados por su causa; en los iniciados de oficio susceptibles de efectos desfavorables cuando se supera el plazo máximo sin resolución (caducidad-sanción, distinta del silencio negativo). La presunción de inocencia en el procedimiento sancionador (art. 53.2.b Ley 39/2015) traslada la carga de la prueba a la Administración. La caducidad del procedimiento sancionador PERJUDICA a la Administración: archivo de actuaciones, aunque cabe iniciar uno nuevo si no ha prescrito la infracción. Las técnicas de traslación de competencia son: delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia; la competencia es irrenunciable salvo estas técnicas legalmente previstas. Trámite de audiencia (art. 82 Ley 39/2015): plazo no inferior a diez días ni superior a quince; puede omitirse si no figuran en el procedimiento ni se tienen en cuenta otros hechos ni alegaciones y pruebas que las del interesado. Principios de la potestad sancionadora (Ley 40/2015, arts. 25 a 31): legalidad (25), irretroactividad (26; la ley sancionadora más favorable es retroactiva), tipicidad (27), responsabilidad (28; dolo o culpa), proporcionalidad (29), prescripción (30) y concurrencia de sanciones/non bis in idem (31). Las sanciones administrativas no pueden implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad (art. 29.1 Ley 40/2015). Reincidencia: más de una infracción de la misma naturaleza en el término de un año declarada por resolución firme en vía administrativa. Prescripción supletoria (art. 30 Ley 40/2015): infracciones muy graves 3 años, graves 2 años y leves 6 meses; sanciones por faltas muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año. Abstención y recusación (arts. 23 y 24 Ley 40/2015): cinco causas tasadas; la recusación se plantea por escrito, el recusado se pronuncia al día siguiente y el superior resuelve en tres días; la no abstención no invalida necesariamente el acto. Delegación de competencias (art. 9): no delegables las disposiciones de carácter general, las relaciones con la Jefatura del Estado y las Cortes y los asuntos con dictamen preceptivo del Consejo de Estado; revocable y publicada. La delegación de firma no cabe en resoluciones sancionadoras. Medidas provisionales previas al procedimiento (art. 56.2): deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, que se dicta en los quince días siguientes. Suspensión provisional del empleado público: máximo de seis meses (art. 98.3 TREBEP). Responsabilidad patrimonial: daño efectivo, evaluable e individualizado; antijuridicidad; causalidad; prescripción al año; resolución en seis meses con silencio negativo; acción de regreso por dolo, culpa o negligencia graves (arts. 32 a 37 Ley 40/2015). Los hechos constatados por funcionarios con condición de autoridad en documentos que cumplan los requisitos legales hacen prueba salvo prueba en contrario (art. 77.5 Ley 39/2015); la carga de la prueba sigue siendo de la Administración. Pago voluntario o reconocimiento de responsabilidad en el procedimiento sancionador: reducciones de, al menos, el 20 por ciento de la sanción pecuniaria propuesta, acumulables y condicionadas al desistimiento de recursos (art. 85). Convenios (art. 47 y ss. Ley 40/2015): duración máxima de cuatro años, prorrogable hasta cuatro años más; no pueden suplantar a los contratos.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 3, 5, 8 a 13, 15 a 24, 25 a 37, 47 a 53, 84 y 140)
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 1, 21, 25, 53, 54, 56, 63, 64, 66, 67, 68, 75 a 90 y 95)
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (art. 98)
  • Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (arts. 41 a 45)
  • Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (Título X)
  • Constitución Española de 1978 (arts. 24, 25 y 106)

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