Tema 2. El Poder Judicial. La organización judicial. Actuaciones judiciales. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: Composición y atribuciones. El Ministerio Fiscal.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema desarrolla la organización del Poder Judicial en España a partir de los principios constitucionales de unidad jurisdiccional, exclusividad e independencia, recorriendo los distintos órganos jurisdiccionales desde los Juzgados de Instrucción hasta el Tribunal Supremo, con especial atención a los órganos con competencias en materia penal y penitenciaria (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria). Se completa con el estudio de los tres órganos constitucionales que gobiernan, garantizan o acompañan la función jurisdiccional: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Fiscal.
El Poder Judicial: principio de unidad jurisdiccional
El art. 117.5 CE proclama que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. Significa que la potestad jurisdiccional se atribuye en exclusiva a los Jueces y Magistrados integrados en el Poder Judicial del Estado, prohibiéndose los Tribunales de excepción, y que existe un único cuerpo de jueces sometido a un único estatuto orgánico (la LOPJ), frente a los sistemas de pluralidad de jurisdicciones separadas del Antiguo Régimen. La única excepción reconocida por el propio art. 117.5 es la jurisdicción militar, en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985) desarrolla este principio organizando los Juzgados y Tribunales en una estructura piramidal única para todo el territorio nacional, con el Tribunal Supremo en su cúspide.
El principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional
El art. 117.3 CE atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Tiene una doble vertiente: positiva, pues solo los órganos judiciales pueden juzgar y ejecutar lo juzgado; y negativa, pues los Jueces y Tribunales no ejercen más funciones que las jurisdiccionales y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de derecho (art. 117.4), como el Registro Civil o algunas funciones de jurisdicción voluntaria. Este principio impide que otros poderes del Estado —Ejecutivo o Legislativo— puedan resolver conflictos con fuerza de cosa juzgada, reservando esa función en exclusiva a Jueces y Magistrados independientes.
La independencia judicial
El art. 117.1 CE proclama que la justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La independencia judicial se garantiza institucionalmente mediante la inamovilidad (no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y garantías legalmente previstas, art. 117.2), la reserva de ley orgánica para el estatuto jurídico de jueces y magistrados, la existencia de un órgano de gobierno propio del Poder Judicial (el CGPJ) que evita la injerencia del Ejecutivo en nombramientos y régimen disciplinario, y el sistema de recursos que corrige eventuales errores sin subordinación jerárquica de un juez a otro salvo en vía de recurso. La independencia se predica frente a los demás poderes del Estado, frente a las partes y frente a los propios órganos judiciales superiores.
Garantías del estatuto de Jueces y Magistrados (arts. 117 a 127 CE)
Además de la independencia, inamovilidad y responsabilidad del art. 117.1 CE, el Título VI establece otras reglas: los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (art. 117.2); el principio de legalidad y la prohibición de Tribunales de excepción (art. 117.6); la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes y de prestar colaboración en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto (art. 118); la gratuidad de la justicia cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (art. 119); el derecho a indemnización a cargo del Estado por los daños causados por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (art. 121); la dependencia funcional de la Policía Judicial respecto de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente (art. 126); y la prohibición a Jueces, Magistrados y Fiscales en activo de pertenecer a partidos políticos o sindicatos, sin perjuicio de que la ley les permita asociaciones profesionales (art. 127). Los Jueces y Magistrados responden penal, civil y disciplinariamente. La carrera judicial se estructura en las categorías de Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez, y el ingreso se realiza mediante oposición libre y concurso-oposición, seguido de formación en la Escuela Judicial.
Órganos jurisdiccionales: Juzgados y Tribunales (y su transformación en Tribunales de Instancia)
La LOPJ distinguía tradicionalmente entre órganos unipersonales (Juzgados, servidos por un único Juez) y órganos colegiados (Tribunales o Audiencias, servidos por varios Magistrados). La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha transformado el primer escalón: los antiguos Juzgados unipersonales de primera instancia se integran en Secciones especializadas de un único Tribunal de Instancia por partido judicial, que agrupa, entre otras, las Secciones Civil, de Instrucción, Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de Violencia sobre la Mujer, Mercantil y de lo Contencioso-Administrativo. La implantación se ha realizado de forma escalonada por fases a lo largo de 2025, con culminación prevista a finales de ese año (el calendario concreto por partidos judiciales debe contrastarse en la disposición transitoria correspondiente de la norma). Los Jueces y Juezas mantienen su misma función jurisdiccional dentro de la Sección correspondiente. Por encima del Tribunal de Instancia se mantienen, sin cambios en su naturaleza colegiada, las Audiencias Provinciales (ámbito provincial), los Tribunales Superiores de Justicia (ámbito autonómico) y la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo (ámbito estatal); los Juzgados de Paz de los municipios sin sede del Tribunal de Instancia siguen un régimen transitorio propio, vinculado a la constitución de las Oficinas de Justicia en los municipios. La LOPJ es la LO 6/1985, de 1 de julio, y la nueva planta se articula como una reforma de ésta.
Letrados de la Administración de Justicia y Oficina judicial
Junto a los Jueces y Magistrados, la Administración de Justicia cuenta con personal no jurisdiccional. El Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales; denominación y funciones renovadas por la LO 7/2015) tiene atribuida la fe pública judicial, la dirección técnico-procesal de la Oficina judicial y de los Servicios comunes procesales, la documentación de las actuaciones y la ordenación del procedimiento en los términos de las leyes procesales. Los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial integran el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. La Oficina judicial es la organización de carácter instrumental que presta apoyo directo a la actividad jurisdiccional, y se estructura en unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales; la LO 1/2025 refuerza este modelo con los servicios comunes y las Oficinas de Justicia en los municipios. Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas ejercen la gestión de los medios materiales y personales; el Ministerio de Justicia lo hace en el resto.
El orden jurisdiccional penal
El orden jurisdiccional penal conoce de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar (art. 9.3 LOPJ). Tras la reforma de la LO 1/2025, se estructura en la Sección de Instrucción y la Sección Penal de cada Tribunal de Instancia (instrucción de causas penales y enjuiciamiento de los delitos de menor gravedad, antiguas funciones de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal), las Secciones equivalentes del Tribunal Central de Instancia (antiguos Juzgados Centrales, con competencia en toda España), las Audiencias Provinciales (enjuiciamiento de delitos graves y apelaciones), las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, la Sala de lo Penal y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que conoce de la casación penal y del enjuiciamiento de determinados aforados. Además existen la Sección de Vigilancia Penitenciaria (antiguo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria) y, en la jurisdicción de menores, la Sección de Menores (antiguo Juzgado de Menores).
El Tribunal Supremo: composición y salas
El art. 123 CE define al Tribunal Supremo como el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, con jurisdicción en toda España, y con sede en Madrid. Su Presidente, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial, es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ, en los términos que establezca la ley orgánica (art. 123.2). Se organiza en cinco Salas: Primera (Civil), Segunda (Penal), Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (Militar), cada una presidida por un Presidente de Sala. Conoce fundamentalmente en casación, unificando la interpretación del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional, y, a través de su Sala Segunda, de las causas penales contra determinados aforados nacionales (entre ellos, el Presidente del Gobierno, los miembros del Gobierno, los Diputados y Senadores y los magistrados del propio Tribunal, según la LOPJ y los Estatutos). Los magistrados del Tribunal Supremo se nombran por el Rey a propuesta del CGPJ, entre jueces y juristas de reconocida competencia con la antigüedad exigida por la ley.
La Audiencia Nacional y el Tribunal Central de Instancia: organización y competencias
La Audiencia Nacional, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, se organiza en las Salas de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Los antiguos Juzgados Centrales (de Instrucción, de lo Penal, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria) se transformaron el 31 de diciembre de 2025, en aplicación de la LO 1/2025, en las Secciones correspondientes de un único Tribunal Central de Instancia. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conoce, entre otros, de los delitos de terrorismo, falsificación de moneda, delitos contra el Rey y su familia, narcotráfico organizado internacional, delitos económicos que causen grave repercusión y delitos cometidos fuera del territorio nacional cuya competencia corresponda a los tribunales españoles. La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria) ejerce las funciones propias de este órgano respecto de los internos condenados por los Tribunales de la Audiencia Nacional, con independencia del centro penitenciario donde cumplan condena.
Los Tribunales Superiores de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo en todo el territorio español (art. 152.1 CE); las sucesivas instancias procesales se agotan ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad en que esté el órgano competente en primera instancia. Se compone de las Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social (las dos últimas pueden dividirse en Secciones). La Sala de lo Civil y Penal conoce, en su vertiente penal, de las causas contra los miembros del Parlamento autonómico y del Gobierno de la Comunidad, y de otras personas aforadas ante este Tribunal en la forma que establezcan los Estatutos de Autonomía y la LOPJ, así como de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado en las Audiencias Provinciales. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia es el representante del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma, y se nombra por el Rey a propuesta del CGPJ. Las ciudades de Ceuta y Melilla se integran, a efectos judiciales, en el ámbito del TSJ de Andalucía.
Las Audiencias Provinciales
Las Audiencias Provinciales tienen su sede en la capital de cada provincia, de la que toman su nombre, y extienden su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de que puedan crearse Secciones fuera de la capital. Se componen de un Presidente y dos o más Magistrados, y pueden dividirse en Secciones. En el orden penal, son el órgano de enjuiciamiento en primera instancia de los delitos graves (los que la ley castiga con penas de más de cinco años de prisión, salvo competencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia o de la Audiencia Nacional), conocen de los recursos de apelación contra las resoluciones de las Secciones de Instrucción, Penal y de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de su partido (antiguos Juzgados de Instrucción, de lo Penal y de Vigilancia Penitenciaria, transformados en Secciones por la LO 1/2025), y presiden el Tribunal del Jurado en los delitos de su competencia.
La Sección de Instrucción (antiguos Juzgados de Instrucción)
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, con uno o varios jueces o juezas por partido judicial (función que antes de la LO 1/2025 ejercían los Juzgados de Instrucción como órganos independientes), instruye las causas por delito para su posterior enjuiciamiento por el Tribunal competente, adoptando las diligencias necesarias de investigación y las medidas cautelares que procedan (detención, prisión provisional, medidas de protección de la víctima). Conoce también del procedimiento de habeas corpus (LO 6/1984) respecto de las detenciones practicadas en su demarcación, y dicta el auto de procesamiento o el auto de transformación a procedimiento abreviado según el tipo de delito. Instruye asimismo los delitos leves, que desde la reforma del Código Penal por la LO 1/2015 sustituyeron a las antiguas faltas. En la fase de instrucción rige el principio acusatorio: el juez instruye pero no enjuicia, y el enjuiciamiento corresponde a otro órgano (Sección Penal o Audiencia Provincial).
La Sección Penal (antiguos Juzgados de lo Penal)
La Sección Penal del Tribunal de Instancia, con sede en la capital de la provincia y jurisdicción sobre toda ella (sin perjuicio de que existan también Secciones en otras poblaciones), enjuicia en primera instancia los delitos menos graves cuya instrucción ha correspondido a la Sección de Instrucción y para los que la ley señala penas de hasta cinco años de prisión (o de distinta naturaleza hasta diez años), según el reparto de competencias del art. 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta función, ejercida hasta el 31 de diciembre de 2025 por los Juzgados de lo Penal como órganos independientes creados mediante la reforma del proceso penal abreviado en 1988, respondió a la necesidad de separar la función instructora de la enjuiciadora, garantizando así la imparcialidad objetiva del Tribunal que dicta sentencia, exigida por la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; la transformación en Sección por la LO 1/2025 no ha alterado esa separación funcional.
La Sección de Vigilancia Penitenciaria (antiguos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria)
La figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria fue creada por la Ley Orgánica General Penitenciaria (LO 1/1979, de 26 de septiembre), cuyo Título V ("Del Juez de Vigilancia", art. 76 y ss.) regula sus funciones. Hasta la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia ejerció sus funciones a través de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria configurados como órganos unipersonales independientes; con la LO 1/2025, de 2 de enero, esos Juzgados se integran en la Sección de Vigilancia Penitenciaria de cada Tribunal de Instancia, que conserva las mismas funciones jurisdiccionales previstas en la LOGP: ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad en cuanto control jurisdiccional de su cumplimiento, control de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos, y resolución de los recursos referentes a la clasificación inicial, a la progresión y regresión de grado, y a la concesión o denegación de permisos de salida y de la libertad condicional. Hay Secciones de Vigilancia Penitenciaria en el ámbito de cada provincia o demarcación que determine la planta, y una Sección de Vigilancia Penitenciaria en el Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria) para los internos condenados por la Audiencia Nacional. Los recursos contra sus resoluciones se rigen por la disposición adicional quinta de la LOPJ (reforma, apelación y queja).
Competencias de la Sección de Vigilancia Penitenciaria en relación con la LOGP
El art. 76 LOGP enumera las funciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Entre las más relevantes se encuentran: hacer cumplir la pena impuesta; resolver sobre las propuestas de libertad condicional y los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena; resolver los recursos referentes a la clasificación en grado y a la modificación de los regímenes; aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días; conocer de las quejas de los internos sobre el régimen y tratamiento penitenciario cuando afecten a sus derechos fundamentales o a derechos y beneficios penitenciarios; autorizar los permisos de salida de duración superior a dos días, salvo los de condenados clasificados en tercer grado, y resolver los recursos contra las decisiones de la Administración sobre ellos; y realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que sean necesarias. Su actuación se completa con la del Ministerio Fiscal, que cuenta con Fiscales de Vigilancia Penitenciaria. La tutela judicial se ejerce en defensa de la legalidad de la ejecución y de los derechos de los internos, sin sustituir a la Administración penitenciaria en la gestión del régimen.
La Sección de Menores (antiguos Juzgados de Menores)
La Sección de Menores del Tribunal de Instancia, con sede en la capital de cada provincia y jurisdicción en toda ella, y también en Ceuta, Melilla y las ciudades que se determinen (función ejercida hasta el 31 de diciembre de 2025 por los Juzgados de Menores como órganos independientes, antes de su transformación por la LO 1/2025), ejerce las funciones que la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, atribuye respecto de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años a las que se impute la comisión de hechos tipificados como delito. Instruye y enjuicia estos procedimientos, con especial atención al interés superior del menor y a los fines educativos y resocializadores de las medidas que pueden imponer, y ejerce también la función de control de la ejecución de dichas medidas, similar a la que la Sección de Vigilancia Penitenciaria ejerce respecto de los adultos.
El Tribunal del Jurado
El art. 125 CE reconoce la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, desarrollada por la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado. Es un órgano mixto compuesto por nueve jurados legos (ciudadanos elegidos por sorteo entre quienes reúnen los requisitos legales) y un Magistrado-Presidente, integrado en la Audiencia Provincial (o en el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional según los aforamientos). Conoce del enjuiciamiento de determinados delitos tasados por la ley: homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, e incendios forestales. Los jurados deciden sobre los hechos probados (veredicto), y el Magistrado-Presidente dicta la sentencia.
Las actuaciones judiciales: publicidad y oralidad
El art. 120 CE establece que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento, y que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. La publicidad de las actuaciones (juicios orales abiertos al público) es una garantía frente a la justicia secreta y un instrumento de control social de la Administración de Justicia, si bien puede restringirse por razones de orden público, protección de menores o de la intimidad de las partes, entre otras causas tasadas legalmente. La oralidad, especialmente intensa en el proceso penal, garantiza la inmediación del Tribunal con la prueba practicada en el juicio y facilita la contradicción entre las partes. El art. 120.3 CE exige además que las sentencias sean siempre motivadas y se pronuncien en audiencia pública.
Actuaciones judiciales: principios y régimen general (LOPJ)
Las actuaciones judiciales se regulan en el Libro III de la LOPJ y en las leyes procesales. Los principios fundamentales son: publicidad (art. 120.1 CE y art. 232 LOPJ), con restricciones por razones de orden público, protección de los derechos y libertades o intereses de menores, mediante resolución motivada; oralidad, predominante en materia criminal (art. 120.2 CE); motivación de las sentencias y pronunciamiento en audiencia pública (art. 120.3 CE); uso de la lengua oficial del Estado y de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, que las partes y los interesados pueden utilizar sin que se les cause indefensión (art. 231 LOPJ); y utilización de medios técnicos, electrónicos e informáticos en la tramitación (y, tras la LO 1/2025, impulso de la tramitación electrónica). En cuanto al tiempo, son hábiles para las actuaciones judiciales los días y horas que fije la ley; los sábados, domingos, festivos y el mes de agosto son inhábiles para la mayoría de actuaciones (con excepción de la instrucción de causas criminales, para las que todos los días y horas son hábiles, y de las actuaciones urgentes). Las actuaciones procesales que contravengan la ley pueden ser declaradas nulas de pleno derecho en los supuestos tasados de los arts. 238 y ss. LOPJ (incompetencia manifiesta, infracción de normas esenciales del procedimiento con indefensión...), a través del incidente de nulidad de actuaciones. La LO 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, desarrolla el derecho de defensa del art. 24 CE.
El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza y funciones
El art. 122.2 CE define al Consejo General del Poder Judicial como el órgano de gobierno del Poder Judicial. Su ley orgánica establece su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Su creación responde a la necesidad de separar el gobierno de los Jueces (nombramientos, ascensos, disciplina) del Poder Ejecutivo, para garantizar la independencia judicial frente a este. No tiene funciones jurisdiccionales propias —estas corresponden en exclusiva a Jueces y Tribunales— sino de gobierno del colectivo judicial: selección y formación de la carrera judicial, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, régimen disciplinario e inspección de Juzgados y Tribunales.
Composición del CGPJ
El art. 122.3 CE establece que el CGPJ está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey para un mandato de cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. La LOPJ ha regulado con distintas fórmulas a lo largo del tiempo el procedimiento de elección de los doce vocales de procedencia judicial, oscilando entre la elección parlamentaria (1985) y la elección corporativa por los propios jueces, y la fórmula vigente genera un debate político y doctrinal sobre su adecuación al principio de independencia judicial y a los estándares europeos. El mandato del CGPJ que vencía a finales de 2018 se prolongó durante años en funciones por falta de acuerdo parlamentario, hasta que en 2024 se produjo su renovación y la elección de una nueva Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ.
Nombramiento de los vocales del CGPJ
Los veinte vocales del CGPJ son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a partir de la designación efectuada por las Cortes Generales: conforme al art. 122.3 CE, ocho de ellos (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado) son juristas elegidos por mayoría de tres quintos, y los doce de procedencia judicial se eligen en los términos que fije la LOPJ, que en la regulación vigente atribuye también su designación a las Cámaras (con propuesta previa de candidaturas por asociaciones judiciales y jueces no asociados, y mayoría de tres quintos). La propia LOPJ determina el reparto interno entre Congreso y Senado y el procedimiento de presentación de candidatos; conviene citar siempre la redacción vigente de la LOPJ para las cifras de reparto. El nombramiento formal corresponde al Rey, y el Presidente del CGPJ, que es a la vez Presidente del Tribunal Supremo, es nombrado por el Rey a propuesta del propio Consejo (art. 123.2 CE). Para garantizar la continuidad, el mandato de los vocales es de cinco años y, expirado éste, los vocales continúan en funciones hasta la toma de posesión de los nuevos, si bien la LO 4/2021 limitó las facultades de nombramiento del Consejo en funciones.
Funciones de gobierno del Poder Judicial
El CGPJ ejerce las funciones de gobierno del Poder Judicial que le atribuye la LOPJ (art. 560): nombramientos de Presidentes de Tribunales y Audiencias, Magistrados del Tribunal Supremo y otros cargos judiciales discrecionales; convocatoria y resolución de las oposiciones y concursos de la carrera judicial, y selección y formación a través de la Escuela Judicial (Barcelona); provisión de destinos, ascensos y situaciones administrativas de Jueces y Magistrados; ejercicio de la potestad disciplinaria sobre estos; inspección de Juzgados y Tribunales para verificar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia; elaboración de informes preceptivos sobre anteproyectos de ley que afecten a la organización judicial; y elaboración de su presupuesto, que se integra en los Presupuestos Generales del Estado. Se organiza en el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión de Calificación, la Comisión Disciplinaria y otras Comisiones. El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) tiene su sede en San Sebastián. No tiene competencias sobre los medios materiales y personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, que corresponden al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
El Tribunal Constitucional: naturaleza y composición
El Tribunal Constitucional, regulado en el Título IX CE (arts. 159-165) y en la Ley Orgánica 2/1979, es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica. No forma parte del Poder Judicial ordinario, sino que constituye un órgano constitucional autónomo. Se compone de doce miembros nombrados por el Rey, elegidos entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Su mandato es de nueve años, renovándose por terceras partes cada tres, lo que garantiza continuidad institucional y evita una renovación completa coincidente con un único ciclo político.
Organización interna del Tribunal Constitucional y reformas de la LOTC
El Tribunal Constitucional funciona en Pleno (los doce magistrados), en dos Salas de seis magistrados y en Secciones de tres. El Pleno conoce, entre otros asuntos, de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y de los conflictos de competencia; las Salas, de los recursos de amparo; y las Secciones, de las decisiones de admisión o inadmisión que la ley les atribuya. Su régimen se contiene en la LO 2/1979, de 3 de octubre, modificada en diversas ocasiones. La LO 6/2007 introdujo el requisito de la especial trascendencia constitucional en el amparo; la LO 12/2015 suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatutos de Autonomía y leyes orgánicas, y la LO 15/2015 reforzó la ejecución de las resoluciones del Tribunal, otorgándole facultades de suspensión, multa y otros medios para garantizar su cumplimiento. Sus sentencias se publican en el BOE, tienen el valor de cosa juzgada, no cabe recurso alguno contra ellas, y vinculan a todos los poderes públicos; las que declaren la inconstitucionalidad de una ley tienen efectos generales desde su publicación.
Nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional
El art. 159.1 CE distribuye la propuesta de los doce magistrados del Tribunal Constitucional entre cuatro órganos: cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Esta pluralidad de órganos proponentes busca reforzar la legitimidad e independencia del Tribunal frente a cualquier poder concreto. El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey, a propuesta del propio Tribunal en pleno, entre sus miembros, por un periodo de tres años (art. 160 CE). Los magistrados son independientes e inamovibles durante su mandato (art. 159.5); su cargo es incompatible con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos, empleo al servicio de los mismos, carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil (art. 159.4). Ninguno puede ser reelegido de modo inmediato (art. 159.5 y LOTC; la LOTC admite una excepción para quien haya ejercido el cargo por un plazo no superior a tres años como sustituto).
El recurso de inconstitucionalidad
El recurso de inconstitucionalidad (arts. 161.1.a CE y Título II, Capítulo I LOTC) tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad de leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. Están legitimados para interponerlo el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, y los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, estos últimos únicamente respecto de leyes estatales que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía. El plazo para su interposición es de tres meses a partir de la publicación de la norma impugnada (ampliable a nueve meses en determinados supuestos de conflicto previo entre el Estado y las Comunidades Autónomas). La declaración de inconstitucionalidad tiene efectos generales (erga omnes) y, salvo excepciones, no permite revisar procesos ya fenecidos con fuerza de cosa juzgada.
La cuestión de inconstitucionalidad
La cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE y Capítulo II del Título II LOTC) es el mecanismo por el que un órgano judicial, cuando considera en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo puede ser contraria a la Constitución, la plantea ante el Tribunal Constitucional. A diferencia del recurso de inconstitucionalidad, no la interpone un sujeto legitimado de forma abstracta, sino el propio juez o tribunal que está conociendo de un litigio concreto, tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal, y solo en el momento procesal en que deba dictar sentencia o resolución equivalente. Es una manifestación del monopolio de rechazo de las leyes atribuido en exclusiva al Tribunal Constitucional: los jueces ordinarios no pueden inaplicar por sí mismos una ley que estimen inconstitucional.
El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
El recurso de amparo (arts. 53.2 y 161.1.b CE) protege frente a violaciones de los derechos del art. 14 y de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, así como de la objeción de conciencia del art. 30.2, causadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, o de sus funcionarios o agentes, así como por resoluciones judiciales. Tiene carácter subsidiario respecto de la vía judicial ordinaria, que debe agotarse previamente, y requiere acreditar especial trascendencia constitucional desde la reforma de 2007. Están legitimados el directamente afectado, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
Los conflictos de competencia entre órganos constitucionales
El Tribunal Constitucional conoce también de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí (arts. 161.1.c CE y Título IV LOTC), que pueden ser positivos (cuando dos entes reclaman para sí una misma competencia) o negativos (cuando ninguno se considera competente). Conoce asimismo de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial), cuando alguno de ellos estima que otro adopta decisiones invadiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero. Y conoce de los conflictos en defensa de la autonomía local, que pueden plantear los municipios y provincias frente a normas del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen su autonomía constitucionalmente garantizada.
Otros procedimientos ante el Tribunal Constitucional
Además de los recursos y cuestiones ya vistos, el art. 161 CE atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de la impugnación del Gobierno contra disposiciones y resoluciones sin fuerza de ley de las Comunidades Autónomas (art. 161.2), cuya admisión produce la suspensión de la disposición recurrida, que el Tribunal debe ratificar o levantar en el plazo de cinco meses. El art. 95.2 CE permite al Gobierno o a cualquiera de las Cámaras requerir al Tribunal para que declare si existe o no contradicción entre la Constitución y un tratado internacional cuya celebración se pretenda, antes de prestar el consentimiento del Estado (control previo de tratados). También corresponde al Tribunal el control de la constitucionalidad de los Reglamentos de las Cámaras y otros actos parlamentarios sin valor de ley a través del amparo (art. 42 LOTC) y de los conflictos entre órganos constitucionales. Ni las leyes anteriores a la Constitución ni las posteriores pueden inaplicarse por el juez ordinario cuando sean contrarias a ella, con la salvedad de que respecto de las anteriores el juez puede apreciar directamente su derogación por la Constitución (disposición derogatoria 3ª CE), y plantear la cuestión de inconstitucionalidad solo respecto de las posteriores. El Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial y sus miembros no son jueces de carrera, pero sus decisiones obligan a todos los órganos judiciales (art. 5 LOPJ).
El Ministerio Fiscal: naturaleza y principios de actuación
El art. 124.1 CE define al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, como el encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. El art. 124.2 y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981) fijan sus principios de actuación: unidad de actuación y dependencia jerárquica en toda España, y sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad. Es un órgano constitucional con relevancia constitucional propia, no integrado en el Poder Judicial ni en el Ejecutivo, aunque con singular vinculación con el Gobierno.
El Fiscal General del Estado
El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español, imparte las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución, y dicta las circulares, instrucciones y consultas que estime pertinentes. Comparece ante las Cortes Generales para informar sobre asuntos relativos a su función y presenta anualmente ante el Gobierno una Memoria elaborada por la Fiscalía General del Estado, expresiva de las actividades del Ministerio Fiscal en el año anterior y de las reformas que precise el ordenamiento jurídico.
Funciones del Ministerio Fiscal en el proceso penal
En el proceso penal, el Ministerio Fiscal ejercita la acción penal en todos los delitos, salvo aquellos que exijan denuncia o querella particular, y ejercita también, en su caso, la acción civil derivada del delito. Interviene desde la fase de instrucción, pudiendo instar la práctica de diligencias, la adopción de medidas cautelares y la protección de las víctimas, especialmente vulnerables (menores, víctimas de violencia de género); formula el escrito de acusación fijando los hechos y la calificación jurídica; interviene en el juicio oral proponiendo prueba e interrogando; y puede recurrir las sentencias que estime injustas, tanto en beneficio de la acusación como, si procede, en beneficio del reo, conforme al principio de imparcialidad que rige su actuación pese a ser parte acusadora.
El Ministerio Fiscal: organización y órganos de gobierno
El Ministerio Fiscal se estructura bajo la jefatura del Fiscal General del Estado y se integra con los siguientes órganos: la Fiscalía General del Estado, el Consejo Fiscal (órgano colegiado de asesoramiento y propuesta), la Junta de Fiscales de Sala (en el Tribunal Supremo), la Junta de Fiscales Jefes de Fiscalía, la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Fiscalía del Tribunal Constitucional, la Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Jurídico Militar, las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, y las Fiscalías Especiales (Antidroga, contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada). Existen Fiscales de Sala especialistas, entre otros, en menores, vigilancia penitenciaria, violencia sobre la mujer, siniestralidad laboral, medio ambiente y extranjería, cuyas funciones se coordinan desde la Fiscalía General del Estado. La relación con el Gobierno se canaliza a través del Ministro de Justicia: el Gobierno puede interesar del Fiscal General que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en defensa del interés público, pero la decisión corresponde al Fiscal General, oída la Junta de Fiscales de Sala, y el Fiscal sujeto a unas instrucciones puede exponer su criterio discrepante. La figura del Fiscal de Vigilancia Penitenciaria intervendrá ante las Secciones de Vigilancia Penitenciaria en defensa de la legalidad y de los derechos de los internos.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
La Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, desarrolla la organización, funciones y régimen de la carrera fiscal. Organiza el Ministerio Fiscal jerárquicamente bajo la jefatura del Fiscal General del Estado, con Fiscalías correspondientes a los distintos órganos jurisdiccionales (Fiscalía del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales), así como Fiscalías especializadas (Anticorrupción, Antidroga, de Menores, contra la Violencia sobre la Mujer, de Vigilancia Penitenciaria, entre otras). Regula el ingreso en la carrera fiscal mediante oposición libre convocada conjuntamente con la judicial, el régimen de categorías (Fiscal de Sala, Fiscal y Abogado Fiscal), y el régimen disciplinario y de incompatibilidades del personal fiscal.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE): un único cuerpo de Jueces y Tribunales para toda España; única excepción, la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense.
Exclusividad (art. 117.3): solo Juzgados y Tribunales juzgan y ejecutan lo juzgado; no ejercen más funciones que las jurisdiccionales salvo las que la ley les atribuya en garantía de derechos (117.4).
Tribunal Supremo: cinco Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social, Militar); su Sala Segunda enjuicia a los aforados (Presidente del Gobierno, Diputados, Senadores…).
La Sección de Vigilancia Penitenciaria (antiguos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, creados por la LOGP de 1979) controla la ejecución de penas, la potestad disciplinaria penitenciaria, y resuelve sobre clasificación, permisos y libertad condicional.
El Tribunal del Jurado (LO 5/1995): 9 jurados legos + 1 Magistrado-Presidente; solo para los delitos tasados en su lista (homicidio, malversación, cohecho, allanamiento de morada, incendios forestales, etc.).
CGPJ (art. 122 CE): Presidente del TS + 20 vocales (12 jueces/magistrados + 8 juristas), propuestos por Congreso y Senado por mayoría de 3/5, mandato de 5 años; órgano de gobierno del Poder Judicial, sin funciones jurisdiccionales propias.
Tribunal Constitucional (art. 159): 12 magistrados (4 Congreso + 4 Senado, ambos por 3/5, + 2 Gobierno + 2 CGPJ), mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3 años.
Recurso de inconstitucionalidad: lo interponen sujetos legitimados tasados (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados/Senadores, CCAA) en 3 meses desde la publicación de la norma.
Cuestión de inconstitucionalidad: la plantea el propio juez que conoce del caso, no un particular; manifestación del monopolio de rechazo de leyes del Tribunal Constitucional.
Recurso de amparo (161.1.b): subsidiario a la vía judicial ordinaria, exige especial trascendencia constitucional desde 2007; legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
El Fiscal General del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ, entre juristas con más de 15 años de ejercicio; presenta la Memoria anual del Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal actúa bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica en toda España, y de legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE y EOMF, Ley 50/1981).
La LO 1/2025, de 2 de enero (eficiencia del Servicio Público de Justicia), sustituye los Juzgados unipersonales por Secciones de un Tribunal de Instancia por partido judicial; la Sección de Vigilancia Penitenciaria conserva las funciones del antiguo Juzgado (LOGP, art. 76). Contrastar el calendario de implantación en cada partido.
El TC no pertenece al Poder Judicial; sus sentencias se publican en el BOE, producen cosa juzgada y vinculan a todos los poderes públicos; no cabe recurso contra ellas.
Reformas de la LOTC: LO 6/2007 (especial trascendencia constitucional en el amparo), LO 12/2015 (supresión del recurso previo contra Estatutos y leyes orgánicas) y LO 15/2015 (ejecución de resoluciones del TC).
Presidente del TC: nombrado por el Rey a propuesta del Pleno, por tres años (art. 160 CE). Incompatibilidades del magistrado constitucional: art. 159.4 CE.
Garantías judiciales: independencia, inamovilidad, responsabilidad y sumisión a la ley (art. 117.1); prohibición de partidos y sindicatos a jueces, magistrados y fiscales en activo (art. 127); indemnización por error judicial (art. 121).
Publicidad y oralidad (art. 120 CE): actuaciones públicas, procedimiento predominantemente oral en lo criminal, sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública.
Vigilancia penitenciaria: el art. 76 LOGP atribuye al Juez de Vigilancia (hoy Sección de Vigilancia) la ejecución de las penas privativas de libertad en cuanto control, la resolución de recursos sobre clasificación, la aprobación de sanciones de aislamiento superiores a 14 días y la autorización de permisos de más de dos días, entre otras funciones.
El Ministerio Fiscal actúa con unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE); no forma parte del Poder Judicial.
La carrera judicial tiene tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez; el ingreso es por oposición libre o concurso-oposición.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El Consejo General del Poder Judicial, según el art. 122.3 CE, está integrado por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema desarrolla la organización del Poder Judicial en España a partir de los principios constitucionales de unidad jurisdiccional, exclusividad e independencia, recorriendo los distintos órganos jurisdiccionales desde los Juzgados de Instrucción hasta el Tribunal Supremo, con especial atención a los órganos con competencias en materia penal y penitenciaria (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria). Se completa con el estudio de los tres órganos constitucionales que gobiernan, garantizan o acompañan la función jurisdiccional: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Fiscal.
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
Unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE): un único cuerpo de Jueces y Tribunales para toda España; única excepción, la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense. Exclusividad (art. 117.3): solo Juzgados y Tribunales juzgan y ejecutan lo juzgado; no ejercen más funciones que las jurisdiccionales salvo las que la ley les atribuya en garantía de derechos (117.4). Tribunal Supremo: cinco Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social, Militar); su Sala Segunda enjuicia a los aforados (Presidente del Gobierno, Diputados, Senadores…). La Sección de Vigilancia Penitenciaria (antiguos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, creados por la LOGP de 1979) controla la ejecución de penas, la potestad disciplinaria penitenciaria, y resuelve sobre clasificación, permisos y libertad condicional. El Tribunal del Jurado (LO 5/1995): 9 jurados legos + 1 Magistrado-Presidente; solo para los delitos tasados en su lista (homicidio, malversación, cohecho, allanamiento de morada, incendios forestales, etc.). CGPJ (art. 122 CE): Presidente del TS + 20 vocales (12 jueces/magistrados + 8 juristas), propuestos por Congreso y Senado por mayoría de 3/5, mandato de 5 años; órgano de gobierno del Poder Judicial, sin funciones jurisdiccionales propias. Tribunal Constitucional (art. 159): 12 magistrados (4 Congreso + 4 Senado, ambos por 3/5, + 2 Gobierno + 2 CGPJ), mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3 años. Recurso de inconstitucionalidad: lo interponen sujetos legitimados tasados (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados/Senadores, CCAA) en 3 meses desde la publicación de la norma. Cuestión de inconstitucionalidad: la plantea el propio juez que conoce del caso, no un particular; manifestación del monopolio de rechazo de leyes del Tribunal Constitucional. Recurso de amparo (161.1.b): subsidiario a la vía judicial ordinaria, exige especial trascendencia constitucional desde 2007; legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ, entre juristas con más de 15 años de ejercicio; presenta la Memoria anual del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal actúa bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica en toda España, y de legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE y EOMF, Ley 50/1981). La LO 1/2025, de 2 de enero (eficiencia del Servicio Público de Justicia), sustituye los Juzgados unipersonales por Secciones de un Tribunal de Instancia por partido judicial; la Sección de Vigilancia Penitenciaria conserva las funciones del antiguo Juzgado (LOGP, art. 76). Contrastar el calendario de implantación en cada partido. El TC no pertenece al Poder Judicial; sus sentencias se publican en el BOE, producen cosa juzgada y vinculan a todos los poderes públicos; no cabe recurso contra ellas. Reformas de la LOTC: LO 6/2007 (especial trascendencia constitucional en el amparo), LO 12/2015 (supresión del recurso previo contra Estatutos y leyes orgánicas) y LO 15/2015 (ejecución de resoluciones del TC). Presidente del TC: nombrado por el Rey a propuesta del Pleno, por tres años (art. 160 CE). Incompatibilidades del magistrado constitucional: art. 159.4 CE. Garantías judiciales: independencia, inamovilidad, responsabilidad y sumisión a la ley (art. 117.1); prohibición de partidos y sindicatos a jueces, magistrados y fiscales en activo (art. 127); indemnización por error judicial (art. 121). Publicidad y oralidad (art. 120 CE): actuaciones públicas, procedimiento predominantemente oral en lo criminal, sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública. Vigilancia penitenciaria: el art. 76 LOGP atribuye al Juez de Vigilancia (hoy Sección de Vigilancia) la ejecución de las penas privativas de libertad en cuanto control, la resolución de recursos sobre clasificación, la aprobación de sanciones de aislamiento superiores a 14 días y la autorización de permisos de más de dos días, entre otras funciones. El Ministerio Fiscal actúa con unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE); no forma parte del Poder Judicial. La carrera judicial tiene tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez; el ingreso es por oposición libre o concurso-oposición.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), Título VI (arts. 117-127) y Título IX (arts. 159-165)
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa
Mientras tanto, practica con tests gratis de Instituciones Penitenciarias.