Tema 10. Los contratos del Sector Público: conceptos y clases. Procedimiento de adjudicación. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos del Sector Público.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema estudia el régimen de la contratación pública regulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP): el concepto y las clases de contratos, las partes y elementos del contrato, la preparación del expediente, los procedimientos de adjudicación, la formalización, el cumplimiento y la ejecución, las alteraciones del contrato (revisión de precios y modificación), las prerrogativas de la Administración y las consecuencias del incumplimiento (penalidades y resolución), así como la cesión, la subcontratación, las garantías y el recurso especial en materia de contratación. Es un tema de Derecho Administrativo general que resulta relevante para comprender cómo se contratan obras, suministros y servicios en los centros penitenciarios.
Los contratos del Sector Público: concepto y régimen jurídico (Ley 9/2017)
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE (concesiones) y 2014/24/UE (contratación pública), y entró en vigor el 9 de marzo de 2018. Regula la contratación del sector público para garantizar que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y para asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto y con el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos públicos, mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa (art. 1). Los criterios de adjudicación se orientan a obtener la mejor relación calidad-precio (art. 145). La ley incorpora la contratación pública estratégica: se promueve la inclusión de aspectos sociales, medioambientales y de innovación. Ha sido modificada en varias ocasiones por normas posteriores (entre otras, el Real Decreto-ley 3/2020 y el Real Decreto-ley 36/2020), por lo que debe consultarse el texto consolidado. Se desarrolla reglamentariamente, en lo no derogado, por el Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) y el Real Decreto 817/2009.
Ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público
La LCSP se aplica a los contratos onerosos celebrados por las entidades del sector público (art. 3): la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local; los organismos autónomos, las universidades públicas, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes que reúnan las características legales; así como los demás entes, organismos y entidades del sector público. Dentro del sector público, la ley distingue tres niveles: Administraciones Públicas (art. 3.2), poderes adjudicadores que no son Administración Pública (art. 3.3) y resto de entes del sector público, con un régimen más garantista para las Administraciones Públicas en sentido estricto. En el ámbito penitenciario, la contratación se tramita por los órganos de contratación del Ministerio del Interior y por la entidad que gestiona el trabajo penitenciario (Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo), cuya clasificación exacta a efectos de la LCSP debe contrastarse.
Clases de contratos: obras, servicios, suministro
La LCSP regula como contratos típicos: el contrato de obras (art. 13), cuyo objeto es la ejecución de una obra o la realización de trabajos que reúnan los requisitos legales; el contrato de suministro (art. 16), cuyo objeto es la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles; y el contrato de servicios (art. 17), cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. Se añaden los contratos de concesión de obras (art. 14) y de concesión de servicios (art. 15) y los contratos mixtos (art. 18). En el ámbito penitenciario son frecuentes los contratos de suministro (alimentación, vestuario, material sanitario) y de servicios (limpieza, mantenimiento de instalaciones, seguridad complementaria), sujetos a los procedimientos de la LCSP en función de su valor estimado. Los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) son los de valor igual o superior a los umbrales europeos, que se actualizan periódicamente, y tienen reglas reforzadas de publicidad.
Los contratos de concesión de obras y de servicios
La LCSP regula también los contratos de concesión, caracterizados por que la contraprestación a favor del contratista consiste, bien en el derecho a explotar la obra o el servicio, bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio, asumiendo el concesionario el riesgo operacional derivado de la explotación. El contrato de concesión de obras tiene por objeto la ejecución de obras junto con su explotación, o solo la explotación de obras ya existentes; el contrato de concesión de servicios tiene por objeto la gestión de un servicio cuya prestación se encomienda al concesionario, quien asume el riesgo de la demanda, de la oferta, o de ambos. Este tipo de contratos exige, a diferencia de los contratos ordinarios, una especial atención a la transferencia efectiva del riesgo operacional al concesionario, sin la cual el contrato no puede calificarse como concesión.
Los contratos administrativos y los contratos privados
La LCSP distingue entre contratos administrativos y contratos privados. Son contratos administrativos (art. 25), en general, los típicos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios celebrados por las Administraciones Públicas, y los contratos administrativos especiales (los de objeto distinto de los anteriores, pero vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o que satisfagan de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla). A estos contratos se aplica la LCSP en su preparación y adjudicación y el Derecho Administrativo en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, con las prerrogativas de la Administración. Son contratos privados (art. 26) los celebrados por entes del sector público que no sean Administración Pública, y los celebrados por las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los administrativos (por ejemplo, compraventa, donación, permuta o arrendamiento sobre bienes inmuebles), regidos en cuanto a efectos y extinción por el Derecho privado, aunque su preparación y adjudicación siguen sujetas a la LCSP cuando proceda.
Elementos del contrato: partes, objeto, precio y forma
Todo contrato del sector público requiere: un órgano de contratación y un contratista (persona física o jurídica, española o extranjera, con plena capacidad de obrar, que no esté incursa en prohibición de contratar y acredite su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o la clasificación cuando sea exigible); un objeto determinado y lícito (art. 99, sin que pueda fraccionarse con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación); un precio cierto, expresado en euros y adecuado al precio general de mercado (art. 102); y la forma escrita, de manera que los contratos de las Administraciones Públicas se perfeccionan con su formalización (art. 36), salvo los de emergencia y los contratos menores. La causa del contrato debe responder a un interés público motivado en el expediente. Se distinguen el presupuesto base de licitación (art. 100, límite máximo de gasto con IVA), el valor estimado del contrato (art. 101, sin IVA, que determina el procedimiento aplicable) y el precio (art. 102).
Procedimientos de adjudicación: abierto, restringido y negociado
La LCSP regula los siguientes procedimientos de adjudicación: el procedimiento abierto (art. 156), en el que todo empresario interesado puede presentar una proposición, con exclusión de toda negociación de los términos del contrato; el procedimiento abierto simplificado (art. 159), aplicable a contratos de valor estimado inferior a 2.000.000 de euros en obras y a 100.000 euros en suministros y servicios (y su variante abreviada para valores inferiores a 80.000 euros en obras y 35.000 euros en suministros y servicios); el procedimiento restringido (arts. 160 y siguientes), en el que solo presentan proposición los empresarios seleccionados por el órgano de contratación en atención a su solvencia; la licitación con negociación (art. 166), el diálogo competitivo (art. 172), la asociación para la innovación (art. 177) y el procedimiento negociado sin publicidad (art. 168), de uso limitado a los supuestos tasados. La adjudicación se realiza ordinariamente por procedimiento abierto o restringido (art. 131.2). Los contratos menores (art. 118) son los de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en suministros y servicios (IVA excluido), con una duración no superior a un año y sin posibilidad de prórroga, y no pueden fraccionarse.
El procedimiento de licitación
El procedimiento de licitación se inicia con la aprobación del expediente de contratación por el órgano competente (art. 116), que incluye la justificación de la necesidad del contrato, los pliegos, la fiscalización del gasto y el informe jurídico, y continúa con la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en el Diario Oficial de la Unión Europea en los contratos de regulación armonizada. En el procedimiento abierto de regulación armonizada el plazo mínimo para presentar proposiciones es de treinta y cinco días naturales desde el envío del anuncio al DOUE, con reducciones en supuestos legales; en los no armonizados es, con carácter general, de quince días naturales (veintiséis para obras y concesiones). La Mesa de Contratación examina la documentación y propone al licitador con mejor oferta valorada conforme a los criterios de los pliegos (arts. 145 y 146), con control de las ofertas anormalmente bajas (art. 149). El órgano de contratación requiere al licitador mejor clasificado para que aporte la documentación acreditativa en diez días hábiles (art. 150) y adjudica de forma motivada (art. 151); el plazo máximo para adjudicar es de quince días desde la apertura de las proposiciones si el único criterio es el precio, y de dos meses si se aplican varios criterios o hay ofertas anormalmente bajas (art. 158). La adjudicación se notifica a todos los licitadores y se publica en el perfil del contratante.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
El pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 122) contiene los derechos y obligaciones de las partes en el ámbito administrativo: procedimiento de adjudicación, criterios de valoración, solvencia exigida, garantías, duración, régimen de penalidades, causas de modificación y resolución. El pliego de prescripciones técnicas particulares (art. 124) define las características técnicas de la prestación (obra, suministro o servicio) y lo redactan normalmente los servicios técnicos promotores del contrato. Ambos pliegos y el propio contrato tienen carácter contractual y vinculan a la Administración y al contratista, sin que puedan modificarse unilateralmente fuera de los cauces legales; las bases del procedimiento son «ley del contrato».
Los órganos de contratación
El órgano de contratación es el que tiene la facultad de celebrar contratos en nombre de la entidad del sector público de que se trate. En la Administración General del Estado son órganos de contratación los Ministros y los Secretarios de Estado (art. 61), con las desconcentraciones y delegaciones de competencias que correspondan (por ejemplo, a unidades inferiores para contratos de menor cuantía), y los presidentes o directores de los organismos públicos en su ámbito. Para los contratos que no sean menores, los órganos de contratación se auxilian de una Mesa de Contratación (art. 326), órgano colegiado de asistencia técnica que califica la documentación administrativa, valora las ofertas y propone al adjudicatario; en el procedimiento abierto simplificado su constitución es potestativa en los términos legales. Tienen función de apoyo y control la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
La formalización del contrato
La formalización del contrato en documento administrativo (art. 153) debe realizarse dentro de los plazos legales y es título suficiente para acceder a cualquier registro público; el contratista puede solicitar que se eleve a escritura pública, corriendo con los gastos. Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no puede efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, tras lo cual el órgano de contratación requiere al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días; en los demás casos, la formalización debe realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. No puede iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo en los contratos de emergencia. La formalización se publica en el perfil del contratante.
El cumplimiento de los contratos
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización y de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva, ejecutando la prestación con sujeción a lo establecido en el contrato y en los pliegos. La ejecución se desarrolla a riesgo y ventura del contratista, con las excepciones legales (art. 197). La Administración, por su parte, está obligada a abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato (art. 198), con devengo de intereses de demora en caso contrario, y a ejercer las facultades de dirección, inspección y control. La constatación del cumplimiento exige un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que fijen los pliegos (art. 210); durante el plazo de garantía, el contratista responde de los defectos de la prestación, y vencido sin objeciones se devuelve la garantía.
Las prerrogativas de la Administración en el contrato
El art. 190 LCSP reconoce al órgano de contratación, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley, la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución, acordar la resolución y determinar los efectos de ésta. El procedimiento para el ejercicio de estas prerrogativas (art. 191) exige audiencia del contratista y, en determinados supuestos, el dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, entre ellos las modificaciones cuya cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros, y la interpretación, nulidad y resolución cuando se formule oposición por el contratista. Los acuerdos ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos, con control posterior de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La revisión de precios
La revisión de precios es el mecanismo por el que se actualiza el precio durante la ejecución del contrato. Tras la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y su desarrollo por el Real Decreto 55/2017, y con la regulación actual de los arts. 103 y siguientes LCSP, los precios solo pueden revisarse periódica y predeterminadamente en los contratos de obras, de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en otros contratos cuando el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la inversión sea relevante, y siempre que el pliego lo prevea. Es requisito que se haya ejecutado al menos el 20 por ciento del importe del contrato y que hayan transcurrido dos años desde su formalización (el primer 20 por ciento y los dos primeros años quedan excluidos de la revisión). Las fórmulas se aprueban por el Consejo de Ministros previo informe de los órganos consultivos competentes, y no cabe incluir en ellas los costes de mano de obra.
La modificación de los contratos
La modificación de los contratos del sector público durante su vigencia se regula en los arts. 203 a 207 LCSP. Los contratos solo pueden modificarse por razones de interés público cuando se haya previsto en los pliegos de forma clara, precisa e inequívoca (modificaciones previstas, art. 204), con indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar, que no puede exceder del 20 por ciento del precio inicial, y el procedimiento; o cuando concurran las circunstancias tasadas del art. 205 (modificaciones no previstas): necesidad de prestaciones adicionales a las inicialmente contratadas, circunstancias sobrevenidas imprevisibles, o modificaciones no sustanciales. En el caso de prestaciones adicionales, la modificación no puede superar el 50 por ciento del precio inicial; las modificaciones no sustanciales, para ser tales, no pueden superar, entre otros requisitos, el 15 por ciento del precio inicial en obras y el 10 por ciento en los demás contratos. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación son obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido (art. 206). Toda modificación debe formalizarse (art. 207) y publicarse.
La resolución de los contratos
Son causas de resolución del contrato (art. 211): la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista; la declaración de concurso o insolvencia; el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista; la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista; la demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses; el incumplimiento de la obligación principal del contrato y de las obligaciones esenciales calificadas como tales en los pliegos; la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados; y las demás que se establezcan expresamente en el contrato. La resolución se acuerda por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, con audiencia de éste y, si se opone, dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente (art. 212 y 191). Cuando se resuelve por incumplimiento culpable del contratista se le incauta la garantía y debe indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada (art. 213).
El incumplimiento de los contratos del Sector Público
El incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista puede dar lugar, según su gravedad, a la imposición de penalidades (cuando se trate de incumplimientos de plazos parciales, de las condiciones especiales de ejecución o de otras obligaciones contractuales que así lo prevean los pliegos) o a la resolución del contrato, cuando el incumplimiento afecte a obligaciones esenciales y sea imputable al contratista. El incumplimiento por parte de la Administración de sus propias obligaciones, especialmente la de pago del precio en los plazos legales, puede dar lugar al devengo de intereses de demora a favor del contratista y, en supuestos de demora superior a los plazos fijados, a la posibilidad de que el contratista inste la resolución del contrato por esta causa, con derecho a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.
Las penalidades por incumplimiento
Las penalidades son sanciones económicas de naturaleza contractual que la Administración impone al contratista por incumplimientos que no justifican la resolución, como la demora en los plazos parciales o totales, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de carácter social, medioambiental o de innovación (art. 202), o el cumplimiento defectuoso de la prestación (art. 192). Los pliegos deben prever su cuantía y forma de cálculo; las penalidades por cumplimiento defectuoso o incumplimiento de compromisos o condiciones deben ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas exceder del 50 por ciento del precio del contrato. Por demora (art. 193), si los pliegos no establecen otras penalidades, se aplican penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Cuando la demora haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, el órgano de contratación puede optar entre la resolución del contrato o la continuación con imposición de nuevas penalidades. La imposición de penalidades no exime al contratista de sus obligaciones ni de la indemnización de daños y perjuicios adicionales.
La cesión y la subcontratación
La cesión del contrato (art. 214), por la que el contratista transmite a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, exige autorización previa y expresa del órgano de contratación y el cumplimiento de determinados requisitos: que el cedente tenga ejecutado al menos el 20 por ciento del importe del contrato o, en las concesiones, haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración; que el cesionario tenga capacidad y solvencia exigidas al cedente al tiempo de la adjudicación y no esté incurso en prohibición de contratar; y que la cesión se formalice en escritura pública. La subcontratación (art. 215) permite al contratista concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato o los pliegos lo prohíban o la naturaleza de la prestación exija su ejecución directa, comunicando a la Administración su intención de subcontratar, con indicación de la parte de la prestación que pretende subcontratar y la identidad del subcontratista; el contratista principal sigue siendo el único responsable ante la Administración (art. 215.4), y debe pagar a los subcontratistas en el plazo legal (art. 216).
Las garantías provisional y definitiva en la contratación pública
La garantía provisional (art. 106) es excepcional: el órgano de contratación solo puede exigirla de forma justificada y por motivos de interés público, y su importe no puede ser superior al 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido. La garantía definitiva (art. 107) debe constituirla el licitador que presente la mejor oferta, por un importe del 5 por ciento del precio final ofertado, excluido el IVA (cuando el precio se determine en función de precios unitarios, del 5 por ciento del presupuesto base de licitación); en casos especiales, el órgano de contratación puede exigir una garantía complementaria de hasta un 5 por ciento adicional. Responde de las penalidades, de la correcta ejecución de las prestaciones, de la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento culpable y de los demás conceptos del art. 110. Se devuelve o cancela una vez vencido el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato (art. 111). Están exentos de garantía los contratos que, entre otros supuestos legales, se tramiten por el procedimiento abierto simplificado abreviado.
Capacidad, solvencia, clasificación y prohibiciones de contratar
Pueden contratar con el sector público las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional (arts. 65 y siguientes). La clasificación empresarial acredita la solvencia y es requisito indispensable para los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros (art. 77); en los contratos de servicios la clasificación es potestativa, y en los de suministros no se exige. Las prohibiciones de contratar (art. 71) impiden contratar a quienes hayan sido condenados por determinados delitos, hayan sido sancionados con carácter firme por infracciones graves en materia profesional, laboral, medioambiental o de competencia, estén declarados en concurso (salvo convenio), o incumplan la obligación de contar con un porcentaje de trabajadores con discapacidad, entre otras causas. Se acreditan mediante la inscripción en el ROLECE o declaración responsable.
Duración y prórroga de los contratos
La duración de los contratos del sector público debe establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia su realización (art. 29); los contratos no pueden tener carácter indefinido. Con carácter general, los contratos de servicios y de suministro tienen una duración máxima de cinco años, incluidas las posibles prórrogas, salvo excepciones legales. Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios no pueden exceder de cuarenta años (veinticinco en concesiones de servicios que no incluyan obras, y diez en las que comprendan prestaciones sanitarias), con un máximo determinado en función del plazo de recuperación de la inversión. La prórroga debe preverse en el contrato y acordarse por el órgano de contratación, y es obligatoria para el empresario salvo preaviso de dos meses (art. 29.2).
Tramitación urgente y de emergencia
El expediente de contratación puede tramitarse de forma urgente cuando la necesidad sea inaplazable o sea preciso acelerar la adjudicación por razones de interés público (art. 119): se reducen los plazos a la mitad y la ejecución puede comenzar con anterioridad en los términos legales. La tramitación de emergencia (art. 120) se aplica cuando la Administración ha de actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional: el órgano de contratación ordena la ejecución sin sujetarse a los requisitos formales de la ley, incluso sin contrato previo, y debe comunicar la actuación en los plazos legales, iniciándose la ejecución de las prestaciones en el plazo máximo que fija la ley (un mes, a contrastar).
Acuerdos marco, sistemas dinámicos y centrales de contratación
El acuerdo marco (art. 219) es una técnica de racionalización de la contratación por la que se fijan las condiciones a las que se ajustarán los contratos que se vayan a adjudicar durante un periodo determinado, que no puede exceder de cuatro años, salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. El sistema dinámico de adquisición (art. 223) es un proceso íntegramente electrónico, abierto durante toda su vigencia a cualquier empresa que cumpla los criterios de selección, para adquisiciones de uso corriente. Las centrales de contratación (art. 227) adquieren suministros y servicios para otros órganos de contratación; en la AGE, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación gestiona el sistema estatal de contratación centralizada. Estas técnicas permiten a los centros penitenciarios adquirir bienes y servicios de uso común (alimentación, vestuario, material de oficina) de forma ágil y con menores costes.
El recurso especial en materia de contratación y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Son recurribles mediante el recurso especial en materia de contratación (arts. 44 y siguientes) los actos relativos a contratos de obras de valor estimado superior a 3.000.000 de euros y de suministros y servicios de valor estimado superior a 100.000 euros, las concesiones de obras y de servicios de valor estimado superior a 3.000.000 de euros y los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición en las cuantías legales. Los actos recurribles son los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales, los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación o determinen la imposibilidad de continuar, los acuerdos de adjudicación y determinadas modificaciones ilegales de los contratos. Es un recurso administrativo especial, de carácter potestativo-obligatorio previo al contencioso-administrativo, que se interpone en el plazo de quince días hábiles ante el TACRC, que resuelve en el ámbito de la AGE, con efectos suspensivos automáticos de la adjudicación y de la formalización en los términos legales.
Contratación pública estratégica: condiciones especiales de ejecución y reservas
La LCSP impone a los órganos de contratación la obligación de establecer al menos una condición especial de ejecución de tipo social, ético, medioambiental o de otro tipo (art. 202), que se incluye en el anuncio y en los pliegos, y cuyo incumplimiento puede dar lugar a penalidades o, en su caso, a la resolución del contrato. Se prevén también reservas de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción (disposición adicional cuarta), con porcentajes mínimos de reserva, y criterios de adjudicación vinculados a aspectos sociales y medioambientales. Se refuerzan los instrumentos de integridad (conflictos de intereses, art. 64), la lucha contra la corrupción y el control de las modificaciones y de las ofertas anormalmente bajas.
La contratación en los centros penitenciarios: aspectos prácticos
En los centros penitenciarios es habitual el uso de contratos menores para suministros y servicios de poca cuantía, de contratos derivados de acuerdos marco o de la contratación centralizada del Estado para alimentación, vestuario o material, y de procedimientos abiertos para servicios de mayor entidad como limpieza o mantenimiento. Las obras e infraestructuras penitenciarias se contratan por los órganos del Ministerio del Interior y por las entidades instrumentales competentes en materia de infraestructuras. El trabajo penitenciario productivo, gestionado por la entidad de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, puede dar lugar a contratos con terceros (talleres productivos) y a encargos de la Administración; su régimen concreto debe contrastarse con la normativa de la entidad.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Ley 9/2017 (LCSP) transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE; principios: libertad de acceso, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, integridad y selección de la mejor oferta (mejor relación calidad-precio, art. 145).
Contratos típicos: obras (art. 13), concesión de obras (14), concesión de servicios (15), suministro (16), servicios (17) y mixtos (18); las concesiones se caracterizan por la transferencia del riesgo operacional.
Contratos administrativos (arts. 25) y privados (26): los primeros se rigen por el Derecho Administrativo en efectos y extinción; los segundos por el Derecho privado.
Contrato menor (art. 118): obras hasta 40.000 euros, suministros y servicios hasta 15.000 euros (IVA excluido); duración máxima de un año, sin prórroga.
Procedimientos: abierto, abierto simplificado (hasta 2.000.000 en obras y 100.000 en suministros y servicios), restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación y negociado sin publicidad en supuestos tasados.
Formalización (art. 153): tras el plazo de espera de quince días hábiles cuando cabe recurso especial; el contratista tiene cinco días desde el requerimiento. No se puede ejecutar sin formalización, salvo emergencia.
Prerrogativas de la Administración (art. 190): interpretar, resolver dudas, modificar por interés público, suspender, declarar responsabilidad, resolver y determinar los efectos. Dictamen del Consejo de Estado en los supuestos del art. 191.3.
Revisión de precios (arts. 103 y ss.): solo en contratos de obras y otros supuestos tasados y si el pliego lo prevé; 20 por ciento ejecutado y dos años desde la formalización; no cabe revisar costes de mano de obra.
Modificaciones previstas (art. 204): hasta un máximo del 20 por ciento del precio inicial; no previstas (art. 205): prestaciones adicionales (50 por ciento), circunstancias imprevisibles y no sustanciales (15 por ciento en obras, 10 por ciento en otros).
Penalidad por demora (art. 193): 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato; cumplimiento defectuoso: máximo 10 por ciento por penalidad y 50 por ciento el total.
Cesión (art. 214): autorización previa, cedente con al menos el 20 por ciento ejecutado, cesionario con solvencia y escritura pública. Subcontratación (art. 215): el contratista sigue siendo el único responsable.
Garantía definitiva: 5 por ciento del precio final ofertado (excluido IVA), complementaria hasta un 5 por ciento adicional; provisional excepcional, máximo 3 por ciento del presupuesto base de licitación.
Recurso especial en materia de contratación: plazo de quince días hábiles ante el TACRC; procede en obras de valor estimado superior a 3.000.000 de euros y en suministros y servicios superior a 100.000 euros.
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El valor estimado máximo de un contrato menor de obras es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 10 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema estudia el régimen de la contratación pública regulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP): el concepto y las clases de contratos, las partes y elementos del contrato, la preparación del expediente, los procedimientos de adjudicación, la formalización, el cumplimiento y la ejecución, las alteraciones del contrato (revisión de precios y modificación), las prerrogativas de la Administración y las consecuencias del incumplimiento (penalidades y resolución), así como la cesión, la subcontratación, las garantías y el recurso especial en materia de contratación. Es un tema de Derecho Administrativo general que resulta relevante para comprender cómo se contratan obras, suministros y servicios en los centros penitenciarios.
¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?
La Ley 9/2017 (LCSP) transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE; principios: libertad de acceso, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, integridad y selección de la mejor oferta (mejor relación calidad-precio, art. 145). Contratos típicos: obras (art. 13), concesión de obras (14), concesión de servicios (15), suministro (16), servicios (17) y mixtos (18); las concesiones se caracterizan por la transferencia del riesgo operacional. Contratos administrativos (arts. 25) y privados (26): los primeros se rigen por el Derecho Administrativo en efectos y extinción; los segundos por el Derecho privado. Contrato menor (art. 118): obras hasta 40.000 euros, suministros y servicios hasta 15.000 euros (IVA excluido); duración máxima de un año, sin prórroga. Procedimientos: abierto, abierto simplificado (hasta 2.000.000 en obras y 100.000 en suministros y servicios), restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación y negociado sin publicidad en supuestos tasados. Formalización (art. 153): tras el plazo de espera de quince días hábiles cuando cabe recurso especial; el contratista tiene cinco días desde el requerimiento. No se puede ejecutar sin formalización, salvo emergencia. Prerrogativas de la Administración (art. 190): interpretar, resolver dudas, modificar por interés público, suspender, declarar responsabilidad, resolver y determinar los efectos. Dictamen del Consejo de Estado en los supuestos del art. 191.3. Revisión de precios (arts. 103 y ss.): solo en contratos de obras y otros supuestos tasados y si el pliego lo prevé; 20 por ciento ejecutado y dos años desde la formalización; no cabe revisar costes de mano de obra. Modificaciones previstas (art. 204): hasta un máximo del 20 por ciento del precio inicial; no previstas (art. 205): prestaciones adicionales (50 por ciento), circunstancias imprevisibles y no sustanciales (15 por ciento en obras, 10 por ciento en otros). Penalidad por demora (art. 193): 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato; cumplimiento defectuoso: máximo 10 por ciento por penalidad y 50 por ciento el total. Cesión (art. 214): autorización previa, cedente con al menos el 20 por ciento ejecutado, cesionario con solvencia y escritura pública. Subcontratación (art. 215): el contratista sigue siendo el único responsable. Garantía definitiva: 5 por ciento del precio final ofertado (excluido IVA), complementaria hasta un 5 por ciento adicional; provisional excepcional, máximo 3 por ciento del presupuesto base de licitación. Recurso especial en materia de contratación: plazo de quince días hábiles ante el TACRC; procede en obras de valor estimado superior a 3.000.000 de euros y en suministros y servicios superior a 100.000 euros.
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Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (arts. 1, 3, 13-18, 25-26, 29, 36, 44-50, 61, 99-111, 116-124, 131, 145-159, 190-216, 219-227, 326)
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, y Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre (modificaciones de la LCSP)
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (vigente en lo no derogado)
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, que la desarrolla
Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014
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